El polvorín araucano: La muerte de Matías Catrileo

La muerte de Matías Catrileo prueba que el conflicto entre indígenas y terratenientes está lejos de terminar. Encapuchados incendian camiones, predios y cortan carreteras, a la par de los allanamientos policiales sin orden judicial. Ninguno de los dos bandos parece tener ganas de conversar.

La táctica de los mapuches no es muy distinta a la que enseñó Lautaro hace más de 450 años, al principio de la Conquista. Básicamente, emboscar, quemar y huir. Sin dejar muertos ni heridos en riesgo vital. Distintos grupos de encapuchados han protagonizado atentados incendiarios desde el jueves, horas después de que fuera entregado el cuerpo de Matías Catrileo, el estudiante asesinado de un balazo disparado por un cabo de Carabineros.

Paralelamente a los rastreos que realizó un contingente de 30 detectives por el fundo Santa Margarita, donde ocurrieron los hechos, la madrugada del viernes hubo una serie de allanamientos en la comunidad Llupeico-Vilcún, donde vivía el joven muerto. En este sector, al suroeste de Temuco, se realizaron sus funerales en medio de un piquete de uniformados especialmente dispuestos para la ocasión. La ceremonia se hizo en un ambiente de violencia que ha marcado la zona en los últimos días. Tomas de ruta, incendios forestales y un piloto herido cuando se aprestaba a combatirlos con un avión cisterna. Las llamas alcanzaron territorios de las forestales Mininco (de la familia Matte), Arauco (ligada al grupo Angelini) y Cautín (de la familia Von Appen). También cuatro rutas entre la VIII y IX regiones fueron bloqueadas durante la madrugada. "El pueblo mapuche se está armando en la lucha para defender nuestro territorio contra este Estado represivo. Esto va a seguir y así como estamos no hay nada pacífico", dijo con fuerza el lonko Víctor Marilao, jefe de la comunidad Juan Quintramil, ubicada en Padre Las Casas, demostrando que el conflicto puede ampliarse a niveles sin precedentes.

 

CRIMINALES NATIVOS

Minutos antes de dejar su cargo, en el marco de la petición de renuncia realizado por la Presidenta Bachelet, el intendente de la Región de la Araucanía, Óscar Eltit, negó que hubiera una "guerrilla rural" en la zona. Aunque si de eso se tratara, el único bando que podría contar bajas sería el de los mapuches. En noviembre de 2004 murió de un balazo durante un incidente con Carabineros el joven Alex Lemún. Desde Santiago es difícil ver los matices que puede tener este conflicto cuya escalada actual comenzó en los últimos días de diciembre, cuando ocurrieron tres atentados contra camiones forestales. Es más fácil identificar los bandos en pugna. Por un lado están los mapuches, apoyados por distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) y el monitoreo permanente de instituciones internacionales como la ONU y Amnistía Internacional, que describen en sus capítulos dedicados a Chile una "criminalización" de este conflicto y serios retrasos por parte del Estado chileno para solucionar hechos contrarios al derecho internacional. Por otro están los aparatos judiciales y de seguridad, que se limitan a cumplir la ley. En el medio no existe diálogo.

José Aylwin Oyarzún, hijo del ex Presidente y director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, es uno de ellos: "Esta política de criminalización se manifiesta a través de un fuerte control policial en una presencia masiva de efectivos en la zona. El ex general de zona, Augusto Carmona, nos dijo que un quinto del contingente de la región está inmovilizado en las comunas cumpliendo resoluciones de protección judicial a predios particulares, y esos efectivos se dedican en la práctica a amedrentar a quienes viven en las comunidades", dice.

Hay lugares, como los fundos de la Forestal Mininco y los terrenos de los empresarios agrícolas Jorge Luchsinger y René Urban, que cuentan con una dotación aproximada de 30 carabineros cada uno. En el fundo Santa Margarita, de propiedad de Luchsinger, cercano adonde murió Matías Catrileo, ha habido 22 atentados en cuatro años. La noche del jueves, un grupo de encapuchados intentó quemar una siembra de avena en el fundo La Romana, de Urban.

