Chile — Mapuches condenados por "terrorismo"

(Washington, DC, 23 de agosto de 2004) — La reciente condena que declaró culpables a cuatro mapuches y una activista de la causa indígena por un delito de terrorismo es una respuesta tremendamente exagerada a la agitación en el sur de Chile, señalaron hoy Human Rights Watch y el Programa de Derechos Indígenas del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera.

Es profundamente lamentable que las autoridades hayan convertido los procesos por terrorismo en la base principal de su estrategia de contención a la violencia en el sur del país. José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch

"Al utilizar el régimen legal más rígido posible contra los mapuches, el gobierno chileno los está equiparando injustamente con los responsables de crímenes atroces como el asesinato en masa", dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Es profundamente lamentable que las autoridades hayan convertido los procesos por terrorismo en la base principal de su estrategia de contención a la violencia en el sur del país", agregó. En una declaración emitida ayer, Jorge Correa, Subsecretario del Interior, refiriéndose al veredicto dijo que "el Gobierno no quisiera tener triunfos de esta naturaleza". Señaló además que los juicios habían contribuido a pacificar las provincias del sur de Chile, agitadas durante años por los conflictos de tierras entre comunidades mapuches, compañías forestales y terratenientes privados. También afirmó que la desarticulación de los líderes de las protestas mapuches fue el resultado de “una exitosa y sistemática labor de inteligencia policial denominada 'Operación Paciencia'". "Las declaraciones del subsecretario revelan los esfuerzos del gobierno y la policía en años recientes para desarticular el movimiento mapuche que protesta frente a la apropiación de sus tierras y recursos naturales por empresas que invierten en la zona sur de Chile", dijo José Aylwin, Coordinador del Programa de Derechos Indígenas de la Universidad de la Frontera. El domingo por la noche, los cinco acusados fueron condenados a diez años de cárcel por “incendio terrorista”, una vez que fueron hallados culpables de prender fuego a un pinar del predio Poluco Pidenco cercano a Ercilla, un fundo que pertenece a la compañía maderera Mininco. Se dice que todos los acusados pertenecen a la Coordinadora Arauca Mallenco (CAM), un grupo mapuche que ha venido defendiendo la acción directa para recuperar las tierras en disputa. Desde 2002, la Fiscalía General ha enjuiciado a miembros del grupo de acuerdo con una ley antiterrorista introducida por el ex dictador Augusto Pinochet para enfrentarse a la oposición a su régimen. La ley fue enmendada en 1991 por el gobierno electo del Presidente Patricio Aylwin. Los actos terroristas contemplados por la ley incluyen el incendio de campos, bosques y edificios, cuando su intención sea sembrar el miedo entre la población o parte de ella. En un caso cuyo juicio está previsto para octubre, 18 presuntos miembros de la CAM están acusados del delito de formar una "asociación ilicita terrorista". La pena mínima que conlleva el incendio terrorista es diez años de prisión, el doble de la condena para el incendio ordinario dentro del código penal. De acuerdo con la Constitución de Chile, los condenados por terrorismo quedan inhabilitados durante un plazo de 15 años para ejercer funciones públicas, de enseñanza, responsabilidades sindicales o empresariales o practicar el periodismo. No tienen derecho a un indulto presidencial. La ley permite que los fiscales no revelen pruebas a la defensa durante un máximo de seis meses, y oculten la identidad de testigos, que pueden prestar testimonio en un tribunal detrás de una pantalla. Está previsto que más de 40 testigos “sin rostro” testifiquen para respaldar la acusación en el caso de “asociación terrorista”. Human Rights Watch está preocupado de que estas disposiciones legales limiten la capacidad de los acusados para rebatir los cargos contra ellos. Hasta ahora, nadie ha sido asesinado como resultado de la violencia atribuida a la CAM. La única víctima del conflicto de tierras es un mapuche y simpatizante de la CAM de 17 años, Alex Lemún, victima de un disparo proveniente de un agente de policía durante una protesta en noviembre de 2002. En contraste con los enjuiciamientos de los mapuches, el tribunal militar que investiga el caso no ha formulado cargos penales contra el agente responsable de los disparos. La Corte Suprema de Chile ha respaldado los juicios antiterroristas, anulando las decisiones de los tribunales inferiores que habían favorecido a los acusados. En julio de 2003, anuló un fallo judicial que había absuelto a tres mapuches acusados de incendio terrorista. Dos de los acusados fueron condenados en un segundo juicio a cinco años de prisión por “amenaza terrorista”. En el caso Poluco Pidenco, la Juez Nancy Germany afirmó que la aplicación de la ley antiterrorista era improcedente. Un panel de la Corte Suprema ordenó el restablecimiento de los cargos por terrorismo y le retiró del caso. "Los legisladores chilenos tienen que revisar la legislación antiterrorista del país para asegurarse de que no se vuelva a abusar de ella de este modo, y para establecer garantías procesales de manera que se respeten plenamente los derechos de los acusados", dijo Vivanco. Aylwin y Vivanco apelaron al Presidente Ricardo Lagos para que implemente las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. En un informe reciente, el Relator expresó su preocupación por la criminalización de las demandas mapuches e instó al gobierno a que buscara una solución negociada a los problemas del sur basada en el respeto por sus derechos.