Argentina, Corrientes: Trabajo infantil, flagelo significativo
Un trabajo académico describe el peso significativo del trabajo infantil en la producción rural de Corrientes de la mano de la pobreza estructural y factores culturales.
DDHH
Chile. Huelga en empresa de papeles higiénicos: Las manos sucias de Piñera
Papeles Industriales S.A., “fiel a su espíritu innovador, este año ha lanzado un papel higiénico de 80 metros, el más largo del mercado chileno”.
PISA, inició su “intimo” emprendimiento en 1979, procesando papeles importados para la industria gráfica. En 1989 salió a competir al mercado a través de sus marcas Roll, Genial, Sin Fin, DRY y Real. En los 90, PISA lanzó al mercado las servilletas Favorita, y “mas tarde se incorpora a la marca, el papel higiénico Toallas de Papel, Pañuelos y Faciales, para formar la gran Familia Favorita”. Desde 1995 concentra casi el 50% de los servicios en materia de baños y áreas de trabajo. El 2001, la empresa, llevada por un “espíritu (de) anticiparse a la competencia y adueñarse del mercado de las Marcas Propias”, produce los pañales de marca Naturell. La corporación, el 2003, llamó la atención “de SCA, la papelera más grande de Europa, y juntas decidieron formar una poderosa alianza”. El conflicto Pero PISA no tiene los papeles limpios. Sobre todo con los trabajadores que allí se desempeñan. De hecho, producto de una negociación colectiva insatisfactoria, el Sindicato Nº 2 de la empresa, luego de conocer la última oferta del empleador, votó la huelga el 27 de diciembre y la hizo efectiva el 30 de diciembre de 2010. La organización que tiene 22 años y 9 negociaciones en el cuerpo resolvió la huelga por una mayoría abrumadora. El presidente del Sindicato, Hugo Pinilla Maldonado informa que “los accionistas principales son, con un 50% de las acciones, SCA, líder en Suecia en la fabricación de los productos del sector, y Gabriel Ruiz Tagle, Subsecretario del Deporte (“Chiledeportes”) del actual gobierno, con el otro 50% de las acciones”. Gabriel Ruiz Tagle asumió su cargo público el 11 de marzo del año pasado y antes fue el principal accionista de Blanco y Negro S.A., administradora del club de fútbol Colo-Colo, y presidente de su directorio entre 2007 y 2010 Las demandas centrales de los trabajadores se sintetizan en un incremento salarial de un 6%, y el aumento del bono de producción que es parte importante de la renta, el cual hoy es de $140.000 pesos promedio (US$291 dólares) y se busca elevar a $160.000 pesos (US$333 dólares). Asimismo, los trabajadores luchan por mantener beneficios logrados en negociaciones anteriores, como el pago de la indemnización a todo evento sin tope de años. Quienes laboran en PISA obtienen un salario promedio de $300.000 pesos al mes (US$625 dólares). De acuerdo al dirigente sindical, Hugo Pinilla, “las condiciones laborales están más o menos controladas debido a las iniciativas del Sindicato y la intervención directa de la Inspección del Trabajo”. Sin embargo, el 2010 los trabajadores sufrieron 10 accidentes laborales y un accidente con resultado de muerte. La mano poco higiénica de Sebastián Piñera El principal problema para los trabajadores en huelga y su pronta y satisfactoria resolución se encuentra en que “la empresa tiene una relación directa con el gobierno de Sebastián Piñera”, relata Hugo Pinilla y argumenta que “el gerente general de operaciones de PISA es Eduardo Morel, sobrino de la primera dama, Cecilia Morel, y a la vez Gabriel Ruiz Tagle es Subsecretario del Deporte”. El presidente del Sindicato enfatiza que “el escenario en el que se desarrolla la huelga es adverso ya que la empresa está dirigida por personajes muy ligados al gobierno. Eso, hasta el momento, los mantiene seguros en su posición.” PISA está ubicada en la Panamericana Norte 22550, comuna de Lampa. El correo electrónico de los trabajadores en huelga es sindicato.pisa@hotmail.com y la solidaridad apremia.
