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T r i b u n a c h i l e n a

Señores parlamentarios, ustedes ya carecen de autoridad

Señores parlamentarios, ustedes ya carecen de autoridad

  Escrito por Arturo Alejandro Muñoz

Es difícil encontrar en política una contradicción, un sin sentido, una cuestión tirada de los pelos, mayor que este vergonzoso asunto que enloda a nuestro país. En ninguna nación civilizada se entendería esto de “gobiernos democráticos guiados por una Constitución Política parida por una dictadura”.  Sólo en Chile ello es posible… aunque más de alguien acotará que la nuestra no es, precisamente, una democracia en el estricto sentido del término.

 

 

No puedo siquiera imaginar, por ejemplo, a una Alemania post Segunda Guerra Mundial administrada con las leyes y la Constitución establecidas por el NSDAP y Adolfo  Hitler…. ni a un Vietnam gobernado hoy día mediante la Constitución colonial impuesta por Francia (antes de Dien-Bien-Phu), ni tampoco a una actual Polonia sometida a los dictámenes constitucionales de la desaparecida URSS.

Pero, desde el año 1980 a la fecha, nuestro pequeño y austral país cuenta con una Carta Magna ha trabajado hecha en dictadura, amasada por aquellos que cercenaron la democracia e iniciaron el desguace del Estado, hecha a la medida del totalitarismo cívico-militar que desde las épocas de nuestra supuesta independencia -en el siglo XIX- ha trabajado obsecuentemente en defensa de los intereses de quienes destazan Chile a placer.

Una vez que la dictadura se retiró del gobierno, el poder continuó en manos de quienes la habían sustentado y que, entre 1988 y 1990, cobraron a los tiranos tales favores mediante la apropiación de  cientos de empresas estatales que pasaron a engrosar sus haberes. Con tamaña recaudación era factible entonces repartir migajas a los vencedores del plebiscito de octubre 1988, y de esa laya meterlos en cintura arrastrando a los principales ex dirigentes ‘socialistas’ de la fenecida Unidad Popular (y a la mayoría de la dirigencia democristiana) a una situación que estos nuevos socios de la ‘alegría’ venían añorando en sus años de exilio europeo y en sus avatares como desdeñados por la Junta Militar, respectivamente.

“Muchachos, el lucrativo negocio llamado ‘estrujemos Chile’ alcanza para todos, por ello, no peleemos, asociémonos”, fue la consigna que la derecha pinochetista insufló en las ambiciosas mentes de la mayoría de los ex dirigentes políticos que una vez dijeron ser allendistas, pero que ahora resurgían como administradores de esta extraña “democracia institucional y republicana”. La fiesta de los zarpazos, rasguños, agarraderas y apropiaciones, se armó rápidamente… pero, para que esa toletole no se detuviera ni derrumbara, a los renovados socialistas y pepedeistas les fue necesario mantener la Constitución ‘guzmaniana’ haciendo creer al gran público que luchaban denodadamente contra ella, aunque en términos rigurosos lo que hacían era sólo el uso de una salivosa verborrea y un engañoso actuar, rayano en la traición al electorado, a sus propias promesas y al país en general.

Ricardo Lagos Escobar fue uno de los que portó las banderas de primera fila en esos asuntos. Y lo hizo tempranamente, ya en el año 1989, pues junto a Edgardo Boenninger y Enrique Correa, llevaba el pandero de la Concertación de Partidos por la Democracia, y en esa calidad se dio el golpe efectista para afianzar la Constitución dictatorial mediante un plebiscito que, en términos concretos, produjo la consolidación oficial del saqueo. Fue así que los socialistas y/o progresistas –dirigidos por la tríada Lagos, Boenninger y Correa-  obtuvieron “reformas constitucionales” que establecieron, entre otros puntos, los siguientes principales: 

a) Aceptar constitucionalmente la estafa binominal.

 

b) Renunciar a la mayoría legislativa parlamentaria que le aseguraba la propia Constitución del 80, que habilitaba  al Presidente para aprobar los proyectos de ley con mayoría simple en una cámara y sólo un tercio en la otra (cualquiera que fuera Diputados o Senado). Con esto Pinochet se aseguraba, en el caso de seguir en la Presidencia, poder legislar con los senadores designados que le daban mayoría a todo evento en el Senado y con minoría hasta de un tercio en la Cámara de Diputados. 

 

c) Renunciaron a la convocatoria de plebiscitos constitucionales, que se ganan con el 5% más un voto, de origen presidencial.  O sea, renunciaron al mecanismo por el cual se aprobó la Constitución del 80 y el mismo Plebiscito en que estaban votando en julio del 89 (!!). Ello significa entonces que la Concertación consideró no válidas ambas acciones, pese a que a través de ellas Chile recuperó la democracia y la propia Concertación accedió al gobierno. ¡¡De Ripley!! 

