Resumen
Se propone centrar la discusión en cinco afirmaciones:
a) Los ingresos del capital estimados así como la información sobre Argentina y Brasil muestran que en el Uruguay hay posibilidad de mejorar la distribución del ingreso aumentando los salarios, cobrando más impuestos a la propiedad y a los ingresos del capital y aumentar el gasto público para aumentar la inclusión social.
b) La promoción de inversiones debe tener objetivos políticos, como el fortalecimiento de los grupos sociales que participan de un proyecto nacional porque sus ingresos son el resultado de su trabajo. Para construir un país más justo y más independiente es imprescindible fortalecer las empresas públicas y la iniciativa privada de los empresarios que son también trabajadores, como los pequeños y medianos productores agropecuarios; las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y otras formas de gestión asociativa. Se trata de redistribuir los medios de producción facilitando el acceso (el uso y no necesariamente la propiedad) de estos grupos sociales, contribuyendo a que los que tienen pequeñas propiedades las aumenten y no las pierdan y en segundo lugar, promoviendo el fortalecimiento de nuevas formas de propiedad y de gestión asociativa.
c) Para superar el capitalismo, la integración es en primer lugar un proyecto político para que los países aumenten su autonomía, mejoren la correlación de fuerzas con el capital y las potencias militares. La situación internacional los debería llevar a pasar de competir a cooperar, tanto para desarrollar su producción como para enfrentar a las empresas transnacionales. La inserción internacional del país debería tener como prioridad fortalecer los vínculos con Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Venezuela, lo que implica inevitables concesiones que pueden ser simples gestos políticos que reparen los errores pasados.
d) En el Uruguay capitalista y dependiente es inevitable respetar al capital, porque de sus decisiones dependen los niveles de inversión y de empleo. Pero el reconocimiento de la dominación del capital no impide utilizar al máximo los márgenes disponibles por el gobierno para sus decisiones y erosionar su poder progresivamente si se aspira a construir una sociedad sin dominación ni explotación.
e) Toda opción de política económica tiene cierto grado de incertidumbre. La alternativa es mantener la dependencia y los niveles de rentabilidad sin precedentes del capital, postergando el fortalecimiento de la soberanía nacional y la redistribución del ingreso, o asumir el riesgo de que el flujo de capital se pueda enlentecer y acelerar la mejora de las condiciones de vida de los sectores populares.
- Introducción
Se toma el programa del FA como marco y se proponen cambios en la implementación de tres puntos, la distribución del ingreso, la promoción de inversiones y la inserción internacional.
Durante el gobierno del Frente Amplio (FA) de 2005 a junio de 2012 el número de personas ocupadas tuvo un aumento sin precedentes y el salario real superó el nivel previo a la crisis con el aumento paralelo de las pasividades. Fue muy importante la transferencia de ingresos hacia el 20% más pobre de la población, se creó un Sistema Nacional Integrado de Salud que por su cobertura y su financiación tuvo un impacto redistributivo positivo y se redujo el número de personas pobres del 30% al 13.7 % .
Al mismo tiempo el acelerado aumento de la actividad económica y en particular, el aumento de los precios de la producción agropecuaria y de la tierra, tuvieron un efecto concentrador del ingreso y de la riqueza, aumentando el poder económico de las clases dominantes y la dependencia.
Si se acepta que no se ha agotado el desarrollo de las fuerzas productivas en el marco de las relaciones de producción capitalistas y que los países dependientes tienen un margen para mejorar la situación económica y social, la estrategia deberá articular a los actores que contribuyan a estos cambios y al mismo tiempo, a modificar las relaciones de poder. Se requieren políticas que contribuyan a la constitución y fortalecimiento de los actores que pueden formar parte de un proyecto nacional y para aumentar la autonomía enfocar el MERCOSUR como proyecto político y regular el movimiento internacional de capital.
En el documento se caracteriza al Uruguay como sociedad capitalista dependiente (en 2), se analiza la evolución de la distribución del ingreso (en 3), la promoción de inversiones y la distribución de la riqueza (en 4) y la inserción internacional (en 5), en los tres puntos partiendo de un diagnóstico y finalizando con lineamientos de política económica. Se presentan algunos comentarios sobre la política económica y la lucha de clases (en 6) y se agrega un anexo con algunos antecedentes teóricos sobre distribución del ingreso
- El Uruguay una sociedad capitalista dependiente
En el Uruguay en el año 2011 (Cuadro 1) los asalariados son casi un millón dos cientos mil trabajadores y los que venden los resultados de su trabajo, como por ejemplo los productores familiares agropecuarios o los trabajadores por cuenta propia, casi medio millón. En el cuadro se diferencian los tipos de ocupación que utiliza el Instituto Nacional de Estadística: 0. Fuerzas Armadas; 1. Poder ejecutivo y legislativo, directivos de la administración pública y de empresas 2. Profesionales, científicos e intelectuales; 3. Técnicos y profesionales de nivel medio 4. Empleados de oficina; 5. Trabajadores de los servicios y comercios; 6. Agricultores y trabajadores calificados del agro y de la pesca; 7. Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios; 8. Operadores y montadores de instalaciones y máquinas; y 9. Trabajadores no calificados. Esta diferenciación permite registrar la heterogeneidad de trabajadores asalariados y patrones, en base a criterios tales como el ejercicio de autoridad, la autonomía en el empleo, la calificación o el sector de la economía donde desempeñan sus actividades.
Entre los asalariados, el tipo 1 de los privados se puede considerar parte de las clases propietarias. Son directores de sociedades anónimas que en muchos casos también son accionistas o su personal de confianza. Lo mismo ocurre con una parte de los asalariados de tipo 2 (profesionales). Entre los asalariados públicos las Fuerzas Armadas tampoco se pueden considerar parte de la clase trabajadora; en la información que proporciona la encuesta, el número de miembros está subestimado.
De modo que los asalariados que forman parte de la clase trabajadora son aproximadamente 900.000 trabajadores en el sector privado y 200.000 en el público. A los que se podría agregar los trabajadores por cuenta propia que no son directivos ni profesionales universitarios, así como los cooperativistas de producción, los familiares no remunerados y los trabajadores de los programas de empleo, que son aproximadamente 325.000 personas (Cuadro 1).
Cuadro1 Ocupados por categoría y tipo de ocupación, año 2011
Fuente: elaborado en base al procesamiento de los microdatos de la ECH 2011 del INE según clasificación CIUO - 88.
En el capitalismo la distribución entre salarios y plusvalía puede cambiar entre dos límites. Por una parte, el salario no puede ser menor a lo imprescindible para la subsistencia del trabajador y su familia; por otra, no puede eliminar la plusvalía porque el patrón cerraría su empresa. Cuando los trabajadores no se incorporan a la producción y no generan plusvalía, como en muchos países de África y algunas regiones de América Latina, se mueren de hambre millones de personas.
Con sindicatos organizados o gobiernos progresistas que generen condiciones favorables para la lucha sindical, los salarios pueden aumentar por encima del nivel de subsistencia y reducir la plusvalía. En cambio, como conocimos en el Uruguay durante la dictadura, la persecución a la actividad sindical y un gobierno antipopular llevó los salarios al nivel de subsistencia y aumentó la plusvalía.
El desarrollo del capitalismo es desigual y combinado, por dos mecanismos principalmente: a) el comercio exterior. Desde principios del siglo veinte los países capitalistas avanzados o imperialistas exportaban bienes industriales e importaban materias primas, en particular, alimentos y minerales; b) el movimiento internacional de capital, en el cual los países imperialistas son exportadores y los dependientes importadores, lo que asegura a los primeros el control de las materias primas y los mercados para la industria.
Seibel (2011) reconstruyó la categoría “dependencia” a partir de una revisión de los principales teóricos brasileños (Bambirra 1972, 1978; Marini 1973, 2000; dos Santos 1978, 1991) como una relación de subordinación entre naciones formalmente independientes, en cuyo marco las relaciones de producción de las naciones subordinadas son modificadas para asegurar la dependencia (Marini 1973, 18) y como una situación en la cual un determinado grupo de países tienen sus economías condicionadas por el desarrollo y la expansión de otra economía a la cual están subordinadas[1] Se articulan clases y se forman bloques de poder en el país dependiente y con relación al país dominante.
Al capital exportado de un país a otro y a los gobiernos de las economías dominantes por ser exportadoras de capital se sumaron otros actores externos y formas distintas de operar de los mismos actores. En la segunda mitad del siglo veinte aumentó la importancia de las instituciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI); los acuerdos comerciales en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y regionales, los tratados bilaterales de inversión y las calificadoras de riesgo.
A principios del siglo veintiuno la situación es más compleja a) Los EEUU tienen la mayor deuda externa del mundo b) China es el principal comprador de la deuda pública de los Estados Unidos, exporta capital y compra materias primas c) La exportación de capital no tiene una única dirección, puede ser entre países capitalistas avanzados o desde países dependientes como los países árabes productores de petróleo; d) gran parte de la industria manufacturera se trasladó a países del Asia, que son los principales exportadores de estos bienes.
- La distribución del ingreso
Durante el período de gobierno del Frente Amplio (FA) de 2005 a julio de 2012 el número de personas ocupadas tuvo un aumento sin precedentes, el salario real superó el nivel previo a la crisis con el aumento paralelo de las pasividades, fue importante la transferencia de ingresos hacia el 20% más pobre de la población, se creó un Sistema Nacional Integrado de Salud que por su cobertura y su financiación tuvo un impacto redistributivo positivo y se redujo el número de personas pobres del 30 al 14% (igual a la situación previa a la crisis de 1999 – 2003).
El acelerado aumento de la actividad económica y en particular, el aumento de los precios de la producción agropecuaria y de la tierra, tuvieron un efecto concentrador del ingreso y de la riqueza. Gonsalves (2011:14) señaló que “A modo de ejemplo en la forestación Montes del Plata y UPM – KYMENE controlan el 50% de la superficie plantada; en la faena más del 50% en manos de capitales brasileros (Marfrig 30%); en el arroz 87% de la industria controlada por capitales brasileros; en la agricultura de secano 6 empresas (cinco argentinas y una brasilera) controlan 400.000 hectáreas.”
El Ministro Tabaré Aguerre en el discurso de cierre de la Exposición de la Rural del Prado de 2012 destacó que el valor de la tierra desde 2006 hasta 2012 se multiplicó por 6 y según el diario El Observador del 28/09/12, un toro que en ese año valía 1.000 dólares, pasó a valer 4.000.
La redistribución del ingreso es un punto del programa para el segundo período de gobierno del FA que reconoce que es necesario adoptar medidas con ese objetivo y se discute como, cuando y cuanto se redistribuye; el tema central es político y no técnico, se trata de elegir entre el riesgo de reducir o enlentecer el ingreso de capital o el de condenar a la pobreza durante más tiempo a más personas.
¿Cómo redistribuir en el capitalismo dependiente? La primera forma de mejorar la distribución del ingreso es el aumento de los salarios y como contrapartida, la reducción de la plusvalía. Los sindicatos, luchando por mejores salarios, desarrollando la organización, profundizando la conciencia de clase y en última instancia, la libertad de los trabajadores. En segundo lugar, la intervención del Estado puede redistribuir si le cobra impuestos a los pocos que tienen mucho y gasta para los muchos que tienen poco entregando gratuitamente bienes y servicios como la educación o la salud. Tercero, distribuyendo la riqueza con el fortalecimiento de las empresas públicas y de la iniciativa privada con formas de propiedad compatibles con un proyecto de transformaciones profundas implementando políticas de apoyo a los productores familiares agropecuarios, las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas (en 4).
Se presentan algunas consideraciones previas sobre los indicadores y la situación actual
3.1 Las medidas de la distribución del ingreso
En el Uruguay la forma más difundida de medir la distribución del ingreso es analizar la situación de los hogares con la información que genera la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (ECH del INE). Hay consenso entre los que trabajan con estas cifras sobre que la Encuesta mide bien los salarios y las pasividades, pero no capta bien los ingresos del capital. Es habitual entre los usuarios de esta información que no tienen formación en economía, como algunos periodistas y algunos legisladores, identificar distribución del ingreso de los hogares con distribución del ingreso, sin percibir que la segunda categoría comprende más ingresos que la primera.
