Chile: Un pacto laboral para los patrones y el río Mapocho para los pobres

por Andrés Figueroa Cornejo (Chile)

1. 
500 deudores habitacionales de Santiago se tomaron un sitio eriazo ubicado en San Martín con General Mackenna. Rápidamente fueron desalojados por las fuerzas especiales de carabineros. Minutos más tarde los mismos pobladores acamparon en la orilla del río   Mapocho, varios metros bajo la superficie de las avenidas. Allí están desde el jueves 7 de mayo. Se trata de pobres que pagan a duras penas sus modestas habitaciones y que, al no verse beneficiados por ninguna ley de la vivienda, corren el riesgo de que sus casas sean rematadas inexorablemente. Entonces han decidido quedarse de manera indefinida al borde de  la arteria fluvial más importante de la capital chilena. Están fuertemente cercados por una cadena impenetrable de carabineros y carros blindados. Para que no se vean. La cartografía diseñada militar y económica y socialmente por el poder organiza la ciudad de tal modo que la miseria se amontona en los márgenes urbanos, donde apenas llegan recorridos de autobuses; donde los inversionistas, los turistas y los ricos no puedan verla. Ahora que los deudores muerden el frío a los pies del río sucio que cruza Santiago, hay que ocultarlos con policías, prohibir  que los transeúntes sepan que están allí. Son pobres que necesitan de todo. Que ilustran con su vida las malogradas políticas de vivienda del gobierno. Pero que les sobra decisión.

2. 
Acorde con la estrategia ilusoria del pacto social tramada desde arriba, pero que sólo beneficia al capital y sus expresiones, el Gobierno concertacionista estableció un “acuerdo laboral” con la comparecencia del Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Martínez, y el Presidente de la patronal Confederación de la Producción y el Comercio, Rafael Guilisasti. El denominado Plan Laboral intenta abordar el desempleo galopante (más de un millón de cesantes de poco más de 6 millones de trabajadores que existen en Chile),  y se concentra en un paquete de medidas que afectará a 125 mil trabajadores (poco más de un 1,5 % de toda la fuerza laboral) durante un año. El Estado, consecuente con su política de subsidio y colaboración con los que mandan,  premiará a los empresarios que retengan trabajadores, mediante incentivos tributarios que descontará de su pago provisional mensual 2, 5 veces de aquello que destine a capacitar a sus empleados con rentas brutas mensuales menores de  670 dólares. Como alternativa al despido, teóricamente, el trabajador y su empleador podrán acordar un permiso de hasta 5 meses durante los cuales el trabajador no presta servicios, asiste a capacitación y recibe prestaciones monetarias garantizadas equivalentes al 50% de las rentas de los últimos 6 meses, con tope de 330 dólares. Los demás puntos son de menor impacto todavía. En general, en el mejor de los casos, el Plan Laboral, retiene un porcentaje minoritario del empleo, pero en ninguna circunstancia produce nuevas plazas de trabajo. Y en el peor de los casos, naturaliza y legitima a través de precarios y limitadísimos  procedimientos “protectores”, la propia cesantía. El Presidente de la CUT, Arturo Martínez, valoró el resultado del Plan y afirmó que “me pareció correcto concurrir a este acuerdo porque el sector empresarial, por primera vez, hará un esfuerzo económico.” Martínez y el gobierno, una vez más, postergaron indefinidamente los problemas reales de los trabajadores chilenos en materia de salarios, subcontrato, flexibilidad laboral, sindicalización, negociación colectiva y un sinnúmero de aspectos que conforman un escenario paradisíaco para la intensificación de la explotación y la desregulación dramática del mundo del trabajo. Además de la acotadísima y superficial batería de medidas pactadas entre el capital y gobierno (o fracción del bloque en el poder que ha blindado con recursos públicos a los dueños de la  industria bancaria, salmonera, minera y de la construcción, entre otras), el Plan Laboral no hace más que consagrar el actual patrón de acumulación de riqueza dominante, maquillando pobremente los efectos de la crisis capitalista en Chile.

3. 
El presidente de de la empresa de investigación de mercados Adimark, Roberto Méndez, aseguró que “Hay bastante consenso y evidencia de que el invierno va a ser muy duro en términos de empleo, demanda interna, clientes que dejan de pagar sus deudas, efectos sociales e incluso políticos”. También en materia de empleo, el presidente del gremio patronal asociado a la construcción, Lorenzo Constanz, afirmó que en los próximos meses la cesantía en el sector podría llegar a un 20 %. Asimismo, las exportaciones industriales durante el primer trimestre de 2009 cayeron en un 21 % en relación al mismo período del año pasado. A nivel internacional y para empeorar las ventas del cobre, China anunció recientemente que sus exportaciones en mayo se derrumbaron en un 22,6 % respecto del mismo mes del año anterior. China es el principal comprador de cobre y productos asociados del país; y el cobre es el principal recurso natural de exportación de Chile. Naturalmente, si cae la exportación China (por sexto mes consecutivo), también se desploma la demanda del metal rojo, uno de los soportes sustantivos que sostienen el erario nacional. El transitorio y menudo repunte del precio del recurso cuprífero se debe a iniciativas chinas tendientes a acumular materias primas urgentemente, pero con fecha de vencimiento. Pese a todo, los trabajadores de la mina de cobre Lomas Bayas Chile, llevan más de una semana de huelga por el mejoramiento de sus condiciones laborales y salariales.

4.
A las políticas corporativas de la banca que opera en Chile –y que en utilidades, lidera el holding español Santander- en materia de limitaciones a la venta de crédito, se agregó la industria del “plástico” para   consumo en las grandes tiendas comerciales debido al aumento sostenido de la morosidad entre los clientes, y la caída de la solicitud de crédito para mercancías de línea blanca (electrodomésticos y electrónica). De esta manera, los gigantes minoristas Rypley y Falabella aumentaron las provisiones sobre las colocaciones, la primera de 7,9 % en el primer trimestre de 2006, a 16,4 % en similar período de 2009; y la segunda, de 3,8 % en el primer trimestre de 2006, a 6 % entre enero y marzo del presente año. Asimismo, las tiendas reforzaron su planta de cobradores. En este plano, las empresas externas más grandes de cobranza, en los últimos 6 meses, han aumentado de 4 a 10. El negocio del cobro crediticio se amplía, crece y se vuelve altamente competitivo. Los salarios de sus trabajadores promedian los 440 dólares mensuales (el arancel de un colegio particular por estudiante básico o medio, es de alrededor de 350 dólares).

5. 
De los candidatos presidenciales más publicitados por los medios del poder para las elecciones de fines de año, están el ultraliberal y multimillonario Sebastián Piñera de la Alianza por Chile (que viene del tronco demócratacristiano y ahora es el accionista principal del Partido Renovación Nacional); el DC Eduardo Frei Ruiz Tagle por el oficialismo; Adolfo Zaldívar del PRI (escisión derechista de la DC); el ex socialista Alejandro Navarro; el ex socialista, ex alto funcionario de la Concertación y candidato de la izquierda tradicional, Jorge Arrate, y ahora, el socialista Marco Enríquez-Ominami (que de prosperar su candidatura debe renunciar a la tienda conducida por Camilo Escalona). Todos están esperando los próximos resultados de las encuestas Cerc y Cep, que tienen buena prensa y metodologías que limitan la incertidumbre de los personajes en carrera con mayor rigor que las consultas telefónicas. Lo nuevo del cuadro, dentro de lo extraordinariamente viejo, repetido, monocorde y funcional al actual orden de cosas de las distintas cartas electorales, está la incorporación esperable del ex ministro del Presidente Salvador Allende, el millonario empresario Fernando Flores a la candidatura de Piñera, y la irrupción bien programada mediáticamente de Enríquez Ominami, el cual cuenta con alrededor de un 10 % de adhesión, según encuestas discutibles, y un arco policromo que va desde grandes empresarios hasta el ex secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que secundo a Miguel Enríquez luego de su caída en combate en 1974, Andrés Pascal. Apelando atropelladamente a la certidumbre de un cambio cultural que ya habría llegado a Chile y que ningún candidato existente es capaz de interpretar, Marco Enríquez-Ominami, el postulante más joven, cuenta con un libreto ligado a la pluralidad en los medios de comunicación, la tolerancia sexual, toques mediombientalistas, el valor de la cultura (sin muchas precisiones al respecto más que la dimensión prioritaria en su agenda) y un Estado más redistributivo que subsidiario. Es, sin duda, dentro de los candidatos del bloque en el poder, el  más liberal, novedoso y televisivo. Con su candidatura daña inmediatamente a Frei, Navarro y Arrate. Ya ha recibido las reprimendas de la Presidenta Bachelet y, por supuesto, de la dirección del PS. En general, el fenómeno  estratégicamente unidimensional del conjunto de candidatos, expresa por un lado la descomposición de la Concertación y, por otro, su reorganización tras la necesidad histórica de su aparente ampliación y renovación hacia sectores sociales y sensibilidades que existían embrionariamente en 1990, pero que hoy se manifiestan como redes de opinión más sólidas. La insatisfacción social ante la mala vida de las grandes mayorías, sin contar todavía con un instrumento político amplio y consolidado que constituya una genuina alternativa multidimensional que logre constelar los intereses de las clases subalternas, permite holgadamente la disputa inofensiva para el capital de un ruedo de candidatos emparentados con la Concertación que, lo más seguro, durante la segunda vuelta de la elección presidencial, ofrezca su voto a Frei Ruiz Tagle, a cambio de prebendas, concesiones programáticas y cargos.