 

NO A LOS PRESOS POLÍTICOS

Para Roberto Muñoz Barra (PPD), senador por la Araucanía, que Carabineros proteja los predios en peligro es la única forma de resguardar a los agricultores más afectados, y la tesis de la "militarización" en la zona es de "falsedad absoluta; el contingente en la zona de Malleco es mínimo. Las comisarías de Traiguén, Collipulli y Victoria tienen escuálidas dotaciones. Hay algunos grupos móviles que se constituyen con carabineros de la Comisaría de Angol y siempre llegan cuando ya está todo quemado", dice. El parlamentario critica la institucionalidad que se creó para solucionar este conflicto, básicamente la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), dedicada en parte a regularizar la propiedad y entregar tierras a los nativos. "Les compran campos muy hermosos, pero no les dan plata para comprar maquinaria o capacitación. El Gobierno actúa todavía con un criterio de subsidiariedad y no ha demostrado un interés sincero en mantener el diálogo", apunta.

La tensión en la zona mapuche es más antigua que la República, pero es a fines de los setenta cuando se forma la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) como un grupo autonomista. A fines de los ochenta, empiezan a surgir serios frentes de conflicto, a partir de la construcción de centrales hidroeléctricas, carreteras privadas y la explotación forestal en grandes extensiones de territorio, sin considerar a las comunidades indígenas establecidas en la zona. A principios de esta década comienza a aplicarse la Ley Antiterrorista, y los activistas indígenas sufren los golpes más duros contra sus dirigentes, que son condenados a largos períodos de prisión en juicios con testigos "sin rostro" y donde la aplicación de la ley sigue siendo cuestionada. La mayoría de los mapuches encarcelados han sido catalogados como "presos políticos".

Al Gobierno le incomoda que los reos mapuches juzgados con una ley muy parecida a la que usó Pinochet para los grupos armados que lo combatieron tengan, al menos para la comunidad internacional, el status de "presos políticos". En mayo del año pasado, la Presidenta Bachelet se cruzó en Suiza con manifestantes que le pidieron la liberación de los indígenas implicados en incendios. La Presidenta debió aclarar que "en Chile no tenemos presos políticos" y los mapuches detenidos son culpables de "delitos comunes". Pero la reacción internacional ha sido el único modo de acelerar un proceso de solución que tuvo intentos serios durante el Gobierno de Eduardo Frei, que creó la Conadi, y Ricardo Lagos, cuando se conformó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. En el actual Gobierno se efectuaron diálogos comunales para redefinir la política indígena.

 

SALUDOS A LA BANDERA

Pero los esfuerzos han sido en vano. Según Juan Guzmán, ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, "mucho de lo que se ha hecho es un saludo a la bandera. Los mapuches están cansados de más de cien años de saludos a la bandera. Ellos esperaban que durante los gobiernos de la Concertación hubiera avances, que no ha habido. Debe iniciarse un diálogo que reemplace a la política policial existente. Ésta sólo llama a la violencia", dice.

En la última Asamblea General de las Naciones Unidas, Chile votó a favor de una declaración sobre derechos de pueblos indígenas que implica la "restitución de las tierras o recursos ancestrales usurpados sin su consentimiento; de no hacer esto, otorgar una compensación". Este compromiso debería orientar la política indígena en lo que queda de este Gobierno. Ya en dos ocasiones la ONU ha manifestado sus reparos a la situación de violaciones de los derechos humanos en la zona, principalmente, frente al hostigamiento contra niños y ancianos mapuches. El último informe se conoció en mayo del año pasado.

Por ahora, el vocero Francisco Vidal ya aclaró la posición de La Moneda respecto del conflicto: "Si frente a esos incidentes, las policías no actuaran, la crítica sería porque no se actúa, pero cuando se actúa, la crítica es porque se hace. Se escucha a todo el mundo, pero el Gobierno no puede quedar inmóvil si un grupo, grande o pequeño, su forma de hacerse escuchar es quemando micros, haciendo barricadas o tirando peñascazos. No se puede, porque el que lo hace de esa manera no quiere ser escuchado".

La CAM, por su lado, se mantiene en estado de cautela respecto de lo que vendrá luego de la muerte de Matías Catrileo. "La comunidad mapuche solidariza activamente con nuestro pueblo, porque la muerte de Matías es un hecho muy desgraciado para nosotros", dijo el vocero de la organización, Óscar Ancatripai. Está por verse quién dará el próximo golpe, porque la guerra no ha terminado. LND

