Chile: El descrédito popular de Piñera y la Concertación

Andrés Figueroa Cornejo

1. A casi un 11 % llegó el desempleo en el Gran Santiago durante el primer trimestre de 2010, de acuerdo a la medición del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Antes de la crisis económica de 2009, la cesantía en la Región Metropolitana alcanzaba el 8 %. Sin embargo, la investigación realizada por la principal y más confiable Casa de Estudios Superiores del país, no evalúa el empleo en el resto de Chile, donde se ubica la zona sur, devastada económica, social y materialmente por el terremoto-maremoto del pasado 27 de febrero.
Por su parte, el gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas, INE, en su último informe comunica que “Del total de población del país (17.031.440 personas), la población en edad de trabajar (15 años y más) se estima en 13.198.890 personas, de las cuales 7.613.820 forman parte de la fuerza de trabajo en un sentido estricto. Adicionalmente se identifican 1.099.940 inactivos potencialmente activos y 87.860 iniciadores de alguna actividad productiva futura, mientras que 4.397.280 son personas inactivas de manera más habitual”. Ahora bien, el INE cuenta como empleadas a “Aquellas personas que hayan realizado algún trabajo durante la semana de referencia, de al menos 1 hora de duración y hayan percibido al momento o posteriormente algún tipo de pago (dinero o especies)”. Con ese criterio es entendible que esa institución estatal hable de un 9 % de cesantía a nivel nacional en el primer trimestre del año, enterrando sus cifras y metodología en la fosa de las cosas inútiles para comprender la vida real.
En otro sentido, esta vez el estudio de la Universidad de Chile, señala que los principales problemas que advierte la ciudadanía corresponden a la seguridad, “la falta de empleo”, y los efectos de la catástrofe sísmica (que continúa con sus réplicas). Resulta evidente que existe una relación sistémica entre la percepción de la preocupación sobre la delincuencia y el miedo a perder el trabajo. Más allá, de la propaganda programada por todos los medios de que dispone el poder con objetivos de control social e inmovilismo a toda escala, la delincuencia, de tener un aumento objetivo, se liga estructuralmente con la contracción de las plazas de trabajo. Ello es histórico y socialmente vinculante con la alta cesantía.

2. La patronal Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) informó una caída productiva de un 19,4 % en marzo, respecto del mismo mes de 2009. Es la peor baja industrial desde julio de 1982, cuando se desplomó un 20,5 %, en el marco de la recesión económica que creó las condiciones para la ampliación de la protesta social en plena dictadura pinochetista. El presidente de la SOFOFA, Andrés Concha, indicó que “La producción industrial es hoy un 25 % más baja que el 2008”. Asimismo, Concha afirmó que, según los números, el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) será de -4 % en marzo. En Chile, la industria corresponde a, más o menos, el 16 % del Producto Interno Bruto (PIB). En este sentido, el economista jefe de Banchile, Rodrigo Aravena, dijo que la debacle del Imacec “Implica que entre la crisis subprime y el terremoto se habría deshecho todo el crecimiento acumulado desde 2007 en adelante.”
Pese a lo anterior, la industria financiera registró un 53 % de crecimiento de sus utilidades el primer trimestre de 2010 en relación al trimestre anterior; mientras el retail creció casi un 40 %. Es decir, la industria del crédito para personas y empresas amplificó sus ganancias a expensas de un aumento del endeudamiento y sus intereses.

3. En otro ámbito, de acuerdo al informe de Aduanas, las exportaciones chilenas a China alcanzaron los 4.008 millones de dólares el primer trimestre de 2010. Las cifras comparadas con el mismo período del año pasado hablan de un aumento de un 98 %. Los envíos a Estados Unidos cayeron un 14 %, quedando como el segundo país, luego del gigante asiático, en el plano exportador. Mientras el 65 % de los productos egresados de Chile corresponden a cobre y derivados, los embarques de uva se hundieron un 31 % en relación al primer trimestre de 2009 debido a las prácticas proteccionistas de esa industria en Estados Unidos.

4. La administración Piñera presentó los detalles de su agenda “corta” en materia laboral. Se trata de una Bolsa Nacional del Empleo que será organizada por la página www.trabajando.com, que ganó la licitación y que comenzará a funcionar en septiembre del presente año. Se continuará con las políticas de capacitación -inauguradas por la Concertación el 2009- que ofrecerán las empresas, subsidiadas por el Estado por medio de franquicias. Es así que los empresarios que adopten los cursos podrán descontar de los salarios de los propios trabajadores un 1, 25 % anual. Finalmente, con fines eminentemente ideológicos, el gobierno impulsará escuelas sindicales. En rigor, la bolsa de trabajo vía Internet no garantiza empleo y se agrega al listado de páginas de búsqueda y ofertas laborales que ya existen hace años, cuya utilidad no es distinta que el avisaje convencional de los periódicos. Las capacitaciones las pagarán los propios trabajadores dos veces: una a través del subsidio estatal (es decir con recursos de los impuestos de todos los chilenos), y otra mediante el descuento directo a sus propias remuneraciones. Y las escuelas sindicales se reducirán a exposiciones tendientes a la domesticación de la organización de los asalariados y su subordinación al capital.

