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T r i b u n a c h i l e n a

Más de 700 detenidos en todo el país por protestas de estudiantes secundarios

Más de 700 detenidos en todo el país por protestas de estudiantes secundarios

EN SANTIAGO SE CONGREGARON UNOS DOS MIL ESCOLARES, A PESAR DE NO ESTAR AUTORIZADOS
Más de 700 detenidos en todo el país por protestas de estudiantes secundarios
La protesta de los secundarios dejó sólo en la capital un total de 566 detenidos, algunos destrozos en la vía pública y un diálogo totalmente quebrado. El incidente más grave fue la detención del menor de iniciales C.D. sorprendido portando un arma de fuego, aunque posteriormente fue dejado en libertad.



La Nación

Katerinne Pavez

La advertencia de días anteriores se hizo realidad. Los estudiantes secundarios no alcanzaron a marchar y Carabineros se los llevó detenidos. Más de dos mil jóvenes se congregaron desde temprano en la Plaza Baquedano para protestar por sus demandas, a dos días de que el Gobierno anunciara que con manifestaciones no negociarían. Aunque el grueso de los secundarios se encontraba de manera pacífica en el lugar, lanzando papeles y gritando consignas, 566 personas fueron detenidas, uno fue descubierto portando un arma blanca y un escolar de 16 años de iniciales C.D., perteneciente al Liceo Industrial A-116 de Puente Alto, fue detenido por llevar un arma de fuego.

“Los estudiantes no están lanzando piedras, Carabineros está actuando en forma desmesurada”, señaló el vocero César Valenzuela, aunque reconoció que no tenían autorización para estar en el lugar.

Al ser dispersados, los estudiantes se refugiaron en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, provocando una situación de caos entre las autoridades de esa casa de estudios, los dirigentes universitarios y los secundarios. Mientras Pierino Pierazzo, director de la Escuela de Derecho, salía a la calle a pedir que Carabineros dejara a los estudiantes irse de manera pacífica para no provocar mayores desmanes, el decano Roberto Nahum exigía casi a gritos que los secundarios desalojaran el lugar, aunque reiteraba que no pediría a la fuerza pública que ingresara. El decano expresó que los jóvenes corrían un grave riesgo al interior de la escuela: en el patio existe una excavación de 10 metros de profundidad y más de 1.700 metros cuadrados, sólo protegida por unos paneles. De generarse una situación caótica, los estudiantes podrían haber sufrido un grave accidente.

Finalmente la fuerza pública dispersó a los secundarios, pasado el mediodía. En la evaluación final de los detenidos y los daños, el intendente Barrueto señaló que en el país 702 personas fueron detenidas, la mayoría de ellas menores de edad. En cuanto a la situación del escolar que portaba un arma, fue dejado en libertad, aunque la Intendencia anunció que presentará una querella en su contra.

Gobierno llama al diálogo

En tanto el ministro de Educación, Martín Zilic, señaló que esperan que los estudiantes retomen la vía del diálogo y depongan las manifestaciones. Justificó la acción de Carabineros, señalando que “si hubiese habido un muerto no me dirían que fuimos muy duros, sino que había pocos resguardos en la calle. Si la persona que detuvieron con un arma dispara y mata a alguien no me dirían que fuimos duros, sino que no pusimos todo el esfuerzo en que la situación no pase a mayores”.

El ministro recordó que se ha dado respuesta a los requerimientos de los estudiantes “los escuchamos y ya hemos solucionado la mayoría de sus peticiones”.En tanto, el seremi de Educación y negociador directo del conflicto, Alejandro Traverso señaló que espera que los jóvenes se decidan por un solo camino: la movilización o el diálogo. “Creemos que el camino es el diálogo, vamos a ver qué dicen ellos, que decidieron romper con una lógica de entendimiento, creo que por error de los dirigentes que son estudiantes secundarios sin experiencia”.

Chile — Mapuches condenados por "terrorismo"

(Washington, DC, 23 de agosto de 2004) — La reciente condena que declaró culpables a cuatro mapuches y una activista de la causa indígena por un delito de terrorismo es una respuesta tremendamente exagerada a la agitación en el sur de Chile, señalaron hoy Human Rights Watch y el Programa de Derechos Indígenas del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera.


 

Es profundamente lamentable que las autoridades hayan convertido los procesos por terrorismo en la base principal de su estrategia de contención a la violencia en el sur del país.

