Por Andrés Figueroa Cornejo
1. La colusión entre las dos agrupaciones temporalmente hegemónicas del sistema de partidos políticos, el Frente para la Victoria de Cristina Fernández y el Partido Republicano (PRO) de Mauricio Macri, se vuelve más nítida mientras más aumenta el malestar de las grandes mayorías y las protestas multisectoriales. En medio del agotamiento del Ejecutivo de turno según la temperatura popular y las encuestas que ponen a Cristina en alrededor de un 40% de aceptación, la connivencia en el Congreso Nacional como en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –el más importante de Argentina por su centralidad histórica en materias político económicas y densidad institucional-, se refrendó el año pasado con la aprobación conjunta de la ley Antiterrorista, en la reciente votación que reforma regresivamente la legislación laboral ligada a los accidentes y enfermedades de los trabajadores (ley aseguradoras de riesgos del trabajo), y en los acuerdos sobre las partidas presupuestarias para el año entrante. Otro tanto ocurre con el consenso por arriba de consolidar el trabajo ‘en negro’, precarizado e informal que supera el 50 % de la fuerza de trabajo, y sin el cual la tasa de ganancia del capital concentrado resultaría menoscabada estratégicamente. Esto es, el FV y el PRO comportan una asociación liberal de administradoras o concesionarias del Estado sin antagonismos orgánicos o de representación de clases sociales. Las distancias se notifican en que el FV es culturalmente más progresista y descansa sobre el imaginario peronista, y el PRO es más conservador y amigo de las órdenes más ortodoxas del organigrama católico, como el Opus Dei.
La Casa Rosada intenta sortear los efectos de la crisis civilizatoria mundial, haciendo caja mediante adquisición de deuda interna, control del dólar –que entren, pero que no salgan-, medidas antilaborales, recorte de programas y derechos sociales (privatización de la salud, educación y descalcificación de los ahorros jubilatorios), multiplicación de impuestos a las personas y no al gran capital transnacionalizado y sus subordinados nativos, venta y concesiones infinitas de terrenos y bienes fiscales, y un aparato mediático de alienación simbólica cada vez menos eficiente.
¿El objetivo? Atraer inversores en un marco de decrecimiento económico e inflación (estanflación). Algunas mercancías apenas en un año han duplicado su precio. Mientras, China modera áreas de importación de commodities (por decaimiento de demanda norteamericana), y castiga al Brasil de vocación subimperialista, propiciando un efecto dominó hacia Argentina y países aledaños.
La caja del gobierno no sólo es para cumplir con el pago de la deuda externa, sino para sostener los programas asistenciales en los territorio más explosivos de la sociedad y los subsidios de los servicios básicos y derechos sociales, procurando contener el levantamiento espanta-capitales de los trabajadores y el pueblo, franjas medias y excluidos sin porvenir. Es decir, para cautelar la gobernabilidad (o “lugar ameno” para la obtención de utilidades rápidas, fáciles y sin condiciones, y fines geoestratégicos en la región) a ojos del imperialismo.
Junto al superior control tributario sobre la gente, se dan pasos veloces hacia la financiarización a través, por ejemplo, del pago de expensas habitacionales directamente a la banca. Esa capitalización es urgente para ‘ponerse al día’ con el momento dominante de capitalismo realmente existente, promover el endeudamiento para los pequeños emprendimientos supeditados a los requerimientos baratos y tercerizados de las megacorporaciones e incentivar los créditos de consumo para que el asalariado promedio llegue a fin de mes por un tiempo. En este último caso, la gente ha optado, tanto por reducir sus gastos como por sobrevivir con crédito directo del retailer (supermercados, casas comerciales, endeudamiento con el boliche de la esquina), en tanto proliferan formas de trueque en ferias donde ya no sólo asisten súper empobrecidos. La deuda en la situación actual, es morosidad para pasado mañana y subsecuente temor a perder el empleo, otra manera de disciplinamiento social. Como un todo integral, gana la banca y se atemoriza a los trabajadores.
2. Como consecuencias inmediatas, la delincuencia, la súper explotación del trabajo asalariado, la especulación en todo el orden económico, el empobrecimiento de las provincias, el dólar paralelo, la industria de la trata de personas, la prostitución infantil y el narcotráfico tienen su primavera.
Por otro lado, se profundiza la protesta y demandas sociales en el plano antipatriarcal, estudiantil, de los pueblos indígenas, de los pobres de la ciudad y el campo, y del combate contra los efectos de la megaminería, el extractivismo agrominero y la primarización, puntales económicos y culturales de la dependencia y el avasallamiento. Asimismo, si bien es preciso multiplicar y colaborar en la unidad de las juntas internas en cada lugar de trabajo como alternativa democrática desde abajo, concientizadora y de lucha directa ante un sindicalismo tradicional en crisis, complemento necesario para facilitar el movimiento del capital y que no escatima en emplear el sicariato y el crimen contra sus cuestionadores, la Central General de Trabajadores opositora al gobierno y la Central de Trabajadores de Argentina independiente del Estado y el empresariado, de manera novedosa y no sin contradicciones, han optado por la unidad en la acción sobre un programa básico progresivo, realizando puntos de fuerza masivos en más de una oportunidad y organizando para la segunda quincena de noviembre una huelga general.
¿Cuáles son sus debilidades? Que ambas centrales agrupan sólo a los trabajadores ‘en blanco’, formalizados, habilitados para negociar paritarias, cuando la mayoría expoliada está informalizada, ‘en negro’, no puede asociarse sindicalmente, es de contenido migrante, asalariado joven y hasta del llamado “trabajo esclavo” (sin horario, con sueldos de hambre, ausentes de condiciones laborales elementales, que abarrota talleres clandestinos). No importa que las luchas todavía no salgan del economicismo. Es una fase necesaria que va de la mano con la creación de vocación de poder. Pero la potencia transformadora, protagónica y política de la clase trabajadora la ofrece su convicción premeditada de integrarse e integrar al conjunto de luchas de todo un pueblo. Las centrales sindicales por sí solas, y más allá de contener a parte más o menos significativa de la clase social objetiva para la reproducción de la vida, no “dan el ancho” en materia de relaciones de fuerzas para convertirse en alternativa de poder. La autoridad política, desde un inicio, de sus franjas más críticas y combativas, no es automática: se gana. Y lejos de una suerte de unidad táctica con el movimiento popular como fuerza social que resiste y enfrenta los intereses del capital, los trabajadores organizados tienen el deber de actualizar sus formas y contenidos a las formas y contenidos de la opresión del capitalismo del siglo XXI y su crisis multidimensional. Ello no se resuelve con agregados programáticos y retóricos, sino mediante procesos complejos, solidarios, mancomunados, en condición de pares, dinámicos y concretos. La unidad de las grandes mayorías que malviven no es sólo voluntad política, es necesidad histórica ante el poderío del capital. Nunca es delegada y representativa: es activa y participativa. No se trata de un problema aritmético, sino cualitativo. La sociedad poscapitalista funda su materialidad y ejercicio valórico y poliético hoy. Por eso, la huelga general de noviembre no se reduce a una demostración de fuerza sindicalizada contra las medidas antipopulares de un gobierno que sólo media administrativamente entre los intereses corporativos del capital y la sociedad usada y abusada como clientela o mercado electoral. Imperiosa, transparente, honesta y concretamente la huelga general debe realizarse con y desde la integralidad de las luchas que abundan, pero que por el momento se mantienen fragmentadas para bien y fortuna de una minoría privilegiada.
