Argentina: K-Clarín, el estallido

Por Gabriel Solano 

Se aproxima el 7 de diciembre, fecha en la que vence la medida cautelar con la cual Clarín pudo eludir la aplicación del artículo de la “ley de medios” que establece la desinversión de los multimedios que poseen más de 24 licencias de TV en todo el país. Como Cablevisión tiene más de 158 licencias, deberá desprenderse de al menos 134. Se trata de un golpe demoledor al grupo, pues Cablevisión representa el 60% de su facturación total.

Magnetto insistirá en obtener una nueva medida cautelar, con el argumento de que la Justicia sigue sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo, a saber: si la “desinversión” que establece el artículo 161 de la ley es constitucional o no. En el caso de que esa cautelar fuera rechazada, dirán que tienen todavía un año de plazo para consumar una “desinversión voluntaria”. La posibilidad de elegir a quiénes venderán las licencias -con sus respectivos abonados- introduce la posibilidad de testaferros o de acuerdos de reversibilidad (sigilosos), para cuando cambie el viento de la política.

Los K, sin embargo, no pueden permitir que Clarín siga con sus licencias y con una desinversión selectiva, pues equivaldría, en primer lugar, a dejarle el poder de fuego intacto durante todo el crucial año electoral de 2013. Para el kirchnerismo, el choque con el multimedio es la “madre de todas las batallas”. En momentos en que los pronunciamientos por la re-reelección se reproducen como hongos después de la lluvia, perder la batalla con Clarín equivale más o menos a mandarla a Cristina, en forma anticipada, a El Calafate. Por eso, los voceros del kirchnerismo aseguran que el plazo para la “desinversión voluntaria” ya ha concluido y que, el mismo 7 de diciembre próximo, el directorio de Cablevisión deberá ser removido -quizá también el de Canal 13- por un interventor oficial. YPF y Ciccone han sido un ‘ensayo general’.

‘Soberanía informativa’

El resultado de este choque podría derivar en una estatización de un sector decisivo de los medios de comunicación. Es cierto que los K se han asociado a otros grandes grupos económicos en esta ‘vataya’ (como el de Vila-Manzano y el ‘legendario’ Moneta) y que la ley de medios apunta a una redistribución entre grupos capitalistas. Pero el recurso a una intervención estatal podría dilatar la re-privatización legal en el tiempo y dejaría al gobierno en posesión de los medios de la Corpo. El Estado debería hacerse cargo de la ‘desinversión’ del multimedio, un camino plagado de corruptelas y de conflictos de todo tipo durante al menos un año. Tendríamos ‘cadena’ las 24 horas del día.

El grupo Vila-Manzano tiene sus dificultades para quedarse con las licencias de Clarín. Ocurre que él mismo debiera proceder a una “desinversión”, ya que posee 90 licencias -o sea, 66 más que lo permitido. Incluso esta “desinversión” ya debiera haberse realizado, porque el grupo no tiene a su favor ninguna medida cautelar como la que sí tiene Clarín. El gobierno, sin embargo, ha hecho la vista gorda a esta realidad, pero no va a avanzar contra este grupo en forma simultánea a la ‘expropiación’ de Clarín. A plena luz del día, el grupo Vila-Manzano está armando empresas con testaferros para eludir los límites que la ley de medios le impone y, así, poder apropiarse de las licencias de Cablevisión y de sus abonados. Otros de los beneficiarios serán Telecentro, del ex menemista y duhaldista Alberto Pierri, y el grupo Ick de Santiago del Estero, el cual hizo sus fortunas de la mano de los Juárez.

Intervenir en la pelea

En el choque entre el gobierno y Clarín se juegan intereses capitalistas, así como también replantea el monopolio capitalista de la libertad de expresión. El Estado arbitrará el nuevo reparto del espacio, de modo que los nuevos capitalistas serán apéndices más o menos disimulados del gobierno. La oposición tradicional se ha encolumnado detrás de la ‘corpo’ como un solo hombre. De Macri a Binner, pasando por todas las tendencias de la UCR y del peronismo federal. Incluso “Pepe” Scioli, quien volvió al redil de su hermano. La excepción pareciera ser el cuenta-chistes Luis Juez, que después de votar por Boudou-Ciccone en el Senado dijo que “De la Sota es Clarín”. Con estas palabras mágicas piensa convertirse en el candidato kirchnerista de Córdoba. Pero no hay que confundirse, porque al momento del choque muchos ‘opositores’ olvidarán sus ‘promesas’ para alinearse con el bando que parezca vencedor. Es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora en todas las pendencias.

Una estatización de los medios, incluso parcial, significa dotar de una herramienta fundamental de manipulación ideológica (informativa y política) al Estado, que es capitalista, y que, en todo caso, defiende los intereses de la burocracia gobernante. Boudou, el Indek, los amigos de Pedraza en los ministerios y reparticiones públicas, la burocracia sindical adepta, los pulpos mineros contaminantes, la trasferencia de la deuda externa a los jubilados, la política de atraer a Exxon para explotar el gas, tendrían un instrumento de lucha poderoso contra los trabajadores. Favorecería el intento de instalar un régimen de partido único, sin necesidad de proscribir a los opositores. La autonomía ideológica de los periodistas, que hoy se encuentra condicionada por la ‘corpo’ -con independencia de la labor que esos periodistas ejerzan- se vería sometida al control de los ‘comisarios’ del poder. Un sector del oficialismo -en un caso el más avanzado políticamente, en otro caso el más hipócrita- argumentará que una estatización parcial de la ‘corpo’, aún si se hace en alianza con otros monopolios e incluso para operar contra la independencia de las organizaciones populares, no dejaría de ser ‘revolucionaria’, porque sería aplicada contra un grupo que representa a un vasto sector del capitalismo tradicional, no solamente a un medio de comunicación.

