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DDHH

Elena Varela,Kenny Sanchez y Sergio Reyes. Absueltos

Elena Varela,Kenny Sanchez y Sergio Reyes. Absueltos

Fueron más de 20 personas entre testigos y peritos los que declararon, y varios retrasos que sufrió este proceso, pero finalmente se dio inicio a la lectura del veredicto pasado el mediodía de hoy. Los magistrados chilenos decidieron por unanimidad absolver de los cargos a la documentalista, ya que la Fiscalía no logró acreditar las pruebas que presentaba, dejando finalmente en libertad a Elena Varela, .

Por Radio Bio-Bio

En la audiencia sólo se declaró un veredicto condenatorio para Kenny Sanchez, por el delito de porte ilegal de arma de fuego, ya que al momento de su detención se le encontraron 2 revólveres.

Sanchez deberá quedar con medidas cautelares, es decir, firma quincenal en una comisaría de Ercilla, lugar donde se encuentra su domicilio.

Mientras tanto, el fiscal Servando Pérez señaló a La Radio que analizarán cuando sea entregada la sentencia y verán la posibilidad solicitar la nulidad del juicio.

La documentalista se declaró feliz con el veredicto y dijo que de esta forma finalizaban 6 años de persecución en su contra.

Recodemos que incluso circuló una carta donde un imputado por robo señalaba que el fiscal Servando Pérez lo habría presionado para inculpar a la documentalista.

Elena Varela estuvo imputada por asociación ilícita para delinquir y por robo con violencia, luego de que se le involucrara en el asalto al BancoEstado de Loncoche el año 2004, donde un guardia resultó con heridas de mediana gravedad, y los autores escaparon con 20 millones de pesos.

Según la Fiscalía, Varela estaba a cargo de la planificación del delito, mientras que Kenny Sanchez y Sergio Reyes se suponía habían facilitado los medios de escape.
También estuvo imputada por el robo con homicidio en una plaza de pagos del INP en Machalí, el año 2005, hecho que terminó con la vida de 4 personas. En aquella ocasión, 2 de los asaltantes perdieron la vida cuando se enfrentaron a tiros contra el guardia Jaime Labraña, quien también perdió la vida en el lugar.

La fiscalía sostenía que Varela estuvo involucrada en la planificación de ambos delitos y solicitaba que se le aplicara una condena de 15 años de presidio, mientras que para Reyes Matus y Sánchez Contreras solicitaba una pena de 20 años.

Último dictador en cárcel común: Reinaldo Bignone fue condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad

Último dictador en cárcel común: Reinaldo Bignone fue condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad Argenpress / REDACCION ROSARIO


El Tribunal de San Martín condenó ayer martes a Reinaldo Bignone a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo durante la dictadura y le revocó la prisión domiciliaria. Junto al dictador fueron sentenciados otros cinco represores. Todos deberán cumplir la condena en una cárcel común.


Bignone, el único que no había sido juzgado hasta ahora, fue condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo hace más de tres décadas, cuando era subjefe de esa guarnición.


El militar, de 82 años, fue encontrado coautor penalmente responsable por 11 allanamientos ilegales, 6 robos, 15 privaciones ilegales de libertad, 29 desapariciones y 38 casos de tormento, un número pequeño -aunque suficiente- de los casi 5 mil detenidos ilegales que pasaron por el lugar.


Igual condena alcanzó a su superior, el entonces Comandante de Institutos Militares, general retirado Santiago Omar Rivero, y al que fuera su jefe Inteligencia, general Fernando Ezequiel Verplaetsen.


Al cabo de cinco meses y medio de juicio oral y público, el veredicto de Tribunal Oral Federal 1 de San Martín fue leído sin la presencia de los acusados, que optaron por no estar en una sala de audiencias colmada por medio millar de personas y medios de prensa locales y extranjeros.


El público aclamó el veredicto y en especial la resolución judicial que canceló las prisiones domiciliarias de varios acusados, entre ellos Bignone, y ordenó cumplir las penas en un establecimiento del Sistema Penitenciario Federal.


Entre el público, rodeados de pancartas con los rostros de las víctimas, estaban el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, la presidente Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; Angela Boitano (Familiares), José Schulman (Liga), familiares de las víctimas, incluida la ex ministra de Economía, Felisa Miceli. Los jueces Marta Isabel Milloc, Héctor Sagretti y Daniel Alberto Cisneros condenaron también al general Jorge Osvaldo García, entonces jefe de la Escuela de Infantería, y Carlos Alberto Tepedino, jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General del Ejercito, a 18 años de prisión.


En tanto, Eugenio Guañabens Perelló, ex Director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate "General Lemos", fue condenado a 17 años de prisión, mientras el único absuelto del caso fue el comisario bonaerense Germán Montenegro.


Riveros, Verplaestsen y García ya habían sido condenados el año pasado a penas de prisión perpetua, 25 años y 18 respectivamente, en el primer juicio por crímenes en Campo de Mayo en el que se ventiló el asesinato del adolescente comunista Floreal Avellaneda, y ya están detenidos en el penal de Marcos Paz..


Un sexto general imputado, el director de la Escuela de Ingenieros, Eduardo Alfredo Espósito, fue declarado inimputable y no fue enjuiciado a raíz de su deterioro psicofísico.


A Bignone aún le resta responder ante la justicia por la desaparición de un médico y un enfermero y la detención ilegal y torturas a unos 40 empleados el Policlínico Posadas de Haedo, cuya ocupación militar comandó en marzo del 76, causa ya elevada juicio oral.


Otro juicio pendiente es por la desaparición de dos conscriptos en el Colegio Militar de la Nación, hecho por el cual el entonces presidente Néstor Kirchner ordenó descolgar su cuadro de la galería de ex directores el 24 de marzo de 2004.