La medida que abarca todos los ingresos generados en un país cada año es el Ingreso Nacional Bruto (INB) que calcula el BCU. Agregando los ingresos generados en el exterior que se reciben en el país, como por ejemplo las remesas que desde el exterior se envían al Uruguay y restando los ingresos que se generan en el país pero se transfieren al exterior, como por ejemplo utilidades de empresas, se estima el total de ingresos que quedaron en el país, el Ingreso Nacional Bruto Disponible (INBD). Durante los años 2009 a 2011 los ingresos captados por la Encuesta son aproximadamente el 60% de los ingresos disponibles (Cuadro 2). El 40% del ingreso restante sabemos que no los perciben los trabajadores ni los pasivos, en parte son impuestos directos y en su mayor parte, ingresos del capital que la encuesta no registra. Por ejemplo si las empresas los reinvierten o si los accionistas los depositan en una cuenta bancaria, aunque los dueños de esos ingresos integran los hogares la encuesta no los registra.
Cuadro 2 Ingreso de los hogares e Ingreso Nacional 2009 – 2011
En millones de pesos corrientes
| 2009 | 2010 | 2011 |
1) Ingreso de los Hogares | 421.831 | 454.927 | 530.617 |
2) INBD* | 671.388 | 766.628 | 878.170 |
3) 1/2 en porcentaje | 62.8 | 59.3 | 60.4 |
Fuente: ingreso per cápita con valor locativo y aguinaldo de la ECHA del INE, multiplicado por la población total proyectada. El INBD del BCU. *Preliminar.
Los autores clásicos de la economía, considerados también fundadores de la Economía Política, analizaron la distribución del ingreso entre clases sociales. En Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx se encuentran tres clases sociales, cada una de las cuales percibe un ingreso por su forma de participar en el proceso. Definidas por Smith como “ranks of the people” or “orders of people”, como “classes of the community” por Ricardo y como “classes” por Marx. Importantes en el contexto histórico definido por Smith como “every civilized society” y por Marx como “modern society based upon the capitalist mode of production”.
Las estadísticas que elabora el BCU siguen criterios acordados por los países que integran las Naciones Unidas y como se puede apreciar, no mencionan la plusvalía ni la explotación, pero podemos entender que todos los ingresos que no son resultado del trabajo de asalariados, de trabajadores por cuenta propia, de productores agropecuarios familiares o de patrones que trabajan, forman parte de la plusvalía. Como consecuencia, cuando se habla de intereses, ganancias, dividendos o alquileres, debemos recordar que estos ingresos los genera el trabajo, se los apropia el capital y se reparte entre sus distintas formas como las acciones, los créditos, los alquileres o la deuda pública.
La plusvalía se presenta en las estadísticas del INE y del BCU, sin nombrarla y con una medida aproximada, repartida entre distintas formas del capital:
i) intereses, que son los ingresos que se generan por los préstamos y los créditos. Los cobran los bancos, los que tienen depósitos en los bancos, los que compran valores públicos, los que compran obligaciones cuando las emite una empresa o los que venden a plazo a empresas o familias.
ii) alquileres y rentas que cobran los propietarios de viviendas o locales que alquilan, o de los campos que utilizan otros.
iii) beneficios y utilidades, que son los ingresos de los propietarios del capital de las empresas.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) construye indicadores de distribución del ingreso entre los hogares con información relevada en una encuesta mensual. La información que aparece en la ECH sobre los propietarios de los medios de producción no es relevante. La caracterización de estos grupos sociales requiere conocer la magnitud de sus activos, del trabajo asalariado que compran, del valor de lo que producen, de su localización e interrelaciones, en la medida en que, por ejemplo, los propietarios de las acciones de una empresa extranjera localizada en el país no aparecen en la ECH si no residen en el país.
En el Cuadro 3 se presentan los ingresos de los grupos sociales que trabajan y de los pasivos según la ECH, como porcentaje del Ingreso Nacional Bruto Disponible. Los ingresos de los sectores populares son poco más del 40% del total de ingresos generados en el país y durante los últimos cinco años tuvieron variaciones irrelevantes. Del 60% restante aproximadamente un 5% son salarios de directores de empresas y profesionales en relación de dependencia, un 20% o 25% son pagos de las empresas al Banco de Previsión Social (BPS) y a la Dirección General Impositiva (DGI) y aproximadamente 30% del INBD, es decir, catorce mil millones de dólares anuales podrían ser ingresos del capital.
Cuadro 3
Ingresos de los sectores populares
Como porcentaje del INBD
Grupos Sociales | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Obreros y Empleados | 19,9 | 19,7 | 19,9 | 21,7 | 20,3 |
Cuenta Propia sin local | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
Cuenta Propia con local | 8,5 | 9,2 | 9,0 | 9,4 | 9,1 |
Pasividades | 9,7 | 8,7 | 8,1 | 8,3 | 9,2 |
Transferencias* | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 1,8 | 1,9 |
TOTAL | 41,0 | 40,0 | 38,7 | 41,8 | 41,0 |
Fuente: ingresos, de microdatos de la ECHA del INE procesados por Guillermo Alves (2006 – 2009), Marco Colafranceschi y Matías Brum (2010) del Área de Empleo e Ingresos del IECON. INBD del BCU, valores preliminares. * Transferencias incluye: tarjeta alimentaria, alimentación de menores, asignaciones familiares, seguro de desempleo, compensaciones por accidente, becas y pensión alimenticia. Lo que corresponde al Sistema Nacional Integrado de Salud se incorporó a los salarios. Se debería deducir las pasividades del BPS y agregar los pagos de la Caja Bancaria, excluyendo a los pasivos que fueron ocupados de Tipo 1 o patrones.
Según la ECH los ingresos del capital en 2010 se ubicaron entre el 5% y el 7% de los ingresos totales, que con una cotización promedio del dólar del mismo año de $20, son un mínimo de 1.139 y un máximo de 1.595 millones de dólares.
En el Cuadro 4 se presenta otra estimación de los ingresos del capital en 2010 entre 8.877 millones y 10.627 millones dólares. Cabe reiterar que esta última cifra no es un máximo ya que podría aumentar por las ganancias de las actividades agropecuarias que superen la renta media. Como se ha visto en la información del BCU podrían llegar a 14.000 millones de dólares. Por lo tanto, la presión fiscal sobre los ingresos del capital, dividiendo la recaudación de la DGI de 1.425 millones de dólares por estos ingresos estimados, se ubicaría entre el 16 % y el 10 %.
Cuadro 4 Estimación de los ingresos del capital | |
Año 2010. Millones de U$S corrientes | |
Ingresos | Millones U$S |
| |
1) Según ECHA del INE | |
1.1) Mínimo | 1.139,0 |
1.2) Máximo | 1.686,0 |
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2) Lo que debería registrar la ECHA | 1.954,9 |
2.1) Arrendamientos gravados por DGI | 461,0 |
2.2) Incrementos Patrimoniales gravados por DGI | 316,9 |
2.3) Rentas de Capital Mobiliario Gravadas por DGI | 85,7 |
2.4) Dividendos y Utilidades gravados por DGI | 247,5 |
2.5) Intereses de Deuda Pública (estimados) | 843,8 |
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3) Lo que no registra la ECHA | 5.278,1 |
3.1) IRAE deducido 2.4 | 973,9 |
3.2) Exoneraciones de IRAE deducidas Enseñanza y Monotributo | 635,5 |
3.3) Transferencias al exterior (BCU) | 1.621,4 |
3.4) Rentas de la actividad agropecuaria (deducido IRAE) | 2.047,3 |
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4) Ingresos por arrendamientos | |
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4.1) Entidades Económicas (estimación) | 865,3 |
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4.2) Hogares (método 1) | 1.241,4 |
4.3) Hogares (método 2) | 534,5 |
4.4) Hogares (método 3) | 694,6 |
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4.5) Alquileres mínimo (4.1 + 4.3) | 1.399,8 |
4.6) Alquileres medio (4.1 + 4.2) | 2.106,3 |
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5) Evasión por arrendamientos (Ingresos totales - gravados por DGI) | |
5.1) Mínima | 938,8 |
5.2) Media | 1.645,3 |
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6) Evasión de otros ingresos del capital (excluyendo 2.1 y 2.5) | |
6.1) Mínima. 30% | 253.5 |
6.2) Máxima. 50% | 422.5 |
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7) TOTAL | |
7.1) Mínimo | 8.877,3 |
7.2) Medio | 9.339,3 |
7.3) Máximo | 10.626,8 |
Fuente: Notaro, J. “La distribución social del ingreso en Uruguay” Cuadernos del CLAEH No. 100, agosto de 2012, pp. 7 – 35.
3.2 La evolución de los salarios
En una sociedad capitalista dependiente como el Uruguay la primera forma de mejorar la distribución del ingreso es el aumento de los salarios y como contrapartida, la reducción de la plusvalía.
El papel principal le corresponde a los sindicatos, luchando por mejores salarios, desarrollando la organización, profundizando la conciencia de clase y en última instancia, la libertad de los trabajadores. El gobierno del Frente Amplio (FA) contribuyó modificando las reglas de juego previas, en particular con la convocatoria a los Consejos de Salarios, la inclusión en los Consejos de trabajadores asalariados que no lo estaban hasta cubrirlos a todos y la ley obliga a reponer en su puesto a los trabajadores despedidos por su actividad sindical previo fallo favorable de la justicia.
Está en la lógica del capitalismo que los capitalistas se lleven la de ellos pero la lucha sindical o la intervención de un gobierno progresista permite que no se la lleven toda y dejen algo pagando impuestos, aportes a la seguridad social y salarios obligatorios, así como respetando el ejercicio de los derechos sindicales.
Los salarios aumentaron en forma permanente desde 2005 y en agosto de 2012 se encontraban por encima del nivel de 1997 – 1999 previo a la crisis. Se toma el valor del índice promedio de estos tres años como base, de modo que si el valor del índice es mayor que cien indica un aumento del salario real y si es menor indica una caída. En el año 2004 el IMS muestra que la capacidad de compra de los salarios, es decir el salario real promedio calculado como se señaló anteriormente, había caído un 22%, y la caída era mayor para los asalariados del sector privado (24.3%) que para los del sector público (17.2%). En 2009 el salario real de los trabajadores del sector privado estaba un poco por debajo del nivel previo a la crisis y el de los trabajadores del sector público un poco por arriba. El nivel del salario real promedio en el período enero – agosto de 2012 está un poco más de 10% por encima del nivel previo a la crisis, casi un 15% para los trabajadores del sector público y un 10% en el sector privado.
Sin embargo, los aumentos de los salarios no superaron al aumento de las ganancias del capital, porque los salarios aumentaron con la mayor productividad del trabajo. Además un número muy importante de los trabajadores asalariados recibía ingresos menores a $ 10.000 por mes en 2010 y si bien este número se redujo, en 2011 todavía 744.00 trabajadores ganaban menos del equivalente de diez mil pesos de 2010 (ICD 2012). La situación ya se observaba en 2006, “Como síntesis se puede destacar la mayor importancia relativa de los trabajadores por cuenta propia sin local entre los indigentes y de los asalariados privados entre los pobres. Entre los primeros, los de menores ingresos se insertaron principalmente en el comercio y la construcción. A su vez, casi la totalidad no se encontraban registrados en la seguridad social, es decir, no tuvieron ninguna cobertura. Entre los asalariados privados, los que presentaron menores ingresos se insertaron principalmente en el servicio doméstico, el comercio y la industria manufacturera (Notaro, Alonso y Perazzo 2006:20).
El actual gobierno mejoró la distribución del ingreso apoyando un importante aumento de los salarios más bajos; de las trabajadoras del servicio doméstico, en su mayoría pobres o indigentes, con grandes dificultades de organización por la dispersión de los lugares de trabajo; a los trabajadores del comercio en supermercados y tiendas y a los asalariados rurales.
