Carta entragada a la embajada Argentina "Galvarino Apablaza no ha cometido delito"

 

Frente Patriótico Manuel Rodríguez

Rebelión

El FPMR convoco a una protesta en el frontis de la embajada Argentina este 16 de febrero a la cual adhirieron diversas organizaciones sociales y políticas en apoyo a Galvarino Apablaza el cual se encuentra en calidad de refugiado en Argentina y tanto la UDI como el gobierno llevan gestiones de extradición contra el luchador Rodriguista.

A continuación la carta que se ha entregado a la embajada Argentina:  

“La prisión política y la tortura constituyeron una política de estado del Régimen Militar, definida e impulsada por las autoridades políticas de la época, el que para su diseño y ejecución movilizó personal y recursos de diversos organismos públicos, y dictó decretos leyes y luego leyes que ampararon tales conductas represivas. Y en esto contó con el apoyo, explícito algunas veces y casi siempre implícito, del único Poder del Estado que no fue parte integrante de ese régimen: la judicatura”. Informe Valech pág. 12

Chile bajo la dictadura cuenta con 33.221 presos políticos sin contar los desaparecidos, asesinados, exiliados, etc. Todos violentados, torturados, denigrados. La derecha Chilena junto a los cómplices de siempre se encargaban de justificar estas violaciones, cosas que hacen hasta ahora.

Galvarino Apablaza no tiene por qué ser extraditado, se le otorgo la calidad de refugiado, porque el mundo reconoce que en Chile no existen garantías para un juicio justo, ya que la dictadura cívico militar dejo instalado a sangre y fuego, un sistema corrupto, un poder judicial que aplica desigualmente la justicia, dependiendo del color político, la posición social y la actitud que se tuvo mientras se violaban todos los derechos ciudadanos.

Galvarino Apablaza no ha cometido delito, él al igual que miles de chilenos y chilenas patriotas se apegaron a las leyes universales y se entregaron a la defensa de su pueblo y la soberanía de la Patria.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948 plantea lo siguiente respecto al derecho a la rebelión: “Considera esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.”

Estos patriotas que siguieron al pie de la letra la ley universal fueron perseguidos políticos, torturados y presos en las mazmorras de la dictadura, finalmente expulsados de su patria.

Galvarino Apablaza: Entregó posteriormente su anhelo de justicia a la lucha internacionalista en Nicaragua para enfrentar otra dictadura. Luego con varios luchadores y luchadoras sociales volvieron a su Patria y se entregaron a la causa más noble que puede tener una persona; Luchar por su Pueblo. Haciéndose parte en la década de los 80 de la constitución de Frente Patriótico Manuel Rodríguez, expresión de la dignidad y ética del pueblo chileno.

Detrás de todas estas maniobras contra los luchadores populares está la oligarquía corrupta liderada principalmente por la UDI, luchadores que se opusieron a la peor tiranía que ha tenido Chile en su historia. Esto es la muestra más clara que en realidad lo que se busca no es un “acto de justicia” sino de juzgar el derecho a la defensa que ejerció el pueblo chileno contra la más brutal represión. Los mueve la sed de venganza y pretenden tergiversar la historia, no pueden aceptar que militantes de izquierda se hayan opuesto a sus acciones para adueñarse de todas las riquezas nacionales y explotar al pueblo sin oposición. En donde las detenciones arbitrarias, los asesinatos, los robos millonarios, el tráfico de armas y droga, fueron tareas recurrentes de esta derecha.

El “nunca más” que buscan los neoliberales, es en realidad el nunca más el pueblo tenga la capacidad de defenderse por la fuerza ante el poder criminal de la oligarquía.

Los neoliberales de la derecha y los que están dentro de la Nueva Mayoría no solo buscan condenar a todos los dirigentes del FPMR, sino también, y esto es lo principal, a todos los Patriotas que se atrevieron a enfrentar la tiranía que surgió bajo el alero del engendro de constitución de Jaime Guzmán.

En la Europa de post guerra los luchadores antifascistas fueron y aun son considerados como héroes, que defendieron a la humanidad contra el terror nazi-fascista. Acá en Chile los que entregaron y arriesgaron sus vidas son considerados prácticamente delincuentes, los corruptos ultraconservadores niegan la verdad histórica, que el alzamiento popular en el cual participaron millones de chilenos contra la dictadura y que fue parte también el FPMR, fue motivado por un profundo amor a la vida y un inmenso deber de hacer justicia social en la conquista de la democracia que necesitaba Chile. Se debió enfrentar un terrorismo de estado, la ausencia de un estado de derecho, donde cada día se violaban los derechos humanos y se asesinaban y torturaban a chilenos y chilenas impunemente.

Una deuda tiene Chile con los luchadores que enfrentaron la dictadura de Pinochet. No esperamos que esa deuda la paguen los que actualmente están en poder, sino que será la tarea de un nuevo gobierno, uno Democrático y Popular, que a través de una asamblea constituyente finalmente pueda Refundar la Patria, y hacer de nuestras futuras generaciones, hombres dignos y dispuestos a dar la vida por la justicia, por el amor y la paz.

Corporación Nacional de Derechos Humanos Defensor Ciudadano Chile

Frente Patriótico Manuel Rodríguez

Frente Amplio por la Asamblea Constituyente

Mujeres Constituyentes

Red Alborada de los Pueblos

Casa ALBA Capitulo Chile

Partido Igualdad

Movimiento de Poblador@s en Lucha MPL

Movimiento de Poblador@s por la Dignidad MPD

Comités Comunistas de Valdivia

Partido Constituyente

Movimiento de Izquierda Independiente

Jorge Lavandero Illanes Ex Senador de la República de Chile

Vasili Carrillo Novoa Concejal de la Comuna de Lota

Viviana Delgado Presidenta Federación de Sindicatos del Retail FENASIB

Jorge Figueroa Zapata Presidente de la FENATS Hospital Regional de Concepción

Ricardo Klapp S. Centro de Derechos Humanos Salvador Allende.

Guillermo Aravena M Frente Amplio

Miguel Manríquez Dirigente MIR Pudahuel

Raúl Lorca Tobar Fundación Carlos Lorca

Eduardo Gutiérrez G. Partido Constituyente de Chile

Juan Casas M. Mov. de Izquierda Independiente

Héctor Rodríguez S. Centro de Padres de la Florida

Cristian Riveros Coordinador de Trabajadores del Retail

Fabián Alvarado F. Red Ecológica de Chile

Teresita Salas M. Libertarias CHILE (Arica)

Eliecer Maluenda M. Partido Obrero Campesino

Ricardo Klapp S. Centro de Derechos Humanos Salvador Allende.

José Cerda Centro de Derechos Humanos Salvador Allende.

José Miguel Allende Colegio de Profesores Puente Alto

Roxana Guajardo v. Presidenta APRUS Hospital Sotero del Rio

Sonia Gutiérrez Alvarado Altos del Maipo, Bajos de Mena, Puente Alto

Foro Latinoamericano en Sydney

DDHH en Sydney Australia

Grupo Mapuche Mawida

Amigos del FPMR en Australia

Casa Latinoamérica NSW

United for Colombia NSW

Frente Farabundo Martí de Liberación Salvador en NSW

Resistencia Internacional Australia

Patricio Fuentes Dirigente Vecinal del Cerro Barón Valparaíso

Julio Cabrera Dirigente gremial CUT provincial cordillera Consejero

Carola Contreras Cantautora

Jorge Gálvez Dirigente Nacional FPMR

José Valdivia Dirigente Nacional FPMR

Patricio Stuardo Profesor Universitario, Luchador Internacionalista

Ronny Nebott Colectivo Acción Directa, Profesor de Historia y Geografía

Sigfredo Sandoval Presidente Sindicato Conserjes

Mario Allendes Presidente Junta de Vecinos Herminda de la Victoria

Braulio González Dirigente Nacional Ex Presos Políticos

Jorge Venegas Cantautor

Beatriz Cortes Coordinadora Casa Alba Chile

Luis Dubó Actor Chileno

Daniel Antivilo Actor chileno

Sergio Fuenzalida Sindicato Social y Cultural

Tania Mancilla Secretaria Gral. Federación de sindicatos del retail FENASIB

Yuly García Presidenta Sindicato Unimarc Paillaco

Sandra Barrientos Presidenta Sindicato N 1 Unimarc Valdivia

Yesica Miranda Secretaria Sindicato N 1 Unimarc Valdivia

Lorena González Presidenta Sindicato Mayorista 10 Valdivia

Marcela Delgado Presidenta Sindicato ínter empresa Ok Market Valdivia

Jorge Aguilar Presidente Sindicato supermercados Bigger La Unión

Jeannette Mansilla Presidenta Sindicato Unimarc Coyhaique

Javier Milanca, Poeta, Profesor de Historia

Víctor González Profesor de historia

Felipe Bruzzone Gestor cultural

Luis perez Presidente Sindicato Kunstmann

Manuel González. Fotógrafo

Daniela Belmar. Trabajadora social

Sara Meneses Asistente social

Claudio Contreras Dirigente sindical

Jorge Ramírez. Obrero

Carlos Oñate Vásquez Obrero

Mónica Flores Sepúlveda Profesora en Chillán

Juan Arancibia Marianjel Impresor Flexográfico

Víctor Cabello Madrid Mecánico Industrial

Fabiola Vidal Torres Dirigente Sindical de la Fenat

Osvaldo Vivanco Vidal Dirigente Fenats Histórica Valdivia

Fabiola Vial Presidenta Fenats Histórica Valdivia

José Flores Poblete Académico USACH

Eduardo Sepúlveda Director AND noticias

Ernesto Medina Presidente del Movimiento Ciudadano aquí la Gente

Carmen Luz Scaff Dirigenta Sindical

Luis Pipo Guzmán Cantor Popular FPMR

Iván Soto Álvarez, Funcionario Público

Sergio Moraga Fonseca Militante Partido Comunista de Chile

Natalia Soto Estudiante Estudiante Universitaria

Centro Social y Cultural Cerro Colorado RENCA

Francisco Fuentes Director Comité Defensa del Cobre

Cristian González Santibáñez Asesor Sindical

Colectivo DDHH Gonzalo Muñoz Otarola

El miedo constitucional de las derechas a la democracia

 

Leopoldo Lavín Mujica

Rebelión

El miedo de los hombres de derecha del Consejo Ciudadano de Observadores, que fueron designados por el Ejecutivo para pilotear desde arriba el llamado “proceso constituyente”, se expresa en forma de objeciones a la metodología del mismo, según el diseño retenido por el Gobierno, paradójicamente, con el deseo expreso de darles garantías a las fuerzas oligárquicas de que no habrán riesgos fortuitos ni salidas de libreto.

