Las primeras regulaciones estadounidenses, dictadas por la administración de John F. Kennedy (1961-19963), tuvieron como base la Ley de comercio con el enemigo (TWEA, por sus siglas en inglés).
Esa ley fue promulgada como medida de guerra en 1917 para restringir el comercio con naciones hostiles, aunque su aplicación se expandió después para regular las transacciones durante cualquier período de emergencia nacional declarado por el presidente de Estados Unidos.
No obstante, fue la Ley de Asistencia exterior, promulgada por el Congreso en septiembre de 1961, la que autorizó al entonces presidente Kennedy establecer y mantener un embargo total sobre el comercio entre Estados Unidos y Cuba, pero también prohibió el otorgamiento de cualquier ayuda al gobierno de la isla.
El muro levantado alrededor de Cuba se reforzó en 1979 con la adopción de la Ley de Administración de las Exportaciones (EAA por sus siglas en inglés), como resultado de una revisión de los controles sobre las ventas al extranjero.
Esa legislación otorgó a la Casa Blanca autoridad para controlar las exportaciones y restringir aquellas que contribuyeran al potencial militar de cualquier país, en detrimento de la seguridad nacional de Estados Unidos.
Los años pasaron y, a pesar de los problemas, Cuba siguió resistiendo la presión estadounidense y en 1992, cuando en la isla comenzaba una profunda crisis económica, el entonces presidente George Bush quiso aprovechar lo que pensaba era la oportunidad para acabar con la Revolución Cubana.
Así, en octubre de 1992, casi exactamente 30 años después de iniciado el bloqueo, Bush padre firmó la Ley para la Democracia cubana, más conocida como Ley Torricelli.
Con ella, el gobierno de Washington reforzó las medidas económicas contra la isla y oficializó la extraterritorialidad del cerco al prohibir a las compañías subsidiarias norteamericanas en terceros países realizar transacciones con Cuba o nacionales cubanos.
Entre otras restricciones, también prohibió, y aún prohíbe porque sigue vigente, la entrada a territorio estadounidense, durante un plazo de 180 días, de los barcos de terceros países que han tocado puertos cubanos.
La última vuelta de tuerca la dio la administración de William Clinton, que en el afán por acabar con el orden establecido en la isla, llegó a entregar al Congreso sus facultades presidenciales en lo referido a Cuba.
En marzo de 1996 Clinton firmó la Ley para la Solidaridad democrática y la libertad cubana, la conocida Helms-Burton, que busca desestimular la inversión extranjera e internacionalizar el bloqueo a Cuba.
Esa legislación codificó las disposiciones del bloqueo y amplió su alcance extraterritorial al denegar la entrada a Estados Unidos a los directivos de empresas extranjeras, y a sus familiares, que invierten en propiedades confiscadas en Cuba, con la posibilidad de presentar demandas en su contra en tribunales estadounidenses.
La Helms-Burton, que ha sido la más dura de las leyes aplicadas por Washington contra la isla, limitó además las prerrogativas del presidente para suspender esta política, algo que ahora está en manos del Congreso.
Esa ley fue la herramienta predilecta en la política hacia Cuba de la administración de George W. Bush, quien detrás de los pasos de su padre trató sin éxito de dar la estocada final a la Revolución Cubana.
Esa complicada urdimbre legal conforma el bloqueo más abarcador que aplica Estados Unidos y que, según las autoridades cubanas, desde su puesta en vigor hasta diciembre pasado, ha ocasionado pérdidas por casi un millón de millones de dólares, según cálculos conservadores.
En líneas generales, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha mantenido el cerco como herramienta de presión contra la isla, algo que será nuevamente objeto de discusión el próximo 25 de octubre en la Asamblea General de la ONU.
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