6. 
La izquierda anticapitalista, en tanto, concentra y distribuye sus esfuerzos a través de la reciente formación del Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores, conglomerado federativo de activos sociales y políticos de sello horizontal, ejecutivo provisorio, y principios y plataforma de lucha y convicción de mayorías. Su horizonte de sentido es radical: la pelea dura por reconstruir la hegemonía de los intereses de los trabajadores y el pueblo para la conquista de una sociedad sin clases. Si bien, recién apunta el proceso complejo de dotarse de una arquitectura orgánica nutrida por las franjas sociales cuyas demandas y luchas contradicen antagónicamente los intereses del capital, sus manifestaciones en todos los niveles e instituciones, apura el tranco en un ejercicio nuevo y lleno de esperanzas para quienes buscan cambiar la vida, destruir las relaciones de poder dominantes, socializar los medios de reproducción de subsistencia desde la fundación de un proyecto ampliado y de largo plazo, que deshaga las desigualdades ominosas del Chile del siglo XXI, que retorne el protagonismo político a la mayoría expoliada, y dinamice desde abajo el movimiento real de las fuerzas sociales destacadas  para imponer las grandes transformaciones a escala nacional, regional e internacional que requiere una sociedad de conducción colectiva y para felicidad de la totalidad. El desafío tiene estatura de gigantes. Sin embargo “una gota, con ser poco, junto a otra se hace aguacero”.  Nuevamente, cautelar y acerar la unidad dentro de las menudas diferencias de los diversos empeños involucrados y por integrarse al MPT están a la orden del día. Con la puntería fija contra el capitalismo y la construcción incesante de iniciativas porosas, mestizas, inclusivas y populares; con creatividad, inventando lo que todavía no existe, fortaleciendo y dando proyecciones de aliento largo a las fuerzas de todo tonelaje realmente existentes; y caminando aceleradamente hacia la unidad política del empeño reunido, entonces, el futuro por fin se funde con la táctica convenida.   
Mayo 13 de 2009

Chile: El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pide la reforma del sistema electora

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó a Chile reformar el sistema electoral, que tiene un carácter binominal y favorece sólo a las dos mayores coaliciones políticas del país.

La recomendación de ese órgano de la ONU con sede en Ginebra, Suiza, se produjo tras el Examen Periódico Universal del país sudamericano, una evaluación sobre derechos humanos a la que deben someterse todos los Estados miembros.

A Chile se le hicieron otros señalamientos, como la necesidad de avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres; defender el derecho reproductivo de las mujeres, que no pueden abortar bajo ninguna circunstancia, incluidos la violación y el incesto; evitar que los indígenas sean víctimas inocentes de la aplicación de la ley antiterrorista.

También le indicaron reforzar la institucionalidad del sistema judicial para que garantice plenamente los derechos humanos; eliminar la jurisdicción militar sobre civiles en casos civiles; continuar con los juicios contra aquellos que cometieron violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1990) y reparar a las víctimas.

Se destaca que es la primera vez que las Naciones Unidas expresan su preocupación por el sistema electoral chileno, cuya modificación han venido pidiendo desde hace años los sectores de izquierda del país.

Dicho sistema electoral fue heredado de la dictadura militar y se encuentra contenido en la Ley Orgánica Constitucional N° 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios, que consta en la Constitución de 1980.

No sólo es criticado por su origen no democrático, sino también en cuanto a sus consecuencias prácticas, puesto que excluye de la competencia a sectores políticos que no representan a las dos grandes coaliciones de partidos: la gobernante Concertación de Partidos por la Democracia y la opositora derechista Alianza por Chile.

En las elecciones parlamentarias, que ahora se realizan cada cuatro años, se eligen 2 diputados por cada uno de los 60 distritos y 2 senadores por cada una de las circunscripciones. En el caso del senado, se elige una parte.

El carácter binominal y mayoritario del sistema estipula que se proclamará elegidos Senadores o Diputados a los candidatos de una misma lista, cuando ésta alcanzare el mayor número de sufragios y tuviere un total que excediere el doble de los que alcanzare la lista o nómina que le siguiere en número de sufragios.

Si ninguna lista obtuviere los dos cargos, el tribunal electoral elegirá un cargo para cada una de las listas o nóminas que obtengan las dos más altas mayorías de votos totales de la lista, debiendo proclamar elegidos Senadores o Diputados a aquellos candidatos que, dentro de cada lista o nómina, hubieren obtenido las más altas mayorías.

En términos prácticos, significa que el carácter binominal y mayoritario del sistema chileno presenta claras garantías a que exista una representación política equivalente entre la primera y la segunda mayoría, las que corresponden a las dos grandes coaliciones de partidos chilenos desde el retorno a la democracia en 1990.

En consecuencia, la binominalidad garantiza la elección de un candidato de cada coalición política, ya que sólo en situaciones excepcionales los 2 candidatos de una misma lista logran doblar en votación a los 2 candidatos de la otra.

De esta forma, cada época de elecciones ha venido a radicalizar las tensiones partidarias y a poner en cuestión el propio sistema de elecciones.

Por eso, la calidad de la democracia chilena se ha reducido al dejar fuera de la carrera política a los partidos más pequeños, como el Comunista, Humanista, Izquierda Cristiana, los cuales forman el pacto izquierdista Juntos Podemos, que ha obtenido de manera sostenida el apoyo total de alrededor de un 7% del electorado.

En la normativa actual, estos partidos no tienen ninguna posibilidad de estar representados en igual proporción en el parlamento y genera que los partidos de derecha estén sobre representados.

Actualmente, la oficialista Concertación y Juntos Podemos negocian un acuerdo electoral para presentar de manera conjunta candidatos a diputados en algunos distritos donde se podría doblar la elección, con el fin de que los partidos de izquierda puedan integrar el parlamento y arrebatarle cupos a la derecha.

El mecanismo electoral chileno amenaza el principio de representatividad que orienta políticamente a las sociedades democráticas, al no dar posibilidades de que todos los sectores políticos y partidos del país estén en el congreso, favoreciendo sólo a las dos mayores fuerzas políticas.

La coalición oficialista ha intentado modificar el sistema binominal, pero como para ello debe hacer una reforma constitucional, sus votos no han sido suficientes ni en la Cámara de Diputados ni el congreso.

Barrick compra gobiernos que abren paso a la explotación de Pascua Lama

por Coordinadora Contra Pascua Lama-Santiago

Denunciamos la injerencia de la transnacional minera Barrick Gold en las decisiones internas de las repúblicas de Chile y Argentina, luego de que los altos ejecutivos de la minera canadiense sostuvieran dos reuniones de primer nivel para presionar a las mandatarias de ambas naciones, con el único objetivo de destrabar el resistido proyecto binacional Pascua Lama.

Esto se enmarca en las presiones que los ejecutivos de la minera tenían para dar explicaciones en la junta anual de accionistas que Barrick realiza en Toronto, Canadá, y que hace nueve años, ha tenido que explicar los motivos del retraso de la construcción del proyecto estrella de la transnacional. Esto porque hace casi diez años que se aprobó ambientalmente Pascua Lama, y aún no se puede extraer una onza de oro. Algo no anda bien en la frontera chilena-argentina para la gigante del oro.

Como se difundió por los medios de comunicación, la reunión entre Bachelet y Barrick se realizó en el Palacio de La Moneda a puertas cerradas y sin dar declaraciones a la prensa el sábado 25 de abril a las 18 hrs. La Presidenta recibió al Director Ejecutivo de la transnacional canadiense, Aaron Regent, al Director Adjunto de la compañía, José Antonio Urrutia, acompañados por el Ministro de Minería chileno, Santiago González.

Lo mismo sucedió el 15 de abril, en la vecina República de Argentina, en que el propio fundador y actual presidente de Barrick, Peter Munk, sostuvo una reunión también a puertas cerradas y sin declaraciones a la prensa con la Presidenta Cristina Fernández en la Casa Rosada, acompañado por uno de los acérrimos defensores de Barrick, el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, junto a Aaron Regent.