De acuerdo a las proyecciones que acompañan el Presupuesto aprobado por el Parlamento, la masa salarial, es decir el ingreso del total de los trabajadores asalariados, se puede calcular como el producto del salario real por el número de personas ocupadas. El aumento para los próximos cinco años sería de 23% de modo que el porcentaje que representa la en el PBI se mantiene sin cambios y menor a lo que era en el período 1997 – 2001.
Los aumentos del Salario Mínimo Nacional proyectados no contribuirán al objetivo de reducir la pobreza ya que de acuerdo a lo anunciado para todo el período de gobierno aumentará menos que la Línea de Pobreza que se pude estimar en 8% en 2012 y no menos de 5% en 2013. Es probable por lo tanto que los trabajadores que ganan el salario mínimo nacional y vivan en Montevideo, continuaran siendo pobres hasta 2013.
Dos aspectos de la política laboral del Poder Ejecutivo no contribuyen a mejorar la distribución del ingreso y reducir la pobreza:
a) con la aprobación de la ley marco de las negociaciones colectivas para el sector privado a fines de 2009, el gobierno renunció a la facultad de fijar todos los salarios por decreto. Debería haber retomado su papel de mediador entre el capital y el trabajo en los Consejos de Salarios y no definir “lineamientos” que incorporan un tercer punto de vista que pone un techo a los aumentos. Un ejemplo fue el transporte colectivo de pasajeros urbanos, en el que el sindicato aspiraba a un aumento del 4% anual del salario real y el Poder Ejecutivo con la representación patronal resolvieron un 2% , subordinando el aumento a las metas de inflación del MEF.
b) los lineamientos mejoraron las pautas del período anterior al incorporar indicadores de capacidad de pago de las empresas como criterio para los aumentos de salarios. Pero lo relativizan por el aumento de la ocupación, con lo cual los aumentos de salarios reales sólo se pagan si hay aumento de la productividad del trabajo y como consecuencia no tienen efecto redistributivo
De la gigantesca obra del Dr. Américo Plá Rodríguez de 1956 “El salario en el Uruguay. Su régimen jurídico” se extraen dos anécdotas que muestran que los argumentos para oponerse a los aumentos de salarios tienen una larga vida.
En 1923 la Federación Rural, la Asociación Rural y la Comisión Nacional de Fomento Rural manifestaron su oposición al proyecto que fijó el salario mínimo del trabajador rural. Entre otros argumentos consideraban que el salario propuesto podría determinar el éxodo de los pequeños estancieros al Brasil y a la Argentina, y que el trabajador rural está en mejores condiciones que el urbano porque tiene casa y comida segura.
En 1943 el proyecto de ley de creación de Consejos de Salarios incluía un artículo que proponía fijar un salario mínimo. El Ministro de Industrias y Trabajo Dr. Mendívil fundamentó la eliminación con los argumentos de una nota presentada por la Cámara de Comercio considerando que un salario mínimo iba a generar desocupación, aumentos de precios y pérdida de competitividad con las importaciones; los más afectados serían el pequeño comercio y la pequeña industria. Agregó que los obreros habían obtenido sucesivas mejoras sin necesidad de un salario mínimo fijado por la ley y que en las familias numerosas muchos trabajan, aportan, el obrero ahorra y los bancos estaban llenos con sus pequeños depósitos.
3.3 Ingresos y gastos públicos
El Estado puede redistribuir si le cobra impuestos a los pocos que tienen mucho y gasta para los muchos que tienen poco entregando gratuitamente bienes y servicios como la educación o la salud.
Como muy bien señaló el Cr. Danilo Astori, Vicepresidente de la República, en una entrevista (Semanario Brecha11/02/11) cualquier cambio en los impuestos debe tener en cuenta los objetivos y los equilibrios del sistema. Destacó tres objetivos, la eficiencia, la equidad y la promoción de inversiones. Cabe preguntar ¿se ha realizado un seguimiento y una evaluación que permita demostrar que los objetivos se han alcanzado? Si existe, debería darse a conocer, porque de lo contrario la discusión pierde rigor por la falta de información.
Cuando se aprobó la reforma tributaria luego de complejas negociaciones que duraron aproximadamente un año, las organizaciones políticas del FA que proponían que los ingresos del capital y los del trabajo pagaran lo mismo (MPP, PCU, PS y VA) tuvieron que renunciar a su aspiración. Lograron algunas modificaciones del proyecto presentado por el equipo económico como elevar el mínimo no imponible, aumentar las tasas sobre los ingresos del capital y no derogar el impuesto al patrimonio.
Dos argumentos del equipo económico eran convincentes, la complejidad de la implementación de la reforma obligaba a dejar de lado algunos aspectos de justicia y era un proceso por el cual se podrían incorporar mejoras en el futuro. Las posibles modificaciones a la reforma tributaria para hacerla más justa no se discutieron con el presupuesto aprobado para 2011 - 2015.
Las rendiciones de cuentas incorporaron el concepto de “espacio fiscal” que significa que el gasto público aumentará en el mismo monto que aumenten los ingresos públicos, como resultado del aumento del PBI, es decir, no se aumentaran los impuestos. Si consideramos que la definición de ideas “conservadoras” son las ideas que no quieren cambios, “espacio fiscal” es una idea conservadora por qué se opone a los cambios en los impuestos. Es el resultado de otra idea conservadora, “no tomar un medida por qué puede ser una mala señal para los mercados”, llamando mercados a los capitales especuladores y no mandarles una mala señal es crear las condiciones para que tengan ganancias en el Uruguay.
La información disponible muestra que en el Uruguay hay posibilidad de mejorar la distribución del ingreso cobrando más impuestos a la propiedad y a los ingresos del capital, teniendo en cuenta que los ingresos de los sectores populares integrados por un millón y seiscientos mil trabajadores y setecientos mil pasivos son el 40% del total de los ingresos que se generan cada año en el país, se le llama Ingreso Nacional Bruto y lo calcula el Banco Central del Uruguay ; los ingresos del capital son aproximadamente un 30% del total, es decir, 14.000 millones de dólares. La metodología que permitió llegar a estos resultados se publicó en la revista Cuadernos del CLAEH número 100.
Transcurrido más de un año se observa que los cambios tributarios vigentes desde enero de 2011 resultaron compatibles con los objetivos y los equilibrios internos del sistema tributario. Por ejemplo el impuesto a los depósitos en el exterior de los residentes en el país fue rechazado por el equipo económico en dos oportunidades, aunque tenía el apoyo de los consultores del BID Barreix y Rocca y del Senador Couriel.
La consideración del sistema tributario como tal no implica que no se puedan modificar las tasas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). Las tasas vigentes no surgieron de ningún estudio científico sino que fueron el resultado de negociaciones políticas. Posteriormente mediante un decreto hubo cambios en los estímulos a la inversión con el objetivo de orientarlas hacia las zonas menos pobladas, la innovación tecnológica y la creación de empleos de calidad.
El informe de la Dirección General Impositiva sobre la recaudación durante al año 2011 muestra que el 65% fueron impuestos al consumo, el 24 % impuestos a la renta, el 7% impuestos a la propiedad y el resto, varios de menor importancia. El principal impuesto al consumo es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que representa el 52% de los ingresos de la DGI. Existen tres situaciones, los bienes y servicios exonerados por la Constitución como la educación o por leyes; los que pagan la tasa mínima de 10% o la máxima de 22%. En el impuesto a la renta el 12.5% se cobró a empresas, el 0.7% corresponde al Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA), del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) el 1.6% corresponde a ingresos de capital y el 9.6% a ingresos del trabajo, el 1.6% a las pasividades (IASS) y el 1.6% al IRNR (Ver Recaudación del año 2011 en www.dgi.gub.uy). La información de recaudación de la DGI se actualiza mensualmente en http://www.dgi.gub.uy/wdgi/hgxpp001?6,4,550,O,S,0,MNU;E;162;4;MNU;,&&
En enero de 2011 entró en vigencia un impuesto a los ingresos generados por operaciones financieras (depósitos, créditos y todo tipo de préstamos) en el exterior de residentes en el Uruguay (Ley 18.718 de 03/01/11 que modifica la Ley 18.093) con tasas que van de un 3% a un 12% según el tipo de operación y se complementó con disposiciones para evitar la doble imposición (Ley 18.719 de 03/01/11). Simultáneamente se flexibilizó el secreto bancario, que podrá ser levantado por la justicia a solicitud de la DGI, sin la exigencia previa de demostrar el posible delito.
También se incluyó una exoneración del 6% del alquiler pagado si el inquilino identifica al propietario; la tasa del IRPF sobre los alquileres que deben pagar los propietarios es del 12% y con esta medida se busca la colaboración de los inquilinos para reducir la evasión que es muy alta.
Desde 2012 una nueva ley incluyó algunos cambios tributarios que cuando se implementen aprobando los decretos reglamentarios tendrán impactos positivos en la distribución del ingreso. Cabe destacar:
a) facultar al Poder Ejecutivo eliminar el IVA en las compras utilizando las tarjetas de débito financiadas por el Estado tales como la tarjeta Uruguay Social, tarjeta para el pago de Asignaciones Familiares y otras similares. Aumenta el poder adquisitivo de los salarios sin aumentar los costos de las empresas, acceden a sus beneficios los trabajadores no registrados y los pasivos y estimula que los comercios estén registrados, pagando impuestos y respetando los laudos, para captar esta demanda. Hasta el momento (8 de octubre de 2012) sólo se aplica a las asignaciones familiares.
b) dos cambios en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), un aumento del mínimo imponible en una Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) de 7 a 8 y la creación de una franja para los ingresos mayores que pagarán una tasa mayor. El primer cambio mejorará la situación de familias de ingresos medios y ambos contribuyen a una mejor distribución del ingreso.
c) aumento del mínimo imponible del Impuesto de la Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que estaba en 8 BPC mensuales y subirá a 9 BPC.
d) creación de un Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). que pagarían aproximadamente mil propietarios de predios de más de 2.000 hectáreas CONEAT, con un mínimo de 8 dólares y un máximo de 16 por hectárea, según la magnitud de la superficie y la productividad media. Mejora la distribución del ingreso gravando a los ingresos altos. Ya está vigente.
Es discutible el impacto de otra modificación propuesta, la reducción de hasta dos puntos de la tasa de IVA aplicable a las operaciones efectuadas a consumidores finales que se realicen mediante la utilización de tarjetas de crédito, débito u otros instrumentos similares.
En un trabajo de Barreix, Bés y Roca (2011) se concluye que la reducción del 2% del IVA beneficia más a los grupos que perciben los mayores ingresos. La reducción beneficia por ejemplo a los que compran autos cero kilómetro y no tiene efecto en los bienes de primera necesidad exonerados o que pagan la tasa mínima. Para asegurar la reducción del 2% del IVA llegue al consumidor, se otorgará a los que paguen con tarjeta de débito o de crédito; por lo tanto se requiere tener una cuenta en un banco. Esta medida implica reconocer que los mercados no son de competencias por lo que una reducción del impuesto no se trasladaría al consumidor y se implementa una operación que parece desproporcionada ya que para acceder a esta reducción, todos los ingresos de las familias y de los comercios deben pasar por el sistema bancario.
Un procedimiento alternativo sin pasar por los bancos sería implementar una “Tarjeta DGI” que ni siquiera precisa un plástico. Cuando una persona compra algún bien o servicio gravado con la tasa máxima del IVA vigente del 22%, muestra su cédula de identidad y por Internet se le acredita el 2% en una cuenta en la DGI. Al cabo del año si paga IRPF o IASS se le descuenta, y si tiene un saldo a favor o si no paga, se le entrega en efectivo.
En un seminario organizado en enero de 2011 en Santiago de Chile por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL - XXIII Seminario Regional de Política Fiscal) alguno documentos presentados aportan información de interés para la ubicación de Uruguay en la región en el cobro de impuestos y sobre los lineamientos propuestos para que los sistemas tributarios contribuyan a la redistribución.
