La salud en el plato ( y el abuelo Santos)

Por Gustavo Duch

Supongo que cualquier persona tiene uno o más ejemplos. El mío era el abuelo Santos y los años que vivió, que fueron muchos y saludables. Estaba claro el porqué. Santos nació y vivió siempre en un pequeño pueblo segoviano rodeado de naturaleza en estado puro. Sus labores, de hortelano y ganadero, las llevó a cabo sin productos químicos. Y su alimentación, basada en sopas, legumbres, verduras y poca carne,  fue casi toda producida por la misma familia o vecinos de los aledaños. La vejez le trajo, como es normal, los consabidos achaques, con los  que nos demostró de nuevo su mucha fortaleza acumulada en cada bocanada inspirada durante los ochenta y tantos años anteriores. Aunque, cuando su vida ya tocaba a su fin, los traslados a la capital para alguna hospitalización, prueba o revisión eran verdaderamente un engorro.

¿Podemos decir actualmente lo mismo? Es decir ¿tenemos referencias de que la salud de las personas vaya mejorando con esta civilización globalizada? Creo que podemos afirmar que no, que obviamente han mejorado muchos los sistemas sanitarios, la medicina en general y que gracias a ella se sobreviven algunos años…pero la salud de las personas – como el Planeta que nos acoge- parece cada vez más mermada.

Mucho tiene que ver en todo esto nuestro sistema alimentario global, que con un enfoque exclusivamente mercantilista produce básicamente alimentos baratos de tres tipos: los de baja calidad (las verduras y frutas de invernadero, por ejemplo), los de dudosa calidad (los productos con elementos transgénicos, por ejemplo) y, a veces, los claramente dañinos (alimentos contaminados con dioxinas, por ejemplo). Y aunque parezca que tenemos mucho donde escoger, la globalización alimentaria, más que diversificación nos ha llevado a una homogeneización de las dietas (ricas en azúcares y grasas) que es en sí misma un atentado contra la salud y la cultura culinaria de la población.

Capear con alimentos de tantos orígenes ha requerido incrementar las medidas de seguridad alimentaria pero ni con ellas nos escapamos de crisis como las vacas locas, la gripe A o las mencionadas dioxinas. Porque no es una cuestión de más vigilancia, es cuestión de recuperar un modelo de producción  que nos encauce hacia una dieta equilibrada y sensata. De hecho, el diseño tan férreo de las normativas sanitarias para los alimentos, suele beneficiar a las grandes corporaciones y transformadoras de alimentos, arrinconando prácticas sencillas del campesinado, que favorecerían el consumo de proximidad y confianza.

Pero además se aprecia otra realidad. Si de alguna forma la salud, la fortaleza, en nuestra conciencia colectiva se la atribuye a la gente del campo -gente saludable, decimos, pensando en  abuelos como Santos-, esta situación,  también como consecuencia del modelo de producción impuesto, ha cambiado. Las y los agricultores, los trabajadores y trabajadoras del campo son uno de los colectivos con más riesgos de caer enfermos, no sólo por accidentes laborales de esfuerzo, de empleo de maquinaria o trabajos manuales, sino por el uso (y abuso) poco controlado de productos químicos de los que, de nuevo, sólo se enriquece la agroindustria. Las estadísticas son alarmantes.

Y si en pocos años mucho han cambiado las cosas para las gentes del campo, algunas lamentablemente, se mantienen intactas, como es la discriminación que existe en el acceso a los servicios públicos sanitarios. Muchos pueblos del Estado carecen de algunos servicios básicos (ecografías, radiografías, servicio de ginecología, ambulancias…) y casi siempre todo está demasiado lejos y demasiado centralizado, como sufrió el abuelo Santos. Las tendencias neoliberales y la actual crisis económica sólo hacen que acentuar el problema pues las medidas que se aplican tendentes a la privatización de los servicios sanitarios (como el copago), harán más grande la brecha entre unos ciudadanos y otros. Entre la gente del medio rural y del medio urbano; entre las personas mayores y los más jóvenes; entre los más pobres y los más ricos, y desde luego entre mujeres y hombres.

La agricultura industrial no sólo provoca la desaparición de muchas fincas y unidades agrarias, pobreza en el medio rural, competencia en los países del Sur, desastres medioambientales, etc., sino que también es la responsable de muchas muertes en el campo y en la mesa. Por eso desde los movimientos campesinos se defiende recuperar el control de la agricultura y la alimentación, es decir, recuperar nuestra soberanía alimentaria con una agricultura campesina a pequeña escala como la única vía posible para alimentar al mundo de forma justa, sana y sostenible.

(Más información sobre salud y agricultura, aquí)

Chile: La cuenta amenazante y antipopular de Piñera

Por Andrés Figueroa Cornejo
 
Lo realmente nuevo de la cuenta anual de gobierno del Presidente Sebastián Piñera este 21 de mayo respecto  de 2010 no fue lo que ocurrió al interior del Congreso Nacional en Valparaíso, sino lo que pasó afuera; el conjunto de acontecimientos que paulatinamente están rompiendo la paz de cementerios en Chile, y que se expresó en aproximadamente 15 mil jóvenes y trabajadores, protestando en la avenida principal de la capital de la V Región, Pedro Montt.
 
Ciertamente, en el hemiciclo del edificio legislativo un pequeño grupo de parlamentarios de la Concertación levantó un letrero solicitando una Patagonia sin represas en medio del discurso del Ejecutivo. Desde la gradería, activistas ambientales también interrumpieron a un Piñera, quien visiblemente nervioso, los acusó de ‘violentistas’ y faltos de ‘respeto’. En buenas cuentas, el mensaje presidencial, lleno de lugares comunes, predecible y vacío, extemporáneo y publicitario, se vio empañado por el manifiesto descontento dentro y en el exterior del Congreso, a pesar de que, una vez más, utilizó teatral y mediáticamente a uno de los 33 mineros rescatados del yacimiento San José a comienzos de su alocución.
 
“Antes de que termine el 2020, Chile será un país desarrollado”, aseguró Piñera e inmediatamente señaló que el 50 % de la reconstrucción de las zonas castigadas de febrero del año pasado por el maremoto-terremoto estaba hecha. Sin embargo, de las 140 mil viviendas nuevas comprometidas, según la propia página web del Ministerio de Vivienda, apenas se han levantado mil, y sólo un tercio de los subsidios han sido cursados.
 
Para intentar sostener su promesa bíblica de una nación desarrollada en 9 años más, el presidente de la derecha tradicional (quien obtuvo menos de un tercio de los votos de la ciudadanía habilitada para sufragar para entrar a La Moneda), se afirmó sobre un crecimiento económico de “más de un 7 %” a fines de 2011, y del aumento de un 19 % de las inversiones respecto del año anterior. Claro que no se refirió en absoluto a que hace mucho tiempo que las cifras macroeconómicas del país únicamente resultan indicadores abstractos ante el empeoramiento de la vida de las grandes mayorías, y ocultan la tendencia de hierro capitalista de una alta concentración de la apropiación del excedente socialmente producido, y la financiarización y transnacionalización de una economía fundada en el extractivismo exportador minero, maderero, y mucho después pesquero, por un lado, y la intensificación de las desigualdades sociales, por otro. Es decir, ese 7 %, que basado en la especulación financiera, la sobreexplotación del trabajo y el despojo privado y depredador de los recursos naturales, beneficia a los pocos, y maldice a los muchos.
 