Munk había dejado la empresa el año pasado, pero según la prensa especializada, no dejará Barrick hasta que anuncie el inicio de construcción de Pascua Lama, que es el proyecto estrella de la transnacional y que actualmente parece más bien el karma de la compañía. Es por eso que Munk planea hacer el anuncio de construcción tan esperado del proyecto binacional por estos días. 
Por novena vez tuvo que explicar en la junta anual de accionistas el 29 de abril recién pasado, que los gobiernos de Chile y Argentina habían dado un paso más en el acuerdo tributario, pero que estaban a la espera del acuerdo final para poder anunciar la explotación del proyecto que pone en peligro la vida del valle del Huasco en Atacama. Algo vago para que las acciones no bajen tanto, pero que mantenga la expectativa de obtener réditos económicos a futuro.

Es impresentable una visita de estas características, a puerta cerrada y sin declaraciones, cuando se difunde sobre la nueva ley de transparencia del Estado, tildamos de escandaloso que los altos ejecutivos de Barrick Gold hayan tenido la posibilidad de reunirse con la Presidenta de la República de Chile, cuando las organizaciones opositoras al proyecto minero tras casi diez años de lucha, solo han recibido a la Ministra de Medioambiente, Ana Lya Uriarte, quien no tuvo la valentía de revisar los documentos de gobierno y de la misma empresa que dan cuenta de la disminución de los glaciares milenarios producto de la intervención de la transnacional en la zona. Lo mismo sucedió con la negativa de los diputados a votar una comisión investigadora por el caso Pascua Lama, quienes simplemente se retiraban para no votar y volvían para aprobar otras mociones del día. Cinco veces sucedió en el propio Congreso Nacional de Chile. Tampoco la Presidenta ha tenido la voluntad de recibir a la comunidad del valle del Huasco en la casa de gobierno, tal como merece en un “gobierno ciudadano”.

La única participación que constatamos en esta reunión, es una acción ilegítima de una empresa privada con el Estado de Chile, y por ende, con todos los ciudadanos. Tal vez nuestra Presidenta de Chile, piense que el Director de Barrick Gold es un “minero de Chile”, tal como dice la publicidad del Consejo Minero para hacer creer a la población que estas transnacionales son efectivamente chilenas. Sin embargo, la única empresa que aporta verdaderamente a Chile en ese gremio es Codelco, las otras, casi no pagan impuestos, y dejan contaminación, muerte, prostitución y alcoholismo por donde pasan. ¿Eso es Minería Responsable?

El presidente de Barrick, Peter Munk, sacó de la cárcel a un traficante de armas, su ex socio Adnan Kasshoggi. Hoy, Munk es cuestionado mundialmente por dirigir a una empresa que ha atropellado los derechos humanos en donde se ha instalado. Así lo hizo hace poco Noruega, que tras un duro informe, marginó a Barrick Gold de los fondos de pensiones por los cuestionamientos éticos y humanos que suponía tener de accionista a una empresa que en Papúa Nueva Guinea ha estado contaminando un río con metales pesados, sin evaluación de la calidad del agua, y por ende, que ha estado dejando a la población susceptible de sufrir graves enfermedades. ¿Mientras tanto en Chile se le recibe en el Palacio Presidencial?

Es impresentable que Bachelet no reciba a la comunidad que resiste contra esta política entreguista de nuestro subsuelo nacional. La Presidenta podría haber preguntado por los 15 trabajadores muertos en las faenas de Pascua Lama que han ocurrido desde el año 1994 en Chile, asimismo pudo haber solicitado información de las condiciones en que fueron despedidos los más de 180 trabajadores del valle del Huasco que ilusionados por un mejor porvenir fueron presionados a renunciar “voluntariamente” una vez que la Conama aprobó el proyecto minero. También pudo preguntarle por qué el único paso fronterizo que tiene carácter de “restringido” en Chile se llama Pascua Lama y casualmente está en la zona del proyecto minero.

Denunciamos finalmente, que no es casualidad que Munk haya pasado por Chile y Argentina para intentar destrabar Pascua Lama, en momentos en que Sebastián Bowen, asumía como Coordinador General del comando del candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei (DC). Ya que mientras Frei fue Presidente de Chile firmó, junto al trasandino Carlos Menem el Tratado de Integración y Cooperación minera entre Chile y Argentina en 1997, instrumento jurídico que permite proyectos mineros en la frontera, tal como el emprendimiento Pascua Lama. Pero también, porque el año pasado Bowen apareció el 2 de noviembre junto a los ejecutivos de Barrick celebrando el acuerdo que llamaron “Compromiso Atacama”, y que ha sido nefasto para la comunidad del valle del Huasco. 
No podemos dejar de mencionar, que Frei también tiene en su Comité Político a Belisario Velasco, padre de las fundadoras de Extend Comunicaciones, empresa que asesora estratégicamente a Barrick en Chile.

¿Será acaso posible pensar que en esta reunión se habrían comprometido dineros para la campaña presidencial de su coalición a cambio de la explotación del proyecto minero más resistido del último tiempo llamado Pascua Lama? 
Jueves, 30 de Abril de 2009

Coordinadora Contra Pascua Lama-Santiago
Programa radial Semillas de Agua 

Comentarios (2)

Escrito por Ricardo Romero , el 07-05-2009 11:11  Lo único que pueden hacer es nacionalizar todo la minería de grande escala en Chile. Estos vendidos de la concertación (salón socialista y cristianos) son peor que la derecha, (la derecha dice abiertamente que quieren hacer) porque la Concertación miente descaradamente al pueblo. Solo candidatos presidenciales como Alejandro Navarro o Pamela Jiles serán una verdadera alternativa contra estos vende patrias de la Concertación y de la derecha. El culpable de todo son los canales de televisión abiertas en Chile, que tiran arena en los ojos de todo Chilenos, para no verán la chanchería que hacen. Yo viendo el canal TeleSUR http://www.telesurtv.net/

Escrito por fernando, el 07-05-2009 08:59  ¡Ya no se sabe qué hacer!  Los últimos valuartes de la honradez y la democracia estaban vendidos todos.  Y uno es el ingenuo que cree en hacer algo profesional, serio y útil cuando todo es un esfuerzo inútil.  Por favor ¡extraterrestres sálvennos!

DDHH: Piden a Chile "señal" fuerte contra tortura

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió hoy a Chile una "señal fuerte" contra la tortura, denunció la creciente tendencia de "rebajar de manera excesiva" las penas a los acusados de crímenes de lesa humanidad y cuestionó casos actuales que se atribuyen a policías y en cárceles.

 La FIDH y su organización miembro en Chile, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), instó al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas a recomendar a Chile a que reforme su Constitución.

En Chile persiste una "institucionalidad política y social, heredada del régimen de Pinochet", que perpetró las más graves violaciones a los derechos humanos de la historia reciente del país, recordaron.

Con esta solicitud se pretende que la Carta Magna chilena establezca "un sistema electoral más democrático" e incorpore los derechos humanos "en su plena dimensión", incluido el derecho a no ser víctima de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Ambas organizaciones destacaron en un comunicado que la definición legal de la tortura en la legislación nacional chilena sigue sin ajustarse a la Convención de las Naciones Unidas.

La competencia de los tribunales militares para juzgar casos de violencia policial, así como la no abrogación del Decreto-Ley de Amnistía 1978 y del principio de obediencia del Código Militar, todavía vigentes, son otras de las "preocupaciones" de este órgano.

Además, la labor incompleta de las comisiones de la verdad, que dejaron fuera a miles de víctimas y la aplicación de la legislación antiterrorista en contra de la población indígena mapuche, son elementos sobre los que las dos organizaciones pretenden que se siga trabajando.

La FIDH lamentó los malos tratos, en algunos casos constitutivos de tortura, que se cometen en la actualidad por parte de las fuerzas de seguridad policial y gendarmería del Estado, en la mayoría de las veces contra grupos vulnerables.

En Chile persiste una "institucionalidad política y social, heredada del régimen de Pinochet", que perpetró las más graves violaciones a los derechos humanos de la historia reciente del país, recordaron.

Además, señalaron que algunos tratados internacionales de "suma importancia" todavía no han sido ratificados por Chile, como la Convención Americana Sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención de 1968 sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y contra la humanidad y el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

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Asamblea Nacional por los Derechos Humanos

Carabineros de Chile 33 Of. 3

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Floja respuesta del Estado chileno a preguntas contra la tortura ONU

Floja respuesta del estado chileno a preguntas del Comité contra la Tortura ONU / Hoy concluyó examen y para mañana pidió precisiones por escrito.