Los temores y angustias ancestrales de las derechas a la democracia como práctica y a la democratización de las instituciones, cobra notoriedad en estas situaciones. En su sentido más profundo, es el miedo a la participación popular en un proceso de deliberación ciudadana acerca de temas políticos fundamentales. Como los que deben debatirse en un proceso constituyente. Es por esa razón que su naturaleza elitista y de clase las determina siempre a reaccionar negativamente ante los cambios democráticos y a oponerse a que se discuta de Constitución en la base, en lo local. En otros términos, que el pueblo se entienda y se pronuncie acerca del agenciamiento de los principios constitucionales en una nueva Constitución para Chile.

LAS DERECHAS EN CRISIS IDEOLÓGICA

En otras democracias “liberales” esto es un problema superado. Las derechas liberales no se oponen a los debates en la base social. En Chile, la subjetividad crítica ciudadana o aquello que algunos llaman el “malestar social” —que no es otra cosa que el resultado de la experiencia acumulada en las luchas sociales contra la desigualdad, la primacía del mercado y la injusticia en los últimos años— junto con la crisis de legitimidad institucional del sistema post dictadura y la corrupción de la casta política que dirigió la transición pactada, generan en las derechas reflejos reactivos antidemocráticos. A lo que se agrega la pobreza ideológica de las derechas, que se expresa claramente en el pensamiento neoliberal y elitista simplón de un ideólogo como Axel Kaiser.

Al gradualismo reformista de los socialdemócratas y democratacristianos conservadores, las derechas le oponen la defensa de los bastiones de poder acumulado desde 1973, que la ciudadanía ya no comparte como antes, sino que por el contrario cuestiona y cuyas fisuras se hacen patentes ante sus ojos, pese al trabajo del dispositivo mediático tradicional por mantener las apariencias y apaciguar las angustias.

En estas circunstancias, los observadores-consejeros del “proceso constituyente” del Gobierno, pertenecientes a la fauna conservadora-neoliberal como Gastón Gómez, Lucas Sierra (subdirector del ultraliberal Centro de Estudios Públicos de Eliodoro Matte, el de la colusión en las cloacas), Arturo Fernandois, Hernán Larraín Matte y Héctor Mery, según lo reportaba la prensa tradicional, le tienen miedo y objetan esas reuniones ciudadanas que eventualmente podrían ser animadas por “monitores voluntarios” que se celebrarían previo a los cabildos regionales. ¡Ojo! A lo que en la metodología del gobierno se denomina los “encuentros autoconvocados" que cualquier grupo de personas, instituciones a nivel local u organización social (como junta de vecinos, clubes de adulto mayor, u otra), con domicilio en una comuna “puede organizar inscribiendo formalmente su encuentro y siguiendo la metodología propuesta para estos”, según indica el documento del Gobierno.

Valentina Fuentes, periodista de El Mercurio (*), haciéndose eco de las quejas de los representantes de la derecha conservadora y neoliberal, señalaba que éstos “critican un esquema que podría abrir espacio a capturas por parte de grupos que defienden intereses particulares o partidos políticos, que, de hecho, apuntan a preparar a sus militantes para que participen en los cabildos, pero también para que lideren encuentros en sus comunas”.

Mientras que el pueblo de izquierdas no le teme a las asambleas de carácter popular, las derechas aborrecen de ellas; acostumbradas como están a controlar, vigilar y a excluir al actor popular organizado.

Los Gastón Gómez, Lucas Sierra, Arturo Fernandois, Hernán Larraín Matte y Héctor Mery se pretenden ángeles caídos del cielo; detentores de las sacrosantas verdades constitucionales y no individuos que profesan tesis y doctrinas constitucionales específicas acerca de la sociedad, que niegan los derechos sociales puesto que defienden una concepción individualista que ignora el vínculo social o el ser social que constituye a la persona; que defienden a ultranza la propiedad privada —incluso la mal habida como las privatizaciones bajo la dictadura, ej: SQM— de los medios productores de riqueza así como el poder en manos de una casta política-empresarial transversal acusada de corrupción institucional.

VENTANA DE OPORTUNIDADES PARA LAS IZQUIERDAS: INTERVENIR

El Gobierno de Bachelet y la Nueva Mayoría designó a un número significativo de Consejeros ciudadanos para darle expresas garantías a la derecha de que el proceso constituyente podría ser controlado, vetado, y que en toda circunstancia estaría vigilado y bajo su escrutinio y aprobación. Tanto así que no hay ningún consejero de izquierdas; a lo sumo hay militantes e individuos afines a los partidos de la Nueva Mayoría y, otros/otras incapaces de emitir opinión acerca de lo que en ese grupo selecto y no representativo del abanico social sucede.

La derecha siempre ha estado con la Constitución pinochetista actual. Y después de la firma del ex presidente Ricardo Lagos a las reformas para legitimarla el 2005, se quedó muy satisfecha. ¿Qué hace allí entonces? Lo sabemos. Obstruir los cambios, impedir que el pueblo se exprese, parapetarse en valores individualistas como la “libertad de emprender” y hacerle mella a un blindaje a los derechos sociales en una futura constitución, metiendo por donde sea la “iniciativa privada” en los mercados. En definitiva: defender derechamente los intereses y la hegemonía política de la clase dominante vía bloquear la posibilidad de elegir una asamblea Constituyente.

Este “proceso constituyente” monitoreado desde arriba por las derechas y los socialdemócratas de cuño parecido como los del PS y el PPD es, pese a las maniobras de las derechas, una oportunidad para las izquierdas para desenmascarar a las derechas y sus aliados. En el contexto actual, hay condiciones propicias para debilitar a los defensores del poder constituido, así como denunciar sus imposturas.

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(*) http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-02-15&dtB=15-02-2016%200:00:00&PaginaId=2&bodyid=3

¡No a la extradición de Galvarino Apablaza!

 

Ricardo Candia Cares

Rebelión

Lo que identifica a la ultra derecha chilena, quizás una de las más agresivas del mundo, con la nueva derecha enquistada como garrapata en el poder, en todos los poderes, con el nombre de Nueva Mayoría, es su furibundo anticomunismo y su insaciable sed de venganza por la osadía del pueblo chileno manifestada hace cuarenta y cinco años en esos tres formidables años del gobierno popular.

Hoy, socialistas y mapucistas de otrora, travestidos de millonarios por obra y gracia de la Constitución pinochetista que han administrado con soberbia galanura, simplemente se han pasado al enemigo.

Y si en épocas pasadas lucían aguerridas camisas verde oliva, hoy se pasean por los salones con trajes Brooks Brothers haciendo cabriolas para congraciarse con los que ayer los persiguieron, exiliaron, encarcelaron torturaron y mataron.

Los matones y criminales de la UDI dan su espectáculo por traer de vuelta al país a Galvarino Apablaza, militante popular que entregó su vida y sus inteligencia a la causa del pueblo chileno y de otras tierras. Por su trabajo durante el gobierno popular de Salvador Allende fue perseguido, torturado y preso en numerosos campos de detención, para luego ser expulsado del país.

De notable desempeño internacionalista, Galvarino es un patriota que no titubeó en ponerse el frente de la causa por la liberación nacional y concurrió a la fundación y desarrollo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Confusas declaraciones de sus ex compañero, lo sindican como el responsable del ajusticiamiento de Jaime Guzmán, lo que le valió la más férrea persecución por parte de la ultra derecha chilena, la que ahora cuenta con el sólido apoyo de la Nueva Mayoría, cuyo Ministro del Interior viajó presto y solícito a Buenos Aires para apurar una supuesta extradición.

En el trámite, los fascistas chilenos han contado con la inestimable colaboración de otro renegado de sus ideas juveniles, el embajador Viera Gallo, que más parece operador de la UDI.

Chile tiene una deuda inmensa con quienes jugaron un papel de importancia en el fin de la tiranía. Y esa deuda no ha siso siquiera reconocida por quienes asumieron entre tratativas secretas y acuerdos espurios, la administración de lo que dejó la dictadura, blanqueando con entusiasmo la constitución que antes tildaban de antidemocrática.

La Concertación se fue derechizando en la medida que le tomaba el gusto al poder, el político, el del dinero, el de la influencia.

La podredumbre del sistema político deja en claro el nivel ético de quienes han administrado el Estado en el último cuarto de siglo. Exacciones ilegales, coimas, arreglines, cohecho, una legión de boleteros al margen de la ley, robos, apropiaciones indebidas, son expresiones inevitables a la hora de referirse a los políticos del sistema.

La carcoma de la pudrición corroe los cimientos de la cultura neoliberal que fue abrazada por los otrora izquierdistas.

Y una de la condiciones para mantenerse aún disfrutando de las prebendas del poder ha sido mantener al movimiento popular relegado a un último plano, cooptadas algunas de sus dirigencias, compradas, arrendadas y regaladas otras, y por sobre todo, reprimidos quienes pueden eventualmente ser un escollo para el sistema.

En esa ofensiva permanente se ha querido, y se ha logrado con relativo éxito, borrar de la memoria histórica le rol que jugaron muchos militantes de la causa popular, en Chile y en otras tierras. Lamentablemente en esta oleada oscurantista, la ultra derecha ha tenido la colaboración por omisión, inacción o silencio, de importante sectores y partidos populares que han colaborado para sepultar esa memoria como parte del acervo cultural de la izquierda chilena y latinoamericana.

La izquierda sigue retrocediendo luego de veinticinco años.

Mientras, el pueblo sigue siendo castigado, perseguido, reprimido, torturado y asesinado, aún cuando por métodos más sutiles que durante la dictadura. Derechos como salud, educación, vivienda, medio ambiente, trabajo, seguridad, pensiones dignas, hoy son sueños utópicos tal como lo fueron en dictadura. Y no se vislumbra un horizonte que señale un camino.

La venganza permanente de la ultra derecha en contra del pueblo, goza de buena salud.

En ese contexto se reinicia la ofensiva fascista por castigar injustamente a Galvarino. Par dar un escarmiento, para saciar su inextinguible sed de venganza. Y en esa odiosa tentativa, la Nueva Mayoría acuerda negocios secretos para transar sus gestiones contra Galvarino, a cambio de la aprobación de leyes o contubernios similares.