José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch


 

"Al utilizar el régimen legal más rígido posible contra los mapuches, el gobierno chileno los está equiparando injustamente con los responsables de crímenes atroces como el asesinato en masa", dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Es profundamente lamentable que las autoridades hayan convertido los procesos por terrorismo en la base principal de su estrategia de contención a la violencia en el sur del país", agregó. En una declaración emitida ayer, Jorge Correa, Subsecretario del Interior, refiriéndose al veredicto dijo que "el Gobierno no quisiera tener triunfos de esta naturaleza". Señaló además que los juicios habían contribuido a pacificar las provincias del sur de Chile, agitadas durante años por los conflictos de tierras entre comunidades mapuches, compañías forestales y terratenientes privados. También afirmó que la desarticulación de los líderes de las protestas mapuches fue el resultado de “una exitosa y sistemática labor de inteligencia policial denominada 'Operación Paciencia'". "Las declaraciones del subsecretario revelan los esfuerzos del gobierno y la policía en años recientes para desarticular el movimiento mapuche que protesta frente a la apropiación de sus tierras y recursos naturales por empresas que invierten en la zona sur de Chile", dijo José Aylwin, Coordinador del Programa de Derechos Indígenas de la Universidad de la Frontera. El domingo por la noche, los cinco acusados fueron condenados a diez años de cárcel por “incendio terrorista”, una vez que fueron hallados culpables de prender fuego a un pinar del predio Poluco Pidenco cercano a Ercilla, un fundo que pertenece a la compañía maderera Mininco. Se dice que todos los acusados pertenecen a la Coordinadora Arauca Mallenco (CAM), un grupo mapuche que ha venido defendiendo la acción directa para recuperar las tierras en disputa. Desde 2002, la Fiscalía General ha enjuiciado a miembros del grupo de acuerdo con una ley antiterrorista introducida por el ex dictador Augusto Pinochet para enfrentarse a la oposición a su régimen. La ley fue enmendada en 1991 por el gobierno electo del Presidente Patricio Aylwin. Los actos terroristas contemplados por la ley incluyen el incendio de campos, bosques y edificios, cuando su intención sea sembrar el miedo entre la población o parte de ella. En un caso cuyo juicio está previsto para octubre, 18 presuntos miembros de la CAM están acusados del delito de formar una "asociación ilicita terrorista". La pena mínima que conlleva el incendio terrorista es diez años de prisión, el doble de la condena para el incendio ordinario dentro del código penal. De acuerdo con la Constitución de Chile, los condenados por terrorismo quedan inhabilitados durante un plazo de 15 años para ejercer funciones públicas, de enseñanza, responsabilidades sindicales o empresariales o practicar el periodismo. No tienen derecho a un indulto presidencial. La ley permite que los fiscales no revelen pruebas a la defensa durante un máximo de seis meses, y oculten la identidad de testigos, que pueden prestar testimonio en un tribunal detrás de una pantalla. Está previsto que más de 40 testigos “sin rostro” testifiquen para respaldar la acusación en el caso de “asociación terrorista”. Human Rights Watch está preocupado de que estas disposiciones legales limiten la capacidad de los acusados para rebatir los cargos contra ellos. Hasta ahora, nadie ha sido asesinado como resultado de la violencia atribuida a la CAM. La única víctima del conflicto de tierras es un mapuche y simpatizante de la CAM de 17 años, Alex Lemún, victima de un disparo proveniente de un agente de policía durante una protesta en noviembre de 2002. En contraste con los enjuiciamientos de los mapuches, el tribunal militar que investiga el caso no ha formulado cargos penales contra el agente responsable de los disparos. La Corte Suprema de Chile ha respaldado los juicios antiterroristas, anulando las decisiones de los tribunales inferiores que habían favorecido a los acusados. En julio de 2003, anuló un fallo judicial que había absuelto a tres mapuches acusados de incendio terrorista. Dos de los acusados fueron condenados en un segundo juicio a cinco años de prisión por “amenaza terrorista”. En el caso Poluco Pidenco, la Juez Nancy Germany afirmó que la aplicación de la ley antiterrorista era improcedente. Un panel de la Corte Suprema ordenó el restablecimiento de los cargos por terrorismo y le retiró del caso. "Los legisladores chilenos tienen que revisar la legislación antiterrorista del país para asegurarse de que no se vuelva a abusar de ella de este modo, y para establecer garantías procesales de manera que se respeten plenamente los derechos de los acusados", dijo Vivanco. Aylwin y Vivanco apelaron al Presidente Ricardo Lagos para que implemente las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. En un informe reciente, el Relator expresó su preocupación por la criminalización de las demandas mapuches e instó al gobierno a que buscara una solución negociada a los problemas del sur basada en el respeto por sus derechos.

