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Cuando Piñera sí quería a Fidel

Los secretos de la cita del abanderado RN con Fidel Castro

Por Ana Verónica Peña / La Nación

El entonces senador estuvo en Cuba en 1995 y se reunió también el vicepresidente Carlos Lage y el jefe del Poder Legislativo, pero no visitó al cardenal y menos se reunió con la disidencia. Tampoco dijo una sola palabra para pedir mayores libertades en la isla, cuestión que él le exigió esta semana a la Presidenta Bachelet y a los empresarios que la acompañaron a La Habana.

Chile y los DDHH en Cuba Pese a que el gobierno cubano pidió oficialmente al chileno que al menos se abstuviera en la votación sobre la condena a Cuba por violaciones de los derechos humanos, en 1995 Chile fue uno de los países que votó a favor del informe de las Naciones Unidas que permitió el nombramiento de un relator especial para esos hechos. Durante el mismo año, también realizó variadas gestiones a favor de algunos afectados, como la destacada doctora Hilda Molina Morejón, quien fuera directora del Centro Internacional de Restauración Neurológica y diputada del Parlamento cubano. La doctora Molina fue la que atendió al hijo de Andrés Allamand en Cuba, tras el trágico accidente sufrido en la piscina de su domicilio. A mediados de ese año, Molina pidió ayuda para conseguir permiso para abandonar la isla en compañía de su madre y radicarse en Buenos Aires, donde residía su hijo. La embajada chilena intercedió a su favor. También lo hizo en el caso de la disidente María Vidaurreta Lima, que logró autorización para radicarse en Chile tras la intervención de la senadora Carmen Frei y el diputado Eugenio Ortega, ambos DC, que visitaron Cuba a fines de 1994, y de las gestiones realizadas a través de la embajada por el entonces presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Jaime Castillo Velasco. En octubre de 1995, el embajador Patricio Pozo se entrevistó con el canciller (S) cubano, Fernando Remírez, y expresó la preocupación del Gobierno chileno por “un grupo de presos políticos cubanos que mantenían una prolongada huelga de hambre”. La autoridad reaccionó molesta y negó la existencia de ese tipo de detenidos, pero dijo que no dudaba de la buena fe del Gobierno chileno y se comprometió a ver si podía hacer algo. En diciembre de 1995, la representación diplomática chilena en Cuba informaba del éxito de las gestiones para conseguir la autorización la salida del doctor Carlos Hernández Rodríguez, quien podría finalmente reunirse en Chile con sus familiares. El entonces senador socialdemócrata Mario Papi fue otro de los parlamentarios chilenos que visitaron La Habana en 1995. “La situación me impresionó enormemente, era un régimen muy opresivo que establecía un control policial excesivo”, cuenta a LND. Papi asegura que le hizo ver su impresión a Fidel Castro. Todos estos hechos ocurrieron el mismo año en que Piñera visitó la isla con fines turísticos y de negocios.

 

"En honor a la verdad, Chile debió reestablecer relaciones con La Habana a comienzos del Gobierno del Presidente Patricio Aylwin". Eso fue lo que Sebastián Piñera dijo a la prensa chilena el 11 de abril de 1995, sólo cuatro días después que nuestro país restableciera plenas relaciones con Cuba y en medio de fuertes críticas de la oposición. En la derecha, sólo el senador Piñera y el diputado Andrés Allamand quien era el presidente de RN apoyaron entonces la decisión del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Y se enfrentaron incluso a uno de sus más estrechos amigos, el entonces primer vicepresidente del partido Alberto Espina, quien argumentaba que no procedía establecer estos vínculos porque "Cuba tiene uno de los regímenes más brutales que ha tenido la historia moderna en los últimos 25 años". Piñera le replicó que efectivamente en la década de los sesenta y setenta, Cuba intentó exportar su revolución, "pero hoy no está en condiciones de hacerlo". Agregaba que "los tiempos han cambiado" y que se debían superar "las concepciones y prejuicios de los tiempos de la guerra fría, para vivir en un mundo pacífico pese a las diferencias ideológicas".