Vergüenza debería darles intentar extraditar a un combatiente de los mejores. Como si no se supiera el ánimo clasista de las cortes nacionales capaces de condenar a un pobre diablo por el robo de una chaucha y hacer la vista gorda cuando se trata de un poderoso que roba miles de millones.

En alguna parte anda la nueva consigna, la que une, la que vincula y hace amigos. Habrá que buscarla con buena voluntad, generosidad y lucidez. La causa de Galvarino Apablaza es la de todos los que de una u otra forma hacemos esfuerzos por un mundo que no es este, sino uno mucho mejor, en el que la medida de todo sea el hombre y la mujer que lo habiten.

Homenaje a la Declaración de Principios de la CUT del 53 Por una nueva Sociedad de Trabajadores y el Pueblo

 

Union de Trabajadores y Estudiantes Clasista

Rebelión

Que el régimen capitalista actual, fundado en la propiedad privada de la tierra, de los instrumentos y medios de producción y en la explotación del hombre por el hombre, que divide a la sociedad en clases antagónicas: explotados y explotadores, debe ser sustituido por un régimen económico-social que liquide la propiedad privada hasta llegar a la sociedad sin clases, en la que se aseguren al hombre y a la humanidad su pleno desarrollo.

Declaración de Principios de la CUT de 1953

Hoy conmemoramos 63 años de la Declaración de Principios de la CUT del 53, la Central Única de Trabajadores, dirigida por Clotario Blest (y no la actual que es de colaboración de clases). Por eso, queremos rendir un homenajes a todos/as los Trabajadores/as que han entregado su vida por liberar a la sociedad del yugo explotador capitalista.

Porque entendemos, que los Trabajadores no podemos vivir siempre en la derrota, y luchar solo por las migajas que el sistema capitalista nos permite, ya que eso es condenar a nuestros hijos a la explotación permanente.

Hoy día en Chile, cuando se requieren cambios profundos, hay sectores que nos ofrecen salidas a medias, que nos contentemos con unos cuantos derechos sociales, y que nos limitemos a luchar por un capitalismo menos salvaje. En fin, nos quieren convencer que sigamos conviviendo con los que nos explotan, nos oprimen, excluyen y marginan: con la clase capitalista, y sus instituciones.

Es por eso que como UTEC, recogiendo la Declaración de Principios de la CUT del 53, queremos compartir nuestras reflexiones, para que vayamos construyendo nuestro camino de liberación, para que reconstruyamos el Proyecto Histórico de los Trabajadores y el Pueblo.

Estas reflexiones apuntan a descubrir los principios e ideas para la construcción de una nueva sociedad.

1. Por una sociedad basada en el Trabajo

En ésta sociedad capitalista, somos los Trabajadores los que creamos la riqueza y los que hacemos funcionar la sociedad. Sin embargo, somos explotados por la clase patronal, por la clase burguesa, viviendo en condiciones de miseria, de discriminación social y económica.

La clase capitalista, no vive del trabajo, sino que vive de la ganancia, del interés, del lucro. No necesitan trabajar, porque viven de nuestro esfuerzo, del robo de nuestro trabajo, siendo unos privilegiados, gozando de los beneficios y riqueza que nosotros hemos creados.

Por eso, esta sociedad capitalista es una sociedad desigual, donde la minoría se enriquece a costa de la gran mayoría.

Nosotros aspiramos a construir una nueva sociedad basada en el trabajo, donde dicho trabajo sea retribuido en forma justa y sin privilegios.

2. Por una sociedad que garantice los derechos sociales fundamentales

Esta sociedad capitalista neoliberal, no garantiza ni siquiera los derechos sociales básicos. Los Trabajadores y el Pueblo no tenemos una vida digna, y además nuestras necesidades y derechos están manejadas por el mercado, lo que les permite a los capitalista lucrar y enriquecerse.

No creemos en las falsas promesas, de que una nueva Constitución pueda garantizar dichos derechos, porque mientras no se cambie radicalmente la sociedad, esas son palabras y papeles.

La sociedad debe garantizar el trabajo con un sueldo justo, con 8 horas de trabajo (inclusive menos), con 8 horas de descanso y 8 horas de recreación.

Aspiramos a construir una nueva sociedad que garantice para todos y todas los derechos sociales fundamentales: la salud, la educación a todo nivel, una vejez digna, la vivienda, la justicia, etc., sin discriminación y privilegios, y que nadie pueda lucrar con ellos.

3. Por una sociedad basada en la cultura de la solidaridad y el bien común

Esta sociedad neoliberal nos ha impuesto la cultura del consumismo, del dinero, de la competencia, del individualismo, de la opresión, del abuso de poder, del engaño y del doble estándar, de los pitutos, del arribismo, de la discriminación, etc.

La construcción de una nueva sociedad, nos obliga a transformarnos nosotros mismo, y poder superar las trabas con la que hemos sido formados.

Tenemos que crear una nueva cultura basada en la solidaridad, el bien común, la transparencia e igualdad, en la libertad creadora, etc. Deberemos crear a la Mujer y el Hombre Nuevo.

4. Por una sociedad que supere el patriarcado

Vivimos una sociedad donde la mujer es oprimida, doblemente explotada, en situación de desigualdad, y excluida sistemáticamente, despojándola de valor y derechos, e impidiéndola decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y en todos los ámbitos de su vida.

Aspiramos a la superación del patriarcado.

5. Por una nueva sociedad integral e inclusiva

La construcción de una nueva sociedad también debe hacerse cargo globalmente de todos los aspectos que hacen de la vida en sociedad.

Debemos construir una nueva relación entre el pueblo mapuche, los inmigrantes y el pueblo chileno.

Debemos construir una sociedad autosustentable y de protección del medio ambiente.

Debemos construir una relación de igualdad entre la capital y las regiones, entre las ciudades y el campo, y en las mismas ciudades.

Debemos suprimir toda forma de opresión, discriminación y privilegios y hacer una sociedad inclusiva.

6. Por una sociedad sin patrones

Vivimos una sociedad donde los capitalistas, en especial los grandes capitalistas, son los dueños del país, los que mandan y han organizado la sociedad para sus intereses.

Ellos tienen el poder económico. Y si algo no les parece, amenazan con no invertir y sacar sus capitales fuera del país. Son ellos mismos, los que hoy día están dejando caer la desaceleración de la economía sobre el pueblo y los Trabajadores, para mantener su ganancia.

Ellos son el obstáculo fundamental, que impide que tengamos un nivel de vida digno, que nos garantice los derechos sociales básicos, porque se apropian de nuestro trabajo para sus intereses individuales, y no para ser utilizado para satisfacer las necesidades del conjunto de la sociedad. Es cosa de ver cómo han actuado frente a las tibias reformas educacional y tributaria.

Han organizado el poder político, para que los gobiernos y parlamentos, sirvan a sus intereses y las leyes que se promulgan sean para su favor. Estos más de 20 años de democracia (democracia empresarial), de libre mercado, neoliberalismo, nos demuestran con claridad lo que son, y su resultado es uno solo: una sociedad cada vez más desigual y excluyente.

Muchos caen en la ilusión, y creen que podrán mejorar la sociedad con los capitalistas. Pretender dejarles cuotas de poder político, económico, militar, etc., será solo para cavar nuestra propia tumba, ya que usaran ese poder en contra nuestra. Así sucedió con el golpe de Estado del 73, y otras experiencias históricas nos demuestran dramáticamente esta realidad.

Por eso, aspiramos a una sociedad sin patrones.

 

7. Por una sociedad basado en el Poder de los Trabajadores y el Pueblo

Mientras el poder esté en manos de la clase capitalista, ninguna transformación significativa será posible.

La economía debe estar dirigida por los Trabajadores y el Pueblo, para garantizar los derechos sociales, y construir una economía para el conjunto de la sociedad.

Debemos tener una nuevas FFAA que sean parte del pueblo y defiendan nuestros intereses.

Para poder llevar a cabo las transformaciones sociales y económicas, para poder comenzar a construir una nueva sociedad, el poder debe estar en las manos de los Trabajadores y el Pueblo.

8. Por una sociedad basada en la Democracia directa y de base

Esta democracia representativa, empresarial, solo sirve para a los patrones. Es pagada por ellos, y usan su poder económico y comunicacional para distorsionar la opinión popular.

Ella no nos representa: nos imponen candidatos en forma externa y que apenas conocemos, carente de legitimidad social, y que están protegidos, y que no se les puede controlar ni menos destituir.

Pero, tratan de hacernos creer que esta democracia es imparcial, que es la democracia de todos, y que a través de ella, vía elecciones, podremos resolver los problemas de los Trabajadores y el Pueblo. Además, hoy están construyendo una nueva trampa electoral, el Proceso Constituyente, y crear así un nuevo pacto social para salvaguardar y fortalecer su sistema.

Por lo tanto, debemos crear una nueva democracia que nos represente, basada en las organizaciones sociales del Pueblo y los Trabajadores, una democracia directa y de base, y sin caudillos.

Conclusiones

Construir una nueva sociedad, que supere esta sociedad capitalista neoliberal, debe ser el objetivo estratégico del sindicalismo clasista.

Es un debate que recién estamos comenzando. Será un largo proceso en el cual nos iremos poniendo de acuerdo, al calor de la lucha, y de cara de los Trabajadores.

Avanzaremos, reharemos el camino andado, pero el eje no podrá ser otro, que construir una nueva sociedad hecha por y para los Trabajadores y el Pueblo.

 

No dejemos que otros definan lo que nos corresponde a nosotros definir.

No dejemos que nos impongan un nuevo pacto social, porque nos callamos.

A reconstruir el Proyecto Histórico de los Trabajadores.

 

Rebélate contra el Sistema

Con todas las fuerzas de los Trabajadores y el Pueblo

Venceremos

 

12 de Febrero 2016

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Los secretos de la “lista de Carrasco”: nuevos pagos a campaña de Bachelet y candidatos UDI

 

Nicolás Sepúlveda

CIPER

El empresario Roberto Carrasco abrió la lista de las empresas investigadas al revelar otras diez que aportaron por fuera de la vía legal a la campaña de Laurence Golborne. Las contabilidades de algunas de esas compañías ocultaban varios secretos: pagos rectificados de Ripley y BCI a personas vinculadas a Ena von Baer, Pablo Zalaquett y Javier Macaya; además de aportes de la multitienda a la sociedad de un publicista de la campaña de Bachelet. Faltan las rectificaciones de CAP, Watts y dos sociedades del Grupo Hurtado Vicuña, entre otras, para completar esta arista que solo espera información del SII.