Jorge Luchsinger, en pie de guerra Todo el conflicto mapuche cabe en el fundo Santa Margarita, 18 kilómetros al norte de Temuco. En las tierras de Jorge Luchsinger están todos los ingredientes que explican un odio ancestral. El agricultor proviene de una familia de inmigrantes suizos establecida a fines del siglo XIX y en poco más de cien años logró convertir 280 hectáreas en un campo de alto rendimiento a base de maíz, avena y leche que vende a la filial chilena de Parmalat. Muchos de sus peones son mapuches y lo han acompañado durante treinta años. Pero Luchsinger no confía en ellos. “El mapuche es ladino, torcido, desleal y abusador”, dijo en una entrevista. Alrededor del predio viven ocho comunidades mapuches en condiciones miserables. Para ellos, Luchsinger no es muy distinto a un español de la Conquista. “Ustedes son extranjeros, abandonen estas tierras porque son nuestras”, le dijo uno de los encapuchados que el 9 de junio de 2005 incendió su casa, parte de la cosecha y dos autos. En esa ocasión Luchsinger creyó reconocerlos. “Tenían cuerpos estilizados, estaban organizados, no tenían pinta de mapuches”, dijo. Si hay algo que distingue a Luchsinguer del resto de los agricultores, que asegura dormir con la escopeta bajo la almohada, es el racismo que contiene su opinión de los araucanos. “El indio no ha trabajado nunca. El mapuche es un depredador, vive de lo que aporta la naturaleza, no tiene capacidad intelectual, no tiene voluntad, no tiene medios económicos, no tiene insumos. No tiene nada”, ha dicho. No es difícil suponer que detrás de los 22 atentados que ha sufrido en 5 años, está su animadversión declarada hacia sus vecinos. Simpatizante pinochetista y de UDI, algunos sectores al interior de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco ven en él una figura política que podría surgir en las próximas elecciones municipales. Cuando quemaron su casa, Jorge Luchsinger fue visitado por el entonces candidato Joaquín Lavín y prometió no volver al campo. Pero al momento de los incidentes en que murió el estudiante Matías Catrileo, el agricultor contaba con una protección de 30 policías para asegurar a producción de leche, el único negocio que se mantiene en pie. El resto se quemó.

Sixto Parzinger, obispo de Villarrica: “En Chile hay racismo contra los mapuches” –¿Pudo ejercer tranquilamente su rol como mediador? –Me llamaron a las diez de la mañana, cuando los comuneros pidieron la presencia de la Iglesia , pero eso no significa que haya mediado, sino que tan sólo fue acompañamiento, una ayuda humanitaria al terrible suceso que había ocurrido. –Sin embargo, la tensión del momento disminuyó sus posibilidades de ejercer mayor influencia en las negociaciones. –Como le decía, no fui mediador. Lo que es cierto es que finalmente, entre tanto cerco y vallas de protección, nos permitieron la entrada. –¿Cuál era la imagen del lugar cuando lo dejaron entrar? –En el interior estaba el fallecido junto a dos jóvenes. Durante la tarde estuvimos con ellos, hasta que a las 17 horas retiraron el cuerpo. Afortunadamente pude acompañar a sus padres también, quienes estaban bastante afectados, pero a la vez serenos. Ellos decidieron al final que el velatorio se haría en su casa. –¿Cómo se encuentra una solución para el pueblo mapuche? –Es tan sencillo como tomar más en cuenta los reclamos del pueblo mapuche. Ellos se inquietan con tanta promesa que no se cumple por parte de las autoridades, por lo que aumenta la tensión. ¿Y qué ocurre después? Se criminaliza y se polariza el conflicto. Por eso, es necesario que el Gobierno actúe con un nuevo trato, con más diálogo y entendimiento. Ellos dicen hacerlo, pero en los hechos no se ve. –¿Justifica las manifestaciones de comuneros que a veces caen en la violencia en sus actos de manifestación? –De ninguna manera. Y por ello la solución es tratar más y de mejor manera con ellos. Además, como son impacientes, finalmente priman los radicales que llegan a esos extremos. Insisto: como no ven soluciones explotan muy rápido, llegando a acciones que lamentablemente terminaron con la vida de Matías Catrileo. –Como extranjero, ¿ve en los chilenos enemistad con los pueblos originarios? –Veo más que eso. En Chile hay racismo contra los mapuches en todo el pueblo. Aquí es el blanco contra el indio. Y lo que más duele es que no solamente ocurre en Santiago, sino también en nuestra región. Es como si el resto sintiera superioridad frente a un pueblo que quiere recuperar sus cosas. Y más terrible aún es que el racismo está latente, que la mayoría de las veces se manifiesta inconscientemente. En este país no se permite que se les trate igual.