Además, Piñera dijo que el consumo habría aumentado “un 10 %” y los salarios “un 6,3 %”. Lo que no informó es sobre la distribución del consumo en los distintos fragmentos de clase, donde los territorios sociales subalternos, en general, llegan malamente a fin de mes a costa del sobreendeudamiento plástico estructural para adquirir los alimentosa esenciales; ni explicó la ecuación que empleó para llegar a la cifra del aumento de los sueldos. Esto es, ese 6,3 % (¿Con la inflación agregada?) podría ser apenas un promedio entre los altos y minoritarios salarios de los gerentes y el pueblo trabajador llano que en un 80 % no supera nunca los $ 350 mil pesos mensuales (US$ 744 dólares), mientras el kilo de pan se empina a cerca de los 3 dólares.
 
 
TRABAJO, EDUCACIÓN, SALUD
 
 
Sobre el ámbito laboral, el mandatario habló de la creación de casi 500 mil empleos (según mediciones más realistas, se trata de 320 mil). Lo que tampoco comunicó fue de qué tipo  de trabajo se trataba, toda vez que se multiplica el empleo informal, precarizado, a cuenta propia, extraordinariamente rotativo, tercerizado, de horario parcial, en casa, sin derecho a sindicalización y mucho menos a huelga. Asimismo, soslayó la metodología usada para ofrecer semejantes números.
 
En seguridad pública, Piñera indicó que va en buen camino el aumento de la dotación de 10 mil carabineros más y otros mil detectives. Por lo menos, en este caso, se trata de trabajo formal, estable, con contrato, carrera y beneficios sociales. Según el líder y su lucha contra las inadecuaciones linguísticas que le han dado justa fama, la delincuencia habría descendido un 10 %. ¿Cómo llegó a ese porcentaje? Un nuevo misterio.
 
Coqueteando con el alicaído precandidato presidencial de la UDI y ministro de Educación, Joaquín Lavín, en materia de enseñanza, refrendó la ultraliberalización del sistema educativo en Chile mediante la entrega de préstamos directos a los estudiantes para que ‘elijan’ la institución de educación superior que prefieran, dando un golpe fortísimo a la recuperación de la enseñanza pública en vías de extinción en todos sus niveles. Con orgullo contó que ya había un millón de estudiantes en la educación superior. Eso sí, no abrió la boca para decir dónde trabajaría ese millón de jóvenes en medio de una industria de la enseñanza absolutamente desregulada, fragmentada socialmente, mercantilizada y con fines eminentemente lucrativos, muy lejos de una educación integral, racionalmente organizada y diseñada de acuerdo a las necesidades auténticas de un mundo del trabajo sobresaturado de una batería de profesionales y técnicos que redunda en que el 60 % de los clientes de la enseñanza trabaje en algo distinto a lo que estudió. Sin considerar el probado deterioro remuneracional de los que sí laboran en lo que estudiaron.
 
En salud, Piñera prometió terminar con las filas y las listas de espera en  los hospitales y consultorios, y que sobre los planes o seguros sanitarios de las Isapres  evitaría el ‘exceso de diferencias’ en sus costos. Calló que eso sólo podría ser eventualmente posible aumentando el precio de los seguros a los segmentos de trabajadores más jóvenes y de menos riesgo para las aseguradoras. 
 
 
EL POSTNATAL
 
 
Arribando a uno de los temas candentes, el presidente afirmó que el proyecto de postnatal aumentaría de 3 a 6 meses ese bien “y beneficiará a 160 mil mujeres”. Sin embargo, la ex Directora del Trabajo y abogada, María Ester Feres, estudiosa del asunto, ha establecido que tras el proyecto “hay una gran transacción. Esta iniciativa, aplaudida por el empresariado, está ligada a su necesidad de aminorar sus costos laborales en relación a la contratación y el empleo, y a la imposición de aún más flexibilidad laboral. El proyecto no considera el fuero paterno, el derecho del padre a este postnatal extendido. Lo positivo es que revela aspectos del trabajo, siempre invisibles. Tampoco había mucho entusiasmo de la oposición de poner estos temas en la agenda pública. Sin embargo aquí los medios hacen mucho. La gente está convencida de que la medida sólo contempla la extensión a tres meses más del postnatal. Pero en sus partes negativas, es un desastre. Porque las mujeres pasan al subsidio de seguridad social  que sustituye el salario. Pone topes a los subsidios y a las licencias maternales. Hay un intento claro de redistribución de ingresos entre las propias asalariadas, no entre el capital y el trabajo. Las remuneraciones de las mujeres son ostensiblemente menores que las de los hombres en iguales funciones, y demuestran que las desigualdades de ingreso en Chile se basan en los bajos salarios existentes y la ausencia de negociación colectiva. Por otra parte, aumenta la desprotección y desregulación laboral, y elimina el derecho a alimentación. Otro asunto tiene que ver con las salas cunas. Sólo un 8,4 % de las empresas emplea a más de 20 mujeres y, por tanto, la inmensa mayoría no  cuenta con salas cunas. Y el 36 % de ese 8,4 % de empresas no cumple ninguna de las modalidades que señala la ley. Se desperdicia la posibilidad de socializar el costo de la maternidad al interior del empresariado; y se desdeñan alternativas para que el padre se corresponsabilice de la crianza del menor; de ampliar efectivamente la cobertura y de combatir la gran precariedad laboral”.
 
 
RELACIONES VECINALES
 
 
Sobre las Relaciones Exteriores, el mandatario resumió que con Argentina se está avanzando (?); y que si el presidente boliviano Evo Morales representa la demanda histórica de una salida al mar para ese país en organismos internacionales, ello resultaría “un serio obstáculo” en el plano de relaciones entre ambas naciones y que, a pesar de todo los argumentos bolivianos “Chile hará cumplir el Tratado de 1904”. Con Perú, el jefe del Ejecutivo chileno dijo que se cumplirán los tratados de 1952 y 1954.
 
En cuanto a los vínculos económicos regionales, Piñera señaló que privilegiará la pro norteamericana “Alianza del Pacífico” con México y Perú (enclaves imperialistas), dilapidando cualquier relación con proyectos independientes como el eventual Banco del Sur o el ALBA. No faltaba más. Obama visitó Chile no sólo para ofrecer energía nuclear.
 
 
LA TRAGEDIA AGRÍCOLA  Y MEDIOAMBIENTAL
 
 
En otros ámbitos, Piñera confirmó que repartirá un bono de $ 250 mil pesos (US$ 530) por una vez a los matrimonios que cumplan 50 años. Respecto de las relevantes demandas del pueblo mapuche, seguirá con su Plan Araucanía, que en los hechos, viola tratados internacionales, encarcela comuneros y despoja de tierras a los mapuche para bien de las forestales y represas.
 
