Luis Correa Bulo confirma presiones de la dictadura para salvar a Piñera
Mónica actuó a petición del gobierno militar En entrevista exclusiva con LND,
Correa Bulo no sólo ratifica con más detalles la llamada de la sobrina de Pinochet
a favor de Sebastián Piñera, sino que también dice haber sido presionado
por senadores de la UDI para favorecer al mismísimo dictador. Padre y
herman o de Piñera eran colaboradores de la CIA
informa El Siglo. Empleado y socio de los dueños del Banco de Talca...
Por Luis Narváez y Javier Rebolledo / La Nación Domingo
Luis Correa Bulo confirma presiones de la dictadura para salvar a Piñera
Mónica actuó a petición del gobierno militar
En entrevista exclusiva con LND, Correa Bulo no sólo ratifica con más
detalles la llamada de la sobrina de Pinochet a favor de Sebastián Piñera,
sino que también dice haber sido presionado por senadores de la UDI para
favorecer al mismísimo dictador.
El rol desconocido de la CIA
Empleado y socio de los dueños del Banco de Talca
Mónica Madariaga cuenta cómo liberó a Piñera en caso Banco de Talca
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Una docena de periodistas se agolparon el viernes frente a la casa del ex
ministro Luis Correa Bulo (75), en Ñuñoa, para intentar obtener una
confirmación o un desmentido.
La ex ministra de Justicia de la dictadura Mónica Madariaga había reconocido
días antes que presionó indebidamente al magistrado, en 1982, para intentar
frenar el proceso en contra de Sebastián Piñera.
Por esos tiempos, el candidato presidencial de la Alianza, huía de la
justicia, acorralado por el juez que lo había sometido a proceso y dictado
una orden de captura en su contra por infracción a la Ley General de
Bancos, en la quiebra del Banco de Talca.
El tiempo pareciera estarle dando la razón a este viejo juez que fue pieza
fundamental a finales de la década de 1990 -como presidente de la Sala
Penal de la Corte Supr ema - para
reabrir todas las investigaciones por violaciones de los derechos humanos.
No por nada, Correa Bulo debió enfrentar una acusación constitucional, que
fue rechazada en la Cámara de Diputados, y cargos por irregularidades en la
Corte Supr ema que fueron
levantados en una instancia -la Comisión de Ética- que lo llevaron a ser
expulsado mediante un procedimiento que hoy está siendo analizado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fuera del Poder Judicial, Luis Correa Bulo ha vivido años de mucho trabajo,
pese a su edad: es profesor de Derecho Procesal en la Universidad Central,
juez árbitro y da charlas de vez en cuando sobre Derecho Internacional
Humanitario.
entrevista exclusiva con LND, Correa Bulo no sólo ratifica con más detalles
la llamada de la sobrina de Pinochet a favor de Sebastián Piñera, sino que
también dice haber sido presionado por senadores de la UDI para favorecer
al mismísimo dictador.
"Mire, he decidido hablar porque es de público conocimiento la
información que ha salido en todos los medios de la ex ministra de
Justicia, doña Mónica Madariaga.
Ella manifestó haber intervenido a favor del señor Sebastián Piñera, ante
este juez", se excusa de entrada el ex integrante de la Corte de
Apelaciones, Luis Correa Bulo.
-¿Y eso es efectivo?
-Sí, desde luego, se trata de una ministra de Justicia que no tiene algún
ánimo de mentir o faltar a la verdad.
-¿Qué tipo de presión ejerció?
-Yo tenía muy buenas relaciones con doña Mónica. Nos encontrábamos en
inauguraciones o incluso en tiempos que trabajaba en La Serena. A mí no me
pareció nada raro esto, que intercediera por el señor Piñera. Me manifestó
que no lo hacía tanto por ella, sino por el herman o
(José Piñera, ministro del Trabajo y Minería de la dictadura) y porque
estaban preocupados por la forma en cómo se estaba llevando el proceso.
-¿Qué le pide concretamente?
-No recuerdo las palabras textuales. Pero entendí que el sentido de lo que
pedía era que no se le molestara.
