Perú: Indios peruanos luchan por su liberación; Alan García reprime

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

¡Alto a la mano asesina de Alan García en el Perú!

1. El presidente Alan García, denunció el sábado 6 que Perú está sufriendo una agresión "subversiva" contra la democracia a la que el gobierno debe responder con "serenidad y firmeza. Señaló que es una agresión “cuidadosamente preparada contra el Perú, una conspiración que ha interrumpido la producción y el transporte de petróleo, el envío de gas y habló de insurgencia y levantamiento en las últimas semanas".

Lo mismo de siempre: los gobiernos burgueses y empresariales acusan con el mayor cinismo y desparpajo al pueblo, a los miserables, a los explotados, de “subversivos” cuando éstos protestan y luchan para defender sus derechos; en vez de reconocer que los mismos gobiernos son los culpables del saqueo, la miseria y la desesperación de los indígenas o campesinos.

2. Aunque los problemas del Perú vienen de hace muchos años vuelven a manifestarse el viernes 5 cuando los indígenas iniciaron sus protestas para oponerse a planes que autorizan la perforación en busca de petróleo y gas en tierra ancestral. Exigen al Congreso que revoque las nuevas leyes que promueven la minería extranjera en el bosque tropical. Ante la represión gubernamental que apresó a 80 indignados, los indígenas manifestantes, que han aprendido a defenderse, tomaron como rehenes a 38 policías, al menos nueve de ellos murieron al tiempo que el ejército avanzaba para liberarlos. Se trata, al parecer, de la peor ola de violencia en Perú desde el fin de la insurgencia del grupo Sendero Luminoso en la década de 1990 y el desafío más grande que debe enfrentar el presidente Alan García desde que asumió el poder en 2006.

3. Sucede en Perú lo mismo que en México, Colombia y varios países donde los gobiernos neoliberales han estado imponiendo programas privatizadores que sólo benefician a unos cuantos inversionistas y hacen más miserable a la población. Hace un año, según la escasa información que circuló por los periódicos en aquellos días, en los departamentos de la región selvática se paralizaron las actividades en varios días de la semana, ya que los habitantes de estas regiones protestan contra una legislación propuesta por el gobierno de Alan García y que modifica los criterios para ejercer la propiedad en estas regiones. Este hecho de julio de 2008, abrió ampliamente la puerta a la privatización de grandes territorios habitados, de acuerdo con sus costumbres y cultura, por poblaciones indígenas.

4. Perú, con unos 30 millones de habitantes, hace vecindad con Ecuador al norte y Bolivia al sur, dos países no gratos para el gobierno de los EEUU por encontrarse en el círculo de Hugo Chávez y Fidel Castro; pero también Perú es vecino de Chile, Colombia y Brasil, o sea, se encuentra en Los Andes en una zona sísmica desde el lado geológico, pero también volcánica desde el punto de vista político. Si bien las viejas guerrillas de Hugo Blanco y de De la Puente Uceda de los años sesenta no lograron desatar grandes fuerzas, en Perú han reiniciado sus movilizaciones los indígenas, campesinos y obreros, entre los cuales están los trabajadores de las minas. Por otro lado Ollanta Humala, excandidato presidencial, parece haber agrupado en el último proceso electoral a un gran sector de izquierda que podría contribuir en la denuncia contra ese gobierno proyanqui.

5. El gobierno proyanqui de García ha querido culpar al indio Evo Morales de la rebelión india en el Perú para congraciarse con los EEUU; pero los acontecimientos han ocurrido en el norte peruano, por la frontera colombiana y del Ecuador. ¿Qué tal si se hubieran registrado por el sur? Es obvio que en toda la América india hay sentimientos de simpatía hacia Evo Morales y su revolución pacífica, pero no puede acusársele de creador del descontento. Se ha dicho que el oligarca Alan García ha descubierto la ambición de Evo Morales “que quiere ser representante no sólo del pueblo altoperuano sino de muchos otros bajoperuanos”. El grave error de todo este enredo lo cometió Alan García al tildar a Morales como un enemigo personal, subestimando el poder de los movimientos étnicos y de las aguas que una multitud de indígenas peruanos apoyan.

6. Recuerdo que hace 41 años asumió el gobierno de Perú el general “izquierdista” Juan Velasco Alvarado que gobernó de1968 a 1975; en esos años propugnó la reforma agraria y la libertad de expresión, así como por una serie de reformas que los gobiernos de derecha han catalogado como “gobierno contradictorio de golpes de timón y de una sensación inocultable de fracaso” . Dicen que “de la revolución militar queda casi nada, que es una nostalgia después de haber sido una caricatura”. Los trabajadores peruanos serán los que hagan el juicio histórico de este período “nacionalista” que precedió a lo que será el Perú de hoy: atado de pies y manos por los intereses estadounidenses. Como no peruano no quisiera abundar sobre el asunto, aunque sí me tocó vivir con intensidad el periodo “militar/nacionalista” de Velasco.

7. Alan García en Perú (como Felipe Calderón en México y Álvaro Uribe en Colombia) ha estado cumpliendo en América Latina la misma tarea que los gobiernos de Israel han puesto en práctica contra los países árabes en Asia: ser pilares de los EEUU, puntos de apoyo para que ese imperio someta a la región. Este personaje (Alan García), que viene de toda la tradición “progresista/nacionalista” del APRA de Haya de la Torre, partido que nació en 1924 con un discurso agrario nacionalista, a los pocos años se vendió a los intereses de los EEUU y siguió dominando al Perú. García se hizo del poder en 1985, pero antes de entregarlo a Fujimori fue acusado de malversación de fondos público. Incluso esa acusación le dio fuerza al peruano/japonés para cambiar la Constitución y reelegirse dos veces.

8. El gobierno yanqui de Obama no va a abandonar el campo así nada más después de dominar casi absoluto durante el siglo XX. Quien piense que con Obama EEUU está en retirada, dando los últimos pataleos, comete un grave error. A pesar de que la economía china, india, europea, desde hace años lo han estado sacando del mercado y poniendo en aprietos a su economía y moneda, no debe olvidarse que los EEUU con gran amplitud sigue dominando en armamentismo y tecnología de guerra. Pero aún más, sigue sometiendo a casi todos los países del mundo, a quienes tiene casi estrangulados con gigantescas deudas, control de mercados, migración, etcétera. Aunque en los últimos diez años han surgido en Latinoamérica casi una decena de gobiernos nacionalistas o de centro izquierda, todavía estos países sufren muchas dificultades, provocadas por las burguesías proyanquis, para poder considerarlos liberados. El petróleo, las aguas y los recursos naturales todavía pueden producir guerras.

9. Si hace nueve años, Clinton y Pastrana firmaron un Plan Colombia y en marzo de 2007 Bush y Calderón acordaron un Plan México, no es difícil que el presidente Alan García, en su desesperación por acabar con las protestas que cada día crecen en Perú, le pida a Obama un Plan Perú de ayuda económica con el pretexto de “combatir el narcotráfico”. La realidad es que aquel gran poder de monopolio político que EEUU mantuvo hasta los años setenta lo fue perdiendo al ser derrotado en Vietnam. Hoy, aunque los EEUU siguen imponiéndose, sus actuaciones son claramente ilegales. Por eso las batallas que ahora se registran en Perú son esperanzadoras para las luchas de América Latina por su liberación, en particular para los trabajadores explotados y oprimidos.

CARTA ABIERTA AL INADI Y AL PUEBLO ARGENTINO.

CARTA ABIERTA AL INADI Y AL PUEBLO ARGENTINO.

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Los abajo firmantes, ciudadanos de los más diversos orígenes, en particular de origen palestino y judío y, de distintas procedencias políticas o partidarias, firmemente consustanciados con el carácter universal de la lucha por la vigencia plena de los derechos humanos, nos dirigimos al INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN (INADI), al conjunto del pueblo argentino y a la comunidad judía para expresar nuestra más honda preocupación ante el conocimiento que hemos tomado de un probable dictamen de ese organismo. Según trascendidos el mismo dispondría quecualquier actividad de denuncia, rechazo o confrontación contra el Estado de Israel, su política sionista, sus actos políticos y militares (que se materializan en gravísimas violaciones al derecho humanitario internacional) sería considerada un acto de discriminación “antisemita”.

