Opinion

La crisis del capitalismo y la izquierda

Emir Sader

Agencia Carta Maior/Insurrectasypunto

Con la nueva crisis del capitalismo, al estilo de la de 1929, las tesis del capitalismo de casino se confirman, el Estado norteamericano se contradice una vez más e interviene pesadamente, demostrando que su confianza en el mercado no era tan grande como su propaganda exhibía. El capitalismo muestra sus vísceras y las tesis de la izquierda critica – keynesiana o anticapitalista – al neoliberalismo parecen ser acertadas. Y los izquierdistas nos reímos al ver confirmadas nuestras tesis sobre el carácter antisocial y tal vez terminal del capitalismo, nos restregamos las manos ansiosos por las consecuencias sociales y políticas de la crisis.

¿Debemos hacer eso? ¿O tal vez debiésemos preguntarnos cuan preparados estamos para enfrentar esta nueva crisis con alternativas de izquierda? No solo debemos preguntarnos si podemos enfrentar la crisis con teorías sino con fuerza social, política, ideológica, como para en tiempos de crisis disputar la hegemonía. Deberíamos preguntarnos si las medidas que los gobiernos tomarán significarán más sufrimiento para los pueblos, más desesperación, abandono, desempleo, informalidad, sin que puedan ver que hay otras alternativas.

Si nos limitamos a actuar como intelectuales críticos al capitalismo, entonces, la crisis es para nosotros un gran banquete. Podemos regocijarnos y recrear todos los días y semanas nuevos textos que prevén – “como ya lo habíamos escrito” – el fin del capitalismo para dentro de poco tiempo.

Pero los augurios catastróficos se equivocan a menudo. En los años 30, la Internacional Comunista se adhirió a las tesis del Economista Emilio Vargas, que retomaba las tesis de Lenin para diagnosticar que la crisis de 1929 llevaba al capitalismo –finalmente- a su desaparición. Sin embargo, en cuanto el New Deal rescató al capitalismo de sí mismo, fue introducida la categoría “segunda fase de la etapa final del capitalismo”. En este momento ya debemos estar por la quinta o sexta fase.

Giovanni Arrighi recuerda cómo en los años 70 la discusión no era sobre el fin del capitalismo sino cuándo, dónde y cómo terminaría el capitalismo – tema que aparentemente fue asumido hasta por los mismos teóricos del capitalismo. No obstante, como el propio Lenin nos recuerda, el capitalismo no cae ni caerá si no es derribado – como demostraron los procesos revolucionarios que terminaron con el capitalismo, temporal o definitivamente. No solo no cae por sí mismo sino que hasta demuestra capacidad de recuperación. ¿Quien diría que a patria de Lenin, aquella de la primera revolución obrera-campesina de la historia de la humanidad, vería restaurado el capitalismo, en una versión mafiosa? ¿Quien diría que los Estados Unidos, “heridos de muerte” por la crisis de 1929, liderarían el mayor y mas profundo ciclo largo expansivo del capitalismo de su historia – su “era de oro”, según Hobsbawn – en la segunda post-guerra, presionando a la URSS y derrotándola tecnológica e económicamente antes de favorecer su implosión política?

No digo esto para ser caracterizado como diseminador de visiones apologéticas del capitalismo o para alentar el desánimo sino para cumplir la saludable afirmación de Brecht, de que “debemos tomar al enemigo por su lado mas fuerte”, para no equivocarnos sobre las condiciones reales de lucha contra él, para no subestimar sus fuerzas y, sobretodo, no sobrestimar nuestras fuerzas.

Ante cada crisis que la izquierda enfrenta riéndose y restregando las manos entra y sale más derrotada aún, porque se contenta con la contemplación de los últimos días de una Pompeya capitalista que insiste en sobrevivir, gracias a la falta de alternativas de izquierda – teóricas y políticas –. De esa misma izquierda que parece creer que, finalmente, un día, no muy lejano, los pueblos del mundo se convencerán de sus tesis apocalípticas, sin haberlas construido como fuerza económica, social, política e ideológica.

Por el momento, como decía Marx de la pequeña burguesía , parece que el pueblo todavía no está maduro para entender las tesis de una izquierda que se contenta consigo misma, con nuestras maravillosas tesis que nos dicen que a largo, medio o corto plazo, inevitablemente, la historia revelará que camina para el socialismo.

Poco habremos aprendido de los virajes – revolucionarios y contrarrevolucionarios – del siglo XX, si seguimos esperando ver pasar el cadáver de nuestro enemigo en lugar de preparar meticulosamente la realización de nuestros sueños y de nuestras utopías, como recomendaba el realismo revolucionario de Lenin.

 

Con los acuerdos de la cumbre de Santiago, América del Sur ingresa a una nueva etapa

por Ernesto Carmona (Argenpress)