-¿Usted cree que le estaban enviando un mensaje que venía de un ámbito
mayor a la ministra de Justicia, Mónica Madariaga?
-Porque conozco a Mónica y la forma en que lo expresó, ella no lo hacía a
título personal sino que a nombre del gobierno. Por lo menos así lo entendí
yo.
-¿Ella habla sólo por Piñera, o por algún otro procesado?
-No, sólo por Sebastián Piñera. Manifestó que había una preocupación
enorme.
-¿Y cuál fue su respuesta?
-El sentido de mi respuesta fue que como toda persona en Chile,
perfectamente podía hacer uso de sus derechos y que yo le aconsejaba que lo
mejor era que se presentara voluntariamente, ya que existía orden de
aprehensión. Le expliqué que yo tomaría en cuenta tanto los antecedentes
procesales, como los antecedentes personales para resolver sobre su
libertad, que era perfectamente factible que pudiera pedirla. También le
expliqué que la libertad no dependía de mí, sino que dependía de la Corte
de Apelaciones que era mi superior jerárquico.
-Aunque usted le diera la libertad, por el tipo de delito ¿debía ir en
consulta?
-Exacto. Porque honradamente un auto de procesamiento no se baja por un
recurso de amparo.
-¿Cómo tomó usted el hecho de que la ministra de Justicia acudiera a usted
directamente, en nombre de la dictadura, y a favor de un procesado como
Sebastián Piñera?
-Mire, tuve una sensación extraña. No me pareció raro, ya que durante mi
carrera recibí varias presiones de este tipo.
-¿Qué impresión le causó que Piñera y otros ejecutivos se dieran a la fuga?
-En mi fuero interno, quedé con una sensación de impotencia. Porque veía
que de alguna forma se estaba cercenando la independencia de los
magistrados.
-Ellos recurrieron de amparo, una estrategia que hoy no se estila
-Sí, fue rechazado por la Corte de Apelaciones y acogido por la Corte Supr
ema . Creo que el hecho de que hayan recurrido de
amparo fue una forma improcedente de impugnar mi trabajo.
-¿Por qué improcedente?
-Porque la resolución por la cual se encargaba reo al señor Piñera equivale
a la formalización del nuevo sist ema
procesal penal. La forma que debieron ocupar es el recurso de apelación. El
auto de procesamiento no implica una condena, sino que, al contrario, se le
manifiesta a una persona que existen antecedentes graves y precisos en contra
de ella y que tiene la facultad para defenderse dentro del juicio. Si la
persona se considera inocente, de esta forma ocupa todos los argumentos que
tenga a la mano para convencer al magistrado de que estaba equivocado. Pero
al recurrir de amparo, impide toda posibilidad de seguir investigándolo.
-¿Por qué?
-Porque el recurso de amparo viene a impugnar la legalidad con la cual se
dicta la orden de detención del señor Piñera, y no los argumentos por los
cuales se lo estaba encargando reo.
-¿Qué impresión le causó que la Corte Supr ema ,
al acoger el recurso de amparo, señalara que no había suficientes
antecedentes?
-Uno no puede rebelarse en contra de los superiores jerárquicos.
-¿Qué pasa desde ese momento con la investigación?
-Me centré en personas con menor responsabilidad. Hoy día, efectivamente,
la Corte Supr ema no acoge
recursos de amparo para impugnar este tipo de procesamientos.
-Durante su carrera, ¿recibió más presiones?
-La que fue notoria, se dio cuando dos senadores de la UDI fueron a la
Corte Supr ema , cuando yo era
ministro, para interceder por el señor Augusto Pinochet.
-¿Hubo testigos de ese encuentro?
-Fue en horas de atención al público.
-¿Cuál fue el argumento de ellos para solicitarle esto?
-El que tienen todos lo que acuden de esta forma: su preocupación.
-¿Le pidieron algo en concreto?
-Por supuesto, que no molestara más al general Pinochet.
-¿Fue a modo de amenaza?
-Tómelo como quiera.