 

La detención de un grupo de militantes, el 17 de mayo pasado, mientras denunciaban el acto en conmemoración de la creación del Estado de Israel organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el agravamiento que, a sus cargos, ha pronunciado la Justicia Federal por aplicación de la Ley 23.952 que castiga la discriminación, reafirma nuestra preocupación.

 

AFIRMAMOS que, por DISCRIMINACIÓN se entienden “dar trato de inferioridad a persona o comunidad en razón de su pertenencia, religiosa, nacional, de género, social, ideológica o de cualquier tipo”, en general hechos de persecución o degradación de la dignidad humana en función de sus pertenencias: en el ápice del desvalor cuando el más fuerte comete actos violentos contra el débil, individual o colectivo. Todos los genocidios parten de actos, ideologías y políticas discriminatorias.

 

NO ES DISCRIMINACIÓN el acto de rechazo, repudio o confrontación de grupos agredidos o débiles, o solidarios con ellos, que se expresen y actúen contra la ejecución de formas de dominación, explotación o violencia de cualquier tipo que aumenten y propaguen las desigualdades e injusticias.

 

El Art. 3º  de la Ley Antidiscriminatoria dispone: “Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma. En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.

 

La ley no castiga a quienes rechacen por medios legítimos las prácticas originadas en dicha “superioridad” u odio.

 

La política del Estado de Israel se viene manifestando con violencia inusitada contra el pueblo Palestino y otros de la región.

A la vez, desde hace décadas, militares israelíes vienen colaborando con gobiernos dictatoriales o represivos, aportando inteligencia militar, armamento y tecnología para apoyar esas políticas antidemocráticas y violatorias del derecho humanitario internacional contra diversos pueblos del mundo y de América Latina.

 

El carácter de “TERRORISMO DE ESTADO” de Israel ha sido debatido, probado y denunciado en diversos foros de la comunidad universal, gozando ya de amplio consenso.

 

Numerosos integrantes de la comunidad judía, a lo largo y ancho del mundo, han repudiado la política sionista y han desautorizado que sea la que represente su “judeidad”, identidad reivindicada por un significativo número de judíos históricamente comprometidos con la justicia social, la paz, la protección y promoción de los Derechos Humanos.

Es público y notorio que el terrorismo de estado en Argentina, vigente antes de 1983, multiplicó su violencia contra las víctimas de origen judío en sus prácticas genocidas y en el número de víctimas, superior a la proporción de la comunidad judía en relación a las restantes y ello nunca fue denunciado por el Estado de Israel.

También es universalmente conocida la asociación de grandes consorcios y corporaciones con el nazi - fascismo antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, consorcios que en la actualidad mantienen una fluida relación con Israel.

Durante la violenta agresión al pueblo de Palestina entre diciembre y enero pasado, grandes demostraciones de solidaridad de nuestro pueblo y de repudio a la agresión sionista y colonialista del Estado de Israel congregaron a ciudadanos de diversos orígenes nacionales, religiosos, ideológicos y políticos, entre ellos militantes y adherentes de origen judío.

 

Esas demostraciones NO SÓLO NO INFRIGIERON LA LEY ANTIDISCRIMINATORIA SINO QUE EXIGIERON EN LOS HECHOS LA VIGENCIA PLENA DE SUS VALORES EN NUESTRO PAÍS Y EN TODAS LAS NACIONES DEL MUNDO CIVILIZADO, misión que debiera también impulsar el INADI.

 

Los pueblos del mundo precisan vivir en paz, fraternidad y colaboración. No ha sido la excepción los distintos pueblos árabes y judíos, tanto en Medio Oriente como en nuestro país. Se han caracterizado por una vida en común, por actividades compartidas y por una práctica solidaria y amistosa, entre ellos y con las restantes comunidades que componen la variedad de orígenes de los argentinos.

 

Jamás los firmantes hemos difundido ninguna agresión o discriminación contra persona o pueblo alguno por el origen nacional, religioso, social, económico o político, menos contra la comunidad o contra personas de origen judío, algunas de las cuales dirigen actualmente organizaciones solidarias con el pueblo Palestino. Más aún la trayectoria de los firmantes es prueba acabada que han sido, son y serán consecuentes en la lucha activa por la plena vigencia de los derechos humanos que incluye el rechazo a todo tipo de discriminación formal y material.

 

Nos parece IMPRESCINDIBLE QUE EL INADI ACLARE que debe condenarse cualquier tipo de discriminación, pero que la lucha por la vigencia plena de los derechos humanos es universal y que sus acciones, de modo alguno pueden considerarse discriminatorias cuando lo que se denuncia y rechaza son políticas de terrorismo de estado, explotación, injusticia social o violencia contra ciudadanos por su pertenencia a origen de cualquier tipo, personas indefensas ante las agresiones de individuos, comunidades, sectores sociales o estados poderosos.

 

Con independencia de la oportunidad, acierto o representatividad social y política - que no nos corresponde juzgar - toda expresión popular y democrática de lucha contra las políticas violentas del Estado de Israel y de quienes comparten su ideario sionista, racista y colonial, EN NINGÚN CASO PUEDE REPROCHARSE COMO ACTO DISCRIMINTARIO Y ANTISEMITA, sobre todo cuando ISRAEL igualmente agrede a personas de origen judío que no admiten acciones inmorales, antijurídicas e injustas, que se traducen en exterminio, persecución y colonización.

 

Por lo tanto reclamamos al INADI QUE ACLARE SI EXISTE DICHO DICTAMEN Y, EN SU CASO, SEA INMEDIATAMENTE MODIFICADO: ES LA APOLOGÍA DEL SIONISMO, UNA IDEOLOGÍA COLONIALISTA, RACISTA E INHUMANA, DE “APARTHEID” INSTITUCIONAL, LO QUE CONSTITUYE DISCRIMINACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 23.952, que incluso podría constituir delito.

 

Ninguna conveniencia ni coyuntura política debe prevalecer sobre la imperiosa firmeza que, como política de Estado, merece la tutela de los derechos humanos, sin condiciones y sin atención al origen del agresor o de la víctima.

En la protección de la dignidad humana hay una sola raza a la que pertenecemos todos los habitantes del mundo, sin excepciones.

 

 

El Gobierno de Alan García confirma 11 policías y 3 nativos muertos en disturbios en Amazonía

Las cifras oficiales difieren ampliamente por las ofrecidas por el Colegio Médico de Chachapoyas, varios hospitales, medios de comunicación y las organizaciones nativas en la ciudad de Bagua (Amazonas), que reportan al menos unas 25 víctimas.

Los enfrentamientos entre indígenas y la policía peruana el viernes en la región Amazonas, al norte de Perú, dejaron once policías y tres nativos muertos, según el reporte dado por el el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Yehude Simon.

En una rueda de prensa, Simon explicó además que como resultado de estos disturbios hay 109 heridos ingresados en diversos hospitales de Amazonas, 19 de ellos por lesiones de bala.

 

Las cifras de indígenas muertos dadas por el Gobierno difieren ampliamente por las ofrecidas por el Colegio Médico de Chachapoyas, varios hospitales, medios de comunicación y las organizaciones nativas en la ciudad de Bagua (Amazonas), que reportan unas 25 víctimas.

 

Según la versión de la Aidesep, principal organización indígena y cabeza de las protestas que duran ya dos meses, eran 5.000 los nativos que bloqueaban la llamada "Curva del Diablo", en un lugar llamado Reposo (provincia de Bagua) cuando la policía cargó a las cinco de la madrugada contra ellos.

 

Desde helicópteros y desde tierra, utilizando fuego real y gases lacrimógenos, la operación de desalojo duró prácticamente toda la mañana de ayer, según señalaron varias fuentes.

 

Posteriormente, los desórdenes se extendieron por la ciudad de Bagua, donde los manifestantes prendieron fuego a varias oficinas públicas y del partido Aprista (gobernante), y las movilizaciones continuaron la tarde de ayer, en medio de disparos al aire y bombas lacrimógenas, según fuentes del hospital de la ciudad.