martes, 16 de septiembre de 2008

Con el contundente acuerdo de solidaridad y apoyo incluso material al gobierno legítimo de Evo Morales, aprobado el lunes en Santiago por la unanimidad de los doce países miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), Bolivia obtuvo un respiro para enfrentar mejor la crisis separatista desatada por los cinco prefectos de la llamada Medialuna. Evo Morales exhibió ante sus colegas un video en que los líderes separatistas hablan de formar un nuevo país, “no importa cómo se llame” y hechos de violencia como agresiones racistas a mujeres pobres, palizas masivas a soldados, asesinatos de campesinos, terrorismo sicario sobre gente pobre desvalida, vandalismo, saqueo e incendios de empresas del Estado y ONGs de derechos humanos y otras manifestaciones del fascismo. La gran prensa local no ocultó su hostilidad hacia el encuentro de jefas y jefes de Estado y al día siguiente las portadas noticiosas privilegiaron la nueva recaída en la crisis del capitalismo mundial desatada esta vez por la estrepitosa quiebra de Lehman Brothers, relegando a un segundo plano la cumbre de UNASUR. Y algo similar ocurrió en otras capitales latinoamericanas. CNN le dio más importancia a la detención del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, llamado “el carnicero de Pando”, sindicado como autor intelectual de la matanza de 30 campesinos pobres de esa localidad… el 11 de septiembre de 2008. Para CNN fue una contradicción con los acuerdos de fomentar el diálogo, pero la reunión de Santiago también acordó investigar los crímenes para que no haya impunidad. Esta reunión, celebrada apenas a cuatro días de la masacre de Porvenir, marca una nueva etapa para América Latina. Ostensiblemente, la región se aleja cada vez un poco más del imperio. Estados Unidos y la OEA han sido los grandes perdedores. La anfitriona, Michelle Bachelet, salió fortalecida como Presidenta pro tempore de la organización y comenzó a proyectar un cierto liderazgo más consistente en la arena internacional. La reunión fue una prueba de fuego para la organización que nació en mayo 2008 en Brasilia, hace apenas cuatro meses, y que hasta ahora lucía como una entidad simbólica. Por primera vez los países latinoamericanos desafiaron la injerencia de EEUU, aunque sin mencionar al imperio en la declaración final. Trascendió que la omisión fue defendida por el brasilero Inazio Lula Da Silva, cuyo país es el principal consumidor del gas de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, tres de las cinco prefecturas gobernadas por un fascismo racista y virulento. La argentina Cristina Fernández, el venezolano Hugo Chávez y el ecuatoriano Rafael Correa, propusieron diferentes matices para aludir la injerencia de EEUU en la crisis boliviana en el texto final, pero el consenso acogió la postura de Lula, quien no fue aplaudido ni vitoreado por la multitud que saludó con banderas y pancartas el arribo de los mandatarios al Palacio de La Moneda por la Plaza de la Constitución. Nueve de doce presidentas (es) Participaron nueve presidentes. Por el orden alfabético de los países: Cristina Fernández, de Argentina; Evo Morales, de Bolivia; Luis Inazio Da Silva, de Brasil; Alvaro Uribe, de Colombia (que fue el primero en retirarse, dijeron que rumbo a EEUU); Michelle Bachelet, de Chile; Rafael Correa, de Ecuador; Fernando Lugo, de Paraguay; Tabaré Vásquez, de Uruguay; y Hugo Chávez de Venezuela. No asistió Allan García, del Perú. Su canciller José Antonio García Belaunde aseguró que la premura de la convocatoria no dio tiempo a la autorización del Congreso para el viaje. Suriname y Guyana estuvieron representados por embajadores. La reunión puso el primer sello a la partida de defunción de la OEA. Su secretario general, el chileno José Miguel Insulza, también participó en la cumbre pero esa vez con un protagonismo más bien bajo. Cuando aterrizó en Santiago alertó que la crisis de Bolivia podría devenir en irreversible, echando más carbón al fuego encendido por los medios de comunicación locales, quienes defienden al fascismo, presentan las demandas separatistas como “legítimas expresiones de la voluntad popular regional manifestada democráticamente” en los referendos ilegales auto-convocados y hacen de Bolivia un país fatalizado históricamente por el desorden político. La burguesía chilena no disimula su desprecio por el pueblo boliviano. Ningún partido político ni medio de comunicación chileno aceptaría, por ejemplo, que la región de Antofagasta, donde se concentra la mayor riqueza minera del país, auto convocara a un referendo “autonómico” para quedarse localmente con los ingresos del cobre y otros metales, que –por cierto– pertenecieron a Bolivia hasta que Chile se apoderó de esos territorios en una guerra librada en 1879. Sin embargo, la derecha, los diarios de Agustín Edwards y Alvaro Saieh, más ciertos “analistas” de televisión centraron la discusión en una pretendida legitimidad separatista que llaman “autonomía democrática” y, a la vez, trataron de evadir el problema de fondo, que es la amenaza de golpe inspirada y financiada por EEUU. Lideres de la derecha, los grandes diarios, ciertas radioemisoras, la televisión, es decir, la gran mayoría de los medios de Chile, se esforzaron en llamar la atención sobre pretendidos ángulos “periodísticamente novedosos”, como que “Morales llegó en un avión venezolano”, o que Chávez se adelantó a Bachelet al anunciar la reunión antes, o que el gobierno del Perú estaría “ofendido” porque Morales habló de “sicarios peruanos” como autores de crímenes, o las dudas de Lula sobre la utilidad del encuentro y otras cuestiones banalizadotas de la reunión de presidentes. No se supo que partido político chileno alguno defendiera ostensiblemente al gobierno de Bolivia, excepto el partido Radical, que sacó una declaración formal haciendo “un ferviente llamado a todas las fuerzas políticas para apoyar y respaldar al presidente Evo Morales y a la democracia boliviana. Al mismo tiempo, condena todo intento de subvertir o alterar el orden constitucional del vecino país a través del uso de la violencia y la violación de los derechos humanos”. Los acuerdos de Santiago Las jefas y jefes de Estado adoptaron nueve acuerdos substanciales. Textualmente: 1.- Expresan su más pleno y decidido respaldo al Gobierno Constitucional del presidente de la República de Bolivia Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el reciente Referéndum. 2.- Advierten que sus respectivos Gobiernos rechazan enérgicamente y no reconocerán cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que comprometan la integridad territorial de la República de Bolivia. 3.- Consecuente con lo anterior, y en consideración a la grave situación que afecta a la hermana República de Bolivia, condenan el ataque a instalaciones gubernamentales y a la fuerza pública por parte de grupos que buscan la desestabilización de la democracia boliviana, exigiendo la pronta devolución de esas instalaciones como condición para el inicio de un proceso de diálogo. 4.- A la vez, hacen un llamado a todos los actores políticos y sociales involucrados a que tomen las medidas necesarias para que cesen inmediatamente las acciones de violencia, intimidación y desacato a la institucionalidad democrática y al orden jurídico establecido. 5.- En este contexto, expresan su más firme condena a la masacre que se vivió en el Departamento de Pando y respaldan el llamado realizado por el Gobierno boliviano para que una Comisión de Unasur pueda constituirse en ese hermano país para realizar una investigación imparcial que permita esclarecer, a la brevedad, este lamentable suceso y formular recomendaciones de tal manera de garantizar que el mismo no quede en la impunidad. 6.- Instan a todos los miembros de la sociedad boliviana a preservar la unidad nacional y la integridad territorial de ese país, fundamentos básicos de todo Estado y a rechazar cualquier intento de socavar estos principios. 7.- Hacen un llamado al diálogo para establecer las condiciones que permitan superar la actual situación y concertar la búsqueda de una solución sustentable en el marco del pleno respeto al estado de derecho y al orden legal vigente. 8.- En ese sentido, los presidentes de Unasur acuerdan crear una Comisión abierta a todos sus miembros, coordinada por la Presidencia Pro-Tempore, para acompañar los trabajos de una mesa de diálogo conducida por el legítimo Gobierno de Bolivia. 9.- Crean una Comisión de apoyo y asistencia al Gobierno de Bolivia en función de sus requerimientos, incluyendo recursos humanos especializados. De regreso en Caracas, Chávez anunció que una subcomisión “logística” se ocupará de abastecer a Bolivia de combustibles y alimentos si se produce una escasez como la que hubo en Chile para derrocar a Salvador Allende o el desabastecimiento creado en Venezuela por la huelga patronal durante el golpe de 2002. Todos estos acuerdos se debatieron, simbólicamente, en el mismo palacio destruido por la aviación 35 años y 4 días antes, el 11 de septiembre de 1973. * Fuente: Argenpress

SOLIDARIDAD CON BOLIVIA

Rompamos el cerco de parcialidades, que los medios de comunicación de las oligarquías latinoamericanas y sus "analistas internacionales", han tendido en torno al los afanes golpistas de la derecha y boliviana y el gobierno norteamericano.

 

El 12 de septiembre pasado, grupos de paramilitares y sicarios bajo las órdenes del prefecto (gobernador) fascista de Pando Leopoldo Fernández, emboscaron a cientos de campesinos  pobres DESARMADOS,  leales al gobierno de Evo Morales y con maquinaria pesada les pasaron literalmente por encima, los acribillaron con ametralladoras y los persiguieron concretando una de las masacres más abominables de lo últimos tiempos en Bolivia. Hasta hoy se siguen buscando muertos.

 

La mayoría de medios chilenos y del resto de Latinoamérica, minimizan, ocultan o achacan la responsabilidad al "clima creado por el gobierno". Esos mismos tipos de medios en manos de los ricos, de los "los dueños de todo...", fueron los que asfaltaron el camino para el genocidio vivido en Chile a partir de del 11 de septiembre de 1973 e incitaron al golpe frustrado en Venezuela contra el gobierno bolivariano.

 

Basta de "vidas pájaras" e ignorancias convenientes, basta de ostentar nuestra vergonzosa vocación de cordero, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo...

 

Francisco Villa

(Trovador chileno

CHILE: UN PAÍS QUE INVOLUCIONA

Hemos querido poner voz a un silencio que ya se prolonga por más de una década. La presión de los grupos fácticos que han manejado el tema de los derechos humanos en Chile, ha discriminado nuestra opinión, por no corresponder nuestro perfil con el tradicional, el de los oficialismos u obsecuencias, que ha transformado el tema de los derechos del hombre en moneda de cambio o en argumento para empatar políticamente en nuestro país, desnaturalizando esta fundamental causa valórica que mueve a la sociedad mundial.

            Los derechos humanos en esta etapa, en que todo se globaliza, son el único medio para relacionar a la sociedad con la insensible estructura de poder del Estado, su incorporación al derecho interno de los países y al orden jurídico internacional marcan un proceso de progresiva expansión, se ha producido un incremento del catalogo de estos derechos, lo cual ha ocurrido con la consagración de nuevas generaciones. En una primera generación, la de los derechos civiles,  que limitó el poder de la autoridad; debemos agregar una segunda generación, la de los derechos políticos, que logra que las personas puedan participar en la génesis y ejercicio del poder. Por su parte, una tercera generación, la de los derechos sociales a la salud, al trabajo, a la educación, a la vivienda, a una seguridad social oportuna y justa, aspiran a que las sociedades participen en el poder y además las mandata a comprometer a los que ejercen este poder a crear condiciones materiales dignas de vida para todos.

            En nuestro pasado reciente, Chile violó bárbara y masivamente los derechos humanos, los de primera, segunda, y tercera generación, lo que generó en nuestra sociedad consecuencias traumáticas. Grandes masas de ciudadanos fueron violados en su dignidad como personas, al vulnerarles sus derechos como ciudadanos, como trabajadores como mujeres o como niños. Los catastros que se han construido, solo dan cuenta de un porcentaje menor de este daño colectivo, representan lo simbólico emotivo: la pérdida de la vida, el desaparecimiento forzado, la prisión política, la tortura, el exilio, la pérdida del trabajo y la consiguiente proscripción por las ideas que se tenían.

 

            Baste decir, que los planes de empleo mínimo consideraron a más de 660.000 personas, las cuales, por espacio de más de diez años vivieron en condiciones infrahumanas, sector social el cual hasta el día de hoy  no es catastrado ni indemnizado. O la participación de los salarios en el PIB, el cual, en 1972 era del 52.2 %,  participación que cae abruptamente en 1973 como consecuencia del golpe de Estado a un 37% sin que hasta el día de hoy hayan recuperado los trabajadores de Chile este margen de participación en la riqueza del país.

            Desde Nuremberg ,el mundo ha establecido un corpus juris cada vez más sólido. Los principios de ese juicio histórico, las convenciones contra el genocidio, el apartheid, la tortura, la imprescriptibilidad, además de los pactos sobre derechos humanos, los estatutos de los Tribunales para la ex Yugoslavia, Ruanda, Camboya, Sierra Leona, la Corte Internacional permanente, los proyectos de códigos de crímenes internacionales, las resoluciones de las comisiones regionales de derechos humanos y de las dos Cortes especializadas, y una gran cantidad de principios, reglas mínimas y declaraciones no pueden ser desconocidos por Chile a partir de esta dolorosa experiencia histórica.