Gran contraste con lo que señaló con ocasión del reciente viaje de la Presidenta Michelle y su comitiva a la isla: "Todos saben que en Cuba, de hace ya más de medio siglo, se violan brutalmente los derechos humanos, se restringen abusivamente las libertades y se desprecia totalmente la democracia". En virtud de este actualizado diagnóstico, el candidato a la presidencia de la Alianza llamó al grupo de empresarios que acompañaba a Bachelet a levantar la voz "en defensa de las libertades, de la democracia y del respeto por los derechos humanos". Si bien los empresarios "han dicho que van a La Habana por razones estrictamente comerciales agregaba Piñera , yo siento que si ellos acompañan a la Presidenta de Chile deben levantar su voz".

En 1995, Piñera no sólo defendía en palabras al régimen castrista. Dos semanas después de restablecidas a plenitud las relaciones diplomáticas entre ambos países, el empresario llegó al aeropuerto de La Habana en compañía de su amigo y colega parlamentario Ignacio Pérez Walker. Los entonces senadores de RN no fueron en visita oficial, sino privada, pero Piñera se las arregló para reunirse con Fidel Castro; con el vicepresidente de la República, Carlos Lage; y con Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Popular, el órgano unicameral encargado de legislar en ese país, además de otras autoridades oficiales. No pidió cita con el cardenal Jaime Ortega, nombrado en diciembre de 1994 en el cargo y que convirtió de inmediato en un referente de la defensa de los derechos humanos en la isla, ni con ningún disidente a Fidel Castro.

Antes de que ambos regresaran al país, el entonces embajador de Chile en Cuba, Patricio Pozo Ruiz, ofreció una cena en su residencia en honor a los senadores de RN en la que estos le expresaron "su satisfacción por los contactos políticos sostenidos con altas autoridades cubanas", según se lee en el documento que el diplomático envió a la Cancillería chilena informando de los hechos relevantes para Chile ocurridos ese mes en la isla.

Consultado por LND respecto a este episodio, Pozo, actual director de Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores, dice no recordar el hecho: "Creo que estuvo de turismo, me acuerdo que pasó", dice. Al escuchar los párrafos de su informe (Ver recuadro) parte del archivo histórico de la Cancillería, al que cualquier ciudadano debidamente identificado puede acceder en una cómoda e iluminada oficina destinada a "investigadores" Pozo se admira "del acceso a documentación reservada de la embajada" y refresca su memoria. "Era una visita privada, no iban solamente ellos, iban con sus familiares, con un grupo grande de gente, una hermana de Sebastián Piñera y otras personas. No fue una misión política, en absoluto".

Pozo asegura que la presencia de aquella comitiva en su casa en La Habana se debió sólo a relaciones de amistad. "Sebastián Piñera fue a mi casa y le hicimos una comida, por razones de amistad y familiares; los conozco desde hace muchos años porque fui secretario de su padre, don José Piñera. Además mi señora es prima del embajador Pérez Walker. No fue un tema oficial, fueron de paseo a La Habana, era un grupo grande de 15 a 20 personas", señala. "Me pidieron gestiones para concederle audiencias, pasaron muchos parlamentarios y muchos pedían audiencias, la embajada las solicitaba, cuando eran oficiales yo los acompañaba evidentemente, pero cuando no eran oficiales, como en este caso, no", aclara, para explicar por qué no conoce los temas que se trataron en dichos encuentros.

Pozo tampoco recuerda los problemas que tenía Ladeco en ese entonces en Cuba. "No recuerdo que ya haya habido un problema con Ladeco, puede haberlo habido y yo no lo recuerdo, porque esa misión en La Habana fue muy activa, pero ese detalle no lo recuerdo", dice, y agrega que tampoco recuerda "que haya estado en conversaciones con Piñera por ese motivo".

Alto vuelo

Según la Memoria de LanChile de 1995, el ahora candidato presidencial de la derecha era el principal accionista de la línea aérea, a través de su empresa Bancard S.A., que poseía el 29,72% de las acciones. La compañía había completado su privatización el año anterior y, aunque no tenía derecho de tráfico hacia o desde la isla, sí poseía el 57,47% de la propiedad de Ladeco, línea aérea que enfrentó ese año duras restricciones en sus operaciones en Cuba.

