A treinta y un años del golpe militar en Argentina

escrito por Rafael Luis Gumucio Rivas

viernes, 30 de marzo de 2007

Participé en la marcha, en la Plaza de Mayo, en conmemoración del treinta y un aniversario del golpe de estado, dirigido por el pechoño, criminal y reaccionario, Jorge Rafael Videla. Da gusto constatar la claridad del lenguaje que emplea el presidente Néstor Kirchner para atacar a los genocidas militares argentinos; nada más diferente al alambicado vocabulario de nuestros líderes concertacionistas en el trato a los verdugos sempiternos, que marchan incólumes por las calles. Kirchner llama al pan pan y al vino vino: en el acto de recordación, realizado en el “campo de concentración” La Perla, en Córdoba, el presidente llamó a Luciano Benjamín Menéndez “un asesino que debiera estar en la cárcel” –cómo me hubiera gustado escuchar estas frases respecto al finado Augusto Pinochet y sus secuaces-; después Kirchner la emprendió contra la Cámara de Casación, (Corte de Apelaciones): “¿Cuál es el compromiso de algunos integrantes de la justicia con los derechos humanos? Dónde están parados, durante años, juicios que debieran estar en marcha? Los jueces del Tribunal de Casación se hacen los lesos” y, para rematar, el ministro del Interior, Fernández, termina por la invitación a presentar a su renuncia a los jueces que amparan a los genocidas.   A los jueces se les designa con nombre y apellido, son los miembros de la sexta Sala del Tribunal de Casación: Gustavo Hormos, Amelia Berraz y Amelia Cepolupo, quienes tienen a su cargo 193 casos de crímenes de lesa humanidad en trámite, durante dos años; los pocos condenados argentinos pagan su pena en prisión domiciliaria, pretextando su avanzada edad.   El presidente de la Corte de Casación, Alfredo Bisordi, se vale del lenguaje democrático para acusar al presidente de querer acumular todos los poderes e inmiscuirse en la judicatura, olvidando la colaboración de los tribunales argentinos con la dictadura; “en todas partes se cuecen habas”. Jorge Julio López, que estaba dispuesto a acusar a los asesinos, ha sido secuestrado por las fuerzas oscuras de la reacción del vecino país.   En la mayoría de la transiciones a la democracia los Tribunales que colaboraron con la dictadura han pasado incólumes. En Argentina, si no hubiera sido por las madres y abuelas de la Plaza de Mayo y los abogados de derechos humanos, los asesinos militares continuarían gozando de la más perfecta impunidad. Estoy de acuerdo con un famoso jurista mexicano, que plantea para su país que la justicia debe emanar de la soberanía popular, como ocurre con el resto de los poderes. En el caso de los derechos humanos en Argentina se ha probado, hasta la saciedad, la connivencia entre jueces y represores.   La historia del país vecino estuvo plagada de golpes militares. Gobiernos civiles como los de Arturo Frondizi y Arturo Illia fueron derrocados por cruentos golpes militares. Radicales, peronistas y militares, (estos últimos actuaron como partido político), se han repartido el poder. Isabel Martínez de Perón y Fernando de La Rúa tuvieron que huir de la Casa Rosada en helicóptero, después de haber provocado el caos . El radical Raúl Alfonsín no alcanzó a terminar su período, producto de una crisis económica; el justicialista Carlos Menem duró dos períodos, llevando al país a la cesación de pagos e imponiendo las criminales leyes de “punto final y obediencia debida”.   La jerarquía eclesiástica argentina, que apoyó los crímenes de la dictadura militar, sólo puede ser comparada con los obispos españoles durante la Guerra Civil (1936-1939). Hasta hoy, algunos jueces argentinos asisten a misa celebrada por obispos castrenses. La dictadura militar católica, conservadora y neoliberal argentina ostenta el triste récord a su haber de 30.000 desaparecido. La guerra de las Malvinas provocó el derrumbe de la dictadura militar, sólo queda el mal recuerdo del borracho Leopoldo  Galtieri.   Me alegra que el presidente Kichner haya tenido el valor de derogar las leyes de “obediencia debida y de punto final”, de consagrar la escuela de Mecánica de la Armada a un Museo de la Memoria y, hoy, enfrentar a una justicia con resabios dictatoriales, que deniega el  derecho del pueblo a la verdad, la justicia y al castigo a los culpables.   Rafael Luis Gumucio Rivas