La tortura de esperar la libertad: Elena Varela en la hora sexta

La tortura de esperar la libertad: Elena Varela en la hora sexta

Lucía Sepúlveda Ruiz

¿Cómo se siente un acusado que cinco veces esperó ser declarado inocente en un juicio oral, para sólo regresar a casa a cumplir la reclusión nocturna (Elena Varela) o a la Cárcel de Alta Seguridad (Kenny Sánchez y Sergio Reyes), sin saber si pasará 15 o 20 años en prisión? Esto trae a la memoria los falsos fusilamientos de la época de dictadura. Los fallos no se dictan sobre la base de sentimientos, pero quizás el nuevo tribunal podrá considerar que las vidas de la documentalista Elena Varela, del retornado y artesano Kenny Sánchez y el ex chofer de Mininco, Sergio Reyes quedaron suspendidas en el tiempo en la madrugada del 7 de mayo de 2008, cuando en un violento operativo simultáneo realizado en las sureñas localidades de Licán Ray y Ercilla, fuerzas conjuntas de seguridad los detuvieron violentamente al estilo de la policía secreta de Pinochet, requisando todo el material fílmico de la realizadora de “Newen Mapu”, Elena Varela y –en Ercilla- las pertenencias de Sánchez y Reyes. “Fui torturada”, acusará Elena al declarar sobre lo que ha vivido.
Por quinta vez se postergó su juicio oral el lunes 12 de abril en Villarrica. “No lo podíamos creer, nos mirábamos y era insólito” exclama la documentalista Elena Varela al relatar lo vivido en la sala. Errores jurídicos y de procedimiento no atribuibles a la defensa encabezada por el ex juez Guzmán, fueron la razón de tres de las suspensiones. Cada postergación significa para la defensa recontactar a los testigos, y reordenar el caso. Para la fiscalía, todo es más fácil pues tienen garantizado el traslado de sus peritos y testigos con costo para el erario público. La cuarta razón para la suspensión fue telúrica: el terremoto.

La furia de la tierra y el mar
Villarrica está ubicada a unos 780 km al sur de Santiago, aproximadamente a una hora de Temuco, capital de la Región de la Araucanía), La fecha fijada era el 2 de marzo, cuando la tierra todavía mostraba temblorosa su enojo y en la zona, corazón del pueblo mapuche, comenzaban especialmente en la zona costera (lafkenche) pero no sólo allí, los nguillatun (rogativas) para aplacar la furia del mar que según sus creencias se levanta cuando los seres humanos no lo han respetado. Ahora, el presidente del tribunal, magistrado Jorge González, no pudo acudir a cumplir su misión debido al fallecimiento de su madre, y se determinó su reemplazo por la jueza de Angol, Claudia Sánchez, que cumplirá su tarea junto a otra magistrada, Alejandra Rosas (de Villarrica) y Oscar Viñuela de Temuco. Elena, confiada en su inocencia, apuesta a que la nueva composición del tribunal con mayoría de jueces mujeres, sea un signo de un juicio justo en el que se escuche a sus testigos y se valoren las pruebas que permitan deconstruir el montaje armado por el fiscal Servando Pérez y la policía para inculparla de diversos delitos. La investigación, desarrollada durante largos años con seguimientos, intervenciones telefónicas y al menos un testigo protegido, ha significado para el Estado chileno un enorme gasto de dinero y recursos humanos de personal policial, por lo que están empeñados en lograr la condena de los tres imputados.

La acusación
Elena Varela está acusada de asociación ilícita, robo con homicidio (2005) y robo con violencia (2004). Entre las pruebas que debió desechar la fiscalía estaban el “material de guerra” utilizado para la producción de “Sueños del Comandante”, documental que relata entre otros temas, la frustrada experiencia guerrillera de Neltume (1980). Botas militares, armas de juguete y vestimentas para la nieve eran descritas entre las especies requisadas, que incluyeron las entrevistas de Varela a dirigentes mapuche encarcelados y a “clandestinos” que en realidad eran actores. El secuestro del material fílmico y la condena mediática a Varela como terrorista sobre la base de ese tipo de “pruebas”, convirtieron el caso en un emblema de la lucha por la libertad de expresión. El documental sobre las recuperaciones de tierras ancestrales de los mapuche quedó inconcluso.

El fiscal no pudo probar que “Newen Mapu” era parte de las tareas de esta supuesta estructura guerrillera encabezada por Elena, y debió apelar a lo único con que cuenta: la breve vinculación sentimental de la realizadora con “Leonardo Civitarese” a quien Servando Pérez identifica como Juan Moreno Venegas, jefe del autodenominado MIR/Ejército Guerrillero del Pueblo, una división del MIR formada en los ´90. Moreno no ha sido habido y tampoco el único detenido por los hechos, Cristián San Martín, fugado de la cárcel de Temuco en 2006. Para los otros dos chilenos co-imputados, detenidos en la misma fecha que la documentalista, el fiscal Servando Jordán pide veinte años de prisión. Sergio Reyes ha denunciado que el fiscal Pérez lo visitó para ofrecerle inculpar a Kenny Sánchez y a Elena Varela a cambio de lograr para él cinco años de pena remitida. No existen tampoco pruebas concluyentes contra estos imputados.

Con más de 150 testigos, el juicio – heredado del gobierno de la Presidenta Bachelet a la nueva administración que ya ha mostrado predilección por la represión contra los conflictos sociales y escaso respeto por los derechos humanos - se extenderá por semanas y será seguido con atención por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos y por otras que apoyan la causa mapuche en Chile y el mundo, entre ellas Enlace Mapuche Internacional. Elena explicó personalmente su caso en Naciones Unidas en la sesión en que se analizaba el desempeño de Chile en materia de derechos de los pueblos indígenas, y denunció la persecución y represión de que ha sido objeto en España, Francia –acompañada por el documentalista Patricio Guzmán (La Batalla de Chile)- Bélgica y Argentina, lo que ha fortalecido la campaña por su libertad iniciada desde su reclusión en Rancagua en la Cárcel de Alta Seguridad.