CARTA PROPUESTA PARA INTERCEDER POR SITUACION MAPUCHE

ESTIMADOS AMIGOS Y AMIGAS
AQUI HACEMOS ENVIO DE PROPUESTA DE CARTA PARA INTERCEDER POR SITUACION MAPUCHE.
QUEDA BAJO RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y DE CADA FIRMANTE ASUMIR SU CONTENIDO, HACER AJUSTE AL TEXTO, DIFUSION Y FIRMA INDIVIDUAL O COLECTIVA.
TAMBIEN ADJUNTAMOS LISTA DE DIRECCIONES ELECTRONICAS.
INFORMAMOS QUE SE ESTUVE EN CONTACTO CON ABOGADA ENCARGADA DE LLEVAR EL CASO, SRA ALEJANDRA ARRIAZA, CON SE QUIEN TUVO CONVERSACION TELEFONICA PARA PODER ENTENDER CONTENIDO DE TEXTO.
LA SITUACION ES QUE EN EL PROYECTO DE LEY QUE SE PROPONE Y, EL QUE SERA LEIDO Y AJUSTADO EN LA CAMARA, EXPONE  LO SIGUIENTE:

      "A los condenados a penas privativas de libertad por delitos contemplados en la ley Nº 18.314, que fija la penalidad por conductas terroristas y además, en su caso, condenados por delitos sancionados en otros cuerpos legales, que no impliquen delitos contra las personas, en causas relacionadas con la reivindicación de tierra indígenas ancestrales, se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional, siempre que hayan cumplido 1 años de pena, si los hechos punibles hayan ocurrido entre el 1 de enero de 1997 y el 1 de enero de 2006, y los condenados suscriban en forma previa una declaración inequívoca y favorable al no uso de la violencia.


 
DE ESTA MANERA CUMPLIMOS Y HACEMOS ENTREGA DE MATERIAL PROMETIDO. QUEDANDO ASI A INTERPRETACION Y ANALISIS INDIVIDUAL DEL CONTENIDO DE ESTA PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY, LA QUE, SEGUN CONVERSACION TELEFONICA, TEDRA AJUSTES EN LA CAMARA.
TAMBIEN DEJAMOS EN CONOCIMIENTO DE CADA UNO DE USTEDES QUE MONSEÑOR MANUEL CAMILO VIAL, FIRMANTE DE ACTA DE COMPROMISO, PUDIESE QUE SE RETIRE COMO GARANTE POR SITUACION QUE DARA A CONOCER PUBLICAMENTE EN MOMENTO QUE EL SEÑOR OBISPO ESTIME CONVENIENTE. DE CUALQUIER MANERA HACEMOS PUBLICO LA FORMA DE COMUNICARSE CON EL: 0046 8 52 78 747.
ESPERANDO QUE EL CONTENIDO DE LA PRESENTE, A PESAR DE SU DEMORA LO CUAL FUE POR LA ESPERA DE MATERIAL PARA CUMPLIR CON ESTE COMPROMISO, SEA DEL NIVEL QUE CADA UNO DE USTEDES ESPERA.
Cumpliendo entonces con la Libertad de expresión y la responsabilidad individual que, democraticamente, merece cada uno de los destinatarios
FRATERNALMENTE SE DESPIDEN
EMMA Y SEBASTIAN