            Este corpus juris a destruido los dos mayores soportes de la impunidad, como son las leyes de amnistías y el juzgamiento de las atrocidades por parte de Tribunales militares, en su base hay una génesis  profundamente democrática: han sido las sociedades civiles, especialmente las organizaciones de víctimas, las grandes impulsoras del proceso, muchas veces en oposición frontal a los poderes del Estado; por ser una conquista moral contra la inmoralidad; por la solidez con que el derecho internacional ha asumido la doctrina y ética de los derechos humanos como fundamento de todas las instituciones, desterrando a un segundo plano anacrónicas concepciones de la soberanía nacional y la razón de Estado para justificar lo que la Declaración Universal llama: “actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”.

            Este monumental esfuerzo que la sociedad mundial ha desplegado en los últimos sesenta años, tiene como objetivo primero: poner al ser humano como centro de todo proyecto o modelo de sociedad, los cuales en su concepción institucional están obligados a incorporar estos cuerpos legales que protegen los diferentes ámbitos de los derechos esenciales.

            Chile en este aspecto, ha sido una excepción dramática, pese a su experiencia histórica hace treinta años nos rige   una institucionalidad impuesta a la sociedad en 1980 por un régimen de facto así catalogado por el mundo entero, donde las garantías sociales e individuales estaban gravemente afectadas, donde los derechos esenciales de primera y segunda generación eran violados completamente. La constitución de 1980, que nos rige hasta hoy día, se funda en claros principios ideológicos neoliberales en opinión de afamados tratadistas como Pablo Ruiz Tagle, el cual, destaca al derecho de propiedad como uno de sus pilares fundamentales en oposición al derecho a la vida el cual, debiera ser la esencia de este cuerpo jurídico.

            Otro aspecto de fundamental importancia de esta institucionalidad es el rol que otorga al poder ejecutivo como generador de la iniciativa legislativa, facultad que convierte al Presidente de la Republica en un tirano constitucional, relegando la representación popular que tiene el parlamento a un papel secundario. Esta facultad será la que en definitiva hará recaer la responsabilidad en lo que ha sido la política de Derechos Humanos del Estado de Chile, única y exclusivamente en el primer mandatario desde 1990 en adelante.

            La política del Estado de Chile sobre los derechos fundamentales del hombre, en la etapa de transición por la cual transitamos aún, se caracteriza por dos aspectos: el legislativo que esta dirigido a la promulgación de algunas leyes que buscan insertar socialmente y reparar algunas de las más simbólicas violaciones a estos derechos y un rol por misión el cual ha desarrollado principalmente el ejecutivo y que ha hecho imposible cumplir el objetivo de verdad y justicia, desconociendo la obligación ética y moral que con respecto al tema, asumió con el país al inicio de la etapa. Además este rol desconoce la obligación que le asiste al ejecutivo con respecto a la Constitución y al Derecho Internacional.

            Queremos detenernos en un análisis del rol por omisión que le ha correspondido al Estado y donde la responsabilidad fundamental recae en los gobiernos que ha tenido el país en estos dieciocho años: la ley de amnistía, jamás fue un objetivo en términos de su derogación,  Boeninger en su libro “Democracia en Chile”, reconoce que Aylwin tomó la decisión de no hacer nada para derogar o anular este decreto ley, pese a que ello estaba comprometido en el programa de la Concertación, más aún, trató de legitimarla: el acuerdo marco de 1990; la ley Aylwin de 1993; el proyecto Frei de 1995; el acuerdo Figueroa Otero de 1995; el proyecto de ley de la Comisión DD.HH del Senado de 1998; el proyecto de ley presentado por Lagos el 2003; el proyecto de ley de los senadores de la Alianza y la Concertación del 2005, dan cuenta de este empeño aberrante que le ha correspondido al Estado en esta materia. Así mismo, no solo en casos de relevancia internacional como los de Prats y Leighton, donde nada hizo Chile en esos juicios internacionales, sino que también en los casos de Berrios y Soria y por cierto, la culminación de esta política cual fueron las gestiones que el gobierno de Frei hizo desesperadamente para librar a Pinochet de una condena segura en Europa, o cuando, el gobierno de Lagos realizó numerosas presiones públicas y privadas ante el juez Guzmán y los tribunales para que el ex dictador tampoco fuera condenado en nuestro país.

             Por último, la búsqueda de la impunidad se ha materializado en la llamada ley Valech, donde se prohíbe a los tribunales acceder a las denuncias por tortura testimoniadas ante la comisión del mismo nombre. Es tan aberrante este engendro que su perversidad legal parece ser superada solamente, en los anales republicanos chilenos, por el decreto ley de auto amnistía de 1978. Su mantención no solo provocará una impunidad generalizada respecto a la tortura ejercida en dictadura, sino que constituirá un oprobio permanente para nuestro país y sus instituciones.

            De esta forma, se consolida nuevamente en nuestro país la impunidad en sus cuatro caras: la política, la moral, la histórica y la jurídica. Gabriel Salazar, nuestro premio nacional de historia, asegura que este comportamiento responde a nuestra idiosincrasia, la que enaltece a los golpistas y glorifica a las figuras anti democráticas, y para demostrarlo nos trae de vuelta a Portales, O‘Higgins, Bulnes, Alessandri y Prieto, héroes que a su juicio fueron los gestores de los más grandes asesinatos políticos de la historia de Chile, además de Pinochet por supuesto.

            En el plano legislativo, la política de derechos humanos del Estado desde 1990, ha guardado fielmente este sello, el de la perversidad, mediaticamente los gobiernos en este periodo han hecho creer a la opinión pública nacional e internacional que el tema se encuentra resuelto,  la promulgación de leyes que pretenden la inserción social y la reparación a los efectos provocados por la muerte, el desaparecimiento, el exilio, la prisión política y tortura y la exoneración política no han sido mas que iniciativas insertas en una estrategia que busca prestigiar ilegítimamente a los gobiernos y contener el conflicto político con las Fuerzas Armadas y los grupos civiles que sustentaron a la dictadura, esto determinará el destino de la transición en materia de Derechos Humanos, a este efecto mediático debe sumarse el objetivo de obtener dividendos políticos que aseguren la sustentabilidad en el poder, estas leyes han sido instrumentalizadas para cometer un escandaloso intervencionismo electoral y cometer actos de corrupción incalificables.

            En los comienzos, de este periodo la Comisión Rettig, establece una verdad “posible” no total, con valor puramente político y sin valor judicial, uno de sus objetivos estratégicos es destruir la imagen de masividad de la represión llevando esta solamente a un debate sobre 4.500 victimas que son las catastradas en dicho informe, con esto, se logra acotar los ámbitos de la acción del proceso judicial, el cual, deberá remitirse a dirigir su acción a los autores materiales de los crímenes y no al alto mando militar y civil creadores intelectuales del plan de aniquilamiento. En el proceso de judicialización de los datos de este informe, las cifras son elocuentes, sobre la base de 1.464 desapariciones forzadas, solo se han abierto 480 causas de las cuales, solo 8 están terminadas, han sido identificados sólo 162 cadáveres y 96 se encuentran en proceso de identificación lo que indica, la falta de interés dado el tiempo transcurrido por parte de los gobiernos en el tema. La ley 10123 pretende reparar materialmente a las víctimas: madres, esposas, e hijos de los asesinados que da cuenta el informe, para este objeto, el Estado chileno ha gastado entre los años 1994 y 2006 la suma de M $102.200, suma que resulta irrisoria y confirma el desapego a la obligación que tiene el Estado con el derecho internacional.

            Una segunda iniciativa enmarcada en este objetivo estratégico, fue la de promulgar una ley para reinsertar a los miles de exiliados que produjo la dictadura, la aplicación de esta norma esta plagada de escándalos de corrupción, baste decir, que el funcionario jefe de la oficina del retorno fue encarcelado por las masivas irregularidades. Dos informes de la Comisión Investigadora que la Cámara de Diputados constituyó para investigar estos sucesos son elocuentes, el informe compromete a altas autoridades políticas y administrativas en el manejo de estos recursos que países extranjeros entregaron a Chile. Hoy en el país, los que retornaron del exilio fueron condenados a ser parias económicos en virtud de esta ley y sus escándalos, lo cual obviamente transgrede las obligaciones que impone el derecho internacional sobre la materia, el revuelo nacional que tuvo este escándalo motivó a la periodista Maura Brescia a escribir el libro “Manos Limpias” reportaje que muestra la dimensión de esta vergüenza pública que según ella estima llegó a los 400 millones de dólares.

            En 1993, fue promulgada la ley 19234, que pretende reparar los daños ocasionados por la pérdida de la fuente laboral debido a las ideas políticas del exonerado. En el país de acuerdo a cifras oficiales entre 1973 y 1990 perdieron su trabajo 330.000 personas aproximadamente por causas de responsabilidad del Estado. Dos hechos doblegaron la inconmovible negativa del gobierno de Aylwin para legislar sobre esta materia, el primero de ellos lo constituyó la condena de la Corte Suprema al Estado de Chile por la exoneración ilegal de 3.200 personas y el segundo de estos hechos, fue una huelga de hambre indefinida que duro sesenta días y que movilizó a todo el país, estas razones decidieron el envió del proyecto de ley al parlamento. El acuerdo entre exonerados politicos y gobierno puntualiza que el horizonte total de personas afectadas por exoneración fue de 56.000 en los 17 años de dictadura.

