Reporte de la catástrofe en Chile

por Andrés Figueroa Cornejo

Daniel Riquelme Ruiz vivía en Hualpén, ciudad próxima a Talcahuano, uno de los territorios más devastado por el terremoto de la madrugada del 27 de febrero. Allí existe el estado de excepción y toque de queda impuesto por el gobierno saliente y vitoreado y mantenido por el entrante.
La noche del 9 de marzo Daniel Riquelme salió en busca de cigarrillos, pero se encontró con una patrulla de la Armada. Su cuerpo fue encontrado sin vida, azul de golpes. "Se tomó la decisión tras comprobar que el hecho los vincularían (a los miembros de la Armada que iban en la patrulla), por lo que los antecedentes serían puestos a disposición del Ministerio Público", dijo el comandante en jefe de la Segunda Zona Naval, contraalmirante Roberto Macchiavello.

El único gobierno de impronta genuinamente popular fue el liderado por Salvador Allende. Durante toda la historia de Chile siempre ha gobernado la oligarquía –liberal o conservadora-, un par de administraciones de inspiración desarrollista y pare de contar. Lo demás han sido ejecutivos –votados o no- que han representado proyectos de sociedad ligados a los intereses de fracciones de los mega propietarios, a su vez, dependientes de los polos centrales del capital, primero inglés, luego norteamericano. Con Piñera, se dice que la derecha tradicional no accedía electoralmente a la primera tutoría del gobierno desde 1958, es decir hace más de 50 años. Pero ello sólo es en términos formales, de acuerdo a cánones convencionales, acotados a una democracia vertical y coordenadas que poco o nada hablan de de las estrategias de subordinación imperialista y políticas antisociales, exclusión, represión y vigilancia, fuerza y consentimiento desde el Estado de contenido siempre burgués que ha marcado el derrotero chileno.

Cuando no existe alternativa política madura y potente desde los intereses de los trabajadores y el pueblo, o bien se llega a situaciones álgidas de lucha de clases sin pueblo blindado, como en la Unidad Popular , la reacción de los grandes dueños, la pura y dura, ordena primero por la fuerza y luego por la ley, la política que es el resumen de la economía. Su economía, sus intereses.

Producto de la tragedia sísmica que afectó a los pueblos desde la Quinta a la Novena regiones, el gobierno de la Concertación y ahora el de Piñera mantienen el estado de excepción que, concretamente, significa toque de queda, militares del Ejército y la Armada en las calles, y graves limitaciones a los derechos ciudadanos. El argumento estatal se sostiene sobre la mantención del orden público y la custodia de la gran propiedad privada. La cuestión es que la milicia porta armamento de guerra y estilos de sometimiento civil que, como es corriente, se emplean. La policía, los carabineros, de acuerdo a la decisión de las autoridades, parece haber sido sobrepasada por los efectos del terremoto. Otra tesis probable, es que, sobre todo en la ciudad de Concepción y su vecina Talcahuano, el despliegue castrense corresponda a un ejercicio ad hoc para refrescar el miedo popular, estirar las piernas camufladas, y acostumbrar a la ciudadanía a un estilo de vida cuartelario ante cualquier potencial riesgo de movimientos sociales, espontáneo u organizado. Porque, en realidad, los militares no evitan los terremotos. Sería buena cosa que sus energías fueran destacadas a la reconstrucción de las carreteras, escuelas y hospitales destruidos, en vez de apalear pobres y hacer guardia celosa de la gran propiedad. Sin embargo, hasta el momento, el contenido del recurso militar sólo se congracia con los amantes del castigo incivilizado y a discreción.

Por su parte, organizaciones sociales, vecinales, sindicatos, estudiantes, multiplican su solidaridad bajo la consigna de “Sólo el pueblo ayuda al pueblo”. Realizan levantamientos, diagnósticos, colaboración directa, distribución de ayuda y procuran potenciar la autoorganización desde abajo. Aún son iniciativas menudas, pero que guardan potencialmente el germen de la solidaridad organizada independientemente de las instituciones estatales. La distribución de la mercadería y el proceso de reconstrucción mismo, por arriba, simplemente aún no llega adecuadamente.

Ya existen voces que demandan medidas tendientes a limitar la especulación; terminar con el estado de excepción para volver paulatinamente a la normalidad; establecer las responsabilidades que le caben a las constructoras cuyas edificaciones habitacionales sufrieron daños estructurales; imponer impuestos específicos a las corporaciones y la industria del cobre (sólo un tercio está en manos del Estado) para beneficiar a la población más damnificada; y que el pago de las viviendas arruinadas sea retornado a la ciudadanía. Es decir, que el derecho a la vida se sobreponga al de la propiedad; y que la reconstrucción pública se encumbra sobre el negocio privado. Porque, entre muchas formas de aprovechamiento del capital en medio de la tragedia, está la oferta de créditos hipotecarios engordados por el aumento del precio de las aseguradoras más la repactación de las deudas habitacionales. Al respecto, la banca asociada a las constructoras privadas jamás duerme ni pierde.

La comunidad nacional se encuentra altamente sensible ante las réplicas y la espectacularización televisiva de los acontecimientos. A ello se agrega la militarización de la catástrofe y el “movido” cambio de mando en el Congreso Nacional y un Piñera que en términos absolutos, no alcanza a representar un 30 % de la gente habilitada para votar en el país.


Andrés Figueroa Cornejo
11 de marzo de 2010