 

d) Dejaron a Patricio Aylwin sin senaturía vitalicia, la cual  quedó exclusivamente para los  Presidentes que hubiesen gobernado seis años. Aylwin tuvo un período constitucionalmente excepcional (norma transitoria) de 04 años. Tiempo después, el 2000 o 2001,   tuvieron que aprobar, con el visto bueno de la UDI-RN, una Ley especial que también benefició al renunciado senador vitalicio Augusto Pinochet para darle a Aylwin el equivalente a los ingresos de un senador vitalicio. 

 

e) Y otros asuntos de igual e incluso mayor gravedad, que están muy bien descritos en el libro “Chile, una Democracia Tutelada” del ensayista y sociólogo Felipe Portales (Editorial Sudamericana, 2000). 

 

En resumen,  la Concertación se auto amarró las manos para sólo asegurarse la Presidencia (que se gana con el 50% más un voto, con una o dos vueltas electorales) y los cargos de confianza de la Administración Pública. Pero, el grueso de esa Administración Pública  quedó sometida a las leyes de amarre, y aún hoy muchos pinochetistas permanecen en altos cargos burocráticos, lo que ha estimulado las plantas paralelas, las contratas, las triangulaciones tipo MOP-GATE, la corrupción y los precarios y muchas veces ilegales trabajos a honorarios en el aparataje del Estado. 

 

Todo lo que requería 4/7 (Leyes Orgánico-Constitucionales), 3/5 y 2/3 (Reformas Constitucionales), quedó en manos del  veto de la derecha UDI-RN, quien vía senadores designados y vitalicios -hasta que se eliminó el sistema porque  ya no le convenía a la derecha al designar la mayoría o la mitad de ellos la Concertación- además del estafador sistema  binominal (un voto vale por dos),  dispuso de la llave de toda reforma de fondo.

 

Y con ese esperpento totalitario como guía y base de nuestra manida “república” hemos llegado hasta el día de hoy, amén, por cierto, de un par de nuevos maquillajes que poco han cambiado el escenario principal, ya que el tan publicitado “fin del sistema binominal” ha sido sólo parcial, habida consideración que algunas circunscripciones y distritos continuarán sometidos a él, en gran medida.

 

¿Cuándo comenzó entonces a apretarles demasiado el zapato a esos señorones traidores y corruptos? Las movilizaciones sociales, la salida de las organizaciones a las calles, la movilización estudiantil, la valentía de las redes sociales y la caída estrepitosa de los poderes del estado en las encuestas de opinión pública, remecieron el castillo de estos feudales, cuyo puente levadizo amenazaba con caer y las masas de sitiadores electorales se encontraban a las puertas del palacio.

 

Había que hacer algo, y rápido. Era necesario gestionar ipso facto una artimaña. La gente, el pueblo, impetraba una nueva Constitución, no una reformita más, sino una Carta Fundamental diferente, emanada de la voluntad popular a través de una Asamblea Constituyente. Por cierto, los habitantes de la cueva de Ali-Babá reaccionaron con pavor y premura. “Sólo el Congreso Nacional puede y debe redactar una propuesta de Constitución”, dijo el ‘honesto’ Andrés Zaldívar, aplaudido de inmediato por otros bandidos políticos de su calaña.

 

Ellos contaron con el rápido apoyo de la mayoría de los parlamentarios. “El Legislativo es el único organismo que tiene capacidad y calidad –moral y técnica- para ese trámite”, dijeron con vehemencia. ¿Calidad moral? Vaya qué mentira, ¿no? Esa falacia volvió a mostrarse en toda su desnudez cuando, en la Cámara, hace solo un par de días,  los diputados rechazaron legislar para que los chilenos conociesen en detalle la negociación del TTP que Chile firmó, al parecer, en beneficio de EEUU y de las grandes transnacionales.

 

¿Por qué ese misterio, por qué esa cobija sobre un documento que sigue recibiendo fuertes críticas por parte de muchas personas? Lo mismos ocurre con una nueva Carta Fundamental que se desglose de los intereses reales de la gente. Se me viene a la mente una frase escrita por el ex senador Nelson Ávila en su cuenta twitter: “Todos (los actuales parlamentarios) cierran filas para oponerse al levantamiento del secreto a los "aportes reservados". Les aterra la transparencia real que (ellos mismos) proclaman”.

 

Lo anterior es solo un ejemplo, entre cientos posibles de mencionar, que da cuenta de la inmoralidad y entreguismo de esa “canalla dorada”, como les llamó en su momento Arturo Alessandri Palma. No tienen autoridad moral para llevar a cabo un trabajo de tanta relevancia como es redactar una nueva, moderna y democrática Constitución Política del Estado. 