            Lo increíblemente paradójico de esta ley de reparación, es que los beneficios reparatorios son financiados en parte por la propia victima con su patrimonio previsional, esta situación califica a esta ley al menos como una mala norma, en catorce años de aplicación a mostrado su ineficiencia y su absoluto desapego a la formativa internacional, el 52% de los calificados tiene derecho a pensión, y estas en un 92% son mínimas. El Ministerio del Trabajo, a través del INP ha aplicado esta ley en forma arbitraria e ilegal distorsionando su rol reparador, han desacatado resoluciones de la Contraloría General de la Republica que trata  de volver al objetivo de la ley, constitucionalmente, se viola el principio de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, no se aplican fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre imprescriptibilidad, sobre actualización económica etcétera, etcétera.

            Igual que lo ocurrido con la ley del retorno antes analizada, esta ley de exoneración política ha sido objeto de una escandalosa instrumentalizacion, el intervencionismo electoral ha generado la calificación ilegal de 100.000 personas que contravienen totalmente el perfil que la propia ley define para ser calificado, esta irregularidad es producida por la facultad discrecional que la norma entrega al Presidente de la Republica, el cual, por esta razón es responsable de abuso y arbitrariedad lo cual ha permitido calificar un conjunto de personas tres veces superior al establecido por acuerdo en 1992. este abuso ha permitido movilizar a mas de 250.000 personas las cuales, exigen ser calificadas y al mismo tiempo constituyen un mercado cautivo para fines electorales, parlamentarios en ejercicio han sido elegidos a través de este abusivo procedimiento. Extrañamente, esta ley ha sido modificada demagógicamente en periodos preelectorales con un claro propósito cual es usar el proyecto modificatorio en cada oportunidad como anzuelo. Esta ley y su aplicación, deben ser producto de una profunda investigación por parte de la Contraloría General de la Republica y la Cámara de Diputados  para determinar las responsabilidades en la comisión de los delitos que se encuentran en sus procedimientos de aplicación, las arbitrariedades y también la ilegalidad con que se aplica.

            Extemporáneamente, trece años después de iniciado el proceso de transición, lo que claramente demuestra la voluntad contraria a abordar el tema de la prisión política y la tortura ocurrida en Chile, el gobierno de Lagos en forma oportunista y demagógica ya que se acercaba un periodo electoral y además, a las reiteradas prisiones de instituciones internacionales,  anuncia a través de una propuesta rimbombante el envío de este proyecto de ley que será conocida como ley Valech, la ley una vez promulgada forma parte del símbolo mas elocuente de lo que ha sido la estrategia de derechos humanos en 18 años. La ley transgrede absolutamente  a todo el derecho internacional sobre la materia, es un aberrante tratado sobre como construir impunidad a partir de los testimonios de las víctimas de prisión política y tortura, construye la ficción de que las víctimas son reparadas pero en la realidad, esta reparación es tan miserable que se transforma en una humillación y en un vejamen al transformarla además en incompatible con otro tipo de reparaciones violando el derecho nacional e internacional al discriminar arbitrariamente con otras leyes sobre la materia. Ninguna norma jurídica ni mucho menos la norma internacional sobre derechos humanos a las que Chile se encuentra sujeto, ni tampoco tribunal internacional ni jurisprudencia internacional alguna ha establecido estas disposiciones o resuelto jamás que si una persona fue afectada en algunos de sus derechos y reparada por aquello pierda su derecho a una nueva reparación por que se demuestre que fue victima de otra forma de abuso. Por el contrario, las obligaciones internacionales de Chile en materia de reparación a victimas de tortura son categóricas en exigir del Estado responsable que ella sea real y plena.

            Esta ley promulgada en forma tardía y cuya iniciativa no obedece al cumplimiento de deberes morales o de conciencia sino que, a mezquinos intereses que tienen que ver con las ansias de poder y la imagen falsa internacional que han construido a partir de mentiras, es un claro testimonio de lo que hemos querido probar en este ensayo; repugna, leer declaraciones de conspicuos funcionarios de gobierno sobre el tema de la tortura: Viera Gallo, en entrevista al Mercurio el 14.02.01 “Si se multiplicaran los procesos por torturas se produciría un atochamiento judicial imposible de sobrellevar porque los casos son miles abrir hoy día en Chile un debate judicial sobre la tortura es verdaderamente inconducente”.-

            Ya a comienzos de esta década diversas autoridades de gobierno y lideres politicos se pronunciaron claramente en contra de la justicia en casos de tortura, el entonces Ministro del Interior José Miguel Insulza declaró al diario La Nación el 15.02.01: “Me preocupa que en este país todo el mundo se ponga a denunciar, por que creo que sería negativo… ¿Queremos ir a buscar a cinco o veinte mil autores, todo el que golpeo a alguien tiene que ser llevado a los Tribunales de Justicia?”. Tales declaraciones de emblemáticos líderes de la coalición gobernante y además Ministros de Estado, demuestran un claro compromiso con la impunidad y además un desprecio a las personas que sufrieron este tipo de barbarie. Es vergonzoso para el país, que sujetos de este perfil moral estén decidiendo el futuro de la sociedad.

            La periodista Maria Olivia Monckeberg, en un libro que apareció el año pasado, investiga el tema de la educación superior, en este reportaje denuncia el vergonzoso uso que se ha dado al beneficio de educación superior que contiene esta ley llamada Valech por parte de las universidades privadas, entre las cuales se destaca la Universidad Uniacc cuyo consejo directivo esta conformado por ex miembros de gobiernos de la Concertación como: Mariana Aylwin,  Daniel Farkas, Jorge Schaulsohn, sobre el mismo escándalo también reporteó la revista El Periodista en su edición del 14.09.07, naturalmente la atención del periodismo sobre estos hechos marcan la importancia de estos ilícitos.

            Una última iniciativa legal de este escalabro que pretende resolver el tema de los derechos humanos y con el cual se ha engañado al país y al mundo es la llamada ley “PRAIS” cuyo objeto es dotar de un sistema de salud especial y gratuito a las personas afectadas por el trauma represivo en sus diferentes formas, acá como en  lo anterior al sujeto beneficiario se le humilla, es vejado al someterlo a constantes discriminaciones y arbitrariedades al tratarlo cual indigente sometiéndolo a interminables trámites y esperas. El sistema creado esta permanentemente colapsado por falta de recursos y por la malversación que en muchos casos ha afectado su financiamiento.

            Este oprobioso balance,  marca desgraciadamente una constante en nuestra historia, no podemos olvidar que las tres Constituciones que nos han regido han sido producto de golpes de Estado, han sido dictadas por tiranos cuyo propósito estuvo relacionado con intereses subalternos y nunca los superiores del país y su pueblo, tal como la política acá analizada, el tema no es posicionar culturalmente los derechos esenciales de la persona ni construir una estructura jurídica para defenderlos, muy por el contrario, el objetivo ha sido servirse de ellos, utilizar este valor permanente desarrollado por el mundo civilizado indignificándolo con leyes abyectas, lo que constituye un signo preocupante de un proceso de lumpenización de la política.

            Este divorcio entre la política oficial aquí analizada y la opinión que tiene el pueblo chileno de cómo debe ser tratado tan importante asunto, es recogido en el mes de Marzo último por una encuesta realizada por FLACSO Chile, organismo dependiente de la CEPAL-NU, en este estudio de opinión los encuestados demuestran una clara tendencia (44.9%), perciben a las instituciones armadas como responsables del proceso violatorio de derechos y una mayoría (44%), prefiere el camino de la justicia en materia de buscar responsabilidades, un 78%, piensa que la responsabilidad de estos hechos es de los altos mandos y un 92.5% le asigna al ejercito, la mayor cuota de responsabilidad en el abuso, al mismo tiempo, la opinión encuestada apoya los esfuerzos de reparación material y simbólica, el estudio abarca un horizonte de 809 casos de hombres y mujeres mayores de 18 años.

            Las verdaderas y legitimas victimas del terrorismo de Estado que vivió nuestro país, necesitan ser tratados con respeto, fueron arrastrados a esta situación por un profundo compromiso con las ideas y con un proyecto de sociedad que lo único que pretendía era dignificar a la persona. Deben ser reivindicados, separándolos de la vorágine de oportunismo y corrupción que atraviesan las políticas del Estado sobre el tema, no hacerlo, es repetir el trauma, en esta ocasión, el que se produce al estar mezclado con actos indignantes como lo que hemos denunciado en este informe.

           

            Los daños que estas personas sufrieron y que perduran hasta el día de hoy,  dicen relación  con lo más profundo del ser humano, el estudio clínico: “La Manifestación del Trauma en el Cuerpo”, de la egresada de psicología Muriel Celpa, es elocuente en cuantificar estos efectos, los cuales, hasta hoy día no son tratados en forma seria y científica.

