La evolución de la economía es un proceso que se nutre de la desigualdad social y la destrucción ambiental.
Un balance sobre los cuatro años de gobierno de Alan García realizado por el Comité Ejecutivo de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), recuerda que ellos tienen los salarios más bajos de América latina y laboran más de 12 horas diarias sin pago de sobretiempo; que carecen de estabilidad laboral y suelen ser despedidos cuando ejercen el derecho de sindicalización.
La tasa de desempleo trepó al 9% de la Población Económicamente Activa (PEA), frente al 8,8% del período febrero-abril del 2009, precisó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
¿Y cómo se han comportado los salarios en el periodo 1991-2009? Mal, porque su participación bajó del 30.1% del PBI en 1991 hasta 20.9% en el 2008. En el 2009 se han recuperado un poquito, llegando al 22% del PBI. Estas cifras son bajas en relación a América Latina, donde en todos los países medianos la participación salarial está entre el 30 a 35% del PBI, señaló el periodista Humberto Campodónico.
Es importante ver también que, en los años de fuerte crecimiento (del 2002 al 2008), los salarios no aumentaron.
Lo que hace que Lima ya no sea la capital de las oportunidades para los habitantes del interior del Perú.
Según una encuesta de la Universidad Católica del Perú, el 81% de consultados en 16 provincias urbanas del país respondieron que no emigrarían a Lima si pudiesen, porque la consideran caótica e insegura.
Este problema de seguridad ciudadana que hay en el país también tiene que ver con la desigualdad y la exclusión que han aumentado.
¿Cómo es posible esto?, porque el modelo primario-exportador dominante en la economía peruana escinde social y territorialmente al país, agravando las desigualdades y marginalizando a partes significativas de la población.
El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos sustenta el modelo neoliberal extractivista. Gracias al TLC se da esta ofensiva sobre los territorios indígenas para extraer el petróleo, los minerales, la madera, que está generando un efecto pernicioso.
Eso lo vemos en la minería, con los pobladores de La Oroya contaminados con plomo, con los campesinos de Cajamarca o del Valle del Tambo y otras zonas a los que les están quitando el agua, y eso ha generado una gran cantidad de conflictos sociales en defensa del ambiente.
Justamente, en medio de una atmósfera de tensión con los pueblos indígenas, el gobierno de Alan García ordenó la expulsión del país de un sacerdote británico (Paul Mc Auley) defensor de los derechos indígenas y del medio ambiente que en los últimos días había tenido duras palabras contra la petrolera argentina Pluspetrol por el derrame de 400 barriles de petróleo en el río Marañón, afluente del Amazonas.
El primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, acusó al sacerdote de agitador y lo atacó duramente por cuestionar las políticas gubernamentales. “No podemos permitir que un extranjero vaya contra el modelo de desarrollo. Nosotros defendemos las inversiones”, señaló.
En el Perú la apertura a la inversión extranjera pasa por la entrega de concesiones en las industrias extractivas, y forestal. Esto desemboca en el despojo de tierras en las que se encuentran los yacimientos mineros y de petroleo. Muchas de esas tierras son el hogar de pueblos originarios. La entrega de sus tierras a megacorporaciones es uno de los rasgos más violentos del "milagro" neoliberal peruano.
También ha sido importante el crecimiento de la conflictividad social.
La Defensoría del Pueblo estableció que en los seis primeros meses de 2009 hubo 273 conflictos sociales, siendo 47 por ciento relacionados con temas socioambientales, de los cuales 71 por ciento son conflictos relacionados con la actividad minera.
El caso del gas de Camisea es emblemático porque en él se encuentran claramente contrapuestos los intereses de un grupo de transnacionales y los intereses del consumo doméstico en el Perú.
Cada día crece el descontento por el manejo oficial del gas. El rechazo se debe no sólo a que se privilegia la exportación sin atender la demanda interna, sino también al precio ridículo con que se vende al exterior. (La postura del gobierno es que respetar convenios y leyes es la mejor manera de mantener el flujo de inversión extranjera).
Mientras que el precio de este combustible doméstico que llega a los hogares a través de balones de diez kilos es el más caro de América Latina. En el Perú ahora está a 12 dólares.
Sin mencionar la distribución de gas en casas de Lima y Callao que es un fracaso. El compromiso era que habría 70 mil conexiones de Gas Natural al 2010 y 108 mil al 2013, pero sólo hay 15 mil. Colombia ya tiene cinco millones y medio.
Que un producto sea vendido por centavos al exterior y mucho más caro en el mercado local, donde además escasea, es algo que ha empezado a indignar a cada vez más personas.
Para mediados de agosto se anuncian paros. Los Pueblos del Perú preparan gigantesca movilización hacia Lima para exigir que el gas de Camisea sea usado en beneficio de los peruanos.
La política social es una ausencia notoria en el gobierno, y no por falta de recursos que los tiene.(El Perú tiene hoy las reservas más elevadas de su historia). El problema es la falta de voluntad política para atender a la población más pobre.
La política fiscal peruana se rige por el dogma del presupuesto balanceado y como no hay que incomodar a los dueños del capital con impuestos para no afectar las inversiones, el equilibrio fiscal se logra recortando el gasto social.
Cuando la infancia es un tema prioritario que el Perú todavía no ha resuelto, dice Pedro Francke,catedrático de la U. Católica. Luego está la situación de las poblaciones afectadas por los desastres. Todos los años hay huaycos, inundaciones, terremotos, y todos los años parece que fuera la primera vez. Ahora vemos las muertes que está dejando el friaje, pero todos los años hay friaje y pasa lo mismo. No hay un mínimo de prevención. Es increíble. Otro tema importante es la atención a los adultos mayores, dice Francke. Casi todos los países vecinos tienen un tipo de pensión para ayudar a los ancianos; aquí no tenemos nada.
Alberto Ampuero es periodista radicado en Riverside, California.
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