Nuestra posición: no defenderemos políticamente, bajo forma alguna, al monopolio Clarín, pero sí denunciamos el propósito reaccionario del gobierno, que pretende utilizar la comunicación para domesticar a las organizaciones populares, ponerlas bajo su tutela y, en definitiva, estatizarlas. En oposición a esta maniobra de alcance reaccionario, llamamos a luchar por una gestión de los medios por parte de los periodistas y los trabajadores de la cultura y de la actividad económica. Llamamos a defender la continuidad laboral y la prohibición de cualquier despido de trabajadores de prensa y gráficos. Llamamos a organizar asambleas populares para reclamar la presencia de las organizaciones de lucha en la gestión y dirección de los medios.

El último capítulo del choque K-Clarín, que tiene su origen en la desavenencia entre uno y otro a la hora de imponer un ‘relato’ común contra el pueblo, plantea una cuestión más general que es la lucha por la libre expresión y la independencia de las organizaciones populares. Plantea una crisis política, que se desplegará más allá de las fronteras nacionales. Es en este punto en el que la independencia política de los trabajadores es absolutamente fundamental, porque el interés de los trabajadores debería ser aprovechar esta crisis para avanzar en sus reivindicaciones y objetivos propias, y no para ir de furgón de cola de los intereses antiobreros en pugna. ¿O los trabajadores podemos defender al gobierno de la canasta alimentaria de seis pesos por día, que ataca el trabajo de los docentes, que impone topes salariales o que rechaza con obstinación reconocer la personería gremial del sindicato del subte?

Llamamos a una gran deliberación política en la izquierda y en los sindicatos para arribar, por medio de un debate, a una posición que tenga fuerza movilizadora, para imponer las reivindicaciones económicas y políticas de la clase obrera.

Fuente:Prensa Obrera

La “máquina” electoral en acción: Algo huele podrido en la CUT

Por Ricardo Candia Cares

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), “organización pluralista y autónoma, independiente del Estado, del gobierno, de los empresarios, de los partidos políticos, de los credos religiosos y de cualquier institución ajena al movimiento sindical” según sus estatutos, tiene elecciones el 23 de agosto. Se elegirá un Consejo Directivo Nacional (CDN) de sesenta miembros (hasta ahora son 45, y en su origen eran quince). El CDN a su vez elige un Comité Ejecutivo de quince miembros: la cúpula del poder en la CUT.

Las más importantes organizaciones afiliadas a la CUT son el Colegio de Profesores, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), la Federación de Trabajadores del Cobre, la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), la Federación de Trabajadores del Petróleo, las confederaciones Bancaria, del Comercio, etc. y algunos sindicatos nacionales. Representan el 22% de los sindicatos del país, algo más de 600 mil trabajadores.

Las fuerzas políticas al interior del actual CDN se distribuyen entre 22 socialistas y/o aliados de Arturo Martínez, presidente de la CUT desde hace 16 años; quince comunistas; cinco democratacristianos; dos de Fuerza Social y Democrática; y un radical.

La Concertación -que gobernó el país durante veinte años- no tuvo su réplica en la CUT. En ella ha reinado una alianza entre los socialistas y otros adeptos de Martínez y un sector de sindicalistas del Partido Comunista, encabezados por Guillermo Salinas, que ocupa la tesorería de la Central. En gran medida la CUT ha reproducido el modelo de dirección sindical utilizado durante la dictadura. La Coordinadora Nacional Sindical de entonces era dirigida por sindicalistas que sobrevivieron a la represión y que militaban en los partidos ilegalizados. Por supuesto no era posible hacer elecciones libres ni garantizar transparencia en la administración de los fondos que provenían de la ayuda internacional. Todo era controlado mediante acuerdos políticos semiclandestinos.

MARTINEZ APERNADO

Hasta 1999, el CDN, y por tanto los principales dirigentes de la CUT, fueron elegidos en los congresos que se sucedieron desde 1988. En el primer congreso asumió la Presidencia el democratacristiano Manuel Bustos, que había liderado la Coordinadora Nacional Sindical y que en 1997 fue elegido diputado, falleciendo más tarde.

De esos tiempos data la participación de Arturo Martínez como parte de las máximas autoridades de la Central: Manuel Bustos apoyó la designación del socialista y ex Mapu, Arturo Martínez, como vicepresidente de la CUT. Luego, asumió la Presidencia otro sindicalista democratacristiano, Diego Olivares, y a este lo sucedió Arturo Martínez, ex presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Gráficos (Conagra).

De ganar la elección de este mes, Martínez alcanzaría su quinta victoria. Un récord no despreciable que sólo ensombrece una derrota como candidato a diputado.

En esta oportunidad tres listas disputarán a Martínez y sus aliados la conducción de la CUT. La lista comunista la encabeza la dirigenta nacional del Colegio de Profesores, Bárbara Figueroa y la acompañan el actual presidente del Colegio, Jaime Gajardo, y el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Cristián Cuevas. El Movimiento de Trabajadores por la Base presenta a Fabián Caballero, presidente de la Federación Metropolitana de Funcionarios Municipales. Y el democratacristiano Nolberto Díaz, dirigente de un sindicato de la Empresa Nacional de Petróleo, es apoyado por sectores socialistas opositores a Martínez. De hecho, el apoderado de esta lista es el presidente de la Anef, Raúl de la Puente.

RESULTADOS PREFABRICADOS

Según el presidente del Colegio Electoral Nacional de la CUT, esta vez tienen derecho a voto 6.527 dirigentes de todo el país en representación de 501.916 trabajadores y de 1.889 sindicatos. Dirigentes críticos de la conducción CUT observan que es muy difícil saber el número exacto de afiliados a la CUT, si se considera que la fuerza laboral supera los siete millones de trabajadores y los sindicatos son poco más de doce mil, con alrededor de un millón de asociados.