Nutrida documentación del archivo histórico de la Cancillería chilena da cuenta de que la compañía había pedido al Gobierno chileno, y éste a la Embajada de Chile en Cuba, que intercediera ante el gobierno local no sólo para anular las restricciones de las que estaban siendo objeto, sino también para gestionar nuevos derechos de vuelo. Así se consigna, por ejemplo, en un telex enviado desde la Cancillería a la embajada en que se lee que las "operaciones Ladeco a Cuba han permitido un acercamiento entre ambos países, motivo por el cual no se entiende la razón que llevó a la autoridad aeronáutica de ese país para afectar tan seriamente la citada operación, la cual con seguridad deberá ser retirada".

La información oficial que iba y venía entre la representación diplomática de La Habana y Santiago ese año deja en evidencia que el tema requirió de gestiones a todo nivel. En la práctica, el problema de Ladeco era la limitación de hasta 15 pasajeros a la semana en varias rutas entre capitales latinoamericanas y La Habana. Los trámites oficiales dieron sus frutos. En septiembre de 1995 el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) otorgó derechos a Ladeco con cupos para 30 asientos a la semana para las rutas cuestionadas. Pero la empresa no quedó conforme e insistió. En diciembre de 1995 se concretó, por primera vez en 24 años, una reunión de las máximas autoridades aeronáuticas de ambos países. Allí se acordó que Ladeco mantendría "abiertos los tráficos de tercera y cuarta libertades sin limitaciones de capacidad" y dispondría de "plenos derechos de quinta libertad". Además se le autorizarían los vuelos de fletes y charter, de pasajeros o carga, "cuando la demanda y las condiciones de mercado lo justifiquen".

"Cabe señalar que la autoridad aeronáutica cubana expresó en varias oportunidades que ningún país de la región gozaba de derechos tan amplios como los otorgados a Chile en esta reunión", concluye el Télex Nº 128 transmitido entre la Embajada de Chile en Cuba y la respectiva dirección de la Cancillería chilena.

Segundo viaje

La documentación de Cancillería no da cuenta de un segundo viaje de Piñera a Cuba ese año. Pero la revista "Qué Pasa" le atribuye otra visita a la isla, en septiembre de 1995 y acompañado por su socio comercial Felipe Cueto. Según la edición del 9 de marzo de 1996, en una nota que se acompaña con la fotografía que ilustra la portada y este reportaje, ambas personalidades "viajaron a Cuba en misión empresarial" y "aunque nuevamente se reunieron con Fidel Castro, el periplo incluyó también varias visitas a terreno, y reuniones con los ministros de Economía, la Inversión Extranjera y de Turismo, además de los representantes de las empresas públicas de turismo, como Gran Caribe y Cubanacán".

El semanario informa que Piñera y Cueto evaluaban una fórmula para construir dos hoteles en unos cayos vírgenes de propiedad estatal, con una inversión de entre 20 y 25 millones de dólares.

Consultados por LND, funcionarios de la Embajada de Cuba en Chile confirman la presencia de Piñera en la isla y su interés en ver posibilidades de negocios en el sector hotelero local. Dicen que esas gestiones coincidieron en el tiempo con las realizadas por grupos españoles y canadienses, hoy los principales inversores extranjeros en el turismo cubano. Pero, hasta donde saben, las gestiones de Piñera quedaron en nada.

Los mismos funcionarios dicen que no registran gestiones del entonces senador en materia de derechos humanos y afirman que "ningún empresario de la derecha chilena ha condicionado jamás sus inversiones en la isla a algunas consideraciones de este tipo, como sí lo han hecho otros, especialmente de la Unión Europea y de China".

Que Piñera se interesara en negocios en la isla en 1995 no es casualidad. Ese fue un año especialmente atractivo para los inversionistas que miraban hacia Cuba. En medio de los catastróficos efectos económicos de la caída del Muro de Berlín en 1989, la desaparición del bloque soviético y la intensificación del bloqueo norteamericano, el máximo responsable de la economía isleña, el vicepresidente Carlos Lage, optó por abrir las puertas a los capitales extranjeros en el sector turismo.

El turismo en Cuba era un mercado muy atractivo. En 1993 recibió 550 mil turistas que dejaron en la isla divisas por 700 millones de dólares; en 1994, el flujo había aumentado en más de un 20%. Todo un logro, considerando que ese mercado había comenzado a ser explotado recién en 1990.

