Ollanta Humala exige vacancia presidencial en Perú

Carlos Angulo Rivas


La organización internacional Human Rights Watch pidió al gobierno peruano que se "efectúe una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial del asesinato de seis civiles durante el enfrentamiento de mineros en huelga y la Policía Nacional en Chala" localidad de la provincia de Caravelí al sur de Lima. Para Human Rights Watch "la simple declaración del estado de emergencia no autoriza el uso de la fuerza letal para dispersar una manifestación.


Cualquier uso de la fuerza debe ser absolutamente necesario y estrictamente proporcional, incluso durante un estado de emergencia", agregó José Miguel Vivanco, director de la citada organización. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Perú en abril de 1978, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Perú en julio de 1978, establecen que el derecho a la vida es inderogable durante el estado de emergencia, recordó Vivanco.


Con esta nueva jornada de inaudita violencia, por parte del gobierno de Alan García, queda en evidencia que el asesinato de los seis pobladores humildes y más de treinta heridos, constituye una política habitual y reincidente, una política de Estado destinada a aplastar la movilización social y la protesta popular a punta de balazos, más aún cuando se han expedido decretos legislativos autorizando este tipo de matanzas con toda impunidad. Por consiguiente, el asesinato de peruanos a manos del gobierno no es una casualidad ni un mal cálculo disuasivo de las fuerzas policiales sino una política de terrorismo de estado, con la determinación de crear pánico en la población a manera de evitar los reclamos, las reivindicaciones y las denuncias; y el rechazo a la política de hambre del neoliberalismo extremista aplicada por el gobierno. Esas son las raíces no sólo de los innumerables conflictos sociales existentes sino también las de haber criminalizado las protestas mediante detenciones arbitrarias, enjuiciamientos, prisión y el uso de armas de fuego contra los manifestantes, en función de una tranquilidad pública afín a los gobernantes corruptos y a los grandes empresarios nacionales y transnacionales. El resultado está a la vista, en este segundo periodo de Alan García "tenemos más de 70 muertos, de 600 heridos, más de mil 300 líderes gremiales enjuiciados, 1 desaparecido en Bagua y 1 asilado" denuncia el candidato presidencial Ollanta Humala.


Desde el inicio de este gobierno aprista en el año 2006, en distintas movilizaciones sociales han sido asesinados: en el 2006, dos trabajadores uno en Yanacocha y el otro en Abancay; en el 2007, dos en un paro de maestros del SUTEP y siete en las protestas de Ancash, Apurimac y Lima; en el 2008, tres en Pucallpa, Barranca y Ayacucho, aparte de cerca de treinta ejecutados por los "escuadrones de la muerte" de Trujillo; en el 2009, en el "Baguazo", 24 policías y 10 nativos fuera de un número indeterminado desaparecidos por investigar. Y si nos remitimos a la historia podemos asegurar que Alan García mantiene un record impresionante y siniestro de asesinatos impunes desde su primer gobierno: en 1985 fueron asesinados y quemados 69 campesinos en Accomarca; en 1986 fueron ejecutados extrajudicialmente cerca de 300 presos acusados de terrorismo, nunca sentenciados, ocurrió en las cárceles de Lima de Lurigancho y El Frontón; en 1988 se produjo una matanza de 39 pobladores en Cayara; luego en Los Molinos ordenó el exterminio de un contingente de guerrilleros del MRTA rendidos junto a civiles de alrededor, muriendo 62 personas; además creó el escuadrón de la muerte o comando paramilitar Rodrigo Franco para los asesinatos selectivos como el del dirigente minero Saúl Cantoral y el abogado Manuel Febres entre muchos otros; por último según la Comisión de la Verdad fue durante el periodo 1985-1990 de Alan García donde se produjo el mayor número de asesinatos de peruanos, cerca de veinte mil debido al conflicto interno.


De esta actuación y conducta como gobernante existe, pues, en Alan García Pérez, un manifiesto instinto criminal imposible de corregir. A ello se suma la administración inmoral de la corrupción inherente a su persona y a la de sus más cercanos colaboradores, en ambos periodos presidenciales. De ahí que por extensión a los crímenes cometidos, el candidato Ollanta Humala se haya visto en la necesidad de promover la vacancia presidencial, sustentándola en la incapacidad moral permanente del ciudadano Alan García Pérez. Con relación a esta demanda, Humala aseveró que "la vacancia del presidente de la República es una figura constitucional, no estamos inventando nada nuevo, ni es un salto al vacío, ni la ruptura del sistema democrático, porque hay un vicepresidente". Y claro, allí está Luis Giampetri que bien podría reemplazar a Alan García a manera de presidente accidental hasta la renovación de los cargos a través de las elecciones programadas para el año 2011. Librarse de García Pérez y los secuaces apristas, y de la enorme corrupción a su alrededor no es una mala idea, es por la salud de la república, sobre todo cuando él y sus colaboradores están implicados en los "faenones" del enriquecimiento ilícito y las coimas, y deberán enfrentar los cargos correspondientes ante el Poder Judicial. Además, aunque sea de forma relativa nos evitaríamos la acostumbrada manipulación de las elecciones generales desde palacio de gobierno, donde precisamente el sujeto en cuestión dijo "que él puede impedir la elección de un presidente que no le satisfaga o no sea de su agrado".


No olvidemos que Alan García pretende huir del país apenas deje el poder; y con mayores razones si no tiene a sus pies un presidente vinculado a la mafia apro-fujimorista que le cubra las espaldas.

Carlos Angulo Rivas es poeta y escritor peruano residente en Canadá.