Chile

CHILE. CASO BOMBAS: “COMPARAR LAS CASAS OKUPAS CON TERRORISMO SIGNIFICA NO CONOCER LA REALIDAD SOCIAL

Entrevista con abogado del equipo de defiende a los imputados, Rodrigo Román

Por Andrés figueroa Cornejo

·        El sábado 14 de agosto, en medio de un aparatoso operativo policial, fueron allanadas casas particulares y “okupas” de Santiago, Valparaíso, Temuco y Concepción, y detenidas 14 personas por orden del Fiscal Alejandro Peña. La maniobra contó con  arbitraria brutalidad uniformada, destrucción de inmuebles, maltrato a mujeres embarazadas, y tanta prensa obsecuente como fuera posible.
 
La defensa de 9 de los imputados del llamado “Caso bombas” está en manos de la Defensoría Popular, cuyo objetivo es la defensa legal de los luchadores sociales que son víctimas de la criminalización del Estado. Su Director Ejecutivo es el abogado Rodrigo Román.
 
Discrecional e ilegalmente, el 23 de septiembre gendarmería trasladó de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) a Santiago 1 a cuatro de los aprehendidos, producto de lo cual comenzaron una huelga de hambre. Sólo después de las gestiones de sus abogados fueron reingresados el 1 de octubre a la CAS.
 
Rodrigo Román ofreció  los detalles del caso.
 
 
¿Cuáles argumentos esgrimieron para que los jóvenes fueran trasladados de nuevo junto a los demás imputados?
 
 
“Lo que nosotros alegamos es que el contacto criminógeno de Santiago 1 hace peligrar la integridad física y psíquica de estas personas. En todo caso, el régimen en el que se encuentran en la CAS es tremendo. Tienen 2 horas de patio y 22 de horas de encierro. El tribunal ordenó el retorno a la CAS de los cuatro imputados y eso produjo el fin de la huelga de hambre. Es decir acogió la solicitud de la defensa. Hay que considerar que la medida fue tomada inconsultamente por gendarmería.”
 
 
EL FISCAL PEÑA
 
 
¿Cómo se han desarrollado los procedimientos legales?
 
 
“Ha habido una dilación exagerada por parte del 11 Juzgado para resolver las peticiones de la defensa. Al respecto hoy está pendiente el debate relativo a cuál es el juez de garantía competente para conocer esta investigación, sin perjuicio de que la investigación la lleva el Ministerio Público. Según el Ministerio Público, sobre datos entregados por el Ministerio del Interior, los bombazos comienzan a sucederse en el 2005. A la fecha habrían ocurrido más de 100 en distintas comunas de Santiago. La investigación durante varios años estuvo en manos del fiscal Armendáriz y particularmente de Francisco Jacir, fiscal destacado para esta tarea de la Fiscalía Oriente. Sorpresivamente, hace  tres meses supimos que se entregó el caso al Fiscal Alejandro Peña.”
 
 
¿En qué redundó el cambio de fiscal?
 
 
“En menos de dos meses, Peña, supuestamente, hizo lo que en cuatro años no pudieron hacer Armendáriz y Jacir, lo cual, entre otras cosas, considero una falta de respeto a la dignidad profesional de los fiscales. Peña es especialista en desbaratar bandas de narcotraficantes. Pero lo que no entiende es que los traficantes son distintos a  muchachos libertarios de casa okupa.
En dos meses, el fiscal Peña, configura aparentemente la existencia de la Asociación Ilícita Terrorista, que es un delito, y la colocación de artefactos explosivos, que es otro. Por esas dos situaciones los muchachos son formalizados. Y rápidamente Peña ubica el caso en el 11 Juzgado de San Miguel, toda vez que estaba en el 8 Juzgado de Garantía. Esto violenta  el derecho del debido proceso, y el derecho al juez natural o competente y no otro. Esto se resolverá recién el 7 de octubre, 40 días después de nuestra solicitud, lo que implica que los imputados se quedan encerrados más tiempo. Nosotros estimamos que lo que corresponde es que el 11 Juzgado se declare incompetente.”
 
 
¿Qué es lo que hace el Fiscal Peña en dos meses?
 
 
“Lo sorprendente es que Peña dice haber descubierto la existencia de ciertos componentes de uso exclusivamente militar, como TNT, RDX. Lo curioso es que se habrían hallado sólo trazas de TNT. No se ha encontrado ni un gramo de TNT.”
 
 
LOS FUNDAMENTOS PEREGRINOS
 
 
¿Cómo transcurre el proceso?
 
 
“Los 14 imputados refieren absoluta inocencia respecto del delito de colocación de explosivos. Sobre el delito más rimbombante, pintoresco y pirotécnico, la Asociación Ilícita Terrorista, esa pretensión punitiva del Ministerio Público no llega ni a la vuelta de la esquina. Por lo menos en un tribunal oral en lo penal. Porque no concurren los presupuestos establecidos por el Legislador para que se configure el delito.”
 
 
¿Cuáles son los fundamentos de Peña?
 
 
“El fiscal argumenta que las casas okupa  no son tales, sino “centros de poder”. Entonces si no es posible configurar el delito, obviamente no hay participación de los imputados en él. Lo que sí es una ignorancia inexcusable es decir que las casas okupas son fachadas de “centros de poder”. Homologar las casas okupas con terrorismo significa no conocer la realidad social actual.”
 
 
EL PORVENIR DEL CASO
 
 
¿Han tenido problemas como defensa durante el proceso?
 
 
“Hemos tenido muchas dificultades. Ya ha pasado un mes y medio y la defensa no tenemos copia integra y completa de la carpeta de investigación. El principio de igualdad de armas ha sido afectado y es inaceptable. Bajo el argumento de que todavía se están digitalizando. Y ya han pasado 50 días. De hecho, nos hemos noticiado más a través de El Mercurio y La Tercera.”
 
 
¿Cuánto tiempo para investigar tiene el Ministerio Público?
 
 
“El plazo de investigación es de 6 meses, aunque puede llegar hasta dos años. Sin embargo, ello no quiere decir que los muchachos tienen que estar privados de libertad todo ese tiempo. Apenas terminemos el trámite correspondiente a la competencia, comenzaremos la defensa estricta para que los jóvenes puedan optar a la libertad, sin perjuicio de ir preparando el camino para el juicio oral donde se resuelven los temas de fondo.”
 