Cuando el capital financiero y la especulación bursátil dañan severamente las condiciones de existencia de los trabajadores y el pueblo, el presidente se limitó a la consecución de un Servicio Nacional del Consumidor Financiero con el fin de transparentar las tasas con las que se esquilma a los usuarios y a las pequeñas y medianas empresas donde laboran 6 de los 7 millones de trabajadores chilenos.
Así también, Piñera expresó que provocaría una verdadera “revolución y emprendimiento en el mundo agrícola”, a través de la apertura de líneas de crédito. Se cuidó de mencionar el acuerdo realizado con la Concertación en relación  a que la transnacional norteamericana Monsanto, famosa por su producción de semillas transgénicas, será la propietaria de los vegetales, frutas, hortalizas y verduras en poco tiempo más. ¿Por qué? Porque Monsanto tendrá en su poder las patentes de todos las clases de semilla que hay en Chile. Es decir, la corporación, como dueña de “papa chilena”, por ejemplo, estará facultada para cobrar derechos a todos quienes siembran papas debido a que los campesinos tendrán la obligación, impuesta por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos firmado por el ex presidente Ricardo Lagos, de comprar y usar sólo esas semillas y nunca más las propias. Ello comportará un daño de dimensiones brutales en el plano alimenticio y arrojará a la cesantía a innumerables campesinos. Este solo convenio puede resultar mucho más grave que la implementación del megaproyecto de HidroAysén. La propia alimentación basada en productos agrícolas de Chile dependerá de una multinacional.
Y en relación a  HidroAysén en la Patagonia, contra la cual el 20 de mayo sólo en Santiago  congregó exitosamente a 40 mil personas en La Moneda a modo de protesta por su implementación devastadora, Piñera sentenció que “no se renunciará a los proyectos termoeléctricos e hidroeléctricos”, y agregó que “Chile es un país rico en agua, y en los últimos 17 años se aprobaron más de 100 plantas termoeléctricas y a carbón.” En un minuto el administrador de turno del capitalismo de vanguardia que sufre el país invalidó la voluntad expresa de la opinión y movilización de la mayoría nacional al respecto que, según encuestas, en un 74 % desaprueba el proyecto.
Finalmente, Sebastián Piñera, mientras ya se desataban las protestas masivas en las afueras del Congreso, realizó una suerte de amenaza solapada cuando se preguntó “¿Qué puede desviarnos de nuestros objetivos? El germen de la división y la beligerancia (…) Llamo a la unidad nacional de los chilenos. De otro modo se termina con la democracia”.
¿Unidad nacional? ¿Democracia? Sólo es posible la unidad nacional en un Chile de iguales y libres, y no es posible comparar un régimen constitucional con una democracia participativa genuina, política, social y económicamente. Lo que hay aquí es un remedo formal de democracia. Un abuso de esa palabra que millones de chilenos jamás han conocido.
 
Mayo 21 de 2011

Manifiesto plural del 18 de mayo en la Puerta del Sol

Puntos de acuerdo del manifiesto plural redactado durante la madrugada de 18 de mayo en la Puerta del Sol, Madrid.

Los reunidos en la Puerta del Sol, conscientes de que esto es una acción en marcha y de resistencia, han acordado manifestar lo siguiente: 1. Después de muchos años de apatía, un grupo de ciudadanos de diferentes edades y extractos sociales (estudiantes, profesores, bibliotecarios, parados, trabajadores...), CABREADOS con su falta de representación y las traiciones que se llevan a cabo con el nombre de la democracia, se han reunido en la Puerta del Sol en torno a la idea de Democracia Real. 2. La Democracia Real se opone al descrédito paulatino de las instituciones que dicen representarlos, convertidas en meros agentes de administración y gestión, al servicio de las fuerzas del poder financiero internacional. 3. La democracia que se promueve desde los corruptos aparatos burocráticos es simplemente un conjunto de prácticas electorales inocuas, donde los ciudadanos tienen una participación nula. 4. El descrédito de la política ha traído consigo un secuestro de las palabras por parte de quienes detentan el poder. Debemos recuperar las palabras, resignificarlas para que no se manipule con el lenguaje con la finalidad de dejar indefensa a la ciudadanía e incapaz de una acción cohesionada. 5. Pero los ejemplos de manipulación y secuestro del lenguaje son numerosos y constituyen una herramienta de control y desinformación. 6. Democracia Real significa poner nombres propios a la infamia que vivimos: Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, OTAN, Unión Europea, las agencias calificadoras de riesgo como Moody’s y Standard and Poor’s, Partido Popular, PSOE, pero hay muchos más y nuestra obligación es nombrarlos. 7. Es preciso construir un discurso político capaz de reconstruir el tejido social, sistemáticamente vulnerado por años de mentiras y corrupción. Los ciudadanos hemos perdido el respeto a los partidos políticos mayoritarios, pero ello no equivale a perder nuestro sentido crítico. Antes bien, no tememos a la POLÍTICA. Tomar la palabra es POLÍTICA. Buscar alternativas de participación ciudadana es POLÍTICA. 8. Una de nuestras premisas principales es una Reforma de la Ley electoral que devuelva a la Democracia su verdadero sentido: un gobierno de los ciudadanos. Una democracia participativa. 9. Hacemos hincapié en que los ciudadanos aquí reunidos conformamos un movimiento TRANSGENERACIONAL porque pertenecemos a diversas generaciones condenadas a una pérdida intolerable de participación en las decisiones políticas que conforman su vida diaria y su futuro. 10. No llamamos a la abstención, pedimos la necesidad de que nuestro voto tenga una influencia real en nuestra vida. 11. Hoy no estamos aquí para reclamar sencillamente el acceso a hipotecas o para protestar por las insuficiencias del mercado laboral. ESTO ES UN ACONTECIMIENTO. Y como tal, un suceso capaz de dotar de nuevos sentidos a nuestras acciones y discursos. Esto nace de la RABIA. Pero nuestra RABIA es imaginación, fuerza, poder ciudadano.

Chile: Preocupante agravamiento de mapuches en huelga de hambre

Santiago de Chile,  (PL)

Dos de los cuatro líderes mapuches condenados por la justicia chilena se encuentran en estado crítico, dado el agravamiento de su salud por el ayuno que sostienen en demanda de un proceso justo.

  Juan Carlos Reinao, médico de los comuneros sentenciados a penas de entre 20 y 25 años por un supuesto atentado a un fiscal, pidió el traslado de Ramón LLanquileo y José Huenuche a un hospital, informó este viernes Radio Universidad de Chile.

Según Reinao, Llanquileo presenta serios problemas cardíacos que exigen monitoreo médico, mientras que Huenuche muestra un decaimiento muy pronunciado, derivado de la alarmante pérdida de peso y de masa muscular tras 65 días de huelga.

El especialista insistió en el carácter inminente de la hospitalización de los indígenas y llamó la atención sobre el deterioro en extremo de la salud de los cuatro mapuches, quienes ya habían protagonizado un ayuno en cárcel en el segundo semestre del 2010, esa vez de más de 80 días.

Esta semana la vocera de los comuneros, Natividad Llanquileo, criticó la dilatada solución al pedido de anulación del llamado juicio de Cañete, comuna de la región del Bío Bío.

Llanquileo impugnó en particular la decisión de la Corte Suprema de postergar hasta el 3 de junio próximo su veredicto sobre el recurso de nulidad presentado por los abogados de Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical.

Es mucho tiempo porque está la huelga y ya en una etapa crítica, apuntó la portavoz de los mapuches, quienes retomaron el ayuno el pasado 15 de marzo en reclamo de un proceso justo y sin aplicación de la ley antiterrorista, aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Mientras se dilaten las resoluciones vamos a estar en la incertidumbre de lo que pueda pasar, aseveró.