Carolina Espinoza, secretaria general de la Confusam, señala: “En el Consejo Directivo Nacional del 20 julio, se decidió nuestra marginación de esta elección. Estábamos ausentes y nadie nos notificó de nada. Hoy sólo sabemos que no podremos participar”. Agrega que la Confusam cumplió con el pago de cotizaciones y demás requisitos, sin embargo su organización fue marginada. “Pero no sabemos por qué”, subraya.

A la Confederación de Trabajadores del Cobre, que preside el comunista Cristián Cuevas, le recortaron el 75% de sus 30 mil socios y Cuevas amenaza marginarse si no se permite votar a todos sus socios.

En la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) la postura es más decidida: “Tomamos la decisión de marginarnos de las elecciones de la Central, no solo como una señal ante el ningún cambio en su conducta política, sino como un alerta a otras organizaciones sindicales que han manifestado también profundas discrepancias con el estado de cosas en la CUT”, dice Claudio González, su presidente.

Y en el otro extremo: los afiliados del Colegio de Profesores a la CUT aumentaron considerablemente. En opinión de dirigentes de ese gremio, es un abultamiento artificial. Con poco más de cincuenta mil afiliados, en el padrón CUT el Colegio de Profesores aparece con sesenta y cinco mil.

OTRO MISTERIO: LAS FINANZAS

Pero si el número de afiliados reales son un misterio, también lo son las finanzas de la CUT. De su presupuesto, no se sabe nada. A las cotizaciones -que sólo algunas organizaciones pagan en forma regular-, se suman donaciones que al amparo de la ley realizan distintas reparticiones públicas y fundaciones extranjeras. “En la CUT no se conoce cuánta plata entra ni cómo ni cuánta se gasta. No hay balances formales. De repente aparece el tesorero y dice: hemos recibido tanta plata y gastamos tanto. Y como la cosa está amarrada políticamente, en la asamblea del CDN se dice, ‘levanten la mano los que aprueban’ y todos los amigos del ejecutivo levantan la mano”, dice Ricardo Maldonado, presidente de la Confederación Nacional Unitaria de Trabajadores del Transporte (Conutt), también marginado de la CUT por demandar al Tribunal Electoral una revisión de los resultados de la última elección. “En 2008 hicimos una denuncia por fraude, junto con una buena cantidad de dirigentes. Eso nos costó que no nos dejaran participar más en la CUT”.

Las críticas desde distintos sectores gremiales y sindicales son recurrentes. Pero, ¿por qué no ha habido cambios al interior de la Central? “La institucionalidad de la CUT funciona sólo para quienes la controlan. Es muy difícil que desde adentro renazca una nueva CUT”, responde Ricardo Maldonado.

Bárbara Figueroa, designada por el PC como carta intermedia entre dos rivales, Jaime Gajardo y Cristián Cuevas, replica: “Hay suficiente institucionalidad sindical en la CUT para asegurar el cumplimiento de los estatutos y reglamentos que rigen a la Central. No soy de las que piensa que las elecciones son legítimas sólo cuando las gano y dejan de serlo si no triunfo”. Figueroa surgió como la carta comunista para estas elecciones después de larga espera. Semanas antes que el PC diera a conocer su lista de candidatos a la CUT, Cristián Cuevas se autopostulaba para desplazar a Martínez de la Presidencia de la CUT. Poco después, Jaime Gajardo hizo lo mismo, cruzándose en el camino de Cuevas y creando así una difícil situación en el sindicalismo comunista, que, en definitiva, tuvo que resolver el comité central de ese partido.

Bárbara Figueroa anuncia “una nueva conducción, (…) que nos permita avanzar en cambios en el Código Laboral, en reformas que garanticen derechos para los trabajadores, mejores condiciones, salarios mínimos decentes, etc.”. “Esto no es nuevo”, observa Maldonado, “se dice siempre”. Y si la CUT no se puede cambiar desde adentro, ¿es posible levantar una nueva Central? “No debiera asustarnos pensar en una nueva organización con un proyecto transformador de la sociedad chilena, con formas y métodos democráticos y pluralistas, voto universal, independiente de partidos, de los gobiernos y los empresarios”, añade.

“Una carta interesante -agrega Maldonado- es el dirigente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Cristián Cuevas”. ¿Aunque vaya en la lista del PC? “Sí. Debió atreverse a anteponer su condición de dirigente sindical a su militancia política y asumir los costos. No le digo que se vaya del partido, sino que debió desmarcarse claramente de Martínez”, sostiene Maldonado.

¿OTRA CUT?

En círculos opositores a la actual conducción de la CUT es cada vez más frecuente oír de la necesidad de levantar otra Central. Las ideas van desde dar la pelea para su refundación, hasta convocar a un congreso o encuentro nacional para discutir una propuesta de nueva Central. Carolina Espinoza opina: “Nosotros estamos por hacer un frente común. Hemos llamado a fortalecer el movimiento sindical desde la base, formando parte de las coordinaciones, ya sea en la CUT o en las mesas sociales de salud. Creemos que es necesario ponernos de acuerdo para avanzar de manera más coordinada porque hay expectativas y esperanzas de cambio a partir del movimiento ambientalista y estudiantil”.

Darío Vásquez, secretario general del Colegio de Profesores: “El momento histórico requiere de una Central fuerte y consecuente, alejada de las maquinaciones partidistas, los empresarios y los gobiernos. Un congreso fundacional con participación de todo el que quiera esa construcción, incluidas las otras centrales existentes, puede ser el camino”.

Todo parece indicar que de no mediar un hecho inesperado, la mayoría dominante al interior de la CUT se va a reproducir en la elección del 23 de agosto. Todos los dirigentes consultados por PF coinciden que es muy difícil deshacer el nudo de poder que han amarrado Martínez y sus socios. Han desaparecido las grandes organizaciones sindicales y los gremios están debilitados. Veinte años de “paz social” tienen como resultado la apatía, desconfianza y desmovilización de los trabajadores.