El testimonio de Roberto Carrasco fue contundente. El 4 de noviembre de 2015 el ingeniero comercial detalló los movimientos tributarios tramposos que protagonizó para recaudar dinero con el objeto de financiar la campaña presidencial de su amigo personal, Laurence Golborne. Según su relato, fue el ex ministro del gobierno de Sebastián Piñera quien hizo el contacto con diez empresas y su rol se limitó a emitir decenas de facturas falsas para recolectar la plata.

Esa declaración de noviembre resultó explosiva ya que incorporó a la indagatoria a empresas que no habían sido mencionadas entre las que utilizaron métodos ilegales para financiar la política. El listado de Carrasco fue el siguiente: Banco BCI, Ripley, Watts, CAP, Inversiones Caburga, Inversiones Santa Virginia, Inmobiliaria Ecomac, GT Advisors, Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado. En el listado se incluyeron sociedades de inversión controladas por algunos de los grupos económicos más ricos del país, como el Grupo Said y el Grupo Hurtado Vicuña.

La revelación realizada por Roberto Carrasco, y las posteriores diligencias encargadas por el Ministerio Público, desafiaron el presagio murmurado por dirigentes políticos que aseguraba que no se investigarían más empresas luego de la crisis política generada por el financiamiento ilegal de Penta, Soquimich y Corpesca. Las rectificaciones presentadas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) por varias de las compañías incluidas en la lista de Carrasco, abrieron nuevas aristas en la investigación penal y volvieron a salpicar al sistema político. A esto se suma lo publicado el miércoles 10 de febrero por El Mercurio que indica que la Fiscalía Oriente pedirá al SII la totalidad de las rectificaciones hechas por las empresas que aparecen mencionadas en las 60 carpetas que acumula la indagatoria al Grupo Penta. Y ese es precisamente el expediente donde se ubica el testimonio de Roberto Carrasco.

Presidenta Michelle Bachelet

Todas las empresas mencionadas por Carrasco en su declaración ante la Fiscalía realizaron depósitos, a cambio de facturas falsas, a la empresa Asesorías VSA, la que se dedica a la asesoría tributaria y que es propiedad del ingeniero comercial. Pero la investigación que gatilló la declaración de Carrasco, reveló que no era solo Laurence Golborne el beneficiado con esos aportes.

El detalle de la rectificación realizada por el Banco BCI volvió a instalar la duda sobre dirigentes de la UDI como Pablo Longueira, Ena von Baer, Pablo Zalaquett, María José Hoffmann y Javier Macaya. Fue el propio presidente del banco, Luis Enrique Yarur, quien declaró ante la Fiscalía que estos pagos se realizaron para apuntalar a candidatos que defenderían el libre mercado.

En el caso de Ripley los aportes aparecen más transversales. Destaca un pago rectificado a Asesorías Credo, empresa controlada por Diego Perry, uno de los publicistas que diseñaron y ejecutaron la campaña presidencial de Michelle Bachelet. El Mercurio reveló correos electrónicos internos de la multitienda donde se menciona al recaudador Giorgio Martelli como el gestor de estos aportes, los que totalizaron $50 millones. La rectificación de Ripley también incluyó aportes a empresas relacionadas con la fallida campaña presidencial de Andrés Velasco –líder de Ciudadanos, movimiento que apuesta a representar el centro liberal-, y otro pago a una sociedad vinculada a Pablo Zalaquett.

Las dos sociedades del Grupo Said mencionadas por Carrasco (Inversiones Caburga e Inversiones Santa Virginia, continuadora de Newport) también registran extensas rectificaciones, las que fueron reveladas por CIPER (Ver reportaje CIPER “Pagos irregulares del Grupo Said: a Piñera y Frei se suman Enrique Correa y ministro del TC“) en diciembre y que incluye a sociedades ligadas al ex presidente Sebastián Piñera, a la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz Tagle (en 2009), además del lobista Enrique Correa y el ministro del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier (ex UDI), quien fue candidato a senador en 2009. En este reportaje se da cuenta de una nueva rectificación ingresada a Impuestos Internos por los Said Handal a través de sus sociedades Santa Virginia y Wilsim Corporation, quienes sumaron pagos por $389 millones a los $95 millones que ya habían rectificado en una primera instancia.

Lo que obstaculiza el avance de esta indagatoria es que no toda la información contable de las empresas incluidas en el listado de Roberto Carrasco está en manos de la Fiscalía. Esto porque, tal como informó CIPER (Ver reportaje CIPER “La lista de Roberto Carrasco, el otro “garganta profunda” de las platas negras de la política“) el SII informó a los fiscales el 7 de diciembre pasado que ni Watts ni CAP ni GT Advisors han presentado rectificaciones, mientras que no se han realizado auditorías ni se cuenta con la información respecto de las dos sociedades del Grupo Hurtado Vicuña involucradas: Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado-.

La situación judicial y tributaria de estas empresas podría complicarse, ya que existiendo evidencias en la indagatoria del Ministerio Público de pagos a políticos por fuera de la vía legal, y no habiendo rectificaciones ante el SII, estas compañías podrían estar adeudando impuestos más los intereses y multas correspondientes, los que sí fueron cancelados por otras empresas involucradas en el financiamiento irregular de la política.

DEFENDER EL NEOLIBERALISMO

El 13 de enero pasado el presidente del Banco BCI, Luis Enrique Yarur, declaró como imputado frente a los fiscales para aclarar los aportes realizados a diversos dirigentes políticos por esa institución financiera. Yarur justificó los pagos irregulares a sociedades relacionadas con Laurence Golborne indicando que el ex ministro de Sebastián Piñera le “pareció una buena carta política para defender el libre mercado”.

Laurence Golborne

En total, el BCI aportó con $112,8 millones a la campaña de Golborne. Lo hizo mediante dos giros a la sociedad Asesorías VSA, de Roberto Carrasco, y otros seis a Vox Comunicación Estratégica, la misma empresa usada por Golborne para obtener apoyo económico desde Penta, grupo que le aportó $120 millones a través de seis pagos de $20 millones entre enero y junio de 2013. Por esas transacciones Impuestos Internos se querelló en contra de Laurence Golborne en octubre pasado, aunque esa acción legal no consideró los nuevos antecedentes surgidos en la indagatoria de la Fiscalía y que ligan a Golborne con pagos irregulares desde otras diez empresas.

Luis Enrique Yarur reconoció ante la Fiscalía que los aportes realizados a Golborne no tuvieron respaldo contable, ya que ningún trabajo que sirviera a la empresa para producir su renta fue aportado por el ex candidato de la UDI: “Hay dos casos en que sí puedo vincular el aporte político, que es el caso de dos sociedades, Vox Comunicaciones y VSA. Ambas las vinculo a peticiones que me realizó para la campaña presidencial don Laurenece Golborne, quien me solicitó y facilitó estas facturas”.

Yarur afirmó también que fue el entonces candidato Golborne quien lo visitó “en un par de ocasiones” para solicitarle recursos, ofreciéndole la intermediación de VSA y Vox. “No hay servicios que se hayan prestado por esas empresas, los servicios no existen y como dije fueron aportes para la campaña de Laurence Golborne”, resaltó el presidente del Banco BCI.

El banco de los Yarur presentó dos rectificaciones tributarias ante el SII. La primera, el 22 de junio de 2015, por pagos que totalizaron $237 millones y que incluyeron los años tributarios de 2010 a 2015; y una segunda, que ingresó al SII el 25 de junio. Esa segunda rectificación fue por $21,7 millones e incluyó pagos irregulares del año tributario 2009. En total, el banco reconoció haber transferido $259,5 millones a figuras jurídicas y personas naturales que no prestaron ningún servicio a la casa financiera.

La mayoría de los beneficiados con los traspasos de dinero del BCI están relacionados con la UDI. Destaca el ex alcalde y ex candidato a senador por Santiago Poniente, Pablo Zalaquett, con un sueldo de $700 mil que el banco le pagó, al menos entre enero de 2008 y diciembre de 2013. Esos dineros, $47,6 millones en total, fueron transferidos a las cuentas de dos sociedades utilizadas por Zalaquett en su campaña: Asesorías e Inversiones La Manada (la misma que aparece vinculada a rectificaciones realizadas por SQM y Copec) e Inversiones y Asesorías ZB. Aunque según Yarur en este caso los pagos corresponden a asesorías personales, de todos modos los rectificó ante el SII junto al resto de los aportes políticos.

Javier Macaya

Los pagos rectificados por el BCI también complican al diputado Javier Macaya (UDI), quien ha sido socio del estudio Ossa, Long & Macaya Abogados, el que el 15 de mayo de 2013 recibió $5 millones desde el BCI. Macaya no ha tenido un rol protagónico en el financiamiento irregular de la política a pesar de que ya acumula varios pagos cuestionados por empresas: SQM rectificó otros $5 millones girados a su cónyuge, Constanza Farías, en octubre de 2012, mientras que Inversiones Caburga, de la familia Said Somavía, rectificó otros $11 millones pagados en 2013 también a la esposa del diputado.

Sobre el pago del BCI al estudio de abogados Ossa, Long & Macaya, el diputado aseguró a CIPER que abandonó ese staff en 2010, por lo que no estaría involucrado en el pago recibido tres años después. Sin embargo, en la página web del estudio, Macaya aparece como socio y su apellido aún figura en el nombre de la firma. Sobre este punto, el legislador afirmó que se trata de un error y que solicitará a sus ex socios que modifiquen esa información. En el mismo staff figura como socio Felipe Alessandri, concejal UDI de la comuna de Santiago.

Según el Ministerio Público, Javier Macaya formaba parte de la estructura montada por Jovino Novoa para financiar campañas electorales de la UDI. Durante la formalización de Novoa, el fiscal Emiliano Arias leyó una serie de correos entre Novoa, Macaya y Carlos Eugenio Lavín, uno de los dueños del Grupo Penta. “Estimado Carlos Eugenio, de acuerdo a lo conversado con Jovino le hice llegar una lista más depurada que es la que viene más abajo priorizando lo que hablamos. Un abrazo y de verdad muchas gracias”, le escribió Macaya al empresario en 2012, en un correo electrónico que incluyó un listado de candidatos a concejales y alcaldes de la UDI por la Región del Maule. Cabe recordar que Macaya es diputado por un distrito de esa misma región.

