Por Adolfo Castillo
No se requiere disponer de información de inteligencia para asentir en que Chile vive una crisis político-institucional de envergadura que lo instala en un escenario incierto, y cuya resolución bien puede dar inicio a un ciclo de inestabilidad y violencia o entendimiento y prosperidad. Las señales que circulan en la esfera pública, lamentablemente, tienen un efecto desconcertante para la mayoría de la sociedad e inclinan progresivamente el fiel de la historia hacia un cuadro de desgobierno prolongado.
La naturaleza singular de la modernidad latinoamericana a la que no escapa Chile, cuyos rasgos propios han impedido que afloren y arraiguen proyectos inspirados en el viejo Occidente, parece no ser comprendida por las elites que se reproducen gracias al soporte que provee el poder político y económico del modelo de Estado y de mercado imperante.
Posiblemente la sociedad en que vivimos se asemeje más a la colonial que a ninguna otra. Como aquel entonces, por un lado, minorías opulentas, dueñas del país, de mano de obra, establecimientos educacionales, dispositivos culturales, transportes, comercio, el capital, y controladoras del poder armado, y por otro, las mayorías sociales, en las modernas encomiendas de los Mall, del subcontrato, de los impuestos de siempre, obligadas a consumir y a optar por lo oficial, por lo establecido. Los unos fieles al modelo, a la institucionalidad, a la doctrina, a la obra del dictador y a los acuerdos pactados en medio de las sombras entre 1988 y 1989. Los otros, viviendo lo de siempre, el desengaño reiterado de la ambición de las elites unidas por comunes privilegios, cuya urdiembre y ajustes operan desde tiempos de la revolución emancipadora.
Transcurrieron casi 40 años desde la refundación capitalista de Chile - con detenidos desaparecidos, torturados, exiliados, exonerados - para que el ciclo de reproducción estatal se cumpliera. Las generaciones que padecieron el horror de vivir el golpe de Estado de 1973, sea como verdugos o como ajusticiados, se están jubilando, y sus descendientes deben convivir con la tarea de continuar con la tarea de seguir reproduciendo un Estado que nació bastardo, sin legitimidad, o superarlo. A ellos se han sumado los hijos de los vencidos. Existe entonces, una elite responsable de sostener discursivamente un orden institucional ilegítimo, donde cohabitan las generaciones de la crisis estatal, y por otro, unas generaciones que, enfrentadas al Estado de las nuevas clases privilegiadas que organizan los recursos de poder para su auto reproducción, se han propuesto modificar un orden que ven ajeno. Estamos ad portas de una forma de conflicto de clases en el capitalismo transnacional y la democracia neoliberal. Su resolución, como siempre, dependerá de las relaciones de fuerza y de la capacidad de articulación social estratégica de los grupos sociales emergentes.
Aun es posible alcanzar grados razonables de entendimiento social y político en Chile, entre, por un lado, las fuerzas democráticas, que se encuentran ubicadas fuera y en contra de la institucionalidad antipopopular y oligárquica, y las fracciones demócratas de amplio espectro que han sostenido y reproducido el modelo de dominación capitalista. Ese acuerdo supone concordar en modificar la base sobre el que sostiene el actual orden que perpetúa privilegios, cual es poner término a la Constitución Política de la dictadura militar y sentar las bases para la convocatoria de una Asamblea Constituyente genuinamente participativa.
A diferencia de los primeros años de la pos dictadura, donde las invocaciones al orden en nombre de un nuevo realismo, textualizada como “en la medida de lo posible”, hicieron posible la transformación de los demócratas en testaferros y guardianes de un orden ajeno, hoy esa disciplina no existe, y la desobediencia civil parece conducir los procesos de crítica ciudadana que demanda, una vez más, el imperio de la soberanía popular, que exige el término de los privilegios y avanza para recuperar la democracia truncada una primavera hace casi 40 años.
La posibilidad de un nuevo entendimiento político social impone a quienes aspiren liderar el nuevo ciclo en formación una condición: abandonar las posiciones estructurales de sustento de un orden que la mayoría execra, e interpretar a las mayorías sociales. El modo de resolución de este problema político puede llevar a una revalorización de la democracia o a la emergencia de la ingobernabilidad.
La cuestión del entendimiento político para poner término al ciclo largo de la dictadura, demandará no sólo de un proceso constituyente, sino de nuevos actores sociopolíticos con capacidad de acción estratégica, y especialmente vocación transformadora.
Adolfo Castillo es Director Académico, Magíster en Ciencias Sociales ELAP - ARCIS.
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