Propuesta para cambiar el sistema
Por Ruben Andino Maldonado (Punto Final )
Los estudiantes secundarios están invitando a la sociedad a sumarse a su movimiento y afirman que los problemas que afronta la educación son los mismos de la salud, vivienda, bajos salarios y mala calidad de vida en general. El fallido diálogo entre el gobierno y el movimiento por la educación está creando una situación de inestabilidad social y política, que deriva de la ineptitud del Ejecutivo para responder a las demandas formuladas por los actores sociales del sector y su incapacidad para ceder ante la voluntad de la inmensa mayoría de la población.
El ministro de Educación, Felipe Bulnes, se presentó a la mesa de diálogo con el argumento de que la gratuidad hará que los pobres financien la educación de los ricos. Pero no llevó respuestas concretas a las demandas planteadas en estos meses por el movimiento, en orden a terminar con el lucro en la enseñanza básica, media y superior. Luego de fracasar la segunda reunión de la mesa, el ministro Secretario General de Gobierno, Andrés Chadwick, motejó a los estudiantes de “ultras” y dijo que la Confech está controlada por “los más duros entre los duros”. Sin embargo, parece que los universitarios no son los más radicales en su relación con el gobierno, porque los primeros en abandonar el diálogo fueron los jóvenes agrupados en la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) y en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces).
Aunque el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, piense que constituyen “una manga de inútiles subversivos”, los estudiantes tienen sólidos fundamentos y una organización bien montada para sustentar su planteamiento de una educación pública gratuita y de calidad en Chile.
La ACES agrupa a estudiantes de todo el país y funciona a través de asambleas autónomas por colegios, provincias y regiones. Sus voceros no tienen atribuciones para tomar decisiones sin consutar. Para lograr acuerdos deben poner en consideración todas las propuestas a sus respectivas asambleas de base. El proceso de deliberación en todo el país demora cerca de una semana, y en la toma de decisiones utilizan también las nuevas tecnologías de la información, como conferencias vía telefonía (IP).
Propuesta de la ACES
La ACES ha formulado una propuesta que fue preparada de manera rigurosa durante más de dos meses. Tiene más de cuarenta páginas y está sustentada en el financiamiento de la educación bajo aportes basados en aula y no por subvención. Contiene un conjunto de demandas de corto, mediano y largo plazo, que tienen como base los cuatro ejes centrales compartidos por el movimiento estudiantil secundario: la reconstrucción de colegios, la educación gratuita y estatal, pase escolar válido los 365 días del año y énfasis en la educación técnica-profesional.
Alfredo Vielma Vidal, vocero de la organización conversó con Punto Final sobre esta propuesta, que tiene como eje el deber del Estado de proporcionar a los jóvenes un sistema educativo gratuito y financiado por el fisco, que termine en el mediano plazo con personas o empresas que se lucran con fondos que el sector público les asigna para colaborar en el proceso de enseñanza.
Lejos de sostener una posición intransigente, los estudiantes entienden que el cambio de sistema no puede realizarse de manera automática. En lo inmediato, proponen dos metas fundamentales: poner fin al lucro en todo el sistema educativo y lograr que el sector público, con apoyo de la comunidad, ejerza mayor control sobre los establecimientos particulares subvencionados o de educación superior que reciben fondos del Estado.
Organizados desde la base
El vocero de la ACES dice que el presidente Sebastián Piñera no ha mostrado disposición real para llegar a un acuerdo y que su ministro de Educación mantiene incólume su ya gastada propuesta, centrada en poner algo de plata en la mesa para aumentar créditos y becas, pero sin tocar el lucro. “Necesitamos desarrollar una presión grande que obligue al gobierno a ceder”, afirma Vielma y recuerda que el Estado gasta el 10% de los recursos del cobre en armas. “Nos preguntamos, ¿por qué no los puede destinar a educación? Esta no es la única fórmula que proponen los estudiantes para allegar recursos, ya que también existe la posibilidad de una reforma tributaria que grave a los más ricos, o aumentar el royalty minero a las multinacionales”.