Datos personales:
Eduardo Morel
CargoGerente de Operaciones CHILE, Joint venture en Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAInformación demográficaChile | Productos de papel y forestales Actual:Profesor part time en Universidad de los Andes, Gerente de Operaciones Planta PISA CHILE, Joint venture en Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA Anterior:Gerente de Operaciones en CHEP Chile, Gerente de Operaciones en Tecnoboga S.A., Ingeniero Coordinador de Obra en SAT, Ingeniero de Proyecto en ED...Educación:Lean Manufacturing, Green Belt Seis Sigma, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad de Chile Resumen:Ingeniero Civil de la Universidad de Chile y Diplomado en Administración de Empresas, Universidad Adolfo Ibáñez; con más de diez años de experien...
Chile: Niegan libertad a Alejandro Rodríguez
El Cuarto Juzgado de Garantía negó la libertad a Alejandro Rodríguez Escobar, quien se encuentra recluido desde el 30 de agosto de 2010 en la Cárcel de Santiago Uno, y que mantiene una huelga de hambre líquida desde el 21 de diciembre, denunciando un montaje político y judicial en su contra que le mantiene privado de libertad a pesar de no existir pruebas en su contra que lo vinculen a los delitos de los que le acusan. Alejandro Rodríguez es un ex preso político y ex militante del MAPU-Lautaro, permaneció en prisión 12 años y recuperó su libertad el 2004.
Chile: La huelga de hambre de Alejandro Rodríguez y la intervención urgente del Instituto de Derechos Humanos
Por Andrés Figueroa Cornejo
Alejandro Rodríguez Escobar es un ex prisionero político del Mapu Lautaro, uno de los destacamentos antidictatoriales más destacados en la lucha contra la tiranía de Pinochet. Entre 1992 y el 2004 estuvo preso en distintos penales por razones asociadas a su actividad militante. Salió en libertad condicional y actualmente, a sus 40 años, producto de una estrategia estatal (“represión por sospecha o preventiva”) que procura desmoralizar a quien intente en Chile presentar lucha frente a un sistema caracterizado por la extraordinaria concentración de la riqueza, líder de la desigualdad social, el trabajo precario y la mala vida generalizada, debió comenzar una huelga de hambre, tras 4 meses de presidio, esta vez, acusado sin pruebas de hechos que acontecieron el 2009.
En la misiva donde Alejandro Rodríguez explica las razones de su drástica decisión, señala que “A contar del 30 de agosto me encuentro prisionero en la cárcel de Santiago Uno en los módulos de máxima seguridad, procesado por el asalto a un camión de Valores, hecho ocurrido el 13 de septiembre de 2009, delito en el que declaro no tener participación alguna. Desde el 2004 me encuentro en libertad condicional después de casi 12 años de prisión política, y cumpliendo todos los requisitos que se me exige para dicha libertad. Desde septiembre de 2009 a agosto de 2010, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) intensifica sus habituales seguimientos e investigaciones contra mi persona hasta el nivel de acoso, sin encontrar vínculo alguno que me ligue a dicho asalto, razón por la cual realiza un burdo montaje, utilizando a testigos inducidos, cometiendo graves aberraciones investigativas, como consta en el mismo proceso y que antaño las hicieron las fiscalías militares. Y es que frente a estas atrocidades el juez del 4º Juzgado de Garantía me otorga la libertad en dos ocasiones, pero en ambas la fiscalía recurre a la Corte de Apelaciones, quien finalmente me deja en prisión preventiva, apelando a mi historial político. En razón de los antecedentes esgrimidos en la Corte de Apelaciones, continúo siendo un prisionero político desde 1992. Por todo lo expresado, desde el martes 21 de diciembre me declaro en huelga de hambre líquida de carácter indefinida, exigiendo mi libertad inmediata y la absolución de todos los cargos que se me imputan.”
LA DEFENSA
La abogada defensora de Alejandro Rodríguez, Alejandra Arriaza, confirma su declaración y agrega que fue informado de su formalización “en la investigación de dos hechos ilícitos: un robo con violencia a un camión de Prosegur en el Parque Arauco y un robo con intimidación de una camioneta. Sin embargo, desde el minuto de detención hasta la fecha, Alejandro ha visto cómo sus derechos más esenciales han sido vulnerados en la investigación, porque cuando fue detenido sufrió su exhibición en todos los medios de comunicación como la persona responsable y culpable de los ilícitos sin tener prueba alguna para ello.”
