Declaración Pública de la UNexPP luego del programa "Esto No Tiene Nombre"

Carta Abierta a la Opinión Pública
Ante el destape de las irregularidades cometidas por la Universidad UNIAC, transmitido por el programa de TVN “Esto no tienen nombre”, la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile se hace un deber informar a la opinión pública y a todos los Ex Prisioneros Políticos de Chile lo siguiente:

Que ya con fecha 08 de marzo de 2008, nuestra organización comenzó la tarea de denunciar públicamente en el Diario Austral de Osorno (adjuntamos carta denuncia del 08 de marzo de 2008) el escandaloso negocio cometido por la UNIAC en contra de los intereses de las víctimas de prisión Política y Tortura, utilizando para esto los Beneficios Educacionales que fueron entregadas por la Ley 19.992, para realizar estudios de pregrado.

Recurrimos además a diversas autoridades locales (Gobernador de Osorno, Señor Bernardo Candia), planteamos después esta situación al Seremi Regional de Educación Señor Héctor Gallardo y posteriormente a los Señores Diputados Sergio Ojeda, y Javier Hernández. Todas estas gestiones realizadas no causaron ningún efecto, sentimos que las personas antes mencionadas no le dieron ninguna importancia a nuestra denuncia o la desestimaron.

Ante esta situación y conociendo quienes aparecían como principales accionistas (por ese entonces) de esta Universidad (Sr. Jorge Schaulson, Sra. Mariana Aylwin, Sra. Mónica Madariaga, Señor Alfredo Lamadrid, entre otros) nos dimos cuenta que no iba a ser fácil que alguien de la alta esfera política tuviera la voluntad de encarar esta situación.

Ante esta realidad recurrimos por intermedio de un conocido al Senador Señor Alberto Espina con la esperanza de que se motive y se interese por esta acusación, le enviamos una carta denuncia (va adjunta). Tampoco tuvimos la respuesta que esperábamos, es decir, que hayan levantado la voz, llamando la atención como la situación lo ameritaba como solicitar la formación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, aparte de hacer personalmente la denuncia a la Contraloría General de la República, por ejemplo. Se limitó a poner a un personero de la Contraloría en contacto con nuestros dirigentes, pero no dio respuesta a nuestra carta. Posteriormente, Contraloría nos solicitó contestar un cuestionario (el cual adjuntamos con nuestras respuestas) cuyo contenido junto al de los otros dos documentos deja claro los fundamentos de nuestra denuncia.

Hasta esta fecha, la Contraloría no nos ha informado del resultado de esta denuncia.

Pero hay un hecho del reportaje que nos llama mucho la atención, que allí aparecen dirigentes nacionales de ex prisioneros políticos denunciando a la UNIACC, en consecuencia, que ellos mientras dirigían su organización nacional durante el año 2008 recibían aportes para financiar sus congresos y otras actividades (tenemos un balance del año 2008 publicado por esa orgánica, donde acusan recibo de $400.000 de aporte para un espacio radial y $ 200.000 como aporte al congreso del 2008.). Para hacer estas denuncias hay que tener moral y algo de consecuencia y no abusar de la mala memoria, menos cuando hay documentos que certifican esta situación de colusión.

También nos indigna que el Rector Daniel Farkas, representante de esta casa de estudios, se dé el lujo, después de haberse aprovechado esta institución inescrupulosamente de nuestros compañeros, intenta ahora presentarlos como “pillos, ladinos o avivados” cuando plantea que estos están realizando estas denuncias, sólo para recuperar el beneficio dado ya que ahora éste se puede transferir a un hijo o a un nieto.

Nosotros hacemos responsable y acusamos en primer lugar al Ex presidente Ricardo Lagos de lo sucedido, ya que él fue quien en su ley “express” 19.992 incluyó este beneficio como “una burla más”; ya que estaba consciente de que la gran mayoría no iba a poder hacerlo efectivo (a no ser que se usaran resquicios fraudulentos como los que hoy se denuncian en TVN. Hoy día se constata que los enormes recursos fiscales malgastados, el gran negociado de ciertas universidades e institutos, pudo perfectamente haber servido de base para financiar parte de la INDEMNIZACIÓN justa y adecuada que el Estado de Chile sigue adeudando a las víctimas de la sangrienta represión pinochetista.

