Pinochet S.A.
Ozren Agnic Krstulovic (especial para ARGENPRESS.info)
El diario La Nación publicó, en su edición del día domingo 6 de diciembre, un artículo del periodista Luis Narváez que titula La Mano Larga de Pinochet en Nueva Las Condes.
La noticia señala que Augusto Pinochet firmó al año siguiente de su derrota -en el plebiscito del 5/10/88- un Decreto traspasando a Bienes Nacionales un valioso paño de ciento doce mil y algo de metros cuadrados, ubicado en sector de San Luis, comuna de Las Condes, propiedad de la ya desaparecida Corporación de Mejoramiento Urbano, entidad fiscal. El periodista Narváez señala que dicho terreno fue entregado por Bienes Nacionales al Ministerio de Defensa de la época para luego ser traspasado al Ejército de Chile con fines habitacionales de esa entidad militar, pese a tener ya legítimos ocupantes.
El predio en cuestión había sido comprado por la CORMU a los antiguos propietarios durante el mandato del Presidente Salvador Allende, con la finalidad de destinarlo a construir viviendas de integración social, lo que efectivamente se hizo, edificándose más de mil departamentos para personas gente que no tenía viviendas, habitando míseras poblaciones marginales, o hacinados como allegados en casas de familiares o amigos.
1038 felices familias que habían sido favorecidas por el gobierno de Salvador Allende vieron truncado su destino a causa del aún poderoso Comandante en Jefe del ejército de Chile, Pinochet Ugarte. Posesionado Aylwin en la presidencia y por presión de Pinochet, el Ministerio de Bienes Nacionales emitió el Decreto Exento Nº 38 de 21 de junio 1991, legitimando la apropiación indebida de los terrenos y sus construcciones ya habitadas por los asignatarios de ellos en fecha anterior al golpe de Estado de 1973.
Según investigó el periodista Narváez, a los dos meses de emitido tal Decreto, el ejército bajo el mando férreo del ex dictador Pinochet, traspasó esos inmuebles al PAF civil, que es la sigla de Patrimonio de Afectación Fiscal del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército de Chile.
El PAF no cumplió, procediendo a vender a la Inmobiliaria Parque San Luis S.A. la propiedad total, en 89 millones de la época. La transacción, en UF, se hizo en la Notaría de José Musalem el día 31 de julio de 1996. El valor que recibió el ejército, actualizado a moneda de hoy, fue por ciento doce millones seiscientos veintidós mil seiscientos treinta y tres dólares americanos. Este hecho, con todas las características de un nuevo fraude, no sólo implicó la usurpación ilegal a los asignatarios favorecidos por el gobierno del Dr. Allende; también a los miembros de la institución castrense que habían sustituido a los propietarios originales, forzados a irse a otras ubicaciones por voluntad del comandante en jefe.
El precio pagado por el nuevo comprador fue bastante inferior al precio real de los terrenos adquiridos, lo que no es de extrañar ante la aparición de tantos nuevos ricos al amparo de la dictadura de Pinochet, Sebastián Piñera entre ellos.
¿Quiénes eran o son los dueños de la Inmobiliaria Parque San Luís? Según el periodista investigador la encabeza un conglomerado de grandes grupos económicos, entre los que señala a los hermanos Sergio y Jorge Sarquis (Pesquera Itata), Alberto Kassis (Cecinas San Jorge), José Cueto, socio de Sebastián Piñera, (Lan Chile), Antonio Martínez, concesionario de varios casinos en Chile, y Marcelo Zalaquett.
Hasta la fecha, esta trascendente revelación no ha sido difundida por ningún otro medio, pese a los graves cargos que se debieran formular a los mercachifles que planificaron y ejecutaron el negociado. Tampoco los honorables que tanto empeño ponen en denunciar supuestas o reales irregularidades cometidas por los gobiernos concertacionistas. El poder judicial no ha dicho esta boca es mía, a pesar de que aparentemente- se sigue investigando el origen de la fortuna de Augusto Pinochet y habría indicios de una conexión entre la Inmobiliaria y el clan Pinochet, a través del hijo varón menor, Marco Antonio Pinochet. En efecto, el citado periodista habría consultado al abogado Sr. Pablo Heilenkötter, experto en derecho civil y comercial, quien participó en la gestación de este negociado, señalándole la participación de Marco A. Pinochet en las reuniones de directorio de la inmobiliaria, no quedando registro de su presencia en las actas. Fueron sesiones secretas.