En el documento Indicadores Tributarios de María Victoria Espada se informa que en 2009 los ingresos del Estado fueron el 34% del PBI en Brasil, el 32% en Argentina y el 25% en Uruguay. La menor recaudación de Uruguay es resultado de cobrar menos impuestos a la propiedad que los países vecinos, mientras que el impuesto a la renta en Uruguay representa el mismo porcentaje del PBI que en Argentina y es menor que en Brasil. Esta información, así como los ingresos del capital estimados, muestran que en el Uruguay hay posibilidad de mejorar la distribución del ingreso cobrando más impuestos a la propiedad y a los ingresos del capital, sin perder una ventaja competitiva con Argentina y Brasil.
Las principales propuestas incluidas en un documento de CEPAL (2010) destacan la necesidad de mejorar la magnitud y la estructura de la recaudación tributaria y del gasto público. Considera que en la mayoría de los países de América Latina los impuestos no contribuyen a la distribución del ingreso, que se cobra pocos impuestos, que la evasión es alta y que hay demasiadas exenciones. Al recaudar poco y mal, el gasto social tiene un bajo impacto redistributivo y la inversión pública resulta insuficiente para el desarrollo.
La CEPAL en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2009 – 2010, en el capítulo IV de conclusiones ya había abordado los mismos problemas señalando que “Por una parte, sin medios económicos es imposible satisfacer las necesidades sociales de los ciudadanos.” Consideraba insuficiente la recaudación de impuestos directos “como los que recaen sobre la renta, especialmente en la parte que proviene de las personas físicas (sobre todo si se compara con los niveles alcanzados en países desarrollados), y una escasa o nula relevancia de la imposición de tipo patrimonial”. Destaca tres razones de la situación, las tasas impositivas muy bajas como para lograr efectos económicos de cierta consideración, la alta evasión y los tratos preferenciales característicos de los sistemas impositivos de la región. Como consecuencia “En este contexto, no solo dejan de cumplirse los requisitos básicos de equidad, que las personas con igual capacidad de pago paguen el mismo monto de impuestos (equidad horizontal) y que las personas con mayor capacidad de pago paguen proporcionalmente un monto mayor (equidad vertical), sino que además se generan distorsiones económicas en materia de asignación de recursos que atentan contra la eficiencia global de la economía”.
Esta información, así como los ingresos del capital estimados, muestran que en el Uruguay hay posibilidad de mejorar la distribución del ingreso cobrando más impuestos a la propiedad y a los ingresos del capital, sin perder una ventaja competitiva con Argentina y Brasil.
Como toda opción de política económica, el resultado final tiene cierto grado de incertidumbre. La alternativa es mantener los niveles de rentabilidad sin precedentes del capital y postergar la redistribución del ingreso, o asumir el riesgo de que el flujo de capital se pueda enlentecer y acelerar la mejora de las condiciones de vida de los sectores populares. Se propone:
Se propone considerar las siguientes medidas para aumentar los ingresos públicos gravando al capital y las ganancias:
3.3.1 Aumentar los impuestos al capital y sus ingresos
Como se ha visto la presión fiscal sobre los ingresos del capital es muy baja y se puede aumentar con mayores tasas del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, estableciendo un impuesto a la entrada de capital como en Brasil o con impuestos al uso del cheque como Argentina y Brasil. También se puede restablecer el pago del Impuesto de Primaria a los inmuebles rurales ya que la exoneración respondió a que el sector agropecuario atravesaba un momento crítico y actualmente no se justifica.
El impuesto al patrimonio es el que asegura que los que tienen más pagan más. Es posible bajar los mínimos no imponibles, revisar los activos exonerados y aumentar las tasas. En los países que utilizan el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio cumple además una función de control ya que para explicar los aumentos de patrimonio, los ingresos tienen que haber sido declarados.
El segundo camino se apoya en tres argumentos. El primero son la señales de los mercados internacionales que muestran una abundancia de capital que busca oportunidades de inversión; Lara (2010) utiliza la información de “The Institute of Internacional Finance” que estimó que durante 2010 y 2011 ingresarán a América Latina más de 200.000 millones de dólares por año.
El segundo son las tendencias de los flujos de capital que en la década de los ochenta buscaron mano de obra barata en Asia, en los noventa los servicios públicos y al comienzo del siglo veintiuno los recursos naturales.
El tercero es el rebrote de la crisis en julio de 2011 con una perspectiva incierta. Los bancos europeos, principalmente alemanes, corren riesgo de quebrar por tener una gran cantidad de deuda del gobierno, los bancos y las empresas griegas e italianas, sufren también una fuga de depósitos que por la falta de confianza se dirigen a otros destinos más seguros.
Estas incertidumbres generan alta volatilidad en tres aspectos: i) los principales índices accionarios en las Bolsas mundiales; ii) los precios de las commodities y iii) las cotizaciones de las monedas. Reducen las opciones de inversión previas, como las hipotecas y sus derivados en los EE.UU, la deuda pública de varios países del hemisferio norte y los depósitos en los bancos de esos países. Los recursos naturales aumentan su importancia para conservar el valor del capital y por lo tanto se pueden cobrar más impuestos por su uso y por las ganancias extraordinarias que resultan de los altos precios internacionales.
3.3.2 Detracciones a las exportaciones de baja industrialización.
Los especialistas coinciden en afirmar que los precios de los productos agropecuarios se mantendrán elevados durante varios años. Las detracciones a las exportaciones contribuyen a: i) recaudar más gravando los ingresos extraordinarios lo que permite aumentar el gasto público y/o reducir otros impuestos; ii) bajar los precios de los bienes de consumo y mejorar el poder de compra de alimentos de los sectores populares sin aumentar los costos laborales; iii) reestructurar la producción por el aumento de la actividad no gravada como la lechería, la agroindustria mediante la provisión de materias primas más baratas y el desarrollo de la producción familiar creando un Fondo de Apoyo con parte de estos recursos; iv) desestimular la extranjerización y la concentración de la tierra.
Tanto en el Uruguay como en la Argentina, las detracciones surgieron como respuesta a importantes devaluaciones. En la situación mundial actual se fundamentan en los precios altos y crecientes de las “commodities” que constituyen los principales rubros de exportación de los países dependientes.
En nuestro país la Reforma Cambiaria y Monetaria de 1959 liberalizó el mercado cambiario y las importaciones. Pero otorgó al Poder Ejecutivo facultades para regular las importaciones ante posibles dificultades, obligó a los exportadores a entregar la moneda extranjera al BROU y previendo un aumento del tipo de cambio, para establecer detracciones a las exportaciones y subsidios a algunos bienes de consumo popular. Se consideró necesario que el Poder Ejecutivo tuviera facultades para regular el comercio exterior, el mercado cambiario, los ingresos de los exportadores y los precios internos. Las detracciones se establecieron entre un mínimo de 5% y un máximo de 50%, excepto para las lanas sucias que tuvieron un mínimo de 25%. Se aplicaron a lanas, carnes, cueros, trigo, lino, girasol y maní, con diversos grados de procesamiento.
El destino de lo recaudado por las detracciones y los recargos a las importaciones se destinaron de acuerdo a la Ley, un 20% “al abaratamiento de los precios de la carne, leche, pan, azúcar, fideos, arroz, yerba, porotos, harina, kerosene, transporte colectivo y otros bienes y servicios que se estimaron necesarios por motivos de interés general”; 20% “a la protección y asistencia de las industrias básicas, relevamiento de la ganadería y desarrollo de la industria lechera, estímulo a la forestación y desenvolvimiento de la producción agrícola, porcina, avícola, frutícola y hortícola dentro del plan general que se aplicará” y que “tratará preferentemente a los pequeños y medianos productores”; 15% para obras públicas; 35% para compensar la caída en la recaudación de otros impuestos y un 10% para complementar los porcentajes anteriores si fuera necesario.
En Argentina, desde que asumió Roberto Lavagna como Ministro de Economía en 2003 hasta la fecha, se adoptó una política macroeconómica con el objetivo prioritario de mantener un tipo de cambio real competitivo. El punto de partida fue una crisis más profunda que la de Uruguay, incluyendo la moratoria de la deuda externa y la previa privatización de las empresas de servicios públicos. Como parte de esta política se establecieron impuestos a las exportaciones (retenciones) con bajo grado de transformación.
Como señalan los economistas del Plan Fénix[2] las detracciones contribuyen a reducir en el mercado interno el precio de los alimentos que se exportan, permiten la apropiación social de la renta proveniente de los recursos naturales y contribuyen a aumentar los ingresos públicos, los que a su vez se podrían utilizar para subsidios. Entre 2004 y 2006 representaron un 10% de los ingresos públicos. Al mismo tiempo la producción de granos continuó creciendo y en 2010 alcanzó un nuevo máximo.
Para J. A. Ocampo, que fue Secretario Ejecutivo de CEPAL, “No es mala idea la de las retenciones si uno quiere aislar la inflación nacional de las tendencias internacionales” (Brecha, 11/01/08) y señala como antecedente la propuesta de Albert Fishlow de poner impuestos a la exportación de productos agrícolas durante el aumento de precios provocado por la guerra de Corea.
En el Uruguay las detracciones podrían gravar algunos productos de exportación con bajo grado de industrialización, como por ejemplo el ganado en pie, la lana sucia, los cueros, los granos y los productos forestales. El porcentaje se establecería sobre las ganancias extraordinarias, estimadas con la siguiente fórmula:
i) se toma el año 2006 como base y se calcula un índice teniendo en cuenta la evolución de cuatro variables, los precios internacionales de las exportaciones seleccionadas, el tipo de cambio, la producción por hectárea y algún indicador de costos como el precio del combustible. Una aproximación más rigurosa se podría hacer con una paramétrica del costo de los rubros gravados.
ii) el porcentaje que supere el valor del período base, paga un impuesto con una tasa a definir. Por ejemplo, si en 2011 el precio internacional de la soja aumenta un 5%, y los demás índices son estables, el impuesto se paga sobre 5%; en cambio si el precio internacional aumenta un 5%, pero el dólar o la producción por hectárea baja un 5%, no se paga nada.
iii) a los productores pequeños y medianos, por ejemplo con una superficie hasta 1.000 hectáreas CONEAT, se les devuelve.
iv) entrarían en vigencia para el año agrícola siguiente a su aprobación, de modo que los productores tengan esta información antes de tomar las decisiones.
Si la detracción baja la rentabilidad de los rubros gravados, se promueve que los campos tengan otro uso que podría aumentar el nivel de producción y el empleo.
Finalmente, hay que tener en cuenta que la presión fiscal en el agro entre 2007 y 2009 se ubicó en 6.5%, nivel muy bajo y además aproximadamente un 1% menor a la de los años 2005 y 2006 (Tambler 2010). El MGAP estimó que el margen bruto por hectárea en los últimos cinco años pasó de 16 a 51 dólares en la ganadería, de 31 a 339 dólares en la lechería, de 66 a 389 dólares en el trigo y de 180 a 252 dólares en el maíz; en los últimos cuatro de 95 a 269 en la soja y de 49 a 721 en el arroz.
3.3.3 Impuesto al movimiento internacional de capital
El ingreso de capital que no es para inversiones productivas se convierte en una base para la expansión del crédito y contribuye a la apreciación de la moneda nacional (Hausman et al 2005, OIT 2004). Para promover la transformación de la estructura productiva y las exportaciones, orientando la inversión, es necesario el mantenimiento de un tipo de cambio real estable y competitivo, así como desestimular el ingreso de capitales especulativos.
El aumento de la oferta de moneda extranjera contribuye a que baje la cotización de dólar lo que a su vez tiene efecto en que los productos importados son más baratos y en un aumento de su demanda desplazando a productos nacionales. Este proceso de entrada de capitales a corto plazo, expansión del crédito, atraso cambiario y aumento del consumo de bienes importados, fue uno de los componentes principales de la crisis del período 1999 – 2003.
En este momento tiene otro impacto negativo en el aumento del costo de la deuda pública. Una parte del ingreso de capital del exterior se convierte en moneda nacional y se coloca en Unidades Indexadas al IPC a un plazo de un año. Al cabo del mismo recibirá un ajuste por inflación de 7 a 8% según los pronósticos de los analistas privados y un interés en torno al 2%. Podrá volver a comprar los dólares a un precio muy parecido al de la venta original y como resultado obtendrá una rentabilidad entre 10 y 11% en dólares, niveles que no se logran en casi ningún lugar del mundo (un 1% menos descontando el impuesto a la renta).