--
SEBASTIAN SEPÚLVEDA,
      
Encargado de Relaciones Públicas de RADIO UNIVERSO, Gotemburgo, Suecia Señores y Señoras integrante de la Honorable Camara de Diputados de la República de Chile Nosotros, ciudadanos de la República de Chile residentes en Suecia, en conjunto a ciudadanos latinoamericanos, suecos y de países de diversas partes del mundo, hacemos llegar por intermedio de la presente, nuestra gran preocupación por Juan y Jaime Marileo, Juan Carlos Huenulao y la activista Patricia Troncoso, en huelga de hambre desde 13 de marzo, debido a la condena a 10 años y un día prisión y al pago de una indemnización de $ 425 millones a la forestal Mininco, como autores de incendio “terrorista”, los que han recesado su acción, según texto expuesto en Acta de Compromiso, punto número UNO,  mostrando de ésta forma su predisposición a negociación, sin deponer con éste gesto la huelga de hambre, hasta después del miercoles 17 de mayo 2006. Por éste motivo expresamos que en un Estado democrático, todos los ciudadanos tienen derecho a la libertad de expresión sin ser reprimido con Ley Antiterrorista, como se puede esperar de cualquier Nación bajo dictadura. La Ley Antiterrorista, creada antes del inicio del proceso de democratización en Chile, esta siendo utilizada en forma selectiva lo cual no es justificable.  Honorables representantes de Gobierno, respetuosamente expresamos que los huelguistas no han trasgredido el Acta de Compromiso de OCHO puntos, firmada por Monseñor Manuel Camilo Vial Risopatron, Obispo de Temúco, Señor Senador de la República Alejandro Navarro, Señor Vicepresidente del Senado Jaime Naranjo y Dirigente Mapuche Longko de la Comunidad José Guiñon José Cariqueo Saravia.  El punto número CINCO expone que los huelguistas permanecerán juntos y colaborarán con los requerimientos médicos, durante el tiempo que sea necesario para su recuperación total. En consecuencia que el punto número UNO de ésta Acta, plantea una posible retóma de la huelga en caso de incumplimiento de alguno de éstos compromisos y, según el punto número SIETE “Los garantes valoramos la desición de la Presidenta de la República, Sra Michelle Bachelet de no hacer uso de la Ley Antiterrorista para enfrentar el conflicto Mapuche y sus reivindicaciones”. Por respeto y cumplimiento a dicho acuerdo, instamos a los Señores y Señoras integrantes de la Honorable Camara de Diputados a votar en forma favorable, dando así inicio la proceso de reivindicaciones Mapuches, según texto, punto número SIETE del Acta de Compromiso y, tambien entendemos que no se persistirá con el uso de lo expuesto en punto número SIETE del Acta Acuerdo contra Juan Millacheo y José Huenchunao,  José Cariqueo y Juan Colihuinca, Pascual Pichun, Aniseto Norin, José Nain Curanil, Victor Antalaf, Rafael Pichun Collonao, y Pascual Pichun Collonao, éste último encontrandose en tramitación de asílo político en la República de Argentina.  Por consiguiente, los firmantes dejamos en constancia que seguiremos el preceso, con el legítimo derecho de fiscalización de Participación Ciudadana utilizando toda expresión democrática a nuestro alcance.  Gotemburgo, Suecia 17 de Mayo de 2006.  

¿Y si Chile nacionaliza las minas¿

¿Y si Chile nacionaliza las minas¿

Aprovechando el nuevo escenario mundial podríamos imitar a Evo y recuperar la riqueza que la dictadura regaló a trasnacionales, escándalo que la Concertación ha preferido ignorar

Rafael Luis Gumucio Rivas
(15/05/06)

LA HISTORIA DE América Latina es un conjunto de revoluciones frustradas, a medias y traicionadas. El fin de las oligarquías que dominaron a los países latinoamericanos tiene como origen una serie de rebeliones demagógicas y populistas: la revolución mexicana, de 1910, terminó en el callismo y el PRI (Partido Revolucionario Institucional). Las nacionalizaciones de Lázaro Cárdenas se diluyeron en una serie de gobiernos del partido único; la lucha antioligárquica de los años 20, en Chile, terminó en el militarismo ibañista y, finalmente en los gobiernos radicales; el radicalismo de Irigoyen y el peronismo se frustraron en la ambigüedad; o mismo ocurrió con el “bogotazo” en Colombia, el varguismo en Brasil y la revolución boliviana en los años 50. Como podrá comprobar el lector, nuestra historia está plagada de nacionalizaciones frustradas.

¿Será posible que esta nueva era de nacionalizaciones termine, como siempre, frustrando el sueño bolivariano, a causa de la traición de las llamadas clases herodianas, que siempre terminan manifestando obediencia al César imperial, a costa de traicionar a sus pueblos? ¿Qué otra salida tenía Bolivia que no fuera optar por la nacionalización de los hidrocarburos? El neoliberalismo y la apertura de las inversiones extranjeras no habían hecho otra cosa que convertir en más miserables a los habitantes del Alto La Paz. Antes del triunfo irrefutable de Evo Morales, Bolivia estaba al borde de la disolución y de una guerra civil: se habían turnado gobiernos, como el de Carlos Mesa y el presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, sin proponer ninguna solución a la repugnante brecha entre ricos y pobres. A Evo Morales no le queda otro camino que llamar a una Constituyente que sea capaz de refundar un país millonario en riquezas minerales y un pueblo que vive en la miseria.