-¿Cuándo pasaron los incidentes que se le imputan?
“Ocurrieron un año antes, en septiembre de 2009, y hasta ahora las policías no tenían responsables ni autores. Es decir, había que usar a alguien para responsabilizarlo. En este marco se privó de libertad a Alejandro. En el intertanto que debía ser puesto a disposición del tribunal, con pruebas concretas del Ministerio Público, se mostraron fotografías a las presuntas víctimas de estos acontecimientos y se realizaron reconocimientos fuera de todo procedimiento legal.”
-¿Por qué?
“Porque la orden del juez sólo era para colocarlo a disposición del tribunal. Es decir, las acciones fotográficas y de reconocimiento horas previas, han fueron cuestionadas por el propio 4º Juzgado de Garantía. La exhibición fotográfica sólo da cuenta de 32 rostros que no son al azar, sino que se supone, corresponden a rostros de personas que han tenido participación violenta en hechos ilícitos similares. Sin embargo, muchos de esos rostros son de prisioneros políticos de las décadas del 80 e inicios de los 90. Y esto nos preocupa. ¡Además, quienes participan de la rueda de presos, son los mismos funcionarios aprehensores que diligenciaron la orden! Es decir, el proceso está viciado tanto en la forma, como en el fondo. Y esa es la única prueba con la que cuenta el Ministerio Público.”
-¿Y qué dice el juez del 4º Juzgado?
“El juez de garantía que ha revisado en dos oportunidades la situación de privación de libertad de Alejandro ha señalado lo mismo, y ha enfatizado que los procedimientos empleados vulneran los derechos constitucionales de los inculpados, y el principio de inocencia. En resumen, no hay prueba alguna. No obstante, la privación de libertad de Alejandro se mantiene.”
-¿Cuáles son sus fundamentos como defensora legal de Alejandro Rodríguez?
“Me consta que los días en el que a él se le acusa de participar en los ilícitos, Alejandro se encontraba trabajando en la empresa Maxhuber. Estos antecedentes han sido puestos en conocimiento de los tribunales. A la misma hora en que sucedieron los ilícitos, Alejandro estaba muy lejos de esos lugares, trabajando. Eso está acreditado por el contrato de trabajo de Alejandro, a través del registro de sus ingresos y sus salidas de la empresa. Y sus compañeros de trabajo confirman lo mismo. En septiembre de 2009, Alejandro jamás faltó a su empleo, ni tuvo retrasos. Esto es, resulta imposible que el imputado haya estado en dos lugares al mismo tiempo, a la misma hora, considerando también, que él se desempeñaba en la sede del centro de Santiago, en calle Bandera, y los acontecimientos que se están investigando pasaron en las comunas de San Miguel y Las Condes. Asimismo nos preocupa que sea precisamente la 8ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago la que revoque la resolución de los juzgados de garantía bajo el argumento de que por la gravedad de los ilícitos, por el tiempo que ha pasado entre los hechos y la detención de Alejandro, sumado a sus antecedentes penales, lo considera un “peligro”, y decreta su detención preventiva.”
-¿Qué lectura hace de las razones esgrimidas por esa Corte?
“Aquí se está criminalizando a una persona por hechos anteriores por los cuales ya cumplió una privación de libertad de 12 años. Alejandro estaba en un régimen de libertad condicional desde el 2004, donde jamás tuvo una falta y registra cumplimiento cabal e íntegro respecto de las condiciones que le impusieron a cambio de obtener el beneficio de la libertad condicional. Por eso estamos exigiendo la libertad de Alejandro Rodríguez Escobar. Lamentamos que ahora esté poniendo en riesgo su vida para llamar la atención, tanto de la justicia, como de la sociedad. Y la reciente creación del Instituto de Derechos Humanos tiene la obligación de tomar cartas en este asunto.”