 
¿Cómo calificarías la defensa de los prisioneros?
 
 
“Nosotros vamos por buen camino. Yo creo que ganaremos sobre la pretensión punitiva del Ministerio Público que ha demostrado su total falta de independencia, autonomía, y objetividad. El Ministerio Público ha sido influenciado por el poder político. Es decir, existe una estrecha relación con el momento político actual. Ahora, para nosotros el Ministerio Público está excusado porque en Derecho nadie está obligado a lo imposible, y es imposible que demuestren la Asociación Ilícita Terrorista. Y si la justicia no hace eco de las presiones políticas y se comporta como un tribunal de Derecho conforme a la ley y al Código Penal, no pueden sino absolver a nuestros representados.”
 

Chile: Los 33 mineros también son africanos

Por Andrés Figueroa Cornejo

Mire usted en qué han convertido este paisito que se hunde en el polo sur, como cuchillo desdentado, viviendo ante el vértigo del precipicio oceánico.

Mire cómo la dicha impensable de que 33 mineros hayan sobrevivido a un derrumbe de toneladas multiplicadas, es convertida por el mal gobierno en reality show, propaganda atosigante, sobreexposición y usura.

Vea usted, que mientras el endeudamiento aliena a millones, la explotación de los muchos se intensifica, la precarización del empleo es una de las maneras cardinales de mantener la tasa de ganancia del capital, la criminalización del descontento cae como un rayo de maldiciones sobre los mapuche y los libertarios y los trabajadores y los estudiantes, y se sostiene por la fuerza –que es armas y consenso y temor- un orden de las cosas inhumano y helado; aquí nos tienen pegados al televisor como si ese recorte a discreción y premeditado de un gesto de la realidad fuera toda la realidad.

Sepa que en este sitio –donde hubo hace menos de 40 años uno de los pueblos más organizados y atentos del planeta- ya ni sabe por qué la banca y el comercio es pura especulación y castigo cotidiano; ni sabe por qué un puñado de familias son el dueño de todo, en tanto se abarrota el territorio de mentiras negras, se oprime con saña, se destruyen los bosques a costa del hogar mapuche, el agua salada y dulce tiene propietario, se detiene a los jóvenes por la gorra y el tatuaje, y el capital se reproduce y concentra por despojo y plusvalor.

Y, claro, la indignación social salta como neurosis individual. Nunca hubo más tristes científicamente contados, ni tanta farmacia por habitante, ni tanta desigualdad probada, a la vista o mal encubierta, ni una sociedad de clases loteada geográficamente, bajo el espejismo de las mercancías a plazo esclavo.

Mire usted en qué han convertido este paisito que se hunde en el polo sur, como cuchillo desdentado. Que todavía vivimos del poco cobre estatal que queda y cuya propiedad se muerde cada día a través de acciones bursátiles puestas en quién sabe dónde y se resuelven nuevas privatizaciones en la trastienda del Estado corporativo que manda como un solo y atroz castigo, mientras la salud es un privilegio y la educación es una cárcel y fábrica de trabajadores baratos, y la seguridad social un recuerdo de nuestros mayores.

Y mire cómo a los mandatados a cambiar la vida, las grandes mayorías que la sudan y padecen, los más puestos con cabeza y corazón, no terminan por reunirse de una vez para inestabilizar la paz de cementerios tan conveniente para la minoría que ordena el naipe sin báscula, y ni un paro nacional logramos convenir. Y no para hacer la revolución –que ese desafío en este paraíso del capitalismo mundial tiene para largo-, sino para del gateo ser capaces encumbrarnos y otear un futuro más allá de las cuentas y los cuentos.

Eso de la Concertación y la derecha, y sus matices invisibles, es cosa de grandes empresarios y politólogos que no sueltan el mango hasta caer deshechos al fondo de un cementerio privado y poco tiene que ver con el interés colectivo. ¿Y qué le voy a decir a mi hijo, tan chiquilín y abrumado por los ciberjuegos, la competencia bárbara desde prekinder, y la ignorancia y el temor que gobiernan las relaciones sociales? Ya le expliqué que dios no nos inventó, sino que nosotros inventamos a dios, y también que detrás de todas las cosas que no son naturales lo que existe es puro trabajo de seres humanos y no un misterio de las vitrinas, y que el egoísmo es mera brutalidad condensada y escasez de lóbulo frontal. ¿Pero qué le dejaré además de mi ternura de fin de semana, mis dos mil marchas contra las injusticias, las barricadas de los 80 contra la tiranía y una pila de artículos y reportajes más una veintena de intentos de contribuir a crear y luego concretar un proyecto macizo donde todos puedan caber y con la mira puesta en un horizonte donde la propiedad privada sea sólo una pesadilla prehistórica? Ahora tendré que dedicarme, muy didácticamente, a contarle por qué ya el desarrollo de las fuerzas productivas alcanzaría ahorita mismo para alimentar y ofrecer una vida decente a los 6 mil millones de contemporáneos que nos rodean, y que finalmente todos somos parientes de los primeros seres humanos que por obra de la evolución y el movimiento contradictorio e irrefrenable de la vida misma se les ocurrió nacer en África Central. Porque, en definitiva, todos somos africanos. También los 33 mineros de Copiapó.

Mire usted en qué han convertido este paisito que se hunde en el polo sur, como cuchillo desdentado. Las traiciones, la desconfianza y las utilidades más indecorosas son las maneras hegemónicas en las que se despierta el día en Chile cuando termina la primera década del nuevo milenio.

La semana entrante, con la feliz salida de los mineros enterrados, al mismo tiempo, seremos obligados al espanto multimediático del dolor utilizado matemáticamente por los pocos poderosos. Sin embargo, la foto rugosa del Che que cuelga como hermano mayor en mi cabecera, todavía mantiene el ardor extraño de la rebeldía que no cede jamás. Más allá de todas las miserias y los desafíos colosales pendientes. Octubre 9 de 2010

Chile: La ilegítima prórroga de la invariabilidad tributaria

Julián Alcayaga

No podemos sino condenar en la forma más enérgica posible el acuerdo al que llegaron algunos senadores de la Concertación con el gobierno, en el que prorrogan por 6 años la actual e ilegítima invariabilidad tributaria.