Quien también figura con un pago rectificado del BCI es Ximena Carbacho, esposa del administrador electoral de la campaña senatorial de Ena von Baer, Jorge Bussenius. $11 millones le pagó el BCI el 16 de abril de 2013, cuando recién partía la campaña parlamentaria de ese año. Bussenius aparece con un pago rectificado en la arista SQM, donde su sociedad Asesorías IMBC recibió $35 millones desde SQM Salar también en 2013.

Otros pagos ligados a la UDI incluidos en la rectificación del BCI son: $8,8 millones para Ana Carolina Palacios, cuñada de Carmen Luz Valdivielso, la asesora de mayor confianza de Pablo Longueira y quien aparece señalada por varios testigos como la persona que recaudaba aportes para el ex presidente de la UDI; $5,5 millones para Gustavo Alessandri, ex concejal del partido; $5,5 millones para Carmen Soza del Río, ex asesora de la Fundación Jaime Guzmán y del Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Sebastián Piñera; $12,5 millones para el Centro de Investigaciones Sociales, controlado por la familia del analista Gonzalo Müller, esposo de la diputada María José Hoffmann; $5,5 millones al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (quien renunció a la UDI hace pocos meses) el 16 de febrero de 2010; y $15 millones el 29 de abril de 2014 para Marne SpA, sociedad en la que participa el diputado de Evópoli, Felipe Kast, aunque este negó a La Tercera que se trate de pagos políticos (revise la rectificación completa del Banco BCI).

Luis Enrique Yarur

En su declaración judicial, el presidente del BCI separa en tres grupos los pagos rectificados. Primero identifica aportes que fueron a campañas de la UDI, en que no sabe quién solicitó el dinero, correspondiente a las boletas emitidas por Ximena Carbacho, Ana Palacios, Carmen Soza, Juan Masferrer, Jorge Brito, Gustavo Alessandri, Rodolfo Carter y al estudio jurídico Ossa, Long & Macaya. En un segundo grupo incluye los pagos para financiar la campaña de Golborne, a través de VSA y Vox, mientras que en una tercera categoría identifica empresas que, según dice, sí prestaron servicios al banco: Centro de Investigaciones Sociales, René Hormazábal y Marne SpA. Según el testimonio de Yarur, el criterio del BCI para rectificar pagos fue identificar a todas las sociedades o personas naturales que aparecieran vinculadas a financiamiento irregular de la política en la investigación del Ministerio Público o en los reportajes relativos al tema aparecidos en la prensa.

La declaración que el presidente del Banco BCI, Luis Enrique Yarur, entregó a la Fiscalía el 13 de enero, deja claro por qué solo aparecen dirigentes políticos de derecha en los aportes a campañas de esa institución financiera: “Yo tengo afinidad por un partido político que es la UDI y por lo tanto presumo que todos estos aportes son para personas de dicha agrupación”. Y agregó: “En todos estos casos son aportes políticos y las boletas o facturas tienen mi visto bueno, que es mi media firma. Sé que son aportes políticos, porque se compararon a estas personas con la lista de proveedores y estas personas no le prestaron ningún servicio al banco”.

RIPLEY Y LA NUEVA VENTANA A LA CAMPAÑA DE BACHELET

La rectificación ingresada por la multitienda Ripley, a través de dos de sus sociedades controladoras, Ripley Corp y Comercial Eccsa, fue más acotada que la del Banco BCI. Se rectificaron pagos entre 2012 y 2014 por un total de $104 millones. Parte de ese monto son los $15 millones que Roberto Carrasco declaró haber facturado a la multitienda sin prestar ningún servicio y que fueron aportes para Laurence Golborne.

Entre noviembre de 2013 y enero de 2014 se giraron tres pagos a Asesorías VSA, una de las empresas de Carrasco que participó en la triangulación de dineros irregulares para el ex candidato de la UDI. Antes, en mayo de 2013, Ripley ya había girado otros $5 millones a Vox Comunicaciones, la sociedad fundada por Golborne y que también sirvió de puente para financiar su apuesta electoral. En total, $20 millones giró Ripley en beneficio del ex ministro de Minería y Obras Públicas del gobierno de Piñera.

Pero la rectificación de Ripley ante Impuestos Internos contenía otros aportes sorpresa. La multitienda controlada por la familia Calderón rectificó también $50 millones pagados a Asesorías Credo, una sociedad que se vincula directamente con el comando presidencial que llevó de vuelta a Michelle Bachelet a La Moneda.

El documento oficial ingresado por la empresa al Departamento de Delitos Tributarios del SII el 27 de abril de 2015, detalla que los pagos se realizaron el 12 de diciembre de 2013 por $27,7 millones –tres días antes de la segunda vuelta que le otorgó a Bachelet más del 62% de los votos-, y el 13 de enero de 2014 por $22,2 millones, un mes después de los comicios le dieron el triunfo a la actual Presidenta.

Asesorías Credo es una sociedad que se formó apenas unos meses antes de recibir $50 millones desde Ripley. El 20 de agosto de 2013 en la Notaría de Alberto Rojas López, en Santiago, el publicista Diego Perry y su esposa, Magdalena Velasco Weber, constituyeron Credo con un capital inicial de $1 millón. El objeto fue amplio e incluyó la prestación de asesorías y consultorías en materias comunicacionales, de imagen, publicitarias y marketing, y todo tipo de actividad inmobiliaria. Perry es el publicista que, junto a José Miguel Kiko Carcavilla, ideó la última campaña electoral de Bachelet. Durante la segunda vuelta de esa misma campaña, Asesorías Credo aparece como proveedora rindiendo $15 millones por publicidad radial, según el registro público del Servel. Otra sociedad de Diego Perry –Servicios y Publicidad La Clínica-, prestó servicios a la campaña de Bachelet, pero en primera vuelta, donde recibió $175 millones por “asesoría creativa”. Esa misma compañía figura en el listado de pagos rectificados por SQM con $48 millones sin respaldo contable.

Diego Perry es hijo de Ximena Aldana, esposa de Juan Carvajal, el ex hombre fuerte de la Secretaría General de Comunicaciones de La Moneda durante el primer gobierno de Bachelet. Hoy es uno de los ejecutivos de Imaginacción, la empresa consultora y de lobby liderada por Enrique Correa. Por su parte, Aldana fue por 16 años secretaria del ex ministro Sergio Bitar, asesora de Andrés Velasco cuando este era ministro de Hacienda en el primer gobierno de Bachelet y ha integrado la comisión política del PPD.

El Mercurio reveló un correo electrónico fechado el 9 de diciembre de 2013, entre el gerente de Finanzas Corporativas de Ripley Corp, Miguel Nuñez, y el gerente general corporativo, Lázaro Calderón, donde acuerdan pagarle a Asesorías Credo un informe de coyuntura política, económica y legislativa. El asunto de ese correo es “orden de compra a Giorgio Martelli”. Como ha quedado acreditado en la indagatoria del Ministerio Público, Martelli es uno de los principales recaudadores de dineros para las campañas de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (2009) y Michelle Bachelet (2013), y está imputado por participar en la triangulación de dineros de SQM para financiar la campaña de Bachelet.

Giorgio Martelli ya fue interrogado por los fiscales sobre de los pagos irregulares que llegaron a la campaña de la Presidenta desde empresas del Grupo Angelini, pero no así sobre los pagos que otras empresas aportaron a esa misma campaña a través de las sociedades de uno de sus publicistas.

La rectificación ingresada por Ripley al SII se completa con $24 millones pagados a Ernesto Evans, ex yerno del senador Andrés Zaldivar (DC); $4,5 millones a Comunicaciones Paréntesis, sociedad constituida en 2003 por miembros del círculo político de Andrés Velasco, como Juan José Santa Cruz, Mariana Aylwin, Walter Oliva y el mismo Ernesto Evans. El Mercurio reveló un correo electrónico en que el actual gerente general de ENAP, Marcelo Tokman (quien integró el comando presidencial de Andrés Velasco), pregunta a uno de los gerentes de Ripley por los pagos a Comunicaciones Paréntesis. Finalmente, aparecen rectificados $3 millones pagados por Ripley a Reactor SpA, ya mencionada como vehículo del financiamiento irregular de la fracasada campaña senatorial de Pablo Zalaquett (UDI) (Revise aquí el listado completo de la rectificación de Ripley).

COMPAÑEROS DE DIRECTORIO
 

Daniel Mas Valdés

El detalle de la rectificación que hizo Inmobiliaria Ecomac Santiago ante Impuestos Internos provocó que funcionarios de la entidad fiscalizadora revisaran una donación de $50 millones a la Fundación María Educa, la que después fue aprobada por el SII. No ocurrió lo mismo con la duplicidad de ingresos que declaró esa empresa por ventas de inmuebles. Lo extraño es que en la información enviada por el SII al Ministerio Público no hay indicios de los pagos efectuados a VSA y que finalmente fueron a la campaña de Laurence Golborne. Según declaró Roberto Carrasco, la inmobiliaria donó $25 millones a través de dos facturas falsas pagadas el 9 de septiembre y el 4 de noviembre de 2013.

La Inmobiliaria Ecomac es controlada por Daniel Mas Valdés (actual presidente de Inversiones Norte Sur, firma que controla junto a Aníbal Correa), empresario oriundo de la Región de Coquimbo, desde donde Ecomac creció como inmobiliaria de la mano de su padre, Daniel Mas Rocha. La empresa tiene proyectos millonarios en el norte del país, aunque en 2014 Mas Valdés declaró a El Mercurio que, debido al clima generado por las reformas impulsadas por la Presidenta Michelle Bachelet, habían postergado proyectos por una suma cercana a los US$100 millones.

Laurence Golborne no era un desconocido para Daniel Mas Valdés, ya que ambos fueron miembros del directorio de Concreces Leasing S.A., empresa de la familia Mas. Así quedó registrado en la Superintendencia de Valores y Seguros, donde se establece que en 2009 Golborne se integró como director a la compañía presidida entonces por Daniel Mas Rocha y en cuyo directorio participaba su hijo, Daniel Mas Valdés. El ex candidato presidencial abandonó esa gestión el 10 de marzo de 2010, cuando ingresó al gabinete de Sebastián Piñera.

MÁS PLATA DE LOS SAID

En diciembre CIPER reveló las rectificaciones de impuestos ingresadas al SII por dos sociedades del Grupo Said: Inversiones Caburga (de los Said Somavía) y Newport (de los Said Handal). En total, sumaron casi $750 millones. No era lo único: porque en 2015 la rama familiar Said Handal había ingresado una nueva rectificación, esta vez correspondiente a pagos de otras dos sociedades bajo su control: Inversiones Santa Virginia (continuadora legal de Newport desde 2012) y Wilsim Corporation. En total, ambas rectificaron pagos por $389 millones, lo que eleva el total rectificado por los Said a más de mil millones entre 2009 y 2014.