Bárbara Catalán es la compañera de Alejandro Rodríguez desde hace un buen tiempo. Ella indica que “nosotros, como familiares y amigos, nos sentimos orgullosos del pasado combativo de Alejandro y por lo mismo, no vamos a aceptar ningún montaje ni criminalización que se le esté haciendo hacia su persona y hacia otros tantos compañeros que están encarcelados por montajes por parte del Estado y de todo su aparato político-jurídico.”
-Desde el inicio de la huelga, ¿quién puede visitarlo?
“Su abogada y personas de agrupaciones de Derechos Humanos.”
-Usted ha señalado que ha recibido mal trato en el penal donde está prisionero Alejandro Rodríguez…
“Cuando lo visitamos sufrimos situaciones denigrantes. Debemos aguantar que los funcionarios de gendarmería nos insulten, y no nos podemos defender ni apelar a ética alguna porque sino castigan la visita. Nos hacen bajarnos la ropa interior, ponernos en cuclillas y darnos vuelta; subirnos el sostén, aceptar que nos manoseen literalmente; abrir la boca, permitir que nos revisen los oídos.”
María Cristina Pacheco, incombustible luchadora e integrante de la Asamblea de Derechos Humanos dice que “debemos resistir estos abusos a través de la denuncia, la difusión y la acción”.
Por su parte, el vocero de Alejandro Rodríguez, el miembro del secretariado ejecutivo del Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores (MPT), Marcos Riquelme, informa que “hay dos cosas que nos preocupan: la manera de romper el cerco mediático a la que está sometido Alejandro, y que este montaje es una acción política que tiene por objetivo intentar amedrentar a los luchadores sociales. Por otro lado nos interesa que las instituciones de Derechos Humanos intervengan respecto de la integridad de Alejandro. Su situación se agrava en tanto pasan los días. Nosotros no buscamos mejoras carcelarias. Queremos su libertad.”
Diciembre 28 de 2010
Un ex represor chileno en Buenos Aires
Denunciado como uno de los más feroces torturadores de la dictadura pinochetista, trabaja para una universidad vinculada con el Pentágono y estuvo en esta ciudad presentando un libro sobre seguridad. El dice que no tiene nada que ver.
El ex agente de la DINA chilena Jaime García Covarrubias estuvo desde el martes presentando un libro en Buenos Aires. Mientras tanto, en Santiago se debate una denuncia en su contra por su accionar durante la dictadura pinochetista. Sobrevivientes denuncian que era uno de los más feroces torturadores del regimiento de Tucapel, en Temuco. El ex integrante de la policía secreta de Augusto Pinochet negó a Página/12 las acusaciones que se acumulan en su contra.
García Covarrubias estuvo hasta ayer alojado en el elegante hotel porteño Marriot Plaza, donde participó de la presentación del libro Seguridad y Defensa en Tiempos del Bicentenario, compilado por el especialista Mariano Bartolomé, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según una asistente al seminario, el ex agente habría comentado que tuvo reuniones con miembros de la embajada estadounidense durante su estadía en Buenos Aires. García Covarrubias no accedió a bajar hasta el hall del hotel, pero respondió a unas preguntas de Página/12 por teléfono.
–¿Usted reconoce haber integrado la DINA?
–Dicté clases en la Escuela Nacional de Inteligencia. Nunca fui operativo. Siendo teniente, jamás fui profesor de técnicas de tortura.
–¿Qué opina de la reciente denuncia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados chilena por su accionar durante la dictadura pinochetista?
–Estas acusaciones son falsas, son injurias. Solamente puedo decir que la Justicia jamás me ha declarado culpable. Los tribunales chilenos me dejaron sin responsabilidad en esta causa. Pero, por este tema, estoy en contacto con mis abogados. Yo no estoy pidiendo inocencia.
–¿Es cierto que usted le escribía los discursos a Augusto Pinochet, tal como aparece en el informe Memoria Viva?
–No. Yo sólo serví como oficial de la Secretaría de la Presidencia durante esos años.
–¿Estuvo vinculado con la Sociedad Pedro Diet Lobos, que desde 1977 fue la pantalla comercial de la DINA, como denuncian organismos de derechos humanos?
–No.
Después de esa respuesta, García Covarrubias cortó la comunicación.
Según informes de organismos de derechos humanos, la actividad de García Covarrubias en la DINA arrancó en 1974 y en 1990, al final de la dictadura de Pinochet, seguía en funciones y ostentaba el grado de teniente coronel.