Se adjunta Informe de Chile al Comité (marzo 2009); Informe sombra de la sociedad civil (abril 2009); Informe CODEPU / FIDH, de nómina delegación gubernamental chilena y fotografía.  
Todos los informes, noticias e informacion complementaria www.observatorio.cl
 
Reiteró consultas al gobierno sobre violencia policial y definición de Tortura:
Floja respuesta del estado chileno a preguntas del Comité contra la Tortura de la ONU
 
Tras escuchar ayer por la tarde la exposición del Informe de Chile, en voz del Jefe de la delegación gubernamental, Sub secretario de Justicia Jorge Frei, el Comité formuló una serie de preguntas al gobierno que fueron respondidas ampliamente por la delegación del gobierno en la sesión de hoy.  Pero el Comité no quedo totalmente satisfecho y reiteró nuevas preguntas sobre la definición y sanción de la tortura en la legislación chilena, la parcialidad de las investigaciones sobre la violencia policial y la competencia de los tribunales militares, así como las bajas penas para violadores de derechos humanos.  El Comité otorgó el día de mañana para que tanto el estado como los representantes de la sociedad presentes civil precisen antecedentes y respondan por escrito estas inquietudes.
 
Por Paulina Acevedo M., Observatorio Ciudadano, 05 de mayo de 2009-05-05
    
Hoy finalizó formalmente el examen al Quinto Informe Periódico de Chile en relación a la aplicación de la Convención contra la Tortura, y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, con la intervención de cada uno de los integrantes de la delegación gubernamental chilena que tuvo como misión presentarlo en Ginebra.  Sin embargo, al Comité le subsisten dudas sobre algunas realidades, en particular, sobre el aumento de situaciones de violencia ejercida por las policías del estado en contra de civiles y la imparcialidad para juzgar esta violencia; la competencia de los tribunales militares, la definición y sanción de la tortura en la legislación chilena, y la sanción a violadores de derechos humanos.
 
Es por ello que el Comité formuló nuevas preguntas al gobierno, dándole de plazo al día de mañana para responderlas por escrito.  Los representantes de la sociedad civil chilena que se encuentran presentes en las sesiones, José Aylwin (Observatorio Ciudadano) y José Araya (CODEPU / FIDH), solicitaron poder también responder a los puntos que le pide precisar al estado, lo que fue concedido por el organismo.
 
Cabe destacar que en un informe hecho llegar por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran el Observatorio Ciudadano, se informó ampliamente sobre estos temas prioritarios.  Y a continuación se entrega lo señalado en este informe sombra, frente a algunos de estas faltas a la Convención, así como la recomendación que se propone para ponerles atajo.  El informe fue confeccionado de acuerdo a los temas/consultas planteados el 15 de diciembre de 2008 en documento oficial por el Comité (informe completo en adjunto).
 
Definición de Tortura
 
1.- Según ciertas informaciones, la definición de tortura contemplada en la legislación chilena no está totalmente conforme con la definición establecida por el artículo 1 de la Convención, debido principalmente a que dicha legislación limita las potenciales víctimas de tortura a aquellas personas privadas de su libertad y el hecho de que se siga manteniendo la prescripción de 10 años para los delitos de tortura. Asimismo, por favor, aclaren si la tentativa de delito de tortura está tipificada por la legislación penal vigente.
 
En esta materia, Chile sigue sin cumplir la normativa de la Convención debido a la inadecuación legislativa. En efecto, y tal como se señaló en el Informe Alternativo que se presentó ante esta comisión en el año 2004, el artículo 150A del Código Penal, que tipifica el delito de tortura, no cumple con los estándares normativos. Los problemas detectados en la normativa vigente son los 10 siguientes:
 
- Establece restrictivamente que el delito se comete contra personas privadas de libertad y no incluye toda tentativa de cometer tortura.
- La adaptación de nuestra normativa interna cuando el sujeto activo del delito de tortura es un funcionario de la policía uniformada no se traduce en ningún efecto práctico pues, en tal hipótesis, el hecho delictual cae en el ámbito de la Justicia Militar, aplicándose lo dispuesto en el artículo 330 del Código de Justicia Militar, que tipifica y sanciona el delito de violencia innecesaria, que no se condice en absoluto con la definición de tortura recogida en la Convención.
- El delito de tortura continúa prescribiendo a los 5 años, en los casos en que es ejercida como amedrentamiento y castigo. Y se ha aumentado a 10 años en los casos de torturas infligidas para obtener confesión o información y para los que tienen resultado de muerte (véase artículos 21 y 94 del Código Penal).
- La escasa magnitud de las penas asignadas al delito de tortura. En otras palabras, no se trata de “penas adecuadas en que se tenga en cuenta su gravedad”, como exige la Convención. Como destaca el anterior informe alternativo presentado al Comité, “en Chile una condena de hasta tres años de cárcel puede traducirse en la mera obligación de firmar una vez a la semana en un determinado lugar (‘pena remitida’). Por lo que un policía que aplique severas torturas por el simple afán de amedrentamiento o de castigo y que no provoque lesiones graves a su víctima, podría ser condenado a una pena que no implique siquiera un día efectivo de cárcel. Por otro lado, establecer que un eventual policía que luego de torturas atroces deje agonizar por días a una persona detenida, no puede tener una condena mayor a 15 años de presidio (lo cual, en la medida que el condenado tenga buena conducta en el penal, puede traducirse en su libertad condicional a los siete años y medio) repugna a toda idea de justicia y entra en franca contradicción con la propia legislación interna chilena que sanciona a los homicidios más graves hasta con penas de presidio perpetuo (…)” (pp. 41-42).
 
Recomendación: Se recomienda al Estado Chileno adecuar su legislación vigente, en especial, el artículo 150A del Código Penal, a los estándares entregados por el artículo 1° de la Convención.
Además, esto debe ir de la mano con una reforma estructural de la justicia militar, que actualmente impiden que un delito de tortura tenga probabilidades de ser investigado y juzgado adecuadamente.
 
Violencia policial y de gendarmería
 
14. Según ciertas informaciones, se han realizado investigaciones internas dentro de las instituciones carabineras y de gendarmería para indagar sobre presuntos casos de tortura y malos tratos documentados en el contexto de la detención policial y dentro del sistema penitenciario.  Sírvanse informar sobre el estado de los procesos judiciales contra oficiales de cada una de las instancias mencionadas.
 
La normativa que regula el funcionamiento de Carabineros muestra serias deficiencias para el control interno de las actuaciones de quienes integran la institución. El sistema de control interno de Carabineros está establecido en su Ley Orgánica Constitucional (Nº 18.691 del 7 de marzo de 24 1990) y en los reglamentos de la institución. El artículo 36 de la LOC institucional dispone al respecto: “La potestad disciplinaria será ejercida por las autoridades institucionales competentes a través de un racional y justo procedimiento administrativo. El personal que infrinja sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidad administrativa conforme lo determine el Reglamento de Disciplina, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle”.
 
Tal potestad disciplinaria se encuentra normada por el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile; N° 11. Entre las materias por éste abordadas se encuentran aquellas relativas a la calificación de las faltas, a las sanciones disciplinarias y a su ejecución. A ello se suman las relativas a la competencia disciplinaria, la apelación, y la potestad revisora del General Director.
De acuerdo al mismo Reglamento, la competencia para el conocimiento de los asuntos disciplinarios recae en el Oficial Superior Jerárquico del funcionario infractor. Corresponde a dicho superior resolver, a través de un sumario administrativo (cuyo procedimiento establece el Reglamento N° 15) respecto de la responsabilidad administrativa correspondiente.
 
Los sumarios solo podrán ser originados por, entre otras causales: la determinación del grado de responsabilidad en las faltas disciplinarias graves en que aparezca involucrado el personal, siempre y cuando su culpabilidad y participación no esté fehacientemente establecida por otros medios; y la apreciación administrativa de la responsabilidad de los funcionarios de la Institución que fueren acusados de algún hecho delictuoso, sea éste de la competencia de la Justicia Militar u Ordinaria (Reglamento N° 15, artículo 5).
 
Respecto a las faltas enunciadas por el Reglamento N° 11, cabe decir que éstas se refieren fundamentalmente a temas vinculados con la probidad funcionaria y con el cumplimiento de las órdenes emanadas de los superiores. Ello a excepción de un caso que se refiere al “abuso de autoridad”. Así en el N° 5 del artículo 22 de este Reglamento se señala que se considerará como tal “Toda extralimitación de atribuciones, ya sea contra los subalternos o contra el público, y todo hecho que pueda calificarse como abuso de funciones, siempre que no alcance a constituir delito”.  Finalmente, el Reglamento Nº 8, que establece la evaluación anual a que funcionarios/as de Carabineros son sometidos para determinar los ascensos, también constituye un mecanismo de control interno. Ello, toda vez que al momento de la calificación, las sanciones que se encuentren en la hoja de vida, pueden llevar incluso a una baja administrativa.
 