De la misma forma hacemos responsables a aquellos que siempre se prestaron para apoyar y legitimar todas las decisiones de tipo miserable de los gobiernos de la Concertación y a aquellos que además no puedan demostrar concretamente haber hecho alguna denuncia antes del año 2009, ya que, al contrario, colaboraron para recibir gustosos los aportes de esta institución (hablamos del año 2008).

Acusamos y hacemos responsables también a aquellos que no nos escucharon y que no fueron diligentes ante una denuncia tan grave donde se estaba atropellando la dignidad de nuestros compañeros y de paso defraudando escandalosamente al fisco.

Exigimos que se realice un seguimiento de cada una de las becas asignadas y que se investigue a fondo, toda la documentación, contratos, listado de asistencia, se debe citar a declarar a todos los supuestos estudiantes de la UNIAC, también se deben investigar las becas que se han estado entregando a compañeros exiliados, se debe comprobar la veracidad o validez de los títulos ofrecidos, etc.

Finalmente, denunciamos ante la ciudadanía que el Estado de Chile no merece el menor reconocimiento internacional por su política de reparaciones en violaciones a los derechos humanos; al contrario, Chile se ha valido de una estafa comunicacional que ha mantenido engañada a la Humanidad y Organismos Internacionales. La verdad es que su modelo de reparación se caracteriza por la omisión dolosa del pago de una indemnización, limitándose a otorgar tardíamente pensiones discriminatorias y excluyentes, la gran mayoría inferiores a un salario mínimo, y otorgar beneficios humillantes en salud, similares a los recibidos por indigentes.

Nelly Cárcamo Vargas,

Presidente Nacional UNExPP de Chile.


Link para bajar los DOCUMENTOS PROBATORIOS DE DENUNCIA UNIAC.doc


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Reproducción de esos documentos:

Señor
Alberto Espina
Senador de la República de Chile
Presente

Respetado señor, por intermedio de la presente me dirijo a Ud para exponerle una situación que me preocupa desde hace mucho tiempo. Señor Espina yo soy Vicepresidenta Nacional de la Corporación ONG Unexpp Chile (Unión nacional de Exprisioneros Políticos de Chile), organización que la integran personas sobrevivientes de prisión política y tortura, cuyos nombres aparecen el Informe Valech. Como dirigente tengo la obligación de velar por los intereses de nuestros asociados, motivo por el cual he estado denunciando y manifestando mi preocupación incluso a través de los medios de comunicación por el aprovechamiento que se está realizando de parte de algunas instituciones educacionales con las personas reconocidas por la Comisión Valech.

Estos hechos me parecen, si no un acto delictual por lo menos de una falta de ética aberrante. Me refiero a la situación que nos afecta a los sobrevivientes de la prisión política y tortura que nos encontramos consignados en el Informe Valech, en lo que se refiere a una de las escasas medidas reparatorias de la Ley 19.992, concretamente nos referimos a la beca de estudios que se nos otorga.
La opinión crítica que nos merece esta medida de entregarnos una beca de estudios a personas que nos encontramos en el ocaso de nuestras vidas, enfermos y pobres, no así a nuestros pocos descendientes que de verdad lo necesitan, no lo abordaré en esta oportunidad. Lo que si quiero clarificar es el hecho de que de esta medida reparatoria que debería beneficiarnos a los sobrevivientes, finalmente en la práctica está sirviendo para que algunas instituciones educacionales hagan el gran negocio de sus vidas a vista y paciencia de la ciudadanía y de sus gobernantes, sin que nadie a pesar de las críticas responsables emitidas por los sobrevivientes a través de sus organizaciones, y denunciadas por periodistas en los diarios (El Periodista, edición 137, artículo “el millonario negocio Valech de UNIACC”), y el artículo de María Olivia Monckeberg, autora de “El negocio de las universidades en Chile” escrito por Paul Walder el miércoles, 30 de abril de 2008, publicado en Clarín por gentileza de Terra Magazine, nadie toma cartas en el asunto.