Los estudiantes, sin embargo, se han alzado como actores sociales determinantes en este periodo. Han visto reforzadas sus federaciones, aumentado sus grados de participación y han instalado la idea que el modelo capitalista es vulnerable. Renovando sus dirigentes con una frecuencia impensable para el resto del llamado movimiento social, garantizan de esa manera que el sistema no tenga tiempo para intentar cooptarlos.

La CUT ha sido condición necesaria para la entronización de la actual cultura dominante. Un caso paradigmático fue el acuerdo de la Central con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), el super gremio empresarial. Bajo el curioso rótulo de “Diálogo Social”, la directiva de la CUT acordó con el empresariado cuestiones insignificantes, creando estupor en la base sindical. Carolina Espinoza reafirma sus críticas: “Qué duda cabe sobre la falta de autonomía que tuvimos como Central durante los gobiernos de la Concertación. Eso es lo que hoy nos tiene sumidos en una tremenda crisis. Evidentemente, esta CUT solo le sirve a los poderosos de este país”.

La CUT está en decadencia. Los intereses en juego la han transformado en un bastión con acceso a directorios, gerencias y gabinetes, pero alejada de los trabajadores. La Central ha quedado reducida a un edifico frío, trizado y polvoriento.

La CUT no camina al paso de este tiempo. Se perdió en la bruma corrosiva de la politiquería. Es un organismo amaestrado, inercial, cansino, opaco, adecuado para el perfeccionamiento del modelo económico-social. De haber sido de verdad representante de los trabajadores y defensora de sus derechos, otros gallos estarían cantando el 23 de agosto en la casona de la Alameda.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 764, 17 de agosto, 2012

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"Estas indignantes imágenes, no hacen sino rememorar la violencia ejercida por militares"

Corporacion Parque por la Paz  Villa Grimaldi

 

Las imágenes de estas últimas semanas han mostrado a estudiantes, hombres y mujeres, arrastrados por policías fuertemente armados en el marco de las movilizaciones sociales que demandan una educación de calidad. Las denuncias de vejaciones y abusos en cuarteles y vehículos policiales a jóvenes estudiantes, menores de edad, se han incrementado en el último tiempo. Estas indignantes imágenes, no hacen sino rememorar la violencia ejercida por militares y carabineros contra universitarios y secundarios luego del golpe militar.

Es preocupante constatar que frente a este accionar, las autoridades que debieran encauzar las demandas de una educación pública y de calidad por mecanismos políticos e institucionales, tienen también como principal respuesta la represión, la criminalización de la movilización y el desconocimiento de la condición de interlocutores válidos a la dirigencia estudiantil.

Villa Grimaldi, como sitio de memoria, es el testimonio fehaciente de los grados que puede alcanzar la violencia ejercida por el Estado. En este lugar y en otros centros clandestinos de la DINA, fueron muchos los jóvenes detenidos, torturados, asesinados y convertidos en detenidos desaparecidos. Alfonso Chanfreau de la Universidad de Chile, María Isabel Joui que fuera dirigente del Liceo 3 de Niñas o Mauricio Jorquera y Luis Valenzuela del Instituto Nacional, este último candidato a presidente de la entonces Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (FESES), símil de lo que hoy es la ACES y la CONES.

En el caso de las estudiantes, el accionar de Carabineros busca inhibir su participación a través de la represión brutal sobre el cuerpo, provocando reacciones de vergüenza y humillación en adolescentes, quienes aún no han desarrollado las herramientas para enfrentar este tipo de agresiones, muchas veces, socialmente instituidas.

Dirigentes estudiantiles denuncian seguimientos, intervenciones telefónicas y aprehensiones por civiles. Estas agresiones se reiteran en Antofagasta, Calama, Rancagua y Santiago como lo han dicho organizaciones que dan curso a las denuncias y acompañan a las víctimas.

En este contexto, Villa Grimaldi expresa su respaldo a los estudiantes, que hoy como ayer, luchan por sus derechos y su dignidad.

Demandamos el cese de la presencia en los establecimientos educacionales de piquetes de uniformados y el fin de los abusos contra los estudiantes y particularmente, el de aquellos abusos sexistas de los funcionarios policiales contra las mujeres.

Llamamos al gobierno, al parlamento, a las autoridades regionales y comunales y a las jefaturas policiales para que detengan esta escalada represiva cuanto antes. No queremos que se repitan hechos como la muerte del joven adolescente Manuel Gutiérrez, muerto por proyectiles policiales en la comuna de Macul. Las autoridades deben comprender que la represión no detiene las demandas, sino que las radicaliza y muchas veces extiende.

Respaldamos las demandas de nuestros jóvenes estudiantes, secundarios y universitarios, que aún no tienen respuestas efectivas, eso lo consideramos un deber ético para todas y todos nosotros. Como sitio de memoria, trabajamos día a día por una educación de respeto y promoción por los derechos humanos, postulamos una cultura participativa e inclusiva, sin represión ni abusos para que la democracia pueda efectivamente profundizarse.

DIRECTORIO CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI

Peñalolén, 22 de agosto 2012.

  villagrimaldi.cl 

¡Salvar a Assange de la Inquisición!

Por Umberto Mazzei 

Hace poco Atilio Boron, en Página 12 (18/08), calificó a Gran Bretaña y con razón como “Rogue State” - Estado Bandido. Ese término se aplica en Washington y Londres a países que - según ellos- no respetan normas y usos internacionales. En efecto, la historia británica es la de un pirata global, siempre astuto y a veces elegante, pero que con el caso de Julian Assange, se comporta como un torpe facineroso.

La fama de Julian Assange le viene porque Wikileaks, su agencia de noticias, divulgó archivos internos del gobierno de Estados Unidos. Ignoro que material entrego a los medios, pero lo que se ha publicado es algo banal. Es seguro que en los papeles que circulan entre las elites de Estados Unidos hay cosas más repugnantes, como es fácil deducir por las políticas que conducen.