Uno de los problemas más graves de este sistema de control interno es su falta de transparencia. Tal como señalan los estudios existentes sobre su operatoria, es posible que los mecanismos establecidos sean eficientes, pero no se conocen en forma pública los criterios utilizados para ejercerlo, la cantidad de casos que se estudian, ni los resultados de las investigaciones desarrolladas. Un reciente informe sobre el control del actuar policial en América Latina coordinado por FLACSO Chile sostiene que en el organigrama de Carabineros de Chile existiría una Inspectoría General que tendría a su cargo la potestad disciplinaria de la institución. El mismo estudio constata, sin embargo, que en ninguna de las normativas legales y reglamentarias de la institución se detalla el funcionamiento de la Inspectoría General de esta entidad. Tampoco la institución da a conocer informes sobre su gestión, los procesos disciplinarios llevados a cabo, sus causas y las sanciones adoptadas.
 
La información relativa a los procesos disciplinarios de la institución no se haría pública dado que el artículo 436 del Código de Justicia Militar establece que todo lo referido a la planta de personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros constituye información relacionada con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público y la seguridad de las personas y, por lo mismo, se encuentra limitada.
 
Esta información es coincidente con aquella proporcionada por organismos de derechos humanos, entre ellos el Observatorio Ciudadano y la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, entidades que pese a requerir de Carabineros información sobre los sumarios administrativos de funcionarios de Carabineros involucrados en hechos de violencia policial, no la han recibido, o cuando la han recibido, no se especifica el tipo de sanciones adoptadas.
 
Todo ello es demostrativo de la deficiencia de los sistemas de control interno de funcionarios/as de Carabineros para la fiscalización de los hechos de violencia policial en que se vean involucrados/as. Dadas la estructura jerarquizada de la institución y las restricciones legales a la publicidad de sus actos, las faltas disciplinarias en que efectivos de Carabineros incurren al ejercer violencia innecesaria, terminan siendo encubiertas por la institución, generándose de esta manera impunidad.
 
Junto con instar por el control interno de los hechos de violencia policial denunciados, las autoridades podrían hacerse parte en las causas que se siguen a objeto de hacer valer la responsabilidad criminal de las actuaciones de efectivos policiales constitutivas de delito.  Lamentablemente no lo han hecho, a pesar de que no existen limitaciones legales para ello.
 
Esta pasividad no solo desoye abiertamente las recomendaciones que el Comité de Derechos Humanos hiciera al Estado de Chile en su informe del 2007 sobre la materia, sino que contrasta con el rol activo que el gobierno, en particular el Ministerio del Interior, ha asumido en la persecución de la responsabilidad penal de la población civil que participa de acciones de protesta social, o cuando se le imputa participación en hechos de violencia que afectan a efectivos policiales, o a la propiedad.
 
Recomendación: Introducir reformas legislativas en relación al control de las actuaciones policiales, a objeto de generar un sistema de rendición de cuentas tanto interno como externo más efectivo y transparente de la labor policial, y de garantizar que su actuación se base en los lineamientos internacionales de derechos humanos, en particular en las directrices antes referidas establecidas por Naciones Unidas para estos efectos. Se propone que tales lineamientos pasen a formar parte del código de ética de las instituciones policiales. Entre los aspectos centrales que esta reforma debe considerar para garantizar una adecuada rendición de cuentas internas cabe destacar:
 
- Establecer una cadena de mando claramente definida al interior de las instituciones policiales y un sistema de supervisión efectiva para mantener la disciplina, el control, y prevenir la impunidad, evitando de este modo la violación de derechos humanos.
- Establecer procedimientos para la presentación de informes por parte de funcionarios/as policiales que den cuenta de acciones tales como arrestos y detenciones, registro y uso de la fuerza o de armas de fuego.
- Establecer mecanismos para la recepción y tramitación de denuncias por parte de la población civil por la violación de derechos humanos por agentes policiales.
- Establecer procedimientos disciplinarios rigurosos e imparciales relativos a las infracciones de carácter leve cometidas por funcionarios/as policiales en el ejercicio de sus funciones, incluyendo la violación de derechos humanos por hechos no constitutivos de delito. Dichos procedimientos deben ser trasparentes, garantizando el acceso público a sus resultados.
 
Justicia Militar
 
9. Sírvanse proporcionar información más detallada sobre la constitución en enero de 2006 de un grupo de trabajo compuesto por representantes de los Ministerios de Justicia, Defensa y Relaciones Exteriores, cuyo objetivo es estudiar la modificación de la justicia militar con el fin de adecuarla a los estándares constitucionales referidos al debido proceso. Asimismo, proporcionen información sobre el contenido de la propuesta de proyecto de ley sobre la reforma y procedimiento de la justicia militar.
 
La actual normativa jurídica del Estado chileno sobre la jurisdicción penal militar contradice estructuralmente los estándares internacionales de derechos humanos, en aspectos tan relevantes como el derecho a ser oído por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial y de acuerdo con un procedimiento que asegure las garantías del debido proceso. Producto de ello, y a través de un caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se exigió al Estado Chileno adecuar su legislación vigente sobre jurisdicción penal militar a los estándares internacionales. Es necesario recordar que el fallo de la Corte IDH fue emitido el año 2005 y hasta la presente fecha, cuatro años después, aún no se le da cumplimiento. En concreto, lo que se le pide al Estado de Chile, en caso de considerar necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, es el establecimiento de límites a la competencia material y personal de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de estos tribunales.
Con fecha 3 de julio de 2007, se introdujo un proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar, alterando la competencia de los tribunales militares. El proyecto de ley tuvo hasta diciembre del año 2007 una urgencia simple. A partir del año 2008 no tuvo urgencia alguna que obligue a su discusión por el Senado, ya que se encuentra en el primer trámite legislativo.  Actualmente, fue repuesta la urgencia simple, pero se mantiene en primer trámite constitucional.
En cuanto a la agenda legislativa del gobierno de turno, es importante recordar que, de acuerdo a la información entregada por el Ministerio de Justicia, se trata de una de las prioridades.
 
En cuanto al contenido del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, debemos señalar que la propuesta es insuficiente y claramente no acoge la jurisprudencia de la Corte IDH ni los preceptos internacionales que existen sobre la materia. En efecto, el nuevo artículo 3º que se propone, establece que “los Tribunales Militares de la República tienen jurisdicción sobre los militares, para juzgar los asuntos de la jurisdicción militar que sobrevengan en el territorio nacional, sin perjuicio de las excepciones establecidas en este Código”. Con esta excepción, se deja abierta la posibilidad del juzgamiento de civiles. La única manera de contrarrestar esto sería la inclusión de una prohibición constitucional al respecto. En el mismo sentido, el nuevo artículo 5º propuesto establece que “Los tribunales militares son competentes para conocer: 1º De las causas por delitos militares, entendiéndose por tales delitos los contemplados en este Código, cuando sean cometidos por militares”. Se mantiene entonces un concepto formal y ficticio de delito militar que infringe las obligaciones internacionales del Estado chileno al considerara que la mayoría de los títulos del libro III del Código de Justicia Militar contemplan delitos comunes, los que no dejan de serlo por el hecho de que se cometan por militares. Además, y lo más grave del proyecto, es el hecho que el propio artículo 5º propuesto confiere competencia a los tribunales militares para juzgar a civiles.
 
Así, el inc. 2º del Nº 1 del artículo 5º del Código de Justicia Militar dispone que dichos tribunales: “Tendrán también competencia para conocer en todos los casos de los delitos establecidos en los artículos 416, 416 bis, 416 ter y 417 de este Código”. Se trata de los delitos de amenazas, lesiones y homicidio en su calidad de tales, que en caso de ser cometidos por civiles serían de conocimiento de los tribunales militares. La relevancia social de esta situación deriva de la circunstancia de que se trata de actos más o menos frecuentes en la práctica, particularmente en los casos de amenazas y lesiones a Carabineros, acaecidas en el contexto de manifestaciones públicas reprimidas por la policía uniformada23. Por otra parte, los tribunales militares también tienen competencia para conocer “De las infracciones contempladas en el Código Aeronáutico, sean cometidas por civiles o militares” (artículo 5º nº 6 del proyecto).
 
De acuerdo a lo señalado, el contenido del proyecto que actualmente está en discusión está lejos de cumplir con los estándares internacionales respecto de la materia. En efecto, no solo los militares que cometen delitos comunes pueden ser juzgados por tribunales militares (que no afectan intereses jurídicos especiales), sino también cuando civiles cometan alguno de los delitos contemplados en la legislación penal militar.
 