 

La policía acusó a los indígenas de haber utilizado armas de fuego para evitar su desalojo, y según el director de la institución, José Sánchez Farfán, hay nueve policías muertos y 45 heridos.

 

El general Sánchez Farfán explicó al canal N de la televisión que los enfrentamientos se produjeron después de que sus agentes tomaron el cerro que domina la "curva del Diablo", y alrededor de mil nativos aparecieron y abrieron fuego.

 

Sin embargo, la Aidesep negó que sus huestes tengan armas de fuego y aseguraron que los agentes fallecieron por fuego cruzado entre los mismos policías que los acorralaban.

 

El Colegio Médico de Chachapoyas, en la región donde se presentaron los hechos, informó a la emisora que el número de nativos muertos subió a 25.

 

El presidente de la Junta de Fiscales superiores de la región Amazonas, Oswaldo Bautista, dijo a Efe que la Fiscalía aún no ha establecido una cifra definitiva de muertos, porque están procediendo todavía al levantamiento de cadáveres en tres puntos distintos: Bagua Grande, Bagua Chica y la misma carretera.

 

La enfermera Teresa Romero, del hospital de Bagua Chica, declaró al Canal N que tienen 40 heridos "todos de bala, han sido balas al cuerpo, a la cabeza, al abdomen, porque ellos (los policías) han querido matar a los hermanos", al tiempo que pidió ayuda, porque el hospital se encuentra "en un caos total, sin camas, con los heridos por el suelo".

 

Además, los bloqueos de carreteras y las tomas de ductos obligaron a suspender o restringir el bombeo de gas y petróleo, cuyos principales yacimientos están precisamente en las zonas en conflicto.

 

Por su parte, el primer ministro explicó que los primeros cinco policías que llegaron a la zona conocida como la "Curva del Diablo", a la altura del kilómetro 200 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, fueron asesinados con lanzas por los indígenas, quienes los despojaron de sus armas y luego presuntamente atacaron con ellas a otros uniformados.

 

Al menos uno de los cuerpos de los policías todavía no ha sido hallado, mientras que nueve féretros de los agentes muertos llegaron esta noche (local) a Lima.

 

Simon también señaló que 38 policías y 20 civiles fueron secuestrados por los nativos en una estación del oleoducto Norperuano, administrada por la estatal Petroperú, en cuyas inmediaciones se mantienen en protesta desde hace varias semanas.

 

"Hay una acción de fuerza sobre estos policías, pero pareciera que podría entablarse algún diálogo", dijo al respecto la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.

 

La titular de la cartera afirmó, tras lamentar los decesos de los policías, que "ha existido un plan, instigación y un complot" en los hechos ocurridos en la jornada.

 

Simon reiteró que el Gobierno de Alan García mostró, "hasta la saciedad", voluntad de diálogo para solucionar los reclamos de las comunidades amazónicas en forma pacífica.

 

Sin embargo, el jefe del gabinete se quejó de que los líderes indígenas, representados por Alberto Pizango, engañaron a los nativos diciéndoles que les iban a quitar sus tierras y el agua, a raíz de la aprobación de leyes promovidas por el Ejecutivo el año pasado.

 

En tal sentido, Simon justificó la intervención policial para despejar una carretera tomada por los nativos "para poner orden y disciplina en el país", que ya estaba sufriendo los efectos económicos de los bloqueos y toma de estaciones petroleras.

 

Por su parte, el ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, informó que se ha decretado el toque de queda en algunas localidades de Amazonas y que también se ha extendido la declaratoria de emergencia dictada por el Gobierno en esa región.

 

"Somos respetuosos de los derechos humanos, pero el Estado tiene que recurrir a todos los instrumentos que le son permitidos para recuperar el orden", opinó Flores Aráoz.

 

De otro lado, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, reportó que hay 36 personas detenidas en Bagua y otras 17 que han sido derivadas a la ciudad de Chiclayo.

 

Un representante de la fiscalía también fue secuestrado por los nativos por varias horas, informó Echaíz, pero ahora los magistrados trabajan en diversos puntos de Amazonas.

 

Prensa escrita/Bolivia

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, anunció que los responsables de las radioemisoras de Bagua que han incitado abiertamente a la violencia serán sancionados.

 

La Conferencia Episcopal Peruana y la Defensoría del Pueblo hicieron un "clamoroso llamado a la serenidad" y demandaron que, "de manera inmediata, cesen los enfrentamientos entre compatriotas".

 

"Es urgente que se atienda sin distinción a las personas heridas y a las que se encuentran en riesgo y que se proceda en el más breve plazo a restablecer el canal del diálogo", agregaron en un comunicado conjunto, que coincide con otros pronunciamientos hechos por diversas organizaciones no gubernamentales.

Gobierno acusa a García por las muertes en Bagua

La razon/Bolivia La ministra de Justicia, Celima Torrico, culpó al gobierno del peruano Alan García por el enfrentamiento entre policías e indígenas de ese país, que cobró la vida de más de 30 personas en la población de Bagua. "El único responsable es el Gobierno actual del vecino país", aseveró ayer la autoridad de Gobierno. "Acá no hay nada de justificación para que haya tantos muertos, para que haya tanta matanza; ellos (el Gobierno peruano) saben que tienen que arreglar, es una preocupación (...). Aquí ha habido muertos y la vida humana no se recupera", agregó. Entretanto, el máximo dirigente campesino de Bolivia y seguidor del presidente Morales, Isaac Ávalos, declaró a la oficialista radio Patria Nueva que repudia "ese tipo de asesinato a gente humilde, a gente indígena quechua y aymara en Perú". "Somos solidarios con nuestros hermanos peruanos", señaló Ávalos, quien también acusó al "Gobierno neoliberal" de Perú por las muertes y dijo que debía ser juzgado por delitos "de lesa humanidad" y "genocidio". La ministra Torrico y organizaciones campesinas criticaron al Gobierno peruano y lo responsabilizaron de la violencia que causó varias muertes en ese país. En los conflictos de Perú, provocados por una protesta de las comunidades indígenas contra varios decretos legislativos, murieron al menos 22 policías y nueve civiles, según cifras oficiales. Según fuentes médicas, los civiles muertos sumarían más de 30. Torrico hizo las declaraciones en el Palacio, después de participar en un homenaje al Día del Maestro junto al presidente Evo Morales, quien no se refirió a la situación de Perú, ni en su discurso ni en otras declaraciones.

Israel : la impunidad como norma.

por Paco Peña (Francia)

