El bonapartismo K

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

Contrariando la recomendación popular, el gobierno K ha decidido ponerle al mal tiempo peor cara: por eso ha amenazado con recurrir al veto del Ejecutivo todas las veces que lo entienda necesario para contrarrestar las votaciones adversas del Congreso, donde ha perdido la mayoría.

Como la oposición carece de los dos tercios para rechazar los vetos, Argentina entraría en la situación original de un régimen que no podrá gobernar por medio de leyes ni tampoco de decretos, sino por la omisión de unos y otros; incluso los decretos de necesidad y urgencia deberán enfrentar el obstáculo de una votación negativa a la hora de la convalidación legislativa. Como precaución, el oficialismo hizo sancionar, antes de la renovación de las Cámaras, la reforma política y la prórroga por dos años de la emergencia económica. La primera lo habilita para organizar sus planes para las elecciones de 2011; la segunda lo confina a gobernar con una escala inferior de recursos legales –las resoluciones ministeriales.

Semejante transformación en los métodos corrientes de gobierno autoriza a caracterizar al régimen que se inaugura en forma oficial el 10 de diciembre como un bonapartismo puro o extremo, es decir en disolución. La medianoche es el momento más oscuro de la jornada, pero al mismo tiempo el comienzo de la cuenta regresiva hacia la madrugada. La otra particularidad es que, luego de la cesión de derechos presidenciales del marido a la esposa, tenemos un bonapartismo siamés. Nada es más contradictorio con el bonapartismo que el mentor de ese bonapartismo haya pasado a ocupar una banca de diputado y, para colmo, en un bloque minoritario, pues en lugar de ponerse por encima de la refriega entre las fracciones burguesas en disputa (como hacen los bonapartes) ocurrirá lo contrario: será el blanco privilegiado de los huevazos. Néstor Kirchner no tuvo en cuenta que las candidaturas ‘testimoniales’ son para el otro mundo, no para éste. Una última característica de este bonapartismo, que nace senil, es que la burocracia sindical en la que pretende apoyarse es una fuerza completamente oxidada.

Sin Corte ni quebradas

La tardía consagración del bonapartismo K, que durante más de seis años había sido una insinuación neutralizada por el afán de crear un bloque de centro-izquierda, expresa el grado de descomposición del régimen político democratizante en su conjunto. Nada menos que la Corte escogida por los K en esos tiempos idos de la ilusoria ‘concertación plural’ está serruchando el esquema de poder del gobierno a fuerza de aplicar el mentado ‘estado de derecho’. Es así que, por estas horas, una jueza que cuenta con el aval de sus superiores está enviando a la policía para imponer por la fuerza, y a como dé lugar, la lista Celeste de Aeronavegantes, cuya victoria electoral en 2006 fue birlada por el fraude cometido por la burocracia de la kirchnerista Alicia Castro. Los extremos a los que tuvo que recurrir la magistrada obedecieron a que las burocracias K de Aerolíneas y LAN habían decidido apoyar su desconocimiento del fallo con un cese de los vuelos. Con la misma determinación, la Corte le quitó a la dirección del sindicato de judiciales el manejo de los códigos de descuento, que le daba el derecho a deducir de los salarios las cuotas por los préstamos requeridos por sus afiliados y cobrar las comisiones respectivas. Sin ninguna duda, también con el aval de la Corte, la mafia de Zanola ha ido a la cárcel sin derecho a la excarcelación, y se anuncian asimismo las detenciones de defraudadores similares en las próximas horas. Un ‘mani pulite’ judicial en Italia (manos limpias) destruyó literalmente a los viejos partidos de ese país, y algo parecido ha comenzado a ocurrir con Berlusconi desde que la Corte Constitucional de Italia declaró inválidas las leyes que protegían al cafishio de los cafishios de los innumerables procesos judiciales que tiene en su contra. El mismo juez Oyarbide, que tiene la causa de los medicamentos, procesa la referida al enriquecimiento del matrimonio presidencial. Los fallos de la Corte también han dado impulso al tema de la "libertad sindical" que la burocracia cegetista ha tomado como una provocación, pero ha ido incluso más allá en esta misma línea, pues acaba de impugnar un acuerdo entre representaciones sindicales opuestas, entre los trabajadores legislativos, que había tejido con paciencia Héctor Recalde, el ladero jurídico de Moyano, porque ese acuerdo no fue ratificado en asambleas de afiliados (!!!).