La solidaridad global
La televisión de Vancouver entrevistó recientemente a Elena y anunció que difundirá el reportaje mientras se realiza el juicio oral. Entre tanto en Buenos Aires en un ciclo de cine latinoamericano realizado en la sala “Somos Viento” se lanzó el 11 de abril un documental sobre Elena Varela de la realizadora Malena Bystrowicz, como un gesto especial de contribución a la campaña por su libertad, que ha tenido continuidad y un gran impulso en Argentina, de la mano de la DOCA, que nuclea a los documentalistas de esa nación.

“Yo no habría logrado mi libertad condicional sin la solidaridad de mis colegas documentalistas en Chile y de las organizaciones a nivel internacional”, comentaba Elena. Entre las personalidades que han manifestado públicamente su apoyo están personeros de Amnistía Internacional de Francia, Reino Unido, y Chile; la Fundación France Libertés que preside Danielle Miterrand; SoldePaz Pachakuti (Asturias) y Rafael Palacios, director de la Agencia Asturiana de Cooperación; la diputada Celine Delforge (Bélgica), Benoit Hellings (senador, Bélgica), el eurodiputado Joe Higgins (Irlanda), y músicos como Max Berrou, Francisco “Pancho”Sazo, y Manuel Sánchez.

En Chile, cuenta con el apoyo, entre otros de la Fundación Víctor Jara, la fundación Liberar; la Comisión Etica Contra la Tortura, el Taller Sol, la Compañía Gran Circo Teatro, Generación G80, la Asociación de Documentalistas ADOC, la Radio 1º de Mayo y la Señal 3, ambas de La Victoria; Canal 3 de Pichilemu, Mapuexpress, el Centro de Comunicaciones Mapuche Jvken Mapu, entre otros. A ello se agrega la Asociación de Medios Comunitarios Libres de Venezuela; y en Francia, la Asociación de Ex Presos Políticos Chilenos (Francia), Kakiñé, IntiFrance, Pueblo, Colectivo por los Derechos Humanos, Reporteros sin fronteras, Comité de Solidaridad con los indígenas de América, Code, Fedach, France Amérique Latina, Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los pueblos, Información y apoyo al pueblo mapuche, Survival internacional, Asociación Tierra de Fuego. En Bélgica han suscrito el apoyo el Colectivo Mapuche, al que se agrega el Colectivo para la Autonomía del pueblo mapuche de Montreal, y Six Nations Iroquois de Quebec, en Canadá; y también están apoyando la Comisión de Apoyo a los Pueblos originarios, la Defensoría Internacional de los Derechos de los Pueblos, y el Movimiento por la Cooperación internacional, de Suiza; el Comité de Trabajadores Chilenos Exiliados y Wenuykan, de Italia; el Grupo de apoyo al Pueblo Mapuche, y la Red de Apoyo a los Pueblos Indígenas de Noruega, así como la Radio Región 14, de Suecia,

A los documentalistas Fernando Birri, Humberto Rios, Liliana Mazure, Alejandro Fernández , Ana Pollak, Carmen Castillo, Angel Palacios se agregan decenas de colegas del medioaudiovisual latinoamericano, junto a centenares de trabajadores de la comunicación y las artes y estudiantes de Chile y países como Italia, Francia, Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, México, Guatemala, Panamá, Japón, Noruega, Canadá, Suiza. Varios de ellos estarán filmando el juicio e incorporarán el desenlace al balance de los primeros meses del gobierno del Presidente Piñera, dueño del Canal de TV ChileVisión.

Realizan funeral de integrantes del GAP de ex presidente Allende tras entregarse osamentas a familia

Los restos de 3 integrantes del Grupo de Amigos Personales (GAP) del ex Presidente Salvador Allende, fueron sepultados, luego de que el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, hiciera la entrega de las osamentas a sus familiares.

Se trata de Oscar Lagos Ríos, Juan Vargas Contreras y Julio Moreno Pulgar, ex militantes del Partido Socialista, que resistieron en La Moneda el día del golpe militar y que, tras entregarse, fueron ejecutados.

Las urnas con las osamentas fueron veladas en la sede de la Confederación de Sindicatos Particulares ubicada en la calle Valentín Letelier de la capital y posteriormente trasladadas hasta el Memorial del Detenido Desaparecido y Ejecutado en el Cementerio General.

La hermana de uno de los sepultados, Corina Moreno Pulgar, manifestó su profunda tristeza por este episodio.

En tanto, el encargado del equipo científico de la agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Moneda, Hernán Medina, manifestó su apoyo a los familiares afectados.

El cortejo fúnebre hizo una parada en Morande 80, frente a la puerta ubicada en la fachada este del Palacio de la Moneda, por la que salieron los detenidos del Palacio, el día del Golpe, y fueron retirados los restos del ex Presidente Allende.