 

Ya no hay organización en la cual confiar. Lo acontecido con las iglesias (católica y cristianas), cuestión que es posible ejemplificar a través de las acciones de frailes apellidados Karadima, Errázuriz y Ezzati, o en los planteamiento evangélicos -como el del inefable ‘pastor’ Soto-, impiden considerarlas ‘reserva moral’ de nada. Y si quedan aún algunos despistados creyendo que nuestras fuerzas armadas podrían ocupar ese sitial, permítanme recordarles que tampoco parece ser noticia (para la llamada “prensa canalla”, o prensa del duopolio) que el Ejército de Pelotillehue se gaste el 10% del “sueldo de Chile” en fiestas, casinos, carreras de caballos y propiedades.

 

Todos estos asuntos ni siquiera han ‘inquietado’ a los parlamentarios. El silencio retumba con reverbero en ese hemiciclo. Y claro, entre bueyes no hay cornadas. Pero, son esos mismos bueyes, precisamente, los que vociferan asegurando que sólo ellos pueden y deben redactar una nueva Carta Fundamental, ya que a la voz de la calle (así lo han dicho varios habitantes del Congreso) no se le puede permitir que imponga directrices ni leyes para el gobierno del país.  


TPP: Toxicidad para el 11% de población mundial y efectos perjudiciales para el resto

TPP: Toxicidad para el 11% de población mundial y efectos perjudiciales para el resto

por Andrés Peñaloza Méndez (AlaiAmlatina)

La ausencia de transparencia durante más de un lustro de negociaciones debe ser subsanada de inmediato; exhortamos al poder legislativo, particularmente, al Senado de la República, a que convoque a foros de consulta y deliberación públicos para que los contenidos del TPP sean abiertos a la sociedad.

Tras cinco años de intensas negociaciones caracterizadas por su secrecía,  el lunes 5 de octubre del año en curso se anuncia el acuerdo final del Tratado Trans-Pacífico de Libre Comercio e Inversiones (TPP).

El rechazo manifiesto en Río de la Plata, Argentina, encabezado por los presidentes Lula da Silva (Brasil), Hugo Chávez Frías (República Bolivariana de Venezuela) y Néstor Kirchner (Argentina) en 2005 a crear una zona hemisférica de libre comercio en las Américas, provocó que la geopolítica estadounidense girara hacia el Pacífico. En la actualidad las doce naciones comprometidas con el TPP (Australia, Canadá, Chile, Brunei Darussalum, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam), representan el 36% del PIB, 25% del comercio, 28% de la captación de inversión extranjera directa y 11% de la población mundial.

Las negociaciones del TPP abarcan los temas del TLCAN, incluidos los laborales y ambientales; algunos nuevos como el comercio electrónico y comercio de productos tecnológicos de información. Desde luego, hay algunos matices y disposiciones más severas. Así se desvela al examinarse el borrador del texto sobre propiedad intelectual, de acuerdo a los ejemplares dados a conocer por WikiLeaks el 13 de noviembre de 2013; así como, de otros borradores: medio ambiente (15 de enero de 2014), inversiones (25 de marzo de 2015), transparencia (anexo: salud, 10 de junio 2015), la guía para establecer mecanismos supranacionales para la solución de controversias Estado-Inversionistas Privados – “state-owned enterprises” (SOEs)-  (29 de julio de 2015).

El análisis del contenido de los referidos borradores despertaron enormes preocupaciones por las condiciones ventajosas que tendrían las empresas transnacionales (por ejemplo las empresas farmacéuticas gozarían de ganancias extraordinarias por la protección por 12 o más años derivado del otorgamiento de patentes y extensiones de las mismas a través de laxos procedimientos). En consecuencia, la exigencia que se impone es la apertura inmediata de los textos negociados para que la opinión pública, los sectores productivos y sociales podamos opinar.

La ausencia de transparencia durante más de un lustro de negociaciones debe ser subsanada de inmediato; exhortamos al poder legislativo, particularmente, al Senado de la República, a que convoque a foros de consulta y deliberación públicos para que los contenidos del TPP sean abiertos a la sociedad.

Cabe indicar que paradójicamente el TPP contiene un capítulo de “transparencia”.  Pero éste está referido a la obligación de los Estados-Parte a notificar a las empresas transnacionales y sus gobiernos de manera anticipada; así como, abrir consultas sobre cualquier modificación constitucional y normativa contemplada en el acuerdo; huelga decir invadiendo facultades soberanas de los poderes legislativo y judicial.

De manera que una vez anunciada la conclusión del TPP no debe haber más secretos ni dilaciones para hacer público los por lo menos 26 capítulos.

Por lo pronto para las organizaciones sindicales, sociales y civiles que desde agosto pasado llevamos a cabo las Jornadas informativas y pedagógicas: Resistencias sociales y soberanas contra el poder de las transnacionales, los tratados de libre comercio e inversiones y la arquitectura financiera de la impunidad, el TPP representa “la peor alternativa a los acuerdos multilaterales de comercio” (Horst alternative to a multilateral trate agreement, HAMTA, por sus siglas en inglés).