por Paco Peña (Francia) SÁBADO, 06 DE JUNIO DE 2009

Gilles Devers, del Colegio de Abogados de Lyon, junto a treinta otros  treinta (1) de sus colegas y en nombre de más de trescientas ONG, ha entablado una querella contra Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de gravedad excepcional cometidos por el estado sionista entre diciembre de 2008 y enero de 2009, durante el reciente bombardeo y matanza de la población de Gaza. Giles Devers explica: « Hemos tratado de responder ante la gravedad de los hechos cometidos. Esa es la base de todo procedimiento judicial. Los juristas que conocen el derecho penal saben que la primera dificultad es la de determinar el crimen, es decir, cómo comprender la mecánica y lógica de un pensamiento criminal ». En los primeros días de la matanza, Mireille Mendez-France (nuera del ex primer ministro francés, miembro del ejecutivo de la Unión de Judía de Francia por la Paz,   presidente de la Fundación Frantz Fanon y una de las ONG signatarias de la querella) pudo ingresar a Gaza y dió su testimonio sobre los hechos cometidos y preparados de antemano por el gobierno de Tel Aviv. Los delitos cometidos tienen un carácter inédito, « fuera de toda norma ». Al respecto puntualiza el abogado Devers : « Un gobierno reivindicaba su derecho a actuar militarmente contra la población civil, y dichos actos, de los cuales fue testigo el mundo entero, los conocimos únicamente por la reivindicación israelí. Era necesario entonces, frente a lo que se desarrollaba ante nuestros ojos, decir que se trataba de ‘crímenes de guerra’ y no de una  una guerra ; dichos crímenes constituyen un atentado a la conciencia de la humanidad. Este crimen pudo realizarse gracias a la impunidad que siempre ha protegido al estado de Israel ». La querella presentada contra los que resulten responsables -políticos y militares- por la matanza llevada a cabo durante casi un mes -y que no pudo doblegar la corajuda resistencia palestina- se fundamenta en la decisión Stakic del TPIY (julio de 2003) que  precisa : « En el marco de la lucha contra crímenes internacionales, la disuasión constituye un intento por integrar o reintegrar a la sociedad a gente que se creía fuera del alcance del derecho internacional. Dichas personas deben saber que si no respetan las normas universales fundamentales del derecho penal, se exponen no sólo a procedimientos judiciales en su contra sino también a sanciones por parte de los tribunales internacionales ». Por esta razón, el grupo de abogados decidió llevar el caso a la CPI como acción prioritaria. « Es sólo uno entre otros procedimientos -precisa el abogado Devers- porque evidentemente, ante la envergadura y gravedad de los hechos cometidos contra la población de Gaza, existen otras vías que aún no han sido exploradas. Pero había que actuar rápidamente. Ello no es óbice para otras acciones judiciales, por ejemplo,  las que podrían llevar a cabo los familiares de las víctimas ». ____ La querella fue presentada el 22 janvier 2009 por : los abogados Gilles Devers, Lyon, France ; Narriman Abdel Kader, El Caire, Egypte ; Ahmed Bin O. Altuwaijri, Arabia Saudita ; Georges-Henri Beauthier, Bruxelles, Bélgica ; Abdel Rahman Beneumer, Rabat, Marruecos ; Mustafa Bouchachi, Argelia ; Michael Chahine, München, Alemania ; Dominique Cochain, París, France ; Stanley Cohen, Stanley Cohen & Associates, New York, Estados Unidos ; Hélène Crokart, Bruselas, Bélgica ; Alexis Deswaef, Bruselas, Bélgica ; Abdelrahim El Jami, Rabat, Marruecos; Abdel Azim El Maghraby, El Caire, Egipte ;  Mohamed Ellouze, Bélgica ; Bechir Essid, Tunicia ; Philippe Favard, Bruselas, Bélgica ; Liliane Glock, Nancy, Francia ; Sevda Gôg, Estanbul, Turquía ; Najet Hadriche Abouali, París, Francia ; Narriman Kattineh, Niza, Francia ; Mourad Sebki, Luxemburgo ; Brahim Semlali, Casablanca, Marruecos ; Nada Serra Abouzeid, Paríss, Francia ; Khalid Soufiani, Rabat, Marruecos ; Jutta Stoll, LL.M., Frankfurt/Main, Alemania ; Guy Thomas, Luxemburgo ; Véronique Van der Plancke, Bruselas ; Gaston Vogel, Luxemburgo ; Jamil Youness, París ; Mireille Fanon-Mendes-France, Miembro del Ejecutivo Nacional de l’UJFP y presidente de la Fundación Frantz Fanon, París, Francia El abogado Devers nos señala que diversos sectores no están directamente implicados en el conflicto, pero apoyan las diligencias emprendidas. Es una demostración, dice, de que lo sucedido en Gaza fue una bofetada a la conciencia de la humanidad. Para el grupo de abogados, es necesario dejar intacto el fundamento de la acción de justicia, es decir, la defensa de la memoria de las víctimas y la búsqueda de los culpables : « Debe haber justicia para los 1417 palestinos muertos entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009, que fueron víctimas de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad». Esta es la segunda querella contra personeros civiles y militares israelíes,  luego que una primera querella fuera presentada en España en la Audiencia Nacional, contra los que resultaren responsables por el asesinato de varios civiles perpetrado por la aviación israelí en la noche del 22 de julio de 2002, contra el domicilio de un dirigente de Hamas -Salah Chehadeh- en el que murieron catorce personas (mujeres, niños, vecinos de Chehadeh). Se trata de los llamados « asesinatos preventivos selectivos » a los que acostumbra el estado sionista. Dicha querella, fue admitida por el juez  español Fernando Andreu Merelles, del Juzgado Central de Instrucción N° 4  de la Audiencia Nacional, el 29 de enero pasado. El juez Andreu Merelles había cursado previamente una Comisión Rogatoria Internacional, sobre la base de lo  dispuesto por el Convenio Europeo de Asistencia Judicial  de Materia Penal (1959) del cual tanto España como Israel son signatarios. La acción el juez español -fundada en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ibérico- otorga competencia a los tribunales españoles sobre todos los delitos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio español y que pudieren tipificarse como genocidio o terrorismo. Si dichos delitos ya han sido juzgados o si se está procediendo a una investigación por el juez del país ( en este caso Israel) donde se han realizado los crímenes, España tendría que inhibirse. Ahora bien, el código penal israelí permite enjuiciar a extranjeros por crímenes cometidos fuera de sus fronteras, pero sólo si dichos crímenes « han sido perpetrados contra el estado de Israel o contra el pueblo judío ». En el auto emitido en Madrid el 29 de enero de 2009 por el juez Andreu Merelles, se interpuso querella contra Dan Halutz, comandante en jefe de la fuerza aérea israelí en el momento de la comisión de los delitos ; Benjamín Ben Eliezer, ministro de defensa israelí en el momento de los hechos ; Doron Almog, general isarelí al mando de las fuerzas del Sur ; Giora Eiland, presidente del Consejo de Seguridad y asesor de seguridad ; Michael Herzog, secretario militar del ministerio de defensa israelí ; Moshé Yalón, jefe de estado mayor del ejército israelí ; Abraham Dichter, director del servicio general de seguridad de Israel. Ello implica, que cualquiera de estos individuos puede ser arrestado si pisa territorio europeo, es decir si se encuentra en un país signatario del Convenio Europeo de Asistencia Judicial  Recíproca. Cuando el moribundo Ariel Sharon trató de visitar Bélgica hace algunos años, fue disuadido por sus consejeros debido a que entonces la ley de competencia universal belga, podría haber sido aplicada.  Posteriormente, ante las presiones israelíes y del lobby sionista, Bélgica disminuyó el alcance de su ley de competencia universal.   Las diligencias judiciales llevadas por el juez Andreu Merelles en España, hicieron reaccionar aieadamente a  Tel Aviv y el pusilánime gobierno hispano por boca de Moratinos, prometió favorecer un « ajuste a las leyes procesales españolas ». Es decir buscar la manera que la legislación española no lastime ni con el leve pétalo de una comisión rogatoria al estado sionista. Extraño. Cuando Pinochet fue detenido en Londres, sobre la base de la ley de competencia universal hispana, nadie de los entonces dirigentes españoles o europeos mencionó siquiera la posibilidad de modificar dicha ley. Curioso, el conocido doble rasero, según el transgresor pertenezca  o no al pueblo elegido. El procedimiento actual adoptado por el abogado galo Devers y otros treinta de sus colegas, se inscribe entonces en una diligencia ante la CPI -que ni Israel ni Palestina- han ratificado. En la querella presentada, se designa a Israel como potencia ocupante y se recuerda la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU (22/11/1967), la cual señala que Tel Aviv debe proceder a la evacuación de los territorios ocupados, además del reconocimiento explícito de la soberanía, de la integridad territorial y de la independencia política de cada estado de la región, lo que incluye el reconocimiento de Jerusalén como capital de Palestina. Sin embargo, Israel no ha respetado dicha resolución y ha practicado desde entonces una política de asentamientos de colonos y ha ocupado Gaza, aun si reconoce la existencia de una frontera en lo que respecta a Gaza. Las resoluciones conminando a Israel a poner término a la ocupación de Palestina son numerosas : 338 (1973); 425 (1978); 480 (1980); 497 (1981); 1397 (2002); 1515 (2003). Esta exigencia de la comunidad internacional ha sido reiterada  por la Asamblea General de la ONU, desde la  resolución 2625  del 24 de octubre de 1970. En el caso de la querella presentada ante la CPI por el grupo de abogados que encabeza Devers, se hace presente que Tel Aviv ha violado la cuarta Convención de Ginebra, del 12 de agosto de 1949, relativa a la protección de civiles en tiempos de guerra. Por otra parte, Israel no ha respetado las decisiones del Consejo de  Seguridad de la ONU, más aún, recientemente ha negado la validez a la decisión de la CIJ del 9 de julio de 2004, relativa a la ilegalidad de la construcción de un muro en los territorios ocupados. “La agresión a Gaza se inscribe entonces -dice Gilles Devers-  en una línea constante que consiste en  pisotear al derecho internacional”. El bloqueo impuesto a Gaza, el cierre de los puntos de acceso a este territorio y el corte del suministro de carburante, víveres y medicamentos, constituyen un castigo colectivo en contra de la población civil. Dicho bloqueo fue reforzado luego de la agresión armada de diciembre y enero pasado impidiendo la intervenciónn de organizaciones humanitarias y restringiendo también el acceso de la prensa. Pocos días antes del inicio de la agresión israelí, la Asamblea General de la ONU (19/12/2008, 72° sesión plenaria, resolución 63/201) había subrayado el carácter inadmisible de la actitud de Israel relativa la derecho internacional y recordó que el pueblo palestino tenía derecho a reparaciones por el despojo de sus recursos naturales, su destrucción o agotamiento por medidas tomadas por el estado sionista. La agresión bautizada “plomo endurecido”, arrojó un balance escalofriante y un conjunto de elementos permite establecer que dicha agresión puede ser tipificada, con arreglo a los documentos y tratados internacionales suscritos por Israel, como “crimen de guerra”. Durante los 22 días de bombardeos fueron muertos 1 417 palestinos, de los cuales sólo 236 eran combatientes. El número de niños muertos es más elevado que el de combatientes. Hay que agregar a esto 5 303 heridos graves, entre los cuales 1 606 niños y 828 mujeres. Por su parte, Israel reconoce tres civiles israelíes muertos y diez soldados. 