El pasado mes de abril más de un centenar de personalidades políticas e intelectuales del mundo, incluidos los Premios Nobel de la Paz Rigoberta Menchú (1992) y Adolfo Pérez Esquivel (1980) solicitaron al Estado chileno la anulación del citado encausamiento.

En mensaje que también rubricaron el filósofo brasileño Emir Sader, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, el músico franco español Manu Chao y el sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein, entre otros, hicieron mención a la falta de garantías procesales que tuvieron Llanquileo, Huenuche, Huillical y Llaitul.

Criticaron que sea la criminalización la respuesta a las demandas indígenas de tierra, territorio y autonomía. Llamamos al Estado Chileno a garantizar el debido proceso de los detenidos, un juicio justo sin utilización de testigos secretos, la imparcialidad del tribunal que los procese, condiciones carcelarias dignas y fin al doble procesamiento, señalaron.

Los hermanos mapuche han debido soportar cárcel, malos tratos, abandono y sobre todo un juicio que no respetó sus derechos como ciudadanos y como integrantes de un pueblo originario, expuso en particular el argentino Pérez Esquivel en carta al presidente de la Corte chilena, Milton Juica.

Los No

Por Gustavo Duch Guillot

En las plazas del territorio español, cientos de miles de personas, se congregan ilegalizadas para reflexionar. No les gusta lo que hay y no les gusta lo que se propone. Son LOS NO.

Igualito que hace 45 años cuando el dictador se organizó su propia ley, su propia perpetuidad y su propio referéndum. Y como hoy, el día destinado a reflexionar, se censuró un concierto del grupo yeyé que tuvo la mala idea de llamarse LOS NO. Con melenas y guitarras cantaban transgresores… cómo conseguir abrir el corazón de una chica. Franco que ‘sugería’ votos por el sí, ganó la mentirosa votación con más votos que votantes.

También, hace unas décadas un guitarrista ciego –pero visionario- cantaba ‘se repite la historia, sólo cambia el actor’

Hidroaysen, la ofensiva del capital monopolista e imperialista

 

COMUNICADO   

MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

SECRETARIADO NACIONAL

 

De que nos sorprendemos. Acaso en estos ya 21 años de gobiernos de claro corte y carácter burgués, ¿alguna vez se dejó entrever una postura democrática verdadera, o un postulado genuino de justicia, o una voluntad siquiera básica proclive a la igualdad? Nosotros creemos que en sabiduría elemental eso sería “pedir peras al olmo” simplemente.

En Chile después de la dictadura no ha existido otro tipo de gobierno que no sean los que el capitalismo necesita en su fase monopólico-financiera. En nuestro país a la crisis dictatorial se le da una salida burguesa que contó con el apoyo incondicional del imperialismo y sus instituciones internacionales. La derrota del proyecto popular, implicó dejar el camino libre a las gestiones civiles de la clase dominante, para implementar con comodidad sus planes de legitimidad institucional y consolidación del modelo heredado de la dictadura.

Con lo anterior queremos decir que, pese a las expectativas que la Concertación provocó en los sectores populares, los revolucionarios jamás compartimos esas confianzas, pues entendimos que nuestro fracaso y derrota, fue la condición necesaria y esperada de la clase patronal, para cancelar definitivamente cualquiera aspiración de restitución de los derechos del pueblo y reparación de los crímenes, daños, atropellos y vejámenes cometidos por el terrorismo de Estado.

En Chile no hubo nunca, ni transición, ni democracia, ni estado de derecho; Los asesinados, los detenidos desaparecidos, los ex presos políticos, los retornados del exilio, fueron el saldo y a la vez el costo, para que la burguesía desde su Estado diera lugar a una verdadera transnacionalización de su economía capitalista. La economía de puertas abiertas impuesta a sangre y fuego por la dictadura, la Concertación y sus co-gobernantes de la Alianza, la transformaron en una economía de saqueo legal para los grupos económicos y para el capital imperialista mediante los “tratados de libre comercio”.

En nuestro país, con una voluntad política solapada, se consagró la impunidad; ni la justicia, ni la verdad se instalaron siquiera a medias, con aquella cínica promesa de “en la medida de lo posible”. Y lamentablemente, nuestra prolongada derrota, hizo posible que año a año, los trabajadores y el pueblo ensayaran esperanzas con los “mesías mediáticos”, que se ofrecen para salvarlos. Sin embargo, para los patrones todo funcionó y se hizo expedito. La clase empresarial, dejó bien ubicada sus piezas en el gobierno, en los tribunales y en el parlamento, para conseguir lo que le importaba, aún en los periodos de crisis: unas muy buenas utilidades y una tasa aceptable de ganancia para continuar con sus negocios y negociados. Los gobiernos de turno funcionaron a la par con sus intereses y aspiraciones, y consiguieron con suma facilidad las leyes de privatizaciones que requerían para las apropiaciones de rapiña que acostumbran con los activos del Estado; aprobaron leyes del trabajo que les podían aventajar para imponer a sus trabajadores mayor flexibilidad laboral y empleos precarios; promulgaron las reformas en salud, en educación, y en seguridad social que les posibilitaron aumentar sus capitales o abrir nuevos negocios. Lo hemos dicho, estamos por las condiciones señaladas, enfrentados a una gran ofensiva de los dueños del poder y la riqueza, y esta ofensiva debemos como pueblo frenarla, si no queremos perder nuestros derechos y nuestras riquezas.

 

CHILE UNA LARGA Y ANGOSTA FACTORIA PRIVADA

Si alguien esperaba que tuviesen algo de pudor político y moral, quienes aprobaron el megaproyecto Hidroaysén, propiedad de la transnacional hispano-italiana Endesa-Enel y Colbún, creemos que fue una gran ingenuidad. Tenemos una legalidad ambiental a propósito, débil e insuficiente para defender nuestros recursos naturales y riquezas, e imponer la soberanía popular sobre estos. Pero además, tenemos el hecho de que cualquier intento, por impedir que se consumen atentados económicos, sociales y políticos como el de Hidroaysén, será duramente reprimido por el Estado capitalista. Bueno, así ocurrió, el megaproyecto fue aprobado, en contra y despreciando absolutamente la opinión pública. Por instrucciones del ministro de Interior fueron reprimidas brutalmente las manifestaciones en distintas ciudades del país, y ni los habitantes de Aysén ni los habitantes del resto del país contaron como actores en los planes del consorcio “gobierno-grupo Matte y transnacional hispano-italiana”.

Los resultados de la Comisión Evaluadora Ambiental de Aysén, fueron los esperados, dados los vacíos legales existentes y la débil estructura institucionalidad medioambiental de nuestro país. Por lo demás, no se puede desconocer la simbiosis gobierno-funcionarios y empresas que representa esta Comisión, cuando sabemos que sus integrantes son designados por el gobierno, y más particularmente por el mismo presidente de la República de forma directa o indirecta. Estos funcionarios a su vez, antes de ejercer sus actuales cargos como ministros, seremis o gobernadores, trabajaron para las empresas Endesa, Colbún y la misma Hidroaysén, cumpliendo labores de confianza y en algunos casos, teniendo puestos ejecutivos. Y relacionado con lo mismo, no podemos pasar por alto, el tremendo descaro del ministro Hinszpeter que con sus declaraciones condicionó políticamente la votación al señalar que Hidroaysén correspondía al interés del país, por lo cual, quienes estábamos en contra del proyecto, estábamos en contra de Chile. Con tales declaraciones, se puede anticipar perfectamente, cuál será la decisión del Consejo de Ministros cuando asuman como segunda instancia de votación del proyecto, ante el fallo de la Comisión de Aysén.