5. La política, por arriba, ha estado marcada por los tira y afloja del Plan de Reconstrucción de Piñera para enfrentar las consecuencias trágicas del terremoto. La Concertación aprobó la insuficiente e inofensiva Ley de Donaciones de la derecha histórica y el impuesto al tabaco, pero se resiste a dar su visto bueno al aumento “de macetero” de los impuestos al gran capital, que, en rigor, serán retornados a través de beneficios tributarios. Asimismo, mientras los asesores de Piñera cabildean la posibilidad de aumentar el royalty a las empresas privadas del cobre entre un 5 % a un 8 % de manera voluntaria (!) y según rangos de utilidades; el gobierno de Australia estudia la aplicación de un impuesto de un 40 % a las ganancias de las compañías de recursos naturales, entre ellas, las mineras. De hecho, la gigante BHP, que también tiene fuerte presencia en Chile, considera que los impuestos sobre sus operaciones en el país de Oceanía se incrementarán de un 43 % a un 57 %.
Ahora bien, que la derecha histórica adopte medidas antipopulares, privatizadoras respecto del cobre y los servicios públicos; que su vocación de servicio se reduzca a la caridad feudal; que reprima con celeridad de relámpago la movilización (el miércoles 28 de abril impidió con volúmenes insoportables de gases lacrimógenos la concentración estudiantil contra el alza del pasaje del trasporte público, y el 1 de mayo, Santiago estuvo sitiado por fuerzas especiales de carabineros); y que haga de los medios de comunicación, de los cuales son dueños, el modo privilegiado de “sensación participativa e informativa”, no tiene nada de extraño. Está en su naturaleza. Lo que resulta del todo paradójico y poco creíble, es el mea culpa permanente de los personeros de la Concertación, hoy convertidos en novísimos “críticos” más o menos constructivos, de las iniciativas de la derecha histórica. El socialista Arturo Martínez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, amenazó con un llamado a paro nacional de ingresar al Congreso la ley que limita los años de indemnización por años de servicio. Pero esa propuesta de ley fue realizada hace años por el ex senador socialista Carlos Ominami, padre y mentor político del ex candidato a la presidencia, Marco Enríquez-Ominami. Además, la actual ministra del Trabajo ha sacado de la agenda el tema para no enrarecer sus relaciones con la opinión pública. Es decir, Martínez –utilizado concientemente por sectores de la Concertación para “abuenarse” con los trabajadores- realiza amenazas peregrinas que no alcanzan siquiera para golpear mediáticamente. Ahora la Concertación se interesa por el tema de los impuestos al gran capital que opera en Chile, cuestión que jamás hizo de manera significativa durante los 20 años en que ocupó el Ejecutivo. Lo que ocurre es que hoy procura instaurarlo Piñera; independientemente de que el impuesto resulte inocuo, acotado y mínimo; y de que, en general, la política impositiva en Chile es una de las más bondadosas con el capital en todo el planeta y no toca una sola pieza de los aspectos estructurales que determinan las relaciones de desigualdad extrema que gobiernan la sociedad desde hace tres décadas. La Concertación, a casi dos meses de su desalojo de La Moneda, continúa dando palos de ciego, mientras el pueblo trabajador arroja monedas a sus líderes. Su reordenamiento se ve distante y opaco. Es cierto que la UDI muerde permanentemente los tobillos de Piñera; pero también es cierto que el desprestigio y falta de credibilidad pública de la componenda concertacionista aumentan junto a su escasez de claridad y coherencia política. Frente a la gente común y silvestre, la que mal vive de un sueldo y todavía aguza preocupadamente los sentidos ante las réplicas del terremoto, tanto la derecha tradicional, como la Concertación y sus rencillas de comedia descafeinada, corresponden a pesares que hay que sufrir en el noticiero antes del deporte. La casta política que legitima fotográficamente la democracia sin pueblo para la reproducción legalizada del capital contra el trabajo, pierde interés y autoridad popular cada día que pasa.

Andrés Figueroa Cornejo (Tribuna chilena)

Mayo 4 de 2010