Si bien podría entenderse que el año 2005 hayan aprobado la actual invariabilidad tributaria, ya que era muy difícil que parlamentarios de la Concertación rechazaran un proyecto de ley presentado por el gobierno de la Concertación, pero ahora no puede existir ninguna razón que permita justificar que parlamentarios de la Concertación aprueben la lesiva, injusta, inicua, ilegítima e inconstitucional prorroga de la invariabilidad tributaria del un proyecto de modificación del royalty, presentado esta vez por un gobierno de derecha a instancias de las mismas transnacionales mineras.

Y lo peor de todo es que estos senadores de la Concertación, llegan a este acuerdo con un gobierno de derecha, un día 6 de octubre, al día siguiente de cumplirse 22 años del histórico triunfo del NO, día en que se derrotó a la dictadura, es decir a la derecha que hoy está en el gobierno.

Este proyecto de prórroga de la invariabilidad tributaria es tan inicuo y lesivo a los intereses nacionales, que ya por esta sola razón es inconstitucional, puesto que el artículo primero de Constitución, establece la obligación para el Estado de procurar la satisfacción del bien común, en virtud de lo cual el legislador no puede aprobar leyes o tratados internacionales que puedan estimarse lesivos al bien común y a los intereses generales de la Nación. El proyecto de ley de modificación de royalty, presentado por el gobierno y aprobado por senadores de la Concertación, al otorgar otros 6 años de invariabilidad tributaria a las empresas mineras, lesiona gravemente los intereses generales de la Nación, y por ende es inconstitucional.

El daño al bien común deriva de lo siguiente: El año 2017 se pone término a la actual invariabilidad tributaria, por lo que a partir del año 2018, a estas empresas se les puede legalmente aplicar una VERDADERA REGALIA MINERA, que, según las diferentes proposiciones parlamentarias que ya han circulado, podrían situarse entre el 10 y 20% de las ventas. Con regalías en estos porcentajes sobre las ventas, si tomamos en consideración el actual precio del cobre, cuyo promedio mensual en septiembre 2010 fue de 3,5 dólares la libra, y con una producción actual de estas empresas, de alrededor de 3,8 millones de toneladas de cobre, sin considerar otros minerales, el valor de esas ventas alcanzaría los 27 mil millones de dólares, tomando en consideración el descuento por fundición y refinación en el exterior de todo lo que se exporta como concentrados. Esto significa que la regalía minera podría situarse entre los 2.700 y los 5.400 millones de dólares anuales. Esto significa que en los 6 años de la prórroga de la invariabilidad tributaria el Fisco dejaría de percibir entre 16 mil y 32 mil millones de dólares, que irían en beneficio directo de las mineras extranjeras.

Pero este proyecto adolece también de otras inconstitucionalidades tanto de fondo como de forma. En lo formal, transgrede el inciso séptimo del N° 24 del art. 19 de la Constitución, que establece que los derechos y obligaciones de los concesionarios mineros, solo puede efectuarse por ley orgánica constitucional, y por esta razón, el primer proyecto de royalty que presentó el presidente Lagos el año 2004, fue por ley orgánica constitucional y fue rechazado porque la derecha no dio el quórum de cuatro séptimos de diputados y senadores en ejercicio. Por ello el segundo proyecto de royalty, el de la actual Ley 20.026, el Presidente Lagos lo presentó como ley tributaria ordinaria, proyecto que por esta razón era inconstitucional, pero en esa ocasión no se pudo presentar un requerimiento al Tribunal Constitucional porque no había disposición entre los parlamentarios de la Concertación para oponerse a un proyecto de un gobierno de la Concertación. Pero ahora es diferente, se trata de un proyecto de un gobierno de derecha, que es lesivo a los intereses nacionales, y por ello es perfectamente factible que 30 diputados o 10 senadores de la Concertación apoyen la presentación de un requerimiento al Tribunal Constitucional, y hagan fracasar este lesivo proyecto de ley.

Julián Alcayaga es economista.

Declaración oficial del Observatorio sobre decreto del Gobierno que da inicio a la adjudicación de concesiones para la TV digital

El Observatorio de Medios Fucatel  denuncia, con estupor, el decreto supremo del Presidente Piñera que da inicio a la adjudicación de concesiones para la TV digital, en circunstancias que está en discusión en el Parlamento una ley que regula el régimen de concesiones de TV.

 

El Decreto Supremo número 264, publicado el pasado 6 de octubre autoriza asignar concesiones, sin esperar la nueva ley, presuponiendo -tal como lo explicita el mismo decreto- que los legisladores darán una base jurídica sólida a las decisiones que se tomen en base al decreto. Las asignaciones de facto que se producirán bajo el amparo de este DS inevitablemente crearan situaciones de hecho y precedentes para concesiones definitivas, poniendo una interrogante respecto de la pertinencia del proyecto de ley que actualmente se tramita en el parlamento.

El supuesto atraso comparativo de Chile en materia de digitalización de la TV, aparte de ser una afirmación falaz (ver recuadro), no es argumento suficiente para operar por la vía del Decreto Supremo, si se tiene en cuenta que la mayor o menor celeridad de la tramitación de una nueva ley depende del Ejecutivo. No se explica, por lo tanto, este sabotaje a la oportunidad única que tiene Chile de reformar una legislación que data de hace 20 años y de mejorar la oferta de la TDT haciéndola más diversa y plural.

Este Decreto Supremo es una respuesta poco democrática y autoritaria a las inquietudes y demandas presentadas por parlamentarios, por las regiones, numerosas instituciones ciudadanas y por este mismo Observatorio para ampliar los límites del pluralismo y expresión de la diversidad en nuestro país. Hoy, el Presidente Sebastián Piñera, con este Decreto Supremo, coarta la labor legislativa y pone por encima del interés ciudadano los intereses de la industria televisiva.

La TV abierta es de vital importancia para todos los chilenos y, en particular, para los sectores de escasos recursos que esperan de ella mejores contenidos que los actuales: entretención, información, cultura y conocimientos que los enriquezcan intelectualmente.

El Observatorio llama al Congreso Nacional a reaccionar frente a este atropello a su labor legislativa.