El TPP es una vuelta más de tuerca del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cuya toxicidad –mayor al reactor nuclear de Fukushima- está más que documentada, basta reparar en las profundas heridas, desigualdades, devastación ambiental e impunidad financiera que han dejado las dos crisis sistémicas prohijadas por el TLCAN: La crisis mexicana y su efecto tequila (1994-1995) –cuyo efecto dominó abarco Latinoamérica, Rusia y el sudeste asiático en 1998- y la crisis subprime (2007-2008) y el inmediato crash en el centro del sistema, particularmente Europa que continúa postrada.

No es difícil presagiar que la siguiente crisis en el marco del TPP será un devastador tsunami como nunca se haya visto en el Pacífico contaminado por el desaforado librecambismo.

– Dr. Andrés Peñaloza Méndez (Bia´lii, Asesoría e Investigación, A.C.)

*Fuente: AlaiNet

TPP: Cinco años de silencio y ahora los Medios, después de firmado el acuerdo, “hablan”

por Níkolas Stolpkin (Chile)

El título lo dice todo. De repente nos enteramos de que se ha sellado el “mayor acuerdo comercial de la historia”, después de “intensas negociaciones”. Cinco años de negociaciones. Cinco años de silencio. Firmado el acuerdo, ahora vienen a abrir la boca.

Los Medios tuvieron cinco años para investigar sobre el TPP, abrir el debate e informar, pero se limitaron a guardar silencio al respecto. ¿Por qué ahora abren la boca? Pero lo peor de todo es que abren la boca para cumplir su función de simples “voceros”, luego de haberse “cocinado el pavo”.

¿Dónde quedó la función del periodista? Supuestamente están para informar o investigar cuando existen dudas o preguntas por resolver. Ahora resulta que nunca tuvieron interés por el TPP ¿verdad? Ninguna curiosidad. Vaya “periodistas” que tenemos.

Mientras los medios alternativos gritaban, los medios del establishment se hacían los sordos. Pero los violentos son otros; los violentos son los que cierran la calle con barricadas o los que revientan la molotov. ¿Cinco años de silencio con respecto al TPP, el “mayor acuerdo comercial de la historia”, acaso no es violencia?

Si en Chile hubo completo silencio en los Medios, sin duda lo hubo en los demás países involucrados tales como México o Perú.

Pero hacemos gárgaras con la “democracia” y nos gusta cuestionar democracias ajenas como Venezuela o Bolivia, pero obviamente a “pedido” de la potencia que ustedes acostumbran a servir: EEUU. Porque que sepamos nuestros países no tienen más intereses que los que tiene EEUU allí.

Pegan el grito, por ejemplo, que el Parlamento boliviano haya aprobado una reforma constitucional para que el actual presidente de Bolivia, Evo Morales, pueda volver a ser candidato a la presidencia, pero no dicen nada de que ese cambio lo habrá de decidir el pueblo en un referéndum constitucional aprobatorio.

¿Por qué la firma del TPP, que será aprobada por los parlamentos respectivos, no se lleva a última instancia a un referéndum para que nuestros pueblos decidan si se aprueba o no la firma del TPP, de la misma forma que el pueblo Boliviano decidirá si aprueba o no la reforma a un artículo de su constitución política? ¿Por qué nuestros pueblos no pueden tener derecho a participar de una decisión que podrá afectar directamente sus intereses? ¿Esta es la “democracia” que defiendes, una democracia en la que no exista la participación del pueblo, tan solo la participación para elegir parlamentarios o algún presidente?

Vamos “periodista”. ¿Acaso no te gusta poner sobre la mesa aquello del “debate”? Has tenido cinco años para debatir sobre el TPP, en cambio has llevado al debate las luchas de la pequeña burguesía. Que la marihuana, que el aborto, que la eutanasia, que la pastillita, que los homosexuales, que los animalitos, etc. ¿Por qué no llevaste a debate el TPP, algo que habrá de afectar a toda una nación? Pues su silencio ya los ha hecho cómplices.

@NStolpkin

Volkswagen, la punta del iceberg

por Rafael Hernández Bolívar (Rebelión)

La estafa de la empresa alemana revela también el entramado de corrupción y política que rige la vida de las grandes empresas

Las ramificaciones

Una vez hecha pública la práctica fraudulenta de la Volkswagen -programa informático que burlaba las exigencias de los organismos de control medio ambiental-, han llovido denuncias que tienden a confirmar que otras empresas automotrices aplican prácticas similares para ocupar espacios dentro del mercado automotor mediante el engaño a clientes y autoridades. Abarcan desde la obsolescencia programada de piezas hasta el volumen de combustible por kilómetro recorrido, incluyendo, por supuesto, los indicadores de los efectos contaminantes.

