Los falsos detenidos desaparecidos y la reconstrucción valórica

Por El Mostrador.cl

Afrenta pública. No es otro el nombre que merece el hecho de tres nuevos casos de simulación en materia de detenidos desaparecidos. Agravia tanto a la fe pública en materia de violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura, que tanto ha costado construir (y que tan necesaria es para que no vuelva a ocurrir en Chile tamaña atrocidad), como también ofende a las verdaderas victimas y a sus familiares, los que una vez más se ven enfrentados al descrédito, la desconfianza y la desolación.

Fue un camino lento y doloroso el reconocimiento social de tamaños crímenes, hasta llegar al establecimiento de un estatuto jurídico mínimo, que incluye las leyes de reparación a las víctimas y sus familiares, que ayudara a normalizar sus devastadores efectos.

Algunas de las instituciones más involucradas en esos actos criminales, como lo fueron las Fuerzas Armadas, mantuvieron silencio por demasiado tiempo. Es más, muchas veces obstaculizaron abiertamente las investigaciones para esclarecer la verdad ordenadas por los tribunales de justicia. Incluso, hicieron fracasar la denominada "Mesa de Diálogo" entregando información incompleta y no fidedigna.

Por cierto, todo ello aumentó las probabilidades que se cometieran fraudes por simulación en los listados oficiales. Pero, afortunadamente, se trata de casos aislados, contados con los dedos de una mano, en relación con el enorme y fatídico universo de víctimas.

Recordando un poco más, no se puede dejar de mencionar que los silencios, obstaculizaciones y engaños varios no ocurrieron en el vacío. Políticamente hablando, la doctrina gremialista que impregnó el pensamiento de los poderes de la época dictatorial, se plantó frente a la democracia con una idea legitimadora de todo lo obrado en el período 1973 - 1990. Por cierto, con prácticamente todo el poder económico detrás, y bajo un denso amparo mediático y de prensa, poniendo en duda la veracidad o profundidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

Todo ello mientras el país escarbaba en el desierto, buscaba en el mar, exhumaba cadáveres en todos los cementerios posibles, para reconstruir una verdad y una historia que devolviera tesitura moral al Estado y sus instituciones.

Los actos de reparación, como el Informe Rettig, impulsado de manera unilateral por el primer gobierno democrático a principios de los años 90, fueron en muchos aspectos actos testimoniales frente a la doctrina de negación dominante entre las fuerzas que apoyaron a la dictadura. Y muchas veces el poder político democrático se expresó dubitativo acerca de su camino, acuñando frases como "justicia en la medida de lo posible".

La reconstrucción valórica de la nación en esta materia fue posible, en medida importante, por la enorme voluntad y perseverancia de las organizaciones de derechos humanos, especialmente las de los familiares de los detenidos desaparecidos. Son ellas las que en los momentos de mayor vacilación permitieron mantener viva la demanda por justicia, y  transformar los valores de la vida en algo socialmente reconocido, aceptado y defendido por todos.

Aunque tres o cuatro casos de fraude no perturban la verdad acerca de los crímenes ocurridos, si pueden afectar, lamentablemente, la ética social y el sentido trascendente de los derechos humanos. Y muestran un perfil de miseria humana que debiera preocuparnos como sociedad.

La reacción del gobierno ha sido adecuada, incluso al solicitar la designación de un ministro en visita para que investigue a fondo los hechos. Desde el punto de vista administrativo y legal no cabe otra posibilidad, y son finalmente los tribunales de justicia los que deberán resolver.

Pero se requiere algo más que la voluntad del Estado. Es necesario también que la sociedad se exprese con ponderación y prudencia respecto de estos fraudes. Ello es especialmente relevante para sus medios de prensa, algunos de los cuales debieran cultivar un equilibrio informativo que contradiga el manto de silencio y obsecuencia, cuando no complicidad, con que obraron en el pasado, cuando en dictadura (1973 - 1990) se violaban masivamente los derechos humanos en nuestra sociedad.