-¿Cuál fue su respuesta?
-Que era absolutamente improcedente.
-Parece que este tipo de presiones que recibió fueron una constante en su
carrera.
-Para bien o para mal mío, no solamente sucedió en estos casos. Porque yo
asumí la abogacía siendo muy joven, a los 25 años de edad. Cuando llegué a
la Corte fui dirigente gremial, vicepresidente de la Asociación
de Magistrados. Para mí es muy lindo administrar justicia como se debe
administrar y cuando llegué a la Corte Supr ema
fue con todos estos ideales.
-¿Le tocó ver casos polémicos en su carrera?
-Sí, por ejemplo, durante la dictadura me tocó ver el caso de Gastón
Vidaurrázaga del MIR, que había sido detenido ilegalmente. Me tocó revisar
el amparo cuando era presidente de sala en la Corte de Apelaciones de
Santiago y me apersoné en el centro clandestino donde estaba detenido, y
así salió libre y ese centro dejó de ser clandestino.
-Dentro de su carrera, cuando llega la democracia usted era el presidente
de la Sala Penal de la Corte Supr ema .
-Cuando llegué ahí, se comenzaron a abrir todos los juicios de detenidos
desaparecidos que se encontraba archivados.
-¿Cuál fue su papel en eso?
-Lo primero fue acoger la teoría del secuestro calificado y después iniciar
una amplia investigación respecto de cada caso. Eso permitió reabrir las
causas. Fui el primero también en decir que los delitos de lesa humanidad
eran imprescriptibles e inamnistiables. Luego se comenzó a aplicar.
Domingo 26 de julio de 2009 _NOM_SECCION1
/ La Nación Domingo
El rol desconocido de la CIA
Los documentos, cuyos facsímiles reproduce El Siglo, reseñan una reunión
del ministro consejero para asuntos latinoamericanos de la embajada
estadounidense en Chile, George Jones, con el padre de Piñera y su primo
herman o, Herman Chadwick Piñera, para sacarlo
del país.
Documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos,
publicados este viernes por el periódico El Siglo, plantean un rol hasta
hoy desconocido de la embajada de los EEUU en la fuga de la justicia que
emprendió Sebastián Piñera en 1982.
La serie de documentos, dada a conocer en forma exclusiva por el s
ema nario, incluye uno que señala que el padre de
Piñera era colaborador de esa agencia de espionaje desde 1965 y que su
herman o José, ministro del Trabajo y de Minería
de Pinochet, fue su colaborador directo y analista financiero.
Los documentos, cuyos facsímiles reproduce El Siglo, reseñan una reunión
del ministro consejero para asuntos latinoamericanos de la embajada
estadounidense en Chile, George Jones, con el padre de Piñera y su primo
herman o, Herman Chadwick Piñera, para sacarlo
del país.
Otro documento señala que, a petición del entonces embajador
estadounidense, James Theberge, la CIA se hizo cargo de una operación de
"neutralización" que se tradujo en la salida protegida del país
de Piñera, vía aérea por Buenos Aires, con destino a México, en donde
permaneció bajo la protección de Fernando Quijano.
El s ema nario sostiene que
Quijano, de nacionalidad mexicana, aparece vinculado no sólo a
organizaciones de ultraderecha, sino también a redes neofascistas, tales
como la Junta Internacional de Comités Laborales, el Movimiento de
Solidaridad Iberoamericana (MSIA) y la Unión Nacional Sinarquista.
Los facsímiles publicados por El Siglo también incluyen información sobre
gestiones que habría realizado Theberge ante la Corte de Apelaciones de
Santiago y el presidente de la Corte Supr ema
de entonces, Rafael Retamales, para favorecer que se acogiera el recurso de
amparo que presentó Sebastián Piñera para dejar sin efecto su orden de
detención.
El 8 de septiembre de 1982, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones
había rechazado el recurso de amparo, por dos votos, de los ministros
Osvaldo Faúndez y Servando Jordán, contra uno, del ministro Enrique Zurita.