Recomendación: Se recomienda al Estado chileno hacer las modificaciones necesarias al contenido del proyecto de ley que reforma la justicia militar, para limitar al máximo la competencia material y personal de los tribunales militares, de modo que ningún civil pueda ser juzgado por éstos. Se recomienda al Estado chileno limitar la justicia militar a los delitos propios de la función militar, que afectan bienes jurídicos especiales. Del mismo modo, se recomienda al Estado chileno invitar a la sociedad civil a participar de la reforma de un ámbito tan sensible como éste.
 
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Paulina Acevedo 
Periodista
Comunicadora en Derechos Humanos
Coordinadora Área de Comunicaciones
Observatorio Ciudadano
(56-45) 213 963
Móvil: (09) 9.7363534
skype: paulinaacevedom
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¡¡¡¡¡¡¡Alejandro Melgar Pereira!!!!!! :Abogado boliviano sospechoso de complot estaría en Uruguay

Desde Uruguay, exijimos que se investigue por parte de la justicia a ALEJANDRO MELGAR PEREIRA, acusado con pruebas de complice del intento de asesinato al presidente Evo Morales.

Montevideo, 4 de mayo (ABI).- El abogado boliviano Alejandro Melgar Pereira, quien según la justicia de ese país estaría implicado en un intento de complot contra el presidente Evo Morales, ingresó al Uruguay el pasado 19 de abril, tres días después que se desarticulara la banda de mercenarios que, se sospecha, planeaba el magnicidio, y no hay registro de salida, informó el lunes un diario local.

Melgar Pereira, alias "Lucas", salió de Bolivia el lunes 13 de abril a las 12.39 horas por la frontera de Yacuiba con Argentina e ingresó a Uruguay el domingo 19 por el aeropuerto Internacional de Carrasco, precisa el rotativo.

Agrega que el abogado boliviano ingresó en Uruguay presuntamente para participar en un "torneo internacional de tiro deportivo" en representación de su país. Desde entonces, no hay registro de salida.

Según el rotativo, fuentes oficiales, confirmaron la noche del domingo la presencia de Melgar Pereira en Uruguay, aunque aclararon que "no tiene orden de captura" por parte de Interpol.

El abogado está acusado en Bolivia de ser uno de los financistas del comando terrorista que urdía el asesinato del presidente Evo Morales.

Según la Fiscalía boliviana, también fue quien contrató al dueño del vehículo con el que el líder de la banda, en un primer intento, dinamitó el acceso a la casa del cardenal Julio Terrazas, en Santa Cruz, el 14 de abril, en una acción de provocación.

La presunta célula terrorista fue desarticulada el 16 de abril, en un exitoso operativo de la policía boliviana.

Tres de los mercenarios, entre ellos el supuesto líder del grupo, Eduardo Rózsa Flores, ciudadano boliviano-húngaro-croata, murieron en el tiroteo y otros dos fueron capturados y recluidos en un penal de la ciudad de La Paz.

Las autoridades detuvieron luego a otros dos conspiradores, ambos miembros de la organización Unión Juvenil Cruceñista, que proveían armas al grupo.

Rózsa Flores pertenecía a círculos de extrema derecha de Hungría cercanos al partido neonazi Jobbik, quien mantiene ilegalmente una organización paramilitar, la Guardia Húngara, señala el diario local.

Según el sitio web Hungarian Spectrum, se sumó al principio de los años 90 al ejército de Croacia, participó en varios combates y fue herido en tres oportunidades. Sus cómplices también presentan biografías que culminan en los círculos de extrema derecha.

El Fiscal que encabeza las investigaciones, Marcelo Sosa, confirmó el lunes que "existen fuertes evidencia que involucran a Melgar como posible financiador del grupo" en los hechos denunciados.

ONU-Chile-tortura-DDHH-amnistía

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La ONU reclama a Chile que abrogue la ley de amnistía de la dictadura
GINEBRA, 4 Mayo 2009 (AFP) - El Comité contra la Tortura de la ONU pidió a Chile abolir la ley proclamada en 1978 por el régimen del general Pinochet para amnistiar los crímenes de la dictadura, en un debate iniciado este lunes en Ginebra con una delegación chilena presidida por el viceministro de justicia, Jorge Frei.
"La vigencia de la ley de amnistía es incompatible con la Convención contra la tortura", indicó el ecuatoriano Luis Benigno Gallegos Chiriboga, uno de los 10 expertos de este Comité, encargado de vigilar el cumplimiento de la citada Convención.
"La democracia chilena ya es suficientemente fuerte para resolver ese problema", señaló el experto español Fernando Mariño Menéndez.
"Hay que ponerle un punto final a la amnistía; la impunidad es una continuación de la tortura", insistió la experta noruega Nora Sveaas.
"La vigencia de la ley de amnistía crea un conflicto de normas, ante la obligación de respetar la Convención internacional contra la tortura", dijo el experto senegalés Abdoulaye Gaye, refiriéndose a que el derecho interno debe someterse a la exigencia de un tratado internacional reconocido por Chile.
"Chile debe retirar esa ley de amnistía", recalcó la experta chipriota Myrna Kleopas.
Adoptada en 1984, la Convención contra la tortura entró en vigor en 1987, y fue ratificada por 146 Estados, que renuevan periódicamente un Comité de 10 expertos independientes.
Estos tienen por misión examinar el respeto de la convención, convocar a los gobiernos a exámenes periódicos, por lo que ahora le toca el turno a Chile.
Los expertos parecieron no darse por satisfechos con el discurso pronunciado previamente por el viceministro Frei, al afirmar que su país "ha sido capaz de encarcelar a los jefes de inteligencia de la dictadura, y a los principales autores intelectuales y materiales de los crímenes más graves".
Sin embargo, Frei admitió que "aun subsisten temas pendientes y elementos que deben ser perfeccionados".
Un diplomático chileno precisó a AFP al concluir la discusión que la ley de amnistía ha dejado de aplicarse de hecho desde 1998.
La delegación chilena deberá responder mañana a las inquietudes formuladas por los expertos, que se extendieron a otros problemas, como la presunta criminalización de las movilizaciones de los indios mapuches que reivindican tierras.
El Comité quiere también abordar las cuestiones de la detención preventiva incomunicada, que en Chile puede durar hasta 10 días, el supuesto uso de información a nivel judicial de confesiones arrancadas a detenidos bajo tortura y el reclutamiento de mercenarios por empresas privadas de seguridad extranjeras. 
Juan Gasparini/eg

Chile en estado de impunidad

por Juan Pablo Cárdenas (Chile)

La impunidad recorre la historia de Chile. Desde pequeños se nos insta a reconocer como fundadores y héroes a quienes hoy seguramente serían perseguidos por sus crímenes de lesa humanidad y por la forma arbitraria en que ejercieron dominio y gobierno. La colonización de  nuestro continente tiene base en la guerra despiadada, el genocidio y en el más inicuo enseñoramiento sobre la tierra, el mar y riquezas del subsuelo. Aunque descendemos de los Cortés, Pizarro, Valdivia y otros, es imposible soslayar que la fama de sus nombres tiene sustento en el horror que sus huestes sembraron en todo el Nuevo Mundo, exterminando a más del 80 por ciento de los habitantes originarios e imponiendo un sistema que negaba la dignidad de los indios e incluso limitaba drásticamente los derechos humanos de los propios mestizos. Grandes parques, avenidas y ciudades llevan, hasta hoy, el nombre de esos feroces gobernadores que vinieron a “hacerse la América” y que para tal propósito manipularon, incluso, el mensaje liberador de la fe que venían a extender.

Tres siglos de conquista y otros dos de legado despótico y, ahora, de reconquista. Un hermoso y heroico proceso de Emancipación que derivara en regímenes autoritarios y excluyentes  también sacralizados por los historiadores y la impunidad fragrante. Conservadores y rupturistas servidos por ejércitos e ideologías que ampararon y alentaron la represión, las guerras fratricidas y la instalación de un orden intrínsecamente perverso, en que el trabajo y los trabajadores son sometidos al imperio del capital y las oligarquías. Donde las leyes y los estados se someten al mercado y al capitalismo más salvaje. ¡Qué duda cabe: el sueño de Bolívar, Sucre y San Martín traicionado por los Portales, Alessandri  y otros autócratas que hicieron del republicanismo un estado acotado y policial y, de las ideas revolucionarias, sectarismos y prácticas dictatoriales!

Próximos a celebrar el bicentenario de nuestra independencia de España, seguimos dominados por intereses colonizadores que controlan la banca, nuestros servicios básicos y más del 70 por ciento de todos nuestros manantiales y fuentes de energía eléctrica.

