Refugiado peruano va a CIDH contra Estado chileno

El peruano residente en Chile Víctor Paiba, quien tiene estatus de refugiado reconocido por la ONU, dijo que el juicio para su extradición a Perú iniciado por la Corte Suprema de Chile “es ilegal” y se negó ayer a pagar una fianza.

Jorge Escalante

La Nación

El ciudadano peruano radicado en Chile Víctor Paiba Cossios recurrió a través de sus abogados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitando una “medida cautelar urgente” en contra del Estado chileno a raíz de su situación procesal verificada ayer ante la Corte Suprema de Chile.

A solicitud de la Corte Suprema de Perú, la justicia chilena inició un proceso de extradición a ese país en contra de Paiba por delitos imputados de “terrorismo”. El peruano tiene el status de refugiado de Naciones Unidas reconocido por Chile. Paiba fue uno de quienes interpuso en Chile una querella por genocidio en contra del actual Presidente peruano Alan García, a raíz de ejecuciones múltiples de prisioneros políticos durante su anterior mandato.

La Corte Suprema chilena acogió la petición peruana para detener preventivamente a Paiba “con fines de extradición”, mientras Perú formaliza la solicitud de extradición en los próximos dos meses de plazo que tiene para ello. A cargo del juicio se nombró al nuevo magistrado de ese tribunal, Patricio Valdés, quien citó a Paiba para ayer con el fin de decretar las primeras diligencias.

En contra del ciudadano peruano, el juez decretó una medida de arraigo que le impida salir de Chile y le impuso la sanción de firmar una vez al mes en la secretaría de esa corte. Sin embargo, lo que causó mayor sorpresa fue que el juez lo obligó además a pagar una fianza de 500 mil pesos, amenazándolo que “si no la paga va preso”, como el mismo Paiba y su abogado Hugo Gutiérrez lo informaron a la prensa.

Resistencia

Se asumió que el juez, como lo pidió Perú, ordenó su arresto preventivo con fines de extradición, pero a su vez le otorgó la libertad provisional y por ello le cobró la fianza de 500 mil pesos.

Paiba y Gutiérrez sostuvieron que el juez nunca les dijo por qué le cobraba la fianza por esa suma, y agregaron que “nos parece muy raro” que esa fianza sea para garantizar la permanencia en Chile “porque para ello decretó el arraigo”. Manifestaron que, más bien, la figura de la fianza “se corresponde con una detención preventiva ordenada previamente”.

El hecho es que, luego de conversar con su abogado, Paiba dijo al juez que se resistía a pagar los 500 mil pesos, porque le parecía ilegal todo lo que se había decretado en su contra “pues yo soy una persona que tiene el estatus de refugiado reconocido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y ese estatus está reconocido por el Estado de Chile”.

Como Paiba se negó a pagar, se ordenó su arresto y sus colaboradores comenzaron los trámites para ingresarlo en la guardia de Gendarmería del palacio de tribunales, para trasladarlo a la cárcel pública.

“La persona que estaba con el juez me dijo usted va a ir a la cárcel donde están los presos comunes”, dijo Paiba.

Pasado un momento, un secretario dijo a Paiba que ya permanecía retenido en una oficina “oiga, vimos recién en la televisión que su abogado está diciendo que usted ha quedado detenido, y usted no está detenido”. Momentos después, Paiba fue dejado en libertad y, curiosamente, el juez levantó la fianza que le obligó a pagar.

El abogado Gutiérrez dijo “yo verdaderamente no comprendí qué quiso hacer el ministro”.

Otras fuentes de tribunales afirmaron que, probablemente, el juez desconoce como actuar en estos casos “o bien recibió un llamado advirtiéndole que meter preso a alguien que está respaldado por Naciones Unidas y que no ha cometido un delito en Chile, podría transformarse en un lío internacional”.

El hecho es que fuentes de tribunales expresaron que, extrañamente, el juez hizo lo que ningún magistrado hace: cedió ante alguien que se rehusó a pagar una fianza, sosteniendo que la medida era ilegal. LN
Privación de libertad

En la presentación ante la CIDH, Víctor Paiba y sus abogados manifiestan que “la arbitrariedad” de las decisiones adoptadas ayer por el ministro Patricio Valdés “priva a la víctima de su libertad ambulatoria, dejándolo excluido de la posibilidad de interponer un habeas corpus, lo que agrava su situación”.

Explican que el recurso de amparo no prosperaría, pues Valdés es “el superior jerárquico” de los jueces de Apelaciones que deberían resolver este recurso.

“Por ello, el único recurso eficaz que nos queda es esta petición ante la CIDH”, afirman.

Valdés fue recientemente nombrado como ministro de la Corte Suprema.

De corte conservador dentro del máximo tribunal, fue elegido por el Gobierno y confirmado por el Senado y pertenece a la camada de abogados “extraños” al poder Judicial, es decir, lo que entran por sus experiencia, mas no por su carrera judicial.