La vieja oligarquía boliviana difícilmente puede soportar un gobierno dirigido por un “indio” y su gabinete integrado por algunos obreros, sindicalistas y empleadas domésticas; es que la oligarquía y sus herederos mediócratas sólo pueden concebir un gobierno que sea mirado con beneplácito por Estados Unidos de América y Europa,(un famoso jesuita llamaba a estos grupos sociales “las clases herodianas”); los funestos de estos nuevos sacerdotes del neoliberalismo son los ex izquierdistas, como un tal Jorge Castañeda, (mexicano, ex canciller del gobierno de derecha de Vicente Fox, autor de una biografía del Che Guevara), quien se ha transformado en uno de los profetas del derrumbe de las nacionalizaciones de Evo Morales; de Mario Vargas Llosa, mejor ni hablar.

A pesar de tanta alharaca, ningún gobierno latinoamericano se ha atrevido a poner en cuestión la legitimidad de la nacionalización de los hidrocarburos; por lo demás, los presidentes de Brasil, Venezuela y Argentina, en la Cumbre del Puerto Iguazú, reconocieron este acto como legítimo. No han faltado los “pepes grillos” que critican a Evo Morales por haber ordenado de sorpresa, el 1º. de Mayo, una ocupación militar de los yacimientos, concediendo 180 días para pactar un nuevo status con las empresas que quieran quedarse. Al fin puedo apostar que todas ellas se quedarán y aceptarán el nuevo trato, pues el petróleo, a 70 dólares el barril (y que puede llegar hasta 100 dólares), es un súper buen negocio, aun si se apropian de sólo el 18%. Las amenazas de Petrobras y los gestos imperialistas de los españoles, todos acostumbrados a ganar el dinero fácil, no pasarán de ser bravatas para negociar mejor: “platita en la mano, culito en el suelo” o “plata en mano, culo en tierra”.

El Fondo Monetario Internacional sostiene en sus aburridos informes que las nacionalizaciones llevadas a cabo en Bolivia ahuyentarán a las mariposas y golondrinas inversionistas (siempre es inteligente pedir por abajo, como en el juego del cacho). Lo cierto es que cada vez que este bendito organismo se ha metido en América Latina ha logrado llevar a los países al default; no faltan los tontos que creen que las calificadores de riesgo norteamericanas son como Dios Padre, infalibles, y no se acuerdan que los bonos de los ladrones de Enron fueron clasificados triple A. En Chile y en el resto del mundo estamos plagados de profetas de la desgracia: cuando en Chile se promulgó la nacionalización del cobre, en 1971, no faltaron los doctores que anunciaron que no teníamos plata, ni capitales, ni técnicos para hacer marchar las minas, y lo más bien que la nacionalización dio buenos resultados; creo que lo mismo ocurrirá con los hidrocarburos, en Bolivia.

TRAS LA DESNACIONALIZACION DE NUESTRAS MINAS
La política del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile respecto de Latinoamérica no puede ser más mala y poco profesional: entre Santiago, Torre Tagle y los doctores de Chuquisaca hay la misma distancia que entre un equipo de barrio y uno profesional. A la mamá Michelle los demócrata cristianos le impusieron como Canciller a Alejandro Foxley; se podía esperar de un personaje político experimentado que no dijera la estupidez de que la legítima nacionalización de hidrocarburos “perjudicaba la unidad latinoamericana.

El mundo ha cambiado: aunque los yanquis quisieran intervenir en todos los pueblos, cada vez tienen menos espacio y más países dispuestas a condenarlos; ya no pueden intervenir en Corea del Norte, tienen dificultad para hacerlo en Irán y a los agentes de la CIA no les resultan las conspiraciones contra el gobierno de Hugo Chávez; el precio de las commodities (materias primas) está por las nubes; es cierto que esos precios son volátiles, pero no cabe duda de que de aquí a unos tres años esta bonanza puede continuar y aumentar. Esta situación es favorable a las economías emergentes, en especial a América Latina. Por lo demás, China y el resto de Asia son países poseedores de los bonos de la deuda norteamericana que, en cualquier minuto, pueden hacer efectivo el cobro.

En julio de 1971, Salvador Allende logró el apoyo de todos los partidos políticos chilenos para aprobar un proyecto de ley, tendiente a nacionalizar todos los minerales y, según el Presidente, constituía la “segunda independencia”. Es cierto que, en parte, este gesto del Chile de la época, entre otros elementos, provocó la ira del presidente más canalla y despreciable de los Estados Unidos, Richard Nixon, cuyos procedimientos en contra de nuestro gobierno harían enrojecer al mismo Al Capone.