Hidroaysén (creada en el 2006) nace de la alianza Endesa-Colbún. Endesa posee el 51% de la propiedad y Colbún el 49%. Ahora estos monstruos empresariales, apuntan al monopolio de las aguas en el río Baker, ya que ambas sociedades controlan el 98 por ciento de los derechos de aguas del río más caudaloso del mundo. El famoso proyecto se plantea integrar al Sistema Interconectado Central 2.750 MW, con cinco centrales ocupando las aguas del rio Baker y Pascua, que significan hasta ahora una inversión aproximada de 7.500 millones de dólares considerando una línea de transmisión que se extendería a lo largo de 2.270 kilómetros, lo que afectaría territorialmente 23.000 hectáreas que se convertirían en tierras estériles por su deforestación. Ahora bien, no está demás tomar conciencia que siempre él % más alto de los costos de una inversión capitalista se traspasan al Estado o a los “ciudadanos” y esto mediante el ejercicio de ocultar o tergiversar gastos e informaciones relevantes; todo bajo el pretexto del “crecimiento económico del país” o de la “urgente necesidad de energía”, cuando en verdad, desde Aylwin hasta Piñera, los proyectos e inversiones solo han significado robo a los trabajadores y lucro para los monopolios.

GOBIERNO: UNA GRAN EMPRESA CON MUCHAS SUCURSALES

El gobierno de la Alianza se comporta como una gran empresa, pero una empresa que arrancó diversificada o rápidamente ha sabido diversificarse. Hasta ahora, lo sabemos, los conflictos de interés han estallado en distintas áreas económica: las comunicaciones, el transporte, el futbol, las tragedias como el terremoto y los tsunamis, y ahora las hidroeléctricas; ¡Que increíble!

Antes de la votación que genero la ira y el rechazo popular, de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA), tuvieron que inhabilitarse los Seremis de minería, de vivienda, de economía y medioambiente y junto con ellos sorpresivamente también lo hizo Eduardo Lagos Reyes director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Además el Servicio Nacional de Geología y Minería, la Conaf y la Seremi de Planificación se encuentran en la mira de los tribunales por el posible delito de “falsificación ideológica de documento público y prevaricación administrativa”.

Sumando más hechos, tenemos el caso de Eduardo Morel, actual director suplente de Hidroaysén y gerente de la división de ingeniería y proyectos de Colbún, que es nada más y nada menos el cuñado de Piñera. Otro descaro y vergüenza, tiene que ver con los miembros de la COREMA que votaron favorablemente el proyecto. Antes de asumir sus actuales cargos, trabajaron directa o indirectamente para Hidroaysén, Endesa o Colbún. Entre ellos están Pedro Durán Ivanoff actual gobernador de la provincia General Carrera, Fernando Guzmán Espinoza Seremi de Economía, Victoria Moya Cáceres Seremi de Minería y Quemel Sade Barría Seremi de Obras Pública. Otro buen dato, es que la actual ministra del Medio Ambiente María Ignacia Benítez, trabajó en “Gestión Ambiental Consultores” realizando estudios de impacto ambiental de proyectos energéticos, incluidos los de Endesa. Y el ex ministro de Energía Ricardo Raineri, que antes de asumir su cargo, realizó en el contexto de desarrollo del proyecto Hidroaysén, un importante informe técnico para el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y lograr la alianza de Colbún con Endesa. Endesa ni tonta ni perezosa, se anotó un buen bono con el gobierno donando un millón de Euros para la Fundación Integra, que encabeza Cecilia More de Piñera. Y hace un año, Enersis representante de Endesa-España en Latinoamérica hizo una donación por la suma de 10 millones de dólares al Fondo Nacional de Reconstrucción. Como vemos entonces, en lobby los imperialistas en Chile, tampoco se quedan cortos.

¿QUÉ HACER?

A los trabajadores, a los sectores del pueblo, a los jóvenes, a las mujeres, a los profesionales, queremos decirle que, lo que nos acontece no es un conflicto entre depredadores del medio ambiente y ecologistas, entre extranjeros y chilenos. No, planteamos un rotundo ¡NO! Porque Hidroaysén es la expresión más patente de la lucha de clases en nuestro país, es la expresión más clara de las contradicciones entre la burguesía monopólica e imperialista y la clase obrera y el pueblo de Chile, es el antagonismo histórico entre la clase patronal rapiña y usurpadora y la clase trabajadora que crea riqueza y progreso social. En otras latitudes del planeta esta clase parasitaria invade y asesina por el petróleo, por el gas, por los minerales, por los alimentos. Aquí, en nuestro suelo se afana y también asesina por nuestras aguas, por nuestros ríos, por nuestros minerales.

Hay que despertar, debemos ponernos de pie, no debemos permitir más robos y saqueos en nuestro país. Los explotados, los oprimidos por el capital. Las víctimas del capitalismo, los afectados, los ofendidos ahora tenemos que decir: ¡¡BASTA!! No tenemos nada que esperar del Estado y del gobierno de los patrones.

 

A combatir con todas la fuerzas el robo y el saqueo de Chile

A luchar sin descanso por liberarnos de los parásitos y ladrones que nos gobiernan

A ponernos de pie y recuperar nuestro suelo y nuestras riquezas

Chile será para sus trabajadores y su pueblo.

 

 

MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

SECRETARIADO NACIONAL

 

Chile, Mayo 2011

 

Caso "Bombas": El montaje se derrumba

 

 Por Patricia Bravo Berli                                

 

Como un castillo de arena el llamado “caso bombas” se está viniendo abajo en forma vertiginosa, arrastrando consigo la imagen del ex fiscal Alejandro Peña, artífice de este montaje y, según los antecedentes denunciados ante la opinión pública, obsecuente ejecutor de los designios del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Una vez más la supuesta independencia de la justicia quedó en entredicho, como también la objetividad que la ley exige al Ministerio Público.

El vuelco que tuvo este caso no fue gratuito. Luego de ser detenidos en medio de violentos allanamientos, los catorce jóvenes a los que se imputó la colocación de una treintena de bombas de ruido tuvieron que soportar más de ocho meses de “prisión preventiva” en las peores condiciones, bajo la Ley Antiterrorista. Como último recurso en demanda de un juicio justo, nueve de ellos sostuvieron una huelga de hambre de 65 días que puso en riesgo sus vidas. Recién entonces se empezó a dar crédito a lo que ellos, sus familiares, amigos y abogados defensores denunciaron desde un comienzo: la total falta de evidencias que sustentaran la acusación de asociación ilícita terrorista y manejo de artefactos explosivos, que llevó al ex fiscal Peña a pedir penas que van desde los diez años de cárcel hasta presidio perpetuo.

La constitución de una mesa de trabajo, una de las condiciones exigidas para poner fin a la huelga de hambre, fue fundamental para romper el cerco informativo. Desde su detención, el 14 de agosto de 2010, los jóvenes fueron acusados de terroristas no sólo por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, sino también por medios como El Mercurio , La Tercera , La Segunda y los canales de televisión.