El economista del Partido Nacional Javier de Haedo plantea bien el tema y con sus mismos argumentos se puede llegar a una conclusión diferente. Destaca que la deuda pública en moneda nacional ha llegado al 45% del total de la deuda y considera que “Este proceso, llevado adelante con inteligencia y aprovechando las oportunidades que los mercados nos han dado, ha restado vulnerabilidad a nuestras finanzas públicas, las que ya no temblarán ante una eventual devaluación de nuestra moneda. Como hemos visto muchas veces se trata de un seguro ante esas eventualidades, cuyo precio se paga en tiempo como los actuales, de fortaleza de la monedad nacional” (Suplemento Economía y Mercado, diario El País, 11/04/11). Si se tiene en cuenta que no existe riesgo de devaluación y que por el contrario, el problema es la devaluación del dólar en un mundo inundado por esa moneda, se está pagando un seguro por una eventualidad que no va a ocurrir y por lo tanto no se justifica; la deuda en dólares vale cada día menos y la deuda en pesos cada día más.
En América Latina la mayor parte de los países se defienden del movimiento de los capitales especulativos con distintas medidas que restringen o desestimulan su ingreso. Stiglitz señala que “Si la prematura y mal manejada liberalización comercial fue perjudicial para los países subdesarrollados, en muchos sentidos la liberalización del mercado de capitales fue incluso peor” (2002). Las medidas más difundidas en los países latinoamericanos para desestimular el ingreso de capitales especulativos han sido poner impuestos a la entrada y salida, gravar las operaciones de cambio, aumentar los encajes sobre depósitos de no residentes o exigir un plazo mínimo de permanencia de seis a doce meses (Aghion et al 2003, Caprio et al 2003, Ffrench – Davis 2005, Hausman et al 2005, Stiglitz 2002).
3.3.4 Reducción de las exenciones fiscales
La ley de promoción de inversiones y el decreto reglamentario establece que previo informe de una comisión interministerial (COMAP) las inversiones pueden ser exoneradas del pago de parte de los impuestos durante cierto plazo. En las Zonas Francas, las empresas no pagan ningún impuesto y sólo están obligadas a cumplir las normas laborales y de seguridad social pagando los salarios de acuerdo a lo establecido por los Consejos y haciendo los aportes al BPS.
El aumento de la inversión fue muy importante pero cabe preguntarse ¿qué relación tiene con las exoneraciones de impuestos? ¿se puede demostrar que un aumento de impuestos tendría como consecuencia una reducción de la inversión? ¿cuáles son las inversiones que contribuyen a cambiar la matriz productiva y a reducir la dependencia? ¿hay seguimiento y evaluaciones de la IED y la ley de promoción de inversiones? ¿se justifican los estímulos en las actuales condiciones internacionales de abundancia de capital sin oportunidades de inversión?
El Senador Alberto Couriel (2010) propuso “un aumento de los ingresos fiscales, por ejemplo, a través de bajar las desmesuradas exenciones fiscales que se están otorgando a la inversión productiva. Se podría, sin grandes dificultades, recortar una parte de las exenciones impositivas que en la actualidad superan el 4% del PBI y, por lo tanto, están por encima de los 1.200 millones de dólares anuales. Las exoneraciones al IRAE (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas) son una muestra del nivel exagerado de las mismas, alcanzando en 2008 al 60% de su recaudación. De esta manera se contemplarían los objetivos financieros con la redistribución del ingreso y podrían surgir algunos aumentos, por ejemplo para vivienda, que es una de las prioridades del futuro presupuesto.”
3.3.5 Los gastos públicos
Como parte del gasto público se incluye el salario indirecto, es decir, los bienes y servicios que el Estado entrega gratuitamente como por ejemplo la atención de la salud y la educación. La reforma de la salud tuvo un impacto redistributivo importante y está considerado en las estadísticas del INE imputando un ingreso por este concepto a las personas que tienen cobertura.
Se puede mejorar la distribución aumentando el monto de la Tarjeta Uruguay Social así como la cobertura incluyendo a otras familias de bajos ingresos y no sólo al 20% más pobre. Un pequeño avance en esta dirección es la entrega de la Tarjea a travestis y transexuales teniendo en cuenta sus dificultades para acceder a un empleo.
Entre las propuestas que se discuten en algunos ámbitos académicos y políticos es el llamado “ingreso ciudadano” que se define como un ingreso al que tendrían derecho todos los habitantes de un país que cumplieran determinadas condiciones.
El aumento del gasto en educación o en salud no son buenos indicadores de redistribución, es solo una condición necesaria. Si se aumentaron los salarios de profesores, maestros y médicos, no es suficiente para afirmar que los sectores de menores ingresos recibieron un mayor salario indirecto por mejor educación y asistencia de salud.
En educación hay que utilizar otros indicadores como la reducción del número de niños o jóvenes por grupo, el aumento de las horas docentes por alumno, el aumento de instituciones de horario extendido en los barrios pobres y la diversificación de sus actividades. Los resultados se miden por ejemplo, por los porcentajes de deserción o de repetición, así como las pruebas que demuestran los conocimientos y los valores adquiridos.
Hay que tener en cuenta que los problemas de la educación no empiezan ni terminan en el aula. Por el contrario están casi determinados por las condiciones de vida de los alumnos. Niños y jóvenes mal alimentados, creciendo entre la basura en barrios en los que las drogas y la violencia ganan terreno y se trasladan a las instituciones educativas, no pueden tener buenos resultados si no se compensa este déficit; se precisan más instituciones de tiempo completo, más horas docentes por alumno, más estímulos y orientación con equipos multidisciplinarios.
Es altamente probable que los próximos resultados de las pruebas PISA sean peores que los recientes, pase lo que pase en la educación. Las pruebas serán para la generación que pasó su infancia en la crisis de 1999 – 2003 sufriendo los peores impactos del empobrecimiento de sus familias. Desde 2005 se redujo la pobreza y mejoraron las condiciones de vida de las familias de menores ingresos, pero los efectos no se recuperan sin una atención especial. Es equivocado culpabilizar a los maestros y los profesores por qué se les mejoró un poco el sueldo (no tanto como a los contadores de la DGI) se les exigen resultados que no dependen de su actividad.
- La promoción de inversiones y la distribución de la riqueza
Un tercer camino para mejorar la distribución es distribuir la riqueza con el fortalecimiento de las empresas públicas y de la iniciativa privada con formas de propiedad compatibles con un proyecto de transformaciones profundas implementando políticas de apoyo a las empresas autogestionadas, los productores familiares agropecuarios, las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas de vivienda y nuevas formas de propiedad y de gestión.
Una definición sencilla de riqueza se encuentra en Atkinson (1989: 157) como todos los activos menos los pasivos (deudas). Entre los activos se puede citar como ejemplos de bienes materiales la tierra, la vivienda, los automóviles y en un inventario detallado se podría incluir el mobiliario, la vestimenta y la vajilla. Los casos más difundidos de activos financieros son los depósitos bancarios, las acciones de capital de empresas o los títulos de deuda pública.
Para Marx lo importante era la riqueza que se transforma en capital cuando se utiliza para generar más riqueza contratando trabajo para transformar la naturaleza y producir mercancías. La atención se centra en la relación social que caracteriza la organización de la sociedad durante un período. Para redistribuir la riqueza es necesario aumentar los activos de los muchos que no tienen o tienen poco, como por ejemplo tierra o vivienda. Mejora en primer lugar las condiciones de vida y al mismo tiempo los ingresos en la medida en que se ahorra el alquiler.
Como antecedentes en el país se pueden citar la investigación de Trías (1960) que detectó la concentración de la propiedad de la tierra, de la industria y de los bancos en un reducido grupo de familias. Su objetivo era analizar las interrelaciones entre las diversas fracciones del capital local y externo, es decir, la riqueza que se utiliza en las relaciones sociales para genera más riqueza, conocimiento que a su vez fue la base para el diseño de estrategias políticas. El acelerado proceso de extranjerización de los medios de producción por las ventas y las quiebras de empresas nacionales así como por la instalación de importantes inversiones extranjeras sugieren que esta oligarquía ya no existe. También Real de Azúa (1961, 1969) aportó elementos sobre el patriciado y la clase dirigente uruguaya. Un trabajo reciente (Amarante et al 2012) presenta una revisión teórica, la experiencia de varios países en la medida y las políticas de redistribución de la riqueza así como las fuentes disponibles en Uruguay.
La promoción de inversiones debe tener objetivos políticos, como el fortalecimiento de los grupos sociales que participan de un proyecto nacional porque sus ingresos son el resultado de su trabajo. Para construir un país mas justo y mas independiente es imprescindible fortalecer con políticas de apoyo la iniciativa privada de los empresarios que son también trabajadores, como los pequeños y medianos productores agropecuarios; las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y otras formas de gestión asociativa. Se trata de redistribuir los medios de producción facilitando el acceso (el uso y no necesariamente la propiedad) de estos grupos sociales, contribuyendo a que los que tienen pequeñas propiedades las aumenten y no las pierdan y en segundo lugar, promoviendo el fortalecimiento de nuevas formas de propiedad y de gestión asociativa.
La burguesía y el proletariado coexisten con otros grupos sociales surgidos de las relaciones de producción como los patrones de pequeñas empresas, los trabajadores urbanos por cuenta propia o los productores familiares rurales y los patrones de PYMES que trabajan junto a los asalariados, así como resultado de la participación del Estado en la actividad económica como los proletarios de las empresas públicas, los empleados de la administración pública nacional o departamental o los pasivos. Una parte importante de la población se puede considerar excluida, en la medida en que no realiza ninguna práctica integradora como resultado del desempleo, la deserción del sistema educativo de niños y jóvenes, la segregación territorial y el delito.
La promoción de inversiones se realizó exclusivamente por consideraciones económicas y no tuvo en cuenta objetivos políticos, como el desarrollo económico de los actores sociales que comparten el proyecto estratégico nacional. Cabe preguntar ¿cuál es el desarrollo productivo y cuáles son las inversiones que contribuyen a reducir la dependencia? ¿hay seguimiento y evaluaciones de la Inversión Extranjera Directa y la ley de promoción de inversiones? ¿se justifican los estímulos en las actuales condiciones internacionales de abundancia de capital sin oportunidades de inversión?
Los mercados financieros internacionales evidencian que hay más recursos disponibles que oportunidades de inversión, que los capitales se dirigen hacia los países con recursos naturales y que los gobiernos no tienen que correr atrás del capital. La crisis en la Unión Europea así como la lenta recuperación de la economía norteamericana empuja a los capitales a la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión, en particular, en los recursos naturales de las economías dependientes incluyendo las de América Latina.
Los impuestos son sólo una de las variables que se tienen en cuenta para tomar las decisiones de inversión. La localización de las inversiones en un país o en otro en un problema relativo, comparando lo que ofrecen distintos países. El país ofrece ventajas como la independencia y honestidad del Poder Judicial, la estabilidad económica y política, el nivel educativo de su población, la infraestructura de transporte y comunicaciones, la localización entre Argentina y Brasil así como la participación en el MERCOSUR. Uruguay cobra menos impuestos al capital y sus ganancias que Argentina y Brasil.
Las principales defensas contra la concentración y la extranjerización de la economía del país son dos, las empresas públicas y la iniciativa privada nacional de empresarios que son también trabajadores, con el apoyo del Estado ocupe los espacios económicos.
El Estado puede promover estos cambios de dos maneras, por su participación en la producción con las empresas públicas y orientando la actividad de las empresas privadas con medidas de política económica.
Para financiar inversiones se dispone de tres instituciones, la Corporación para el Desarrollo, el BROU y el FONDES, a los que hay que proporcionar los recursos para prestar y darles directivas precisas sobre como orientar los créditos para contribuir al cambio de la matriz productiva y al fortalecimiento de los actores sociales del cambio. Otras dos instituciones públicas, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INRFOP) debería operar con las mismas prioridades y objetivos, aportando la primera las innovaciones tecnológicas y el segundo facilitando el acceso de los trabajadores a los nuevos puestos de trabajo.