Daniel López Pinochet no sólo es un asesino, un ladrón y un traidor, sino también ser muy dañino para las riquezas de nuestro país: regaló a australianos, canadienses, ingleses y norteamericanos, el 70% de nuestras minas de cobre, sin cobrar un peso de impuestos por los derechos otorgados. Afortunadamente, CODELCO se salvó de esta furia privatizadora, aunque no han faltado ahora “perlas” de la derecha que quieren privatizarlo, o como el “bonista” DC, Villarzú, que propone meter una parte en acciones de la Bolsa. Imagínese, querido lector, sin CODELCO toda esta bonanza hubiera pasado por los lados y apenas tendríamos el ridículo 3% del royalty y algunos impuestos que estas empresas no pagan, alegando pérdidas. ¡Flor de cara dura! Como en este país la palabra “transparencia” no existe aún, según Orlando Caputo, ex presidente de CODELCO en la época de Salvador Allende, no se puede calcular, con exactitud, las ganancias obtenidas por las empresas extranjeras, producto del alto precio del cobre. Es un misterio, como el de la Santísima Trinidad; al parecer, serían 16 mil millones de dólares, equivalente al producto interno bruto de Bolivia, Paraguay y Uruguay. La mina La Escondida, de BHP (Empresa angloaustraliana) gana 1.136 millones de dólares anuales, lo que significa un 152% en igual período en 2005. Esta riqueza, si una parte quedara en Chile, permitiría financiar todos los programas sociales, propuestos por la reina Michelle, y aun sobraría dinero.

Estoy convencido de que pasarán los años y sólo quedará el hoyo, que generará pobreza. La plutocracia concertacionista y derechista es tan irresponsable como la que se comió el salitre a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX: sólo sirve para los viajes, las fiestas y los bailes pascuenses; no les pida, amable lector, una onza del patriotismo de Radomiro Tomic y de Jorge Lavandero, grandes defensores de nuestro cobre. Hoy, niñitos como el socialista Eduardo Loyola están felices al servicio de estas transnacionales.

Pienso que es necesario que luego resolvamos el tema del mar para Bolivia: las posibilidades son variadas, por lo demás muchas de ellas están en la historia del Diferendo, animado por reaccionarios historiadores como Encina, Eyzaguirre, Vial, Bravo, o otros. Se podría, en este plan de nacionalizaciones, crear un puerto de soberanía común, que permitiera un gran sector integrado; pienso no sólo en los 10 kilómetros entre Arica y la línea de la Concordia, sino también en la abandonada Pisagua, la Caleta Víctor, o la antigua Cobija. Es cosa de innovar, crear y abandonar el criminal neoliberalismo.

“Escucha Chile”: página notable del periodismo chileno

Es memorable su contribución a la consolidación de la alternativa democrática en la lucha contra la dictadura, que condujo a la derrota de Pinochet en el plebiscito del 5 de octubre de 1988.



Marcel Garcés

La distinción oficial rusa entregada a los periodistas chilenos que participaron en el programa “Escucha Chile”, de Radio Moscú, desde 1973 a 1990, es una oportunidad para rememorar los significados de esta página destacada del periodismo nacional, de la lucha democrática del pueblo y de la expresión concreta de la solidaridad internacional. Sumido el país en la censura dictatorial, en el ahogamiento de toda expresión democrática, con una prensa obsecuente hasta la iniquidad, “Escucha Chile” fue una especie de ventana por la que entraba el aire de la libertad y, sobre todo, la verdad sobre la represión y el crimen, que algunos que hoy siguen actuando en el escenario político local negaban incluso ante las Naciones Unidas.

Sin vanidad, se puede decir que el programa, trasmitido por Radio Moscú Internacional, así como otros trasmitidos desde las emisoras de la República Democrática Alemana, Hungría, Cuba, Checoslovaquia, y otros países, era la continuidad histórica de medios de comunicación de trinchera que aparecen en Chile a partir de “La Aurora de Chile” o “El Despertar de los Trabajadores. “Escucha Chile” fue, durante largos e intensos años, la punta del iceberg donde confluían los esfuerzos de miles de anónimos corresponsales, aun en campos de concentración, centros de exterminio y hasta cuarteles, de periodistas profesionales, dentro y fuera del país, corresponsales extranjeros, correos o de los exiliados en 50 países del mundo.