A través de dos documentos ingresados el 15 de mayo y el 30 de junio de 2015 en Impuestos Internos, Santa Virginia reconoció nuevos pagos sin respaldo contable. Los nombres tras esos pagos rectificados llaman la atención: una de las personas que aparece en ese listado recibiendo la mayor cantidad de dinero es Francisco Said de Maria, hermano del patriarca del grupo, Juan Said de Maria, y tío de los seis hermanos Said Handal (Jaime, Sara, Ana, Javier, Gonzalo y Virginia) que hoy están a cargo de los negocios familiares. Francisco Said recibió $145 millones que no tendrían respaldo, según la rectificación hecha por Santa Virginia.

En su última declaración ante el SII, los Said Handal incluyeron los $20 millones que aportaron a la candidatura de Golborne el 31 de marzo de 2013, a través de Siglo Outsourcing, empresa de Roberto Carrasco y controladora de VSA. En esa declaración llaman también la atención otros pagos rectificados, cuyo receptor no se identifica y que se inscriben como “fondos por rendir”: $30 millones, el 12 de octubre de 2012; $10 millones, el 30 de enero de 2013; $20 millones, en abril de 2013; $30 millones, en mayo de 2013; $10 millones, el 27 de junio de 2013 y $17 millones, en diciembre de 2014 (ver detalle de las nuevas rectificaciones de Santa Virginia y Wilsim Corporation).

Santa Virginia es un fondo de inversión formado por los Said Handal en 1992, en cuya propiedad participan Wilsim Corporation (constituida en el paraíso fiscal de Panamá, antes representada por José Domingo Eluchans y actualmente por Felipe Larraín Tejeda, de Claro & Asociados) y Compañía de Leasing y Arriendo, formada por el matrimonio Said Handal.

CIPER intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con algún representante de esta rama familiar del Grupo Said, pero no fue posible. El Grupo Said participa en el Banco BBVA y Embotelladora Andina, además de estar presentes en el control de Parque Arauco, tener representación accionaria en Envases del Pacífico, en la Viña Principal y en el negocio eléctrico a través de Coyanco.

http://ciperchile.cl/2016/02/11/los-secretos-de-la-lista-de-carrasco-nuevos-pagos-a-campana-de-bachelet-y-candidatos-udi/

Entrevista con Laura Hernández Norambuena, hermana del "Comandante Ramiro" “Buscamos que el gobierno de Chile retorne a Mauricio de su cautiverio en Brasil”

 

Andrés Figueroa Cornejo

Rebelión

Mauricio Hernández está prisionero desde hace 14 años en Brasil, acusado de ser parte del secuestro del empresario Washington Olivetto. La acción tuvo móviles políticos de carácter internacionalista y de emancipación social.

“(…) una vez que mueres por la unidad, / y sabes quién eres, / una vez que ensanchas la claridad, / y sabes quién eres, / una vez que ilustras tu condición, / y sabes quién eres, / una vez que rompes con la piedad, / y sabes quién eres, / una vez que incendias la oscuridad, / y sabes quién eres, / y dejas de amar tu seguridad, / y sabes quién eres, / puedes combatir al senil rufián / para que sin gloria vuelva al basural / del que se escapó manchando la historia.” De Concierto de Trez-Vella de Patricio Manns.

 

Casi en el límite que divide a las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, en la V Región de Chile, hay una casa vertical y verde y suspendida en el vértigo de un cerro mordido por el Océano Pacífico. Allí el periodista se entrevistó con la doctora en Medicina, Laura, una de las hermanas de Mauricio Hernández Norambuena, conocido también como ‘Comandante Ramiro’, ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Esa fuerza comportó uno de los principales destacamentos que combatió política y militarmente a la tiranía pinochetista y que, de acuerdo a diversos analistas, precipitó el pacto interburgués que terminó con el régimen cívico-militar entre 1973 a 1990, y abrió el período de administraciones civiles vigente hasta hoy en el país andino. Ambos sistemas políticos corresponden a formas distintas y funcionales moldeadas por la misma dictadura del capital en su actual fase.

Mauricio Hernández está prisionero en la Cárcel Federal de Porto Velho, en Rondonia, Brasil, próxima a la frontera con Bolivia, acusado de ser parte del secuestro del empresario Washington Olivetto. La acción tuvo móviles políticos de carácter internacionalista y de emancipación social.

Es verano a media tarde en Chile y por la ventana el mar lastima los ojos.

-Laura, ¿cómo defines las condiciones en las cuales mantienen cautivo a Mauricio en Brasil?

-“Encierro en aislamiento. En Brasil es el único caso que existe con la duración de 14 años en semejantes condiciones. El sistema de aislamiento extremo en Brasil, raya incluso en lo inconstitucional en ese país. De hecho, ha sido condenado por todos los organismos de Derechos Humanos existentes. El caso de Mauricio está denunciado por nuestra familia en la Corte Interamericana de DD.HH., y ella entiende que es una condición inhumana por lo prolongada.”

-¿En qué consiste el ‘encierro en aislamiento’?

-“Mauricio permanece 23 horas del día solo en su celda, lo que atenta contra la esencia social de los seres humanos y contra un derecho también esencial: tiene prohibido interactuar con sus pares. Cuenta apenas con una hora para salir al sol, o sea, a un patio del tamaño de media cancha de baby fútbol. Únicamente se le autoriza el contacto con familiares directos (los cuatro hermanos/as que le quedamos). Su presidio de aislamiento brutal provocó, por ejemplo, que del terremoto que sacudió mortalmente a gran parte de Chile el 2010 se enterará tres meses después de ocurrido.”

-¿Y qué dice la justicia brasileña?

-“Que ‘así no más es la cosa’, que ‘son las reglas del juego’. Esto es, las autoridades del país carioca tratan de justificar lo injustificable. Como familia nos reunimos con psiquiatras de allá quienes nos aseguraron que las condiciones de aislamiento de Mauricio son inhumanas, sin justificación alguna y agreden la integridad psicológica y física de cualquier persona.”

“Exigimos a Brasil el respeto de los derechos humanos de Mauricio.”

-¿Mauricio es el único prisionero político en Brasil o existen otras personas bajo esa calificación?

-“En Brasil, Mauricio no es considerado un prisionero político legalmente. Sin embargo, la primera condena que recibieron los compañeros de Mauricio junto al propio Mauricio el 2002, fue de 15 años porque diversas agrupaciones políticas latinoamericanas fundamentaron las motivaciones políticas del secuestro del empresario Washington Olivetto (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=207101), lo que fue considerado en el primer dictamen. Los recursos que devinieran del secuestro eran parte de una planificación política de carácter internacionalista, una tradición fundacional de todos los movimientos serios y jugados por la emancipación social de la humanidad. Pero en la segunda etapa del juicio, la fiscalía brasileña apeló, y la condena se duplicó a 30 años porque fue desestimada la razón política de su accionar, contrariando la deliberación anterior.”

-De todos modos, para las y los chilenos, incluso, independientemente de su simpatía o no con las posiciones políticas históricas asumidas por Mauricio, él sí tiene una vida militante que avala su conducta eminentemente política. Fue miembro de la Juventud Comunista y luego un dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), una fuerza política y militar fundamental en la resistencia en contra de la dictadura encabezada por Pinochet e impuesta por la oligarquía chilena y el imperialismo norteamericano. Mauricio no fue nunca parte de una banda de narcotraficantes, de delincuentes comunes o de ladrones de cuello y corbata; no fue nunca ‘lobista’ entre los intereses de las grandes firmas y los parlamentarios de ocasión; no fue nunca integrante de la red criminal de colusiones antisociales que actualmente hacen nata en Chile; no fue dueño de AFP, banquero, ni privatizador de todo lo que existe en el país. Fue un luchador antifascista, como tantos miembros de la resistencia en Europa que enfrentaron al nazismo y al fascismo durante la Segunda Guerra Mundial y en cuyos países son reconocidos como héroes.

¿Qué piden a las autoridades chilenas como familia Hernández Norambuena?

-“Que el gobierno genere las condiciones para que nuestro hermano deje de sufrir un encarcelamiento inhumano. Y en Brasil, solicitamos a las organizaciones y a las personas que persiguen el mejoramiento de la condición humana que exijan el respeto de los derechos de Mauricio.”

“Mi hermano no está dispuesto a tomar píldoras que bloqueen sus sentidos”

-Laura, tú y tus hermanos/as llevan años visitando a Mauricio. Tú eres doctora en Medicina. ¿Cómo podrías evaluar su estado?

-“Intentando ser lo más objetiva posible, en general bien. Mauricio es profesor de Educación Física y se ha impuesto un régimen propio de ejercicios diarios en su celda para mantenerse en forma, lo que impacta positivamente en su estado de ánimo. Naturalmente, vive en medio de una permanente ansiedad debido al aislamiento. Por la distancia espacial que existe entre cada una de las visitas que le hacemos (en la mayoría de los presidios en los que ha permanecido, y en particular en el último, la Cárcel Federal de Porto Velho, en Rondonia, Brasil, próxima a la frontera con Bolivia), la tramitación engorrosa y las dificultades para llegar hasta allí, vuelven más compleja la posibilidad de verlo con la frecuencia que quisiéramos. Ahora bien, han ocurrido situaciones que multiplican la iniquidad de su cautiverio. En una ocasión, su carcelero lo acusó de haberlo mirado a los ojos (!), cuestión estrictamente prohibida en el penal. El prisionero cuando interactúa con el carcelero debe mirar el suelo. En la disputa entre el guardia y Mauricio respecto de si fue así o no, como es obvio en ese tipo de relaciones de poder, primó la versión del carcelero y mi hermano fue castigado con 10 días de encierro absoluto en un apartado especialmente denigrante. En la siguiente visita, después de esa sanción, Mauricio se encontraba con el ánimo descompuesto.”

-¿Consume algún tipo de medicamentación psicotrópica?