Sucede que Julian Assange es requerido al Reino Unido por un tribunal sueco, como testigo, no como acusado, por un par de aventuras galantes. El tribunal se interesa por el uso del preservativo en algún momento de esas noches y lo convierte en un problema internacional. Es porque Suecia tiene un reglamento, que muchos suecos desconocen, sobre el uso del preservativo en las relaciones íntimas. Esa norma no existe en Gran Bretaña y diría que en ningún otro país. El derecho internacional niega la extradición por actos que no son delito en el país anfitrión, sin embargo, Gran Bretaña concedió la extradición de Assange contra la opinión de la mayoría de sus juristas, de su gente y de su propia jurisprudencia.

Hay la impresión de que las quejas contra Assange son dudosas y que terminarían en poco o nada. Un hecho incongruente es que las dos mujeres que se dicen impropiamente acariciadas continuaron a tener con él una relación normal. Sus acusaciones son posteriores y una de las dos, la que lo invitó a Suecia, trabaja para una ONG norteamericana. La acusación sucede justo cuando se abre juicio contra Assange en Estados Unidos.

El juicio en Estados Unidos

Michael Ratner, el abogado de Assange en Estados Unidos ya denunció que hay un Gran Jurado en Alexandria, Virginia, que esta examinando material para juzgarlo bajo la acusación de “conspiración para comunicar o trasmitir información relacionada con la defensa nacional” y “obtener información sobre defensa nacional protegida de revelación”. El expediente tiene el número 10-3793.

El 10 corresponde al número del año en que se instaló el Gran Jurado: 2010; Assange dejo Suecia el 27 de septiembre 2010. El 3 corresponde al estatuto de conspiración y 793 es el estatuto de espionaje. Eso quiere decir que en Estados Unidos lo acusan de conspiración para cometer espionaje desde el año 2010, el año en que estuvo por Suecia.

Es notorio que el sistema judicial norteamericano ha dejado de ser aquel modelo en que hubo garantías de defensa y equidad. Desde hace 11 años en Estados Unidos se reinstaló la Inquisición, solo que dotada de ciencia y aparatos modernos. Se asesina por sospecha de ideas, a extranjeros o a ciudadanos norteamericanos; basta una orden presidencial. Se exige la delación y sus incita a inocentes a traicionarse. La tortura es ahora un medio legal de interrogación y se admiten confesiones obtenidas bajo tormento. Se detiene sin acusación alguna y sin límite de tiempo. Se acusa y se condena en tribunales sin informar al acusado de las pruebas en su contra. Se espía sin restricciones a ciudadanos y extranjeros dentro y fuera del territorio de los Estados Unidos. Es un ambiente legal en que el trato para quienes dudan de la verdad oficial es similar al que se dio a los acusados de herejía. No hay hogueras, pero con mísiles igual los queman.

Es sabido que en Estados Unidos no hay garantías para procesos equitativos, sobre todo en el tema de seguridad y defensa. El centro de torturas en Guantánamo sigue allí, al igual que otros, como aquel donde internaron el soldado Bradley Manning, por denunciar crímenes oficiales.

Como Londres y Washington son cómplices en todo, no sorprende el exabrupto jurídico de conceder la extradición a Suecia por un caso ridículo, cuando el procedimiento usual es delegar el interrogatorio en un tribunal local. Assange ofreció responder preguntas pero en Inglaterra, como también la embajada ecuatoriana ofreció su sede para el interrogatorio.

Suecia ya confirmó que otorgaría la extradición a Estados Unidos, si Estados Unidos promete que Assange no será ejecutado. Lo dijo Cecilia Riddselius, directora de Asuntos Penales y Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia sueco al Frankfurter Rundschau.

El asilo en Ecuador

Ante la perspectiva de ser juzgado y condenado en Estados Unidos por exposición de documentos verídicos, el periodista Julian Assange buscó la protección del Ecuador y la encontró. Eso no debiera sorprender en Inglaterra, que tiene una vieja tradición en albergar perseguidos; allí se cobijó a gente tan dispar como aristócratas franceses y revolucionarios bolcheviques. Hoy día Londres asila al gobierno de Chechenia en exilio y al Consejo Nacional Sirio, a pesar de que son grupos que buscan subvertir gobiernos que el Reino Unido reconoce. Sin ser tan agresivos son miles los asilados políticos que viven en Europa y en ambas américas.

Por ello sorprende la violenta reacción del gobierno británico. El Secretario de Relaciones Exteriores británico, William Jefferson Hague, FRSL, envió al canciller ecuatoriano una nota donde amenaza violar la sede diplomática de Ecuador. Dice textualmente: “Usted debe estar conciente de que hay una base legal en el Reino Unido, la Ley de Locales Diplomáticos y Consulares de 1987, que nos permite tomar las medidas necesarias para arrestar al Sr. Julian Assange en los actuales locales de la Embajada.”

El Sr. Hague ya se había hecho notar, durante la guerra de la OTAN contra Libia, por su falsa afirmación sobre una fuga de Mohamad Gadaffi a Caracas. Es muy probable que fuese para desinformar la defensa de los libios, pero eso mostró poco juicio, porque dejó al jefe de la diplomacia británica como un tonto mentiroso. Esas cosas se delegan a la prensa británica.

Que al Sr. Hague le incomodan los compromisos británicos en derecho diplomático esta claro; pero la inviolabilidad de las sedes y personas diplomáticas tiene sólida base y es necesaria para las relaciones entre estados. Se practicó en la Antigüedad. Se practicó en la Edad Media y el Renacimiento. Se confirmó en la Paz de Westfalia que es el origen de las relaciones internacionales de hoy día.