El Observatorio, también, llama al CNTV a pronunciarse sobre este Decreto que lo obliga a iniciar un proceso de asignación de concesiones, sin reforma de la ley que lo rige y del estatuto de las concesiones, tal como lo ha solicitado públicamente.

Por otra parte, el Observatorio  alerta a las instituciones preocupadas de la transparencia con respecto a la escasa difusión que ha tenido la asignación de frecuencias demostrativas  -16 otorgadas sin concurso público y que el país tiene el derecho de conocer- y al sigilo con que se ha gestado este mismo decreto. Llama la atención la ausencia de difusión de este decreto en los medios, que suelen bindar  generosamente sui espacio y titulares a las medidas del Gobierno.

El Observatorio confía en que este comunicado alerte a la opinión ciudadana, a los otros poderes públicos y medios de comunicación sobre esta grave anomalía y que se abra, finalmente, un debate sobre tan importante materia.

Directorio

Marcelo Contreras N. Soledad Larraín

Roberto Fernández Luis Alvarado

Jorge A. Richards

Manuel Gumucio R.

Directora Ejecutiva

Anexo

El Texto del Decreto

Núm. 264.- Santiago, 27 de septiembre de 2010.-

Vistos:

a) Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 6 de la Constitución Política de la República;

b) El decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653 de 2000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado

c) La ley Nº 18.168 de 1982, Ley General de Telecomunicaciones;

d) La ley Nº 18.838 de 1989, que crea el Consejo Nacional de Televisión;

e) El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones;

f) El decreto supremo Nº 127 de 2006, Plan General de Uso del Espectro Radioeléctrico, modificado por decreto supremo N° 956 de 2007;

g) El decreto supremo Nº 71 de 1989, Plan de Radiodifusión Televisiva;

h) El decreto supremo Nº136 de 2009, que define norma técnica oficial que se utilizará en la República de Chile para las transmisiones en tecnología digital del servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción;

i) La resolución exenta Nº 7.219 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de 30 de diciembre de 2009, que fijó la norma técnica que establece las especificaciones técnicas mínimas que deberán cumplir los receptores de televisión digital terrestre;

j) La resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que fijó normas sobre exención del trámite de toma de razón, y Considerando:

1.- Que a través del decreto supremo individualizado en la letra h) de los vistos, se definió que la norma técnica oficial que se utilizará en la República de Chile para las transmisiones en tecnología digital del servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción, será el estándar ISDB-T con el sistema de compresión de video MPEG-4;

2.- Que en dicho instrumento normativo, se especificaron los motivos tenidos a la vista para tal elección y se expresó que atendidas las considerables ventajas que en el ámbito tecnológico, social y cultural reportaría para los hogares del país; para la industria televisiva y para el ejercicio de las libertades de opinión y de expresión, la digitalización, debiesen generarse con la mayor premura las condiciones normativas necesarias para que la digitalización efectiva de nuestras señales televisivas se consiga en el menor tiempo y con la mayor cobertura y calidad posibles;

3.- Que asimismo, ha resultado necesario y provechoso contar con periodos de exposición pública de las transmisiones digitales, otorgándose hasta el momento la cantidad de dieciséis permisos demostrativos para la evaluación y perfeccionamiento de las transmisiones respectivas en beneficio de todos los ciudadanos;

4.- Que sin perjuicio de que en el decreto supremo citado en la letra h) de los vistos, se hizo extensiva al otorgamiento de concesiones de radiodifusión televisiva digital en la banda de frecuencias UHF, la suspensión existente para las concesiones de tecnología analógica, a fin de precaver comportamientos especulativos; resulta en estos momentos necesario también que se avance en la adopción de medidas que permitan la paulatina entrada en operaciones de los interesados en prestar servicios digitales, permitiendo que la nueva tecnología vaya siendo crecientemente aprovechada por operadores y usuarios.

5.- Que conjuntamente con los beneficios aludidos en los numerales precedentes, la implantación efectiva de la televisión digital resulta también esencial para la prestación de servicios avanzados de telecomunicaciones a la población, los que producirán un ostensible efecto en las condiciones masivas y equitativas de acceso a la información y comunicaciones. En atención a ello, es indispensable que se otorguen las mayores facilidades para la migración de los concesionarios que actualmente utilizan la banda VHF para sus transmisiones, a la banda UHF destinada a las transmisiones digitales del servicio de radiodifusión televisiva, de modo que se aproveche lo antes posible el llamado “dividendo digital” para el desarrollo de los antedichos servicios avanzados, habida cuenta de su gran disponibilidad espectral y excelentes condiciones de propagación.

6.- Que sin perjuicio de la actual tramitación en el Congreso Nacional del Proyecto de Ley que permite la introducción de la Televisión Digital Terrestre (Boletín 6190-19) y de las modificaciones que se requiere efectuar en el Plan de Radiodifusión Televisiva, es deber de la Administración, actuando dentro de la esfera de sus atribuciones, fomentar el desarrollo tanto de la televisión digital como de los demás servicios de telecomunicaciones, propendiendo a satisfacer lo antes posible, las necesidades públicas comprometidas en esta materia.

7.- Que aunque ya se ha escogido la norma técnica para las transmisiones digitales, y también se ha dictado la norma técnica que establece las especificaciones técnicas mínimas que deberán cumplir los receptores de televisión digital terrestre, junto a la continua adopción de numerosas medidas técnicas y operativas para agilizar la introducción masiva y estable de esta tecnología digital, puede apreciarse en nuestro país un rezago en este aspecto, en términos comparativos no sólo respecto de la generalidad de otros estados, sino que particularmente respecto de los que se encuentran en nuestro entorno regional.

8.- Que de conformidad lo dispone el artículo 6º letras f) y g) del decreto ley Nº 1.762 de 1977, le corresponde a este Ministerio a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, administrar y controlar el espectro radioeléctrico; y dictar las normas técnicas sobre telecomunicaciones, controlando su cumplimiento.

9.- Que existiendo la necesidad pública antes descrita y las potestades legales y reglamentarias suficientes para satisfacerlas cuando menos en parte, se hace menester adoptar diversas medidas inmediatas para ello:

9.1.- Establecer un nuevo periodo anual de exposición pública y abierta, renovable hasta por un máximo de 5 años, para el funcionamiento de los actuales permisos de transmisiones demostrativas y otorgamiento de nuevas solicitudes, por cuanto el periodo total de un año que contempló el decreto supremo citado en la letra h) de los vistos, no ha sido aprovechado en su plenitud para los fines que fue establecido y resulta útil y necesario proseguir con el desarrollo de la nueva tecnología digital, aumentando su alcance y cobertura.