El fraude hecho por la Volkswagen abarca diversos sujetos e instituciones. Cuando menos tendríamos que incluir en el listado a:

En primer lugar, a los clientes que compraron un vehículo supuestamente dotado de dispositivos especiales que lo hacían altamente eficiente y con mínimos efectos contaminantes. En segundo lugar, a los organismos de control ambiental que evaluaron y dieron la certificación de los bajos índices de contaminación que arrojaban al aire estos vehículos. También a diversos países cuyos gobiernos otorgaron estímulos financieros o de exoneración fiscal a la empresa por comercializar vehículos de baja contaminación. En cuarto lugar, a los inversores que compraron acciones con la convicción de que las ganancias y el crecimiento de la empresa obedecían a los avances tecnológicos incorporados trasparentemente a los vehículos comercializados, con apego a las leyes y a las normativas del sector automovilístico. Finalmente, los habitantes de las ciudades que reciben las emisiones contaminantes y tienen un aire menos saludable para sus pulmones.

Los afectados comienzan a movilizarse en términos de denuncias, protestas, exigencias de indemnización, acciones judiciales y proposiciones de ejecutorias de control sobre la industria y sus productos. Pero esta lucha no es fácil y su victoria no está garantizada de antemano.

La letra pequeña

Hay quienes piensan, con cierta ingenuidad, que si bien es cierto que el fraude de la Volkswagen hace un retrato moral del capitalismo, también revela que la denuncia permite la rectificación, la condena a los culpables y la indemnización a las víctimas. Es decir, que la misma sociedad impone regulaciones que hacen cada día más difícil el desboque de las tendencias codiciosas e inmorales del capital y somete su actividad a la esfera del respeto a los contratos, a las normas y a las leyes.

Abundan los ejemplos que demuestran que no es así como funcionan las cosas. En una sociedad capitalista, la superestructura jurídica política está definida en función de proteger los intereses del capital. Aunque los trabajadores y, en general, la gente organizada alrededor de reivindicaciones y derechos específicos (consumidores, ecologistas, luchadores sociales, etc.) libre decididas batallas y logre incorporar leyes y normas que reflejen comportamientos más responsables en las empresas, siempre el capital se las ingenia para burlar su aplicación, negar su pertinencia, minimizar los castigos y los montos y, si no hay más remedio que pagar, posponerlo en el tiempo.

Veamos un ejemplo del mes pasado. Durante la década del sesenta se comercializó en España la talidomida, un fármaco que se usó para controlar el insomnio, las náuseas y el vómito en mujeres durante el embarazo. Este medicamento, fabricado por la empresa alemana Chemie Grünenthal, provocó malformaciones, sobre todo en brazos, antebrazos y problemas en órganos internos de niños cuyas madres lo habían ingerido durante la gestación. Por cincuenta años las víctimas sobrevivientes de España, o sus familiares, impulsaron demandas de indemnización contra la empresa alemana. Para ello presentaron pruebas en las cuales se demostraba que las malformaciones fueron provocadas por el fármaco, descartando otros agentes: otros fármacos, orígenes genéticos o factores ambientales de riesgo. Sin embargo, el pasado septiembre, el Tribunal Supremo de España, rechazó el pago de indemnización a las víctimas, argumentando que la responsabilidad civil de la empresa había prescrito. Ante tal muestra de injusticia y de cinismo, AVITE (Asociación de Víctimas de Talidomida en España) colgó en internet un video en que aparecen algunos sobrevivientes, con gran tristeza y desamparo en el rostro, aplaudiendo torpemente, con sus manos o brazos malformados, para “felicitar” a la farmacéutica por la decisión inmoral del alto tribunal. (http://bit.ly/1B2nkOR)

A dos semanas de haberse destapado el fraude Volkswagen, ya comienzan a operar los mecanismos judiciales y gubernamentales destinados a proteger a la empresa. Así, en España donde se habla de la colocación de más de seiscientos mil vehículos con motores trucados que fueron favorecidos por la política de estímulo a productos no contaminantes (mil euros por vehículo), el Ministro de Economía e Industria ha dicho que, en principio, no se recuperarán los montos entregados porque fueron otorgados para la disminución de dióxido de carbono y no para la reducción del óxido de nitrógeno que es el gas cuyas mediciones ha burlado la Volkswagen. Por otra parte, en Alemania se ha iniciado la conformación de una comisión de investigación que, una vez nombrado sus miembros y constituida en términos de status y ámbito, realizará una investigación de lo sucedido y, a la vuelta de algunos años, dos o tres dicen los optimistas, presentará unas conclusiones a partir de las cuales se discutirá sobre responsabilidades y sanciones.

Lo demás son leyendas urbanas sobre la seriedad, la responsabilidad y los principios éticos de las grandes empresas. Cuentos de camino, como decimos en Achaguas.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

*Fuente: Rebelión

 

Juez del caso Jaime Guzmán es acusado de “revanchismo” contra Enrique Villanueva

Juez del caso Jaime Guzmán es acusado de “revanchismo” contra Enrique Villanueva

El abogado Roberto Celedón y el diputado Sergio Aguiló cuestionaron al magistrado Juan Cristóbal Mera, quien aumentó la pena del ex frentista a presidio perpetuo, por actuar con “despotismo judicial” y acusándolo de ser partidario de la Dictadura de Augusto Pinochet.

