La muerte de Matías Catrileo prueba que el conflicto entre indígenas y terratenientes está lejos de terminar. Encapuchados incendian camiones, predios y cortan carreteras, a la par de los allanamientos policiales sin orden judicial. Ninguno de los dos bandos parece tener ganas de conversar.
La táctica de los mapuches no es muy distinta a la que enseñó Lautaro hace más de 450 años, al principio de la Conquista. Básicamente, emboscar, quemar y huir. Sin dejar muertos ni heridos en riesgo vital. Distintos grupos de encapuchados han protagonizado atentados incendiarios desde el jueves, horas después de que fuera entregado el cuerpo de Matías Catrileo, el estudiante asesinado de un balazo disparado por un cabo de Carabineros.
Paralelamente a los rastreos que realizó un contingente de 30 detectives por el fundo Santa Margarita, donde ocurrieron los hechos, la madrugada del viernes hubo una serie de allanamientos en la comunidad Llupeico-Vilcún, donde vivía el joven muerto. En este sector, al suroeste de Temuco, se realizaron sus funerales en medio de un piquete de uniformados especialmente dispuestos para la ocasión. La ceremonia se hizo en un ambiente de violencia que ha marcado la zona en los últimos días. Tomas de ruta, incendios forestales y un piloto herido cuando se aprestaba a combatirlos con un avión cisterna. Las llamas alcanzaron territorios de las forestales Mininco (de la familia Matte), Arauco (ligada al grupo Angelini) y Cautín (de la familia Von Appen). También cuatro rutas entre la VIII y IX regiones fueron bloqueadas durante la madrugada. "El pueblo mapuche se está armando en la lucha para defender nuestro territorio contra este Estado represivo. Esto va a seguir y así como estamos no hay nada pacífico", dijo con fuerza el lonko Víctor Marilao, jefe de la comunidad Juan Quintramil, ubicada en Padre Las Casas, demostrando que el conflicto puede ampliarse a niveles sin precedentes.
CRIMINALES NATIVOS
Minutos antes de dejar su cargo, en el marco de la petición de renuncia realizado por la Presidenta Bachelet, el intendente de la Región de la Araucanía, Óscar Eltit, negó que hubiera una "guerrilla rural" en la zona. Aunque si de eso se tratara, el único bando que podría contar bajas sería el de los mapuches. En noviembre de 2004 murió de un balazo durante un incidente con Carabineros el joven Alex Lemún. Desde Santiago es difícil ver los matices que puede tener este conflicto cuya escalada actual comenzó en los últimos días de diciembre, cuando ocurrieron tres atentados contra camiones forestales. Es más fácil identificar los bandos en pugna. Por un lado están los mapuches, apoyados por distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) y el monitoreo permanente de instituciones internacionales como la ONU y Amnistía Internacional, que describen en sus capítulos dedicados a Chile una "criminalización" de este conflicto y serios retrasos por parte del Estado chileno para solucionar hechos contrarios al derecho internacional. Por otro están los aparatos judiciales y de seguridad, que se limitan a cumplir la ley. En el medio no existe diálogo.
José Aylwin Oyarzún, hijo del ex Presidente y director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, es uno de ellos: "Esta política de criminalización se manifiesta a través de un fuerte control policial en una presencia masiva de efectivos en la zona. El ex general de zona, Augusto Carmona, nos dijo que un quinto del contingente de la región está inmovilizado en las comunas cumpliendo resoluciones de protección judicial a predios particulares, y esos efectivos se dedican en la práctica a amedrentar a quienes viven en las comunidades", dice.
Hay lugares, como los fundos de la Forestal Mininco y los terrenos de los empresarios agrícolas Jorge Luchsinger y René Urban, que cuentan con una dotación aproximada de 30 carabineros cada uno. En el fundo Santa Margarita, de propiedad de Luchsinger, cercano adonde murió Matías Catrileo, ha habido 22 atentados en cuatro años. La noche del jueves, un grupo de encapuchados intentó quemar una siembra de avena en el fundo La Romana, de Urban.