Sobrevivientes del Regimiento de Infantería 8 de Tucapel recuerdan la crueldad de García Covarrubias. “Era parte del aparato represivo del ejército”, denunció Hermán Carrasco, militante en los años ‘70 y víctima del actual docente del Pentágono. “Desde el 4 hasta el 10 de noviembre de 1973, García Covarrubias nos torturó a cara descubierta y utilizando los peores métodos. Nos obligó a cometer aberraciones sexuales entre nosotros”, revivió Carrasco en comunicación con este diario. Carrasco dice que nunca tuvo dudas de que el actual especialista en seguridad internacional y miembro de la Asociación de Ciencias Políticas de Chile fue su torturador y que tuvo la oportunidad de ratificar su certeza al carearse con García Covarrubias hace dos meses en una diligencia judicial. El ex detenido vinculó al ex agente de la DINA con el asesinato de seis militantes comunistas de Temuco, que murieron por las torturas que sufrieron a fines de 1973. Los represores quisieron justificar esos homicidios alegando que los militantes habían caído en combate durante un intento de copamiento de la guarnición militar de Tucapel.
La abogada Magdalena Garcés, especialista en derechos humanos, le explicó a Página/12 que hay abiertas varias causas por ejecutados o desaparecidos chilenos en las que se imputan crímenes a García Covarrubias. En el caso de los seis dirigentes comunistas, el entonces teniente prestó declaración en calidad de inculpado. “No es cierto lo que dice García. Nunca ha sido procesado. Por lo tanto, es imposible que haya sido absuelto o condenado”, afirmó Garcés. La abogada subrayó que no existe ningún impedimento para que García pise territorio chileno. Pero, como no vive en el país trasandino, se hace difícil completar los trámites para que sea llamado a indagatoria. “Yo sé que él viaja a Chile, pero no sé cuándo. Por eso, voy a volver a pedir que lo vuelvan a citar por la desaparición del abogado Jaime Eltit Spielman”, añadió.
De acuerdo con el sitio web Memoria Viva, García Covarrubias llegó a ostentar el cargo de jefe de la Contrainteligencia de la DINA. El perfil publicado en esa página dice que en 1988 habría asumido la Subsecretaría General de Gobierno y que durante tres años habría actuado como asesor de la Secretaría General de la Presidencia. Según surge de la web del Centro de Estudios de Defensa Hemisférica (CHDS), entre 1991 y 1992 habría viajado a París para estudiar historia de la civilización occidental moderna en la Sorbona. En 2001, habría empezado a dar clases de Política y Seguridad Nacional en el CHDS, vinculado con el Pentágono.
Al enterarse de su actual rol de académico, organismos y diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados chilena presentaron esta semana una denuncia en su contra para que cese en ese cargo. “Es inconcebible que un agente de la DINA esté trabajando para el Pentágono”, se quejó el diputado comunista Hugo Gutiérrez. Consultado por este diario, el legislador se refirió a la presentación que lo trajo a García a Buenos Aires: “No debería estar dando cátedra sobre seguridad quien torturó a prisioneros políticos”.
Informe: Luciana Bertoia.
La dictadura del general Pinochet en el banquillo de los acusados en París
| Traducido para Rebelión por Caty R. |
«A pesar de la muerte de Augusto Pinochet, este juicio póstumo no dejará de ser el del dictador chileno, así como del conjunto del sistema de represión establecido [por las dictaduras de Sudamérica] (1). Con estos términos los magistrados William Bourdon, Claude Katz, Benjamin Safati y Sophie Thonon han planteado el proceso ante el Tribunal de lo Criminal de París, la más alta jurisdicción criminal francesa.