En época más reciente lo confirmó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que entró en vigor el 24 de abril de 1964. Su artículo 22, dice textualmente:

 

“1. Los locales de la Misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán entrar en ellos, excepto con el consentimiento del jefe de loa Misión”

“2. El Estado receptor tiene especial obligación de tomar todas las medidas apropiadas para proteger la Misión contra toda intrusión o daño y prevenir cualquier molestia a la paz de la misión o disminución de su dignidad.”

“3. Los locales de la Misión, su mobiliario, las otras propiedades y los medios de transporte de la Misión deben ser inmunes a revisión, requisición, ligaduras o ejecuciones. “

El Artículo 30 de la Convención de Viena extiende esa extraterritorialidad inviolable a los locales y jardines de la residencia de la Embajada.

El Sr. Hague, además de Secretario de Relaciones Exteriores es también Primer Secretario de Estado. Nos preguntamos sobre la calidad del gabinete británico, cuando un miembro con las mayores responsabilidades tiene reacciones viscerales que muestran ignorancia, hasta de su capacidad para imponerse. A los pocos días negó haber amenazado con invadir la Embajada de Ecuador, con lo que, encima, quedó en ridículo.

La diplomacia de Ecuador

El Ecuador tiene diplomáticos de mucha calidad, que desde la presidencia de Rafael Correa tienen objetivos claros. Eso se ve en la Ginebra de negociaciones internacionales. El asilo a Julian Assange confirma la proyección política internacional de Ecuador. Su noble iniciativa para proteger de castigos norteamericanos al periodista australiano más famoso, recibe el apoyo de una amplia mayoría de países y el aplauso de la opinión pública mundial. Ese gesto contrasta con la actitud sumisa de Australia, que no se opone a su extradición y cuya embajada en Washington ya admitió que se prepara un juicio contra Assange en Estados Unidos.

Ecuador tiene el respaldo de casi todos los países de Ibero-América. ALBA dio su apoyo total y solidario. UNASUR también y con despliegue de motivos. Cuando la amenaza de una agresión británica a su sede diplomática lo obligó a convocar una reunión de la OEA, sólo Honduras, Panamá, Trinidad, Estados Unidos y Canadá se opusieron, el resto, incluyendo países del Caribe lo apoyaron.

En Estados Unidos, la asociación Just Foreign Policy (Política Extranjera Justa) reunió las firmas de más de 4000 personas del ámbito intelectual que apoyan a Ecuador; mientras un grupo de congresistas de Estados Unidos habla de aplicarle sanciones por dar asilo a Assange, lo que sería novedoso en la larga historia del asilo.

Conclusión y recomendación

El gobierno británico ha manifestado que no tienen la intención de dar un salvoconducto a Julian Assange para que salga del Reino Unido rumbo a Ecuador. Ante el clamor mundial, es improbable que intente violar la Embajada de Ecuador, porque, como dijo el Presidente Correa, eso pondría en riesgo la inviolabilidad de las sedes británicas en todo el mundo.

De congelarse la situación, la presencia de Assange en la Embajada de Ecuador en Londres puede repetir el caso de Raúl Haya de La Torre en Lima o del Cardenal Jozsef Mindszenty en Budapest, algo que tampoco conviene al gobierno británico. Lo recomendable es una presión oficial enérgica ante Londres de los países de UNASUR y de quienes quieran acompañarlos, para dejar en claro las dimensiones del apoyo y las consecuencias de negar el salvoconducto.

- Umberto Mazzei es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Florencia. Es Director del Instituto de Relaciones Económicas Internacionales en Ginebra.

http://www.ventanaglobal.info

Fuente: http://www.alainet.org/active/57411&lang=es

Para llegar al socialismo revolucionario se deben trascender los límites de la democracia restringida

Por Homar Garcés 

 

Los fundamentos de una nueva estructura económica postcapitalista y de una nueva organización política de la sociedad a través del socialismo revolucionario requieren de una nueva orientación teórica y cultural, lo que debiera redundar -sin duda- en el desarrollo integral de los sectores populares, concibiéndose al mundo de una manera radicalmente distinta.

Sería, además, poner en movimiento la adopción de una nueva clase de ciudadanía, activa y no contemplativa, cuyos valores éticos y morales conviertan a cada persona en generadora de los cambios políticos, sociales, económicos, militares y culturales que definirán la transición definitiva hacia el socialismo, haciendo posible la combinación de teoría y acción política, como también la superación de las contradicciones, las inconsistencias y las desviaciones a las cuales estuviere propenso el proceso revolucionario en cualquier momento. Ello exigiría trascender los límites de la democracia restringida, tan del uso en la mayoría de los países, incluidos aquellos donde tienen lugar cambios bajo la advocación del socialismo. Esto contrastará enormemente con lo afirmado por Samuel Huntington en el Informe sobre la gobernabilidad de las democracias para la Comisión Trilateral, publicado en 1975, en el sentido que “la operación efectiva del sistema político democrático usualmente requiere mayor medida de apatía y no participación de parte de algunos individuos y grupos. En el pasado, toda sociedad democrática ha tenido una población marginal, de mayor o menor tamaño, que no ha participado activamente en la política. En sí misma, esta marginalidad de parte de algunos grupos es inherentemente no democrática, pero es también uno de los factores que ha permitido a la democracia funcionar efectivamente”. En la actualidad, la globalización económica neoliberal busca mantener inalterable esta realidad, resistiéndose a las demandas de los sectores populares de una mayor participación política y de una efectiva redistribución de la riqueza, por lo que sus auspiciadores y beneficiarios directos no escatiman ningún método, sutil o violento, para lograrlo.

De ahí que, siendo el socialismo la antípoda política, social y económica del sistema capitalista, debe desprenderse de los esquemas que caracterizan a este último, facilitando el escenario para que se pongan en funcionamiento mecanismos de participación y de protagonismo popular, capaces de producir acuerdos -en medio de la diversidad de intereses e ideas de sus integrantes- que reflejen la unidad de acción y de pensamiento respecto al tipo de socialismo revolucionario que se espera construir, sin que prevalezca la tutela del Estado. Esto pasa por incluir también la definición de las formas de propiedad de los medios y de organización de la producción, además de las relaciones que existirían entre el poder político y la democracia socialista, entendiendo ésta como un ejercicio cotidiano y vinculante por parte de los sectores populares que no podrá ser obviado por el estamento gobernante, invocando para ello razones de Estado, como es habitual en los regímenes de la democracia representativa.

