En guerra contra el TC

Aunque la discusión se centró en los últimos días en las duras críticas de Camilo Escalona, lo cierto es que las dos resoluciones del Tribunal Constitucional han provocado furia a todo nivel en la Concertación por sus efectos en el mercado laboral, pero también porque amenazan con reducir drásticamente las facultades legislativas de los parlamentarios.

Nación Domingo

“Estamos estudiando posibles recursos ante este fallo insólito y gravísimo del Tribunal Constitucional que cercena facultades que la Constitución le asigna a los parlamentarios”. Así de tajante y rezumando indignación, el senador Juan Pablo Letelier (PS), presidente de la Comisión de Trabajo, se refiere a las últimas actuaciones del Tribunal Constitucional (TC) en relación con la nueva Ley de Subcontratación y Suministro de Trabajadores, dando cuenta con ello de un malestar que va más allá del mundo socialista y que reabre la polémica no sólo respecto de las herencias institucionales del régimen de Pinochet, sino también sobre el peso real de la tarea parlamentaria en el sistema político chileno.

De hecho, cuando se conoció el primer fallo del TC –que acogió el requerimiento de los senadores Andrés Allamand (RN) y Pablo Longueira (UDI) contra el concepto de empresa contenido en dicha ley– fue un DC, el ex ministro del Trabajo Yerko Ljubetic quien respondió más duramente a la resolución:

“El TC resolvió de un modo insólito. Primero, escabulló la posibilidad de pronunciarse sobre el fondo del asunto, de manera de poner término a la abusiva utilización que muchos empleadores hacen de un concepto formal que les permite eludir las obligaciones que tienen para con sus trabajadores. Segundo, lo hizo de un modo francamente cuestionable e, incluso, contradictorio con otras resoluciones del mismo tribunal”, afirmó en una columna publicada en el diario “La Tercera” el 24 de agosto. Allí resumía también los alegatos que días antes, tras conocerse el dictamen que el TC fechó el 8 de agosto, habían lanzado parlamentarios y dirigentes de la Concertación, como el propio Letelier, o las ácidas críticas del presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, que advertía que sólo podían estar contentos con esta determinación los empresarios abusadores, “chupasangre”, a los que defendían Allamand y Longueira con su presentación.

El escándalo, por cierto, se desató por el uso del lenguaje de Escalona –quien debió aclarar lo que siempre había quedado claro: que no todos los empresarios son abusadores y que, por lo tanto, sólo debían sentirse aludidos los verdaderos “chupasangre”– y fueron quedando al margen los efectos jurídicos de la medida del TC, a la que se agregaron durante la última semana un segundo fallo y nuevas declaraciones de Escalona, quien acusó al TC de erigirse como un poder fáctico “que opera y que es capaz de tomar decisiones por encima de la voluntad de dos gobiernos [Lagos y Bachelet] y de las dos cámaras que apoyaban el proyecto”.

Escalona fue el blanco de las críticas de la derecha –que rechazó de plano los cuestionamientos al TC–, pero, más allá del vocabulario, lo que hizo el timonel socialista fue expresar un descontento general en la Concertación, al que se sumaron de una u otra forma casi todos sus máximos dirigentes.

En el oficialismo se reclama que en su primer fallo, el TC ni siquiera analizó los contenidos del requerimiento de la oposición –“siempre ágil para defender los intereses de los poderosos”, dijo Ljubetic–, sino que se escudó en una supuesta infracción formal, al considerar que la modificación del concepto de empresa, en cuanto se refiere a un ente sujeto a las obligaciones laborales y previsionales, “modifica normas de seguridad social o incide en ella”, por lo que sólo podría haber sido de iniciativa del Ejecutivo y no, como fue el caso, una iniciativa parlamentaria acogida por el Gobierno del ex Presidente Lagos.