Horrendos episodios como el de Santa María de Iquique en que, apenas después de 100 años, empezamos a descubrir en el número de mineros, mujeres y niños acribillados en un día de ira gubernamental. Más de tres mil víctimas de la metralla de aquellos “valientes soldados”, aludidos tan marcialmente por nuestro Himno Nacional y que en América Latina ningún otro ejército podría competirles en el número de civiles inermes que han ultimado, torturado y encarcelado. Siempre más efectivos en la guerra interna que en enfrentamiento con enemigos foráneos. A pesar de la enorme tajada de territorio que agregaron a nuestro dominio, acicateados por los intereses extranjeros que ayer , tal como hoy, se negaron a pagar un justo royalty  a quienes tenían inobjetable soberanía en el desierto.

Toda una historia de atropellos que explican y se alimentan en el enorme influjo que ejercen en nuestra población los políticos autócratas y soberbios. Esos “primeros mandones” que suelen llamarse mandatarios. Que se reconocen como parte de una “clase política” y que –traicionando la democracia que juraron reconstruir- medran en la exclusión y en el binominalismo parlamentario. Sin el más mínimo interés en que crezca el número de ciudadanos y la práctica del sufragio libre e informado. Gobierno, Parlamento y Poder Judicial que actuaron de consuno para liberar a Pinochet de la justicia universal y, después de 20 años de post dictadura, mantienen las leyes de impunidad y prescripción para los crímenes del régimen castrense. Renuentes, todavía, a reconocer jurisprudencia al Tribunal Penal Internacional, como lo han hecho tantas naciones y regímenes de la más distinta inspiración.

Reconozcámoslo con franqueza:  estamos en manos de un puñado de gobernantes y presuntos opositores que, con unas pocas excepciones, están complacidos con la Constitución remozada del año 80 y con el sistema político electoral que les permite perpetuarse en sus cargos, así como garantizarse impunidad en sus despropósitos. Un sistema de representación cupular tan rígido que en las postrimerías de un tiempo de abusos y decepciones tienta todavía a ciertos sectores excluidos del sistema a recoger migajas de representación.  Aceptando una negociación que ha roto todas las normas de debido decoro político y en la que se ha pasado por alto la digna historia de sus organizaciones. En la burla completa del testimonio de los fundadores y mártires de la justicia social y de la democracia efectiva.

¡Cómo no compadecerse de los atropellos cometidos incesantemente en nuestra historia contra nuestros pueblos fundacionales! Con los mismos métodos y argumentos con los que se segregó al pueblo mapuche, se le aisló en “reducciones” y se consumó el borrón cultural  de otras  identidades nortinas, costeras y australes, se aplica hoy la Ley Antiterrorista, se recurre a testigos ocultos y se ejerce el más violento acoso policial a quienes luchan por recuperar sus tierras expoliadas.  Claro: en el propósito de “pacificar la Araucanía”, hay latifundistas que son expropiados, pero siempre muy bien indemnizados por renunciar a lo que antes se robaron. Recurriendo a las consabidas prácticas de correr los cercos e inscribir como bienes raíces propios pertenencias ajenas con la complicidad de las instituciones del Estado que, en estos casos, funcionan expedita y, también, impunemente.

Días atrás, una alta autoridad del Gobierno celebraba  como un hito histórico la idea de legislar a favor del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Trámite que completa 18 años de discusión en el Congreso Nacional y camino a celebrar el bicentenario de nuestra independencia. Reconocimiento, por lo demás, que puede ser obvio y de tan poca valía como consignar que la población chilena está compuesta por hombres y mujeres, nortinos y sureños; niños, adultos y ancianos.

En la enorme denegación de justicia que sufren los sectores más pobres e indefensos, hoy es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que constata la forma en que nuestros tribunales desdeñan las demandas de las personas más modestas. Así lo develan al acoger a tramitación causas cerradas o falladas vergonzosamente en Chile a favor del estado o de las instituciones y personas que alimentan la prevaricación de los jueces. Como aquellos consorcios de empresarios, lobistas y políticos que se proponen alterar el curso de los ríos, irrumpir en nuestras nieves eternas, astillar los bosques y envenenar nuestros santuarios de la naturaleza. Sin miramiento alguno por la calidad de vida de los demás y con absoluto desprecio por la flora y fauna de nuestros frágiles ecosistemas.

Vivimos en un estado de impunidad que hoy es el caldo de cultivo de la corrupción política. El que se asumía como uno de los países menos poseído por los delitos de estafa y malversación de recursos públicos, hoy se integra a la nómina de naciones infectada de operadores políticos en la administración del Estado. Políticos enriquecidos en el ejercicio de sus cargos y el tráfico de influencias, empresarios favorecidos por los burócratas y funcionarios públicos sobornados por éstos. Dineros destinados a generar mano de obra o a fomentar el deporte que van a engrosar las finanzas de los partidos y las campañas electorales. Enormes y millonarias inversiones en carreteras y diversas obras de infraestructura que se desmoronan por la fragilidad criminal de su construcción. Un puente nuevo que colapsa en menos de cinco años, mientras uno más que centenario debe ser derrumbado por dos poderosas detonaciones. Un bochornoso incidente que dejó en evidencia que en el pasado había mucho más probidad a la hora de “hacer patria” en el legado de colosales obras que soportaron todos los embates de nuestro telúrico territorio.

La post dictadura no inició proceso alguno para recuperar los bienes confiscados al estado y a todos los chilenos por los militares. Yacimientos, empresas públicas y toda suerte de propiedades y concesiones vendidas a precio vil. Delitos impunes que amparan los asaltos actuales a las bóvedas fiscales. Ladrones de cuello y corbata de ayer que contemporizan con los asaltantes de hoy, se reconocen en las fotos de la vida social de los periódicos, emprenden negocios conjuntos y hasta llegan a militar en los mismos partidos o directivas patronales, entidades en las que ya no existen demasiadas diferencias. Rabiosos jacobinos del pasado que ahora integran directorios de bancos; voraces pirañas que después de henchirse se acuerdan de Dios y del prójimo en ciertas sociedades de beneficencia  que los acogen siempre tan con “cristiana” resignación.

La “libertad de mercado “devenida en la colusión más escandalosa de las empresas para convenir los precios de fármacos esenciales para los tratamientos de enfermedades severas. Laboratorios extranjeros que delinquen en conjunto con las cadenas de farmacias inspiradas en lo que es el alma del modelo económico que nos rige. Es decir la usura: la misma que practican también los bancos y otras entidades que arrojan en sus filiales en Chile los más altos índices de utilidades. Políticas de “desregulación” que arrasan con los planos “reguladores” de las municipalidades, las áreas verdes y nuestro patrimonio urbano. Pavorosa  colusión practicada por los supermercados y que llega a emularse hasta en los vendedores de las ferias libres. A la hora, por ejemplo, de fijar los precios de los pescados y mariscos que se consumen tradicionalmente en Semana Santa.

Despenalización durante el Gobierno de Ricardo Lagos para los ejecutivos de empresas que atenten contra la libre competencia, un verdadero salvoconducto para que éstos fijen en conjunto los precios y arriesguen sólo multas fiscales que nunca alcanzarán los montos defraudados al bolsillo de todos los chilenos.  Universidades, también, en estado de colusión para fijar sus aranceles y hacer pingües negocios a pesar de que la Ley las define como entidades “sin fines de lucro”. Una usura que queda  en evidencia cuando éstas son transadas en el mercado y aparecen sus benefactores y patronos más empinados.

Un estado de impunidad que nos ha llevado a ser una de las naciones más desiguales de la Tierra. En que un puñado de chilenos, que representa menos de 10 por ciento de la población, tiene el mismo ingreso que se reparte el otro 90. Educación diferenciada para pobres y ricos y paulatina renuncia del estado a velar por una educación más igualitaria. Menos del 3 por ciento del producto interno bruto dedicado a la que se estima como la actividad que más puede colaborar al progreso social y a la justicia distributiva, cuando se gastan ingentes recursos en adquirir mortíferos aviones de guerra y financiar el reajuste especial a los sueldos de las Fuerzas Armadas y policías. Leyes, por lo demás, que se despachan en el Congreso a la velocidad de un misil y en el más amplio consenso político. En contraste severo, por ejemplo, con la larga y dura movilización y negociación en que los empleados públicos obtuvieron un reajuste de sueldos y salarios equiparable apenas al alza del costo de la vida. Más cárceles,  soldados y policías dispuestos a combatir la delincuencia y la subversión. Sin asumir que es en esta situación de injusticia social, de sordidez poblacional, donde cunde el delito organizado.  Porque demostrado está que es la grosera inequidad, más que la pobreza extendida, la causa principal de la violencia y la criminalidad.