¿Piñera fue sólo de vacaciones? ¿Sus reuniones con las más altas autoridades políticas, económicas y legislativas de la isla sirvieron para solucionar los problemas que sufría Ladeco? ¿O andaba estudiando el mercado local en miras a nuevas inversiones turísticas? ¿Por qué no realizó gestiones en ayuda de las libertades individuales en la isla o a favor de los presos de conciencia? Sólo él lo sabe. //LND

 

La documentación de la Cancillería no da cuenta de un segundo viaje de Piñera a Cuba ese año. Pero la revista "Qué Pasa" le atribuye otra visita a la isla, en septiembre de 1995, junto a su socio comercial.

 

 

El “efecto Podlech” hace de Chile, Argentina y Uruguay una gran prisión de “extraditables”

Ernesto Carmona (Especial para Argenpress.info)

Un tribunal italiano negó de nuevo el 6 de febrero la libertad solicitada por la defensa del ex fiscal militar de la provincia de Cautín, llamado “El Pinochet chico de Temuco”, ciudad que está 700 km al sur de Santiago. El abogado Podlech vivía en Chile en impunidad e incluso era una autoridad local por ser miembro del Tribunal Calificador de Elecciones de Temuco, el sistema del Estado que garantiza las elecciones democráticas. Llevaba una vida “normal”, como una “persona respetable”, pero rehusó pasar sus vacaciones en algún lugar de Chile, sino que eligió ir a Europa, sin saber que ya estaba encargado, el mismo error que cometió Augusto Pinochet cuando se fue de paseo a Londres en 1998.

Quienes cometieron asesinatos o desapariciones en Chile y otros países de Sur América no podrán seguir desplazándose a su antojo por el mundo porque les podría guardar el mismo destino que al ex fiscal militar chileno Alfonso Podlech Michaud, detenido el 27 de julio 2008 en el aeropuerto madrileño de Barajas, mientras disfrutaba vacaciones en Europa. En vez de alojarse en un hotel de lujo, Podlech fue extraditado a Italia el 13 de agosto 2007 y ahora está tras las rejas, procesado por el fiscal Giancarlo Capaldo por homicidio y secuestro como responsable de la desaparición del ex sacerdote ítalo-chileno Omar Venturelli Leonelli, visto por última vez en Temuco en octubre de 1973.

Ése transmitió desde Roma medio ciento de activistas chilenos de derechos humanos provenientes de su país y de naciones en que residen –Italia, España, Suiza, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica y Canadá–, tras participar el 7 de febrero en el encuentro “Juicio y Castigo a Podlech”, convocado en la capital italiana por Jeremías Levinao, Ruth Kries y Fresia Cea, familiares de asesinados o desaparecidos por la dictadura en el sur de Chile en 1973, informó el periodista Marcelo Henríquez Kries, hijo de otra víctima de Podlech, el médico Hernán Henríquez Aravena, cuya esposa –Ruth Kríes1– lo vio por última vez cuando se lo llevaron por segunda vez del hogar, el 24 de septiembre de 1973.

Podlech cayó preso en España porque su nombre apareció entre 140 órdenes de arresto y extradición emitidas por la justicia de Italia en 2007, por la desaparición en Sur América de 25 ciudadanos de origen italiano. La justicia que jamás se impartió en Chile respecto a este sujeto actuó esta vez en España e Italia. Las 140 órdenes configuran una suerte de lista de criminales de la “Operación Cóndor” impunes de Chile, Argentina y Uruguay, parecida a la nómina de 39 “extraditables” chilenos que por decisión del juez español Baltasar Garzón no pueden abandonar el país desde hace 10 años por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. Podlech ha sido el único apresado entre los 140 de la lista, debido a la escasa cooperación de los países sudamericanos con los tribunales italianos.

Casos de ítalo-descendientes

El fiscal Capaldo investiga también otras desapariciones y muertes de italianos en los años 70 y 80 en Sur América. Entre otros casos, instruye juicios por la desaparición en Chile de Juan Bosco Maino Canales, Juan José Montiglio Murúa y Jaime Patricio Donato Avendaño. Y concluyó otros procesos contra militares argentinos condenados en rebeldía por no presentarse.