Este punto es el que indigna al senador Letelier y al presidente de la CUT, Arturo Martínez, porque no sólo derriba el discutido inciso de la Ley de Subcontratación, sino que “sienta un gravísimo precedente”, porque implica que los parlamentarios no podrían promover ningún cambio a las normas laborales, porque todas, de alguna forma, están ligadas a las obligaciones respecto de la seguridad social. La idea de que esto sienta un precedente complicado es apoyada por el ex director del Trabajo Marcelo Albornoz y por el propio Ljubetic, porque “no es necesario ser un especialista para entender que por esta vía argumental se podría perfectamente concluir, por ejemplo, que los parlamentarios no podrían promover modificaciones de ninguna regla sobre jornada laboral, en la medida que ella constituye normalmente la base de cálculo para la determinación de las remuneraciones, y éstas, a su vez, incluyen las obligaciones previsionales (…) y no se podría haber llevado adelante ninguna iniciativa parlamentaria, como la que estableció el permiso postnatal para los padres, por ser materia de seguridad social”.

Pero la discusión va más allá, porque si hay algo que los parlamentarios han reclamado en los últimos 16 años es precisamente el escaso margen de maniobra que tienen para impulsar proyectos de ley (la mayoría es de exclusiva iniciativa del Ejecutivo). Si el fallo del TC tiende a reducirles más la cancha, se entiende que arda Roma, aunque sobre este punto no han levantado su voz los representantes de la derecha, que siempre han pedido más poder, acusando a los gobiernos de acomodar la agenda legislativa a sus intereses y criticando que se dé importancia a temas políticos como reformas constitucionales o modificaciones al sistema electoral, “que no le interesan a la gente”, como recordó en la semana que termina el senador Juan Antonio Coloma (UDI).

“Me parece que se ha abierto un espacio para un debate importante en el país que hay que aprovechar, y hay que explicarle a la gente por qué: porque si no resolvemos estos temas constitucionales y políticos [que evitan que se expresen plenamente las mayorías], nunca vamos a poder darle paso a los temas sociales”, afirma Arturo Martínez, secundando con ello las críticas de Escalona.

En tanto, para el presidente del Partido Radical, José Antonio Gómez, este es el momento de revisar la Ley Orgánica del Congreso, para evitar que vuelvan a ocurrir casos como éste y para afianzar el poder parlamentario en materias legislativas.

LA SEGUNDA POLÉMICA

El jueves 31, en tanto, el TC añadió más fuego a la hoguera con un fallo que elimina el pago de una consignación a los empleadores que recurren ante la justicia para reclamar una multa aplicada por autoridades administrativas.

Aunque todavía estudia sus argumentos y efectos, el senador Juan Pablo Letelier alega que lo curioso del fallo es que esta norma existía antes de la Ley de Subcontratación, y critica, además, que el tribunal opine respecto de la cuantía de la multa, “lo que no le corresponde”. De hecho, quienes participaron de la discusión de la Ley de Subcontratación recuerdan que el proyecto incluso proponía elevar este pago (que hoy se fija en un tercio de la multa), lo que fue eliminado por el Senado y finalmente no se repuso en el tercer trámite, precisamente porque la derecha amenazaba que este aumento sería impugnado ante el TC. Lo único que se agregó fue que las multas serían variables de acuerdo al número de trabajadores de la empresa, es decir, de acuerdo a la gravedad de la falta (en la medida que perjudica a más personas), pero, según Letelier, resulta absurdo interpretar que ello significa que las multas no tienen límite.

Sobre este segundo fallo, el ex director del Trabajo Marcelo Albornoz añade que si bien las argumentaciones son discutibles, la resolución del TC se ajusta a la nueva Ley de Procedimiento Judicial Laboral, que comenzará a regir en marzo de 2007 y que elimina el pago de esta consignación. La lógica de que exista este pago, explica, es asegurar la seriedad de las reclamaciones, y lo que puede ocurrir al eliminarlo es que la Dirección del Trabajo o los tribunales se llenen de demandas.

EFECTO COLATERAL: MÁS REFORMAS

Un efecto paralelo a estas discusiones ha sido el renovado impulso que ha retomado en el Partido Socialista lo que algunos, grandilocuentemente, califican como una nueva “reforma laboral”, ya sea para “venderla mejor” o para demonizarla.

Sobre el punto, Letelier afirma que se están “socializando” algunas ideas con sus aliados, pero que no se trata de “endurecer” la normativa laboral, sino de “perfeccionarla”, “porque los malos empresarios que no respetan las leyes laborales no sólo dañan a sus trabajadores, sino también a otros empresarios, porque compiten deslealmente con ellos. En definitiva, el daño es al país”.