2 400 casas y apartamentos fueron destruidas, 490 por la acción directa de bombardeos, además de 29 edificios que albergaban oficinas públicas y ministerios; 60 comisarías de policía; 30 mezquitas; 5 sedes de órganos de prensa; 29 escuelas; un tercio de las tierras cultivables fue destruido; también el agresor sionista procedió a la destrucción de cementerios y a la profanación de tumbas; almacenes y hangares en los cuales la ONU almacenaba productos de consumo cotidiano (leche, cereales, azúcar, etc) fueron también destruidos por los bombardeos. Los israelíes decidieron atacar el primer día de la agresión a la hora de salida de clases de los colegiales, por esta razón se contabilizaron más de 200 muertos ese día.   Las armas utilizadas -fósforo blanco- demuestran la intención de golpear a los civiles (verwww.hrw.org/node/81760). Ello demuestra según los abogados que el objetivo militar era secundario, aunque las afirmaciones israelíes en el sentido de que querían acabar y/o empujar al grupo dirigente de Hamas, a deponer las armas -lo que por otra parte no lograron- el objetivo decisivo de la agresión era la población civil, y ello caracteriza el crimen de guerra y el crimen contra la humanidad.  “Está claro -puntualiza Devers- que el término de la matanza no fue logrado porque Tel Aviv había alcanzado un objetivo supuestamente político o militar, sino porque intervino un factor político exterior, la toma de posesión de Barack Obama. Los testimonios confirman que en los últimos días , las operaciones militares fueron más violentas. El objetivo de la agresión era causar un elevado número de víctimas civiles ”. La decisión de desencadenar la agresión se orientaba a destruir y proceder a un escarmiento masivo en una población que mayoritariamente apoyaba a Hamas y que le había dado una mayoría de diputados en el Parlamento palestino. “Se trataba de advertir que el ejército israelí puede atacar en cualquier momento este territorio. Es el fruto de una política que se funda en una relación de dominación que niega los derechos humanos y la igualdad entre los hombres”, explica Devers. El grupo de abogados intenta entonces poner término a la impunidad del estado sionista utilizando el derecho internacional y las particularidades del derecho nacional en cada país. Sin embargo han desestimado entablar una querella en Israel, puesto que las investigaciones ordenadas por la justicia y el ejército israelí, ante la indignación internacional creada por la agresión, no fueron serias y el estado sionista se protege aduciendo que se trata de asuntos de “seguridad nacional”. Las posibilidades que brinda el derecho son variadas. Recurrir ante la CPI permite plantear el asunto de la agresión en su globalidad ante una jurisdicción internacional penal permanente. Pero también el grupo de abogados considera presentar querellas ante jurisdicciones nacionales en función de la nacionalidad de las víctimas. En este sentido se prevén querellas en España, Gran Bretaña, Turquía y en Noruega e incluso, se podría efectuar una diligencia en EEUU, en el marco del American Alien Statute y en la ONU  se ha pedido la creación de una jurisdicción especial al respecto El gobierno de Tel Aviv ha alegado la incompetencia jurisdiccional de la CPI, por cuanto Israel no ha ratificado el Tratado de Roma que la creó (EEUU, tampoco lo ha ratificado). Por otra parte se aduce que Palestina tampoco lo ha hecho y se cuestiona la naturaleza estatal de la Autoridad Palestina. “Hay que señalar que el Consejo de Seguridad de la ONU puede recurrir ante la CPI, cualquier estado miembro puede también presentar querella y el gobierno palestino puede hacer una declaración explícita de competencia”, replica Devers, agregando que, “en el ejército de Israel sirven personas que disponen de doble nacionalidad, y muchos de dichos estados han ratificado el estatuto de Roma”. Se podría entonces, si existiera la voluntad de hacerlo, perseguir ante tribunales nacionales a ciudadanos israelíes que disponen de otra nacionalidad, y que habiendo servido en el ejército sionista pudieren haber participado en crímenes tipificados como crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad        El grupo de abogados decidió presentar la querella (22/01/2009) y además, obtuvo una declaración de competencia del gobierno palestino.  Y ello era necesario por cuanto la población  palestina es una de las más amenazadas del mundo puesto además que su carácter estatal ha sido cuestionado por su propio agresor. Por otra parte, Devers y sus pares pidieron al gobierno francés que  recurriera ante el Consejo de Seguridad de la ONU, sobre la base del Estatuto y en concomitancia con el capítulo VII de la Carta de la ONU. El gobierno galo, así como la UE, que acostumbran a gargarizarse con la muletilla de la defensa de los derechos humanos, cuando se trata del Tibet, de Sudán o de Cuba, ha hecho mutis por el foro, lo que demuestra que la impunidad que ampara al estado de Israel no está protegida sólo por su simbiótico aliado estadounidense. Algunas semanas antes del desencadenamiento de la agresión israelí, la UE había juzgado necesario “realzar el nivel de cooperación con Israel”. Decisión que debió suspender ante el vasto movimiento de protesta, consecutivo a los crímenes que estaba cometiendo la soldadesca israelí en Gaza. La querella presentada por el grupo de abogados se funda en el Tratado de Roma del 17 de julio de 1998, que instituyó la CPI y está dirigida contra los que resultaren culpables “por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en la tierra palestina de Gaza entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009”. La querella fue autorizada y formalizada por la declaración de competencia depositada por el ministro de Justicia palestino, Alí Khashan, luego de una entrevista con el juez de la CPI, Luis Ocampo. En ella, Alí Khashan otorga competencia retroactiva a la CPI para que investigue sobre los crímenes cometidos en Gaza, desde 2002, con arreglo al Estatuto de la CPI (artículos 11 y 12). En sus considerandos, los abogados señalan que se trata de crímenes contra la humanidad, debido a su carácter sistemático y que hubo intento de exterminación de parte de la población palestina con una secuela  de asesinatos de civiles, homicidios intencionales premeditados, ejecuciones sumarias y violaciones graves a las leyes y costumbres que se aplican a los conflictos armados. Se puntualiza que el Estatuto de la CPI, permite buscar las responsabilidades civiles o militares por dichos actos. El balance humano y material de la matanza ha sido establecido por decenas de asociaciones y por algunos personeros de la propia ONU. Dichos informes concuerdan y van en el mismo sentido : se trata de crímenes graves que pueden ser tipificados como crímenes de guerra. La querella fue presentada ante el procurador de la CPI, Luis Moreno Ocampo, y dicho magistrado acogió solemnemente la presentación hecha por el grupo de abogados y expresó : “Desde el 27 de diciembre de 2008 la CPI ha recibido 326 comunicaciones de ONG y personas sobre la situación existente en los territorios ocupados;  examinaremos atentamente los casos relatados y todo lo que tenga que ver con la jurisdicción de esta Corte, incluyendo la declaración de la Autoridad Nacional Palestina que acepta la jurisdicción de la CPI, para saber si los crímenes denunciados entran en la categoría definida por el Estatuto de la CPI y si se puede iniciar un procedimiento en relación a ellos”. La llamada “base razonable” para perseguir a los responsables de los crímenes denunciados existe, y aunque una reforma y revisión del Estatuto de la CPI está prevista para julio de 2009, el 24 de abril pasado, la CPI estableció un plan de acción destinado a hacer “efectiva la universalidad y la puesta en marcha integral del Estatuto de Roma  de la CPI, para poner término a la impunidad de autores de crímenes graves que tienen un alcance internacional”.   Desde la elección del nuevo gobierno presidido por Netanyahu -cuyo ministro de RREE, no es otro que Liebermann, un connotado fascista-, se ha acentuado el aislamiento del estado sionista que enfrenta una reprobación internacional que no decrece. La reciente entrevista de Netanyahu y Obama en Washington, la gira de éste último por el Cercano y Medio Oriente podrían indicar que el gobierno estadounidense estaría reconsiderando su irrestricto e incondicional apoyo al estado sionista, habida cuenta de la hostilidad mundial que dicho apoyo ha generado, particularmente en el mundo musulmán. A más largo plazo, podría ser el inicio de cierto cambio de la política de EEUU en la región y la relativa  pérdida de importancia para EEUU del portavión israelí, que podría ser reemplazado por otro que concitara menos aversión. En todo caso, la iniciativa de las ONG representadas por los 40 abogados, busca, a pesar de la desidia de la comunidad internacional, impedir que se consume una vez más la impunidad por los crímenes cometidos por un estado que desde su fundación ha pisoteado el derecho internacional.  París, 4 de junio de 2009

