La iniciativa fue presentada por los diputados Francisco Chahuán, Karla Rubilar, Enrique Accorsi, Gabriel Ascencio, Iván Paredes, Tucapel Jiménez y Sergio Aguiló.
El texto recuerda que de las 28.459 personas reconocidas como víctimas por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, 2.588 corresponden a personas que ya habían muertos, y cuya experiencia fue relatada por familiares.
"Para tales personas no ha existido siquiera una reparación simbólica", sostiene el documento.
A la cifra anterior de 2.558 nombres, se agrega un número indeterminado de personas que entregaron su testimonio a la Comisión, pero que fallecieron antes de recibir la pensión, y, en cuyo caso, las familias tampoco tienen derecho a percibir él beneficio.
El proyecto de acuerdo recuerda que la ley 19.992 concede beneficios educacionales a las víctimas que hayan sido calificadas como tales. No obstante, subraya, la gran mayoría de ellas son personas de avanzada edad, a las que les resulta difícil continuar sus estudios.
"Por ello, agrega, sería de gran utilidad permitir que estos beneficios puedan transferirse a los descendientes de las víctimas, para que sean realmente utilizados".
De esta forma, el proyecto de acuerdo solicita a la Presidenta de la República extender la pensión de reparación establecida en la ley 19.992 a las o los cónyuges de las víctimas y a las o los convivientes con quienes hayan tenido hijos, en el caso de que aquellas víctimas hayan fallecido sin recibir el beneficio.
Asimismo, demanda permitir que los beneficios educacionales que otorga la citada ley, puedan ser cedidos a los descendientes de las víctimas
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