Es preciso, por tanto, asegurar las condiciones objetivas y subjetivas que permitan una retroalimentación de la revolución socialista, de modo que haya una continuidad y una profundización de la misma que la haga totalmente irreversible, sin el titubeo ni la manipulación demagógica característicos de quienes nada más aspiran a una mera reforma cosmética del orden vigente en su propio beneficio. Para alcanzar dichos objetivos es vital inculcar entre los sectores populares la necesidad de la formación teórica y del debate crítico y propositivo, algo que impone el activismo de una dirigencia política compenetrada con los ideales del socialismo revolucionario que, más que representante, sea vocera de los intereses colectivos; de tal forma que no exista posibilidad alguna de una restauración de la sociedad capitalista que se pretende reemplazar por otra de nuevo tipo, es decir, por una definitivamente socialista.

¿Quiénes soportan la carga tributaria?

Editorial de Punto Final


Cuando la política aparece preocupada de cosas que tienen poca importancia relativa frente a cuestiones efectivamente de fondo, la “reforma” tributaria constituye un buen ejemplo de ese desbalance. La esencia del proyecto constituye una burda caricatura de la reforma tributaria que Chile reclama para comenzar a cerrar la brecha de la desigualdad. Esta reformita de probeta no recauda de manera equitativa y suficiente los recursos que se requieren para implementar la reforma educacional que el país necesita para poner a su capital humano al nivel científico y técnico que exige este milenio. El costo de una reforma educacional de esa naturaleza es mucho mayor de lo que plantean los ajustes tributarios que propone el gobierno. Alcanza a unos cinco mil millones de dólares anuales y la “reforma” del gobierno cubre apenas la vigésima parte de esa suma. A la vez, como de costumbre, la “reforma” la financian básicamente los sectores más modestos de la población. Los ricos, las grandes empresas y las transnacionales que se han adueñado del país, no se verán afectados. No estarán obligados a contribuir a mejorar las condiciones de un país al que están sometiendo a una sistemática explotación. La desigualdad social, por lo tanto, se profundizará. Chile seguirá siendo uno de los países más injustos del mundo.

Un nuevo mecanismo que establece la “reforma” favorece a los más ricos. Propone una norma que permitirá a las personas que financian la educación de sus hijos recuperar una parte significativa de lo que pagan por impuesto a la renta. Como ese impuesto lo paga un porcentaje pequeño de la población, los de mayores ingresos, se producirá una especie de doble desigualdad. Por una parte, beneficiará a los que pagan más impuesto a la renta y, por otra, los del tramo inferior podrán descontar menos. Se trata de aquellos que ganan poco más de 500 mil pesos mensuales y que pertenecen a la clase media empobrecida. Con toda razón los estudiantes universitarios y secundarios han rechazado con energía esta falsa “reforma” tributaria. Las organizaciones estudiantiles, que han asumido la pesada responsabilidad de encabezar la protesta social, consideran que la “reforma” tributaria es un objetivo principal a derrotar en esta lucha por la igualdad y la justicia social. Cabe esperar que las adormiladas organizaciones sindicales y gremiales de los trabajadores y pobladores se hagan presentes en este escenario.

El financiamiento de la “reforma” que plantea el gobierno mantiene la estructura regresiva del régimen tributario de la dictadura que prolongaron los gobiernos de la Concertación. La caja fiscal es poderosa. El año pasado tuvo ingresos récords que alcanzaron a 41.600 millones de dólares. Pero la mayor parte de los ingresos se consiguen por la vía de impuestos indirectos, sobre todo del IVA, que grava con 19% los consumos y servicios. En los sectores pobres esto representa comparativamente una parte mayor de los ingresos que en una familia de los sectores ricos. Otro porcentaje importante de los ingresos de las arcas fiscales proviene de impuestos específicos al tabaco y -sobre todo-, a los combustibles. El IVA y los impuestos específicos representaron el año pasado el 53,5 por ciento del total de los ingresos del Fisco, mientras el impuesto a la renta el 42.8%, con la salvedad que una parte de ese impuesto grava a sectores que deberían estar exentos de pago. Parte de la estrategia del Ejecutivo es forzar los plazos de tramitación legislativa para conseguir la aprobación de esta “reforma”, mediante un chantaje encubierto. Esa maniobra se apoya en los intereses de clase comunes que existen entre la derecha y la Concertación. La componenda permanente entre ambos bloques, dominados por la oligarquía financiera, se encubre con el ropaje de un presunto “espíritu republicano” que se invoca como denominador común para atenuar las repercusiones de ese contubernio. En un periodo electoral la comedia se acentúa a extremos grotescos. La Concertación, que ha devenido en “Oposición” para cazar votos incautos, finge rechazar la “reforma” tributaria pero bajo cuerda prepara la transacción que reclama su “espíritu republicano”.