«Llevamos esperando desde hace mucho, mucho tiempo, casi toda nuestra vida», declaraba el lunes 6 de diciembre Natalia Chanfreau, quien era un bebé cuando su padre desapareció (2). Previsto inicialmente en mayo de 2008, el proceso fue aplazado por primera vez por el juzgado general. Entonces se interrogó a algunos militantes de los derechos humanos: ¿ Aquel aplazamiento sine die fue el resultado de presiones políticas, como cuando Pinochet todavía estaba vivo? La razón invocada entonces por la justicia fue el deseo de organizar un juicio «irreprochable», teniendo en cuenta «las dificultades encontradas en la expedición de las citaciones de las numerosas personas que residían en el extranjero» (3). Hacer que vengan de varios lugares del mundo los testigos vinculados con las cuatro víctimas –así como los «grandes testigos» internacionales (que permitirían poner el juicio en contexto)- requería una logística complicada (4). Pero la ausencia de jueces dedicados en exclusiva a este asunto y la falta de voluntad política también influyeron.
Así pues el juicio se abre después de doce años de procedimiento. Si se lleva a cabo, probablemente forjará un precedente histórico, hecho posible gracias a la movilización sin descanso de las familias de víctimas y de organizaciones sociales chilenas e internacionales. Los decenios de lucha contra la impunidad, el olvido y para obtener verdad y justicia… desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
El 16 de octubre de 1998 el general Augusto Pinochet fue arrestado en Londres por orden de las autoridades judiciales españolas y del juez español Baltasar Garzón. Casi inmediatamente las familias de detenidos-desaparecidos franceses presentaron una denuncia contra los responsables del régimen. Desde julio de 1999, la Federación Internacional de las Ligas de Derechos Humanos (FIDH) y la Liga Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (LDH), se constituyeron en parte civil. Así como la Corporación Chilena para la Defensa y la Promoción de los Derechos del Pueblo (CODEPU-Chile), la Asociación de ex presos políticos chilenos-Francia y la asociación France Amérique Latine (FAL) hicieron lo mismo.
El arresto del dictador abrió un resquicio, a pesar de una inmensa frustración. «El mundo, y Europa en particular, veía en la posibilidad de un juicio contra el viejo dictador –en España y Francia especialmente- el advenimiento de una justicia internacional en materia de violaciones de los derechos humanos. Pero el juicio no tuvo lugar y Pinochet, después de haber visto multiplicarse durante los años 2000 las persecuciones contra antiguos responsables de la represión militar y haber sido él mismo encausado por ciertas investigaciones, murió libre y sin haber sido juzgado el 10 de diciembre de 2006» (5). Poco después la jueza Sophie Clément cerró la instrucción, abriendo «la audiencia» (es decir, «la inscripción») del dossier ante la Corte de lo Criminal de París.
Si este proceso se puede realizar en París es porque la ley penal francesa, a título de la competencia jurisdiccional extraterritorial, es aplicable a los crímenes cometidos por extranjeros contra personas de nacionalidad francesa fuera del territorio nacional (según el artículo 113-7 del código penal y de la «competencia personal pasiva» de las víctimas).
Por otra parte no es la primera vez que la justicia francesa deberá pronunciarse con base en esa competencia en un juicio sobre el terrorismo de Estado en Sudamérica. El verdugo argentino Alfredo Astiz, conocido como «el ángel de la muerte», fue condenado a cadena perpetua en rebeldía en marzo de 1990 por la desaparición forzada de dos religiosas francesas durante la última dictadura (1976-1983).
3.197 víctimas de desapariciones o ejecuciones y 28.461víctimas de torturas: éstas son las cifras oficiales de la represión chilena. Cifras muy por debajo de la realidad. Varios historiadores y asociaciones de defensa de los derechos humanos hablan de 200.000 a 300.000 personas arrestadas y torturadas. Sin embargo este reconocimiento oficial da una medida de la violencia del régimen militar.
Con este proceso es la arquitectura de la máquina infernal del terrorismo de Estado lo que se juzgará: su funcionamiento, sus cadenas de mandos y sus lógicas institucionales. Los distintos itinerarios de las víctimas ponen de manifiesto diferentes aspectos del sistema represivo. También evidencian la resistencia de los militantes de izquierda (6).
