La “fuga legal” de 16 narcos

(Por Francisco Martorell)El grueso error de la fiscal de Talca, Grace Salazar Barra, permitió que una banda internacional completa, para la cual se pedía hasta 10 años de cárcel, quedara en libertad. La funcionaria se encuentra sumariada por el Fiscal, mientras los delincuentes están libres, pese a los cuantiosos recursos que se gastaron en intercepción de teléfonos, operativos y vigilancia para capturarlos.

Grace Salazar, fiscal adjunto de Talca, presentó el miércoles 28 de mayo una acusación contra 16 personas, la mayoría hombres, autores "inmediatos y directos" del delito de Tráfico ilícito de Drogas, con "calificación de agrupación", detenidos durante varios operativos en 2007 y para los cuales solicitaba en el escrito condenas de entre 3 y diez años de cárcel.

Según la profesional, bautizada alguna vez por un programa de canal 13 como la fiscal de hierro, tal solicitud se basaba en que "desde fecha indeterminada pero al menos abril de 2007, los imputados conforman una agrupación dedicada al narcotráfico de sustancias capaces de causar grave daño a la salud pública, entre ellas cannabis sativa, clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína, cumpliendo distintas funciones y relacionándose indistintamente entre sí, con la finalidad de cubrir toda la cadena de distribución de las sustancias prohibidas".

Se trataba de una banda internacional que operaba en Bolivia, Chile y Argentina.

Los ciudadanos del país altiplánico Manuel Brañez y Felix Chuquimia, ingresaban la pasta base y se la entregaban a Cristián Tapia Jélvez, a través de Jorge Segundo Cabrera Cabrera, para que éste se la diera a Diego Orlando Chacón Shipley.

El argentino Claudio Cristián Campero, junto a Sergio Damián Martínez Turk, Wilson Iriarte Madani y Jorge David Olarte Flores, también era el proveedor de Chacón, pero de Cannabis Sativa. Otros surtidores mayoristas de los Chacón Shipley, tanto de Diego como de su hermano Jaime, eran José Luis Leiton Castro y Luis Espinoza González. Diego Chacón, además de proveer a su hermano Jaime, según la fiscal, entregaba droga a Álvaro Espinoza Sánchez, Marco Rojas Valenzuela y Eduardo Vejar Venegas. Por su parte, el estudiante Luis Santos Contreras, almacenaba en su domicilio de Talca la mercancía que traían Leiton y Espinoza González desde Santiago y que luego era entregada a Álvaro Espinoza y Jaime Chacón. Otro proveedor, pero de Rojas y Véjar, era Wilson Peña Díaz.

En mayo y noviembre, gracias a la intercepción de teléfonos, agentes encubiertos y seguimientos, la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, dirigida por Erick Menay Pino, pudo desbaratar la banda, apresarlos a todos e incautar decenas de kilos de cocaína, marihuana y pasta base, así como armas, una de ellas sustraída a un detective, y cuantiosas sumas de dineros. En cada operativo además, se sumaron nuevos detenidos, como Viviana Cortés Díaz, Yasnady Contreras Sánchez, Juan Manuel Hormazabal Cataldo, Gabriela Arcil Quichagual y Sebastián Chacón.

La mayoría, 16 de ellos, quedaron recluidos en el penal de Talca, a la espera del juicio oral, aunque algunos se acogieron a los beneficios de la ley y acordaron un trámite abreviado.

La investigación, como consta en la causa, fue cerrada por el Ministerio Público el 16 de mayo.

TODOS LIBRES

Grace Salazar tenía, como dicta la ley, diez días para acusar a los formalizados en la causa 2501 a Marco Rojas, Eduardo Véjar, Cristián Tapia, Jorge Cabrera, José Castro, Manuel Brañez, Félix Chuquimia, José Leyton, Luis Espinoza, Luis Contreras, Viviana Cortés, Claudio Campero, Sergio Martínez, Eric Iriarte, Jorge Olarte y Juan Manuel Hormazabal.