La demanda se asegura con i) la protección del mercado interno con un tipo de cambio alto y con impuestos a las importaciones, por ejemplo, aumentando el arancel externo común del MERCOSUR; ii) las compras de las instituciones públicas, desde los ministerios a los hospitales; iii) la negociación del acceso al mercado externo, como por ejemplo con el acuerdo logrado con Brasil para la exportación de barcazas. En este último aspecto, la propuesta argentina de promover el comercio en el MERCOSUR con acuerdos de complementación productiva es una iniciativa interesante.
Las empresas públicas en actividades monopólicas como el agua potable, la energía o la refinación de petróleo, pueden combinar la defensa del interés nacional y popular con una gestión eficiente. Desde que asumió el gobierno del Frente Amplio han realizado importantes aportes al cambio de la matriz productiva entre los que se pueden destacar, en una lista incompleta por las limitaciones de espacio, la conexión de los hogares con fibra óptica que hace ANTEL, la diversificación de las fuentes de energía aumentando el uso de los recursos nacionales con energía eólica y solar que hace UTE y la creación de ALUR por ANCAP. Se destaca la creación de una empresa pública binacional con Brasil, que es un 50% de UTE y un 50% de ELETROBRAS, que se llamará ROUAR con el objetivo de instalar un parque eólico para generar energía. El abastecimiento de agua potable de calidad, imprescindible para la salud, está asegurada por OSE como servicio público y no como mercancía que se vende para acumular capital.
Pero las empresas públicas tienen como límites la capacidad de inversión y de gestión del Estado. En actividades sometidas a competencia como por ejemplo la venta de alimentos, la experiencia del Consejo Nacional de Subsistencias fue un fracaso. La asociación con empresas privadas en el caso de PLUNA también ha sido un fracaso, que termina con ganancias privadas y socialización de pérdidas. Esta experiencia muestra la dificultad de compatibilizar la actividad de la empresa privada, que requiere secreto y disfraces, con la actividad de un gobierno cuyas decisiones deben ser públicas y transparentes
Por lo tanto, por razones económicas y de gestión es imprescindible fortalecer con políticas de apoyo la iniciativa privada. Por razones políticas hay que elegir a los empresarios que son también trabajadores como los pequeños y medianos productores agropecuarios; las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y otras formas de gestión asociativa. El cambio en la matriz productiva precisa que se redistribuyan los medios de producción facilitando el acceso (el uso y no necesariamente la propiedad) de modo que los que tienen pequeñas propiedades las aumenten y no las pierdan y en segundo lugar, promoviendo el fortalecimiento de nuevas formas de propiedad y de gestión asociativa.
i) el MGAP registra 32.000 productores agropecuarios familiares que precisan tierra y otras medidas de apoyo para mejorar su productividad y sus ingresos, como por ejemplo tierra, créditos baratos, asesoramiento técnico, capacitación y apoyo en la comercialización para tener acceso a la demanda y a buenos precios. Para lograr mejores ingresos es precondición la redistribución de la riqueza facilitando el aumento de la superficie trabajada.
Además de tierra para alcanzar el tamaño óptimo, los pequeños y medianos productores precisan apoyo para mejorar su productividad y sus ingresos, como por ejemplo asesoramiento técnico, capacitación, créditos baratos y apoyo en la comercialización para tener acceso a la demanda y a buenos precios.
Si el gobierno no cumple el compromiso electoral de entregarles 250.000 hectáreas sería una grave falta ética, un gran error político y un paso atrás en la construcción del Uruguay Productivo autónomo y democrático.
ii) En esta perspectiva de mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los productores ganaderos en particular, cabe analizar otro de los puntos del programa del gobierno, la creación de un frigorífico como ente testigo. Los antecedentes a tener en cuenta son la exitosa experiencia de Conaprole y la ley de creación del Instituto Nacional de Colonización. De la primera, la asociación de los productores a la industrialización y de la segunda, la cesión del uso pero no de la propiedad.
Se podría establecer un frigorífico de propiedad estatal y gestión privada. El Directorio estaría integrado con representantes de los productores que venden ganado al frigorífico, de los trabajadores y del Estado. Se le otorgaría como a Conaprole, el monopolio del abastecimiento a Montevideo durante algunos años. Con precios regulados, asegurando buen precio al pequeño productor, vendiendo a las carnicerías a un precio que cubriera los costos y fijando los precios al consumo de algunos cortes. La propiedad de los bienes de la empresa sería del Estado, de modo que no se puede vender y al mismo tiempo, tiene un fácil acceso al crédito.
Un esquema similar se podría experimentar en AFE, manteniendo la propiedad estatal y encargando la gestión a un directorio integrado por representantes de los usuarios (carga y pasajeros), los trabajadores y el Estado.
iii) En un plano más general, se podrían implementar empresas de propiedad estatal y gestión privada participativa. La propiedad de los bienes de las empresas sería del Estado, de modo que no se puede vender y al mismo tiempo tendría un fácil acceso al crédito así como condiciones especiales del BROU. La gestión estaría a cargo de directorios integrados por representantes de los trabajadores, de las principales empresas proveedoras o compradoras y del Estado.
iv) las cooperativas de trabajadores, las empresas recuperadas y las empresas con distintas formas de participación de los trabajadores en la propiedad del capital o en la gestión. Precisan medidas de apoyo como las mencionadas en i).
v) las pequeñas y medianas empresas son un conjunto heterogéneo. Se requiere un diagnóstico que permita identificar las actividades y empresas con potencial y apoyarlas con medidas similares a las mencionadas en i)
vi) los grupos sociales excluidos por el desempleo de larga duración, la deserción del sistema educativo y la segregación territorial en los asentamientos. Se requiere una estrategia de inclusión que combine políticas de empleo, de educación, de vivienda y de medio ambiente, con participación de los potenciales beneficiarios en la definición de prioridades así como en el diseño y la ejecución de las actividades.
vii) las cooperativas de vivienda y en particular, por ayuda mutua, que al mismo tiempo que contribuyen a la redistribución de la riqueza facilitando el acceso a la vivienda de familias de bajos ingresos, desarrollan prácticas solidarias y de cooperación que construyen ciudadanía y consolidan la democracia.
La política de promoción de inversiones no incorporó ninguno de estos aspectos, favoreció a las grandes inversiones extranjeras y contribuyó a la concentración y extranjerización de la riqueza.
- La inserción internacional
Los países de América Latina, excepto Cuba, son dependientes, condicionados por el imperialismo norteamericano, sometidos por el capital extranjero que limita las soberanías nacionales y se apropia de parte de la riqueza generada. Los equipos económicos se refieren a esta situación de una forma disimulada con un eufemismo cuando dicen “no hay que tomar determinada medida por que sería una mala señal para los mercados” ¿de que se está hablando? Los mercados no tienen vida ni capacidad de resolver, los que resuelven son personas, los dueños del capital, lo que quieren decir es que hay que hacer lo que los dueños del capital quieren porque de lo contrario se pueden generar graves consecuencias económicas.
Para lo que quieren superar el capitalismo, la integración es en primer lugar un proyecto político para que los países aumenten su autonomía, mejoren la correlación de fuerzas con el capital y las potencias militares. El MERCOSUR con nuevas incorporaciones podrá enfrentar mejor al poder económico del capital extranjero y al poder político y militar de los Estados Unidos. La situación internacional los debería llevar a pasar de competir a cooperar, tanto para desarrollar su producción como para enfrentar a las empresas transnacionales.
La inserción internacional del país debería tener como prioridad un proyecto político dirigido a aumentar la autonomía política y económica, fortaleciendo los vínculos con Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Venezuela, lo que implica inevitables concesiones que pueden ser simples gestos políticos que reparen los errores pasados.
Se requiere diseñar una estrategia de acercamiento con los demás países del MERCOSUR para fortalecer los vínculos políticos y económicos. Asumir que es un proceso complejo y lento, pero que no hay otro camino, priorizar la dimensión política y el papel del gobierno como negociador aprendiendo de la construcción de la Unión Europea
Se puede hablar de la decadencia económica de los EEUU y la Unión Europea, con problemas financieros y políticas de contracción de la demanda que producen enlentecimiento del crecimiento o recesión, aumento del desempleo y movilización popular en contra de las medidas.
China se encamina a ser la economía de mayor magnitud del mundo. Es el principal acreedor de los Estados Unidos y las dos terceras partes de sus reservas, 3.200 billones de dólares, están en esa moneda y continúan aumentando. La devaluación del dólar reduce el poder de compra de sus reservas, pero si deja de comprar bonos de Estados Unidos, exportará y crecerá menos.
La incertidumbre genera alta volatilidad en tres aspectos: i) los principales índices accionarios en las Bolsas mundiales; ii) los precios de las commodities y iii) las cotizaciones de las monedas
En la reunión de Presidentes en Buenos Aires en el mes de agosto de 2011se lograron importantes acuerdos y el compromiso de implementarlos en 60 días: promover el aumento del intercambio comercial intrarregional; utilizar las monedas de los países de la región sustituyendo al dólar en el comercio; la integración de las cadenas de valor y la generación de puestos de trabajo de mejor calidad en todos los países.
Se destacan cuatro líneas de trabajo:
a) movilizar las reservas internacionales, la posibilidad de expansión del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) para potenciarlo como instrumento de toda la región. El fortalecimiento del FLAR para préstamos de corto plazo a países con dificultades de pagos externos o problemas en el mercado cambiario daría a la región mayor independencia del Fondo Monetario Internacional y evitaría las políticas recesivas y antipopulares que este exige, como está ocurriendo actualmente en España, Grecia e Italia.
b) impulsar el uso de monedas de la región para el intercambio intrarregional como incentivo para profundizar la integración y analizar el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) u otros sistemas de compensación y unidad de cuenta regional. Diseñar mecanismos de financiamiento del comercio atendiendo a las asimetrías.
c) incentivar el comercio intrarregional considerando las asimetrías para confluir hacia la complementación socio productiva sobre las bases de la cooperación, el aprovechamiento de las capacidades y potencialidades así como el uso sustentable de los recursos naturales y la generación de empleo.
Para los países del Sur de América Latina una gran oportunidad es el aumento del valor de sus recursos naturales en un momento de gran incertidumbre sobre el valor de monedas y acciones así como de agotamiento de la compra de deuda de países de la zona del Euro. Es deseable una integración que vaya más allá del intercambio comercial y se instale en las cadenas productivas, promoviendo la sustitución de la competencia por la cooperación.
d) acelerar el lanzamiento del Banco del Sur. En setiembre Argentina fue el cuarto país en ratificar el convenio de creación del Banco y se sumó a Venezuela, Ecuador y Bolivia. Argentina, Brasil y Venezuela serán los que aporten la mayor parte de los recursos, dos mil millones cada uno en cinco años. En octubre el proyecto ingresó al Parlamento en Uruguay. Este Banco dará a los países de la región mayor independencia del Banco Mundial y del BID, accediendo a préstamos sin las condiciones que estas instituciones imponen.
En la crisis, es necesario profundizar la integración. Los críticos de la integración en el MERCOSUR y en la UNASUR ¿qué mercados alternativos para las exportaciones uruguayas ofrecen? Los Estados Unidos intentan con dificultades salir de la crisis y aumentar el empleo, lo que hace previsible que la protección del mercado interno se mantenga. En Europa, en la hipótesis más optimista se puede pronosticar una década de dificultades, bajos niveles de crecimiento y empleo, lo que repercute en caída de las importaciones. China sufre el impacto de la caída de sus exportaciones a estos destinos, puede atenuar el impacto con aumento de la inversión pública y del consumo, pero su ritmo de crecimiento será menor y por lo tanto también se reducirán sus importaciones. Como resultado importará menos de Brasil, este a su vez importará menos de Argentina y los tres importarán menos de Uruguay.
Al mismo tiempo es probable que el flujo de capitales se mantenga o aumente, como
destino de los depósitos que fugan de la inseguridad de los bancos europeos y como opción para los fondos que compraban deuda pública de gobiernos europeos que ha perdido seguridad según las calificadoras de riesgo.