Georges Klein, de 27 años, era el médico y asesor del presidente socialista Salvador Allende durante la Unidad Popular (1970-1973). Estaba junto al «compañero presidente» el día del bombardeo de La Moneda, desde ese día está desaparecido. Etienne Pesle, 46 años, ex sacerdote, era militante del Movimiento de los Cristianos por el Socialismo. Ferviente defensor de la reforma agraria, trabajaba como funcionario del Instituto de Desarrollo de la Agricultura. También desapareció en las dos primeras horas de la dictadura cuando se encontraba en Temuco, al sur del país. Alfonso Chanfreau, de 23 años, militaba en el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue arrestado el 30 de julio de 1974 por la Dirección General de Inteligencia (DINA), la policía política bajo el mando de Manuel Contreras. Encarcelado y torturado durante más de un mes, después le transfirieron a la «Colonia Dignidad», una comunidad sectaria fundada por un antiguo nazi, Paul Schaeffer, hoy fallecido (7). Finalmente Jean-Yves Claudet, 34 años, ingeniero, estaba encargado de las relaciones internacionales del MIR. Detenido en dos ocasiones tras el golpe de Estado y después expulsado a Francia volvió a Argentina al año siguiente para organizar la resistencia. Fue secuestrado por la DINA el 1 de noviembre de 1975, en una operación efectuada en el marco del «Plan Cóndor», plan de coordinación y cooperación internacional de las dictaduras del Cono Sur en su «lucha contra la subversión», según el lenguaje consagrado por los militares golpistas.
Este proceso, por otra parte, no podrá pasar por alto la implicación de Estados Unidos en el apoyo a las dictaduras de Sudamérica, empezando por la de Henry Kissinger, ex asesor de la Seguridad Nacional estadounidense, Premio Nobel de la Paz en 1973, que fue citado a comparecer en calidad de testigo durante la instrucción, sin éxito.
«No esperamos un milagro», concede Jacqueline Claudet, la hermana de Jean-Yves Claudet. Pero «éste es un primer paso hacia la justicia» (8). El juicio es esencialmente simbólico. Pero muchas veces los símbolos son poderosos.
Los acusados, con edades de entre 59 y 89 años, no se presentarán. Ni siquiera han solicitado representantes legales, negando cualquier legitimidad al procedimiento. Cinco murieron durante la instrucción (entre ellos Augusto Pinochet, Osvaldo Romo, verdugo célebre por sus confesiones, y el antiguo nazi Paul Schaefer). De los catorce restantes, en la actualidad la mayoría cumple penas de prisión, empezando por el ex general del ejército Manuel Contreras. Otros, convertidos en hombres de negocios, circulan libremente, como por ejemplo el capitán reservista de la fuerza aérea Emilio Sandoval Poo. «Chile será su prisión», afirma Sophie Thonon, «en el momento en que intenten cruzar una frontera serán detenidos» (9).
¿Pero por qué se realiza este juicio en Francia y no en Chile? Durante los años sombríos de la dictadura las familias pidieron a la justicia chilena que investigara esas desapariciones, pero como señala el acta de acusación, aquélla «falló en su misión y mostró una dependencia total con respecto al régimen establecido». Todavía hoy, según la FIDH, «se comprueba que esta justicia choca contra las reminiscencias de la estructura de impunidad creada por Pinochet y los suyos al preparar la transición». Cuando la condena tiene «una levedad de las penas, al aplicar desde hace varios años la regla de la ‘prescripción a la mitad’, es absolutamente desproporcionada con respecto a la gravedad de los crímenes. Teniendo en cuenta en particular la antigüedad de los hechos y el comportamiento actual de los actores de los crímenes perseguidos, esta regla supone en realidad que en muchos casos los condenados salen libres desde que se dicta la sentencia» (10). De momento 171 personas han recibido condenas de encierro por crímenes contra la humanidad, pero sólo 53 de ellas están en la cárcel o en residencia vigilada. Hay varios centenares de juicios en curso de instrucción.
