Política: A LOS TRIBUNALES LA JUSTICIA NO LLEGA

Enviado el Lunes, 08 enero a las 09:59:47
Una vez más los tribunales de justicia emiten un pronunciamiento que atenta en contra de todo principio de reparación a las víctimas en casos de derechos humanos. Suprema establece que responsabilidad civil del Estado ya prescribió.


El pasado viernes 5 de enero de 2007, la Tercera Sala de la Corte Suprema dictó un fallo donde estima que para presentar demandas por daños morales sufridos por los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, se extingue a los cuatro años de haberse producido la desaparición. De este modo, el máximo tribunal busca cerrar las causas civiles en contra del Estado chileno.

Este pronunciamiento de la Corte Suprema fue producto de un recurso de casación interpuesto por los familiares de la militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), María Isabel Gutiérrez Martínez, quien fuera detenida y desaparecida por agentes del Estado, el 24 de enero de 1975, desde el Regimiento Militar Maipo de Valparaíso.

Pero su caso no es el primero, antes los tribunales se habían pronunciado respecto a la demanda civil presentada por la familia de Luis Manríquez Wilden, donde también la Corte negó el derecho de solicitar indemnización por crímenes de lesa humanidad ocurrida durante la dictadura militar.

De esta forma los tribunales han comenzado a acoger la posición del Consejo de Defensa del Estado, quienes han sostenido que los familiares de las víctimas de crímenes del régimen militar no tienen derecho a solicitar reparación civil, aduciendo la prescripción de los delitos.

Ante todo sentido común la actitud del máximo tribunal de justicia atenta en contra de los derechos que tiene todo ciudadano de perseguir civilmente a los responsables de los asesinatos y desaparición de cientos de chilenos en manos de los organismos represivos del Estado como fue la DINA, la CNI y los aparatos de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Hoy intentan los Tribunales establecer un precedente jurídico que reinstala la impunidad al señalar que sólo se puede perseguir judicialmente, la responsabilidad civil, a los cuatro años de haberse producido el delito y, olvidan que ellos mismos negaron por años los recursos de amparo o de habeas hábeas a favor de las víctimas, lo que sin duda habría evitado la muerte, la tortura o el asesinato de niños, jóvenes, mujeres y hombres durante los 16 años que gobernó el ex general Pinochet.

Sin duda hoy los Tribunales de Justicia deniegan lo que ellos dicen defender. Por ejemplo: ¿Cómo solicitar indemnización civil al Estado de Chile por María Isabel Gutiérrez en 1979 si en ese momento ni la Corte la reconocía como detenida desaparecida?, Resulta un absurdo el solo pensar hacerlo. En ese momento la familia buscaba rescatarla con vida de alguna mazmorra secreta que ningún juez quiso visitar.

El tiempo es un mero tecnicismo jurídico utilizado para aplicar prescripciones y dejar impune delitos que hasta hoy se mantienen sin respuesta. Los criminales y agentes del estado siguen caminando libres por las calles de Chile y, el Estado, como responsable jerárquico del actuar de sus funcionarios se lavan las manos.

Fundamentar que los pactos internacionales sobre crímenes de lesa humanidad no pueden ser aplicados en estos casos por que no existían o no estaban en vigencia como instrumento jurídico cuando se produjeron los crímenes, a todas luces es una barbaridad quizás no jurídica pero si moral, ya que una vez más, ampara al delincuente y deniega la justicia para con las víctimas.


Por Roberto Portilla. El autor es periodista y Editor General de Crónica Digital.