El ministro don Manuel Valderrama (a cargo de la investigación del origen de la fortuna acumulada por el ex dictador) debería, a mi entender, tomar en cuenta la crónica de Luis Narváez, e indagar los antecedentes que confirmen y profundicen en esta ahora desconocida vertiente que incrementó la fortuna del clan Pinochet, y otras que se conocen pero sin los elementos probatorios adecuados. El Sr. Ministro tiene a su disposición los recursos humanos necesarios (investigadores judiciales, policías y otros) para llegar a determinar lo más aproximadamente posible el monto real de los dineros y bienes acumulados por Augusto Pinochet y sus familiares.
En diciembre de 2006, el sello Ril Editores publicó mi libro titulado PINOCHET S.A. La Base de la Fortuna en el que señalo, con documentación irrefutable, probados manejos del fallecido dictador y su entorno más cercano para apropiarse indebidamente de recursos fiscales mediante el artificio de triangular operaciones ilegítimas utilizando, entre otros, al Ministerio de Bienes Nacionales, entidad encabezada por el ministro René Peri F., general de Carabineros de Chile y por tanto al servicio de la dictadura.
Uno de los negociados que pude investigar y cuyo monto se desconoce, fue el daño patrimonial a la Universidad de Chile, a la sazón propietaria del terreno en Avda. Kennedy Nº 2601 y donde hoy se ubican el supermercado Tottus, un centro Sodimac, centros de comida rápida, y otros establecimientos comerciales. La argucia fue idéntica al caso que denuncia el periodista Narváez. El destino fue diferente. En efecto, luego de la expropiación, los terrenos de la Av. Kennedy se traspasaron gratuitamente a CEMA-CHILE, dirigida por su cónyuge, Lucía Hiriart, para fines sociales. Doña María Lucía procedió a vender esa valiosa propiedad a Inversiones El Rosario Norte, del grupo Falabella y a otros, en varios millones de dólares, dineros que jamás fueron ingresados a la contabilidad de CEMA. Desde la pág. 101 a 106 del libro detallé algunas de las propiedades y la manera como la viuda del dictador contribuyó a la formación de la fortuna traspasada al exterior y descubierta casualmente por el Senado norteamericano cuando investigaba lavados de dinero originados por narcotráfico.
De todas las posesiones traspasadas gratuitamente a la entidad dirigida por Lucía Hiriart, solamente pude investigar a 110 de ellas en algunos Conservadores de Bienes Raíces, según detallé en el anexo V (págs. 216 a 216). Me fue imposible buscar a fondo en archivos judiciales, conservadores, etc., por la carencia de los medios a que la justicia tiene acceso ilimitado, sea por oficios, exhortos o personal humano.
El citado libro fue publicado hace más de tres años, sin que se hayan apreciado avances ni en los juzgados ni de parte del Ministerio de Justicia, organismo encargado de supervigilar a instituciones como CEMA-CHILE, curiosamente todavía dirigida por la viuda de Pinochet. Los reporteros de La Nación nunca pudieron obtener datos de ese ministerio al pretender conocer los manejos de CEMA, lo que personalmente también intenté. Pese a todas las dificultades con que me encontré en la investigación, pude desentrañar gran parte de los movimientos realizados por doña Lucía (Cap. V, págs 97 a 112). Silencio absoluto de jueces e interesados, excepto querellas en mi contra, desestimadas por la Corte de Apelaciones a causa de la solidez de la documentación de respaldo del libro.
Quien tenga interés en conocer más a fondo el tema, puede adquirir el texto en librerías de Chile o solicitarlo directamente al sitio www.rileditores.cl, con despacho gratuito al interior del país y/o a costo Courier en el exterior. Llama poderosamente la atención la ineficaz investigación judicial, hecho advertido por el juez español Baltasar Garzón cuando pudo conseguir la detención de Augusto Pinochet en Londres, pese a toda la protección que le brindó el gobierno de la época (1988), al otorgar inmunidad diplomática a quien no la merecía. Pareciera que en Chile se quisiera tapar los delitos económicos cometidos por la familia Pinochet. No se entiende que hayan sido tantos los jueces que han tenido el caso en sus manos y que se haya procedido a levantar embargos para pagar al fisco deudas familiares por contribución de bienes raíces, conociéndose el origen ilícito de dineros y propiedades de los Pinochet-Hiriart y su familiares y entorno más cercano.