La mesa de trabajo integrada por el sacerdote Alfonso Baeza Donoso, ex vicario de la Pastoral Social; por miembros de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y por representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de los familiares y los abogados de los imputados, contribuyó a empezar a poner las cosas en su lugar. Con la franqueza que lo caracteriza, monseñor Baeza no tuvo pelos en la lengua para señalar que el ministro del Interior debía pedir perdón a los detenidos por haberlos calificado de terroristas sin haber sido juzgados. Acusó directamente al ex fiscal Peña de haber hecho un montaje y afirmó que la Ley Antiterrorista “permite irregularidades que son legales, pero que pueden ser inmorales”. Por su parte, los diputados Sergio Aguiló y Hugo Gutiérrez pidieron al fiscal nacional, Sabas Chahuán, que investigue la actuación de Alejandro Peña cuando estuvo al mando de la Fiscalía Metropolitana Sur, donde habría tenido “reuniones cotidianas y permanentes” con el ministro Rodrigo Hinzpeter. Asimismo, denunciaron la destrucción o desaparición de objetos presentados como pruebas por la Fiscalía. Además, junto a Tucapel Jiménez, Sergio Aguiló y a otros diputados presentaron proyectos para reformar la Ley Antiterrorista, una de las principales demandas de la huelga de hambre.

En poco más de una semana y en los primeros días de iniciarse las audiencias preparatorias del juicio oral, el juez Luis Avilés, del Octavo Juzgado de Garantía, desechó más de dos mil de las casi siete mil “pruebas” presentadas por la Fiscalía Metropolitana Sur y, a solicitud de las defensas, cambió la prisión preventiva por una medida cautelar, arresto domiciliario, a nueve imputados. Sorprendentemente, los primeros beneficiados con esta medida fueron Pablo Morales y Rodolfo Retamales, supuestos “cabecillas de la asociación ilícita terrorista”, para quienes el ex fiscal Peña pidió prisión perpetua. Luego volvieron a sus casas Vinicio Aguilera, Camilo Pérez, Carlos Riveros, Omar Hermosilla, Andrea Urzúa, Mónica Caballero, Francisco Solar y Felipe Guerra.

Según el abogado de derechos humanos Alberto Espinoza, defensor de Rodrigo Retamales, “el término de las prisiones preventivas da alguna esperanza de que esta situación pueda ir por buen camino en el orden judicial, y que luego de analizar en términos jurídicos serios el cúmulo de antecedentes presentados por el Ministerio Público se pueda establecer que aquí no hay asociación ilícita terrorista y tampoco actos terroristas que puedan imputarse a estas personas. Y espero que eso se vea refrendado en la sentencia. Yo no tengo dudas de que van a ser absueltos todos estos jóvenes, en función de los precarios antecedentes que tiene la investigación”.

 

Operación política

 

“Más que un montaje, ésta es una operación política tramada en las más altas esferas del poder”, denuncia Rodrigo Román, a cargo de la defensa de Omar Hermosilla. El es uno de los abogados de la Defensoría Popular, organismo no gubernamental que se creó hace más de un año y que en este caso asumió la defensa de nueve de los imputados.

“El Estado chileno tenía necesidad de dar respuesta a una situación anormal, como es la colocación de bombas que venía sucediendo desde el año 2006. El fiscal Xavier Armendáriz investigó durante cinco años sin que los antecedentes reunidos le permitieran acusar a nadie. Lo curioso es que en los primeros días de junio de 2010, inmediatamente después de que explotó una bomba en las cercanías de la casa de Sebastián Piñera, apareció el ministro del Interior declarando que había que apurar el tranco, que el Ministerio Público había hecho poco o nada. Hinzpeter se entrevistó con el fiscal nacional, Sabas Chahuán, ¡y el fiscal Armendáriz fue removido! El 14 de junio lo reemplazó Peña -quien ha ganado fama como avezado persecutor de bandas de traficantes- y en dos meses, basándose en los mismos antecedentes que tuvo Armendáriz, ordenó los allanamientos y formalizó a los detenidos en un tribunal donde él es regalón, el 11º Juzgado de Garantía, quedando todos los imputados presos”, explica Román, coincidiendo con la versión de quienes denuncian un montaje.

Después de una contienda de competencia, las defensas lograron que la Corte de Apelaciones de Santiago reconociera que el tribunal competente era el Octavo Juzgado de Garantía, donde actualmente está radicada la causa.

La mayor parte de los quince jóvenes detenidos están vinculados a sectores anarquistas antisistémicos asociados a las casas okupa. Tres de ellos, Pablo Morales, Rodolfo Retamales y Omar Hermosilla son ex militantes del Mapu Lautaro que estuvieron entre seis y casi doce años presos en la Cárcel de Alta Seguridad, en la década de los 90.

Alberto Espinoza hace notar que la imputación a Retamales como supuesto líder tiene por único fundamento su pasado. “Así lo dio a entender el ministro Hinzpeter, lo que es preocupante. Ellos ya fueron juzgados y no pueden ser objeto de un nuevo enjuiciamiento. Retamales fue condenado, pasó más de 11 años en la cárcel y estaba en libertad condicional cuando lo volvieron a detener”. A su juicio, el cambio radical que se produjo con la designación del fiscal Peña fue la repentina calificación jurídica de terrorismo, bajo las figuras de asociación ilícita terrorista y colocación de bombas terroristas. “Antes de eso, tanto el Ministerio del Interior como el Consejo de Defensa del Estado habían presentado querellas criminales por actos constitutivos de delito de daño”, explica el abogado.

Junto con reprobar la intromisión indebida del Poder Ejecutivo, Rodrigo Román señala que en este caso no existe la presunción de inocencia. “Se ha actuado sobre conceptos globales en relación con el derecho penal del enemigo. Aquí los cabros con capucha son el enemigo, son los terroristas”. Para este abogado de la Defensoría Popular el hecho que Peña haya formalizado su acusación el 4 de abril -pidiendo nada menos que dos cadenas perpetuas- y el 6 de abril haya renunciado para convertirse en funcionario del Ministerio del Interior, “es un atentado a la honorabilidad y a la caballerosidad”.

Por su parte, Alberto Espinoza observa que “desde el punto de vista ético se puede señalar que ha violado un principio básico, como es la objetividad. Resulta difícil pensar que un fiscal que de la noche a la mañana deja el Ministerio Público para transformarse en funcionario de una de las partes querellantes, haya actuado con objetividad en el desarrollo de la investigación. Uno puede presumir que su actuación está influida por los criterios políticos del Ministerio del Interior. Además, el Ministerio Público se define constitucionalmente como un organismo autónomo y jerarquizado, y esa autonomía aparece debilitada por los contactos que tiene el fiscal nacional con el ministro del Interior”.

 

Ley “terrorista”

 

Debido a las irregularidades que permite la Ley Antiterrorista, monseñor Alfonso Baeza declaró que debería llamarse derechamente “ley terrorista”. De hecho, bajo su amparo se cometen muchas arbitrariedades y abusos, como se ha comprobado repetidas veces en los procesos contra comuneros mapuches.

En el “caso bombas”, el abogado Román destaca que bastaron dos días de audiencia de preparación del juicio oral para que la rimbombante acusación -que aparecía con 6.744 evidencias, 221 delitos y 791 testigos- quedara reducida casi a la mitad. “El mismo juez de garantía se refirió a la ‘ordinariez’ con que se habían copiado, cortado, pegado y repetido como 1.500 pruebas. Es impresentable. Una de las ‘pruebas’ que el Ministerio Público llevaría al estrado era una pistola plástica y otra, ¡el video de La Batalla de Chile , de Patricio Guzmán!”.