En la CUT, en tanto, Arturo Martínez apunta que el PS ha designado ya un equipo de juristas para determinar si es posible presentar por parte de los parlamentarios una moción que rescate el nuevo concepto de empresa desechado por el TC.

“Si es posible, esto debiera ocurrir antes de las Fiestas Patrias. Si no, vamos a presionar al Ejecutivo para que presente la reforma al artículo 3 [del Código Laboral]”, apunta el presidente de la central sindical.

–Pero hasta ahora el Ejecutivo no ha dado señales en esa dirección.

–Habrá que presionarlo, entonces.

Martínez añade que, entre otros aspectos, la nueva arremetida legislativa en el mercado laboral buscará terminar con la posibilidad de descuelgue y reemplazos en una huelga; incorporar a la ley Bustos (que establece que ningún trabajador puede ser despedido si tiene impagas sus imposiciones) la exigencia de pago de las gratificaciones, y definir la idea de un piso para las negociaciones colectivas; es decir, que la empresa no pueda iniciar una negociación ofreciendo menos de lo que los trabajadores hayan conseguido en un proceso anterior.

En la Confederación de Trabajadores del Comercio y el Vestuario, en todo caso, el nerviosismo es alto por estos días, como reconoce uno de sus dirigentes nacionales, Giuliano Silva, quien afirma que sólo el próximo jueves tendrán una reunión con abogados del Ministerio del Trabajo para analizar la situación de la nueva Ley de Subcontratación en profundidad.

“Usted debe entender que nosotros somos el sector más afectado”, comenta, “porque las multitiendas y supermercados son los campeones de las razones sociales. Por ejemplo, D&S ya lleva más de 120, y lo mismo ocurre en las multitiendas Falabella, París y Ripley. Eso significa sindicatos débiles sin capacidad de negociar, y sin un nuevo concepto de empresa eso no se soluciona con la nueva ley”.LND

¿Se muere la Ley de Subcontratación? El ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, y el subsecretario del ramo, Zarko Luksic, han insistido en los últimos días en garantizar que la Ley de Subcontratación y Suministro de Trabajadores no sufrirá mayormente por el hecho de no llevar una nueva definición de empresa, un punto en el que coincide plenamente el ex director del Trabajo Marcelo Albornoz. “Desde el punto de vista técnico, el concepto de empresa no es una norma que producto de su eliminación afecte en lo sustancial a la ley. Hay que recordar que cuando se repuso el proyecto en agosto de 2005 no se incluía modificación alguna del concepto de empresa, sino que ésta se hizo mediante la indicación de los parlamentarios”, apunta Albornoz. La clave de la ley, añaden los expertos, es que asegura que en la modalidad de subcontratación, los derechos de los trabajadores contratistas y subcontratistas estarán mejor resguardados por la vía de mayor control, autorregulación y certificación, además de la responsabilidad solidaria de las empresas mandantes. Y en el caso del sistema de suministro, lo fundamental es que se regula una actividad que antes funcionaba sin límites. Albornoz coincide también con la visión del Gobierno en cuanto a que “la norma declarada inconstitucional [el concepto de empresa] va a cobrar vida no por la vía legislativa, sino por la vía de la jurisprudencia”, ya que en los últimos años, los tribunales de justicia laborales “han ido variando su visión, más bien formalista, de que ser empresa es sólo tener un RUT y una razón social, sino que está dado por tener efectivamente la calidad de empleador, ejercer la facultad de mando, administrar el personal y tener autonomía”. En todo caso, añade el ex director del Trabajo, sería bueno dejar funcionar primero a la nueva ley (que entrará en vigor a los 90 días después de ser promulgada), porque la norma obliga a los empresarios a actuar sobre la base de “prevenir antes que curar”. Por ejemplo, se obliga a las empresas a revisar el cumplimiento de las normas previsionales de sus empresas contratistas, porque de lo contrario pasan a tener una obligación solidaria en esa materia con los trabajadores subcontratados. Además, se castiga el uso de empresas de suministro que no están registradas en la Dirección del Trabajo; por otra parte, si un trabajador sigue trabajando más allá del plazo estipulado en el suministro, se convierte automáticamente en dependiente de la usuaria, y se exige un contrato escrito entre la usuaria y la suministradora, donde se especifican los puestos de trabajo y el tiempo que dura la contratación. Si este contrato no existe, los trabajadores también pasan a ser dependientes de la usuaria.