El programa rompía alambradas, cercos, represión, persecución y muerte para hacer llegar su mensaje de esperanza, de denuncia, de organización de la lucha por la democracia y contribuyó desde su perspectiva -y el mejor nivel de profesionalismo periodístico posible en tales circunstancias- y del compromiso político, a la lucha de todo el pueblo contra la dictadura. Fue, efectivamente, la voz de los que no tenían voz, y no dejó de estar presente en Chile mientras duró la dictadura cerrando sus puertas apenas el día -la noche de ese día memorable- en que en Chile inició su transición democrática, con el Presidente Patricio Aylwin. Tribuna de los sectores antidictatoriales, sin excepción ni exclusiones, con respeto y amplitud, y largo tiempo reflejo noticioso del acontecer político, social, cultural, religioso, del país enrejado y constantemente amenazado que no tenía cabida en la prensa domesticada de la época.

El programa y sus periodistas cumplían a cabalidad los postulados libertarios que dan sentido a la vocación periodística, asumiendo con responsabilidad los desafíos de hablar a Chile y los chilenos como un programa “nacional” -era el objetivo- hecho con dignidad profesional, y pasión y disciplina, aunque singularmente la redacción estuviera a 15 mil kilómetros de distancia y 20 grados bajo cero en el invierno. Su contribución a la consolidación de la alternativa democrática en la lucha contra la dictadura, su aporte a las luchas populares que condujeron a la derrota de Pinochet en el plebiscito del 5 de octubre de 1988 es memorable. Con razón, y luego de un tiempo, estudiantes chilenos de periodismo y también jóvenes profesionales han estudiado la experiencia como un capítulo singular de la historia del periodismo chileno.

Por otro lado, la idea y materialización del programa fue expresión concreta de la solidaridad internacional de los pueblos y gobiernos, obviamente en primer lugar de la voluntad política y de los esfuerzos económicos del gobierno de la Unión Soviética y del Partido Comunista de la Unión Soviética. Pero la solidaridad con Chile y su lucha antidictatorial no fue sólo mera determinación partidista o marcada por afanes de hegemonías ideológicas. El movimiento de repudio que generó en el mundo la dictadura de Augusto Pinochet y sus crímenes, fue mucho más amplia, profunda y trasversal. Eso explica que condenaron la tiranía, tanto Moscú como el Vaticano, tanto comunistas como democratacristianos y socialdemócratas, significativos sectores y personalidades de Estados Unidos como de Europa Occidental.

En el caso de “Escucha Chile”, la práctica de la solidaridad se hizo concreta con largos años de trabajo común -codo a codo- de chilenos y soviéticos primero, y rusos luego. Obviamente no se puede soslayar que la intensa actividad de hablar y escribir sobre y para Chile se desarrolló teniendo como telón de fondo el complejo, dramático y bullente proceso político y social de la Unión Soviética y de Rusia. Imposible sustraerse a la crisis del sistema socialista vigente que se agrietaba a ojos vistas, por cuyas fisuras emergían las aspiraciones libertarias y democráticas de su pueblo. Quienes en Moscú “vivían en Chile” no podían eludir el conocimiento de los cruciales momentos que vivían los “dueños de casa”, su propia lucha por la democracia y las libertades, su búsqueda de un camino para satisfacer sus necesidades de libertad, progreso social, bienestar económico, la complejidad y esperanzas de la perestroika y los estremecimientos sociales del nuevo régimen. La solidaridad internacional, la defensa de los derechos humanos, la democracia, como hemos aprendido los chilenos, son valores políticos y humanos que no aceptan exclusiones y son universales.

También en “el programa” y en “el equipo” -como era inevitable y es justicia histórica reconocerlo- se reflejó la discusión política interna chilena, en particular la confrontación que fraccionó en aquella época al Partido Comunista. Pero se puede decir con certeza que en el balance -incompleto sin duda en cuanto a los protagonistas y los sucesos-, que “Escucha Chile” cumplió con dignidad y honor el rol que la historia le asignó y como lo consignaba cada noche a través del éter: “Lo que la Junta Militar oculta y prohíbe. Y la voz de la solidaridad mundial. Radio Moscú”.

Gobierno admite fallos contradictorios en juicios a mapuches

Gobierno admite fallos contradictorios en juicios a mapuches


El ministro del Interior, Andrés Zaldívar, dijo que en dos casos se consideró que los delitos infringían la Ley Antiterrorista; “sin embargo, en un tercer caso, en la misma situación se dijo que no. Hay una contradicción”, resaltó el ministro. Comuneros radicalizarán huelga si ley no se concreta.