El uso de falsos testigos quedó al descubierto con la denuncia del ex miembro del Mapu Lautaro, Juan Linares Ulloa, a quien la PDI ofreció dinero para que se infiltrara en el entorno de los imputados con el objetivo de fabricar pruebas contra ellos. “Hemos detectado a supuestos testigos protegidos que irán al juicio solamente a señalar que en sus primeras declaraciones mintieron a cambio de ofertas que les hizo el Ministerio Público -de dinero en algunos casos y de beneficios intrapenitenciarios en otros-, que por lo demás no se cumplieron. Esto refrenda la tesis de esta defensa en cuanto a que hay un montaje, y una operación política que se intenta sostener sobre subterfugios que permite la Ley Antiterrorista”.

Una de las grandes tareas que se propuso la mesa de trabajo es lograr cambios en esta ley creada por la dictadura militar y preservada por los gobiernos de la Concertación. El abogado Alberto Espinoza recuerda que la Ley Antiterrorista ha sido objeto de serios cuestionamientos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de una denuncia que hicieron comuneros mapuches condenados por esa ley. “En su informe, la Comisión expresa claramente que el Estado chileno ha incurrido en una serie de violaciones a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En los aspectos procesales indica que se deben eliminar los testigos secretos, las intercepciones telefónicas, la extensión de la detención preventiva en forma indefinida y el hecho que a ésta sólo se le pueda poner término por acuerdo de la unanimidad de los ministros de una Corte de Apelaciones, en circunstancias que el resto de las personas pueden obtener su libertad por una simple mayoría de votos”.

En los aspectos sustantivos, una tarea pendiente que debe asumir el Estado es tipificar de manera adecuada el delito terrorista. “Actualmente está tipificado de una manera ambigua, que se presta a interpretaciones. Eso posibilita que se generen arbitrariedades. Es abusivo calificar de terroristas conductas que no tienen ese carácter, por la sola naturaleza de los medios que se utilizan o por la magnitud de los daños que provocan u otros aspectos por el estilo”, dice el abogado de derechos humanos Alberto Espinoza, y añade que en la actualidad no hay asociaciones ilícitas terroristas en Chile, ni se puede hablar de terrorismo. Y argumenta: “Chile está administrado por un sector de la sociedad que actúa con los mecanismos represivos suficientes y necesarios para mantener el orden. ¡Y así estamos: bien ordenaditos, bien interceptados telefónicamente, con cámaras de vigilancia por todos lados! Los señores que administran este país deben estar sumamente tranquilos: no hay nada semejante al terrorismo”

 

(Publicado en “Punto Final” edición Nº 733, 13 de mayo, 2011)

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La mala salud proviene de la desigualdad y el pésimo trabajo

“Debemos lealmente declarar que todas aquellas medidas médicas que se tomen sólo podrán rendir un provecho efectivo si se adoptan resoluciones económico-financieras que permitan elevar el standard de vida de nuestros conciudadanos.”
 
Salvador Allende, 1939
 
 
Por Andrés Figueroa Cornejo
 
“En materia de epidemiología social y salud, pocas veces se han realizado investigaciones científicas que revelen las relaciones de poder que se expresan entre el capital y el trabajo en el mundo”, dice el médico y académico en Canadá, Carles Muntaner en el auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, ubicado e la comuna de Estación Central, en Santiago de Chile. Y también dice que “el doctor Salvador Allende, como profesional de la salud se adelantó 70 años a lo que por fin se está difundiendo en medicina social.”
 
Muntaner y Joan Benach, Director del Grupo de Investigación sobre Desigualdades en Salud y de la Red de Condiciones de Empleo (GREDS-EMCONET) y docente en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, están de paso en el país, presentando su obra de 4 años de concentrada labor, “Empleo, trabajo y desigualdades en salud: una visión global”.
 
Sólo desde comienzos de los 90 del siglo XX, se inició de manera significativa y rigurosa la investigación respecto de las condiciones de trabajo, su vínculo con la salud y la desigualdad social. Es decir, el análisis de la política económica en pueblos empobrecidos o medio empobrecidos asociados al tema. De todos modos se han quedado muy cortos a la hora de hurgar sobre las causas de las inequidades de clase al respecto.
 
Muntaner y Benach prepararon su texto como parte de un trabajo para la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud. En él entregan  una mirada multidimensional de cómo las condiciones de empleo afectan a las desigualdades de salud de los trabajadores y trabajadoras en todo el planeta.
 
“El objetivo de estudio” señala Carles Muntaner ante un público de sindicalistas, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, médicos del área social, “es  entender las causas y consecuencias de las condiciones de empleo sobre la salud y calidad de vida en contextos económicos y políticos muy distintos, muestra una clasificación de países según su mercado de trabajo, describe situaciones muy diversas del mercado laboral y de los problemas de salud de los trabajadores mediante un amplio número de ‘estudios de caso’ y, entre otros muchos temas, analiza la actual crisis económica, identificando los cambios institucionales y las políticas necesarias para reducir la inequidad en salud”
 
Los autores aseguran que la mundialización capitalista va de la mano “con el aumento de la desigualdad en aspectos muy diversos: desde el nivel macroeconómico hasta el nivel interpersonal e individual que configura la vida y el trabajo humano. La literatura actual sobre la salud laboral suele centrarse en los factores de riesgo existentes en el lugar de trabajo, un enfoque que es demasiado limitado para entender el papel que juegan los determinantes sociales relacionados con el empleo en la generación de desigualdades de salud”.
 
 
LA DESIGUALDAD CRIMINAL
 
 
Joan Benach explica que “la desigualdad social afecta de forma dramática  la salud y bienestar de niños y adultos. Actualmente mueren cada año en el mundo unos 9 millones de niñas y niños, la mayoría en países pobres. En promedio, la tasa global de mortalidad infantil (los menores de 1 año) es de unas 50 muertes por cada 1.000 niños, pero es de menos de 5 en los países ricos y de más de 150 en los países más pobres. Y ello ocurre debido a causas evitables relacionadas con la falta de agua potable y alimentos. Ahora mismo, una niña nacida en Sierra Leona tiene una probabilidad de vivir 43 años menos que una nacida en Suecia. A nivel global, la esperanza de vida es de 68 años, si bien alcanza los 79 en los países ricos, tan sólo es de 50 en el centro de África, y apenas sobrepasa los 40 años en Zambia o Zimbawe.”
 
Carles Muntaner indica que “las desigualdades de salud derivadas del empleo están estrechamente vinculadas a otras desigualdades sociales, como la desigualdad de riqueza, de participación política y de educación.  Ilustrémoslo con el caso de un determinante social de la salud tan importante como el desempleo que no deja de aumentar (212 millones de personas, 30 % en países subdesarrollados, y 10 % en los desarrollados, según la OIT). Estar desempleado aumenta la probabilidad de padecer enfermedades crónicas, alcoholismo, tabaquismo, depresión, trastornos de ansiedad, y de morir prematuramente. Muchas investigaciones muestran el impacto que la crisis económica está teniendo en la mortalidad por suicidio o abuso de alcohol, pero también el efecto positivo sobre la salud que las políticas que mejoran la calidad del empleo, aumentan la protección social y reducen la desigualdad socioeconómica.  Mediante la regulación de las relaciones de empleo, los principales actores políticos pueden no sólo redistribuir recursos que inciden en la estratificación social sino también influir en las experiencias de vida de distintos grupos sociales, en forma, por ejemplo de oportunidades de bienestar, limitación de riesgos susceptibles de provocar enfermedades y acceso a servicios de salud”.
 
