Chile: Promueven una denuncia contra un jefe militar chileno por el alerta del tsunami
Unas 300 personas pidieron denuncia constitucional contra el comandante en jefe de la Armada de Chile, almirante Edmundo González, por errores cometidos en la alerta de tsunami tras el sismo del 27 de febrero pasado.
"Nuestro grupo busca presionar para que en el Congreso Nacional se presente una acusación constitucional contra el comandante en jefe de la Armada, por haber intentado ocultar la negligencia del Servicio Hidráulico y Oceánico (SHOA) al no dar la alerta de tsunami", dijo el concejal Luis Mariano, según publicó hoy el diario La Nación.
Al informar que no habría un maremoto, el SHOA provocó la muerte de un alto número de personas en las zonas costeras del centro-sur del Chile, que resultaron afectados por el impacto de las olas.
Rendón, concejal por el municipio capitalino de Ñuñoa, manifestó que esperaba conseguir el apoyo de 10 parlamentarios para que se adhirieran a la causa, "porque los argumentos son irrebatibles. Nunca hubo alarma de tsunami".
De ser acogida la acusación constitucional, la Cámara de Diputados deberá nombrar una comisión investigadora, la que podrá proponer o no la destitución del comandante en jefe de la Armada, y será el Senado el que tomará la decisión final.
La última acusación constitucional en Chile se produjo en el 2008 cuando fue interpelada la ministra de Educación, Yasna Provoste, por irregularidades financieras y administrativas en su ministerio.
Provoste fue suspendida del cargo y no podrá ocupar cargo oficial o de elección durante cuatro años.
El tema de la alerta de maremoto ha sido uno de los mayores cuestionamientos que hubo en el manejo de la crisis del terremoto.
El error le costó el cargo al director del SHOA, capitán de navío Mariano Rojas, quien también fue separado de la Armada, y a la directora de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), Carmen Fernández.
La semana pasada la Armada emitió un informe sobre el desempeño del SHOA durante el sismo y la coordinación con la Noemi.
El informe indicó que la intensidad del sismo afectó a los sistemas de enlaces de comunicaciones nacionales, imprescindibles para ejecutar los respectivos planes.
También habría afectado los instrumentos del SHOA para la obtención de los datos necesarios en el área siniestrada, imprescindibles para adoptar las medidas preventivas para alertar a los organismos encargados de la alerta pública y de los consiguientes planes de evacuación.
Además, estableció que el país no cuenta con un organismo nacional, concentrado en un mismo lugar, que permita trabajar más coordinadamente en caso de emergencia y minimizar los tiempos de coordinación y respuesta.
La Armada concluyó que el SHOA, contando con una estructura y personal calificados ante semejantes desgracias, dio la alerta de maremoto 17 minutos después del sismo, de manera acertada y en oportunidad adecuada para los estándares de semejante emergencia.
Sin embargo, una hora después canceló la alerta en forma anticipada, sin evaluar adecuadamente la información del "momento sísmico", que evidenciaba la potencialidad de un maremoto; ni la información entregada por el servicio especializado de Estados Unidos sobre tal probabilidad.
Tampoco hizo una evaluación del reporte del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, en la que se decía que se estaba en presencia de un maremoto.
En la "zona de sacrificio" la costa entre San Antonio y Talcahuano, por los daños del terremoto, no se pudo avisar sobre un maremoto a la población, cuya salvación depende de su educación o de estar preparada para escapar a los cerros.
En todo caso, según el informe, "la capacidad de respuesta y de alerta se vio condicionada por la interrupción de los enlaces de comunicaciones a nivel nacional y por la destrucción de los instrumentos de medición".
Por ello, la Armada adoptó medidas para perfeccionar el control técnico y administrativo, así como sus respaldos en comunicaciones, y traspasó la dependencia del SHOA a la Dirección del Territorio Marítimo.