Antonio Valencia
La Nación

No es primera vez que una modificación legal en materia de beneficios carcelarios es propuesta y consecuentemente aprobada. La última ocasión, recuerda el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, “fue con los presos políticos de la Cárcel de Alta Seguridad”. “No es un mal precedente, es un tema propio de las facultades que tiene el Parlamento y el Ejecutivo”, advirtió el personero.

El Gobierno envió ayer con carácter de suma urgencia el proyecto de ley que otorgará el beneficio de la libertad condicional a nueve comuneros mapuches procesados o encarcelados en virtud de la Ley Antiterrorista, tres de los cuales -junto a una activista depusieron temporalmente la huelga de hambre que completaba 63 días a la espera de una votación favorable en el Congreso.

Zaldívar fundamentó la decisión del Ejecutivo en razones humanitarias y judiciales. “Hay una contradicción en los fallos que se han dictado. Por el mismo tema, en dos casos se dictó que había delitos que infringían la Ley Antiterrorista, y en un tercer caso en la misma situación se dijo que no. Hay una contradicción”, resaltó el ministro. “Lo otro que ha dicho la Presidenta de la República es que ella cree que en estas materias no puede ni debe aplicarse la Ley Antiterrorista. El Gobierno no va a reclamar su aplicación”, sentenció.

El proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 321 sobre libertad condicional fue presentado por el senador (PS) Alejandro Navarro, y su texto sostiene la “seria desprotección de las garantías procesales de personas mapuches” a través de la “utilización injusta, infundada y aberrante que hace el Estado chileno de la Ley Antiterrorista”.

En otras palabras, se estima que a los comuneros no se les garantizó el debido proceso -acorde con los estándares internacionales de derechos humano-, pues al margen de aplicar un ley especial a materias relacionadas con reclamos indígenas, se ha recurrido a testigos sin rostro y a la aplicación de la detención preventiva

“Estamos convencidos de que la ley ha sido abusiva y la ONU se lo ha advertido al Estado chileno. Una amenaza en la justicia ordinaria sanciona con la prohibición de acercarse a la persona amenazada, pero a un comunero le dieron cinco años y un día. Por incendio la pena debiera ser de dos años y acá se aplicaron diez años”, razonó el senador Navarro.

“Evidentemente hubo irregularidades en el proceso judicial y además hubo penas excedidas de la realidad. Aquí no se garantizó debido proceso”, enfatizó el senador Jaime Naranjo (PS) quien precisó que en la Cámara de Diputados y en el Senado se cuenta con los votos necesarios -“tenemos una carta firmada por al menos 15 senadores de la Concertación”, dijo- , para dar curso a la modificación que, de seguro, contará con el rechazo de la derecha.

“Es increíble que el Gobierno se haya dejado presionar por estos grupos minoritarios de mapuches terroristas, y hayan logrado comprometer al Ministro del Interior para que le otorgue suma urgencia a la iniciativa que les permitiría la libertad”, reclamó el diputado UDI por Angol Gonzalo Arenas. “Es un chantaje y un lamentable precedente”, expresó.

La propuesta “Navarro” será analizada entre hoy mañana por las comisiones de Derechos Humanos y Constitución, pero para su votación en sala podría haber cierto retraso. “Los comuneros lo saben: tenemos otros dos proyectos con suma urgencia, como el de subcontratación y el de las tropas en Haití, por lo que se nos podría producir un cuello de botella. Luego viene un receso post 21 de mayo, por lo que puede ocurrir que se vote en junio”, comentó Naranjo.

Los beneficios carcelarios, que no implican la conmutación de penas sino libertad vigilada, se solicitan para Jaime y Juan Marileo, Patricia Troncoso, Juan Huenulao, José Naín, Rafael

Pichún, Aniceto Norín, Pascual Pichún y Víctor Ancalaf.

Los ayunantes acordaron que esperarán 30 días hasta que la ley sea realidad, pero en el caso que el proyecto no vea la luz, anunciaron que retomarán la huelga.

A través de una declaración pública, los tres comuneros mapuches y la activista que se encuentran encarcelados fueron enfáticos en que “las movilizaciones no han concluido, hoy sólo se ha hecho un receso de la huelga temporalmente”.

Añadieron que “en caso del no cumplimiento de los acuerdos descritos anteriormente se retomará con más fuerza y moral la lucha por la libertad con una huelga más dura y radical”.