            Hace ya un tiempo, fue acuñada la consigna del “nunca jamás”, la cual se lanzó desligada absolutamente del contexto de lo que ha sido nuestra historia, en nuestra vida independiente como país, veintitrés veces se ha masacrado al pueblo, sin que hayamos ejercido los resguardos institucionales, jurídicos y culturales para que ello no vuelva a ocurrir, tal cual están las cosas… ¿Quien nos asegura que la historia no se repita?   

 

 

              

           

 RAUL CELPA L.

 

COMISION NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EX PRESOS POLITICOS

SOCIALISTAS CHILENOS SOLIDARIZAN CON EL PRESIDENTE HUGO CHAVEZ Y SU GOBIERNO ANTE DENUNCIAS DE PLANES DE GOLPE Y MAGNICIDIO.

Como chilenos, socialistas y latinoamericanos, rechazamos y condenamos categóricamente  los graves planes golpistas y de magnicidio- que vienen de conocerse en ese hermano país-en contra del Presidente Hugo Chávez Frías y del gobierno socialista y progresista de la República Bolivariana de Venezuela.

 

 

Al cumplirse hoy, 11 de septiembre, un nuevo aniversario del cruento golpe militar que derrocó  a sangre y fuego al gobierno de la Unidad Popular, encabezado por nuestro Presidente Salvador Allende Gossens, no podemos dejar de constatar y de denunciar, que al igual que el gobierno de Allende en su época, el Presidente Hugo Chávez, su gobierno y la democracia Venezolana, han estado y continúan hoy bajo un permanente e incesante asedio y agresión del imperio norteamericano, encabezado por la administración de George W Bush.

 

La agresión interna y externa de la cual es objeto el Presidente Hugo Chávez, su gobierno y el pueblo venezolano, es la misma que buscó impedir hace 35 años atrás el proceso de transformación democrática, popular y socialista más profundo que haya conocido la historia de nuestra patria, encabezado por Salvador Allende y el pueblo chileno.

 

Ante estos intentos de magnicidio y de golpes antidemocráticos solidarizamos con el compañero Presidente Hugo Chávez, con su gobierno, con los militantes del PSUV y las fuerzas bolivarianas que luchan hoy en ese hermano país por construir la justicia social, la democracia y el socialismo.

 

En el mes de octubre próximo en el marco del proceso de integración de nuestra región expresado en UNASUR, el Presidente Hugo Chávez visitará nuestro país, en esa oportunidad los allendistas y los demócratas chilenos en general, aprovecharemos la oportunidad de expresarle nuestra activa solidaridad y amistad ante estas nuevas agresiones y amenazas, las que estamos seguros, serán nuevamente derrotadas.

 

Esteban Silva Cuadra                                                    

Miembro del Comité Central                                          

Partido Socialista de Chile 

______________________ 

Rafael Araya Masry

Presidente Regional America

Miembro del Comite Central

Partido socialista de Chile                                             

 

 

jueves, 11 de septiembre de 200811 de septiembre

El temple moral de Allende

por Hermes H. Benítez (Edmonton, Canadá)

jueves, 11 de septiembre de 2008

"Es preferible morir de pie que vivir de rodillas". Emiliano Zapata.  Han transcurrido 35 años desde aquel trágico 11 de septiembre en el que el Presidente Allende, luego de combatir por más de cuatro horas contra las abrumadoramente superiores fuerzas militares golpistas, cuando ya se le había terminado el parque, y no quedaba otra salida digna, enfrentó solo la muerte en el Salón Independencia de La Moneda, en los momentos en que su vetusto edificio era envuelto en las llamas y la humareda provocadas por la metralla, los cañonazos y el bombardeo aéreo.   Tomará aún muchos años más poder comprender en toda su magnitud los efectos y el significado moral, político e histórico de estos hechos, pero fuimos muchos los chilenos que aquella mañana, al escuchar el discurso final de Allende, y posteriormente el sumbido de los aviones y las explosiones de los rockets, comprendimos ahí mismo la grandeza y el valor de la conducta del Presidente.   No cabe duda que Allende tiene asegurado un lugar de honor en la historia de Chile y de las luchas libertarias de los pueblos del Tercer Mundo. Los valores por los que dio la vida, su sentido de la dignidad  y del honor serán apreciados, celebrados y emulados mientras haya en este mundo seres humanos amantes de la virtud, la consecuencia y la justicia.   Pero, ¿en qué consistió específicamente la grandeza de Allende? Como es manifiesto, a esta pregunta puede responderse de diversas maneras, según se haga referencia a sus diferentes facetas de hombre, de político y de estadista. Pero hay una especial cualidad suya que se proyecta en cada una de sus dimensiones: nos referimos a la profunda moralidad que caracterizó siempre cada una de las grandes decisiones de su vida política.   Como lo registra su biografía, Allende, que había nacido en el seno de una familia con una larga tradición de profesionales burgueses progresistas, se hizo socialista al tomar conciencia, durante su época de estudiante, de los sufrimientos, la explotación y las postergaciones de las clases trabajadoras chilenas y latinoamericanas. Esa decisión suya se basó en un repudio moral de la desigualdad y la injusticia, que se manifestó inicialmente en él bajo la forma de un compromiso ético contraído con su padre en 1932, ante cuyo lecho de muerte juró dedicar su vida a la lucha social.   Pero es evidente que ese rechazo de las injusticias de la sociedad era sólo la expresión parcial de una profunda disposición moral que abarcaba la totalidad de su identidad de hombre y de médico. Es esta disposición constitutiva suya lo que hizo que se inclinara ya en su juventud hacia el socialismo, y que se vinculara también tempranamente a una institución iniciática como la Masoneria, inspirada centralmente en los valores éticos, intelectuales y políticos de la Ilustración. Juan Gonzalo Rocha ha investigado con gran acuciosidad esta faceta de la vida de Allende, en su libro ALLENDE, Masón,(1) al tiempo que ha tratado de iluminar la relación que sus creencias masónicas guardaban con sus convicciones políticas marxistas.                     Si se examina la personalidad de Allende a la luz de su decisión final, se ponen de manifiesto a lo menos tres valores característicos: su dignidad de hombre, de líder de la izquierda y de Presidente, la consecuencia entre sus ideas y convicciones, y su valentía. Conjuntamente con estos tres valores personales se destacan en él tres actitudes morales hacia los demás: la compasión por el oprimido, la tolerancia hacia las ideas y creencias ajenas, y el respeto por la vida humana.   Fue su profunda dignidad personal, lo que lo hizo elegir la muerte antes que rendirse y someterse a sus enemigos, sentimiento que se potenciaba en él en una aguda conciencia de la dignidad que conllevaba su doble condición de líder de la Izquierda y Presidente de la República. Una persona es  consecuente cuando su conducta no hace sino confirmar sus creencias, palabras y promesas; Allende había dicho muchas veces, en discursos y conversaciones privadas, que sólo muerto podrían impedirle terminar su mandato, pero la coherencia entre estas palabras y su conducta el 11 de septiembre demandaba una valentía a toda prueba. Por eso, al declarar, refiriéndose a Ernesto Che Guevara, en la famosa entrevista que le hizo Regis Debray en 1971, (2) que no creía "que hubiera existido un hombre en la historia latinoamericana que hubiera demostrado tanta consecuencia en sus ideas, tanto coraje, tanto desinterés", Allende no pudo entonces sino caracterizarse a sí mismo.   De las tres referidas actitudes morales de Allende hacia los demás, la primera de ellas se manifiesta en su constante preocupación, como médico, como dirigente social y como parlamentario, por la salud, los derechos, y los intereses de las grandes mayorías postergadas. La segunda actitud moral, su sentido de la tolerancia, se expresó con gran claridad en su negativa a imponer por la fuerza su propia postura táctica a las fuerzas de la izquierda, polarizadas en un "empate catastrófico" entre ultras y moderados, como lo ha mostrado brillantemente Tomás Moulian.   En cuanto a la tercera actitud moral de Allende hacia los demás, su respeto por la vida humana, se revela en su aspiración a realizar en Chile una revolución sin sangre: pero cobra especial relieve tanto durante el Tancazo del 29 de junio como en el propio 11 de septiembre, en sus esfuerzos por proteger la vida y la integridad física de los partidarios de su gobierno, y de los trabajadores en general. Sin embargo, pocos hechos destacan mejor su profundo respeto por la vida humana que su constante vigilancia y preocupación por sus compañeros y compañeras, durante las horas más críticas de la heroica resistencia en La Moneda.   La actitud viril y digna del Presidente de no rendirse, ni entregarse vivo a sus enemigos, condenó en un mismo acto a la bancarrota moral a aquellos que se habían levantado en armas contra su gobierno. La superioridad moral de la conducta de Allende puso de manifiesto la bajeza de los motivos y la acción de sus enemigos, a los que deslegitimó para siempre, política y moralmente, ante la faz del mundo y de la historia.   ¿Qué ocurrió con los valores de la dignidad, la tolerancia y el respeto por la vida humana a consecuencia del Golpe? La violenta irrupción militar en la política chilena vendría a manifestarse en la forma de una completa reversión de los valores que el Presidente Allende había encarnado y defendido con su propia vida. La dignidad del hombre y del líder-Presidente sería reemplazada por la bestialidad ignorante del dictador dotado de poderes omnímodos. La tolerancia hacia las ideas y convicciones ajenas, se convirtió, bajo la dictadura, en la más brutal persecución y represión del pensamiento de Izquierda, y de cualquier forma de disidencia, de que se tenga memoria en el país.  Mientras que el respeto de Allende por la vida humana vino a encontrar su más completa negación en los asesinatos, la tortura y el desaparecimiento de miles de chilenos a lo largo de 17 años. Que cada cual saque de esto las conclusiones que sus luces y su código moral le permitan.    Notas:   1. Juan Gonzalo Rocha, ALLENDE, MASON. La visión de un profano, Santiago, Editorial Sudamericana, 2000.   2.  R. Debray, CONVERSACION CON ALLENDE, México, D.F., Editorial Siglo XXI, 1971.