9.2.- Abrir controladamente la posibilidad de realizar asignaciones de frecuencia para nuevas estaciones de radiodifusión en la banda UHF, en la medida en que ello sea técnicamente posible, avanzando conjuntamente en el estudio de las modificaciones que sea necesario efectuar en el Plan de Radiodifusión Televisiva, a fin de adaptar dicha normativa a la tecnología digital y sin perjuicio de lo que dicho Plan disponga posteriormente.

9.3.- Iniciar el proceso de transición tecnológica y espectral de los actuales concesionarios de radiodifusión televisiva de libre recepción, disponiendo las frecuencias de reemplazo con las que deberán comenzar a operar digitalmente en la banda UHF, y en uso de mis atribuciones legales y constitucionales,

Decreto:

Artículo primero.- Establécele un nuevo periodo anual de exposición pública y abierta, renovable hasta por un máximo de cinco años, contados desde la publicación de este decreto en el Diario Oficial, dentro del cual, previo informe de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se podrán otorgar permisos para efectuar transmisiones demostrativas del servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción con tecnología digital, de conformidad con el inciso final del artículo 15º de la Ley General de Telecomunicaciones, o renovar los existentes, otorgados al amparo del decreto supremo Nº 136 de 2009 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Artículo segundo.- La Subsecretaría de Telecomunicaciones determinará mediante resolución las frecuencias precisas dentro de la banda a que se refiere el Nº 86 de la Sección V de notas al cuadro de atribución de bandas de frecuencias del artículo 4º del decreto supremo Nº 127 de 2006, Plan General de Uso del Espectro Radioeléctrico, respecto de las que se podrán efectuar asignaciones para nuevas estaciones de radiodifusión televisiva digital, conforme a la ley. Esta resolución deberá contener un calendario de disponibilización de frecuencias para los efectos señalados.

Artículo tercero.- Las frecuencias de los permisos que se otorgaren o renovaren conforme con el artículo primero del presente decreto supremo a los concesionarios de radiodifusión televisiva de libre recepción, constituirán las frecuencias de reemplazo que en su caso correspondan.

Anótese, regístrese, tómese razón, comuníquese, y publíquese en el Diario Oficial.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Felipe Morandé Lavín, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Jorge Atton Palma, Subsecretario de Telecomunicaciones.

El Mito Guzmán

“No hagas a otros lo que no quieres que los otros hagan contigo,” reza el texto evangélico. Nadie merece ser asesinado por sus ideas, nunca. Ah, pero cuidado, también  ”el que mata por la espada, por la espada morirá.” He ahí el riesgo de matar, o azuzar a otros para que lo hagan, riesgo que Jaime Guzmán, conscientemente, decidió correr. Los partidarios más radicales de la dictadura de Pinochet no aceptarán nunca que el régimen de sus amores fue terrorista, anti-libertario y anti-democrático, aunque los hechos que respaldan este aserto estén a la vista y en sus narices, y hayan sido  acreditados por todos los organismos multinacionales políticos y humanitarios imaginables.

Por lo tanto, sería igualmente imposible que se convenzan que Jaime Guzmán, el principal ideólogo y colaborador de ese régimen, fue co-responsable directo de las atrocidades que se cometieron en su ejercicio. Los que  hoy tanto claman por justicia en el caso Apablaza, debieran saber que Guzmán bloqueó, siempre, toda posibilidad de hacer justicia a las víctimas de la dictadura . Fue él quien concibió y redactó la “Ley General de Amnistía” de 1978, que no fue“general,” sino un artilugio para librar de procesamiento a los agentes de la DINA autores de los miles de delitos de lesa humanidad que hasta esa fecha se habían cometido. Aquella ley, por cierto,  no tenía ninguna aplicabilidad, puesto que los delitos en ella involucrados eran y siempre han sido inaministiables, en virtud de los tratados internacionales que Chile había  suscrito hasta esa fecha, y que la dictadura nunca revocó. Tenía que volver la democracia, aunque no íntegra, para que esa ley fuese lanzada, por fin, al tarro de la basura.

Pues bien, Jaime Guzmán, abogado y académico, no podía desconocer la nula legalidad de ese burdo invento, y aun así, fue su creador y redactor. También fue el primer autor de la incambiable constitución de 1980, y fue él quien primero aconsejó “plebiscitarla,” cuando todas las libertades públicas estaban suspendidas, lo que, obviamente, hasta hoy y siempre le resta toda legitimidad. Es decir, fue “su” constitución la que lo hizo senador, de manera tan tramposa como el cuadro legal de su invento.

Guzmán, entonces, fue elegido senador (el título suyo que más claman sus partidarios) habiendo obtenido el tercer lugar entre cuatro candidatos, lo que no es posible en ninguna parte del mundo democrático de verdad. Entre las muchas actuaciones suyas que prueban su opción por la violencia terrorista de Estado, su ilimitada inescrupulosidad e integrismo político, está su participación directa en el caso de la ciudadana inglesa Sheila Cassidy. Poco se sabe de este espantoso capítulo, puesto que en Chile en 1975 no había libertad; así que aquí lo relato.

Ese año, esta mujer, que en Chile se convirtió en monja católica, era de profesión médico, graduada en 1963 nada menos que en Oxford, probablemente la universidad más importante del mundo. Cuando visitaba Chile, en calidad de activista católica en causas de derechos humanos, prestó auxilio profesional a un perseguido político herido a bala, en la iglesia y casa parroquial que ella habitaba. Cuando los agentes de la dictadura la arrestaron en ese lugar, el Cardenal Raúl Silva Henríquez pidió  personalmente al gobierno su liberación, puesto que, obviamente, además de extranjera, la mujer había curado a un hombre herido por razones nada más que humanitarias.

Guzmán, que siempre invocaba públicamente su condición de católico, se lanzó, sin pensarlo dos veces,  en una apasionada diatriba pública contra la persona del Cardenal, a la vez pidiendo al gobierno “investigar” a Sheila Cassidy, sabiendo perfectamente lo que le sucedería en manos de la DINA. Como era de esperar, el dictador oyó a su asesor, no al Cardenal, y la infortunada mujer, durante seis meses, fue sometida a las torturas más salvajes concebibles, irreproducibles aquí, porque se trata de una mujer.