Bonapartismo subterráneo

El ejemplo más eminente de esta consagración de un bonapartismo en crisis (con parlamento y poder judicial en contra) es el acuerdo que armó el Ministerio de Trabajo con el Cuerpo de Delegados del Subte, con la intervención activa del ala K de la CTA. El acuerdo ignora el reclamo de inscripción gremial que solicitó el Cuerpo de Delegados hace más de dos años, a pesar de que el límite legal del trámite es de 90 días. Además establece una cláusula de ‘paz social’ que significa, entre otras cosas, que los delegados del Subte no recurrirán a la Justicia contra la demora en su reconocimiento. El ministerio busca, de este modo, mantener la tutela de la burocracia de UTA en el Subte y, en general, el apoyo del moyanismo. Sin embargo, como concesión a estas renuncias de los delegados, el acta los reconoce efectivamente ante el ministerio como tales y se compromete a gestionar ante la empresa los reclamos del Cuerpo de Delegados. El derecho al sindicato ‘simplemente inscripto’ ha sido canjeado por un compromiso político oficial de reconocimiento parcial del Cuerpo de Delegados como una suerte de semi-sindicato que gestiona reclamos (pero ante el Estado). La intención del gobierno es ‘comprar’ estabilidad política en el transporte, tanto con los delegados como con la burocracia de UTA. Es un equilibrio de trapecista. En la medida en que el grupo firmante del Subte se comprometió con la ‘paz social’, ha pasado a ser una de las patas del régimen bonapartista que necesitan construir los K. Entretanto, estos mismos K solamente podrán preservar esa ‘estabilidad política’ si logran un entendimiento con los Roggio en materia de tarifas y de subsidios; con los delegados, en materia de salarios y reivindicaciones; y con la UTA en el mantenimiento de su monopolio del convenio colectivo y en la posibilidad de seguir saboteando al Cuerpo de Delegados.

Los K pretenden neutralizar al Parlamento y a la Justicia mediante la burocracia sindical, y alargar su apoyo en el movimiento sindical entre las tendencias afines a Sabbatella o con vocación de colaboración de clases; lo mismo desarrolla con las empresas recuperadas, que han sido convertidas en apéndices del gobierno nacional o dependientes de él o de los gobiernos provinciales. Fracasó en Kraft cuando consiguió cooptar al PCR a costa de hacerle perder a éste la Comisión Interna. El rechazo en Kraft a la ‘paz social’ fue expresión de una elevada conciencia de clase; la aceptación de la ‘paz social’ en el Subte ha suscitado crisis y discusiones. En todos los casos, el núcleo de la cuestión no es puramente sindical sino político: la independencia del gobierno y la oposición a su armado bonapartista, o pasar a formar parte de un régimen político cuyo sustento es la defensa del capitalismo.

Aeronavegantes, legislativos, el Subte, la libre inscripción y el derecho a formar sindicatos son para el gobierno aspectos de una cuestión más general: la necesidad de superar los antagonismos entre la burocracia de la CGT y de la CTA, para juntarlos en el apoyo al kirchnerismo K. ¡Se ha comenzado a hablar de una suerte de confederación entre ambas –una central sindical "CGT-CTA"! ¡Quedaría superado el reclamo al reconocimiento de la personería gremial de la CTA! Las ‘conversaciones’ en curso ponen de manifiesto, por su sola existencia, el afán de montar un régimen de arbitraje que neutralice la oposición parlamentaria y judicial. El bonapartismo puede angostarse al punto de reducirse al Poder Ejecutivo y sobrevivir por la neutralización recíproca de las clases en pugna. Pero como régimen necesita el apoyo declarado de la burocracia de los sindicatos y de otras expresiones de colaboración de clases. Concurrir al sostenimiento de semejante régimen es mortal para la clase obrera.