Bagua, Perú: Masacran a 25 indígenas. Otra masacre del Libre Comercio

por NASAACIN (Colombia)

DOMINGO, 07 DE JUNIO DE 2009

Alan García viene entregando su país al "libre comercio" con tratados inconsultos que el pueblo rechaza y ahora con una masacre que causa horror.. Ahora implementa estos acuerdos de élites y corporaciones y los pueblos Amazónicos se levantaron hace 57 días en protesta pacífica. Como en la Minga en Colombia, bloquearon una vía. Como en Colombia el Gobierno ordenó la masacre para abrir la vía a sangre y fuego, porque primero es el tránsito corporativo, que el derecho a la vida. A nombre del "libre comercio" García ordena una masacre. Sentimos repugnancia frente a este mayordomo de las transnacionales y de los grandes sectores financieros quien ha ordenado una masacre digna de los fascistas genocidas y racistas. Basta con ver las imágenes, para gritar con amargura y angustia. Un asesino de estos no puede ser Presidente. Alan García y Álvaro Uribe no son Presidentes de sus países. Son Presidentes del poder corporativo contra sus pueblos y al que no esté de acuerdo lo masacran. Ayer avanzó la ratificación del TLC Canadá Perú en el parlamento Canadiense. Esta semana Uribe va al Canadá a promover el TLC. Se entregan Perú y Colombia a la U.E. En Perú se ha cometido una masacre para el TLC. En Colombia se vienen cometiendo. Se llaman falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, masacres paramilitares, desplazamientos masivos y crímenes de Estado y de lesa humanidad. Lloramos la masacre del Perú y exigimos el juicio de Alan García y de Álvaro Uribe Vélez. Son criminales del Libre Comercio. Con ellos deben ir a juicio sus contrapartes en el negocio y quienes diseñan la política y la imponen para su beneficio. Deben ser destituidos, juzgados y sentenciados, quienes desde la OMC, la Banca Multilateral, los Gobiernos del  "Primer Mundo", los clubes de corporaciones y de sectores financieros y sus ejércitos, agencias de inteligencia y Gobiernos vienen matando para despojar y enriquecerse. Nos invaden, nos asesinan, nos desplazan y todo para enriquecerse. La masacre del Perú no debe pasar desapercibida. No queremos TLC! Exigimos la inmediata derogatoria del TLC y la legislación que lo impone! Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida ACIN, Junio 6 de 2009 * Fuente: NASAACIN – Colombia