Y así lo hizo, pero dos días después de la fecha, obligando a la jueza de garantía, Marta Benita Asiaín Madariaga, a decirle "no ha lugar" a la acusación por quedar fuera del plazo establecido por el artículo 246 del Código Procesal Penal.

Tal decisión, de inmediato fue comunicada al Ministerio Público y a los defensores de los inculpados, a través de correo electrónico, pues significaba la libertad para todos. Se supone que el e-mail dirigido a la fiscal Salazar fue visto por ella en su blackberry el mismo 29 y desde él respondió que "atendido el mérito de la resolución solicito a SS se sirva ordenar la libertad de los imputados presos en esta causa. A Us ruego acceder a lo solicitado sin previa audiencia".

La jueza, con la notificación de la fiscal adjunto de Talca, que más tarde confirmó personalmente en el juzgado, puso fin a la prisión preventiva que afectaba a los 16 acusados.

Así, el 4 de junio a las 8:30 de la mañana, l6 personas detenidas con gran esfuerzo, personal y económico del Estado de Chile, quedaron en libertad a pesar de que sobre ellas pesaban graves acusaciones de tráfico ilícito de drogas y tenencia de armas.

CASO CHAT

Grace Salazar de 34 años, enfrentó un sumario por la actuación que le cupo en el llamado caso Chat, en el que mantuvo a dos personas presas durante un año, acusándolas de un incendio que a la postre se demostró que no habían cometido. Fue la jueza Marta Asiaín, la misma de ahora, la que descuidó las garantías de Chat y Bravo.

Los inculpados por la fiscal debieron esperar hasta un segundo juicio, en el primero (anulado por la Corte Suprema) fueron condenados a 8 años de cárcel.

En la oportunidad, la defensa de José Selim Chat sostuvo que Salazar cometió graves faltas, inventó una declaración que no existía y, según el abogado paulista Helios Nogués, mintió en el juicio oral.

El sumario administrativo la condenó a pagar con la mitad de su sueldo, los 12 meses que obligó a Valerio Bravo, administrador de la heladería El Rey de Talca y al propietario de ésta, el mencionado Chat, a estar en prisión.

El 15 de enero de 2007, Chat ingresó una denuncia ante el fiscal regional del Ministerio Público de Talca, en contra de la fiscal Grace Salazar y los abogados de la aseguradora Mapfre Alex Carocca, Kléber Monlezún y Marco Lillo, en razón de que –según el empresario– los denunciados inventaron hechos y omitieron otros, con la clara intención de responsabilizarlo por aquellos delitos "a sabiendas de que era inocente, practicando una especie de estafa contra él".

Los acusó, además, de Obstrucción a la Justicia. En mayo de ese año ingresó una querella por el delito de Acusación o Denuncia Calumniosa contra quienes resulten responsables.

En su denuncia, Chat señala varios hechos puntuales que, a su juicio, "constatan que la fiscal mintió en juicio y los abogados adhirieron a esas mentiras, con la finalidad de inculparlo y conseguir su prisión preventiva, todo esto con la clara intención de condenarlo y así obligarlo a pagar la millonaria suma que Mapfre tuvo que desembolsar por concepto de indemnización de este siniestro".

Según Chat, el delito de obstrucción a la justicia consistió en el ocultamiento, por parte de Salazar y los abogados de MAPFRE, de "parte de los objetos encontrados entre los escombros, los que, por constituir efectos del delito de incendio, son protegidos por la Ley Penal, y no pueden ser destruidos, ocultados o inutilizados".

Chat y sus abogados siempre alegaron que el MP, representado por Grace Salazar, no quiso "investigar a los hermanos Zaror", dueños del inmueble siniestrado.

Los dos procesos iniciados por Chat en 2007, fueron enviados al entonces fiscal regional Sabás Chahuán Sarrás, actual fiscal nacional, quien nombró como su representante para esta investigación al fiscal adjunto, Heriberto Reyes Carrasco.