El fiscal comenzó a indagar las desapariciones de ítalo-descendientes a fines de los años 90, cuando los nuevos gobiernos de los países que habían sufrido dictaduras impusieron leyes de amnistía, obediencia debida y punto final. Desde 1999 conoció los casos de los ítalo-uruguayos Daniel Banfi, asesinado en 1974; Bernardo Arnone, Gerardo Gatti y Juan Pablo Recagno, desaparecidos en 1976; y Andrés Bellizzi, desaparecido en 1977. Capaldo viajó a Argentina y Uruguay en 2002, pero no obtuvo apoyo de los gobiernos.

El ex comandante en jefe de la marina argentina Emilio Massera también está en la mira del Fiscal, pero lo protege una pretendida mala salud mental similar a "demencia subcortical" de Pinochet. Sometido a nuevas pericias por el médico italiano Piero Rocchini, el ex almirante fue declarado “plenamente en condiciones de ser sometido a juicio”, según el diario Página/12 del 3 de febrero. El Cuerpo Médico Forense argentino sostiene que el dictador es insano e inimputable. Los procesos en su contra se suspendieron en Argentina en 2005, después que una junta médica dictaminó “involución mental” por efecto de un derrame cerebral en diciembre de 2002. La jueza María Servini de Cubría lo declaró “insano” y la Corte Suprema avaló que es “incapaz” de enfrentar un proceso penal.

Los tribunales italianos esperan también la extradición del ex militar uruguayo Antranig Ohannessian, detenido en marzo 2008 en el aeropuerto de Buenos Aires, acusado del secuestro y asesinato de cuatro ciudadanos italianos, pero el fiscal Capaldo explicó que aún no ha recibido respuesta de las autoridades argentinas.

Encuentro chileno en Roma

La justicia italiana rechazó en dos ocasiones la excarcelación de Podlech, quien permanece en la prisión romana de Rebbibia. Durante una reunión con los familiares de las víctimas, el abogado querellante Giancarlo Maniga, explicó que si Podlech apela para obstruir de nuevo el juicio que debió comenzar en enero, estaría prolongando un proceso judicial que en Italia puede tener larga duración.

Maniga explicó que el homicidio agravado es un delito que en Italia no prescribe y amerita cadena perpetua. Jurídicamente, Podlech está en "custodia cautelar" por un delito grave que requiere una condena definitiva. Tiene aún posibilidad de apelar ante el tribunal superior de Casazione, pero si su custodia es confirmada su caso sería separado de los 140 indagados de la Operación Cóndor y sometido de inmediato a juicio, explicó Maniga. Los familiares aplaudieron al jurista y expresaron su satisfacción, relató el periodista Henríquez.

La defensa de Podlech puede pedir un "juicio abreviado", sobre la base de los documentos ya presentados en el caso, bloqueando la llegada de más pruebas. También sus abogados podrían inventar una enfermedad grave para liberarlo, solicitando arresto domiciliario o en un hospital, pero tiene que someterse al juicio, sea abreviado o no.

Cuando le preguntaron al abogado Maniga ¿cómo apoyar el proceso? respondió que dándolo a conocer a la opinión pública y presentando nuevos testimonios ante el fiscal. Desde que se cerró el sumario con los testimonios del caso de Venturelli el 9 de febrero, en adelante la justicia puede abrir un nuevo cuaderno con testimonios sobre otros asesinatos de la Araucanía sometida a la jurisdicción de Podlech.

“Nosotros ya no somos víctimas y no tenemos miedo”, dijo Ricardo Parvex, de la Asociación de ex Presos Políticos en Francia, al sintetizar el sentimiento del grupo. “Ahora son ellos quienes tienen miedo de enfrentarse a su pasado a la hora de rendir cuentas ante la justicia. Por eso han perdido las ganas de salir de vacaciones al exterior. En vez de un confortable hotel cinco estrellas, les podría estar aguardando una solitaria celda en alguna cárcel. Chile mismo es ahora una gran prisión para varias decenas de criminales, cuyas responsabilidades están siendo investigadas por la justicia en Francia, España e Italia”, añadió.