Un libro imprescindible. Por:Danny Gonzalo Monsálvez Araneda

El martes 12 de agosto de 2008, tuve el privilegio personal y académico de presentar en la Universidad de Concepción al historiador chileno radicado en Bélgica, Doctor en historia por la Universidad Libre de Bruselas y académico del Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales (Bruselas), Jorge Magasich Airola, y su último trabajo intitulado “Los que dijeron No. Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973 ” .

A manera de presentación del trabajo de Magasich Airola, ¿qué podemos decir y comentar?. Desde el punto de vista formal (más allá de la introducción y conclusiones) en sus más de 800 páginas distribuidas en VII capítulos y en dos volúmenes editados por Lom Ediciones, hay un profundo e interesantísimo trabajo de fuentes y bibliografía, como la revisión de los procesos judiciales, prensa de la época y las entrevistas (historia oral) a los protagonistas directos (uniformados y civiles) de los hechos.

Pero además de aquello, el trabajo de Jorge Magasich, nos lleva a analizar e introducirnos en la historia más reciente de nuestro país. En ese contexto, durante muchos años, gran parte de la población, y en forma especial las nuevas generaciones se fueron formando bajo el alero de lo que algunos denominaron “la historia y memoria oficial de Chile de los últimos años”. Donde estos dos componentes, memoria e historia, convergían en un solo pensamiento, el de carácter oficial e institucional. Nos estamos refiriendo a lo que comenzó a (re) escribirse tras el Golpe de Estado de 1973.

La idea postgolpe de Estado fue buscar y elaborar un constructo histórico que tuviera como objetivo, demostrar a la ciudadanía y al mundo, las condiciones de anormalidad institucional en que nos encontrábamos, lo cual serviría entre otras cosas para dar un aura de legitimidad a la intervención de los militares. Así, podemos encontrar una serie de publicaciones, reportajes y noticias en la prensa de la época. Instituyéndose en la obra más gruesa que compiló todos los planes siniestros de la Unidad Popular el apócrifo “Libro Blanco del Cambio de Gobierno en Chile”. Texto que vino a constituirse como señala María Angélica Illanes en, “un texto caótico sobre la Unidad Popular sirve de base o constituye la narración misma del mito del caos que se ha construido respecto de dicha experiencia política social. La Unidad Popular como “caos” ha sido una de las claves ideológicas que han buscado ahondar el trauma de sus memorias y al que los discursos políticos autoritarios acuden reiteradamente” (Illanes, 2000, p. 180).

El Libro Blanco es sin duda el mayor esfuerzo publicitario-propagandístico desarrollado desde las esferas del poder en los meses posteriores al golpe. A este se sumaron con el tiempo algunas “memorias” de los protagonistas de lo que ellos denominaron “la gesta del 11 de septiembre de 1973”. (Véase, Pinochet, Merino, Carvajal, Huidobro, Huerta). Todas fuertemente marcadas por un halo de redención patriótica de las Fuerzas Armadas y del 11 de septiembre.

Lo que se concibió fue una campaña propagandista, que levantó una serie de mitos y leyendas en torno al gobierno de la Unidad Popular y a la figura de Salvador Allende. Así, nos encontramos por ejemplo con los más de 15 mil extranjeros, terroristas y guerrilleros en nuestro territorio, la creación de un Ejército o Fuerzas Armadas paralelas y la elaboración de un famoso y exterminador “Plan Z”, con la idea de llevar a cabo un autogolpe al mejor estilo comunista.

Sin embargo, “los porfiados hechos” fueron desmintiendo y desmitificando aquellas verdades absolutas que se habían maniobrado intencionadamente desde las esferas del poder en torno a la Unidad Popular. Ya no eran los 15 mil terroristas o guerrilleros que había en el país y el siniestro “Plan Z” no pasaba más allá de la compilación de una serie de documentos, apoyados por la buena imaginación de algún o algunos prohombres del período.

Es precisamente en este contexto histórico que situamos el profuso trabajo del historiador Jorge Magasich, al prospectar uno de los puntos controversiales de aquellos años denominado en su época como la subversión, sublevación o infiltración en la marinería. Acontecimiento acaecido los meses de junio, julio y agosto de 1973 en los puertos de Valparaíso y Talcahuano y que afectó en su mayoría a personal vinculado a la Armada.

Aquella situación significó que a estos hombres, les cayera un manto de estigmatización oprobiosa, por una parte, por ser cómplices de la infiltración marxista en las filas de la institución, y por otra, por planificar una subversión al interior de la Armada; situación que se mantuvo por largos años en la memoria colectiva de un sector importante de la población, no así en la de los protagonistas directos de aquellos hechos.

Estos marinos, a pesar de sus duras experiencias (torturas, flagelaciones, exilio) han logrado conservar en sus memorias aquellos episodios y desde un tiempo a esta parte han logrado fragmentar “la sentencia histórica” que en algún momento quiso teñir su accionar. Afortunadamente, sus testimonios, sus recuerdos, hoy nos permiten aproximarnos con mayores elementos de juicio al contexto histórico que confluyó en aquel hecho, y analizar con una diversidad mayor de fuentes las acciones que se desarrollaron y las consecuencias e implicancias que esto significó para los diferentes actores involucrados en dicho acontecimiento.

A lo señalado anteriormente podemos agregar lo siguiente. Avanzado el año 1973 era evidente el descontento de un importante número de uniformados con el gobierno de la Unidad Popular. En aquel ambiente algunos hombres de la Armada como José Toribio Merino, Patricio Carvajal, Sergio Huidobro e Ismael Huerta estaban convencidos que la única salida a la grave crisis institucional, provocada por la actuación irresponsable de los partidos de la Unidad Popular era una intervención militar. El descontento en la Armada y en forma especial de la mayoría del alto mando institucional, encabezado por el Almirante Merino con el gobierno de la Unidad Popular se venía generado desde el momento mismo del triunfo de Salvador Allende. Sin embargo, no todo el personal de la institución compartía y se cuadraba tras la opinión lapidaria de Merino, Carvajal y otros almirantes. Con motivo de la elección del 4 de septiembre de 1970 se había producido una notoria diferencia de opiniones ante dicha elección. Por una parte se encontraba la oficialidad proclive al candidato derechista Jorge Alessandrí y por otro lado la suboficialidad de tendencia centro-izquierda simpatizante de la candidatura de Salvador Allende y de Radomiro Tomic. Así se pudo constatar que cuando el candidato Alessandrí se iba imponiendo en los cómputos, se apreció a todos los oficiales contemplando los resultados, pero cuando la votación comenzó a revertirse a favor de Salvador Allende los televisores empiezan a apagarse, y los rostros comienzan a cambiar, apareciendo un seño más fruncido, en una clara muestra de descontento y enfado. Mientras tanto algunos jóvenes marinos exclamaban ¡Viva el compañero Allende!. En otras palabras la coyuntura 1970 había exteriorizado un evidente conflicto de clases entre la oficialidad y el personal de tropa (Vol. I, p. 279).

Después de un buen primer año de gobierno, con índices económicos muy alentadores y con un respaldo ciudadano mayoritario obtenido en las elecciones municipales de abril de 1971; el año 1972 aparecen los problemas, situación que llegó a su punto más crítico con el paro de camioneros en octubre de ese año. Por aquellos agitados días, un grupo de civiles, opositores al régimen estableció contactos con el Almirante José Toribio Merino con el propósito de plantearle la posibilidad ante la grave crisis que se estaba viviendo de una intervención militar; a lo cual Merino respondió que no era factible, principalmente porque a esas alturas no se contaba con ningún plan y programa a realizar de producirse el derrocamiento del gobierno. Sin embargo, producto de este acercamiento va a surgir la idea de estructurar un plan económico que posteriormente sería conocido como el “Ladrillo”; base económica del gobierno de Pinochet.