La propuesta argentina de aumentar el arancel externo común de 22% a 35%, el máximo que admite la Organización Mundial de Comercio es condición necesaria para aumentar el comercio en la región y sustituir importaciones extrarregionales. Brasil ya la puso en práctica para unos cien productos de importación. El Uruguay debería ser el más interesado en el aumento de los aranceles (impuestos a las importaciones). Se trata de proteger el mercado interno regional y sustituir importaciones de fuera de la región por producción de los países de la región. El aumento del arancel externo común encarece las importaciones de otros países y aumenta la competitividad de la producción regional. De todos modos el arancel externo común subirá del 22% al 35% para 200 posiciones arancelarias.
Es una medida necesaria para incentivar el comercio intrarregional considerando las asimetrías para confluir hacia la complementación socio productiva sobre las bases de la cooperación, el aprovechamiento de las capacidades y potencialidades así como el uso sustentable de los recursos naturales y la generación de empleo.
Para los países del Sur de América Latina el aumento del valor de sus recursos naturales en un momento de gran incertidumbre sobre el valor de monedas y acciones así como de agotamiento de la compra de deuda de países de la zona del Euro genera una gran oportunidad. Es deseable una integración que vaya más allá del intercambio comercial y se instale en las cadenas productivas, promoviendo la sustitución de la competencia por la cooperación. Los acuerdos con Brasil sobre la industria naval y de energía eólica son un excelente antecedente y debería extenderse a otras cadenas promovidas por el Ministerio de Industrias y Energía.
Argentina y Brasil toman medidas monetarias, fiscales, cambiarias y de comercio exterior para enfrentar la crisis. El equipo económico uruguayo sigue confiando en el funcionamiento de los mercados y las evaluaciones de las calificadoras de riesgo. Uruguay debería acompañar el ritmo de devaluación de Brasil y para que no aumenten las ganancias extraordinarias del capital instalado en el complejo agroindustrial de exportación, aplicar detracciones lo que al mismo tiempo contribuye a reducir el impacto en el aumento de los precios de los alimentos.
Los principales riesgos de los impactos de la crisis requieren coordinar medidas complementarias:
a) la volatilidad de los flujos internacionales de capital hace necesario desestimular el ingreso de capitales especulativos de corto plazo; seleccionar las actividades en las que se permitirán inversiones extranjeras; regular la repatriación del capital y la transferencia de utilidades de las inversiones directas; acelerar la creación de las instituciones financieras regionales; acordar el intercambio de información fiscal para perseguir la fuga de capitales y el lavado de activos.
En la recién finalizada cumbre del G 20 estuvo presente el debate sobre la creación de un impuesto al movimiento internacional de capitales para desestimular la especulación pero no se logró consenso. También estuvo presente la preocupación por el combate a los paraísos fiscales, que tampoco logró consenso. Alemania y Francia promueven ambas medidas y Argentina las apoyó, pero los Estados Unidos e Inglaterra se oponen.
b) la recesión en los países de mayor desarrollo tendrán impactos en las exportaciones y el nivel de actividad. Estos impactos negativos serán mayores si continúa la devaluación del dólar como resultado de la inyección de 447.000 millones de dólares propuesto por Obama al Congreso. Se requieren medidas para fortalecer el comercio interregional y aumentar la protección con el resto del mundo; aumentar la demanda interna en cada país para que aumente en la región; proteger el mercado regional con medidas antidumping y aumentar el Arancel Externo Común en el MERCOSUR.
c) el papel de China puede ser muy importante. Para el Banco del Sur sería una fuente de recursos de bajo costo teniendo en cuenta el nivel de las tasas de interés y a China le daría la oportunidad de colocar sus excedentes en monedas diferentes al dólar que se devalúa. Los países de América del Sur podrían también renegociar el intercambio comercial, dado que actualmente la región exporta casi exclusivamente materias primas e importa bienes con alta tecnología.
d) el Consejo de Economía de la UNASUR tendrá dificultades para lograr consensos. A las diferencias ideológicas y a las asimetrías se agrega que muchas veces los funcionarios que participan (ministros, presidentes de bancos centrales) mantienen su ideología neoliberal y no entienden, o no comparte, el proyecto político.
La profundización de la integración tendrá que superar dos dificultades, las diferencias políticas y las asimetrías económicas.
Adaptando las categorías construidas por Alain Touraine para analizar las relaciones entre capital y trabajo, podemos clasificar a los países de América del Sur en cuatro grupos. Por una parte Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, como casos de “asociación conflictiva”, con gobiernos que asumen el conflicto sin descartar la cooperación, con las organizaciones empresariales, los organismos internacionales de crédito, los medios de comunicación o el gobierno de los Estados Unidos.
Otra situación es la de Chile, Colombia y Perú a los que suma México en la alianza del Pacífico, que se podría considerar de “asociación sometida” en la medida que los gobiernos no asumen el conflicto en ninguno de los aspectos señalados.
Un tercer grupo integrado por Brasil y Uruguay, en una situación intermedia en la que predomina el objetivo de minimizar el conflicto. Finalmente, Paraguay aislado por el golpe de estado y con perspectivas de convertirse en una base norteamericana.
Las asimetrías son múltiples, la magnitud de la economía de Brasil medida por el PBI es varias veces la de Argentina, que a su vez es varias veces la de Uruguay, que es mayor que la de Paraguay. Pero Brasil tiene un PBI por habitante menor que Argentina y Uruguay y mayor número de personas pobres, por lo que no puede tener el papel que tuvieron Alemania y Francia en la Unión Europea transfiriendo recursos para promover la integración de países de menor desarrollo relativo. Pero podemos esperar de Brasil una política exterior realista e inteligente, generando espacios para el crecimiento de las economías de menor magnitud.
Estas diferencias se reflejan en las políticas macroeconómicas, en particular cambiarias y arancelarias, así como en los tratados de libre comercio y de protección de inversiones que derivan en diferentes tratamientos al capital extranjero.
Para Uruguay se agregan las dificultades de las relaciones con Argentina y está muy difundida la satanización de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, sin tener en cuenta la cuota de responsabilidad del país en los problemas.
Para mejorar las relaciones con Argentina se debería negociar un paquete firmando el acuerdo de intercambio de información y al mismo tiempo Argentina debería comprometerse a eliminar la exigencia de autorización a las exportaciones de Uruguay, a cumplir con el dragado y la profundización del canal Martín García que facilita el acceso al puerto de Montevideo, a no entorpecer la compra energía eléctrica a Paraguay y a cobrar un peaje razonable por el pasaje por el territorio argentino.
El Uruguay tiene dos grandes deudas éticas con los países vecinos y una limitación operativa que debe corregir si aspira a participar en la profundización de la integración.
En primer lugar, se presta para el lavado del dinero proveniente de la defraudación de impuestos, la corrupción y el delito. Es imperioso firmar los acuerdos de intercambio de información tributaria, inmobiliaria y de depósitos bancarios con los países de la región.
En segundo lugar, se presta como trampolín para las exportaciones de China. Algunos empresarios radicados en el país han logrado el apoyo del gobierno para importar tela, cortarla y coserle los bordes para intentar exportarla como frazadas. Lo mismo ocurre con los kits de bicicletas o automóviles, que no cumplen con los requisitos de las normas de origen. Es necesario que el gobierno uruguayo asuma un mayor compromiso con las normas de origen.
La limitación operativa está en la concepción liberal de la integración que tienen varios de los funcionarios encargados de las negociaciones, a pesar de que el Presidente Mujica ha manifestado que no quiere una integración “fenicia”. Estos funcionarios consideran que el MERCOSUR fracasó y no reconocen que el fracaso fue de la concepción liberal del proceso, que esperaba que eliminando aranceles los mercados reasignaran los recursos para un uso más eficiente. Sus argumentos se fortalecen cuando Brasil utiliza trabas para arancelarias o desde Argentina las empresas con negocios en el puerto de Buenos Aires dificultan el dragado del canal Martín García.
- 6. Política económica y lucha de clases
El debate sobre la política económica está perseguido por un fantasma: el peligro de ahuyentar a las inversiones extranjeras con la carga tributaria, los niveles de salarios o los conflictos laborales. En el Uruguay capitalista y dependiente es inevitable respetar al capital, porque de sus decisiones dependen los niveles de inversión y de empleo. Pero no hay que tenerle miedo ni olvidar que es imprescindible erosionar su poder progresivamente si se aspira a construir una sociedad sin dominación ni explotación, con una real igualdad de oportunidades.
El Frente Amplio gobierna pero el poder económico lo tienen los propietarios de los medios de producción. El reconocimiento de la dominación del capital no impide utilizar al máximo los márgenes disponibles por el gobierno para sus decisiones de política económica, que son la resultante de un conjunto de fuerzas económicas, sociales y políticas contradictorias. Las medidas de lucha del movimiento sindical dan un respaldo al gobierno para enfrentar el poder del capital y lamentablemente el FA no está en la calle exigiendo la profundización de los cambios.
Se ha dicho que para redistribuir el ingreso aumentando los impuestos al capital hay que considerar que no hay que tirar de la piola hasta que se rompa porque sería matar la gallina de los huevos de oro. Es cierto. Pero ¿la cuerda está a punto de romperse? ¿no se puede cobrar ni un peso más de impuestos al capital y a sus ganancias? ¿no vendrían nuevas inversiones porque en otros países lograrían mayores ganancias? No está demostrado.
No es imprescindible querer a los capitales como si fueran nuestros hijos, velar por sus derechos y ayudarlos a crecer. Pero aún los que piensan así, no pueden olvidar que también hay que poner límites y si no se utiliza el margen disponible se generan ganancias extraordinarias y como contrapartida más pobreza que la inevitable. Cuando se discutió la reforma tributaria el equipo económico proponía menos impuestos al capital y a sus ingresos de los que finalmente se aprobaron; estimó mal los límites de lo posible.
Hay indicios de que se puede romper otra piola, la que une al Frente Amplio con los sectores populares y es su razón de ser. Los ministros no deberían olvidar que los eligió el Presidente, que al Presidente lo eligió el Frente Amplio y que volverá a ganar las elecciones si los sectores populares lo ven como la expresión de la lucha contra la explotación y por la liberación nacional.
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Anexo
Antecedentes teóricos sobre distribución del ingreso
Las limitaciones para registrar los ingresos del capital y las transferencias al exterior en las Encuestas de Hogares y como consecuencia, de los indicadores de distribución personal del ingreso que se apoyan en esa fuente. La heterogeneidad de la sociedad contemporánea y las múltiples formas de acceder a ingresos hacen necesario un tercer enfoque complementario de la distribución y la desigualdad de ingresos entre clases sociales y entre personas. Teniendo en cuenta las particularidades de las estructuras económica y social de los países latinoamericanos a principios del siglo veintiuno, se propone como objetivo más limitado la investigación de la distribución del ingreso entre grupos sociales, que constituyen la base social potencial de las clases, análisis que se define como la distribución social
Las diferencias entre los puntos de vista de Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx son numerosas, cada uno tomó como referentes a los autores anteriores y contemporáneos, fundamentando sus diferencias e intentando superarlas. Pero también compartieron algunos aspectos metodológicos importantes, entre los que se puede destacar que los tres autores consideraron que se pueden diferenciar grupos integrados por personas que perciben un mismo tipo de ingreso, que estos ingresos resultan de las diferentes formas de participar de la actividad económica y esta a su vez, del carácter de propietarios de capital o de tierra, o de no ser propietario. Los tres fundamentaron sus conclusiones en el análisis de la historia universal y en la aguda observación de su entorno, por lo que sus obras transitan por el costo de la producción de trigo y la situación de los pobres en Inglaterra, las minas de oro y plata de América, las colonias o China.