El juicio a Podlech fue sólo uno de los objetivos del encuentro de familiares en Roma, aunque tal vez el más urgente, dijo Henríquez. Los fallos definitivos dictados en los últimos tres años por la Corte Suprema de Chile han garantizado la impunidad al rebajar sustancialmente las condenas de primera y segunda instancia a criminales, como ocurrió el 4 de febrero en el caso del dirigente del MIR Jécar Antonio Neghme Cristi, asesinado en Santiago el 4 de septiembre de 1989, la misma noche en que se proclamó la candidatura presidencial de Patricio Aylwin. El máximo tribunal chileno rebajó por unanimidad las condenas de sus asesinos otorgándoles libertad inmediata.

Los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Carlos Künsemüller y los abogados integrantes Juan Carlos Cárcamo y Oscar Herrera condenaron a 5 años de "libertad vigilada" al brigadier Enrique Leddy Araneda y a "penas remitidas" de 3 años al coronel Pedro Javier Guzmán Olivares y al capitán Luis Arturo Sanhueza Ross; a la misma "pena", pero por 2 años, al coronel Jaime Eduardo Norambuena Aguilar y al capitán Silvio Corsini Escárate, y por 541días al mayor Manuel Allende Tello, en tanto el general Gustavo Abarzúa Rivadeneira quedó exento de condena. (Los “supremos” Segura y Ballesteros fueron designados por el gobierno del socialista Ricardo Lagos y suelen dejar en libertad a los asesinos invocando como “atenuante” su pertenencia a las Fuerzas Armadas).

El caso Neghme y otros

También concurrió al encuentro de Roma la abogada de derechos humanos Farah Neghme Cristi, hermana de Jécar e hija de Jécar Neghme Cornejo, dirigente socialista de la salud asesinado el 26 de octubre de 1973 por militares del regimiento Tucapel de Temuco. La abogada “hibernó” un juicio que tiene en Chile contra Podlech, a quien responsabiliza de la muerte de su padre, para impedir que esta causa sea invocada por los abogados italianos del ex fiscal militar como pretexto para enviarlo a Chile, donde tendría garantizada la impunidad. La desaparición de Neghme ocurrió simultáneamente con la del Dr. Hernán Henríquez y Alejandro Flores. También viajaron a prestar testimonio desde Temuco Víctor Gavilán y Germán Carrasco. Tampoco se ha hecho justicia en las desapariciones de Arturo Hillens y Jaime Eltit Spidman, abogado de Tucapel, donde también ejercía su poder Podlech.

Los familiares de las víctimas también cuestionan la política de derechos humanos de la Concertación por la Democracia. Estiman que en 19 años de gobierno, esa coalición ha fortalecido la impunidad en Chile. “Ni siquiera tuvo voluntad política de eliminar los beneficios que otorga la Ley de Amnistía a los criminales de la dictadura cuando tuvo mayoría en ambas cámaras del parlamento, al comienzo del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet”, dijo Henríquez. “Debemos luchar contra el esfuerzo sistemático de las autoridades para que nos olvidemos y por tanto no se haga nada para juzgar a los culpables”, dijo José Venturelli, hijo del ex sacerdote italiano.

Las familias de las víctimas de Podlech que residen en el exterior desean revertir la entristecedora realidad respecto a sus seres queridos, pues sienten que también tienen un puesto de trabajo en esa tarea. Fresia Cea, viuda del desaparecido ex sacerdote Venturelli, apeló a la memoria afectiva de los familiares, amigos y compañeros políticos de las víctimas, exhortándoles a que aporten sus testimonios y contribuyan así al avance de los juicios, informó Henríquez.

En la llamada región de la Araucanía todavía existe colusión entre la oligarquía y los uniformados locales. Ésta fue una de las zonas del país que más sufrió la represión militarizada sistémica que impuso la dictadura, un hecho que suele pasar desapercibido en Chile. El concubinato regional oligárquico-castrense actuó violentamente contra las organizaciones mapuches y campesinas que fueron beneficiadas por la reforma agraria del gobierno de Salvador Allende, que devolvió a sus comunidades miles de hectáreas que habían sido usurpadas durante décadas por los latifundistas de la región. “En ese contexto de venganza apareció el abogado Podlech para ofrecer sus servicios a los militares y coordinar las acciones de la Fiscalía Militar de Cautín y revestir de carácter "legal" la política de exterminio de dirigentes sociales y políticos del movimiento popular regional”, explicó Henríquez.