Pero todavía tendrán que procesarse numerosas crisis para que el tándem CGT-CTA cobre siquiera una vida precaria, pues desde ya cuenta con la oposición de una parte de los ‘gordos’ de la CGT y del ala ‘social-constituyente’ de la CTA. Por sobre todas las cosas, sin embargo, cuenta con la ‘oposición’ de ‘la realidad’: crisis mundial y desocupación e inflación en aumento.

Volvió Duhalde

Cuando la mirada abarca un panorama más amplio, se percibe que el bonapartismo siamés es un recurso desesperado; como ocurre a veces en el ajedrez, "un lance". Es que la reciente reunión de la UIA ha dejado en claro una mayúscula ampliación del frente patronal de oposición al gobierno. La UIA, además, parece haber concluido un acuerdo con la Mesa de Enlace de la soja.

En los círculos capitalistas la deliberación es intensa, más aún que la que se dejaba ver en vísperas de 2001. Viejos aliados de los K han abandonado el barco –desde los pequeños, como De Mendiguren, hasta los mayores, como Fiat-Ratazzi. Los Duhalde se han puesto a la cabeza de una nueva conspiración. Es que el ‘modelo productivo’ expiró y el dólar para exportar ya no es recontraalto; el déficit fiscal impide el financiamiento y el subsidio al capital; y las medidas de protección que toman los K contra Brasil y China enfrentan a Argentina con los dos principales mercados de la exportación nacional. Las provincias se encuentran en quiebra y no conseguirán financiamiento simplemente porque se haya suspendido la ley de responsabilidad fiscal. En Argentina, la única garantía de pago es política, y el gobierno no es garantía suficiente para el capital, como lo demostrarían las intervenciones en TGN, Ausol, Metrogas y Papel Prensa. El presidente de la Corte, Lorenzetti, acaba de recordarle a los K que el principio del derecho, en Argentina, es la intangibilidad de la propiedad privada. Para hacer el canje con los bonistas, el gobierno recurre al aporte efectuado por el FMI en su pseudo moneda: los derechos especiales de giro. Es decir que le canjeará al Banco Central esa pseudo-moneda por dólares. Cuando los Dubai que se acumulan en el horizonte se transformen de nuevo en chubasco, los derechos de giro sólo servirán para ilustrar el salón de numismática del Correo.

La burguesía tampoco confía en que los K tengan resto para controlar a los sindicatos y al movimiento obrero, y por eso ven con mucho más que suspicacias las operaciones del ministerio de Trabajo (o del Social de Alicia Kirchner) con las burocracias y las internas y los delegados (o con los piqueteros). La burguesía no cree que estos métodos sirvan para imponer esa ‘paz social’, mientras 2010 se presenta como un año de intensas reivindicaciones sindicales y populares –incluso nacionales, como la defensa de la independencia de América Latina contra la nueva ofensiva yanqui.

La consigna

El bonapartismo K y sus agentes de la CGT y CTA están lanzados a desviar, ya que no pueden quebrar, la transición política hacia un movimiento sindical independiente, que sea puntal de la lucha política por un gobierno de trabajadores. Esta es la cuestión política central del momento. La ‘paz social’ no es un tecnicismo más en una discusión paritaria: es la atadura política a un régimen que necesita regimentar al movimiento obrero para, de un lado, neutralizar su disposición y capacidad de lucha y, del otro, servirse de él para imponerse a la oposición dentro de su misma clase social. En todos los casos nos lleva a la derrota: si fracasa, porque lo voltea la derecha; si triunfa, porque anula nuestra capacidad de acción autónoma. Más que nunca, la consigna es: conquistemos la independencia política del proletariado.