No es extraño que Santiago de Chile sea una de las 10 ciudades del mundo con mayores niveles de estrés, depresión y dolencias psiquiátricas entre sus trabajadores, de acuerdo a las cifras devenidas de las licencias médicas. El consumo de drogas y alcohol es un ámbito de relieves trágicos que también ha aumentado entre las mujeres, junto con su incorporación al mundo del trabajo. Ante la precarización ascendente del empleo; la sobreexplotación; el explosivo subcontratismo o tercerización; la extraordinaria rotación laboral; la ‘flexibilidad’ o ‘adaptabilidad’ en el trabajo;  las pésimas relaciones contractuales cuando las hay; el alza constante del costo de la vida; el misérrimo 12 % de sindicalización existente; y el sobreendeudamiento estructural de los asalariados chilenos, dan como resultado una variable de alienación social ligada al terror de perder el empleo que, junto con una organización del trabajo impuesta por el capital de carácter multifragmentado, retardan la reconstrucción del propio movimiento del pueblo trabajador y la lucha por sus intereses históricos. 
 
Benach argumenta que “las condiciones de trabajo inciden directa o indirectamente en la salud de las personas.  Las condiciones de empleo, que anteceden a las condiciones de trabajo, pueden afectar a la salud directamente o a través de las condiciones de trabajo.  Además, las desigualdades indirectas derivadas de las condiciones de empleo y de trabajo están estrechamente relacionadas con mayores desigualdades de salud en forma de lesiones por accidente laboral, enfermedades crónicas, mala salud y mortalidad.  Cada día mueren alrededor de 1.000 trabajadores debido a sus condiciones de trabajo y 5.000 mueren debido a enfermedades relacionadas con el trabajo.  Las muertes relacionadas con el trabajo, debidas a los accidentes mortales, distintos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades transmisibles, se estiman en 2 millones al año”. En este sentido, en Chile mientras felizmente eran rescatados de forma cinematográfica los 33 mineros enterrados vivos en la mina San José, ya casi el mismo número de mineros salvados había muerto en la oscuridad del silencio mediático. Otra vez el asunto es político. Y en este caso, político electoral. No por nada hoy el protagonista accidental del gobierno en el entonces salvataje minero, el biministro Lawrence Golborne de Minería y Energía, es en la actualidad la carta fuerte de Sebastián Piñera para las presidenciales de 2013. Hasta ahora, Golborne versus Bachelet.
 
 
“CUANTO PEOR ES LA POSICIÓN SOCIAL, MAYOR ES EL RIESGO DE TENER UN TRABAJO PERJUDICIAL PARA LA SALUD”
 
 
“Muchos riesgos para la salud en el trabajo están relacionados con la clase social, el género, la etnia, la edad o el estatus migratorio de los trabajadores”, argumenta Carles Muntaner y sentencia que “cuanto peor es la posición social, mayor es el riesgo de tener un trabajo perjudicial para la salud.  Además, los riesgos medioambientales y las conductas de riesgo suelen agravar los efectos negativos de los riesgos laborales”.
 
Por su parte, Joan Benach dice que “en las dos últimas décadas el empleo informal ha crecido en casi todos los países de renta media y baja.  En estos países, entre el 50% y el 75% de los trabajadores tienen un empleo informal.  En los países ricos, el empleo informal todavía domina en muchas empresas de producción y distribución de bienes y servicios.  El desempleo, el empleo precario y el empleo informal están asociados a la pobreza y a tener indicadores de salud desfavorables.”
 
-¿Cómo se realiza la clasificación?
 
“Es difícil distinguir entre pobreza, condiciones de trabajo peligrosas, empleo precario y empleo informal.  Se observa un estrecho vínculo entre el empleo informal y el empleo formal, y la incidencia de ambos en las desigualdades de salud.  Un gran volumen de empleo informal influye en la regulación de las condiciones de trabajo y reduce el nivel de acatamiento de las normas y leyes destinadas a proteger a los trabajadores.  Si bien los países de renta baja no suelen registrar indicadores relativos al mundo del trabajo, puede decirse que existe una clara correlación entre varias características del mercado laboral, como el tamaño del sector informal, el porcentaje de trabajadores pobres, la desigualdad de género, y una población con peor salud.”
 
 
LA ESCLAVITUD SUBSISTE
 
 
Para colmo, “los niños son uno de los grupos más afectados por las desigualdades globales en el mercado laboral.  Más de 300 millones de niños (entre 5 y 17 años) son económicamente activos, más de dos terceras partes son braceros o peones, y bastante más de una tercera parte realiza trabajos peligrosos.  El porcentaje de niños incorporados al mercado laboral del grupo de países de renta baja varía mucho: los niveles más altos se encuentran en África subsahariana y en los países asiáticos.  En los países ricos, el trabajo infantil, la esclavitud, el tráfico de seres humanos y el trabajo forzado todavía persisten.  Entre 12 y 28 millones de personas malviven en todo el mundo realizando un trabajo esclavo, la mayoría en Asia.  Al menos 2,4 millones de personas (sobre todo mujeres y niñas) se ven forzadas a trabajar víctimas del tráfico de personas.”
 
Muntaner acentúa como luchas valiosas en América Latina y el Caribe, las fábricas controladas por obreros en Argentina; el poderío social alcanzado por el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, y las formas de propiedad social existentes en Venezuela.
 
Los autores de la investigación insistieron en que ella está destinada “a los especialistas de salud pública, desigualdades de salud, y salud laboral, como a los investigadores en ciencias políticas y sociales, y a los activistas y miembros de sindicatos y movimientos sociales y, en general, a aquellos lectores y lectoras interesados sin un conocimiento previo especializado sobre estos temas.”
 
Asimismo, agradecieron a las de decenas de investigadores, profesionales de salud pública y de salud laboral, así como la colaboración de un elevado número de periodistas, activistas, agentes sociales, y otros miembros de la sociedad civil de todo el mundo.
Los editores de la obra son Joan Benach (Director del Grupo de Investigación sobre Desigualdades en Salud y de la Red de Condiciones de Empleo (GREDS-EMCONET) y profesor en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona), Carles Muntaner (Catedrático de la Bloomberg Faculty of Nursing y de la Dalla  Lana School of Public Health, University of Toronto, Canadá), Orielle Solar (Investigadora senior en el Ministerio de Salud de Chile y en la Escuela de Salud Pública, Universidad Mayor, Chile), Vilma Santana (Profesora e investigadora en el Instituto de Saúde Coletiva de la Universidade Federal da Bahia, Brasil y credenciada como Adjunct Faculty Abroad en la University of North Carolina, Estados Unidos), y Michael Quinlan (Profesor en la School of Organisation and Management, University of New South Wales, profesor honorario en el Work and Health Research Team, Faculty of Health Sciences, University of Sydney, Australia y profesor adjunto en la Business School, Middlesex University, Reino Unido).
 
Foto: Salvador Allende cuando Ministro de Salubridad

Mayo 19 de 2011