Según se indica en El Mercurio, edición del 30 de noviembre, el actual ministro que investiga en Chile el origen de la fortuna de Augusto Pinochet, descartó estar indagando el delito de lavado de dinero, por el cual el juez español Baltasar Garzón imputó a cercanos al ex gobernante, entre ellos su viuda Lucía Hiriart. Muy complacidos deben estar la viuda y su familia con tal actitud, ya que siguen en posesión de las valiosas mansiones de La Dehesa, Los Boldos y otras obtenidas ilícitamente como señalo en el mismo libro.
Apreciando la poca voluntad de investigar y sancionar a los culpables, en el presente el juez Garzón ha tomado el toro por las astas, apelando al derecho internacional. Garzón imputó por blanqueo de dinero a la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart; al ex albacea Óscar Aitken; al presidente del Banco de Chile, Pablo Granifo, y al ex funcionario de la entidad, Hernán Donoso Lira, fijando una fianza por US$ 77.348.374, dando un un plazo de diez días para su cancelación. En caso contrario, procederá al embargo y bloqueo de cuentas por un tercio más de la cantidad fijada, dinero con el que tratará de resarcir a las víctimas españolas de la dictadura de Pinochet.
Con frescura inaudita la hija mayor, Inés Lucía y su hijo, Rodrigo García han declarado que María Lucía Hiriart vive al justo y que ningún miembro de la familia está siendo procesado por estos hechos (El Mercurio de 30/11/2009).
Finalmente cabe preguntarse si en la eventualidad de que el candidato Piñera ganara el balotaje tendrá la voluntad de pedir mayor celeridad a la justicia para esclarecer esos delitos o simplemente utilizaría su cargo para tapar definitivamente los delitos económicos cometidos de la Sociedad Anónima Pinochet S.A.
Ozren Agnic Krstulovic es Ing. Comercial y escritor.
El diario La Nación publicó, en su edición del día domingo 6 de diciembre, un artículo del periodista Luis Narváez que titula La Mano Larga de Pinochet en Nueva Las Condes.
La noticia señala que Augusto Pinochet firmó al año siguiente de su derrota -en el plebiscito del 5/10/88- un Decreto traspasando a Bienes Nacionales un valioso paño de ciento doce mil y algo de metros cuadrados, ubicado en sector de San Luis, comuna de Las Condes, propiedad de la ya desaparecida Corporación de Mejoramiento Urbano, entidad fiscal. El periodista Narváez señala que dicho terreno fue entregado por Bienes Nacionales al Ministerio de Defensa de la época para luego ser traspasado al Ejército de Chile con fines habitacionales de esa entidad militar, pese a tener ya legítimos ocupantes.
El predio en cuestión había sido comprado por la CORMU a los antiguos propietarios durante el mandato del Presidente Salvador Allende, con la finalidad de destinarlo a construir viviendas de integración social, lo que efectivamente se hizo, edificándose más de mil departamentos para personas gente que no tenía viviendas, habitando míseras poblaciones marginales, o hacinados como allegados en casas de familiares o amigos.
1038 felices familias que habían sido favorecidas por el gobierno de Salvador Allende vieron truncado su destino a causa del aún poderoso Comandante en Jefe del ejército de Chile, Pinochet Ugarte. Posesionado Aylwin en la presidencia y por presión de Pinochet, el Ministerio de Bienes Nacionales emitió el Decreto Exento Nº 38 de 21 de junio 1991, legitimando la apropiación indebida de los terrenos y sus construcciones ya habitadas por los asignatarios de ellos en fecha anterior al golpe de Estado de 1973.
Según investigó el periodista Narváez, a los dos meses de emitido tal Decreto, el ejército bajo el mando férreo del ex dictador Pinochet, traspasó esos inmuebles al PAF civil, que es la sigla de Patrimonio de Afectación Fiscal del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército de Chile.