comentario

Me toco de muy cerca ver el combate encarnizado y la resistencia que ofrecieron los compañeros del GAP junto a nuestro presidente Allende, luego los vi a los que arrestaron en los garajes de el regimiento Tacna la noche del 11 de Septiembre de ese fatidico 1973, logre saludar atraves de las ventanas que unian los garajes en el patio del Tacna, a mi amigo y compañero de estudios que abandono sus estudios de Biologia en el Pedagogico, para incorporarse al GAP en los comienzos del historico periodo de Allende camarada y presidente, Hoy pasados tantos años el GAP paso a ser una sigla histórica ....Grupo de Amigos del Presidente.. ..Gorros, Camisetas se venden aun con esta sigla, varios libros han sido publicado, que decir de todas las paginas que el tristemente celebre Mamo Contreras dedico a nuestros compañeros en sus memorias.... y Hoy cuando quedan algunos pocos compañeros del GAP vivos, pero es fuerte su ejemplo de sacrificio y estan vivos en su heroico comportamiento de jovenes Socialistas de entonces.... .me pregunto quien Chuchas se cree el hijo de Puta que le nego el local del partido al funeral de estos heroes, no sera un Pinochetista infiltrado de esos que de tanto ir a sentarse al lado del comite central finalmente agarro una peguita ?.....o sera un descriteriado que en esa epoca recien andaba saltando en un canal seminifero (lease los cocos) de algun fascista, y para mas remate jamas a leido algo de la historia reciente del partido, porque no logro inmaginarme que argumento pueden haber esgrimido los nuevos dueños del C.C. del PS. Pero si estoy seguro que argumentos no hay !!! solo son los celos de quiltro cuidador, los que no pueden instrumentalisar ese momento... luego no les interesa. Ojalas las nuevas generaciones de Dirigentes Partidarios del PS no sean tan descriteriados, y tan faltos de educacion politico-partidista ....ojalas, puesto que indignan estas actitudes al igual que la ignorancia politica de algunos camaradas que se dan el lujo mas encima de hablar a nombre del partido.
Dr. C Galleguillos Gonzalez
Militante Socialista desde 1960,
ex Concejal del Municipio de Santiago periodo 1971-1973,
Ex Dirigente de la federacion de Estudiantes Secundarios de Santiago 1962-1964
Dirigente Estudiantil Facultad de Filosofia y Ed. U. de Chille 1968-1971
ex Secretario Seccional 3ª Comuna de Santiago. 1965-1970
Ex Preso Politico de la Dictadura

DICTAN SENTENCIA CONTRA RUBEN SABOULARD POR “ANTISEMITA”

DICTAN SENTENCIA CONTRA RUBEN SABOULARD POR “ANTISEMITA” URGENTE: MARTES 13, 10 HS. CORONEL DIAZ Y BERUTI:


Mañana, martes 13 a las 10 hs, en Cnel Diaz y Berutti, el Juez Gustavo Letner dictará sentencia contra Rubén Saboulard, bajo la acusación de “discriminación e incitación a la violencia racial”, en una causa promovida por la DELEGACION DE ASOCIACIONES ISRAELITAS ARGENTINAS –DAIA- y la ORGANIZACION SIONISTA ARGENTINA –OSA-.
Siguiendo expresas instrucciones del macrista jefe de fiscales porteños, Germán Garavano, el fiscal interviniente, Rozas, ha pedido una pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo.
Si algo le faltaba a ésta causa para ser claramente una persecución política contra el delito de opinión, el pedido de prisión efectiva ha venido a ser la confirmación de la arbitrariedad. Es que, además de no existir evidencia alguna acerca de la comisión del delito de discriminación, el hecho de pedir una pena de cumplimiento efectivo es un disparate jurídico, ya que la pena máxima prevista es de tres años, lo que por sí sólo amerita el carácter suspensivo de la condena. Más aún, cuando el acusado carece de antecedentes penales de ningún tipo!!
Lo señalado corrobora que esta causa es un armado para censurar la opinión crítica de miles y miles de ciudadanos hacia las políticas israelitas contra el pueblo palestino y para atacar a los luchadores sociales que incomodan al macrismo. Esta causa es parte de una campaña de persecución que ya ha condenado a Juan Carlos Beica (C.deI.) a seis meses de prisión en suspenso, que mantiene con captura a Roberto Martino (MTR) y que afecta a los compañeros de las F.A.R., a Fernando Esteche y a Raul Lezcano (MPR Quebracho), entre otros.
Acompañando a Rubén Saboulard, se harán presentes, en el Juzgado, organizaciones políticas, de DD.HH. y sociales y personalidades como Vicente Zito Lema, el R.P. Jorge Alonso, el Profesor Saad Chedid, el Shei Madani, Fernando Esteche, el periodista Carlos Aznares, Roberto Perdía, Eduardo Soares, Iussuf Jalil, Tilda Rabit, J. C. Beica, Oscar Kuperman y otros.
Pedimos, a todos los luchadores democráticos que se hagan presentes, mañana en el Tribunal. a ayudarnos a impedir una condena no sólo arbitraria sino que sentará precedente contra toda manifestación que cuestione el racismo de los fascistas que gobiernan Israel.

ASAMBLEAS DEL PUEBLO
Contacto: Raysa Rujel 4 307 8599, 4 361 2994, 1567924229, 1537808378

Declaración Pública de la UNexPP luego del programa "Esto No Tiene Nombre"




Carta Abierta a la Opinión Pública
Ante el destape de las irregularidades cometidas por la Universidad UNIAC, transmitido por el programa de TVN “Esto no tienen nombre”, la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile se hace un deber informar a la opinión pública y a todos los Ex Prisioneros Políticos de Chile lo siguiente:

Que ya con fecha 08 de marzo de 2008, nuestra organización comenzó la tarea de denunciar públicamente en el Diario Austral de Osorno (adjuntamos carta denuncia del 08 de marzo de 2008) el escandaloso negocio cometido por la UNIAC en contra de los intereses de las víctimas de prisión Política y Tortura, utilizando para esto los Beneficios Educacionales que fueron entregadas por la Ley 19.992, para realizar estudios de pregrado.

Recurrimos además a diversas autoridades locales (Gobernador de Osorno, Señor Bernardo Candia), planteamos después esta situación al Seremi Regional de Educación Señor Héctor Gallardo y posteriormente a los Señores Diputados Sergio Ojeda, y Javier Hernández. Todas estas gestiones realizadas no causaron ningún efecto, sentimos que las personas antes mencionadas no le dieron ninguna importancia a nuestra denuncia o la desestimaron.