Algunos de los hombres que tuvieron participación en aquella medida fueron el ex capital de navío Roberto Kelly, su amigo el sociólogo Emilio Sanfuentes Vergara, vinculado al mundo empresarial, gremialista y cercano a algunos marinos y los economistas Sergio de Castro, Pablo Barahona y Álvaro Bardón. Paralelamente a aquellos movimientos, el ex dirigente nacionalista Roberto Thieme y su movimiento el Frente Nacionalista Patria y Libertad, iniciaron toda “una campaña de sabotaje para cortar suministros de energía, viaductos, puentes, para paralizar el país y crear las condiciones objetivas de un golpe de Estado…yo mismo hablé con un comandante que era la mano derecha del Almirante Merino que nos pide éste trabajo y lo hacemos en conjunto”

El mismo Thieme, agrega que él como dirigente del Frente de Operaciones de Patria y Libertad estaba a cargo de producir el sabotaje en la electricidad, caminos y combustibles, cortando flujos de cargas o mercancías a través de atentados contra ferrocarriles o puentes. Por ejemplo post Tanquetazo “fue contactado por la Marina, por dos comandantes que trabajan con el almirante José Toribio Merino. En una reunión en Vitacura me dijeron…queremos informarle que a partir del 25 de julio se va a producir un nuevo paro del transporte. Nosotros vamos a apoyar ese paro y queremos que usted, con su gente, nos den un apoyo logístico para paralizar el país…empezamos con la noche de las mangueras largas, que significó la falta de abastecimiento de casi todas las bombas de servicio. Después continuamos con los oleoductos ¿Alguien puede creer que nosotros sabíamos por donde venían los tubos desde Concepción a Santiago? ¡No, pues! Los marinos nos decían: en Curico, en el kilómetro tanto pasa el tubo…en definitiva Patria y Libertad puso la mano de obra y ellos la ingeniería y la logística” (El Mercurio, 2 de septiembre de 2003, p. C 4). En consecuencia, “…todas estas acciones eran dirigidas y organizadas por oficiales superiores de la Armada de Chile que estaban complotando contra Allende”.

Será -entonces- en la coyuntura noviembre de 1972, cuando las aguas al interior de la Armada comenzaron a agitarse de manera mas fuerte, tanto para aquello oficiales que exteriorizaban su rechazo a la Unidad Popular, como de aquel personal de tropa identificado con Allende, el gobierno y que ven ante si como se comienza a fraguar la intentona golpista (Vol. I, capítulo IV).

Así desde el año 1972 y en distintas unidades navales, la tropa percibe cómo la oficialidad prepara el golpe de Estado. Los marinos, en su mayoría allendista, responden organizando grupos antigolpistas en casi todas las unidades de la Armada. Resueltos a defender el gobierno de Allende y a resguardar la legalidad, esto grupos de marinos y operarios de Valparaíso y Talcahuano establecen contactos con los partidos de izquierda e informan de la conjura en marcha. A comienzos de 1973 organizan una reunión de coordinación para oponerse al golpe y, al mismo tiempo reflexionan sobre la democratización de la Marina. Esta reunión se efectúa en el restaurante “Los Pingüinos” y ahí surge el debate entre los “anticipacionistas” y los “reaccionistas”. Al respecto Magasich Airola nos dice “El encuentro toma la forma de una cena de camaradería entre marinos, de un “patache”. Van de civil y se organizan para llegar de uno a la vez. La fecha de la reunión no pudo ser establecida con precisión, pero se efectúa en los últimos días de febrero o los primeros de marzo de 1973.

Los recuerdos de los participantes son similares pero no idénticos. Es seguro que discuten sobre la cuestión esencial de cómo oponerse al golpe: reaccionando cuando se produzca o anticipándose para evitarlo. El debate se personifica entre Víctor López y Julio Gajardo por una parte, y Juan Cárdenas por la otra”. Mas adelante agrega, “La reunión de los Pingüinos será la única reunión ampliada de marinos antigolpistas donde se juntan buena parte de los grupos, aunque no todos; faltan algunos grupos de las escuelas de especialidades y de Asmar. Los grupos no se dan una estructura ni organización, simplemente ahora tienen conciencia de formar parte de un movimiento” (Vol. I, pp. 402 a 405).

En julio de 1973, los marinos comprenden que serán forzados a participar en el golpe. ¿Qué hacer? Los grupos de la Escuadra esbozan un plan de ocupación preventiva de los buques para sustraerlos al golpe. Luego un grupo de ellos organizan las célebres reuniones con el jefe del MAPU Oscar Guillermo Carretón y con los jefes del PS Carlos Altamirano y del MIR Miguel Enríquez (Vol. II, pp. 83 a 108). Entre julio y agosto los servicios de inteligencia naval detectan estas acciones y comienza una ola de detenciones tanto en Valparaíso como en Talcahuano, al mismo tiempo la apertura del proceso contra los marinos y los dirigentes políticos. Pese a las denuncias de tortura abrumadoras, los partidos de derecha las descalifican como “presuntas”, la Armada las niega y el gobierno de la Unidad Popular expresa su preocupación antes estos hechos.(Vol. II, capítulo VI)

Pero el movimiento de los marinos antigolpistas no se reduce sólo a aquello, a su accionar se agregan algunas demandas, por ejemplo: “La misma alimentación para todos (rancho único); Supresión del uniforme y de los saludos militares obligatorios fuera del trabajo; Absoluta libertad de lectura y regulación de los allanamientos a los cajones individuales; Participación de la tropa en la evaluación del personal; facilidades para proseguir estudios dentro o fuera de la marina; fin del maltrato y de los castigos absurdos; Derecho de asociación y de sindicalización; Derecho a voto, Fusión de la Escuela Naval y de la Escuela de Grumetes en una Escuela náutica, donde los mejores calificados accedan al mando (escalafón único) (Vol. II, p. 387).

Otro de los puntos significativos a los cuales el autor hace referencia es a la mentada “infiltración” de la izquierda en la marina; al respecto Magasich señala que “De las cuatro acepciones que la Real Academia da al termino “infiltrar”, las dos que se aproximan a nuestro tema son: “Infundir en el animo, ideas, nociones, doctrinas” e “introducirse en un partido, corporación, medio social, etc.,con el propósito de espionaje, propaganda o sabotaje”.

No se conoce ningún caso de alguien que haya ingresado a la Marina con tales objetivos. Los marinos antigolpistas se inscribieron en la Escuela de Grumetes, adolescentes, con la finalidad -menos espectacular- de adquirir una profesión y un empleo.

La idea fundamental de los marinos antigolpistas era que la Armada debía ceñirse a la Ley y hacerla respetar; una idea difícilmente asimilable a doctrinas foráneas inducidas por infiltrados. En un sentido estricto, fueron más bien los partidarios de “deponer” al gobierno los que debieron introducir en la Armada sus posturas golpistas” (Vol. II, p. 393).

Estos y otros episodios podemos encontrar en la obra de Jorge Magasich y tal como lo señala el autor en las primeras y últimas páginas del texto, su objetivo es “Hacer entrar el movimiento de los marinos antigolpistas en la Historia es el primer objetivo de este trabajo. Pese a ser un episodio fundamental del período, es poco conocido y no ha sido objeto de investigaciones de largo aliento, tal vez a causa de su posible impacto sobre la actualidad”. (Vol. I, p. 17)

“Así la gesta de los que dijeron “No” en 1973, arriesgando todo, motivados por una sociedad más social y democrática y por la sumisión de los militares a la Constitución y la Ley, podrá ser una referencia mayor para organizar instituciones armadas ciudadanas, que aparten definitivamente toda deriva golpista”. (Vol. II, p. 409)

- Danny Gonzalo Monsálvez Araneda es profesor de Historia y Geografía y Magíster en Historia por la Universidad de Concepción. Académico de Historia de Chile Contemporánea en el Departamento de Ciencias Históricas y Sociales, Universidad de Concepción.

Foto: EL historiador Jorge Magasich y la redactora de PF, Lucía Sepúlveda.