El voto de mayoría estableció que "el mérito de los autos que se
tienen a la vista, resulta que el mandamiento de prisión para los
querellantes Sebastián Piñera Echenique, Emiliano Figueroa Sandoval y
Carlos Massad Abud, ha sido expedido en caso
previsto por la ley y con méritos de antecedentes que lo justifican y de
conformidad, también, con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de
Procedimiento Penal". Este fallo fue revertido posteriormente por la
Corte Supr ema .
Los mismos documentos informan que la constitución de empresas de papel por
parte del Grupo Calaf y los créditos fraudulentos obtenidas por ellas desde
el Banco de Talca habrían correspondido a operaciones de lavado de activos,
en las que estaban involucradas, además, otras empresas.
El mismo objetivo habrían tenido las operaciones fraudulentas de
exportaciones de dichas empresas, relacionadas a empresas de papel
constituidas en Panamá.
Otro de los documentos muestra recopilación de antecedentes y un análisis
sobre Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, ordenada por el Departamento
de Comunicaciones de la embajada de Estados Unidos en Santiago.
El informe lleva el número WSA/Was/3215B, registra entrada de datos los
años 1975, 1984 y 1990, y dice relación con el lavado de activos,
constitución de empresas ficticias, cohecho y asociación ilícita.
A raíz de éstas y otras denuncias realizadas con anterioridad, el autor del
reportaje, Francisco Herreros, fue amenazado de muerte el 24 de junio
pasado por un "Comando Vengadores 11 de Septiembre". Denuncia que
se investiga en los tribunales de justicia.
El s ema nario El Siglo incluye
una nota en que pone a disposición del público los documentos objeto del
reportaje.
omingo 26 de julio de 2009 _NOM_SECCION1
Por Ana Verónica Peña / La Nación Domingo
Sebastián Piñera
Empleado y socio de los dueños del Banco de Talca
Cuando se constituyó Bancard, Piñera también tenía participación en
Infinco, sociedad profesional constituida en abril de 1978 que suscribió el
8% de las acciones de la administradora de tarjetas.
El ahora candidato presidencial de la Alianza, Sebatián Piñera, no sólo fue
un empleado de Miguel Calaf y Alberto Danioni. Antes de asumir el cargo de
gerente general del Banco de Talca, el 1 de mayo de 1979, Piñera ya era
socio de sus patrones.
Los registros públicos pertinentes indican que en enero de ese año, cuando
la Sociedad Administradora de Tarjetas de Crédito Bancard S.A. fue
autorizada, mediante decreto 540, para operar este tipo de medio de pago en
Chile, Piñera era dueño del 1,9% de la empresa constituida en octubre de
1978, entre otros, por el Banco de Talca (10%, el máximo permitido por
ley).
A esa fecha, el ahora candidato presidencial ya integraba el directorio de
la administradora. Cuando declaró en el proceso por infracción a la ley de
bancos y fraude, Miguel Calaf dijo que el Banco de Talca fue el más fuerte
impulsor de Bancard, financiando la totalidad de los gastos de su puesta en
marcha.
Cuando se constituyó Bancard, Piñera también tenía participación en
Infinco, sociedad profesional constituida en abril de 1978 que suscribió el
8% de las acciones de la administradora de tarjetas.
Siendo empleado del grupo, en diciembre de 1979, Piñera suscribió una nueva
sociedad con Miguel Calaf y Alberto Danioni, bajo el nombre de Asesoría
General de Proyectos de Construcción Ltda. (Agepro), siendo uno de los
administradores de la razón social.
En septiembre de 1980, es decir un mes antes de abandonar su cargo en la
gerencia general del Talca, Piñera adquirió un paquete minoritario de
acciones del mismo banco. El mismo mes estableció otras sociedades con el
Grupo Calaf.
Como la Industrias del Acero Ltda., constituida el 9 de septiembre de 1980.