-“Mauricio, ni antes ni durante su encarcelamiento ha necesitado fármacos de esa clase. De hecho, él nunca los ha aceptado. Mauricio me ha comentado, eso sí, que los problemas que sufren los presos devenidos de las condiciones de una cárcel de alta seguridad, el médico del recinto los ‘resuelve’ con diazepán. Al respecto, mi hermano me ha dicho que no está dispuesto a tomar píldoras que bloqueen sus sentidos ni su equilibrada apreciación de la realidad. Por algunas dificultades debido a lesiones deportivas de juventud (Mauricio estuvo al borde de convertirse en un jugador profesional de fútbol), hace dos meses nosotros/as solicitamos poder llevar un médico especialista de nuestra confianza. Sin embargo, en la cárcel nos impugnaron que ‘no era necesario’ porque el penal ya cuenta con un médico.”

Raúl Pellegrin: ‘No hay alegría más grande que dar la vida por su pueblo’

-Para muchas y muchos, no existe acto de libertad más radical que despojarse de los intereses individualistas y del egoísmo, y luchar por la libertad y la igualdad de tu pueblo y de otros pueblos del mundo. ¿Cabe ese principio en el caso de Mauricio?

-“Perfectamente. Algunos ex compañeros y amigos de mi hermano nos han confirmado el nivel de convencimiento y la capacidad de convencer de Mauricio en relación a que no existe otro camino diferente al de la lucha en contra del capitalismo para superar su naturaleza inhumana. Esa manera de trascender en otros que solidarizan con su presente situación, como familia, nos fortalece diariamente. Lo que nos parece en especial potente, es el episodio cuando mi hermano y los demás que participaron resolvieron integrar el equipo de gente que realizó el atentado contra Augusto Pinochet en 1986. Rodrigo Pellegrin (fundador del FPMR y asesinado en 1988) aparece señalando en un documental de reciente factura que ‘no hay alegría más grande que dar la vida por su pueblo’. Por la vida que llevó Raúl Pellegrin, yo entiendo ‘pueblo’ como a la humanidad oprimida.”

-¿Por qué crees que los sucesivos gobiernos civiles no han accedido a que Mauricio sea extraditado desde Brasil?

-“A esta altura, como familia, barajamos distintas hipótesis. Una de ellas es que ninguna de las administraciones gubernamentales que han pasado tiene en sus parámetros defender a un revolucionario, a un internacionalista, a un luchador social, cuya sola historia ya contradice sus intereses. Por otra parte, está la fortaleza de Mauricio de plantear con franqueza la realidad de lo que sucedió y de lo que está sucediendo, asumiendo autocríticamente todo aquello que le corresponda, claro. Sobre todo cuando tantas y tantos políticos dicen estar ejerciendo sus cargos por servicio público, amor al prójimo y otros valores que no tienen ninguna relación con su conducta, como todo Chile sabe. No hay nada que una a mi hermano con ninguno de los gobiernos que hemos tenido después de la dictadura. Claro que algunos miembros de los gobiernos han saludado nuestra causa por traer a Mauricio de vuelta y han dicho que consideran injustas las condiciones de su presidio, pero hasta ahora esas declaraciones no han tenido ningún efecto concreto. Yo creo que a Mauricio lo ven como una amenaza política. Y no estoy refiriéndome a la lucha armada ni nada por el estilo. Hablo de la ascendencia que él pudiera cobrar en Chile respecto de las distintas luchas que en la actualidad están librándose (en los ámbitos de la salud, el agua, el mar, las mineras, la educación, el pueblo mapuche; la juventud, las mujeres y los trabajadores empobrecidos, etc.). Son hipótesis, por supuesto.

Finalmente, entre las tantas preocupaciones de las autoridades, nuestra causa no debe estar ni en su listado. Porque para que Mauricio logre purgar su pena acá y no en Brasil, el gobierno debe realizar diversas gestiones que requieren voluntad política, y esa voluntad permanece ausente.”

Papa Francisco vs Macri: “Una prisionera con la bendición papal”

por  Alejandra Dandan (Argentina)

Antes de emprender su viaje a México (ver págs. 18-19), el papa Francisco le envió un rosario bendecido a Milagro Sala a través de uno de sus mas estrechos colaboradores argentinos. El jefe de la Iglesia Católica también hizo saber a la dirigente social y parlamentaria del Mercosur detenida en la provincia de Jujuy que “está muy preocupado por su detención”. Francisco envió el rosario con Enrique Palmeyro, uno de los argentinos de su mayor confianza, ex seminarista y número dos de Scholas Ocurrentes, la red global de escuelas con estatus pontificio que nació en el Arzobispado de Buenos Aires y ahora trabaja a nivel mundial. Palmeyro se acercó al acampe de la Tupac Amaru en Plaza de Mayo “apenas bajó del avión”, explicó a Página/12 Alejandro “Coco” Garfagnini, de la organización. El acercamiento que da cuenta del nivel de preocupación de la Santa Sede por una situación denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, agrega una cuota de tensión a la ya tensa atmósfera con la que se prepara el primer encuentro entre el Papa y el presidente Mauricio Macri, previsto para el próximo 27 de febrero.

Palmeyro es un hombre a quien las organizaciones sociales conocen bien y de cerca por su actividad en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. También es un nombre conocido en el mundo religioso. Fue seminarista, es profesor de teología, cumplió distintas funciones gubernamentales a nivel nacional y en la ciudad de Buenos Aires y se lo considera un hombre de la Iglesia. En el arzobispado de Buenos Aires trabajó con quien entonces era el cardenal Jorge Bergoglio quien le encargó crear el programa de escuelas hermanas de la Arquidiócesis de Buenos Aires, antecedente de la red global, y el trabajo con los cartoneros. Con María del Corral –ex director del Consejo de Educación del Arzobispado porteño– actualmente dirige uno de los proyectos a los que el Papa impulsó en forma personal. “La idea que sugirió Francisco es unir escuelas, fútbol y solidaridad”, dijo Palmeyro al diario La Nación en el 2013 cuando se lanzaba la iniciativa.

El lunes pasado, este hombre se acercó a la carpa central de la Tupac en Plaza de Mayo. La organización mantiene el acampe acompañada por otros espacios en reclamo por la libertad de Milagro y en un espacio permanentemente visitado por artistas, intelectuales, juristas y referentes del mundo político y social. Palmeyro llegó allí y preguntó por Coco Garfagnini, uno de los responsables de la organización. Como Garfagnini estaba en una reunión, se encontró con otros integrantes del espacio. El diálogo quedó registrado por alguna cámara y allí les entregó personalmente el rosario que enviaba Francisco para Milagro y les manifestó la preocupación del pontífice que trabajaba para la libertad.

El rosario todavía no llegó a manos de Milagro Sala pero los integrantes de la organización le avisaron apenas lo recibieron. Emilio Pérsico del Movimiento Evita –uno de los espacios que sostiene el acampe y el reclamo– recordó a este diario que cuando la visitó a ella en la cárcel donde comparte la comida con el resto de las presas, vio que Milagro colgó en una pared el rosario que le regaló el Papa en junio de 2014, durante el encuentro que mantuvieron en la Santa Sede.

Los reclamos por la detención de la dirigente indígena comenzaron a escucharse desde las primeras horas. A las voces de los organismos de derechos humanos locales como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, la Asamblea Permanente por los derechos Humanos, el CELS y Amnistía Internacional se sumaron voces y presentaciones judiciales en foros locales e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. El ex ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni que hoy es integrante de la CIDH calificó la detención como un “escándalo internacional” y en línea con las organizaciones territoriales encuadró su detención como una detención política. Entre esas primeras voces que se levantaron, también hay que situar a los sacerdotes nucleados en Curas en Opción por los Pobres. El 31 de enero en Plaza de Mayo pidieron que el Papa no reciba al presidente Mauricio Macri y durante una misma advirtieron: “tenemos una hermana presa, presa política”. El padre Eduardo de la Serna dirigiéndose a “los CEO” de la Casa Rosada agregó: “Y nosotros no podemos no estar allí donde los pobres son maltratados.” Son ellos quienes vienen además sosteniendo misas y presencias diarias en la carpa.

La intervención de la Iglesia oficial, en cambio, comenzó a hacerse notoria hace unos días. Luego de un encuentro con mas de 30 organizaciones que manifestaron su preocupación por la situación de Milagro, el obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, Jorge Lozano, pidió una reunión con el jefe de gabinete Marcos Peña. La reunión se hizo el jueves 4 de febrero en la Casa Rosada. Peña lo recibió junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio y al secretario de Culto, Santiago de Estrada. Con el obispo Lozano fueron Emilio Pérsico y Alejandro Garfagnini. Lozano que se llamó así mismo como “facilitador” y no “mediador”, explicó luego del encuentro que “me he comprometido a hacer las gestiones para que pudieran tener esta reunión”. En el durante, hubo también otras gestiones menos visibles. La propia organización con base en Jujuy pidió la mediación del obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, en diciembre cuando comenzó el acampe en San Salvador y antes de la detención de Milagro (ver aparte).

Pese a este cuadro, Macri no da ninguna señal de aliento al diálogo sino todo lo contrario.

En los últimos días y mientras se profundiza la campaña de reclamos en el mundo, él mismo profundizó los gestos de apoyo al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, responsable político de esta situación. A las declaraciones en campaña destinadas a estigmatizar el espacio político y el trabajo territorial y comunitario de la Tupac, levantó una conferencia de prensa en Davos cuando un periodista le preguntó por la situación de Milagro. Días después, se negó a recibir a Estela de Carlotto y a los organismos de derechos humanos en la Rosada que llevaban, entre otros, este reclamo. Ese mismo día, sin embargo y casi como una provocación, se sacó una foto abrazado a Morales. Luego siguió una visita a Jujuy para bailar los carnavales y realizó dos desembarcos millonarios de 500 millones de pesos para la provincia.

En este contexto, la Rosada prepara el encuentro con el Papa. Es el primero entre ambos y quienes conocen los tiempos del Vaticano dicen que será “de tensa formalidad”. Uno de los datos que se señalan son las últimas palabras de la canciller Susana Malcorra que salió a entibiar expectativas al remarcar que de aquí en adelante a las relaciones entre los dos estados serán relaciones institucionales. En este escenario de rosarios y milagros habrá que ver qué pasa en la agenda con el tema de Milagro Sala. Su situación y a juzgar por los últimos gestos del Vaticano parece ser claramente uno de los ejes que los diferencian.

*Fuente: Página 12

En Chile: “No se gobierna para las transnacionales. Derechamente son ellas las que gobiernan”

por Fernando Seymour (Chile)

Distintos tipos de contaminación ambiental mantienen en alerta al país. Incendios en rellenos sanitarios y altos niveles de arsénico en agua potable son solo una muestra. Según los expertos, la preocupación debe ser la salud de las personas y no el desarrollo económico de las grandes empresas.