El PAF no cumplió, procediendo a vender a la Inmobiliaria Parque San Luis S.A. la propiedad total, en 89 millones de la época. La transacción, en UF, se hizo en la Notaría de José Musalem el día 31 de julio de 1996. El valor que recibió el ejército, actualizado a moneda de hoy, fue por ciento doce millones seiscientos veintidós mil seiscientos treinta y tres dólares americanos. Este hecho, con todas las características de un nuevo fraude, no sólo implicó la usurpación ilegal a los asignatarios favorecidos por el gobierno del Dr. Allende; también a los miembros de la institución castrense que habían sustituido a los propietarios originales, forzados a irse a otras ubicaciones por voluntad del comandante en jefe.
El precio pagado por el nuevo comprador fue bastante inferior al precio real de los terrenos adquiridos, lo que no es de extrañar ante la aparición de tantos nuevos ricos al amparo de la dictadura de Pinochet, Sebastián Piñera entre ellos.
¿Quiénes eran o son los dueños de la Inmobiliaria Parque San Luís? Según el periodista investigador la encabeza un conglomerado de grandes grupos económicos, entre los que señala a los hermanos Sergio y Jorge Sarquis (Pesquera Itata), Alberto Kassis (Cecinas San Jorge), José Cueto, socio de Sebastián Piñera, (Lan Chile), Antonio Martínez, concesionario de varios casinos en Chile, y Marcelo Zalaquett.
Hasta la fecha, esta trascendente revelación no ha sido difundida por ningún otro medio, pese a los graves cargos que se debieran formular a los mercachifles que planificaron y ejecutaron el negociado. Tampoco los honorables que tanto empeño ponen en denunciar supuestas o reales irregularidades cometidas por los gobiernos concertacionistas. El poder judicial no ha dicho esta boca es mía, a pesar de que aparentemente- se sigue investigando el origen de la fortuna de Augusto Pinochet y habría indicios de una conexión entre la Inmobiliaria y el clan Pinochet, a través del hijo varón menor, Marco Antonio Pinochet. En efecto, el citado periodista habría consultado al abogado Sr. Pablo Heilenkötter, experto en derecho civil y comercial, quien participó en la gestación de este negociado, señalándole la participación de Marco A. Pinochet en las reuniones de directorio de la inmobiliaria, no quedando registro de su presencia en las actas. Fueron sesiones secretas.
El ministro don Manuel Valderrama (a cargo de la investigación del origen de la fortuna acumulada por el ex dictador) debería, a mi entender, tomar en cuenta la crónica de Luis Narváez, e indagar los antecedentes que confirmen y profundicen en esta ahora desconocida vertiente que incrementó la fortuna del clan Pinochet, y otras que se conocen pero sin los elementos probatorios adecuados. El Sr. Ministro tiene a su disposición los recursos humanos necesarios (investigadores judiciales, policías y otros) para llegar a determinar lo más aproximadamente posible el monto real de los dineros y bienes acumulados por Augusto Pinochet y sus familiares.
En diciembre de 2006, el sello Ril Editores publicó mi libro titulado PINOCHET S.A. La Base de la Fortuna en el que señalo, con documentación irrefutable, probados manejos del fallecido dictador y su entorno más cercano para apropiarse indebidamente de recursos fiscales mediante el artificio de triangular operaciones ilegítimas utilizando, entre otros, al Ministerio de Bienes Nacionales, entidad encabezada por el ministro René Peri F., general de Carabineros de Chile y por tanto al servicio de la dictadura.
Uno de los negociados que pude investigar y cuyo monto se desconoce, fue el daño patrimonial a la Universidad de Chile, a la sazón propietaria del terreno en Avda. Kennedy Nº 2601 y donde hoy se ubican el supermercado Tottus, un centro Sodimac, centros de comida rápida, y otros establecimientos comerciales. La argucia fue idéntica al caso que denuncia el periodista Narváez. El destino fue diferente. En efecto, luego de la expropiación, los terrenos de la Av. Kennedy se traspasaron gratuitamente a CEMA-CHILE, dirigida por su cónyuge, Lucía Hiriart, para fines sociales. Doña María Lucía procedió a vender esa valiosa propiedad a Inversiones El Rosario Norte, del grupo Falabella y a otros, en varios millones de dólares, dineros que jamás fueron ingresados a la contabilidad de CEMA. Desde la pág. 101 a 106 del libro detallé algunas de las propiedades y la manera como la viuda del dictador contribuyó a la formación de la fortuna traspasada al exterior y descubierta casualmente por el Senado norteamericano cuando investigaba lavados de dinero originados por narcotráfico.