El otro Allende

por Pedro Vuskovic(*)

viernes, 05 de septiembre de 2008

Lo que tengamos que construir, ahora y para el futuro, no podrá sustentarse sino en la verdad. Las ventajas de su ocultamiento o falsificación podrán responder, a lo más, a una coyuntura transitoria; pero ni se sostienen ni pueden ser útiles más allá de su manipulación inmediata. Muchos de nosotros podríamos acumular testimonios sobre lo que, paradójicamente, ante tanta tergiversación, hubiera de defender como “el otro Allende”. El de profunda convicción revolucionaria; el de la decisión permanente de sostener el proceso de transformaciones, la reforma agraria, hasta erradicar el latifundio, la constitución del área social en la que se entregaban a los trabajadores las actividades económicas estratégicas que antes dominaban el imperialismo y la burguesía; el dirigente que siempre buscó no aislarse de las masas, y apelar a ellas; y también el que estuvo dispuesto a asumir responsabilidad personal por las consecuencia de errores y torpezas de otros. Y si tales testimonios no merecieran la confianza plena en su fidelidad, recordemos otros de quienes tuvieron oportunidad privilegiada de reunirlos sin que tengan el mismo grado de participación y compromiso personal en el proceso, en sus fases de ayer y de hoy. Como ocurre con Joan Garcés y los antecedentes de información que reúne en su libro Allende y la experiencia chilena.(1) Recurramos, pues, a ellos, para referirse al menos a dos de las cuestiones más decisivas y respecto de las que con mayor frecuencia se transfieren a Allende unas responsabilidades que tiene que ver muy directamente con el fracaso y la derrota. Se trata, en un caso, del entendimiento y la actitud [de Allende] frente a la institucionalidad heredada, su sostenimiento o transformación, su compatibilidad o incompatibilidad  con el proyecto socialista. A propósito de lo cual resulta ser más que suficiente comparar ese juicio de Altamirano que atribuye a Allende “la pretensión estéril de asirse ciegamente a las instituciones liberales”, con los siguientes hechos, en parte de conocimiento público, narrados por Garcés: “El 18 de abril de 1972, ante una concentración de más de medio millón de personas, Allende planteó por primera vez en público el agotamiento de una forma de estado […] El 5 de septiembre siguiente, en un acto público, Allende evocó ante el gobierno en pleno y varios miles de cuadros dirigentes de la UP la necesidad de reemplazar las instituciones del Estado y del régimen juridico-institucional. Pidió la organización de un amplio debate sobre el particular a nivel nacional […] Sólo el MAPU y la Izquierda Cristiana, los [Partidos] más pequeños, manifestaron por escrito que aprobaban la iniciativa y el contenido del proyecto de reemplazar las estructuras del Estado. El resto nunca se pronunció de modo explícito y categórico. No aprobaron el proyecto ni lo rechazaron. Tampoco lo reemplazaron por otro. Pero quedó ahogado dentro del comité político […] Allende, solo, continuó planteando en sus discursos lo esencial de esta iniciativa […] Todavía ocho meses después […] se refirió a la necesidad de plantear el cambio de las instituciones del Estado…” Y lo segundo, en relación a la disposición y a la previsión de defender el proceso, en la habilitación de las masas para la lucha y en la decisión para detener el desarrollo de la conspiración golpista dentro de las Fuerzas Armadas. Dice Garcés: “[…] la necesidad de preparar el movimiento obrero para disuadir o resistir una insurrección burguesa fue ya planteado durante las primeras semanas del gobierno. La contrapartida a nivel de masas de la política en relación con las Fuerzas Armadas fue objeto de varias iniciativas del Presidente Allende a partir de febrero de 1971; no sólo privadas, como su intervención en el pleno del Comité Central del PC de junio de ese año, a puerta cerrada, sino también públicas. El 29 de febrero de ese mismo año, en Punta Arenas […] Allende proclamó la necesidad de organizar a las masas populares para dotar a la política militar de disuasión de la UP de una base social propia. […] los planteamientos centrales que informaban el discurso del Presidente Allende del 29 de febrero de 1971 […] fueron llevados de modo distinto a la mesa de discusiones con al dirección de los partidos obreros. Pero no fueron compartidos. Quedó así abierto un flanco en la capacidad de defensa y de maniobra del movimiento popular que se demostró decisivo […] Aun el 5 de junio de 1973, entre las recomendaciones de Allende al comité político de la UP se puede leer: 1. Frente de masas: organización popular para resistir el enfrentamiento a partir de tres-cuatro meses […] tampoco se hizo después del 29 de junio, cuando los blindados rodearon y dispararon por primera vez contra el palacio de La Moneda […] Ese día, el 29 de junio, debemos poner énfasis en el hecho de que la UP no pudo aprovechar su éxito circunstancial y atacar las bases mismas de la insurrección y desarmar a sus adversarios. Apenas dos meses después, Allende se lamentaba de no haberse encontrado el 29 de junio en La Moneda y haber obligado a disparar sobre la unidad insurrecta […] […] cuando se llega a la segunda mitad de agosto de 1973, un amplio sector de la UP todavía no percibe hasta qué punto es inminente la insurrección armada de la burguesía […] De ahí que el Secretario General del PC, Luis Corvalán, se pronuncie desfavorablemente el 21 y el 23 de agosto cuando Allende le comunica su intención de llamar a retiro esa misma semana a los seis generales del Ejército que se sabía estaban encabezando la insurrección: Bonilla, Ñuño, Baeza, Arellano, Javier Palacios y Torres de la Cruz. Mientras Corvalán es partidario de que no se lleve a efecto tal medida, por temor a la reacción que pudiera provocar dentro de las Fuerzas Armadas, Allende cree que o se impone el Gobierno o lo derroca un golpe militar […]”(2). Innecesario decir más. “Vendrán otros hombres…”   O tal vez unas líneas adicionales, para que la reconstrucción histórica, cuando se la emprenda de veras, no olvide dar cuenta de esa relación dramática que va a conformarse entre Allende y la dirección político-partidaria; y que el análisis político busque explicarla. Recojamos también sobre ello dos testimonios registrados en el libro de Garcés, referidos a dos momentos particularmente críticos. El primero, la víspera de la tragedia, cuando nadie desconocía la inminencia del golpe y todos reclamaban una decisiones angustiosamente impostergables: “Allende convoca al comité político de la UP para que escuche el informe del Ministro de Defensa sobre la situación militar. La reunión tiene lugar el miércoles 5 [de septiembre de 1973] y en ella le Presidente expone la urgencia de una opción […] si los partidos no se ponen de acuerdo […] el presidente solicita que durante un período máximo de tres meses acepten que él tome decisiones, según su discreción, sobre la opciones fundamentales, pues el gobierno no puede permanecer semiparalizado en medio de la insurrección. La respuesta de los partidos políticos debía serle entregada, por escrito, el día siguiente, jueves 6 […] No se pone de acuerdo. Transcurre el día 6 y la contestación no llega a Allende. Pasa el día 7 y tampoco […] la noche del sábado 8 Adonis Sepúlveda ha redactado la carta-respuesta del comité político al Presidente de la República. Allende […] comprobará una vez más cómo, en el momento de la decisión principal, las divergencias estratégicas y tácticas tiene paralizada a la dirección del movimiento popular. La comunicación fijaba la posición del órgano resolutivo común de los partidos políticos sobre sus proposiciones: acuerdo con la DC, rechazado; formación de un gobierno de seguridad y defensa nacional, rechazado; voto de confianza al Presidente para que adopte temporalmente decisiones inaplazables, rechazado. Recomendaciones propias del comité político en sustitución de las anteriores; ninguna”. Y el segundo [testimonio de Joan Garcés], referido a las horas mismas de la tragedia desatada la mañana del 11 de septiembre de 1973, con la inevitable comparación angustiosa que sugiere:           “En los mismos momentos en que Allende y su equipo personal resolvían rechazar la oferta de rendición y continuar resistiendo, otra reunión tenía lugar en la industria SUMAR. La del comité político de la Unidad Popular. Tras media hora de deliberaciones, los dirigentes de los partidos llegaban a una conclusión: no ofrecer resistencia […]”(3) Acaso haya que recorrer toda la historia del proceso, cada uno de sus capítulos, hasta ese desenlace, para comprender debidamente el sentido profundo de las últimas palabras de Allende. Porque releídas una y otra vez, repetidas hasta memorizarlas, sintiendo en ellas la expresión de una larga reflexión, reconociendo todo lo que tuvieron  de generosidad, fuera toda duda sobre la honestidad absoluta con que las pronuncia un hombre que tiene la certeza de su muerte inminente, deja como claves enigmáticas de su testamento político dos interrogantes que no siempre se las advierte, acaso por la misma emoción con que se las lee.    La pregunta de por qué, en tales circunstancias, el hombre, el dirigente que las pronuncia, no olvida referirse a los trabajadores, a la modesta mujer, a la campesina, a la obrera, a la madre, a los profesionales, al obrero, al campesino, al intelectual; pero al mismo tiempo, no las refiere en momento alguno a sus compañeros de dirección política, ni los convoca a ocupar el papel de dirección que deja. ¡Ni una palabra [sobre ellos], en ese mensaje final! Y la pregunta de por qué, cuando anuncia en su comunicación esperanzadora la apertura de las grandes alamedas del futuro, y expresa su seguridad de que el momento gris y amargo será superado, siente la necesidad de decir sobre quiénes se harán cargo de esa  superación: Vendrán otros hombres…           Notas: (*) Pedro Vuskovic Bravo (1924-1993), Ministro de Economía de Allende (1970-1972) y autor de la plataforma económica del gobierno de la Unidad Popular. El presente texto, transcrito por H.H.B, ha sido tomado del libro: Una sola lucha, México D.F., Editorial Nuestro Tiempo, 1978, págs. 74 a la 80.  (1) Joan E. Garcés, Allende y la experiencia Chilena, las armas de la política. Santiago, Ediciones BAT, Segunda edición, 1990.                           (2) Joan E. Garcés, Op. Cit., págs. 249-250; 280-281 (3) Joan E. Garcés, Op. Cit., págs. 332-333; 338; 397.