El 18 de enero fue el incendio en el vertedero Santa Marta, en la comuna de Talagante, Región Metropolitana. Este lunes, otro incendio. Esta vez en el relleno sanitario de la empresa KDM en la comuna de Til Til de la misma Región.

También hace algunos días, la publicación de un balance de la Superintendencia de Servicios Sanitarios que arrojó que durante 2015 fueron 14 las comunas, a nivel nacional, en las que se incumplieron los parámetros de calidad del agua potable. ¿Las implicancias? Se superaran los niveles de sulfato, hierro, arsénico y otros elementos contaminantes.

En la Región del Bío-Bío, por su parte, la operación de centrales termoeléctricas genera dañinas consecuencias para la comunidad, particularmente por la contaminación por metales pesados, donde destaca el alto nivel de arsénico.

Contaminación de ríos y napas subterráneas, vertederos que incumplen las normas y otros tantos que funcionan ilegalmente, relaves mineros y contaminación del aire. ¿Quién asume el costo de las externalidades negativas, donde el desarrollo económico pareciera ser más importante que el medioambiente y la salud de las personas?

“Parte importante del financiamiento para investigación tiene que destinarse a problemas utilitarios para el país”, exige el doctor Andrei Tchernitchin, experto toxicólogo de la Universidad de Chile y jefe del departamento Medioambiental del Colegio Médico.

Esto, en el contexto de los altos niveles de arsénico detectados en las aguas de distintas zonas del país, lo que desde el Ministerio de Salud atribuyen a la sequía. “Los gobernantes y las empresas consideran que es muy caro bajar la cantidad de arsénico, por lo que tratan de no hacerlo”, denuncia el especialista.

Y agrega: “Efectivamente la crisis hídrica existe, pero por el exceso en el uso por parte de las mineras, lo que se suma a la poca fiscalización y a no ubicar lugares donde se puedan depositar los desechos mineros sin que existan riesgos para la población”.

“La contaminación es un tema de los gobiernos locales, pero también de los gobiernos centrales”, complementa el alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez, presidente de la Comisión de Medioambiente de la Asociación Chilena de Municipalidades.

Y es que dado el contexto en el que se desempeña cotidianamente, no duda en promover el impulso de políticas públicas que apunten al desarrollo de energías renovables no convencionales. “Apostar por la sustentabilidad y hacernos cargo de las huellas de carbono y de la propia contaminación que generamos. Pero también la industria, la agroquímica y la minería”.

En ese ámbito, destaca la existencia de la Comisión Asesora Presidencial para la reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, creada en abril de 2015. “Permitirá arrojar una nueva normativa para que el Estado no llegue y desarrolle un proyecto y después le avise a la población de que existe, sino que en una etapa previa poder socializarlo con la población y debatir sobre cuáles son los proyectos que generarían menores externalidades negativas, además de apostar a las tecnologías”.

En suma, un escenario en el que las necesidades locales den paso a un desarrollo equitativo de los distintos territorios.

¿Gobernar para las transnacionales?

Sin embargo, para muchos la actual legislación es insuficiente, cuando se trata de asegurar la protección del medioambiente y la salud de las personas.

Paralelamente, no son pocos los que argumentan lo complejo que resultaría limitar el emprendimiento y desincentivar las actividades productivas.

“Los Tribunales Ambientales tienen plena competencia sobre todo el país y han demostrado las capacidades y la independencia para resolver”, aclara el senador Antonio Horvath, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales de la Cámara Alta.

No obstante, reconoce la obligación de avanzar en un tema que está pendiente: los castigos penales ambientales, es decir, incluir la privación de libertad. “Será una manera de disuadir para que este tipo de acciones no sigan ocurriendo”.

“Hay que introducir en el Código Penal un título que se refiera a la contaminación y a los daños ambientales”, explica el parlamentario, añadiendo que “las multas, las compensaciones o el arreglo del daño causado no siempre resultan suficientes”.

Pero todo esto con una advertencia. “También por la vía del juicio civil se pueden pagar con creces los daños ambientales ocasionados, aparte de las multas y las sanciones administrativas, que pueden ser el cierre de una empresa o de una faena determinada”.

En cuanto a la injerencia de las empresas transnacionales en el desarrollo económico nacional, la visión del doctor Tchernitchin es categórica. “No podemos invertir tanto en una ciencia que le sirve a las transnacionales y no a Chile”.

En ese sentido, aclara que en el país, en general, los permisos se consiguen a través de estudios de impacto ambiental que realizan empresas independientes, pero que son contratadas por las mineras. “Si una empresa hace los estudios bien hechos, preocupándose que no filtre para la población, la minera no lo va a contratar. Por lo tanto, siempre cuando existe una relación contractual, en la que la empresa que mide además recibe beneficios económicos, hay alguna sospecha de que algo puede no estar bien. Eso está mal en la legislación”.

Su propuesta apunta a que debería existir un listado de empresas que realicen estudios ambientales. “Por ejemplo, por sorteo, evitando así que las mineras busquen a la empresa que más les favorezca”.

Cuando se habla de las multinacionales, sin importar del ámbito que se trate, sin duda que se trata de un problema de fondo. “No se gobierna para ellas. Derechamente son ellas las que gobiernan”, cuestiona el senador Horvath.

Y es que para el legislador por la Región de Aysén “hoy el país tiene una combinación peligrosa de centralismo, en desmedro de las regiones, y de concentración económica, en la que existe una fuerte influencia en las distintas políticas que se sacan adelante, lo que es un modelo equivocado, en el sentido de que esta concentración económica influye en las decisiones políticas, sean del Gobierno o del Parlamento”.

Esto, asegura, termina afectando no solamente a las regiones, convirtiéndolas en zonas de sacrificio, como son los casos de Tocopilla, Huasco, Quintero, Ventana, Puchuncaví, Coronel y otras zonas del país. “También a los ciudadanos, que se sienten atropellados en sus derechos y en sus ingresos”.

En línea con esos planteamientos, el alcalde Rodrigo Sánchez advierte sobre la gravedad de estas situaciones. “Tenemos relaves en las cajas de los ríos, no sabemos qué calidad de agua está consumiendo la población. Algunos lugares, como la provincia de Petorca, tienen altos índices de cáncer, lo que seguramente se debe a la actividad industrial, como la agroindustria, con las fumigaciones y agroquímicos que se utilizan para fertilizar los campos”.

A lo anterior agrega los casos de pozos de sistemas de agua potable rural con nitritos, “lo que habla justamente del uso de abonos en el campo, lo que puede generar patologías en parte importante de la población”.

Por ello, exige la implementación de nuevas prácticas industriales. “Debemos adecuar las tecnologías al servicio de la población y dar un nuevo enfoque a nuestras políticas de gestión integral hídrica, sabiendo que tenemos un Código de Aguas que hay que derogar, que existe desde la dictadura, donde se privatizan los derechos de agua”.

¿Cómo lograr avances en estas propuestas? “Falta que la propia ciudadanía participe más en la toma de decisiones de sus distintas comunas y que sean actores relevantes”, manifiesta la máxima autoridad de La Ligua.

Externalidades negativas y rol de la ciudadanía

Un escenario donde las presiones son constantes, las que se reflejan en una estrategia de las grandes empresas por aumentar los beneficios y disminuir los costos. “Lo que hacen es tratar de traspasar los costos a la sociedad, externalizándolos. Eso no es un negocio limpio ni ético. Tienen que internalizar dentro de sus costos todas las acciones que significan sus líneas de producción y servicios, así como el cuidado del medio ambiente”, exige Antonio Horvath.

Esto, por considerar que aquello en ningún caso representa un crecimiento para el país. “Lo escuchamos todos los años en la cuenta que hace el Banco Central ante el Congreso Nacional, que nos dicen sobre lo que crecemos, pero nada dicen cómo han sido degradadas las aguas, los suelos, los recursos hidrobiológicos, el bosque nativo que se quema. Eso también es parte de una evaluación económica”.

Mientras que Andrei Tchernitchin se detiene en que lo esencial son las condiciones de salud de las personas y no el desarrollo económico de las que califica como “megaempreas”.

“En otras ocasiones he detectado maniobras para mostrar que las cosas no funcionan, entregar información de que todo está bien, lo que no es tan así. Cuando hay grandes beneficios económicos la tentación es muy grande para faltar a la verdad, con tal de que puedan seguir llegando los ingresos”.

El mismo experto en toxicología agrega que se trata de un problema que no solo ocurre en Chile. “También en otros países. Por lo tanto, es importante que existan organismos que sean absolutamente independientes y que estén preocupados más de la salud de las personas”.

De paso, acusa los insistentes intentos de las empresas por hacer desaparecer la contaminación cuando saben que se tomarán muestras.

“No se trata de volver a buscar un nicho de mercado para algunos especuladores, sino más bien buscar posibilidades de desarrollo de los pueblos, que puede ser completamente transversal”, añade Rodrigo Sánchez.

Sus argumentos apuntan a la producción de cantidades suficientes para el desarrollo del país. “El agua no es un bien de mercado, sino que un derecho humano que hay que ver cómo el Estado se hace responsable”.

Por ello se pregunta “dónde estamos nosotros, dónde está la gente, dónde están los alcaldes comprometidos, dónde está el Parlamento que no legisla tan bien. Tenemos que presionar como ciudadanía y como autoridades locales. Queremos que quede en el ámbito público y no que se usen fondos del Estado para enriquecer a las transnacionales”.

En algunos casos, como plantea el doctor Tchernitchin, “victorias que uno tiene y que ocurren no porque uno diga que eso es malo. Ocurren porque hay presión de la gente y porque el costo político de no hacerlo es mayor que el costo político de gastarse la plata y no cumplir otras cosas”.

“Por lo pronto, podríamos ir tomando iniciativas locales para también presionar como lo hacen los grandes grupos económicos –propone el alcalde Sánchez– que a veces ni siquiera son nacionales, pues son transnacionales que se apoderan del país y de todos los servicios, las carreteras, los puertos, los yacimientos mineros y también del agua. La ciudadanía tiene que ejercer presión para que se respeten sus propios derechos”.

Su mensaje final es elocuente. “A pesar de que no nos favorece para nada, tenemos que aprender a bailar en este modelo económico. Es posible focalizar los esfuerzos con la mirada social pensando en las transformaciones que se requieren a futuro”.

*Fuente: Radio UdeChile