Por Antonio Peredo Leigue
A la altura de Pisiga, según denuncias de autoridades locales, el gobierno chileno levantó en estos días una malla de alambre de púas que se extiende a lo largo de 1.500 metros. Por cierto, no se trata de impedir el contrabando o el tráfico de drogas, como apuntó un despistado diputado deseoso de figurar en las noticias. Lo que se pretende, con esa malla, es impedir el uso compartido de las aguas del bofedal que, en esa zona, se extiende a ambos lados de la frontera.
Desde el 23 de marzo pasado, cuando el presidente Evo Morales anunció que nuestro gobierno acudirá a los tribunales internacionales para lograr una solución a la sempiterna reivindicación marítima nacional, el presidente chileno Sebastián Piñeira ha hecho todo lo posible por endurecer la posición de su administración para con Bolivia. Una vez más se usó el argumento de la inmutabilidad de los tratados internacionales, otro conocido respecto a la intangibilidad del territorio chileno y toda la batería que siempre se usó desde La Moneda.
Los opositores al gobierno batieron palmas. Durante cuatro años y algo más, ese repertorio de rechazos chilenos, no se había escuchado en las conversaciones entre ambos países, pese a que no se reinstalaron las relaciones a nivel de embajadores. Pero era evidente que no podía esperarse, con toda la paciencia de que pueda disponerse, a que se dilatara sin límite un tratamiento serio respecto a la demanda boliviana.
Un kilómetro y medio de alambre de púas. Es, realmente, una provocación. El mensaje es que no hay intención de buscar caminos de diálogo desde La Moneda. Y esto ocurre cuando, nuestro Cónsul General en ese país, invitado por el alcalde y un parlamentario de Iquique, visitó la zona donde, estas autoridades, hicieron una oferta: un puerto que Bolivia podía controlar con sus propias autoridades. Habría sido un primer paso, pero la instalación del cerco, cambia la situación.
La reacción inmediata, podría ser del mismo talante; por ejemplo, restricciones en los pasos internacionales. Eso sería entrar en una espiral de enfrentamientos que congelen la relación entre ambos países. Tenemos muchos problemas pendientes como para actuar llevados por reacciones impensadas.
Veamos con calma: Chile es un país que necesita agua. Ese ha sido su problema principal en todas las épocas. En una ocasión, hasta se propuso seriamente arrastrar un iceberg antártico hasta el desierto de Atacama para surtir el agua que se requiere. Cada problema que hemos tenido con ese vecino, está signado por el problema del agua. Nosotros reclamamos una salida soberana, útil y continua al mar; ellos requieren abastecimiento de agua de la que, en varias oportunidades, simplemente se apropiaron. No se trata de un intercambio, sino de revisar nuestros problemas: necesidades y posibilidades de ambas partes.
No se puede ignorar que, la tendencia política que representa el presidente Piñeira es opuesta y hasta enfrentada al proceso de cambio que propone el presidente Morales. Pero, en tratándose de relaciones internacionales y tomando en cuenta esas diferencias, siempre se debe buscar entendimientos en beneficio de los pueblos que uno y otro gobiernos representan.
Sería importante recordarle, a Chile, la larga y difícil relación que ha tenido y tiene con la Argentina. La posesión del Canal Beagle, en el estrecho de Magallanes, tuvo momentos tan álgidos, que los ejércitos de ambos países estuvieron en alerta durante varias semanas, allá por los años ’60. Era, a no dudarlo, un tema entre los dos países y estaba, por otra parte, determinado por un tratado que Chile consideraba injusto y reclamaba una modificación. En varias oportunidades acudieron al arbitraje internacional, sin que aceptaran los resultados uno u otro de los gobiernos. Finalmente se logró el acuerdo por mediación del Vaticano.
Entonces, los tratados internacionales no eran inmutables para Chile. Tampoco era un tema que, obligatoriamente, debía mantenerse en el nivel bilateral. Mucho menos se trataba de buscar un acuerdo compensatorio. Evidentemente, una postura muy distinta a la que, la cancillería chilena, ha esgrimido siempre cuando se trata de la demanda boliviana.
La torpe instalación de una valla de alambre de púas, debe ser rechazada y lograr, en el menor tiempo posible, su retiro. No caigamos en la provocación que significa esa actitud, pero tampoco debemos callar esa abierta agresión a la economía de subsistencia de las comunidades que viven en ese distrito.
Sin alterar la agenda que se trabaja en relación a nuestra reivindicación marítima, debe llevarse adelante esta reclamación que no puede pasarse por alto.
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