Liberada en enero de 1976, merced a la presión del gobierno inglés, Sheila Cassidy dio cuenta  al mundo de su horrenda experiencia, además de relatarlas en su libro “Audacity to Believe” (La audacia de creer). En ese libro, que los udistas debieran leer, ha quedado consignada para siempre la infamante y cobarde acción de Guzmán. Pero hay más: la conducta de Guzmán en el caso Cassidy lo tuvo a punto de ser excomulgado, por desacato con escándalo a la primera autoridad eclesiástica. Si no lo fue, fue sólo porque, obligado por el Cardenal, debió pedirle perdón públicamente, lo que hizo en una brevísima nota aparecida en una perdida página del diario La Tercera. En suma, Guzmán, la mayor cabeza ideológica de un gobierno terrorista,  fue víctima de la violencia política que él mismo impulsó, programó y facilitó sin vacilaciones.

 

PROF. HAROLDO QUINTEROS. CRÒNICA DIARIO 21. JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2010.

 

Chile: Presupuesto Nacional de Piñera: ¿Cuál es la diferencia con la Concertación?

Por Andrés Figueroa Cornejo

·La primera partida presupuestaria del gobierno de Sebastián Piñera no se distingue de los criterios estratégicos de los gobiernos de la Concertación al respecto. El continuismo de un modelo económico incapaz por naturaleza de conjugar crecimiento con equidad social, incremento del PIB con más y mejor trabajo, y  cifras macro -para dicha de los organismos tutelares de los capitalismo centrales- con menor desigualdad social, es la  forma y el contenido hegemónico.
 

 
El presupuesto nacional, ligado al gasto público, los programas y servicios o derechos sociales impactan de manera radical en el empleo y, en general, en la calidad de vida de las grandes mayorías.
 
La última dotación del presupuesto nacional del gobierno de Michelle Bachelet el 2010 aumentó un 4,3 % y el gasto social 5,8 %. La inversión en vivienda  el 2010 fue de US$ 1.940 millones; para salud,  de US$ 5.900 millones, la inversión en infraestructura  de US$ 1.200 millones y la de  educación, de US$ 8.000 millones, destinados principalmente a la educación técnica profesional y a financiar becas de postgrado en el extranjero.
 
En términos reales, el jueves 30 de septiembre pasado, por cadena nacional, Sebastián Piñera y su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, entregaron los números del presupuesto nacional 2011 que debe ser ratificado en el Congreso, y que tuvo un aumento de un 5,5 %, cifra que está por debajo de las expectativas de crecimiento del país que se encuentran en alrededor de un 6 % o más. Esta es la segunda vez, desde el 2000, que el presupuesto nacional es más bajo que el crecimiento estimado.
 
Al respecto, el gasto social tuvo un aumento –siempre considerando que los porcentajes provienen de un presupuesto general menor que el crecimiento de la economía- de un 14,9 %.
 
En relación al año pasado, la inversión en educación se elevó un 7,6 % con US$ 10.000 millones; salud un 12,5 % con US$ 8.000 millones; vivienda un 33 % con US$ 3.200 (guarismo que se explica por la destrucción de 200 mil viviendas en el terremoto de febrero); y seguridad ciudadana creció un 12 % con US$ 1.900 millones, debido a la decisión de ampliar la plaza policial con 10 mil carabineros más.
 
Si bien, el aumento del precio del cobre –sostenida por la demanda asiática y China en particular- y la recuperación del PIB en relación al año anterior pueden ofrecer los argumentos técnicos para entender el incremento en el gasto social –incluso en números reales- respecto del último gobierno de la Concertación, la estrategia de distribución presupuestaria coincide perfectamente con las demandas de los organismos internacionales controlados por los Estados capitalistas más poderosos del planeta y sus políticas de ajustes estructurales. Esto es, reducción del Estado; aperturismo económico extremo que redunda en la imposibilidad del surgimiento de una industria nacional capaz de competir en el mercado interno y externo; fortalecimiento de las policías para el control social y represión de las manifestaciones del malestar de crecientes sectores de la ciudadanía; y coyunturalmente, la reconstrucción parcial de lo que destruyó el terremoto.
 
EMPLEO
 
En materia de trabajo, la inversión se resume en un aumento de un 30 %, principalmente para capacitación (con el fin de satisfacer las demandas del capital) y creación de  empleo precario a través de programas específicos, focalizados y que apuntan a reducir los porcentajes macro del flagelo de la cesantía, no importando ni los salarios ni las condiciones laborales.
 
Oficialmente, en Chile el índice de desempleo es de casi un 9 % -es considerada como ocupada cualquier persona que en la última semana de la encuesta Casen haya recibido algún tipo de remuneración o especie a cambio de trabajo, independientemente de la estabilidad laboral, horas de desempeño o  relación contractual-, mientras que las cifras de la pobreza están ligadas al modo en que se mida. De acuerdo a metodologías anglosajonas o a la composición de la canasta familiar, la pobreza en el país podría alcanzar desde el 50 al 80 %. Desde 1988, en Chile es calificada por  el Estado como pobre quien vive con menos de $2.000 pesos (4 dólares), cuando un solo viaje en el transporte colectivo cuesta, al menos, $ 500 pesos (un dólar). Baste ilustrar que el pago mensual de una carrera universitaria promedio es de $ 200.000 pesos (400 dólares).
 
Hace  unas semanas, es Oslo, se reunieron el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el primer ministro de Noruega para tratar la situación generada en el mercado laboral, en especial en materia de empleo respecto de las 20 principales economías planetarias.
 
“El mercado laboral está en una situación catastrófica – indicó  el director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn – y ha dejado en una zona desértica a treinta millones de parados en apenas tres años. El Fondo – agregó – se dedica siempre a promover la estabilidad financiera y macroeconómica: el déficit (fiscal) y el PIB son importantes, pero los indicadores de desempleo no pueden seguir quedando fuera de nuestro análisis o de los del G- 20”
 
Por su parte, el comisario europeo de empleo, Lázló Andor, manifestó que 2008 fue el año de la crisis financiera – la cual sigue en pie -, 2009 de la crisis económica – el producto mundial descendió -, 2010 es el de la crisis del empleo – cuya caída se produjo desde el inicio de la crisis – y pronosticó “si nada cambia demasiado, 2011 será de las crisis sociales: la austeridad fiscal combinado con el elevado desempleo puede provocar serios problemas”.
 