Ante esta situación y conociendo quienes aparecían como principales accionistas (por ese entonces) de esta Universidad (Sr. Jorge Schaulson, Sra. Mariana Aylwin, Sra. Mónica Madariaga, Señor Alfredo Lamadrid, entre otros) nos dimos cuenta que no iba a ser fácil que alguien de la alta esfera política tuviera la voluntad de encarar esta situación.

Ante esta realidad recurrimos por intermedio de un conocido al Senador Señor Alberto Espina con la esperanza de que se motive y se interese por esta acusación, le enviamos una carta denuncia (va adjunta). Tampoco tuvimos la respuesta que esperábamos, es decir, que hayan levantado la voz, llamando la atención como la situación lo ameritaba como solicitar la formación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, aparte de hacer personalmente la denuncia a la Contraloría General de la República, por ejemplo. Se limitó a poner a un personero de la Contraloría en contacto con nuestros dirigentes, pero no dio respuesta a nuestra carta. Posteriormente, Contraloría nos solicitó contestar un cuestionario (el cual adjuntamos con nuestras respuestas) cuyo contenido junto al de los otros dos documentos deja claro los fundamentos de nuestra denuncia.

Hasta esta fecha, la Contraloría no nos ha informado del resultado de esta denuncia.

Pero hay un hecho del reportaje que nos llama mucho la atención, que allí aparecen dirigentes nacionales de ex prisioneros políticos denunciando a la UNIACC, en consecuencia, que ellos mientras dirigían su organización nacional durante el año 2008 recibían aportes para financiar sus congresos y otras actividades (tenemos un balance del año 2008 publicado por esa orgánica, donde acusan recibo de $400.000 de aporte para un espacio radial y $ 200.000 como aporte al congreso del 2008.). Para hacer estas denuncias hay que tener moral y algo de consecuencia y no abusar de la mala memoria, menos cuando hay documentos que certifican esta situación de colusión.

También nos indigna que el Rector Daniel Farkas, representante de esta casa de estudios, se dé el lujo, después de haberse aprovechado esta institución inescrupulosamente de nuestros compañeros, intenta ahora presentarlos como “pillos, ladinos o avivados” cuando plantea que estos están realizando estas denuncias, sólo para recuperar el beneficio dado ya que ahora éste se puede transferir a un hijo o a un nieto.

Nosotros hacemos responsable y acusamos en primer lugar al Ex presidente Ricardo Lagos de lo sucedido, ya que él fue quien en su ley “express” 19.992 incluyó este beneficio como “una burla más”; ya que estaba consciente de que la gran mayoría no iba a poder hacerlo efectivo (a no ser que se usaran resquicios fraudulentos como los que hoy se denuncian en TVN. Hoy día se constata que los enormes recursos fiscales malgastados, el gran negociado de ciertas universidades e institutos, pudo perfectamente haber servido de base para financiar parte de la INDEMNIZACIÓN justa y adecuada que el Estado de Chile sigue adeudando a las víctimas de la sangrienta represión pinochetista.

De la misma forma hacemos responsables a aquellos que siempre se prestaron para apoyar y legitimar todas las decisiones de tipo miserable de los gobiernos de la Concertación y a aquellos que además no puedan demostrar concretamente haber hecho alguna denuncia antes del año 2009, ya que, al contrario, colaboraron para recibir gustosos los aportes de esta institución (hablamos del año 2008).

Acusamos y hacemos responsables también a aquellos que no nos escucharon y que no fueron diligentes ante una denuncia tan grave donde se estaba atropellando la dignidad de nuestros compañeros y de paso defraudando escandalosamente al fisco.

Exigimos que se realice un seguimiento de cada una de las becas asignadas y que se investigue a fondo, toda la documentación, contratos, listado de asistencia, se debe citar a declarar a todos los supuestos estudiantes de la UNIAC, también se deben investigar las becas que se han estado entregando a compañeros exiliados, se debe comprobar la veracidad o validez de los títulos ofrecidos, etc.

Finalmente, denunciamos ante la ciudadanía que el Estado de Chile no merece el menor reconocimiento internacional por su política de reparaciones en violaciones a los derechos humanos; al contrario, Chile se ha valido de una estafa comunicacional que ha mantenido engañada a la Humanidad y Organismos Internacionales. La verdad es que su modelo de reparación se caracteriza por la omisión dolosa del pago de una indemnización, limitándose a otorgar tardíamente pensiones discriminatorias y excluyentes, la gran mayoría inferiores a un salario mínimo, y otorgar beneficios humillantes en salud, similares a los recibidos por indigentes.

Nelly Cárcamo Vargas,

Presidente Nacional UNExPP de Chile.


Link para bajar los DOCUMENTOS PROBATORIOS DE DENUNCIA UNIAC.doc


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Reproducción de esos documentos:

Señor
Alberto Espina
Senador de la República de Chile
Presente

Respetado señor, por intermedio de la presente me dirijo a Ud para exponerle una situación que me preocupa desde hace mucho tiempo. Señor Espina yo soy Vicepresidenta Nacional de la Corporación ONG Unexpp Chile (Unión nacional de Exprisioneros Políticos de Chile), organización que la integran personas sobrevivientes de prisión política y tortura, cuyos nombres aparecen el Informe Valech. Como dirigente tengo la obligación de velar por los intereses de nuestros asociados, motivo por el cual he estado denunciando y manifestando mi preocupación incluso a través de los medios de comunicación por el aprovechamiento que se está realizando de parte de algunas instituciones educacionales con las personas reconocidas por la Comisión Valech.