Por su parte, la justicia civil comenzó a recibir querellas de familiares de personas que murieron por no haber sido alertadas del tsunami que destruyó el puerto de Talcahuano, incluyendo una base de la Armada, así como la ciudad de Constitución y otras localidades costeras.
"Nuestro grupo busca presionar para que en el Congreso Nacional se presente una acusación constitucional contra el comandante en jefe de la Armada, por haber intentado ocultar la negligencia del Servicio Hidráulico y Oceánico (SHOA) al no dar la alerta de tsunami", dijo el concejal Luis Mariano, según publicó hoy el diario La Nación.
Al informar que no habría un maremoto, el SHOA provocó la muerte de un alto número de personas en las zonas costeras del centro-sur del Chile, que resultaron afectados por el impacto de las olas.
Rendón, concejal por el municipio capitalino de Ñuñoa, manifestó que esperaba conseguir el apoyo de 10 parlamentarios para que se adhirieran a la causa, "porque los argumentos son irrebatibles. Nunca hubo alarma de tsunami".
De ser acogida la acusación constitucional, la Cámara de Diputados deberá nombrar una comisión investigadora, la que podrá proponer o no la destitución del comandante en jefe de la Armada, y será el Senado el que tomará la decisión final.
La última acusación constitucional en Chile se produjo en el 2008 cuando fue interpelada la ministra de Educación, Yasna Provoste, por irregularidades financieras y administrativas en su ministerio.
Provoste fue suspendida del cargo y no podrá ocupar cargo oficial o de elección durante cuatro años.
El tema de la alerta de maremoto ha sido uno de los mayores cuestionamientos que hubo en el manejo de la crisis del terremoto.
El error le costó el cargo al director del SHOA, capitán de navío Mariano Rojas, quien también fue separado de la Armada, y a la directora de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), Carmen Fernández.
La semana pasada la Armada emitió un informe sobre el desempeño del SHOA durante el sismo y la coordinación con la Noemi.
El informe indicó que la intensidad del sismo afectó a los sistemas de enlaces de comunicaciones nacionales, imprescindibles para ejecutar los respectivos planes.
También habría afectado los instrumentos del SHOA para la obtención de los datos necesarios en el área siniestrada, imprescindibles para adoptar las medidas preventivas para alertar a los organismos encargados de la alerta pública y de los consiguientes planes de evacuación.
Además, estableció que el país no cuenta con un organismo nacional, concentrado en un mismo lugar, que permita trabajar más coordinadamente en caso de emergencia y minimizar los tiempos de coordinación y respuesta.
La Armada concluyó que el SHOA, contando con una estructura y personal calificados ante semejantes desgracias, dio la alerta de maremoto 17 minutos después del sismo, de manera acertada y en oportunidad adecuada para los estándares de semejante emergencia.
Sin embargo, una hora después canceló la alerta en forma anticipada, sin evaluar adecuadamente la información del "momento sísmico", que evidenciaba la potencialidad de un maremoto; ni la información entregada por el servicio especializado de Estados Unidos sobre tal probabilidad.
Tampoco hizo una evaluación del reporte del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, en la que se decía que se estaba en presencia de un maremoto.
En la "zona de sacrificio" la costa entre San Antonio y Talcahuano, por los daños del terremoto, no se pudo avisar sobre un maremoto a la población, cuya salvación depende de su educación o de estar preparada para escapar a los cerros.
En todo caso, según el informe, "la capacidad de respuesta y de alerta se vio condicionada por la interrupción de los enlaces de comunicaciones a nivel nacional y por la destrucción de los instrumentos de medición".
Por ello, la Armada adoptó medidas para perfeccionar el control técnico y administrativo, así como sus respaldos en comunicaciones, y traspasó la dependencia del SHOA a la Dirección del Territorio Marítimo.
Por su parte, la justicia civil comenzó a recibir querellas de familiares de personas que murieron por no haber sido alertadas del tsunami que destruyó el puerto de Talcahuano, incluyendo una base de la Armada, así como la ciudad de Constitución y otras localidades costeras.
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