Perú: Cronología de una matanza anunciada

por Equipo Nizkor DOMINGO, 07 DE JUNIO DE 2009

Alan García ordena el desalojo de una protesta indígena por medio de una operación militar, provocando al menos 34 muertos y decenas de heridos. i) Cronología de una matanza anunciada. Noviembre de 2007: García publica en el “prestigioso” diario “El Comercio” sus tan inteligentes artículos “el perro del hortelano” y “el perro del hortelano reloaded”, donde nuestro supremo presidente dice: “El primer recurso es la Amazonía. Tiene 63 millones de hectáreas y lluvia abundante. En ella, se puede hacer forestación maderera especialmente en los 8 millones de hectáreas destruidas, pero para eso se necesita propiedad, es decir un terreno seguro sobre 5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta tecnología. Ahora solo existen las concesiones que dependen de la voluntad del Gobierno y del funcionario que puede modificarlas. Por eso nadie invierte ni crea un puesto de trabajo por cada dos hectáreas como debería ser; ni hay elaboración de la madera y exportación de muebles. En su mayoría, esas concesiones rapiña solo han servido para sacar la madera más fina, deforestar y abandonar el terreno. Por el contrario, la propiedad formal por grandes empresas colectivas como los fondos de pensiones permitiría hacer inversiones de largo plazo desde la siembra hasta la cosecha años después. Los que se oponen dicen que no se puede dar propiedad en la Amazonía (¿y por que sí en la costa y en la sierra?). Dicen también que dar propiedad de grandes lotes daría ganancia a grandes empresas, claro, pero también crearía cientos de miles de empleos formales para peruanos que viven en las zonas más pobres. Es el perro del hortelano.” ¿Alguna mención a los pueblos indígenas? No hay, seguimos en la época del caucho al parecer…. 12 de diciembre de 2007, García pide al Congreso facultades para legislar (sacar decretos legislativos) temas referentes a la implementación del TLC, ojo según la Constitución, cuando se piden facultades para legislar, estas son específicas, y solo se puede legislar sobre la materia que se ha establecido, en este caso TLC. 19 de diciembre de 2007, el Congreso, como siempre tan raudo y eficiente, le da las facultades, artículo 2: el contenido de estos decretos se limitará a lo concerniente al TLC. Las facultades son por seis meses. 28 de junio de 2008, o sea un poquitito antes que acabe el plazo para legislar, saca una cantidad de Dec. Leg., algunos regulaban hasta el tema de universidades, definitivamente mucho que ver con el TLC… Septiembre y agosto de 2008, empiezan las paralizaciones de los pueblos indígenas, en contra de estos decretos. Agosto de 2008, paralización de los pueblos indígenas (AIDESEP agrupa a 1350 comunidades nativas): el Congreso derogó el D.L. 1015 (la ley de la selva, que permitía comprar, con el acuerdo de tres personas, toda la propiedad de la comunidad. También la Defensoría presentó una demanda de inconstitucionalidad contra este D.L., porque era ¡¡faltozaso!!) y el D.L. 1073. Javier Velazquez Quesquén, dice que conformará una comisión para evaluar los decretos legislativos. Diciembre 2008, la comisión del Congreso presentó su informe, pero Quesquén dice que lo presentará el 1 de febrero, ya que los congresistas estaban de vacaciones. 1 de febrero de 2009, llegó el día del plazo, Quesquén no dijo esta boca es mía. 12 de marzo, AIDESEP envía cartas a Velásquez Quesquén y a Simon recordándole cual había sido su compromiso. 9 de abril, no hay respuesta alguna de las autoridades (ya pasó un mes de las cartas!!!, ya pasaron 3 meses de que Quesquén se comprometió a presentar el informe!!!). Los líderes (ojo, no solo Pizango, cada comunidad tiene un jefe que lo representa) acuerdan iniciar la paralización, pero las restringen al interior de sus comunidades. 18 de abril, en vista que nadie les hace caso —en una entrevista Simón calificó sus demandas como caprichos, frente a un permisivo (por no poner otro adjetivo) Althaus— decide radicalizar la protesta. 20 de abril, se reúnen en la PCM. Simon se comprometió con AIDESEP a formar una comisión multisectorial (poder ejecutivo y AIDESEP), pero ante la prensa Simon dice que firmará la resolución para esa comisión multisectorial cuando se levante el paro. 24 de abril, Quesquén dice que presentará el informe de la comisión multipartidaria (ese que debía poner a debate el 1 de febrero, porque en enero los congresistas estuvieron de vacaciones), pero… pero… pero antes debía ser aprobado por la junta de portavoces… la junta de portavoces no aprobó su pase a pleno. Última semana de abril, Tarapoto y Yurimaguas se unen al paro. 9 de mayo, el gobierno declara en emergencia distritos amazónicos de 5 regiones del Perú. Estado de emergencia: en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la NACIÓN… (eso dice la constitución, bien clarito, que afecte la vida de la nación). 11 y 13 de mayo, Pizango se reúne con Simon, no llegan a ningún acuerdo. Simon dice que Pizango le habla a él en castellano, pero por teléfono, se dirige a “los nativos” en su “dialecto” (¿no sabe un primer ministro la diferencia entre dialecto e idioma?, ¿porque Aldito no se queja de eso?) 15 de mayo, Pizango dice lo del derecho a la insurgencia. 16 de mayo, Alan dice: “la selva es de todos los peruanos y no sólo de un grupo” (¿¿no sabe acaso lo que implica el derecho a la propiedad y a la posesión??, ¿¿¿no sabe que muchos pueblos tienen títulos de propiedad desde los 70???… ahh verdad a él lo votaron de derecho de la Católica. Le recordamos lo que el Código Civil dice sobre el Derecho a la propiedad: “es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley”). Ese mismo día los dirigentes se reúnen con la Defensoría del Pueblo y anuncian que la protesta será dentro del Estado de Derecho. 19 de mayo, el D.L. 1090 (ley forestal y de fauna silvestre) es declarado inconstitucional por la comisión del Congreso, su derogatoria entonces ahora tendría que ser DEBATIDA (ojo no solo votada) por el pleno del Congreso. 22 de mayo, la tía Charo (Rosario Fernández) denuncia a Pizango por alentar la rebelión, la sedición y la conspiración y dice: "Hemos escuchado los argumentos del señor Pizango y no parecen de un nativo desprevenido." 4 de junio: al caballazo suspendieron el debate de la derogatoria: Mulder interpuso una cuestión previa pa suspender el debate y la votación sobre esa ley hasta que la comisión multisectorial (si, la misma de Simon con los indígenas, que desde el 13 de mayo está entrampada), remita un informe sobre los decretos cuestionados. Ese mismo día la Defensoría del Pueblo presenta una demanda de inconstitucionalidad ante el TC: el D.L. 1064 vulnera los derechos constitucionales de propiedad de la tierra y de consulta previa de los pueblos indígenas. 5 de junio: 639 “efectivos” de la DINOES (Dirección Nacional de Operativos Especiales) completamente armados, más personal de las Fuerzas Armadas (también súper armados), van a levantar la protesta, teniendo como consecuencia: 4 policías muertos y más de 20 indígenas muertos. Sale el jefe de la Policía a decir que como “los nativos están usando armas” eso demuestra la infiltración. Conclusión de su racionamiento (incluido el de la tía Charo): como son indígenas, no pueden usar armas (su cerebro no se los da pa tanto) y deben ser desprevenidos…. [Fuente: Por Ana María Vidal, Instituto Bartolome de las Casas, Mex, 05jun09] ii) Nueve policías, más de 20 nativos y dos periodistas habrían muerto en Bagua. Nueve policías, más de veinte nativos y dos periodistas habrían muerto hoy como resultado de un enfrentamiento en Bagua, según informaron extraoficialmente periodistas del lugar La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, dijo que uno de los policías fallecidos es el Técnico de Primera José Antonio Vilela, quien viajaba a bordo de un helicóptero de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, DINOES, que fue atacado con balas por los nativos. El suboficial de 39 años deja en la orfandad a un tres niños. En total se informó que son 639 los efectivos que participan en el operativo. En el marco de la situación de confusión y emergencia que se vive desde las primeras horas de hoy en Bagua, con diversas informaciones extraoficiales y sin confirmar, el director de la Policía, general José Sánchez Farfán, confirmó en la mañana en radio programas del Perú, que cuatro efectivos cayeron en el choque con los indígenas. Posteriormente en el mismo medio, el jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, general Miguel Hidalgo, afirmó que posiblemente sean siete los policías fallecidos al enfrentarse a nativos que protestan en la zona de “Curva del Diablo”, en la carretera Fernando Belaunde Terry, Bagua. Informaciones policiales precisaron que los policías fueron atacados con armas de largo alcance y otros cuatro heridos graves han sido trasladados de emergencia. Lider nativo entre las víctimas Asimismo, el líder nativo Bryce Pérez, afirmó que el presidente del comité de lucha provincial de Condorcanqui, Santiago Mauin Valera, falleció por la intervención policial hecha con “balas de guerra” y que existen numerosos heridos e incluso muertos entre los indígenas y la población. De acuerdo a las informaciones extraoficiales serían veintiún los nativos muertos en la trágica jornada. Del mismo, modo, periodistas de la zona informaron que al cierre de esdta ediución, numerosos nativos y ronderos se dirigían al local de la Policía Nacional de Bagua Grande con la intención de incendiarlo. Las informaciones de la zona precisan que los pobladores protestaron por el bombardeo de bombas lacrimógenas realizadas desde un helicóptero, contra el poblado de El Reposo. También dos periodistas Asimismo un conocido periodista de Bagua Chica, aseguró que dos periodistas habrían muerto cumpliendo con su deber de informar en tanto que otros cuatro habrían sido detenidos por la policía. Los enfrentamientos se registran a la altura del kilómetro 201 de la vía, en la zona denominada la Curva del Diablo, ubicada en Bagua Grande, donde más de 2.000 nativos mantienen bloqueada la vía desde hace diez días, lo que ha generado desabastecimiento en varias localidades del nororiente peruano. Los nativos amazónicos bloquearon la vía como medida de protesta por la huelga que realizan desde hace más de 50 días para exigir que se deroguen una serie de decretos legislativos que consideran los perjudican, entre ellos el DL 1090, cuya derogatoria programada para debatirse ayer en el pleno del Congreso, fue nuevamente postergada. (Con información de Inforegión) [Fuente: La República, Lima, 05jun09] iii) Policías llegaron para matarnos. Desde horas de la mañana se ha venido recibiendo información que se està llevando un violento desajolo en la localidad de Siempre Viva. Esa violenta intervención de la PNP quienes según nos informan, arremetieron contra nuestros hermanos Awajún y Wampis apostados enla Curva del Diablo con ráfagas de metralla y bombas lacrimógenas desde un helicóptero. Los Hospitales de Bagua Chica y el Milagro han colapsado, se necesitan unidades de sangre y especialistas de la salud para atender a los numerosos heridos que llegan. Mientras tanto nos comunican que en Bagua Chica existe una represión violenta de la PNP contra los pobladores que decidieron defender y atender a nuestros hermanos que se encuentran en pie de lucha. Se escuchan disparos y la PNP sigue lanzando bombas lacrimómegas sobre la poblacion de Bagua Chica. Hay muchos heridos y se presume varios fallecidos, además nos comunicaron que nuestro dirigente Santiago Manuin Valera estaría gravemente herido. Hoy en concentración multitudinaria en el Pueblo Joven Juan Velasco Alvarado, el pueblo de Santa María de Nieva lloraba a sus muertos. [Fuente: Paro Amazónico Condorcanqui 2009, Página oficial, 05jun09] iv) Pizango acusa al gobierno de ser responsable de la situación en Bagua. El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) Alberto Pizango responsabilizó al presidente Alan García y al presidente del Congreso de la República, Javier Velásquez Quesquén, por los fallecidos del trágico enfrentamiento desatado en Bagua. Agregó que el gobierno “agravó la situación al ordenar que hoy a las 5 de la mañana un grupo de efectivos de la Dirección Nacional e Operaciones Especiales (DIROES) irrumpa en la carretera Fernando Belaunde Terry”. “Javier Velásquez Quesquén también es responsable de los 22 indígenas fallecidos por no atender nuestras demandas ni extender este reclamo por más de 60 días”, acotó. “¡Qué pena que un gobierno democrático esté haciéndonos matar entre nosotros!”, mencionó el líder shawi durante la conferencia de prensa. A su vez, Pizango Chota, pidió tranquilidad a los pueblos indígenas “tal y como estuvieron hasta ayer”. Acompañaron a Pizango en la conferencia de prensa los congresistas del Partido Nacionalista Peruano, Rafael Vásquez, Juana Huancahuari y María Sumire. Estuvo presente también el coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, Miguel Palacín. García critica a Pizango “Pizango ha caído en un nivel delincuencial”, “asaltar una comisaría, arrebatar armas a policías”, “están jugando a la revolución”, fueron algunas de las frases con las que calificó el presidente Alan García a Alberto Pizango. [Fuente: Servindi, Bagua, 05jun09] v) 20 indígenas awajún-wampis muertos por enfrentamiento en Bagua Alrededor de veinte nativos muertos y cientos de heridos es el trágico saldo del enfrentamiento desatado entre la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) y los indígenas de Bagua durante la operación de desalojo de la carretera Fernando Belaúnde Terry iniciada a las 5.30 de la mañana. (Imagen: Virgilio Tsajaput) Las acciones fueron ejecutadas en el tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry conocido como “Curva del Diablo” y en la estación 6 del oleoducto Norperuano. El presidente del Comité de Lucha Provincial de Condorcanqui, Santiago Manuig Valera, falleció tras ser disparado con armas de guerra en la zona de Curva del Diablo, en donde se encuentran concentrados. El líder indígena Mateo Impi anunció a SERVINDI que los policías no dejan que saquen los cadáveres. “Estamos pidiendo la intervención de la Defensoría (del Pueblo)”, invocó. Según informó el director de la Policía Nacional del Perú (PNP), José Sánchez, siete policías perdieron la vida en la zona. “Hemos sido atacados por elementos delincuentes con armas de fuego, que han provocado el fallecimiento de policías”, anunció el general de la zona Luis Murusa. “Basta de terrorismo, basta de atacar a las fuerzas del orden”, sentenció. El general Murusa agregó que se ha restablecido el tránsito en circunstancias difíciles, pero que la carretera ya se encuentra despejada. Previamente, el presidente Alan García responsabilizó a los “pseudo dirigentes de las comunidades nativas que impulsan medidas de fuerza y violencia”. “Pretenden jugar a la revolución”, señaló. Por su parte, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Alberto Pizango, denunció en el marco de una conferencia de prensa, con varios medios de prensa del extranjero como testigos, que se ha desatado un despliegue de unidades del orden rondando el hotel donde ofrece sus declaraciones. * Fuente: Equipo Nizkor