NO A LOS PRESOS POLÍTICOS
Para Roberto Muñoz Barra (PPD), senador por la Araucanía, que Carabineros proteja los predios en peligro es la única forma de resguardar a los agricultores más afectados, y la tesis de la "militarización" en la zona es de "falsedad absoluta; el contingente en la zona de Malleco es mínimo. Las comisarías de Traiguén, Collipulli y Victoria tienen escuálidas dotaciones. Hay algunos grupos móviles que se constituyen con carabineros de la Comisaría de Angol y siempre llegan cuando ya está todo quemado", dice. El parlamentario critica la institucionalidad que se creó para solucionar este conflicto, básicamente la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), dedicada en parte a regularizar la propiedad y entregar tierras a los nativos. "Les compran campos muy hermosos, pero no les dan plata para comprar maquinaria o capacitación. El Gobierno actúa todavía con un criterio de subsidiariedad y no ha demostrado un interés sincero en mantener el diálogo", apunta.
La tensión en la zona mapuche es más antigua que la República, pero es a fines de los setenta cuando se forma la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) como un grupo autonomista. A fines de los ochenta, empiezan a surgir serios frentes de conflicto, a partir de la construcción de centrales hidroeléctricas, carreteras privadas y la explotación forestal en grandes extensiones de territorio, sin considerar a las comunidades indígenas establecidas en la zona. A principios de esta década comienza a aplicarse la Ley Antiterrorista, y los activistas indígenas sufren los golpes más duros contra sus dirigentes, que son condenados a largos períodos de prisión en juicios con testigos "sin rostro" y donde la aplicación de la ley sigue siendo cuestionada. La mayoría de los mapuches encarcelados han sido catalogados como "presos políticos".
Al Gobierno le incomoda que los reos mapuches juzgados con una ley muy parecida a la que usó Pinochet para los grupos armados que lo combatieron tengan, al menos para la comunidad internacional, el status de "presos políticos". En mayo del año pasado, la Presidenta Bachelet se cruzó en Suiza con manifestantes que le pidieron la liberación de los indígenas implicados en incendios. La Presidenta debió aclarar que "en Chile no tenemos presos políticos" y los mapuches detenidos son culpables de "delitos comunes". Pero la reacción internacional ha sido el único modo de acelerar un proceso de solución que tuvo intentos serios durante el Gobierno de Eduardo Frei, que creó la Conadi, y Ricardo Lagos, cuando se conformó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. En el actual Gobierno se efectuaron diálogos comunales para redefinir la política indígena.
SALUDOS A LA BANDERA
Pero los esfuerzos han sido en vano. Según Juan Guzmán, ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, "mucho de lo que se ha hecho es un saludo a la bandera. Los mapuches están cansados de más de cien años de saludos a la bandera. Ellos esperaban que durante los gobiernos de la Concertación hubiera avances, que no ha habido. Debe iniciarse un diálogo que reemplace a la política policial existente. Ésta sólo llama a la violencia", dice.
En la última Asamblea General de las Naciones Unidas, Chile votó a favor de una declaración sobre derechos de pueblos indígenas que implica la "restitución de las tierras o recursos ancestrales usurpados sin su consentimiento; de no hacer esto, otorgar una compensación". Este compromiso debería orientar la política indígena en lo que queda de este Gobierno. Ya en dos ocasiones la ONU ha manifestado sus reparos a la situación de violaciones de los derechos humanos en la zona, principalmente, frente al hostigamiento contra niños y ancianos mapuches. El último informe se conoció en mayo del año pasado.
Por ahora, el vocero Francisco Vidal ya aclaró la posición de La Moneda respecto del conflicto: "Si frente a esos incidentes, las policías no actuaran, la crítica sería porque no se actúa, pero cuando se actúa, la crítica es porque se hace. Se escucha a todo el mundo, pero el Gobierno no puede quedar inmóvil si un grupo, grande o pequeño, su forma de hacerse escuchar es quemando micros, haciendo barricadas o tirando peñascazos. No se puede, porque el que lo hace de esa manera no quiere ser escuchado".
La CAM, por su lado, se mantiene en estado de cautela respecto de lo que vendrá luego de la muerte de Matías Catrileo. "La comunidad mapuche solidariza activamente con nuestro pueblo, porque la muerte de Matías es un hecho muy desgraciado para nosotros", dijo el vocero de la organización, Óscar Ancatripai. Está por verse quién dará el próximo golpe, porque la guerra no ha terminado. LND
Jorge Luchsinger, en pie de guerra | |
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