La necesidad de romper la exclusión de la izquierda en las elecciones municipales de octubre

La necesidad de romper la exclusión de la izquierda en las elecciones municipales de octubre

 

J. C. Cartagena

Rebelión

 

 

La situación política chilena ha evolucionado mucho desde la elección de Michelle Bachelet. El modelo económico neoliberal se encuentra en crisis abierta. Las condiciones de vida de los chilenos no han cesado de deteriorarse. Algunos responsables políticos han creído oportuno permitirse explicaciones y comentarios algo cínicos ante la difícil situación que afrontan sus conciudadanos. Por ejemplo, el ministro de Hacienda, Perez Yoma, recomienda como mejor medida de “apretar los dientes” frente a la coyuntura. En cuanto al ministro de Economía, Velasco, constata “que los salarios no son cortos, sino que los meses son demasiado largos”.

Las huelgas y movilizaciones se multiplican. La m á s persistente de ellas, el movimiento de protesta de los estudiantes contra la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), no tiene visos de agotarse a pesar de las promesas (incumplidas) y los engaños del gobierno, sin hablar de la intensa y violenta represión desencadenada contra los participantes. Todos aquellos a quienes concierne el mundo de la educación, alumnos, profesores, padres de alumnos, etc., se declaran contra el sistema de educación privado. A pesar las masivas marchas de protesta de los estudiantes, las repetidas huelgas de los profesores, los diputados de la mayoría como los de la oposición de derecha acordaron remplazar la LOCE por otra ley (Ley General de Enseñanza –LGE-), que mantiene lo esencial del sistema.

Las demandas no son escuchadas. El principio de consenso siempre ha sido respetado por los cuatro gobiernos de la Concertación. La derecha no aceptar á jamás la menor medida que vaya al encuentro del modelo neoliberal. De hecho esta minoría de derecha posee el poder de veto sobre toda evolución de la legislación chilena. Es tiempo que la composición del parlamento cambie y refleje realmente la opinión del pueblo. Así, la ley electoral binominal, que permite a la derecha obtener casi la mitad de los parlamentarios (y así bloquear o modificar los proyectos de ley a su antojo), representa actualmente el dique contra el cual se estrellan las aspiraciones de la gente por ver mejorar sus condiciones de vida.

En la óptica de romper el inmovilismo de la situación y por terminar con la exclusión de amplios sectores de la sociedad, el Juntos Podemos Más y la Concertación firmaron pactos de omisión en vista a las elecciones comunales del mes de noviembre. El objetivo es ganar la mayor cantidad de municipalidades actualmente dirigidas por la derecha, apoyando a uno u otro conglomerado político. Por el momento, el acuerdo concierne 26 comunas.

Si esta experiencia triunfa marcar á un precedente que podría servir de ejemplo en otros comicios electorales para finalmente arrebatar el poder de decisión a la minoría de derecha.

Hasta ahora, las posibilidades de acuerdo electoral han sido sistemáticamente bloqueadas por la Democracia Cristiana (D.C.). Hoy d ía la crisis política que afecta prácticamente a todos los partidos políticos, y la incertidumbre del resultado de la próxima elección presidencial, obligaron a los dirigentes de la D.C. a aceptar este pacto.

Muchos maximalistas critican la actitud del Partido Comunista con su voluntad de terminar con la exclusión impuesta por este sistema electoral injusto. Sin embargo, no hay que olvidar que el largo combate institucional para llegar a la elección de Salvador Allende a la presidencia, punto culminante de la lucha contra el sistema capitalista, comenzó con la elección de un solo diputado obrero en los años 20, Luis Emilio Recabarren. Una voz, al principio aislada, que luchaba por los derechos de los asalariados. En esa época había ya detractores, principalmente anarquistas, que condenaron su actitud. Los actuales críticos ¿están dispuestos a condenar la acción de Recabarren?

Hay críticos que pretenden que la actitud de Juntos Podemos Más, y en particular del Partido Comunista, representa un retroceso ideológico cierto y que el pacto con la Concertación tendrá por consecuencia la desmovilización de aquellas y aquellos que están dispuestos a combatir el sistema. Estos detractores sostienen que el principal beneficiario de este acuerdo será la Concertación actualmente en el poder y que este pacto representa, en resumidas cuentas, la validación del sistema neoliberal.

Los progresos sociales han sido obtenidos gracias a la combinación de la lucha social y política. La culminación de ésta, en Chile, lo constituyó la elección, a la cabeza de una amplia coalición, de un presidente marxista cuyo objetivo era la construcción de una sociedad socialista.

Cada victoria coloca los jalones de los siguientes logros. Es un largo camino hacia la ampliación de los derechos y la democracia. Este proceso se sirve de las elecciones para acumular fuerzas y modificar su relación frente a los adversarios. Un movimiento decididamente partidario del cambio de sociedad no debe desdeñar ningún campo de batalla.

Incluso durante la lucha antidictatorial, algunos avances semi legales fueron obtenidos: reaparición de los partidos políticos que permanecían prohibidos, creación de asociaciones de defensa de derechos humanos, etc. En efecto, bajo la dictadura, donde no había otra alternativa que el empleo de la clandestinidad y la violencia para derrocar al régimen, el combate legal no fue abandonado y los opositores no se desmovilizaron por ello.

El proceso para remplazar el sistema capitalista no debe privarse de ninguna de sus potencialidades. Conducir el combate en todos los frentes, incluido el electoral, con la perspectiva de modificar la correlación de fuerzas y arrebatar parcelas de poder a las fuerzas retrógradas que impiden la democratización del país, no puede, en ningún caso, significar un retroceso ideológico.

Tanto la elección de Recabarren al Parlamento (único diputado obrero en 1921), o de la participación de Allende en el Frente Popular (bajo hegemonía burguesa) como ministro de la Salubridad, no desmovilizaron a los chilenos partidarios del cambio y no concedieron terreno en el dominio ideológico.

En otro dominio, el hecho que Gladys Marin haya en 1998 puesto la primera querella contra Pinochet, no significa de ninguna manera que ella hubiese abandonado la batalla por la limpieza del Poder Judicial, ni que ella hubiese renunciado a sus principios. Al contrario, los progresos de la lucha contra la impunidad fueron de par con las modificaciones en el cuerpo judicial. Si alguien puede aún sostener que tales acciones no representan más que renuncios ideol ógicos, entonces ni las querellas en justicia contra los criminales, ni los informes oficiales constatando los crímenes contra la humanidad (Infome Rettig y Valech), no tienen otro valor que sostener este mismo sistema.

Prohibirse toda posibilidad de progreso político en las condiciones de una democracia formal burguesa –incluso con instituciones heredadas de la dictadura, como en Chile-, equivale a favorecer la política de lo peor. Es decir, esperar que la situación se pudra para que ver surgir una explosión social o un movimiento radical. Esta posición es totalmente irresponsable. Cuando se ha fijado como objetivo la creación de una sociedad mejor, tanto los elegidos políticos como los representantes de los movimientos sociales, deben mostrar un grado de responsabilidad similar.

La organización de los desencantados del sistema no ha sido nunca contradictoria con el combate electoral, cuando éste es posible. La ocupación de todos los espacios políticos con el objetivo de quitar las barreras institucionales no puede significar un paso atrás ideológico en la lucha por la conquista de un Chile más democrático, justo y libre. Afirmar lo contrario equivale a confundir de manera premeditada táctica y estrategia.