Como primer punto en la tabla de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones quedó fijada la exposición del Consejo de Defensa del Estado (CDE), así como de los querellantes, respecto de la sentencia que aumentó a presidio perpetuo simple la condena para Enrique Villanueva por el crimen del ex senador Jaime Guzmán, ocurrido en abril de 1991.

Ante este nuevo escenario, el abogado Roberto Celedón acudió con un recurso de queja, afirmando que se silenció la apelación en contra de la sentencia de primera instancia, que fue dictada por el juez Juan Cristóbal Mera, a quien el propio Villanueva criticó por sus actuaciones en la judicatura, luego que elevara en cuatro grados la pena, sin argumentos razonables.

El ex frentista ha sostenido su inocencia al señalar que fue marginado de la dirección general del FPMR en agosto de 1989, es decir, dos años antes de la muerte de Guzmán.

A la salida de los alegatos, Villanueva pidió a la Justicia “reestablecer el Estado del Derecho en esta causa”. El sindicado como “Comandante Eduardo”, vocero del Frente, pifió “que la ley se aplique, que se llegue a la verdad y eso implica que se actúe en derecho”. Además, añadió que es “absolutamente inocente” y que “no hay ninguna prueba que diga lo contrario”.

El propio Villanueva aseguró que “el caso ha sido cerrado y reabierto a raíz de publicaciones de prensa, que incluyen un tendencioso reportaje de televisión” y que “buscaban encontrar nuevas responsabilidades en la muerte del senador para generar la idea de un empate político”.

Por su parte, el abogado Celedón expuso que en este caso se está utilizando tanto la Ley de Seguridad del Estado como la Ley Antiterrorista, pero sin las modificaciones realizadas en 2002. En ese sentido, afirmó que “estamos frente a un cuadro de despotismo judicial”.

“En esta causa está comprometido el Estado de Derecho en Chile, porque se ha seguido un procedimiento que está expresamente derogado y se ha aplicado un procedimiento ultra inquisitivo, realmente cavernario, donde las posibilidades del perseguido se limitan de manera extrema y se le priva de una serie de garantías procesales”, afirmó el jurista.

En ese sentido, añadió que “si se materializa la decisión del señor Mera, Chile quedará como un Estado completamente incumplidor de los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos”, Asimismo, recordó que Chile ya ha sido cuatro veces condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En la audiencia estuvo presente el diputado Sergio Aguiló, quien se reconoció amigo del ex frentista, además de querer dar una señal política ante la preocupación por el uso de las leyes en este caso. Por ello, el parlamentario se sumó a las críticas contra el juez Mera.

“Hay en la judicatura gente que fue muy partidaria de la dictadura militar de Pinochet, de la UDI y todos sus seguidores, y uno de ellos es el señor Mera, que es un pinochetista reconocido y que ha pasado por encima de todas las normas en un ánimo revanchista, donde quiere tomar venganza política contra un ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que nunca desconoció su membresía, pero que salió de allí antes de que se cometiera el crimen”, detalló.

Aguiló planteó que en democracia han ido derogando y modificando varias leyes que son consideradas “enclaves de la dictadura”, pero indicó que en el Poder Judicial “aún hay ministros que fueron abiertos y obsecuentes partidarios de la dictadura”. En esa línea, hizo un llamado a estar atentos al desarrollo de este proceso, porque “aquí hay más que la condena de un ex frentista en juego”.

Foto: Juan Cristobal Mera  - Enrique Villanueva M

*Fuente: Radio U de Chile

Nuestra lucha por la verdad

por Enrique Villanueva M. (Chile)

 

Martes seis (6) de Octubre, 09:00 AM, la Corte Suprema decidirá sobre aceptar nuestro recurso de queja, a través del cual dejamos a trasluz los vicios y los abusos de un proceso judicial que no ha respetado el debido proceso, transformándose en un juicio político, cuyo objetivo es una vulgar venganza, de la UDI, por la muerte  de su líder e ideólogo Jaime Guzmán.

En dictadura nos opusimos al golpe de estado, fuimos militares patriotas que cumplimos con nuestro juramento y con la lealtad a nuestro pueblo, por eso nos torturaron y nos obligaban a firmar papeles en blanco, inventaron enfrentamientos y hasta un plan Z para incriminarnos en hechos y en acciones en las cuales nunca participamos. Los jueces sometidos  a los designios  de la dictadura no requerían pruebas para condenarnos, bastaban sus opiniones,  presunciones y apreciaciones.

Hoy estamos en democracia pero se usan los mismos mecanismos que usaba la dictadura para perseguirnos, el juez aceptó la trama sucia preparada por la UDI, quienes a través de su abogado pactó, en Brasil, las declaraciones que ellos necesitaban para reabrir un caso judicial investigado, resuelto y prescrito. Acordaron con un ex militante del FPMR, a cambio de mejoras en su situación carcelaria, que este me involucrara en un crimen que no cometí y del cual soy inocente, acogiéndose a los beneficios de una delación compensada.