EL MPT JUNTO A LOS PROFESORES EN LUCHA Y POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Declaración Pública

"MPT Chile" [e-mail]

La legitimidad de la lucha de los profesores municipalizados por el pago del bono SAE, obtenido a través de movilizaciones en 1995, y contemplado como beneficio legal, revela la crisis estructural del sistema educacional administrado por los municipios desde la década de los 80 a través de una imposición del pinochetismo que perseguía aniquilar la enseñanza pública y lograr su privatización total. La lucha de los docentes organizados tanto en la AGECH de la época, como luego en el Colegio de Profesores AG, impidió el objetivo pinochetista de acabar definitivamente con uno de los derechos sociales elementales de los pueblos y los trabajadores.

Como ha sido recurrente, especialmente en los últimos gobiernos de la Concertación, la paralización docente en particular, y la movilización social en general, sólo han recibido represión e incumplimientos. La indignación de los maestros en lucha es de una justicia incuestionable y merece el más amplio apoyo de la comunidad nacional.

En la actualidad, prácticamente la mitad del sistema escolar chileno es particular subvencionado o particular-particular. Sólo la otra mitad se define de carácter público y gratuito. Como en pocos países, la enseñanza en Chile es fiel reflejo de las desigualdades sociales y la polaridad de las clases. La educación pública intenta formar en condiciones extraordinariamente precarias, con exceso de estudiantes por curso, recursos siempre insuficientes, a los hijos más pobres de nuestro pueblo. Asimismo, los currículos implementados resultan absolutamente funcionales a los requerimientos de la empresa privada y la ganancia de unos pocos, mediante la calificación básica de una gran contingente de niños y jóvenes que busca la proletarización de la marginalidad social. Ese es uno de los objetivos centrales de la Jornada Escolar Extendida o Completa. La ampliación de la cobertura escolar es un fenómeno inversamente proporcional a la construcción de sujetos integrales, críticos y creativos en todos los ámbitos. El Estado, expresión burocrática del bloque en el poder, de la minoría que manda, a través de la educación pública destruida reproduce mano de obra barata y con una preparación acotada a la lectura, la escritura y las cuatro operaciones elementales de la aritmética. Los idiomas y la filosofía han desaparecido de las aulas públicas, y los educadores, más que dedicarse a labores propiamente pedagógicas, realizan tareas de contención y asistencia social. Es decir, en la escuela y el liceo se reproducen las contradicciones y maldiciones de una sociedad estructuralmente injusta y desigual como la chilena. No es preciso referirse a los resultados catastróficos de la educación pública en las distintas pruebas estandarizadas que se aplican permanentemente.

La lucha docente por el pago legal del bono SAE, más allá de su justeza, resulta insuficiente para enfrentar la crisis global de la enseñanza pública. La demanda económica debe incorporarse necesariamente a una exigencia nacional para transformar la enseñanza desde sus fundamentos, objetivos, formas y contenidos actuales. De esta manera, la pura lucha gremial ofrecería un salto de calidad y de sentido, involucrando a estudiantes y apoderados, es decir, a los trabajadores y al conjunto del pueblo.

Junto con solidarizar con la reivindicación de los maestros chilenos, el Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores -en cuyo seno hay muchos profesores que hoy están en las calles, peleando- propone aprovechar esta oportunidad preciosa para convertir la lucha por el bono SAE en la lucha por una educación pública que retorne al Estado con participación sustantiva de la comunidad escolar y social en su administración y diseño de objetivos y criterios centrales. Una educación pública que cuente con un financiamiento que al menos, duplique el presupuesto fiscal asignado y que en sus contenidos, promueva la formación de niños, niñas y jóvenes integrales, reflexivos, altamente preparados en todas las disciplinas del quehacer humano. Una educación pública que sea prioridad social, universal, gratuita y cuyos objetivos estén asociados a la construcción de sujetos libres al servicio de los intereses de las grandes mayorías nacionales y no del lucro empresarial privado.

El MPT saluda la movilización de los maestros y maestras y declara que su causa se volverá nacional y multisocial en la medida que se ligue rápidamente al fin de la municipalización y la enseñanza particular-subvencionada, y a la gesta popular por la edificación de una educación pública fuerte, participativa, integral, universal, gratuita, prioritariamente financiada y lejos del lucro y de un proyecto mezquino que sólo beneficia a unos pocos, y sin sentido de país.

Ejecutivo Provisorio

Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores-MPT

Santiago de Chile, 4 de junio.