Por otra parte, las diferentes comisiones nacionales de «verdad y reconciliación», de «diálogo» o de «reparación» creadas tras la transición democrática de 1990 no se han enfocado a hacer justicia. Sus atribuciones restringidas, los testimonios anónimos de los militares, el mantenimiento del decreto-ley de amnistía de 1978, los numerosos «enclaves autoritarios» surgidos de la dictadura (entre ellos la constitución de 1980, ¡que todavía rige las instituciones del país!) o el mantenimiento del modelo económico neoliberal, explican esta situación. Veinte años durante los que los gobiernos de la Concertación (coalición de demócratas cristianos y el centro izquierda) nunca han tenido la voluntad de cuestionar la impunidad que gangrena el país e hipoteca el futuro. En nombre de la unidad nacional, las élites se niegan a afrontar ese «pasado demasiado rápidamente pasado» (11). Y se puede estar casi seguro que el presidente actual (Sebastián Piñera), que se enriqueció durante la dictadura y es aliado de la Unión Democrática Independiente (UDI), la formación política surgida del «pinochetismo», seguirá el mismo camino. De ahí la importancia histórica de la iniciativa que está en curso en París.
El cineasta Patricio Guzmán, autor de una delicada y poética «Nostalgia de la luz» (actualmente en pantalla), señalaba en una entrevista a propósito de su película «El caso Pinochet» su voluntad de «que se agarrase bien la información que transmitían las voces de los testigos, esas personas vivas que escaparon de aquel período tenebroso». Y concluía: «En una palabra: hacer que se oigan las voces vivas. Poner la palabra de los testigos contra la dictadura, mostrar la dictadura en la palabra de esos testigos» (8). Éste es un poco el objetivo de ese juicio.
Notas:
(1) Fédération internationale des ligues des droits humains, «Procès de la dictature de Pinochet », 3 de diciembre de 2010, http://fidh.org/Proces-de-la-dictature-de-Pinochet.
(2) Conferencia de prensa «Ouverture du procès à Paris de 14 hauts responsables de la dictature chilienne», Centre de acogida de la prensa extranjera en París, lunes 6 de diciembre (audio en línea en su totalidad: http://www.capefrance.com/audio/2010/12/2056.mp3).
(3) Fédération internationale des ligues des droits humains, «Un nouvel affront de la justice aux victimes de violations des droits de l’Homme au Chili», 7de mayo de 2008, www.fidh.org/Report-du-proces-contre-les-anciens-responsables.
(4) Se escuchó especialmente al abogado chileno y ex relator de las Naciones Unidas Roberto Garretón, Martín Almada, «descubridor» paraguayo de los archivos del Plan Cóndor, el magistrado francés Louis Joinet y al periodista de investigación estadounidense John Dinges.
(5) Asociation d’ex prisonniers politiques chiliens-France; France Amérique Latine, «Dans l’ombre de Pinochet. Procès contre la dictature chilienne», Dossier de prensa, diciembre de 2010. Ver: http://franceameriquelatine.org/index.php?m=9&theme=29 y www.chiliveriteetmemoire.org.
(6) Para más detalles consultar el blog del periodista Jac Forton, dedicado al proceso de la junta chilena en Francia: http://jac.forton.free.fr/blog_fr/index.php.
(7) Frédéric Ploquin y Maria Poblete, La colonie du docteur Schaefer, une secte nazie au pays de Pinochet, Fayard, 2004.
(8) Conferencia de prensa, lunes 6 de diciembre, op. cit.
(9) Ibid.
(10) Fédération internationale des ligues des droits humains, Ibid.
(11) Olivier Compagnon, Franck Gaudichaud, «Chili: un passé trop vite passé», en Pascal Blanchard, Marc Ferro e Isabelle Veyrat-Masson (dir.), Les guerres de mémoires dans le monde, revue Hermès, Paris, 2008.
(12) Entrevista con Anthony Dufraisse, 12 octubre de 2001, www.fluctuat.net/cinema/interview/guzman.htm
Franck Gaudichaud es profesor de Civilización Hispanoamericana en la Universidad Grenoble 3, especialista en Chile contemporáneo.
Fuente: http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2010-12-08-Pinochet
Procesan en ausencia a militares chilenos en Francia
La desaparición de cuatro ciudadanos franceses es el centro del procesamiento en esta capital del 8 al 17 de diciembre de 13 militares chilenos, encabezados por el ex jefe de la DINA Manuel Contreras.
Chile: Londres 38 será sometido a peritajes
A peritajes arqueológicos forenses será sometida la casa de Londres 38 que funcionó como ex centro de secuestros, torturas, ejecuciones y desaparición forzada después del golpe militar de 1973 y que estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA).