Andrés Figueroa Cornejo
1. Triunfó el pueblo magallánico. Contra el miedo, la mansedumbre a presión y la desmoralización, el movimiento social de la Región más austral de Chile agrupado en la Asamblea Ciudadana de Magallanes, luego de 7 días de paro general y con el costo feroz de dos muchachas asesinadas en medio de las protestas, obtuvo una victoria contra el intento de los actuales administradores del Estado de imponer un alza de casi 17% en las cuentas del gas en el territorio más caro, inclemente y donde el pan empata con el gas en tanto artículo de primera necesidad para el pueblo de la zona helada. Los objetivos de las autoridades estaban ligados a los intereses de la transnacional de metanol Methanex y a los preparativos para la privatización de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). Algunos dirán que fue un logro parcial. Pero bajo el capitalismo brutal que impera en Chile y las presentes relaciones de fuerza entre los que mandan y el pueblo trabajador, definitivamente es una conquista. Por lo demás, mientras gobierne el capital, todo triunfo es parcial hasta invertir la hegemonía política y social realmente existente. “Fue lo menos malo”, señaló uno de los representantes de la Asamblea que debió negociar con el delfín de Piñera, Laurence Golborne, bi ministro de Minería y Energía. ¿Qué obtuvo la Asamblea? Un reajuste del gas de sólo un 3% (IPC); la mantención de la cobertura de hasta 25 mil metros cúbicos de consumo mensual; y un aumento de casi 20 mil subsidios (casi la mitad de la población total) para las familias que demanden recursos para el pago del gas. La Asamblea tuvo un origen policlasista, pero días antes de la negociación ya se había retirado de ella la representación empresarial y los políticos tradicionales. Es decir, negociaron sólo los trabajadores y el pueblo.
Dentro de los aprendizajes se encuentra en el centro que con fuerza organizada por abajo se puede ofrecer resistencia efectiva. El gobierno –temeroso de las miradas de las calificadoras de riesgo internacionales- debió ceder, más allá del establecimiento de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Como efecto intervinculado con el conflicto amañado por los medios de comunicación dominantes (o sea, prácticamente todos), se destruyó la estrategia piñerista del gobierno de tecnócratas y empresarios, y debió integrar al gabinete a una senadora hija de un miembro de la junta militar que encabezó Pinochet, y a su rival personal en estatura política de su misma tienda, Andrés Allamand, y ampliar políticamente por la derecha convencional la toma de decisiones (liberal o más conservadora, da igual desde las ferias podridas que venden chucherías a lo largo de todo el país). Virtualmente es el fin de Piñera, incluso refrendado en las encuestas donde, a diciembre de 2010, bajó tres puntos porcentuales de popularidad, llegando a 47% de aprobación según la empresa consultora. De este modo, antes de que se cumpla un año de Piñera en el turno de la derecha tradicional para la administración del Estado, ya están en competencia electoral para el 2013, Lavín (tercero en las encuestas), Matthei (UDI), Allamand (RN) y Golborne. Por el lado de la Concertación desrumbada y en proceso de descomposición, sólo se encuentra Michelle Bachelet. Su figura solitaria construida mediáticamente -porque los partidos de la componenda tienen el prestigio del sabor del bacalao- es, hasta ahora, la única garantía de una posibilidad real de retorno al Ejecutivo. Otro tanto ocurre entre los partidos de la derecha tradicional, en todo caso. Al parecer, mientras Bachelet más lejos de la contingencia y de los partidos de la Concertación se encuentra, su popularidad se estabiliza a la alza o al menos no se daña.
Sin embargo, dentro de los puntos de la negociación entre la Asamblea de Magallanes y el gobierno, está la instalación de una “Mesa de Trabajo” para marzo de este año con el fin, por parte del Ejecutivo, de reponer mediante un sistema de tarifados su medida original dosificadamente. Por tanto, el pueblo de Magallanes no puede dormir. Y sobre todo, en términos estratégicos, hasta que el movimiento social en general no logre cuajar en una conducción política que resuma sus intereses genuinos a escala de todo el territorio chileno y mapuche, con vocación de poder y convicción en la dirección de la sociedad de manera integral, sólo podrá reaccionar, actuar a la defensiva, confiar en parciales levantamientos semi espontáneos, netamente económicos y carentes de una articulación orgánica y programática que pavimenten sólidamente el camino a un gobierno y un Estado de nuevo tipo no capitalista. La lucha magallánica expresó en la calle un ciclo de indignación por abajo, hasta ahora casi siempre solapado, pero que por sus logros ofrece renovada confianza en las fuerzas propias de los trabajadores y el pueblo. Para quien no conozca Chile, este fenómeno por sí solo constituye la apertura de un nuevo período, luego de décadas de somnolencia apenas estremecidas por la denominada “revolución pinguina” de 2006 que protagonizaron los estudiantes secundarios contra el lucro en la educación. De los hechos objetivos se desprenden las tareas políticas de franjas del pueblo trabajador conciente y en pie de luchar, pero todavía fragmentado. La unidad de los asalariados y sus alrededores pierde su carácter puramente ideológico, y se transforma en la orden concreta y necesaria del día.
2. Sufre Piñera, y con sus “bracitos cortos” (nombre que le dio el embajador norteamericano según Wikileaks) convoca a políticos de mano dura para “corregir” su gabinete. Sufre Piñera y la tesis de un gobierno de empresa se hace trizas ante la realidad de la conflictividad real de la sociedad y la ruina de que un país es posible administrarlo como una corporación aérea o un canal de televisión. Sufre Piñera y busca democratizar las decisiones, haciendo responsable a sectores y personajes de la propia derecha de las crisis en curso y de las que vendrán.
Pero si Piñera sufre, la llamada oposición se muerde con dentadura de fin de matrimonio. A propósito o bajo la excusa de la aprobación a la velocidad del relámpago del proyecto educativo del dueño de esa cartera, Joaquín Lavín, la Concertación profundiza su trizadura. A qué decir que el proyecto aprobado y acordado por senadores y diputados oficialistas y de la Concertación por mayoría casi absoluta, persigue consolidar la enseñanza privada y demoler lo que resta de la municipalizada o estatal, donde entre otros puntos, se duplica la dotación de capital inicial para los sostenedores de la educación escolar privada. Ya cuando terminó el gobierno de Bachelet, la educación privada particular (pagada parcialmente por el apoderado) superaba en porcentaje a la municipalizada (gratuita) en la cual estudia la población más empobrecida del país. La iniciativa regresiva y clasista golpea no sólo a los hijos de los trabajadores, sino que opera con especial saña contra los docentes que deben laborar en pésimas condiciones y sin ninguna participación en las maneras y contenidos curriculares. El gremio de profesores amenazó con movilizaciones. Los jóvenes, por su parte, ya han construido una tradición de defensa aguerrida de la educación pública en los últimos años. Y en la prensa se publicó que el proyecto se aprobó en enero cuando tanto educadores como estudiantes se encuentran de vacaciones. Al respecto, marzo, en el inicio de las clases en todo Chile, puede resultar un mes caliente y de prueba definitiva para el pre candidato Joaquín Lavín.
Fue precisamente lo que ocurrió en el Legislativo lo que gatilló un nuevo y rotundo desencuentro entre representantes de la Concertación. El senador y presidente del Partido Radical Social Demócrata (que no es radical ni socialdemócrata), José Gómez, uno de los emprendimientos políticos que constituye históricamente la Concertación, luego de la votación del proyecto de Lavín señaló que lo aprobado es “una ley que lo que hace es perpetuar un sistema educacional que todos hemos considerado de mala calidad”. Como si fuera poco, irónicamente, Gómez felicitó a Piñera “por haber logrado dividir a la Concertación”. Por su parte, hasta uno de los líderes del liberal Partido Socialista (que de socialista sólo tiene la socialización de los megasueldos y otros beneficios del Estado para sus representantes políticos), Camilo Escalona, encaró a su camarada presidente de la Democracia Cristiana, el derechista Ignacio Walker, diciéndole que “Te has convertido en un asesor del ministro Lavín” por refrendar con su firma la ley privatizadora. Otro personaje, el diputado Sergio Aguiló, después de 20 años de militancia en el PS, y a través de un correo electrónico, renunció a esa tienda, dándose cuenta luego de dos décadas de que “Mi discrepancia con el partido es muy larga y tiene que ver con la falta de transformaciones profundas que el país necesitaba y que la Concertación no hizo cuando era gobierno, y con la actitud que tiene el PS hoy de apoyar en el fondo las reformas neoliberales del gobierno de Piñera”. ¿Otro Jorge Arrate? ¿Se irá con Marco Enríquez-Ominami? Pareciera que estar en el gobierno es dulce y que se avinagra el negocio al ser falsa oposición. ¿No será demasiado tarde para arrepentimientos, toda vez que el llamado neoliberalismo, o la franca hegemonía del liberalismo financiero fue profundizada por la Concertación, a la par que procuró domesticar y desmantelar el movimiento popular tal cual lo ordena el manual pentagonista y las instituciones mandantes de la deuda mundial y sus condiciones antipopulares, como el FMI y el Banco Mundial, entre otras?
En la misma línea que José Gómez, el equipo programático del derrotado candidato concertacionista en las últimas elecciones, Eduardo Frei Ruiz Tagle, un grupo de nombre Océanos Azules evacuó un documento donde evalúa el fracaso electoral y haciendo alarde de inventores de la rueda y oportunismo, afirma que la Concertación no contiene “legitimidad ni credibilidad (…) Creemos que debe reemplazarse la Concertación por una potente coalición de ciudadanos por la democracia, que sea amplia, abierta, capaz de convocar, que sea moderna e inclusiva” (¿un neo PPD grandote y remasterizado?). Luego de 20 años de agudización de la desigualdad social, de concentración capitalista, de privatizar hasta el borde costero, el agua, más de dos tercios del cobre, la educación, la salud, la previsión social y hasta hipotecar el mar, y ofrecer pesado garrote contra cualquier movimiento que se erigiera contra la desposesión a mansalva de los recursos naturales o contra los abusos laborales y la explotación humana en virtud de un aperturismo económico que ranquea en el planeta, la inteligencia de la Concertación y sus propios sostenes políticos proponen “volver a la gente”. ¿Por qué los que han sido también el problema junto a la derecha tradicional, ahora van a ser parte de la solución? ¿Electroshock? ¿Más medicamentos para el olvido colectivo? Los jefes de la Concertación siempre han sabido que el mando de Estados Unidos a través de la dictadura lo que cambio fundamentalmente –a tono con las nuevas relaciones de fuerza internacionales y las formas impuestas desde los 70’ por los Estados imperialistas y corporativos para sostener sus prebendas y utilidades- es el propio contenido del Estado chileno, reflejado jurídicamente en la Constitución de 1980. Ahora los gobiernos, o más bien, las administraciones distribuidas en dos componendas, indistintamente, tienen un margen de movimiento escuálido no sólo porque no existió voluntad política cuando fue el turno de la Concertación, sino porque el Estado perdió toda dinámica permeable de la democracia burguesa anterior al golpe de Estado de 1973. Hoy el Estado está regido estratégicamente por los intereses de las grandes corporaciones transnacionalizadas. Los gobiernos corresponden a “licitaciones” en cuanto a su administración de turno simplemente. Y la única manera de modificar la actual naturaleza del Estado es por medio de la construcción de una fuerza social y política que obligue a la minoría gran propietaria a detener su ofensiva antisocial. Otra discusión corresponde a las formas que adquiera esa fuerza social, como también otro asunto es combinar el desarrollo de un movimiento real de pueblo y asalariados en Chile con las relaciones de fuerza, al menos existentes en América Latina. Por eso la llamada “sociedad civil”, es decir las grandes mayorías, el pueblo trabajador, son las fuerzas destacadas para enfrentar las políticas estatales –independientemente de la Concertación o la derecha tradicional- y transformarlas de acuerdo a sus intereses históricos. Esa sociedad civil puede tomar los nombres de poder popular, pueblo organizado autónomamente del Estado, etc., pero lo cierto es que su movimiento debe estar determinado por la confrontación recurrente con el Estado, síntesis de los intereses de la clase minoritaria y hegemónica. Por eso las grandes corporaciones que gobiernan las relaciones sociales en el país para su provecho privado no necesitan más burocracia y oficialidad militar que la estatal. Y por eso, asimismo, la cuestión central es la relación de fuerzas y el poder. Sólo lograr poner en la discusión pública la renacionalización del cobre, provocaría temblores en el dominio de clase resumido en el Estado y comenzaría su cuestionamiento necesario y masivo hasta convertirse en un lugar común. Esto es, en una demanda de alto consenso y legitimidad. Si hoy las fuerzas alcanzan para, por ejemplo, evitar la completa privatización del cobre, allí hay que estar. Pero con la mira en la soberanía estratégica de la propiedad social de todas las materias primas y recursos naturales.
3. Al respecto, los desafíos para cambiar la vida en Chile y el Continente resultan portentosos. Incluso cuando no se trata ahora ni siquiera de socialismo, sino de una distribución más justa y equitativa del excedente que la propia sociedad produce con su trabajo. Hasta para modificar algunos aspectos del actual Código Laboral es preciso crear fuerzas poderosas, con expresiones políticas estables, insobornables, con tácticas flexibles y principios y estrategia irrenunciables. Lo mismo para detener el deterioro brutal de la naturaleza debido a la acumulación por despojo de las compañías multinacionales que hacen aquí lo que les está prohibido en los países desarrollados, como lo que ocurre en las industrias salmonera, forestal, energética y cuprífera.
Un paro general sería una demostración de fuerzas. Ahí hay que llegar como punto de arranque y condensación de fuerzas. Por algún lado los trabajadores y el pueblo deben saltar las barreras cortas de la demanda puramente económica –que así comienzan las cosas-, mientras se construye la alternativa política de esas mismas fuerzas sociales.
Tanto la derecha tradicional, como la Concertación son los concesionarios actuales del Estado. Y sus reyertas amplificadas por los medios de comunicación de masas son la máscara funcional que distrae al conjunto social respecto de hacia dónde crear y alinear las fuerzas en paulatina irrupción y formación. Esta historia la hacen las mujeres y los hombres concretos y contemporáneos. Entonces el fatalismo es sólo un momento de alienación, porque esos mismos hombres y mujeres pueden transformar el actual estado de cosas. Aunque parezca un incidente menor, el paro de Magallanes y su triunfo iluminan la noche de otras costas.
Enero 23 de 2011