Estos hechos me parecen, si no un acto delictual por lo menos de una falta de ética aberrante. Me refiero a la situación que nos afecta a los sobrevivientes de la prisión política y tortura que nos encontramos consignados en el Informe Valech, en lo que se refiere a una de las escasas medidas reparatorias de la Ley 19.992, concretamente nos referimos a la beca de estudios que se nos otorga.
La opinión crítica que nos merece esta medida de entregarnos una beca de estudios a personas que nos encontramos en el ocaso de nuestras vidas, enfermos y pobres, no así a nuestros pocos descendientes que de verdad lo necesitan, no lo abordaré en esta oportunidad. Lo que si quiero clarificar es el hecho de que de esta medida reparatoria que debería beneficiarnos a los sobrevivientes, finalmente en la práctica está sirviendo para que algunas instituciones educacionales hagan el gran negocio de sus vidas a vista y paciencia de la ciudadanía y de sus gobernantes, sin que nadie a pesar de las críticas responsables emitidas por los sobrevivientes a través de sus organizaciones, y denunciadas por periodistas en los diarios (El Periodista, edición 137, artículo “el millonario negocio Valech de UNIACC”), y el artículo de María Olivia Monckeberg, autora de “El negocio de las universidades en Chile” escrito por Paul Walder el miércoles, 30 de abril de 2008, publicado en Clarín por gentileza de Terra Magazine, nadie toma cartas en el asunto.

Entendemos que la Universidades están para formar profesionales una vez que los alumnos han completado como mínimo la enseñanza media y rendida la PSU y creo que así lo entiende la mayoría. Por este motivo me extraña que la Universidad UNIACC nos haya sacado una “radiografía” y de acuerdo a nuestro perfil, haya creado cursos especiales “de actualización de conocimientos” para nosotros, la verdad es que visto así sin profundizar se puede catalogar de un acto de generosidad y consideración, si no fuera que por este acto de generosidad se cobran nada más y nada menos que $ 440.000 mensuales por el lapso de dos años es decir $ 8.800.000.- (sin contar matrículas).
Dónde está a nuestro juicio la gravedad del problema, en estos cursos se matricula a personas analfabetas, a otras que no tienen la enseñanza básica ni media cursada. Si estas personas adultas quisieran completar sus estudios ya sea básicos como medios, en el sistema público formal existen diversas posibilidades de hacerlo con absoluta gratuidad. Por lo tanto no podemos comprender como es posible que el ministerio de Educación autorice estos cursos y la cancelación de las sumas anteriormente mencionadas.
Cuando hemos planteado nuestro malestar por esto, se nos argumenta que es bueno y ayuda psicológicamente a los afectados el hecho de encontrarse con sus pares, compartir este proceso. Por supuesto que estamos de acuerdo con este argumento pero estas oportunidades de encuentro se pueden dar en diversas organizaciones, (formando clubes de adulto mayor de los afectados en sus DD.HH. o participando en centros de adultos mayores de las Cajas de Compensación, con un aporte mínimo de $1000, o también esta tarea la debieran asumir los equipos PRAIS, que son los encargados de atender psicológicamente a los sobrevivientes.) sin costos extraordinarios para el Estado. La pregunta es: ¿debe el estado auspiciar estos “Clubes de Adultos mayores” de la UNIACC a un costo de $ 440.000 mensuales?

La conclusión que sacamos de esto es que este beneficio que se pretende entregar a los sobrevivientes de la prisión política y tortura no nos está sirviendo a nosotros, está sirviendo más bien de excusa para que esta institución de educación haga un gran negocio.

Por otra parte, ahora se sabe que será posible transferir este beneficio a un hijo o nieto en las condiciones que establecerá el Reglamento a dictarse por el MINEDUC. Es decir, que por fin se busca corregir el destino de la beca para alguien de nuestra descendencia a quien le sea verdaderamente beneficioso. Con mayor razón preocupa el que los ex prisioneros y torturados vayan a malgastar por engaño ese derecho perdiendo posteriormente la posibilidad de financiar una “carrera Universitaria de verdad” a algunos de sus descendientes.

Quiero informarle además que como enganche, les ofrecen becas para un hijo, un nieto, inclusive para algún sobrino o pariente por dos años en su CFT en una carrera “online”, carreras de dudosa calidad y de dudoso reconocimiento pero que sirven para comprometer y amarrar al becado después de haber firmado.
Tengo la certeza (he conversado con personas que están asistiendo a estos cursos) que muchos de los becados por razones de salud no asisten regularmente a clases la asistencia que exigen es mínima, lo que les interesa es cobrar los montos anteriormente señalados.

Esta situación se la plantee al Diputado señor Sergio Ojeda sin tener una respuesta satisfactoria hasta el momento. Posteriormente tuve junto a otros dirigentes una reunión con el Diputado señor Javier Hernández en Osorno, quien se comprometió a investigar. Hoy recurro a UD con la esperanza que de verdad alguien se interese por investigar seriamente esta situación donde están comprometidos montos importantes del Estado, ya que la UNIAC tiene aproximadamente 1400 becados Valech matriculados. Estoy informada que una gran parte de las acciones fueron compradas recientemente por una empresa extranjera, el resto de las acciones pertenecen mayoritariamente a personeros de la Concertación. ¿Será ese el motivo de la falta de interés de investigar por parte del gobierno? La verdad a esta altura se puede pensar cualquier cosa.

Sin otro particular y con la esperanza de ser escuchada, me despido muy Atte.


Nelly Cárcamo Vargas
Rut: 7.095.359-5
Vicepresidenta ONG Unexpp Chile

Kissinger sabía del asesinato que se preparaba a Letelier

Kissinger sabía del asesinato que se preparaba a Letelier National Security Archive (EE.UU.)

Nuevas Revelaciones en el Caso Letelier: Kissinger ordenó no advertir a Pinochet que EEUU sabia del plan de asesinatos de la Operación Cóndor

El National Security Archive, organización estadounidense asociada con ArchivosChile, entregó hoy documentos desclasificados con importantes revelaciones sobre el papel de Estados Unidos respecto al asesinato del ex canciller, Orlando Letelier.