Acciones llamativas por la “visibilidad”

Roberto Vásquez, chileno residente en el Reino Unido y participante del proyecto www.MemoriaViva.com, que recopila testimonios sobre la dictadura, destacó la importancia de ganarse a la opinión pública, tal como ocurrió cuando Pinochet estuvo preso en Londres, dijo Henríquez. “Vásquez está convencido de que al dictador lo habrían dejado marchar a las poca semanas si no hubiesen existido los piquetes frente al palacio de justicia y todas las demás acciones que se idearon en aquellos históricos días”, añadió. “Del mismo modo que hace 10 años lo que cambió la balanza y permitió mantener detenido al genocida durante 531 días fueron las manifestaciones de exiliados chilenos en la capital inglesa, que se extendieron a todo el Reino Unido y al resto de Europa, así también hoy es necesario mantener despierta la memoria sobre los crímenes que recaen sobre el ex fiscal Alfonso Podlech Michaud”.

Los participantes del encuentro se proponen realizar más actividades contra la desmemoria, como una reciente acción en la plaza San Pedro del Vaticano, en que chilenos exhibieron fotos del represor Podlech mostrando carteles con reclamos de justicia en italiano. Aunque la demostración terminó a los pocos minutos con la intervención de la policía italiana y la detención de los manifestantes, la iniciativa tuvo una importante cobertura mediática, relató Henríquez. Un testigo de esta acción relató que "los policías italianos tardaron como 10 minutos en tomar acción..., no inmediatamente..., lo que es mucho tiempo para San Pedro. Lo que queríamos era dar a conocer que Alfonso Podlech está preso en Roma por matar a un ex sacerdote llamado Omar Venturelli".

Para la familia Henríquez-Kries, estas iniciativas demuestran que los crímenes de la dictadura siguen concitando la atención de la prensa europea, en particular en Italia y contribuyen a remover las conciencias de la gente. Ante la masiva concurrencia que acató la convocatoria del encuentro en Roma, Ruth Kries, la viuda del Dr. Henríquez Aravena, destacó que los participantes se comprometieron a iniciar acciones en sus países de residencia y coordinar la lucha contra la impunidad con las agrupaciones de derechos humanos en Chile. El abogado Maniga representaría legalmente a Ruth Kries para intentar otro proceso contra Podlech, esta vez por el asesinato de su marido, el Dr. Henríquez, desaparecido igual que Venturelli y considerado delito de homicidio con secuestro en virtud del tiempo transcurrido.

Foto: El ex fiscal militar chileno Alfredo Podlech preso en Roma. / Autor: CANAL 13 - Chile

In memoriam

Antonio Cortés Terzi residió en Buenos Aires en los año '80. Fue un gran militante del entonces PS - Almeyda. Como tal, fue uno de los fundadores de la alianza "Concertación de Partidos por la Democracia" en Argentina, que le generó un conflicto con otros partidos y sectores de la Izquierda Chilena en este país.

Su actividad política la desarrolló además de su partido, en la Casa Chile en Buenos Aires, en los Chile Democrático y en los organismos argentinos de solidaridad con Chile, como CASCHI.  

Junto a Rolando Calderón (PS - Almeyda), Pablo Ossio (DC) y otros; ANTONIO CORTES fue uno de los gestores de las inscripciones en los registros electorales en Chile de compatriotas exiliados y residentes en Argentina, y su posterior participación masiva en el Plebiscito del 5 de octubre de 1988. Este operativo político ciudadano fue organizado por ellos principalmente, con la solidaridad de los organismos de solidaridad con Chile, partidos políticos argentinos y el Gobierno de Raúl Alfonsin.

Ese pequeño grupo de compatriotas - en representación de miles de exiliados y residentes - creó las confianzas políticas, sólo con argumentos y paciencia, golpeando puertas de salones del Congreso de la Nación y oficinas de la Casa Rosada, que abrieron la generosidad de los demócratas argentinos, y permitió que dos veces a la semana, salieran desde Buenos Aires, trenes a Mendoza con chilenas y chilenos, para desde allí continuar en micros, su destino a distritos en Chile donde inscribirse en los nacientes registros electorales.

