La lucha armada: ¿un derecho exclusivo de la derecha?

Por Elías Vera Alvarez  

Decididamente, la clase política de derecha renuncia a la más mínima expresión de dignidad al levantar, con una  caradura sin parangón, polvareda y escándalo por la referencia de Camila Vallejo a la  descartada estrategia de la lucha armada en nuestro país. Lo que indigna a cierta gente de la Alianza es la referencia a una cuestión principal en todo partido de izquierda, cual es, que la lucha armada nunca puede ser descartada absolutamente, pues su posibilidad está intrínsecamente ligada al nivel de opresión, de exacción y de aniquilamiento instituido por los dueños del poder. Se trata en este caso de una lucha por la sobrevivencia de los sectores mayoritarios  de la sociedad y por tanto de políticas y acciones de autodefensa. No está determinada por la voluntad de los oprimidos, sino por las medidas políticas y de fuerza ejercidas en contra de la vida de los ciudadanos, en contra de los derechos humanos, en contra de la libertad y la democracia. Por tanto, el único “pecado” de Vallejo, al hablar con el diario “El País”, es haber hecho una constatación sociológica indiscutible. Punto.

 

La desvergüenza aliancista pretende que ignoremos (!) que la lucha armada  es el concepto que la derecha chilena hizo suyo en 1973  para abolir la democracia y que ésta es el instrumento que hizo posible su actual posición de predominio económico y político en la sociedad chilena.  Pues, la lucha armada fue desarrollada en nuestro país a partir de 1973, justamente por la clase política derechista que ahora hace escándalo y pretende ruborizarse, cuando el concepto “lucha armada”  es  mencionado por parte de otros. Dicha lucha armada fue iniciada sin que existiera ninguna justificación política ni social para ello. Digo, justificación, no pretextos. En un ambiente de plena democracia, de plena libertad y constitucionalidad, de intentos de ampliación y profundización de la democracia hacia la mayoría ciudadana,  la derecha terrateniente, empresarial y política advirtió que sus privilegios de siglos y el  - para ellas-  sagrado derecho de propiedad, estaban siendo afectados por las medidas sociales y democratizadoras de la Unidad Popular. Para aquellas , esto era un atrevimiento insoportable de la coalición política representativa, entre otros grupos sociales, de los “rotos” del país. Había que pararlo a sangre y fuego. Y así se hizo.

La s fuerzas armadas derechistas se adueñaron del escenario político nacional y dieron comienzo a una guerra unilateral contra la población desarmada y sin organización ninguna. Algunos grupúsculos que intentaron ofrecer resistencia armada pronto fueron aniquilados por los soldados profesionales. En ningún momento de aquellos largos años de persecución y muerte, la derecha armada se encontró con algún tipo de resistencia de consideración. Sin embargo, ella insiste en llamar “guerra”, lo que nunca fue más que una sostenida campaña de persecución y aniquilamiento contra civiles.

Esta lucha de la derecha nacional, ejecutada por las fuerzas armadas y carabineros, en contra de la población civil, duró 17 largos años, y sus métodos fueron -como sabemos-  el terrorismo de Estado, la liquidación de la democracia, la abolición de los derechos humanos, la suspensión del Estado de derecho, el robo al patrimonio nacional, desigualdad económica extrema, el desempleo y la miseria, et. etc. La presunta justificación de tales políticas y hechos fueron  -y siguen siendo- la fábula de que el Gobierno de la Unidad Popular se preparaba para abolir la democracia e instaurar un régimen de corte estalinista y que, había que adelantarse a tales hechos.

En aquellos tiempos de la Unidad Popular, ante las embestidas de la derecha, de la CIA y del Departamento de Estado norteamericano al unísono, traducidas en desabastecimiento empresarial organizado,  bloqueos parlamentarios, asesinatos de personajes públicos, asonadas callejeras, campañas mediáticas internacionales, atentados dinamiteros, paros patronales, etc. vibraba en el aire la consabida interrogante: ¿puede ser transformada la sociedad chilena en condiciones de democracia? ¿Es indispensable la lucha armada?  Las respuestas eran dispares, pero La Unidad Popular y el gobierno de Allende nunca dejaron de apostar por los cambios en democracia y a esta convicción adhirieron masivamente los adherentes de la coalición democrática de gobierno.