Los documentos revelan que, por orden del Secretario de Estado Henry Kissinger, los funcionarios de la CIA y de la Embajada de EE.UU en Chile no enfrentaron al gobierno chileno con la información de inteligencia que poseían días antes del asesinato: Estados Unidos había descubierto los planes de la dictadura de Pinochet y los gobiernos de países de la alianza Operación Cóndor para perpetrar “una serie de asesinatos internacionales”.

Kissinger dio la orden de “no actuar más en este asunto” el 16 de septiembre de 1976, sólo cinco días antes de la explosión del carro-bomba que mató a Letelier y su secretaria norteamericana mientras iban camino a su oficina en Washington, DC. La orden de Kissinger dejo sin efecto un mandato anterior realizado a los embajadores norteamericanos de presentar un “demarche”—advertencia formal- a los más altos funcionarios de esos países sobre la “profunda preocupación” del gobierno de EE.UU ante la posibilidad de que Operación Cóndor se concretara.

Dos investigadores sobre el caso Letelier han concluido que con toda seguridad, el gobierno de Pinochet habría abortado la operación de asesinar a Letelier si hubiera recibido la advertencia que su principal aliado, Estados Unidos, conocía los planes de Cóndor y se oponía a ellos. Este juicio –que implica que la información que tenía el Departamento de Estado norteamericano era suficiente para “prevenir el asesinato” están contenidos libros de John Dinges, Operación Cóndor: Una Década de Terrorismo Internacional en el Cono Sur, y de Peter Kornbluh, Pinochet: Los Archivos Secretos.

Un diplomático norteamericano de la época expresó un juicio matizado sobre la responsabilidad de EE.UU, pero apuntando a la misma conclusión. “Sabíamos con bastante anticipación que los gobiernos de los países del Cono Sur estaban planeando algunos asesinatos en el extranjero [en] 1976… Si hubo relación directa o no, lo desconozco. No sé si hubiéramos podido prevenir esto (el asesinato de Letelier) de haber intervenido. Pero no lo hicimos,” pronunció el Secretario Adjunto para América Latina, Hewson Ryan, en una entrevista citado en Operación Cóndor.

El misterio, ahora resuelto con la desclasificación de estos documentos, ha sido la razón por la cual los funcionarios no cumplieron la primera orden de Kissinger de presentar la advertencia formal a Pinochet o al menos al jefe de DINA, Manuel Contreras. A través de los años, un colaborador cercano de Kissinger, el ex Secretario Adjunto para América Latina William D. Rogers, declaró rotundamente que el ex Secretario de Estado “nada tuvo que ver” con la cancelación de la orden. El mismo Kissinger ha hecho declaraciones de orgullo de haber ordenado la advertencia y por haberse “opuesto” a Operación Cóndor.

La prueba que contradice las versiones de Rogers y Kissinger, está en los documentos obtenidos por National Security Archive recientemente publicados en un informe del analista Peter Kornbluh: la orden de cancelar la advertencia vino de Kissinger personalmente.
“El Dr. Kissinger entró en conocimiento de la existencia de la Operación Cóndor en 1976. El 23 de agosto de 1976 impartió instrucciones a los embajadores estadounidenses en la región para que dejaran en claro a los más altos oficiales del gobierno la ‘profunda preocupación’ de Estados Unidos acerca de los rumores de planes coordinados de asesinatos…”- Peter Kornbluh
Kissinger omitió el hecho de que sus instrucciones nunca se cumplieron, Pinochet nunca recibió la advertencia que Estados Unidos conocía los planes de Cóndor, y que fue el mismo Kissinger quien ordenó la cancelación de la acción que posiblemente hubiera podido evitar el asesinato en el capital de Estados Unidos.—John Dinges

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EEUU: John Dinges
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Boletín de Prensa ArchivosChile, 10 de abril del 2010
Foto: Memorial de Orlando Letelier en el lugar que fue asesinado: Sheridan Circle, Washington DC.

Chile no tiene autoridad moral para dar lecciones de Derechos Humanos, ni a Cuba ni a ningún país

por Casa Memorial Salvador Allende y la comunidad Chilena residente (La Habana, Cuba)

Declaración pública de la Casa Memorial Salvador Allende y la comunidad Chilena residente en la Habana, Cuba

La Habana, 24 de marzo de 2010
"Año 52 de la Revolución"

En el transcurso de los últimos días, dirigentes políticos e instituciones del Estado de Chile, con el beneplácito del propio Presidente de la República y para el deleite de la prensa de derecha, han emprendido una escalada de declaraciones injuriosas contra Cuba, sumándose así a la nueva ofensiva internacional de carácter abiertamente injerencista en los asuntos internos de este país hermano que solidariamente nos da acogida, nuevamente bajo el pretexto de las supuestas violaciones a los Derechos Humanos y de la supuesta falta de democracia en la Isla.

Ante ello, la Casa Memorial Salvador Allende, recogiendo el sentir de la inmensa mayoría de los chilenos residentes en Cuba, quiere declarar lo siguiente:

1.- Que ninguna institución del Estado de Chile tiene autoridad moral para dar lecciones de Derechos Humanos, ni a Cuba ni a ningún otro país del mundo. Tanto el actual gobierno como las dos cámaras que conforman el poder legislativo en Chile, se sostienen en buena medida en partidos que, o promovieron abiertamente el terrorismo de Estado bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1989), o sencillamente guardaron cómplice silencio ante toda su secuela de exiliados, encarcelados, desaparecidos, ejecutados y torturados; violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos sobre las que, en última instancia, muchos de sus personajes multiplicaron sus fortunas y respecto de la mayoría de las cuales aún no se ha hecho justicia, tal y como lo demuestran varios informes elaborados por instituciones chilenas e internacionales.
La clase política chilena no tiene moral para exigir y dar lecciones en esta materia, toda vez que en Chile se violan los más esenciales Derechos Humanos. El terremoto que azotó a varias regiones chilenas el pasado 27 de febrero, una vez más ha dejado al desnudo la existencia de los "dos Chiles": uno opulento, que concentra cada vez más la riqueza y el poder político en pocas manos, y otro que de la noche a la mañana ve caer sus viviendas, sus escuelas, sus hospitales, y con ellos, buena parte de sus sueños de una vida mejor y digna. De esos Derechos Humanos, que para el pueblo de Cuba y sus autoridades, por el contrario, han sido preocupación principal por más de 50 años, sencillamente en Chile no se habla, o se los menciona como algo que sólo hay que corregir, como si no se tratara de un problema estructural de un modelo de acumulación que en el mundo actual viene demostrando su fracaso por todas partes.