Alfredo Vielma agrega que “la sociedad ha comenzado a comprender que los problemas de la educación son los mismos de la vivienda, la salud, la precariedad de los salarios y las malas condiciones de vida de la población”. Por esta razón los estudiantes agrupados en la ACES priorizan una salida social y sistémica al conflicto, en que los estudiantes y otros actores sociales participen organizados en asambleas territoriales de base, constituidas en conjunto con sindicatos, juntas de vecinos o centros de madres.
El vocero estudiantil rebate de manera frontal el argumento del ministro Bulnes de que los sectores más pudientes deben pagar por la educación. “El sistema debe ser gratuito en todos sus niveles; desde la educación de párvulos hasta la superior, porque la educación constituye a la vez un derecho social y un bien público”.
Participación y control social
La propuesta de la ACES señala que el carácter caótico, desarticulado y competitivo de la lógica mercantil aplicada a la educación impide desarrollar sinergias de colaboración, como las que podrían establecerse entre las universidades regionales y las escuelas y liceos de las diversas comunas de Chile. Los estudiantes proponen un estrecho control social de los recursos que el sector público destina a educación, mediante un modelo descentralizado, participativo y comunitario; gestionado por órganos del Estado en los que la comunidad se involucre de manera activa en las decisiones que le incumben.
Según este modelo, la comunidad debe ejercer control sobre la gestión de los colegios mediante consejos escolares y territoriales de la educación, que intervengan en la definición de los contenidos curriculares asesorados por pedagogos, psicólogos, docentes para talleres, asistentes sociales y otros especialistas. También proponen reformular, en conjunto con la comunidad escolar, los reglamentos internos y los manuales de convivencia de cada establecimiento.
Un aspecto relevante de la propuesta de la ACES es el énfasis que pone en la articulación que debe existir entre la educación técnica-profesional y la educación superior técnica y universitaria. En este aspecto, los estudiantes formulan una severa crítica a los actuales centros de formación técnica e institutos profesionales, casi íntegramente en manos privadas, proponiendo la creación de CFT e IP estatales y gratuitos. Recuerdan que Inacap era una institución estatal de formación técnica que fue entregada durante la dictadura a la Confederación de la Producción y el Comercio.
Los jóvenes ven la educación técnica del país vinculada con un “nuevo proyecto de desarrollo económico y productivo”. En el mismo sentido, proponen prácticas laborales pagadas en equivalencia con las horas trabajadas por los estudiantes, también reivindican el derecho de los practicantes a sindicarse. Aunque la propuesta estudiantil enfatiza los aspectos técnicos-profesionales de la enseñanza, también pone en tela de juicio la educación concebida como bien de consumo y factor de inversión productiva, que concibe a los estudiantes como “capital humano” y mano de obra barata.
“Necesitamos saber de la historia de Chile y aprender a conocer del mundo actual. No es suficiente que el gobierno aumente los recursos presupuestarios. Estamos demandando un nuevo modelo de educación en el que conozcamos más filosofía e historia”, señalan. En esta misma línea, la ACES plantea reformular la Jornada Escolar Completa (JEC) y propone incorporar en la extensión horaria de los liceos, talleres de educación cívica o comunitaria, que permitan el desarrollo integral de los estudiantes como ciudadanos conscientes y responsables.
El objetivo es cambiar el sistema
Alfredo Vielma afirma que la unidad del movimiento por la educación es fundamental para llegar a resultados efectivos y cambiar este sistema. Aunque reconoce algunas diferencias dentro del movimiento, ve a todos los participantes unidos en torno a los objetivos fundamentales y con una creciente coordinación con otros sectores sociales excluidos.
Dice que el gobierno “trata de criminalizar a los estudiantes, usando como pretexto el proyecto de ley anti-tomas, que es una medida desesperada para hacernos negociar con la pistola en la cabeza. Su conducta está mostrando improvisación; el gobierno no sabe cómo actuar ante un movimiento que tiene el apoyo de más del 80% de la ciudadanía. Se intenta mostrar a los carabineros como víctimas, en circunstancias en las que, haciendo uso de su investidura, han ejercido una violencia inusitada que incluso ha conducido a la muerte de nuestro compañero el estudiante Manuel Gutiérrez”
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 744, 14 de octubre, 2011 revistapuntofinal@movistar.cl
