El Gobierno de Alan García confirma 11 policías y 3 nativos muertos en disturbios en Amazonía

Las cifras oficiales difieren ampliamente por las ofrecidas por el Colegio Médico de Chachapoyas, varios hospitales, medios de comunicación y las organizaciones nativas en la ciudad de Bagua (Amazonas), que reportan al menos unas 25 víctimas.

Los enfrentamientos entre indígenas y la policía peruana el viernes en la región Amazonas, al norte de Perú, dejaron once policías y tres nativos muertos, según el reporte dado por el el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Yehude Simon.

En una rueda de prensa, Simon explicó además que como resultado de estos disturbios hay 109 heridos ingresados en diversos hospitales de Amazonas, 19 de ellos por lesiones de bala.

 

Las cifras de indígenas muertos dadas por el Gobierno difieren ampliamente por las ofrecidas por el Colegio Médico de Chachapoyas, varios hospitales, medios de comunicación y las organizaciones nativas en la ciudad de Bagua (Amazonas), que reportan unas 25 víctimas.

 

Según la versión de la Aidesep, principal organización indígena y cabeza de las protestas que duran ya dos meses, eran 5.000 los nativos que bloqueaban la llamada "Curva del Diablo", en un lugar llamado Reposo (provincia de Bagua) cuando la policía cargó a las cinco de la madrugada contra ellos.

 

Desde helicópteros y desde tierra, utilizando fuego real y gases lacrimógenos, la operación de desalojo duró prácticamente toda la mañana de ayer, según señalaron varias fuentes.

 

Posteriormente, los desórdenes se extendieron por la ciudad de Bagua, donde los manifestantes prendieron fuego a varias oficinas públicas y del partido Aprista (gobernante), y las movilizaciones continuaron la tarde de ayer, en medio de disparos al aire y bombas lacrimógenas, según fuentes del hospital de la ciudad.

 

La policía acusó a los indígenas de haber utilizado armas de fuego para evitar su desalojo, y según el director de la institución, José Sánchez Farfán, hay nueve policías muertos y 45 heridos.

 

El general Sánchez Farfán explicó al canal N de la televisión que los enfrentamientos se produjeron después de que sus agentes tomaron el cerro que domina la "curva del Diablo", y alrededor de mil nativos aparecieron y abrieron fuego.

 

Sin embargo, la Aidesep negó que sus huestes tengan armas de fuego y aseguraron que los agentes fallecieron por fuego cruzado entre los mismos policías que los acorralaban.

 

El Colegio Médico de Chachapoyas, en la región donde se presentaron los hechos, informó a la emisora que el número de nativos muertos subió a 25.

 

El presidente de la Junta de Fiscales superiores de la región Amazonas, Oswaldo Bautista, dijo a Efe que la Fiscalía aún no ha establecido una cifra definitiva de muertos, porque están procediendo todavía al levantamiento de cadáveres en tres puntos distintos: Bagua Grande, Bagua Chica y la misma carretera.

 

La enfermera Teresa Romero, del hospital de Bagua Chica, declaró al Canal N que tienen 40 heridos "todos de bala, han sido balas al cuerpo, a la cabeza, al abdomen, porque ellos (los policías) han querido matar a los hermanos", al tiempo que pidió ayuda, porque el hospital se encuentra "en un caos total, sin camas, con los heridos por el suelo".

 

Además, los bloqueos de carreteras y las tomas de ductos obligaron a suspender o restringir el bombeo de gas y petróleo, cuyos principales yacimientos están precisamente en las zonas en conflicto.

 

Por su parte, el primer ministro explicó que los primeros cinco policías que llegaron a la zona conocida como la "Curva del Diablo", a la altura del kilómetro 200 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, fueron asesinados con lanzas por los indígenas, quienes los despojaron de sus armas y luego presuntamente atacaron con ellas a otros uniformados.

 

Al menos uno de los cuerpos de los policías todavía no ha sido hallado, mientras que nueve féretros de los agentes muertos llegaron esta noche (local) a Lima.

 

Simon también señaló que 38 policías y 20 civiles fueron secuestrados por los nativos en una estación del oleoducto Norperuano, administrada por la estatal Petroperú, en cuyas inmediaciones se mantienen en protesta desde hace varias semanas.

 

"Hay una acción de fuerza sobre estos policías, pero pareciera que podría entablarse algún diálogo", dijo al respecto la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.

 

La titular de la cartera afirmó, tras lamentar los decesos de los policías, que "ha existido un plan, instigación y un complot" en los hechos ocurridos en la jornada.

 

Simon reiteró que el Gobierno de Alan García mostró, "hasta la saciedad", voluntad de diálogo para solucionar los reclamos de las comunidades amazónicas en forma pacífica.

 

Sin embargo, el jefe del gabinete se quejó de que los líderes indígenas, representados por Alberto Pizango, engañaron a los nativos diciéndoles que les iban a quitar sus tierras y el agua, a raíz de la aprobación de leyes promovidas por el Ejecutivo el año pasado.

 

En tal sentido, Simon justificó la intervención policial para despejar una carretera tomada por los nativos "para poner orden y disciplina en el país", que ya estaba sufriendo los efectos económicos de los bloqueos y toma de estaciones petroleras.

 

Por su parte, el ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, informó que se ha decretado el toque de queda en algunas localidades de Amazonas y que también se ha extendido la declaratoria de emergencia dictada por el Gobierno en esa región.

 

"Somos respetuosos de los derechos humanos, pero el Estado tiene que recurrir a todos los instrumentos que le son permitidos para recuperar el orden", opinó Flores Aráoz.

 

De otro lado, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, reportó que hay 36 personas detenidas en Bagua y otras 17 que han sido derivadas a la ciudad de Chiclayo.

 

Un representante de la fiscalía también fue secuestrado por los nativos por varias horas, informó Echaíz, pero ahora los magistrados trabajan en diversos puntos de Amazonas.

 

Prensa escrita/Bolivia

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, anunció que los responsables de las radioemisoras de Bagua que han incitado abiertamente a la violencia serán sancionados.

 

La Conferencia Episcopal Peruana y la Defensoría del Pueblo hicieron un "clamoroso llamado a la serenidad" y demandaron que, "de manera inmediata, cesen los enfrentamientos entre compatriotas".

 

"Es urgente que se atienda sin distinción a las personas heridas y a las que se encuentran en riesgo y que se proceda en el más breve plazo a restablecer el canal del diálogo", agregaron en un comunicado conjunto, que coincide con otros pronunciamientos hechos por diversas organizaciones no gubernamentales.