Pero incluso con respecto a los Derechos Humanos que tanto preocupan a la clase política y a la prensa pseudo-democrática chilena, tampoco tienen nada qué decir. En Chile se persigue, se encarcela y se tortura a los pueblos mapuche que defienden lo poco y nada que les ha quedado tras la usurpación de sus tierras y su cultura por parte del Estado de Chile a lo largo de varios siglos; se alimenta por la fuerza a la comunera mapuche Patricia Troncoso en huelga de hambre, violando impunemente la Convención de Malta; se criminaliza la protesta social; se debe solicitar autorización al gobierno para marchar en las calles, se reprime con la fuerza física y mediática a los miles de estudiantes que demandan mejorar la calidad y la cobertura de la educación en todos sus niveles, con la policía antimotines a los trabajadores que en la calles de Chile cada cierto tiempo demandan una repartición sólo un poco más justa de los logros macroeconómicos del "ejemplo chileno"; en Chile, como lo han consignado organismos internacionales, se tortura a los prisioneros por delitos comunes que viven hacinados en las cárceles, verdaderas escuelas de delincuencia, mientras que, por el contrario, en Cuba se les brinda la oportunidad de estudiar o desarrollar habilidades para su reinserción social. En los muchos años que tantos de nosotros hemos compartido con el pueblo de Cuba, nunca hemos visto protestas multitudinarias reprimidas por la fuerza, el pueblo marcha en las calles de la Habana y el país por su propia voluntad a verdaderas jornadas de fiesta popular en celebración y defensa de sus conquistas sociales.

2.- Que nos resultan no sólo injustas y unilaterales, sino sencillamente carentes de la ética más elemental las declaraciones oficiales del Senado, a propuesta de tres senadores demócrata-cristianos, y de la bancada del Partido Socialista en la Cámara de Diputados de Chile sobre Derechos Humanos y democracia en Cuba. En el primer caso, y tal como lo han destacado algunos de sus propios compañeros de partido, se trata a todas luces de una maniobra oportunista destinada a congraciarse con el actual Presidente de Chile y cerrar filas con la agenda internacional de la nueva Cancillería. En todo caso, no es primera vez en la historia que el partido demócrata cristiano chileno recurre a la artimaña de arrimarse al bando de los ganadores de turno para recuperar protagonismo en la escena política, y en cierto modo es hasta comprensible en el contexto de una clara tendencia a la baja en la preferencia de los electores que viene experimentando dicho partido en los últimos años.

Más nos sorprende la declaración de la bancada socialista de la Cámara de Diputados, pues se trata de un partido cuya mayoría de militantes de base y muchos de sus dirigentes, más allá de las lógicas discrepancias, tradicionalmente han mantenido una relación de amistad y respeto con Cuba, relación por la que, entre otras cosas, muchos de sus miembros y sus familias fueron acogidos con los brazos abiertos por el pueblo cubano. Ciertamente, esto no los obliga a compartir el camino que soberanamente se ha dado Cuba, toda vez que éste país ha tendido su mano solidaria de manera desinteresada en cada rincón del mundo cada vez que ha sido necesario, pero sí les impone un compromiso ético básico con la verdad y con la consideración de la totalidad de los hechos antes de emitir juicios a la ligera. Más aún, sorprende e indigna que dicha bancada no haya hecho una sola mención al criminal bloqueo que los EEUU ha impuesto por más de 50 años sobre el pueblo de Cuba, algo que al menos el senado chileno tuvo el decoro de mencionar en la declaración ya aludida, cosa que por lo demás casi nadie seriamente se atreve a defender abiertamente hoy en día. Indigna que además se haya hecho en el mismo momento que una brigada médica cubana presta ayuda solidaria a las víctimas del reciente sismo, dos hospitales de campaña enviados por el gobierno de Cuba desplegado en la sexta región de Chile.

3.- Que todas estas maniobras se insertan en el marco de una nueva campaña de ataques fundados en el odio y la mentira, orquestada por los EEUU y sus más incondicionales aliados, en respuesta a los logros más recientes de la diplomacia cubana en la región de Nuestra América y el mundo, tales como la participación de Cuba en la Cumbre de Río, la reciente resolución para su reincorporación a la OEA, su participación en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, etc., así como en respuesta al reconocimiento de las conquistas sociales del pueblo y el gobierno de Cuba por parte de organismos internacionales como la OMS/OPS, la UNICEF, etc.

Como chilenos residentes, que hemos vivido, compartido y luchado junto a su pueblo tenemos una enorme deuda de gratitud con Cuba. Pero, más que eso, tenemos un compromiso con los principios fundamentales que han guiado sus destinos por más de 50 años. Es lo que nos hace rechazar y condenar enérgicamente esta nueva andanada de odiosidades y mentiras que sólo mentes muy estrechas y mal intencionadas pueden sostener con tanto ahínco, aquellas que no pueden aceptar que Cuba siga optando y ganando batallas en aras de un modo distinto de construir una sociedad mejor, más justa e igualitaria, centrada en las necesidades fundamentales de hombres y mujeres y por el mejoramiento de la especie humana.

“CON CUBA, FRENTE A LA NUEVA CAMPAÑA DE INFAMIAS Y MENTIRAS”
Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina
OSPAAAL