Por cierto, había sectores dentro del partido socialista que opinaban que la única vía para el cambio era la armada. Lo que era sin duda una secuela del congreso del dicho Partido del año 1967  que había optado por la lucha armada y además, de la influencia de la Revolución Cubana. Sin embargo, esta estrategia fue dejada de lado al integrarse el partido a la Unidad Popular y adherir al programa de gobierno de Allende. El partido comunista era contrario a la tesis de la lucha armada. El único adherente claro y decidido por la lucha armada, era el MIR, que no formaba parte de la Unidad Popular ni del gobierno.

Las fantasías propaladas por la derecha entonces como ahora, acerca de las intenciones de Allende de pasar a la lucha armada, eran sólo eso: fantasías deliberadamente inventadas, recursos propagandísticos propicios para  el golpe que se preparaba. No había ninguna concordancia sobre la materia entre el partido comunista y el socialista, por tanto, tampoco acuerdo alguno. No existía ninguna política propicia para la lucha armada en la Unidad Popular.  Allende jamás apoyó ni apoyaría ninguna idea alguna en tal sentido. No existía en la Unidad Popular la más mínima preparación teórica ni fáctica para algo parecido a una lucha armada.  Las bravatas belicistas de políticos izquierdistas, no eran nada que eso: bravatas sin contenido.

Las fuerzas armadas estaban perfectamente informadas de la carencia de una política proclive a la lucha armada en la Unidad Popular. La oportuna infiltración de los partidos de izquierda por el servicio de inteligencia militar, les aseguraba una intervención sin graves complicaciones. Es  decir, sabían que el “enemigo” era civil, sin significación alguna de carácter militar. Ello no fue impedimento para que los “valientes soldados” desencadenaran –desde el día 11 de septiembre de 1973- una llamada “guerra” sin cuartel contra los partidarios de la Unidad Popular y  de otros, fuera de ésta, pero partidarios de la democracia.

El golpe de Estado de 1973 vino a probar rotundamente que aquellos que  -aun dentro de la Unidad Popular-  eran motejados como los “cabeza de pistola”, es decir, que adherían a la tesis de la lucha armada, tenían toda la razón. Toda la razón. Realmente, no era posible modificar la realidad política y social del Chile de entonces, por medio de la vía pacífica, como sostenía Allende. La derecha estaba dispuesta a recurrir incluso a la lucha fratricida con el objetivo de resguardar sus intereses e impedir la instalación de una conciencia ciudadana democratizadora.

De manera que la lucha armada no es un invento de organizaciones malvadas de izquierda   que quieren construir democracia, sino que es preferentemente,  el recurso rabioso de quienes desean suprimirla. La derecha chilena recurrió a la lucha armada cuando advirtió que la conciencia política nacional proclive a la profundización de la democracia, sólo crecía, a pesar de todas las acciones desestabilizadoras, de sabotaje y de caos que organizaba en contra del gobierno de Allende. Permitir el afianzamiento y predominio de una conciencia crítica y liberadora, podía significar el fin del predominio social, político y económico de 150 años de la derecha sobre la República.

La derecha política chilena carece de todo derecho y de toda moral para cuestionar a quienes se refieren a la lucha armada como un recurso, aún extremo y nunca deseable, de la lucha política. Ella misma nos ha probado que su actual y falsa aversión a la lucha armada no obedece a principios humanitarios ni éticos, sino fundamentalmente a sus intereses y pragmatismo, por tanto, está condicionada sólo por objetivos y resultados. Su actual posición en el espectro político y en el panorama social y económico de Chile es el resultado directo y expreso de la lucha armada desarrollada por ella en contra de la  democracia, de los derechos humanos y del interés nacional.

También lo es, “el Mandato General de Servidumbre y Expoliación del Reyno de Chile”, más conocido como Constitución Política de la República de Chile de 1980, el cual no es más que la prolongación de la dictadura armada, iniciada en 1973, traspasada ahora a una adecuada terminología jurídica.