Estamos en democracia, pero el juez valida la palabra y el testimonio mentiroso  de un ex torturador en mi contra, un personaje procesado por el asesinato de militantes de izquierda. Un criminal miembro  del Comando Conjunto, uno  de los equipos mas crueles que operaron en dictadura.

El próximo día martes mi abogado, quien ha luchado durante cinco años en contra de poderes facticos que desvirtúan y denigran la democracia, hará el alegato en la Corte Suprema para demostrar la verdad y mi inocencia. Durante todos estos años he sido testigo de sus desvelos prolongados, convencido de que la justicia es un derecho humano y que se basa en la idea del bien, a esa instancia llevara sus planteamientos valientes, opuestos a la justicia que intenta ser guiada por actitudes serviles  y mas cercanos a los poderosos.

Este proceso judicial está desvirtuado por intereses políticos nefastos y es un proceso en contra de la democracia.

Este juicio es una insulto para todos quienes luchamos en contra de la dictadura y por la libertad en nuestro país.

Este proceso es una ofensa para el recuerdo de todos aquellos héroes y heroínas quienes entregaron sus vidas durante toda la lucha  antidictatorial.

Enrique Villanueva M.
Ex dirigente Rodriguista

 

NO SEREMOS COMPLICES DE UNA DECISION JUDICIAL MOTIVADA POR LA VENGANZA POLITICA

http://g80.cl/noticias/noticiacompleta.php?varbajada=21216

 

http://piensachile.com/2015/09/nicaragua-en-chile-se-aplican-leyes-ya-derogadas-para-condenar-a-cadena-perpetua-a-enrique-villanueva-molina/

 

https://www.facebook.com/enrique.villanuevamolina/posts/900210126683482?notif_t=like

 

http://piensachile.com/2014/08/nosotros-le-creemos-enrique-villanueva/

Denuncian que Chile ya ha suscrito en secreto el Tratado Transpacífico (TPP)

Denuncian que Chile ya ha suscrito en secreto el Tratado Transpacífico (TPP)

  Escrito por El Clarín de Chile

 

El gobierno de Chile ha suscrito junto a otros países del Pacífico bajo la hegemonía de EEUU y de las grandes corporaciones transnacionales el Tratado Transpacifico (TPP), el cual lo habría hecho en secreto y a espaldas de la ciudadanía. Para la Plataforma Chile Mejor sin TPP, la opción es “rechazarlo por completo y no entrar en discusión por partes pues eso es engañoso y lo que busca es legitimar un Tratado que fue negociado en absoluto secretísimo con cláusulas de confidencialidad”.

 

 

Según explicó Esteban Silva, miembro de la Plataforma, este tratado se ha hecho con la participación de lobbistas y representantes de grandes empresas, las cuales se verán beneficiadas por este Tratado “en desmedro de las y los trabajadores de nuestros países, de las PYMES y de lo poco que va quedando de industrias y producciones nacionales”..

 

Este Tratado busca desregular aun más el comercio y lo establecido en el marco de la OMC en beneficio de las Transnacionales y asegurar el control de derechos de propiedad y patentes de las grandes corporaciones. Particularmente grave será esto en materia de medicamentos genéricos e insumos biológicos así como en el ámbito de la informática y de las nuevas tecnologías.

 

En el ámbito geopolítico beneficia a las economías de EEUU y a Japón en su expansión y acumulación en el Asia Pacífico en detrimento de la China Popular.

 

En el ámbito Latinoamericano el Tratado es una extensión de la lógica de los Tratados de Libre Comercio con todos sus impactos negativos para nuestras débiles soberanías económicas y los derechos de las y los trabajadores. Fortalece la estrategia de la Alianza Pacífico de los países con posturas más conservadoras y pro Imperiales como Chile, Colombia, Perú y México en desmedro y en alternativa a los procesos de integración económica y política de América Latina y el Caribe que se avanzan en el ALBA,CARICOM,MERCOSUR,UNASUR y la CELAC.

Hacia un nuevo ciclo de luchas

Hacia un nuevo ciclo de luchas

La estrepitosa caída en los precios de las materias primas cierra un ciclo económico, pero también político. La ilusión de que se tratara de un declive momentáneo va cediendo ante la convicción de que los bajos precios pueden arrastrarse durante un buen tiempo, hasta 20 años según especialistas citados por Bloomberg (http://goo.gl/fAFktC).

 

 

Las razones de tal declive son discutibles. Hay quienes atribuyen la caída del precio del petróleo a una maniobra de Estados Unidos para afectar a Rusia, Venezuela e Irán, mientras otros sostienen que es impulsada por la monarquía saudita para inviabilizar la extracción por fracking en aquel país, que amenaza desplazarla como primer productor global. La menor demanda de China es la explicación más plausible sobre la caída de otras mercancías, sin descartar la impronta de la especulación financiera con todas las commodities.