En España, el diario El País advirtió que, efectivamente, se destinan mayores recursos al área educacional –como en Chile-, pero cuando los jóvenes egresan es para “ofrecerles después un empleo que requiere una menor cualificación o enviarlos directamente a la precariedad laboral o el paro”. La crisis lo que hizo fue agravar un problema estructural ya existente antes de ella: tasas de desocupación juveniles muy por encima de los promedios nacionales, como se registra igualmente en Chile.
 
Según el economista chileno y director del CENDA, Hugo Fazio, “En junio de 1988 la tasa de desocupación en el Gran Santiago fue de un 6,9% de la fuerza de trabajo. En meses anteriores se registraron incluso porcentajes aún inferiores. Si tomamos como referencia esa cifra y usamos como fuente al Departamento de Economía de la Universidad de Chile que permite hacer comparaciones en períodos largos se constata que nunca en los doce años transcurridos desde entonces se regresó a esos niveles de desempleo. Es una demostración de que en el país existe desempleo estructural, el aparato productor de bienes y servicios no es capaz de satisfacer toda la demanda por empleo.”
 
En síntesis, la primera partida presupuestaria del gobierno de Sebastián Piñera no se distingue de los criterios estratégicos de los gobiernos de la Concertación sobre el tema. El continuismo de un modelo económico incapaz de conjugar crecimiento con equidad social, incremento del PIB con más y mejor trabajo, e inflación bajo control con menor desigualdad social, es la tónica. Los matices invisibles entre la Coalición por el Cambio y la Concertación se confirman de manera abrumadora.
 
Continúa pendiente un proyecto de progreso integral, socialmente democrático y subordinado a los intereses de los trabajadores y el pueblo que apueste por el desarrollo del país y lo saque de sus dos puntales económicos que marcan a fuego su dependencia y donde lo ha puesto la división internacional del trabajo organizada por las grandes potencias: ser una nación primario exportadora y extractivista de materias primas y recursos naturales, y plataforma de negocios para la subregión de América Latina.
 
¿Cuál es la diferencia sustantiva en la orientación estructural del presupuesto nacional entre la Coalición por el Cambio y la Concertación? ¿El énfasis discursivo en la “lucha contra la delincuencia”? ¿La unidad nacional imposible en un país dividido radicalmente entre una minoría propietaria de las grandes corporaciones dependientes del gran capital de los Estados imperialistas, contra una mayoría trabajadora, precarizada y sobreendeudada? ¿Los espectáculos mediáticos?
 
No. No existen distancias relevantes. Piñera administra con tranquilidad y cada vez menos popularidad, la arquitectura del despojo, la naturaleza subsidiaria, asistencialista  del Estado –aval y sustento irremplazable de la clase mandante-, la consecución de la destrucción de los derechos sociales, y los intentos de vender lo poco que resta de propiedad estatal. No es que el original sea mejor que la copia, que la Coalición por el Cambio  sea más salvaje y antipopular que la Concertación. Ambas expresiones políticas apenas se distinguen por los llamados “temas valóricos”, toda vez que la dirección de la Democracia Cristiana se siente a sus anchas con Piñera. Menos diferencias todavía. ¿Será posible que el Partido Comunista retorne al lugar de las luchas sociales y abandone de una vez por todas la alianza peregrina con tiendas políticas que hace demasiado tiempo abandonaron sus orígenes emancipatorios? Existen militantes comunistas de honra intacta que tendrán que enfrentar con la claridad y fortaleza de las ideas, que no de la táctica acomodaticia, luchas duras e históricas para que retorne ese destacamento al corazón popular. El objetivo es el socialismo. Por abajo siempre, por arriba cuando se pueda. Y por arriba siempre y cuando la representación en la institucionalidad fabricada por los dueños de todo esté al servicio de las transformaciones profundas, es decir, sea parte de una estrategia general de liberación y no la forma dominante de hacer la política. Porque una cosa es adecuarse a las condiciones de lucha impuestas por la realidad, la correlación de fuerzas, el estado de la lucha de clases, y otra, muy distante y distinta, es hipotecar el sentido político que originó, a través de generaciones inolvidables, los objetivos pendientes de la verdadera independencia de las grandes mayorías a cambio de 30 segundos en el noticiero por semana. 
 

Religiosa detenida por apoyar a comuneros: La reacción policial fue paranoica

Andrea de Lourdes Castillo, una de las monjas detenidas por Carabineros por portar un lienzo a favor de los comuneros mapuche durante la procesión de la Virgen del Carmen, calificó el accionar de los efectivos policiales como "paranoica".

“NO nos vamos a quedar tranquilos, no corresponde. (Si) nos pasó esto a nosotros, ¿cómo le estará pasando a la misma gente mapuche en el sur? Es impresionante", sostuvo a Una Nueva Mañana.

Castillo, quien vestía hábitos al momento de su detención, agregó que fue "un agente de civil (quien) dijo que habían como 50 repartidos en la Plaza de Armas y que habían sido detenidas como 17 personas más, pero por Fuerzas Especiales".

"Nos dijeron 'agradezcan que no fueron atrapados por las Fuerzas Especiales, sino a esta hora estarían todos golpeados'. O sea, suponemos que las personas detenidas por Fuerzas Especiales son golpeadas", agregó.

Por su parte, el sacerdote jesuita Antonio Delfau, director de la revista "Mensaje", relató que los afectados estuvieron por dos horas en la Primera Comisaría de Santiago, mismo lugar donde se trasladó a una manifestante que increpó al Presidente Sebastián Piñera en la misma actividad.

Delfau dijo que "siento que hay detrás de esto una especie de amedrentamiento" que le hace recordar el papel de la policía en tiempos de la dictadura, porque "no estábamos hablando ni siquiera de una manifestación".

 

Chile: “¡Qué la inversión extranjera se vaya y no vuelva jamás!”

Entrevista con el economista Julián Alcayaga sobre el royalty minero.
 