Éste, según Chat, no realizó las diligencias solicitadas en la querella y sólo algunas en la denuncia. "Muy pocas", dice Chat. En su opinión, la impresión que le quedó tras el trabajo de Reyes fue que "estaba investigando otros hechos y no los que yo denuncié"

Una de las diligencias solicitadas por Chat, y que la Corte determinó efectuar, consistía en un careo con todos los denunciados, o sea, la fiscal Grace Salazar, cada uno de los abogados de MAPFRE, y los liquidadores de seguro. A estos últimos, Chat los acusa de obstrucción a la justicia, pues habrían participado del ocultamiento de los bienes de su propiedad y que fueron rescatados de los escombros, lo que también permitió que la fiscal Salazar continuase afirmando, por más de un año, que el empresario había sacado las cosas para luego quemar el negocio y cobrar el seguro.

La fiscal, contrariamente a lo que se piensa debe hacer un funcionario de la Justicia, no asistió el día del careo y se amparó en un artículo que fue creado con polémica en el MP para evitar verse las caras con Chat.

Consultada por El Periodista a través de su correo electrónico, para saber qué había ocurrido ahora con el atraso en la presentación de su acusación, Grace Salazar simplemente se limitó a señalar que "atendido lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de Personal para los Fiscales de Ministerio Público y 64 de la ley 19.640, estoy impedida de entregarle la información requerida; sin perjuicio que desvíe sus inquietudes al departamento de comunicaciones de la Fiscalía Regional del Maule".

Ello, porque Salazar, una vez más, deberá enfrentar un sumario administrativo que, según el encargado de comunicaciones del Ministerio Público, Lautaro Muñoz, podría finalizar con la absolución, la amonestación privada o la remoción de la abogada.

El trámite interno, una flaqueza del nuevo sistema, quedó en manos de Mónica Cánepa, fiscal jefe de Linares, ciudad en la que Salazar trabaja en forma permanente.

Nada dice el Ministerio Público, sin embargo, sobre las razones que habrían motivado el atraso, salvo que eso "es uno de los temas que se investigan" y que la Fiscalía Nacional no puede pronunciarse al respecto "porque le corresponde resolver como última instancia y no puede adelantar opinión".

Es la segunda vez que esta subordinada es investigada por su actuación en un caso que involucra millonarios recursos. Pese a ello, nada repara que los traficantes de drogas continuarán libres. Quedarán abiertas las dudas sobre las razones de fondo por las cuales se produce tan especial atraso en un caso que involucra a más de 16 narcos con tanto poder económico.

- A Luis Santos Contreras, detenido el 3 de mayo, le fueron incautados 4 kilos 991 gramos de Cannabis Sativa del tipo paraguayo prensada, distribuida en ladrillos y envuelta con cinta adhesiva. - A Viviana Cortés y José Luis Leyton le encontraron clorhidrato de cocaína y una pistola marca Taurus calibre 9mm. También un millón 300 mil de pesos. - A Luis Espinoza González le fue hallada la suma de 700 mil pesos. - A Álvaro Espinoza, Sebastián Chacón, Yasnady Contreras y Gabriela Arcil se les detuvo con 213 gramos de clorhidrato de cocaína, 473 gramos de Cannabis Sativa, una pistola Smith y Wesson calibre 9mm y otra Browning calibre 6.35. - A Wilson Peña se le encontró 50 gramos de clorhidrato de cocaína en su domicilio. - Manuel Brañez y Felix Chuquimia fueron detenidos cuando entregaban 997,5 gramos de pasta base a Cabrera y Castro Osses. Además, en el domicilio de los primeros, fueron encontrados otros 23 kilos 4 gramos de la sustancia ilícita. - Claudio Campero, Jorge David, Jorge Olarte, Eric Iriarte y Sergio Martínez, fueron detenidos cuando regresaban a Talca con 49 kilos 800 gramos de Cannabis Sativa.