Cannan, editor de la version consultada de An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations [3] se refiere a la teoría de la distribución que subyace “into the theory of prices towards the end of Book I., chapter vi., and the emphasizing of the conception of annual produce.” (paragraph I.48 ). Y agrega “I.5 Finally he slipped into his theory of prices and their component parts the suggestion that as the price of any one commodity is divided between wages, profits and rent, so the whole produce is divided between labourers, capitalists, and landlords.“
Smith en el “Book I Of the Causes of Improvement in the productive Powers of Labour, and of the Order according to which its Produce is naturally distributed among the different Ranks of the People” fue explícito sobre la generación y distribución del ingreso: “I.11.261 The whole annual produce of the land and labour of every country, or what comes to the same thing, the whole price of that annual produce, naturally divides itself, it has already been observed, into three parts; the rent of land, the wages of labour, and the profits of stock; and constitutes a revenue to three different orders of people; to those who live by rent, to those who live by wages, and to those who live by profit. These are the three great, original and constituent orders of every civilized society, from whose revenue that of every other order is ultimately derived.”
La renta de la tierra resulta de la propiedad privada de la misma “I.8.6 As soon as land becomes private property, the landlord demands a share of almost all the produce which the labourer can either raise, or collect from it. His rent makes the first deduction from the produce of the labour which is employed upon land.” Y más adelante agrega “I.9.21 The rent of land, therefore, considered as the price paid for the use of the land, is naturally a monopoly price. It is not at all proportioned to what the landlord may have laid out upon the improvement of the land, or to what he can afford to take; but to what the farmer can afford to give.”
Smith consideró situaciones en las que dos o tres fuentes de ingresos se combinan y pueden ser percibidos por una misma persona: “I.6.23 A gardener who cultivates his own garden with his own hands, unites in his own person the three different characters, of landlord, farmer, and labourer. His produce, therefore, should pay him the rent of the first, the profit of the second, and the wages of the third. The whole, however, is commonly considered as the earnings of his labour. Both rent and profit are, in this case, confounded with wages.”
David Ricardo desde el prólogo (Preface) a la primera edición destacó que “The produce of the earth – all that is derived from its surface by the united application of labour, machinery, and capital, is divided among three classes of the community; namely, the proprietor of the land, the owner of the stock or capital necessary for its cultivation, and the labourers by whose industry it is cultivated. But in different stages of society, the proportions of the whole produce of the earth which will be allotted to each of these classes, under the names of rent, profit, and wages, will be essentially different; depending mainly on the actual fertility of the soil, on the accumulation of capital and population, and on the skill, ingenuity, and instruments employed in agriculture.” (1821:5).
Desde su “Critique of Political Economy”, Marx incorporó nuevos elementos, considerando la distribución como un resultado de la participación en la producción: “The structure of distribution is entirely determined by the structure of production. Distribution itself is a product of production, not only with regard to the content, for only the results of production can be distributed, but also with regard to the form, since the particular mode of men’s participation in production determines the specific form of distribution, the form, in which they share in distribution.” Destacó que la forma de distribuir los medios de producción es previa “To the single individual distribution naturally appears as a social law, which determines his position within the framework of production, within which he produces; distribution thus being antecedent to production. An individual who has neither capital nor landed property of his own is dependent on wage-labour from his birth as a consequence of social distribution. But this dependence is itself the result of the existence of capital and landed property as independent factors of production.”
Sobre el final del manuscrito inconcluso reiteró que “The owners merely of labour-power, owners of capital, and land-owners, whose respective sources of income are wages, profit and ground-rent, in other words, wage-labourers, capitalists and land-owners, constitute then three big classes of modern society based upon the capitalist mode of production” (Capital Vol. III Part VII Revenues and their Sources Chapter 52. Classes, 1894).
A fin del siglo XX Atkinson relativizó el enfoque de Ricardo y señaló que “today, the relationship between the shares of factors of production and the distribution of income among persons is more complicated, but factors shares remain of considerable relevance. Although people may derive income form more than one source - they may, for example, receive interest on their savings in addition to their labour income – it is still broadly true that income from property (capital and land) is of greater importance at the top of the income scale. In this chapter we examine, therefore, the shares of land, labour, and capital in total income and how they are determined” (1989:200). Planteó la interrogante “How is the income of the farmer, shopkeeper, or lawyer to be divided between `wages´ and `property´?” (1989:201) y analizó diversos procedimientos para responder a la pregunta y asignar estos ingresos a los tres tipos diferenciados por los economistas clásicos.
También Glyn, que tuvo a su cargo el capítulo sobre “funtional distribution and inequality” en el Handbook of Economic Inequality (2009) cita a Ricardo identificando clases con funciones. (2009:102). Como en el trabajo de Atkinson citado, Glyn reconoce la dificultad de desagregar los ingresos de los trabajadores por cuenta propia (self – employment income), “The solution is to divide upa self – employment income between a labor and a property component. The many ways of doing this were thoroughly explored by Kuznets (1959, 1966) and Kravis (1959), and none of them is wholly unproblematic” (2009:108). Considera también la existencia de un “non – market” sector que incluye three types of employment (government employment, employment by not – for – profit institutions, and direct employment by house holds. Also includes owner – occupied housing where imputed rent (2009 109:110). Señala la heterogeneidad de los trabajadores asalariados que incluyen from office cleaner to CEO y cita a Krueger que consideró que los salarios de los CEO, que in many cases include the owners of the firm, should be classified as capital income (2009:112).
Más de dos siglos han transcurrido desde la publicación del libro de Smith y durante ese período se produjeron profundos cambios en la economía y en la sociedad. Sin embargo, las tres clases sociales y las tres formas de ingresos subsistieron en las economías capitalistas más desarrolladas, con algunas modificaciones entre las que se pueden destacar la heterogeneidad de las mismas y como consecuencia las desigualdades de ingresos en su interior. Segundo, el aumento de la importancia de las transferencias internacionales de ingresos.
El aumento de la complejidad de la sociedad y de la economía fue acompañado por el desarrollo de nuevos instrumentos de medida y construcción de indicadores como el Sistema de Cuentas Nacionales (National Account System), la Balanza de Pagos (Balance of Payments) y las Encuestas de Hogares (Household Surveys). Como resultado los ingresos de las clases sociales y de las personas que las integran se registran divididos. Las Cuentas Nacionales registran ingresos no distribuidos en las empresas que pertenecen a los dueños de las mismas y que para la Economía Política son ingresos del capital. La Balanza de Pagos registra transferencias al exterior por concepto de utilidades, intereses o rentas, que con un enfoque de Economía Política son ingresos del capital o de la propiedad de los recursos naturales. En ambos casos, estos ingresos no son captados por las Encuestas de Hogares.
En la sociedad contemporánea también hay que tener en cuenta los grupos sociales que utilizan más de un factor y la especificidad de los ingresos generados, particularmente importantes en los países de América Latina y otros de similar grado de desarrollo.
Atkinson analizó “the percentage shares of gross national product in the United Kingdom, including the rents and property income form abroad”. En los países de origen de estos ingresos el fenómeno es el inverso, y por lo tanto, las encuestas de hogares no los pueden registrar. Destacó la importancia del análisis de la distribución del ingreso entre las personas, considerando que en la actualidad la relación entre ambos aspectos de la distribución es más compleja e importante, centrando su análisis en la explicación de las diferencias de salarios.
Señaló que “While this class identification may still have relevance today, account must be taken of changes in the economic and social structures of society that have taken place since Ricardo wrote” (1989 220:221). Destaca tres cambios, a) most workers have accumulated some savings for life - cycle reasons and the spread of home ownership means that a part of the share of rents accrues to occupiers rather than landlords; b) “The development of institutions that stand between the productive sector of the economy and the household sector”. Destacó dos instituciones i) the pension funds “act as intermediaries, owning assets but having liabilities to the household sector, so that part of the income form capital is channeled trough their hands”; ii) “Where profits are retained, they do not immediately form part of personal income”; c) the increase in the role of state, which also acts as an intermediary between the productive sector and households incomes.” (1989 220:221).
Propuso distintos procedimientos analizar los impactos sobre la distribución del ingreso de los cambios destacados. En primer lugar, la desagregación de los ingresos mixtos para diferenciar los que corresponden al trabajo, al capital o a la propiedad de la tierra. Segundo, para compatibilizar el ingreso nacional con el ingreso de los hogares.
Con relación al primer aspecto, coincide con Smith sobre las personas que pueden tener ingresos de más de una fuente (1989: 200) y señala que “The workers may also be receiving profit income via his rights to a pension fund and may also benefit from (imputed) rent via the ownership of his house. At the same time, the concentration of wealth remains such that in general is the rich for whom income form profits is important and the rest of the population who depends primarily on wage income or state benefits.”(1989:222).
Otro procedimiento es utilizar the formula given by Meade (1964): if the top 5 per cent in the income distribution receive a per cent of the income from earnings and b per cent of the income form property, then the share in total income is given by (a x share of earnings) + (b x share of property).
Propone un procedimiento para medir las diferencias entre el ingreso nacional y el ingreso de los hogares “These considerations mean that total national income does not match up directly with the total personal income. As will be clear to anyone who has tried to do it from the national accounts”(1989:222). To go from gross national product to personal income, propone restar del primero la depreciation y se obtiene el national income. De este se restan the retained company profits, the taxes on companies and profits accruing to government; se suman the government transfers to persons, the interest paid by government, the capital gains and the missing imputes income (e.g. home production). El resultado es the personal income before tax.
El manual de Cuentas Nacionales de la OCDE elaborado por Lequiller and Blades parte de la misma definición según la cual “GDP is also equal to total income. This is the third fundamental equation. Note also that in the national accounts one talks of “compensation of employees” rather than salaries, because the cost of labour includes social contributions paid by the employers, and that profits are known as operating surplus or, in some cases, as mixed income. The operating surplus is described as “gross” when no deduction is made for the cost of the depreciation of capital, known as “consumption of fixed capital” in the national accounts. It is in fact preferable to analyse this surplus in “net” terms, in other words, after deducting consumption of fixed capital, as we shall see in Chapter 7” (2006 28:29).
Se aprecian dos diferencias entre las definiciones del manual y las utilizadas por Atkinson: a) En el Handbook “GDP measures the total production occurring within the territory, while GNI measures the total income (excluding capital gains and losses) of all economic agents residing within the territory (households, firms and government institutions). To convert GDP into GNI, it is necessary to add the income received by resident units from abroad and deduct the income created by production in the country but transferred to units residing abroad.” (2006:18); b) “In order to arrive at a genuine measurement of the new wealth created during the period, a deduction has to be made for the cost of using up capital (such as the “wear tear” on machinery). This is known as consumption of fixed capital. When this consumption is deducted, the result is net value added, and NDP is the sum of these net values added: NDP = Σ Net Values Added. Although less widely used than GDP, NDP is, in theory, a better measure of the wealth produced since it deducts the cost of wearing out the machinery and other capital assets used in production. For similar reasons, in theory, Net National Income is a better measure than GNI of the income created because Net National Income deducts the cost of using up capital assets. However, OECD economists tend to prefer GDP or GNI (over NDP and NNI) for two reasons. First, methods for calculating consumption of fixed capital are complex and tend to differ between countries, thus creating doubts about the comparability of results. Second, when ranking countries or analysing growth, the differences between GDP and NDP are small and do not change the conclusions”. (200619:20); b) Atkinson parte del Gross National Product, lo que implica que ya se sumaron algebraicamente las transferencias netas al exterior, resta la depreciation y llega al National Income. Para el manual, si se resta la depreciation del Gross National Product se obtiene el Net National Product.
[1] Traducción propia de “Esta foi definida como “uma relação de subordinação entre nações formalmente independentes, em cujo marco as relações de produção das nações subordinadas são modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução ampliada da dependência” (Marini 1973,18); e como “uma situação na qual um certo grupo de países têm sua economia condicionada pelo desenvolvimento e expansão de outra economia à qual está subordinada” (dos Santos 1978, 205).
[2] Equipo de la Universidad de Buenas Aires dedicado al diseño de propuestas. www.econ.uba.ar/planfenix
[3] Esta edicion del trabajo de Smith se basa en Edwin Cannan’s 1904 compilation (Methuen and Co., Ltd) of Smith’s fifth edition of the book. Internal references by page numbers have been replaced by linked paragraph reference numbers.