También nuestro país se ufanaba que el narcotráfico y el consumo de estupefacientes eran una lacra de los otros, una realidad ajena a la nuestra. Sin embargo, fue aquí donde se instalaron Amado Carrillo y sus secuaces y desde donde huyeron todos  después de que se supo la muerte de su capo máximo.  Una operación que coludió a autoridades políticas, policías, estudios de abogados, empresas, diplomáticos y otros interesados en darles cobertura legal y seguridad a los integrantes del Cartel de Juárez. En garantizarle el mejor pasar a quien llegó a ser uno de los más poderosos multimillonarios del mundo. Un episodio que permanece en la más completa impunidad, aunque existen denuncias al respecto y presunciones fundadas que se podría tratar de uno de los sucesos más escandalosos de nuestra pretendida democracia. Donde podría descubrirse, además, el origen de una buena parte de los recursos para financiar la política. Tampoco éramos corredor de la droga hasta que se descubren voluminosos cargamentos de efedrina destinados al norte del continente y, por supuesto, al creciente consumo y micro tráfico nacional.

Todo ocurre gracias a la impunidad legal y moral, pero se explica mucho en la complicidad de los medios de comunicación. La existencia del periodismo libre y digno es una condición fundamental de la democracia y la posibilidad de un verdadero ejercicio de la soberanía popular. Mucho más que los tribunales, son los medios los que primero advierten la corrupción de las autoridades, la desidia de las instituciones y el clamor de justicia de los pueblos. Comunicadores, periodistas y artistas son muy habitualmente los primeros en romper el bloqueo informativo impuesto por los regímenes opresivos. Lo que, por cierto, sucedió durante el fascismo y el estalinismo y aquí, en nuestro país, cuando un conjunto de publicaciones escritas sortearon la censura oficial, se arriesgaron y sembraron la movilización social y las jornadas de protesta que hicieron temblar al régimen de Pinochet. Hasta que, finalmente, los arreglos cupulares le salvaron la vida a su legado y negociaron un a transición interminable y, hoy, definitivamente traicionada.

La principal misión del periodismo es sembrar las ideas del cambio, crear conciencia y romper todas las cadenas que oprimen al ser humano y a los pueblos de la Tierra. Liberarlo de la ignorancia, del hambre y  la exclusión. El periodismo democrático, sin duda, no es el que se conforma con el orden establecido, sino el que se revela ante las normas del derecho y la impunidad que favorecen la injusticia y la desigualdad que siguen siendo escandalosas en un país que prefiere guardar su dinero antes de invertirlo en progreso y equidad.  Que se vale del trabajo mal remunerado para darle “competitividad” a sus exportaciones  y que a la hora de una crisis financiera mundial sale al rescate primero a los bancos que de los deudores  hipotecarios. Así como que subsidia primero el sueldo que los empresarios deben pagar a sus trabajadores, antes que invertir en industrias y actividades que generen riqueza, independencia económica y salarios dignos.

El estado de impunidad que vive Chile tiene explicación en la pavorosa concentración informativa alentada por los gobiernos post pinochetistas. Ya se ha denunciado la colusión política que puso en práctica la política de exterminio de los medios disidentes de la dictadura. Una denuncia ciudadana ante el Tribunal de Libre Competencia ha dejado en evidencia la forma en que el Ejecutivo favorece con la publicidad estatal a un puñado de medios a cambio de tribuna, oposición discreta y, en algunos casos, el ocultamiento de graves delitos contra la probidad.  Para colmo, en los dos últimos años toma posesión de más de la mitad de las radios nacionales otra empresa española; un consorcio que paga millones de más por un negocio de muy improbable factibilidad, pero que le da un poder enorme para defender a las inversiones de la reconquista hispana en los sectores más estratégicos de nuestra plataforma productiva y energética. Ahora que ya surge el clamor por renacionalizar el cobre y las empresas que lucran de los servicios básicos de nuestra población.

Como se sabe, en una de sus más audaces intuiciones, los líderes de la transición negociada prefirieron entenderse con la prensa adicta y cómplice de tantos crímenes que dejar correr aquellos medios que los vigilarían y les demandarían en cumplimiento de sus promesas. Un acuerdo a favor de la impunidad sobre los delitos del pasado, incluyendo los de lesa humanidad, a cambio una oposición discreta en relación, incluso, de los episodios de represión y corrupción de los últimos años. Como la forma en que se ignoró que una organización ilícita conocida como “la Oficina” organizara emboscadas e hiciera desaparecer dirigentes y organizaciones rebeldes con los mismos métodos utilizados por la DINA o la CNI. Como en la colusión mediática que operó la entente política de dirigentes de la UDI y el ministro del Interior  para salvar al Gobierno de Lagos del descubrimiento en el pago de sobresueldos a los ministros y de tantos otros escandalosos ilícitos que lo tuvieron pendiente de un hilo y de los cuales todavía esperamos  resoluciones judiciales.

Hoy se legisla para hacer automática la inscripción y voluntario el sufragio sobre todo en el temor de que los jóvenes se “vayan por la libre” y el descontento del pueblo estalle y desarrolle sus propias organizaciones y formas de lucha más radicales “No vaya a ser cosa que los jóvenes se movilicen, levanten sus líderes y nos desplacen de la inmensa ubre que todavía nos proporciona nutritivo brebaje fiscal”. “Si se hace estrictamente necesario, abrámosle algunos cupos a los bullangueros antes que desafíen el sistema y convoquen a aquellas movilizaciones sociales que se sabe son las únicas que provocan los cambios”. “Mejorémosle los sueldos y entreguémosle más juguetes de guerra a los soldados para comprar su docilidad y permitámosle, de paso, que negocien la compra de armas con suculentas coimas”. “Promovamos, también, que los principales dirigentes sindicales lleguen al Parlamento y se apoltronen en sus dietas y granjerías”. “Tirémosle
 algunos pesos al mundo de la cultura  para aplacar la su intrínseca rebeldía y convertir, de paso, a algunos actores y gente del espectáculo en diputados… Aunque después devengan en díscolos”.

¡Qué duda cabe que la impunidad ha enhebrado nuestra historia! Por algo se nos señala siempre la inconveniencia de mirar atrás y se nos insta a poner la vista en el futuro. En la pretensión de reconciliar lo que nunca estuvo conciliado se erigen, otra vez, los primeros monumentos y memoriales para los que sepultaron nuestra última república, derramaron la sangre de los pobres y dignos, ahogaron las ilusiones de justicia social… Y nos legaron las normas de su propia impunidad.

Fuente: Radio U de Chile

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Escrito por EDUARDO Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesitas tener Javascript activado para poder verla , el 03-05-2009 22:53 CHILE, CHILE, CHILE LINDO COMO TE QUIERO QUE SI FUERA NECESARIO MI VIDA TE LA DARE. MIS HIJOS TANTO QUE QUIEREN SU CHILE.  BIEN AMIGOS, MIS QUERIDO AMIGOS YA NO COMPANEROS, AMIGOS. UNA SOCIEDAD DE AMIGOS, DICEN QUE UN AMIGO NO TRAICIONA, LAMENTABLEMENTE UN COMPANERO SI. EL DINERO ES TAN SIMPLE LO QUE PEDIMOS LA JUSTICIA DE LA PLUSVALIA. NOSOTROS LA PRODUCIMOS.  AHORA SEREMOS MTP JILES. HASTA UN MEJOR REFERENTE.

Escrito por Rogers DELGADO SAEZ Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesitas tener Javascript activado para poder verla , el 03-05-2009 12:02 El comentario de Juan Pablo Cardenas, me hizo buscar en las hojeadas "Analisis" que regularmenet recibia desde Chile durante la aprobiosa dictadyra y que el guardo como una reliquia de combatividad democratica.  Leo un articulo de Patricio Aylwin en Analisis " Somos una gerneracion fracasada" reconocia meses antes del inicio de las componendas con los asesisnos. Pues esa misma componenda le entregaria el puesto de presidente pos pinochet ( asi, con minuscula). Fueron comprados por los asesinos de ayer.  Hay Chile, cuantas penas te inundan, y cuanta vigencia tiene el libro "Las venas abiertas de América latina"...  Los candidatos "de izquierda",,, estarian dispuestos a apoyar esta denuncia de Juan Pablo Cardenas, les pregunto yo !!!    Honor y Gloria a cada patriota caido en la lucha contra la dictadura.   Desprecio a quienes son complices de la venta del triunfo del pueblo contra el fascismo chileno.    Rogers Delgado Saez  Ex-prisionero politico.

Escrito por Oscar Palma V Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesitas tener Javascript activado para poder verla , el 03-05-2009 11:07 A eso agreguemos como se roba en los Proyectos,con boletas falsas,facturas de trabajos no realizados,dineros mal utilizados,honorarios no justificados,etc, y a vista y paciencia de quienes deberían supervisar el destino de esos dineros.Un círculo vicicoso de nunca acabar.