Según extracto publicado en el Diario Oficial de 24 de septiembre de 1980,
la empresa sería administrada por un consejo de cuatro integrantes, dos de
los cuales serían nombrados por los propietarios de Infinco -entre ellos
Piñera- y otros dos por Inversiones Sevilla Ltda. y Compañía Inmobiliaria y
de Inversiones Arona S.A., empresas relacionadas al Grupo Calaf-Danioni.
Al día siguiente de constituir esta empresa, Piñera, en su calidad de
gerente general del Banco de Talca, autorizó un crédito por 11,7 millones
de dólares a Inversiones Río Claro S.A., dinero que fue utilizado por los
integrantes del grupo económico para adquirir más acciones del Banco de
Talca. Inversiones Sevilla, constituida por Miguel Calaf y su esposa, era
una de las sociedades que constituyó Inversiones Río Claro el 21 de julio
de 1980, dos meses antes de recibir el crédito.
Piñera dejó su cargo de gerente general el 30 de septiembre de 1980. Días
después, a través de Infinco, se volvió a asociar con Calaf y Danioni para
crear la Promotora de Negocios Ltda., cuyo objeto era operar en todo tipo
de negocios, "especialmente aquellos que digan relación con el mercado
de tarjeta de crédito", según se indica en su escritura.
ANTECEDENTES
De los delitos investigados en el proceso que instruyó el juez Correa Bulo,
dos se cometieron durante el período en el que Sebastián Piñera ejercía la
gerencia general del Banco de Talca.
El primero de ellos fue la creación de cuatro empresas de papel
relacionadas al grupo -Agrícola Los Montes, Agrícola Tamarugal, Agrícola
Laguna Verde y Forestal Los Lirios-, a las que el banco otorgó préstamos
por un total de 6 millones 255 mil dólares, sin ningún tipo de garantías y
con un capital declarado de sólo un millón de pesos cada una.
Los préstamos se cursaron el 12 de junio de 1980, con pagarés con
vencimiento el 22 de diciembre de ese mismo año.
Uno de los socios de estas empresas, Orlando Roa Bastías, a la fecha
empleado del Banco de Talca, declaró que "en el mes de junio, no
recuerdo bien qué fecha, el gerente general del Banco de Talca de esa
época, Sebastián Piñera, me pidió que fuera el representante legal de
cuatro empresas que se estaban formando por necesidad del banco".
Consultado sobre el mismo t ema ,
Carlos Massad declaró entonces que las cuatro
sociedades "se formaron a proposición del gerente general de la época,
a las que se concedió créditos traspasándoles las deudas de Alejandro
Zampighi y sus empresas". Zampighi era cuñado de Miguel Calaf y
miembro del grupo controlador del banco.
La misma versión entregó Alberto Danioni: "Estas cuatro sociedades
agrícolas fueron ordenadas constituir por el señor Sebastián Piñera, con el
objeto de que se hicieran cargo de las deudas vencidas o por vencer del
señor Alejandro Zampighi y que resultaban inconvenientes para el banco
mantenerlas así vencidas, obteniendo así un mayor plazo para su
cancelación".
A su turno, Piñera negó estas versiones, pero admitió "haber estado en
conocimiento de que esas cuatro empresas de reciente formación no eran
sujetos de crédito solvente porque tenían escaso o nulo capital".
El otro delito fue el crédito por 11,7 millones de dólares otorgado el 10
de septiembre de 1980 a Inmobiliaria e Inversiones Río Claro para comprar
acciones del Banco de Talca.
El apoderado de esa compañía, Eduardo
Barbe Ilic, declaró que el préstamo lo solicitó "a petición del
gerente general de esa época, Sebastián Piñera, cumpliendo con un programa
de capitalización fijado por el equipo ejecutivo del banco".
En tanto Calaf y Danioni declararon que cuando se realizó esa operación
ambos se encontraban fuera del país y responsabilizando de ella
exclusivamente a Piñera. Cuando fue interrogado, Piñera nuevamente admitió
los hechos pero sin asumir intención de delito.
"Durante ese período muchas empresas y personas ligadas a los
principales accionistas eran clientes y utilizaban los distintos servicios,
incluyendo el otorgamiento de créditos.
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