Entendemos que la Universidades están para formar profesionales una vez que los alumnos han completado como mínimo la enseñanza media y rendida la PSU y creo que así lo entiende la mayoría. Por este motivo me extraña que la Universidad UNIACC nos haya sacado una “radiografía” y de acuerdo a nuestro perfil, haya creado cursos especiales “de actualización de conocimientos” para nosotros, la verdad es que visto así sin profundizar se puede catalogar de un acto de generosidad y consideración, si no fuera que por este acto de generosidad se cobran nada más y nada menos que $ 440.000 mensuales por el lapso de dos años es decir $ 8.800.000.- (sin contar matrículas).
Dónde está a nuestro juicio la gravedad del problema, en estos cursos se matricula a personas analfabetas, a otras que no tienen la enseñanza básica ni media cursada. Si estas personas adultas quisieran completar sus estudios ya sea básicos como medios, en el sistema público formal existen diversas posibilidades de hacerlo con absoluta gratuidad. Por lo tanto no podemos comprender como es posible que el ministerio de Educación autorice estos cursos y la cancelación de las sumas anteriormente mencionadas.
Cuando hemos planteado nuestro malestar por esto, se nos argumenta que es bueno y ayuda psicológicamente a los afectados el hecho de encontrarse con sus pares, compartir este proceso. Por supuesto que estamos de acuerdo con este argumento pero estas oportunidades de encuentro se pueden dar en diversas organizaciones, (formando clubes de adulto mayor de los afectados en sus DD.HH. o participando en centros de adultos mayores de las Cajas de Compensación, con un aporte mínimo de $1000, o también esta tarea la debieran asumir los equipos PRAIS, que son los encargados de atender psicológicamente a los sobrevivientes.) sin costos extraordinarios para el Estado. La pregunta es: ¿debe el estado auspiciar estos “Clubes de Adultos mayores” de la UNIACC a un costo de $ 440.000 mensuales?

La conclusión que sacamos de esto es que este beneficio que se pretende entregar a los sobrevivientes de la prisión política y tortura no nos está sirviendo a nosotros, está sirviendo más bien de excusa para que esta institución de educación haga un gran negocio.

Por otra parte, ahora se sabe que será posible transferir este beneficio a un hijo o nieto en las condiciones que establecerá el Reglamento a dictarse por el MINEDUC. Es decir, que por fin se busca corregir el destino de la beca para alguien de nuestra descendencia a quien le sea verdaderamente beneficioso. Con mayor razón preocupa el que los ex prisioneros y torturados vayan a malgastar por engaño ese derecho perdiendo posteriormente la posibilidad de financiar una “carrera Universitaria de verdad” a algunos de sus descendientes.

Quiero informarle además que como enganche, les ofrecen becas para un hijo, un nieto, inclusive para algún sobrino o pariente por dos años en su CFT en una carrera “online”, carreras de dudosa calidad y de dudoso reconocimiento pero que sirven para comprometer y amarrar al becado después de haber firmado.
Tengo la certeza (he conversado con personas que están asistiendo a estos cursos) que muchos de los becados por razones de salud no asisten regularmente a clases la asistencia que exigen es mínima, lo que les interesa es cobrar los montos anteriormente señalados.

Esta situación se la plantee al Diputado señor Sergio Ojeda sin tener una respuesta satisfactoria hasta el momento. Posteriormente tuve junto a otros dirigentes una reunión con el Diputado señor Javier Hernández en Osorno, quien se comprometió a investigar. Hoy recurro a UD con la esperanza que de verdad alguien se interese por investigar seriamente esta situación donde están comprometidos montos importantes del Estado, ya que la UNIAC tiene aproximadamente 1400 becados Valech matriculados. Estoy informada que una gran parte de las acciones fueron compradas recientemente por una empresa extranjera, el resto de las acciones pertenecen mayoritariamente a personeros de la Concertación. ¿Será ese el motivo de la falta de interés de investigar por parte del gobierno? La verdad a esta altura se puede pensar cualquier cosa.

Sin otro particular y con la esperanza de ser escuchada, me despido muy Atte.


Nelly Cárcamo Vargas
Rut: 7.095.359-5
Vicepresidenta ONG Unexpp Chile