En definitiva, la “reforma” tributaria sacará más dinero a los sectores empobrecidos y los ricos seguirán disfrutando sus privilegios. Las transnacionales continuarán gozando del paraíso tributario en que se convirtió Chile a partir de 1973. Las mineras seguirán exportando montañas de concentrados de cobre (más otros minerales que van gratis) eludiendo el pago de los derechos del país dueño de esas riquezas. Entre 2004 y este año las mineras se han llevado más de 130 mil millones de dólares, suficientes para financiar seis reformas educacionales. Los bancos y el retail a su vez continuarán acumulando ganancias exorbitantes. Incluso haciendo trampas inmorales como la de Endesa España para aumentar el capital de Enersis, su filial en Chile. Era una maniobra tan escandalosa que obligó a las AFPs, accionistas de Enersis manejadas por conspicuos representantes del empresariado nacional, a rechazar el “lanzazo” que habría costado miles de millones de dólares a los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos, convertiéndolos en salvavidas de empresas europeas en crisis. No caben, pues, ilusiones. La “reforma” tributaria es un eslabón más de la cadena que se quiere imponer al pueblo trabajador. Los acuerdos privados en nombre del “espíritu republicano”, no resolverán el problema de la educación pública y -por el contrario- agravarán la desigualdad e injusticia social. Ante esta realidad sólo cabe empeñarse en construir una alternativa que represente realmente los intereses del pueblo y que no alimente espejismos como el de una “oposición” que a fin de cuentas sólo pretende resucitar a la Concertación y sus fracasadas políticas.

PF

Editorial de “Punto Final”, edición Nº 764, 17 de agosto, 2012

Camila Vallejo y su denuncia a los parlamentarios que votaron a favor de la Ley de Reforma Tributaria.

Por Luis Montenegro

E 8 de agosto del 2012, la Ley de “Reforma Tributaria” fue votada por 63 votos a favor y 35 en contra en la Cámara de Diputados. La próxima semana tendrá que pasar por el Senado si se aprueba o no. Entre los que votaron a favor, hubo varios de la Concertación, entre ellos sector de los diputados del PPD, cuya presidente Adriana Muñoz, sostuvo que “fue una votación “responsable” y no respondió a “presiones”. (www.terra.cl, 10 de agosto del 2012). Uno de ellos fue Pepe Auth, el mismo que asiste a todas las conferencias y actos políticos importantes del PC, uno de esos diputados con “cara social” y “tinte progresista” que le gustan al PC al momento de pensar la formación de un “bloque progresista” de cara a las elecciones presidenciales, y que ya está tomando forma con las próximas elecciones municipales de octubre de este año. El asunto es claro: la Concertación votó a favor de una ley patronal que entrega subsidios a la demanda del sector que más paga contribuciones, y a los sectores de menores ingresos no otorga nada. Es decir; aumenta la desigualdad social.

Camila Vallejo y los supuestos “traidores” de la Concertación: sus aliados políticos en las próximas elecciones municipales

La Vicepresidente de la FECh, Camila Vallejo, al saber los resultados de la votación del día miércoles, tildó a los parlamentarios de la Concertación que votaron a favor de la ley, como traidores (www.emol.cl, “Camila Vallejo tacha de “traidores” a quienes aprobaron R. Tributaria”.) Esos traidores que llama Vallejo, son los mismos que se tomaron una fotografía el día viernes 10 de agosto con algunos candidatos a alcalde de su propio partido. Y la fotografía nos da nauseas: Ignacio Walker, Presidente del Partido Demócrata Cristiano al centro, abrazado de Camilo Ballesteros (candidato por Estación Central) y Daniel Jadué (candidato por Recoleta). ¿Cómo explicamos esta contradicción?: es que la estrategia del PC es hacer alianzas políticas con estos políticos patronales (los “traidores” de Vallejo) y muchos más. Así ha sido históricamente. Así continua siendo, y así lo será en un futuro no muy lejano cuando llegue la hora de las elecciones presidenciales del 2014. Ahora se vienen las elecciones municipales, y el partido golpista neoliberal de la DC, prometió, de la voz de su propio Presidente, que apoyaría al PC en las candidaturas en Estación Central y Recoleta. Además, se lanzan con el PPD a disputar cargos de concejal municipal. De esta manera, el PC se lanza a elecciones con los mismos que se casaron con el modelo neoliberal, que desarticularon los sindicatos en los años 90’, que legalizaron la subcontratación, que profundizan la educación de mercado, etc. 

Fuente: Clase contra Clase

Universitarios se adhieren a movilización estudiantil en Chile

XINHUA

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) confirmó que los universitarios del país se adherirán a la jornada de paralización convocada por los estudiantes de enseñanza media o secundaria para el próximo jueves, en medio del recrudecimiento de las protestas en demanda de mejoras a la educación pública.

"Nos adherimos al paro y lo apoyamos con todo", dijeron Noam Titelman y Gabriel Boric, principales voceros de la Confech.

Los universitarios han manifestado que no permanecerán impasibles ante la radicalización de las protestas por parte de los escolares. "Como Confech vamos a ayudar y a participar en actividades de ese día", indicaron.

Con centenares de detenidos culminaron el lunes el desalojo de colegios en el sector céntrico de Santiago, en una nueva jornada de protesta estudiantil. Los escolares han extremado las protestas ante lo que consideran actitud provocativa del gobierno, tras el envío al parlamento de dos polémicos proyectos de ley.

Una iniciativa legal que alza los tributos de las grandes empresas pero que amplía los subsidios a la educación privada con fines de lucro y una normativa que penaliza la ocupación de inmuebles, han despertado el cerrado rechazo de los estudiantes.

"En estos momentos se está discutiendo en todas las universidades cuales son los siguientes pasos a tomar, una de las alternativas es ir escalando en la discusión y discutir otras formas de movilización."

"Hemos dicho siempre que las instituciones tienen la libertad de optar por la manera de movilización que desean siempre que se respeten las decisiones democráticas y sin violencia. Si hay alguna institución que encuentra que la toma es la mejor decisión, no nos cabe más que respetar su legítimo derecho", dijo Boric, presidente de los estudiantes de la Universidad de Chile, la principal casa de estudios superiores del país.

En tanto desde el Ejecutivo el ministro de Educación reiteró su apoyo a los alcaldes (jefes distritales) que han decidido desalojar los colegios ocupados por los escolares.

El gobierno ha señalado que el movimiento estudiantil no ha exhibido la convocatoria social de 2011 por lo que ha perdido legitimidad.