La aprobación ayer del denominado proyecto de Hidroaysén generó de inmediato masivas protestas en todo el país, reprimidas por fuerzas de Carabineros con carros lanzaaguas y bombas lacrimógenas.
Sólo en esta capital unas siete mil personas se concentraron en puntos como Plaza Italia, la Alameda, Paseo Ahumada y en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda, y de igual modo recibieron la arremetida de la policía que detuvo a decenas de manifestantes, incluido un diputado.
Se perdió una batalla, la guerra recién comienza, sostienen este martes parlamentarios, juristas, líderes políticos y dirigentes de organizaciones ambientalistas que rechazan Hidroaysén, presentado como el mayor complejo de generación hidroeléctrica de Chile, con una capacidad de dos mil750 MW en cinco centrales.
El costo de la iniciativa, defendida por el gobierno por su potencialidad energética, estaría a cargo de dos emporios privados e implicaría una inversión que sobrepasa los siete mil millones de dólares, entre la construcción de cinco represas en la Patagonia y el montaje de una línea de trasmisión de unos dos mil 400 kilómetros que llegaría a la región Metropolitana.
Sin embargo, el proyecto ha sido duramente cuestionado por los sectores políticos de la oposición y por más del 60 por ciento de la población del país que así lo hizo notar en reciente encuesta.
Se le imputan a la propuesta numerosas irregularidades en el largo camino de aprobación y menosprecio al nocivo impacto medioambiental que tendrá en lugares que son considerados patrimonio de la humanidad por su riqueza natural y por ser hoy día uno de los pocos sitios no contaminados del planeta.
La agrupación "Patagonia sin Represas" advierte en cómo la línea de trasmisión energética pasaría por parques y reservas naturales, zonas turísticas como el lago Llanquihue y territorios indígenas de la Araucanía.
Al interior del oficialismo incluso, no todas las voces aprueban el derrotero de Hidroaysén. Anoche el senador del Partido de Renovación Nacional Antonio Horvath aseveró que "esto se va a transformar en un claro autogol para el gobierno".
"Se debiera haber suspendido hace rato (el proyecto) por la cantidad de irregularidades que hay", subrayó Horvath.
Para el director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, Marcelo Mena, en lo adelante habrá que esperar una judicialización de Hidroaysén y La Moneda pagará un alto costo por no haber tenido en cuenta el rechazo potente y visceral de la ciudadanía.
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