De todas las posesiones traspasadas gratuitamente a la entidad dirigida por Lucía Hiriart, solamente pude investigar a 110 de ellas en algunos Conservadores de Bienes Raíces, según detallé en el anexo V (págs. 216 a 216). Me fue imposible buscar a fondo en archivos judiciales, conservadores, etc., por la carencia de los medios a que la justicia tiene acceso ilimitado, sea por oficios, exhortos o personal humano.
El citado libro fue publicado hace más de tres años, sin que se hayan apreciado avances ni en los juzgados ni de parte del Ministerio de Justicia, organismo encargado de supervigilar a instituciones como CEMA-CHILE, curiosamente todavía dirigida por la viuda de Pinochet. Los reporteros de La Nación nunca pudieron obtener datos de ese ministerio al pretender conocer los manejos de CEMA, lo que personalmente también intenté. Pese a todas las dificultades con que me encontré en la investigación, pude desentrañar gran parte de los movimientos realizados por doña Lucía (Cap. V, págs 97 a 112). Silencio absoluto de jueces e interesados, excepto querellas en mi contra, desestimadas por la Corte de Apelaciones a causa de la solidez de la documentación de respaldo del libro.
Quien tenga interés en conocer más a fondo el tema, puede adquirir el texto en librerías de Chile o solicitarlo directamente al sitio www.rileditores.cl, con despacho gratuito al interior del país y/o a costo Courier en el exterior. Llama poderosamente la atención la ineficaz investigación judicial, hecho advertido por el juez español Baltasar Garzón cuando pudo conseguir la detención de Augusto Pinochet en Londres, pese a toda la protección que le brindó el gobierno de la época (1988), al otorgar inmunidad diplomática a quien no la merecía. Pareciera que en Chile se quisiera tapar los delitos económicos cometidos por la familia Pinochet. No se entiende que hayan sido tantos los jueces que han tenido el caso en sus manos y que se haya procedido a levantar embargos para pagar al fisco deudas familiares por contribución de bienes raíces, conociéndose el origen ilícito de dineros y propiedades de los Pinochet-Hiriart y su familiares y entorno más cercano.
Según se indica en El Mercurio, edición del 30 de noviembre, el actual ministro que investiga en Chile el origen de la fortuna de Augusto Pinochet, descartó estar indagando el delito de lavado de dinero, por el cual el juez español Baltasar Garzón imputó a cercanos al ex gobernante, entre ellos su viuda Lucía Hiriart. Muy complacidos deben estar la viuda y su familia con tal actitud, ya que siguen en posesión de las valiosas mansiones de La Dehesa, Los Boldos y otras obtenidas ilícitamente como señalo en el mismo libro.
Apreciando la poca voluntad de investigar y sancionar a los culpables, en el presente el juez Garzón ha tomado el toro por las astas, apelando al derecho internacional. Garzón imputó por blanqueo de dinero a la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart; al ex albacea Óscar Aitken; al presidente del Banco de Chile, Pablo Granifo, y al ex funcionario de la entidad, Hernán Donoso Lira, fijando una fianza por US$ 77.348.374, dando un un plazo de diez días para su cancelación. En caso contrario, procederá al embargo y bloqueo de cuentas por un tercio más de la cantidad fijada, dinero con el que tratará de resarcir a las víctimas españolas de la dictadura de Pinochet.
Con frescura inaudita la hija mayor, Inés Lucía y su hijo, Rodrigo García han declarado que María Lucía Hiriart vive al justo y que ningún miembro de la familia está siendo procesado por estos hechos (El Mercurio de 30/11/2009).
Finalmente cabe preguntarse si en la eventualidad de que el candidato Piñera ganara el balotaje tendrá la voluntad de pedir mayor celeridad a la justicia para esclarecer esos delitos o simplemente utilizaría su cargo para tapar definitivamente los delitos económicos cometidos de la Sociedad Anónima Pinochet S.A.
Ozren Agnic Krstulovic es Ing. Comercial y escritor.
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