Lo cierto es que el índice del precio de las commodities elaborado por Bloomberg, que incluye oro, petróleo y soya, ha caído a la mitad desde su máximo histórico del primer semestre de 2011. La multinacional Glencore-Xstrata, que controla la mayor parte de la producción de minerales y de granos en el mundo, registra pérdidas en la bolsa de Londres superiores a 30 por ciento en las últimas semanas, totalizando una caída de 74 por ciento en lo que va de este año (http://goo.gl/HTi1Wu). Otras multinacionales del sector enfrentan situaciones similares.

En América Latina este cambio de ciclo anticipa graves problemas y algunas oportunidades. Todos los países enfrentan dificultades fiscales y comerciales que los llevan a reducir los presupuestos del Estado y el gasto público. En algunos países, como Ecuador, se contempla una reducción de 5 por ciento del gasto, y el presupuesto del próximo año se calculará con una base de 40 dólares en el precio del petróleo.

Como señala el economista ecuatoriano Carlos Larrea en reciente entrevista, todo esto está bien, pero el problema es que es insuficiente. Esto sería una muy buena estrategia si es que tenemos una recuperación de los precios del petróleo pronto, pero si eso no se da, como es bastante probable, entonces esta estrategia no funciona (http://goo.gl/LFzxYV).

El nuevo ciclo económico ya está afectando las políticas sociales que fueron posibles gracias a los superávit por los altos precios de las exportaciones. En varios países, como el propio Ecuador, ya hubo reducción de funcionarios estatales. En Brasil se aplica un ajuste fiscal que, en opinión del economista Eduardo Fagnani en la revista IHUOnline de septiembre, está provocando una grave regresión social (http://goo.gl/D9D4oq).

En opinión de muchos economistas la mejor política social es el empleo. En Brasil el salario mínimo creció 70 por ciento por encima de la inflación en la última década y el desempleo llegó a mínimos de 4.8 por ciento en diciembre de 2014. Pero hoy ya se sitúa en 7.5 por ciento (8.6 millones de desocupados) y se estima que finalizará el año en 9 o 10 por ciento. En los demás países comienzan a erosionarse los índices sociales, aún de forma lenta, con aumentos en los niveles de desocupación y pobreza.

Estos son, muy someramente, algunos de los problemas derivados del cambio en el ciclo económico que se agudizarán si, como todo indica, la Reserva Federal de Estados Unidos eleva las tasas de interés en los próximos meses. Estamos ante una crisis que puede tomar dos direcciones: ajustes fiscales o cuestionamiento del modelo extractivo.

En el primer caso, los gobiernos sufrirán una fuerte erosión de sus bases de apoyo, ya que buena parte de los sectores populares que los llevaron al gobierno comenzarán a desertar. Unos pueden intentar retomar la movilización para presionar por sus demandas, pero otros pueden apostar por partidos conservadores y de derecha. Algo así parece estar sucediendo en Brasil, donde el ajuste que impone el gobierno de Dilma Rousseff ha provocado un agudo descenso de su popularidad, que cayó hasta 7 por ciento del electorado.

Una situación semejante no puede saldarse, en el mediano plazo, sino con un triunfo electoral de las derechas, que también pueden conseguir el desplazamiento de la presidenta por la vía parlamentaria.

Estamos ante una oportunidad para salir del modelo actual, o sea un crecimiento basado en la exportación de commodities. Para ello es imprescindible romper con la política de inclusión a través del consumo, para encarar reformas estructurales que hasta ahora no se han realizado o han sido demasiado tímidas: reformas tributaria, agraria, urbana, de la salud y del sistema político, esta última pendiente aún en Brasil.

Pero la salida del modelo extractivo presenta, en esta coyuntura, dos grandes desafíos.

El primero es que el escenario mundial camina en una dirección opuesta. Por un lado, las clases dominantes parecen estar empujando a las sociedades de retorno hacia el siglo XIX, a través de la desmodernización y la desdemocratización, como apunta Aníbal Quijano, de la mano del capital financiero que está promoviendo una fuerte reconcentración del poder global. Por otro, las potencias emergentes como China apuestan al mismo modelo extractivo que el imperio.

El segundo desafío se desprende del primero: no hay salida del modelo sin crisis política. Salir del modelo supone derrotar al capital financiero que lo sostiene y a las élites locales que lo implementan. Será un conjunto de duras batallas, como lo demuestra el caso de Perú, donde se produjo estos días una nueva masacre contra comunidades que resisten la minería, en la región andina de Apurímac.

Los sujetos de la derrota del extractivismo serán los pueblos y comunidades organizados en movimientos. Los gobiernos y los partidos están más preocupados por mantener sus privilegios que por encarar la batalla contra el modelo. Los hechos dicen que el nuevo ciclo de luchas que derribará el modelo está siendo protagonizado por los campesinos y las comunidades indígenas, seguidos por los pobres de las periferias urbanas, los jóvenes y las mujeres de los sectores populares.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/10/02/opinion/020a2pol