 

Por Andrés Figueroa Cornejo
 
 
En su despacho  Julián Alcayaga luce una fotografía donde aparece junto a su padre cuando trabajaba de pirquinero en la zona de Copiapó, muy joven y con fondo rocoso. Años más tarde se convirtió en economista, realizó posgrados en La Sorbona, y es egresado de la carrera de Derecho. Declara contundentemente que el método dialéctico proveniente de sus estudios  “me permiten tener las herramientas de análisis necesarios para comprender la realidad”.
Julián Alcayaga fundó  a inicios del milenio, junto  a Jorge Lavandero, Manuel Riesco, Orlando Caputo, entre otros, el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre.
 
La propuesta del royalty minero de Piñera ya se aprobó apretadamente en la Cámara Baja y entró a segundo trámite al Senado, ¿En qué consiste?
 
“En aumentar en cerca de mil millones de dólares en tres años, lo que las empresas pagan en impuesto específico a la minería. Pero como esta medida no se les puede imponer a las empresas mineras porque la ley les otorga invariabilidad tributaria hasta el 2017, las empresas tendrían que renunciar voluntariamente a la disposición  para que se les aplique el nuevo impuesto. Para conseguir eso, el gobierno le promete a las empresas una prórroga a la invariabilidad de 8 años. Es decir, que desde ahora las compañías pagarían mil millones de dólares, pero a partir de 2018, se ahorrarían, a lo menos, 4 mil millones de dólares anuales, 30 mil millones de dólares en 8 años.”
 
¿Por qué se va a producir el ahorro empresarial?
 
“Porque desde el 2018, se le puede aplicar a esas empresas una verdadera regalía minera, debido a que se acaba la invariabilidad tributaria. Una regalía minera que sería no inferior al 10 % sobre las rentas. En la actualidad, las mineras sólo pagan el 4 % de las utilidades, mientras que se les podría hacer pagar del 10 % hacia arriba. Ahora la Federación de Supervisores del Cobre de Codelco planteó que el royalty sea del 20 %. Lo que las empresas mineras no quieren es que la discusión para la prórroga de la invariabilidad tributaria se dé cerca de 2017 porque va a ser muy difícil, por eventuales razones políticas, que la consigan. Las mismas compañías han exigido al gobierno que la prórroga se resuelva ahora o nunca. Por eso a los defensores del cobre para Chile, no nos resulta conveniente que se legisle hoy para que se apruebe la prórroga del royalty.”
 
 
LAS ALTERNATIVAS QUE NO TOCAN LA INVARIABILIDAD TRIBUTARIA
 
 
¿Cuánto ha perdido Chile en los últimos años?
 
“El Servicio de Impuestos Internos informó en el Senado el 2004  que las empresas extranjeras, desde 1995 hasta el 2003, no pagaron un solo peso de impuestos, salvo la minera La Escondida que desembolsó 1.140 millones de dólares. Además de no pagar, debían en materia tributaria acumulada, 2.700 millones de dólares. En la actualidad, las empresas cancelan un royalty porque el precio del cobre es muy alto, y ante las evidencias, no existen subterfugios para hacer desaparecer la totalidad de las utilidades. Y las utilidades que declaran las empresas privadas, es un 30 % menor que las de Codelco. Es decir, la evasión tributaria sigue manteniéndose muy fuerte por parte de las empresas extranjeras.”
 
¿Y de dónde sacará recursos el Estado para la reconstrucción?
 
“El proyecto de royalty del gobierno es completamente innecesario si el objetivo es obtener recursos de las empresas mineras. Lo que se puede hacer es terminar con las brechas tributarias que le reportarían al Estado 3 o 4 veces más recursos que lo que podría obtener con este royalty.”
 
¿De qué manera?
 
“A través del pago de intereses. Las empresas extranjeras no han hecho inversiones directas en Chile, sino que han hecho inversiones en créditos relacionados mediante financieras en paraísos tributarios. De ese modo, las utilidades que ellas entregan en pago de intereses, allá están exentas de impuestos. Y aquí en Chile, esos intereses, que son ganancias, no pagan el 35 % de impuestos que se paga por la inversión directa, sólo entregan el 4 %. Por eso se propone aumentar del 4 al 20 %. Por otra parte, puede terminarse con la evasión de los “precios de transferencia”, es decir de los precios entre empresas relacionados, tanto cuando compran, como cuando venden. Cuando se vende el concentrado de cobre, se va en un barco que pertenece a una empresa relacionada; la empresa que asegura el flete, es también relacionada; y la empresa que funde y refina el concentrado, es otra empresa relacionada. Entonces, las compañías mineras les pagan a todas ellas valores muy superiores al mercado porque  les están transfiriendo no utilidades, sino relaciones comerciales; y por tanto, no pagan impuestos en Chile. Y otro aspecto sustantivo corresponde a las pérdidas  en los mercados de futuro, como el “davilazo” en 1994, o como lo que ocurrió ahora, donde hay pérdidas de 2 mil millones de dólares. Todas las anteriores son medidas que, en caso alguno comprometen la invariabilidad tributaria. Y se obtendrían más recursos.”
 
Entonces, ¿Qué hay tras la discusión del royalty en definitiva?
 
“Franca y llanamente, prorrogar la invariabilidad tributaria a favor de la gran minería privada.”
 
El Consejo Minero dice que un royalty distinto que el propuesto por Piñera puede afectar la inversión extranjera…
 
“¡Quiera Dios –y lo dice un ateo- que esas inversiones no lleguen! Mientras menos inversiones extranjeras en la minería  o en nuestros recursos generales, es mejor para Chile. Entre 1995 hasta el 2003 esos capitales extranjeros no pagaron impuestos, y se llevaron 21 millones de toneladas de mineral, que al precio actual del cobre, significan 200 mil millones de dólares. ¿Necesitamos esa inversión extranjera? Por supuesto que no. Que se vayan y no vuelvan jamás.”
 
¿Qué cree que ocurrirá con la iniciativa de Piñera?
 
“Se aprobó en la Cámara de Diputados, pero no pasará en el Senado, por un acuerdo al respecto. Pero si por casualidad llegara a pasar el proyecto, de todas maneras no pasa en el Tribunal Constitucional, porque el proyecto mismo es inconstitucional.”