El '88 era un año donde aún había que cuidarse de los organismos represivos de la Dictadura, cuyos agentes operaban en la mayoría de ciudades en Argentina con población chilena. Esta operación, Inscripción Electoral, fue organizada impecablemente por este Comando, integrado por ANTONIO CORTES, desde Jujuy, Salta, San Juan, Mendoza, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Neuquén, Viedma, Bariloche, Trelew, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, etcétera. Es decir, de todos aquellos lugares donde existían organizados los Chile Democrático y CASCHI.

La segunda etapa, de viajar a votar por el NO a Chile, en el Plebiscito del 5 de octubre de 1988, desde todos aquellos lugares en Argentina donde residían los recién inscritos ciudadanos chilenos, fue también desarrollada impecablemente y sin costos para los votantes. Los aportes provenieron de la solidaridad argentina, como también un decreto presidencial, de cinco días de permiso, para que los chilenos cumplieran su deber ciudadano de sufragar.

Desde entonces, existen en Argentina más de 50.000 electores chilenos que votaron en ese Plebiscito y que cuentan con ese Poder Ciudadano. ANTONIO CORTES TERZI fue uno de sus más importantes gestores.

Carlos Méndez Contreras

PRETENDEN REPARTIRSE CODELCO ENTRE LA ALIANZA Y LA CONCERTACION

Por José Cademartori

La noticia la publicó El Mercurio. Los diputados de la Alianza y de la Concertación que integran la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados aprobaron un proyecto de ley propuesto por los Ministros de Hacienda y de Minería, para efectuar un cambio sustancial en el directorio de Codelco. Se trata de eliminar a uno de los dos directores que hasta ahora representaba a los trabajadores del rol "supervisores" y reemplazarlo por cuatro nuevos directores que serían designados por el Consejo de la Alta Dirección Pública.

 

El número de 4 directores y no de 2, como era el proyecto original, tiene el propósito de permitir un "reparto equitativo": dos serían escogidos de entre los afines a la Concertación y los otros dos, se lo distribuirían entre los socios de la derecha, uno para Renovación Nacional y el otro para la UDI. Así lo expresa directamente El Mercurio, con base a lo expresado por los diputados Leal, de la Concertación y Huidobro de la Derecha.

 

De esta manera se revela que la llamada "política de los consensos" que ha sido tan nefasta para el país y consistente en el reparto partidista cada vez más descarado de los altos cargos de la administración pública, como también de los recursos del estado, continua plenamente vigente. En este caso concreto, se trata desvergonzadamente de un cuoteo partidista, igual que todos estos años han practicado la Derecha y la Concertación a la hora de que el Senado designe a los miembros de la Corte Suprema, a los consejeros del Banco Central, a los directores de la Televisión Nacional y de otros organismos del estado. La creación del llamado Consejo de la Alta Dirección Pública, fue producto del "consenso" entre Lagos y Longueira, como precio exigido por la derecha para no acusar constitucionalmente a Lagos por el escándalo de los sobresueldos secretos que se entregaban a los ministros.

 

Al público se le dijo que este Consejo de Alta Dirección era para "modernizar" al estado, con la incorporación de profesionales de alto nivel e independientes de todo vínculo político. La verdad es que al Consejo, y de allí a los directorios de las empresas públicas que están bajo su tuición, ya se han incorporado asesores de los partidos de la Alianza, permitiéndoles a éstos influir decisivamente en las decisiones que se adoptan y que favorecen a las empresas o a los funcionarios adictos a esos partidos. Es así por ejemplo que dos conocidos asesores de los partidos de derecha, como son Rossana Costa de la UDI y Harold Bayer de Renovación Nacional, entre otros, son miembros de este Consejo.

 

Lo grave del caso que analizamos es que de aprobarse este proyecto en la Cámara de Diputados en Marzo próximo como se ha anunciado, se estaría dando una maniobra artera en dirección a la privatización de Codelco, ya que los entreguistas que existen en el gobierno y el propio Codelco, como lo es el propio Ministro Velasco tendrían el apoyo de cuatro directores de derecha, la que permanentemente como Piñera, siempre han intentado liquidar Codelco y convertirlo en otro negocio privado para adueñarse de sus cuantiosos recursos.

 

La nación chilena que es la dueña indiscutible de todas nuestras riquezas del subsuelo no puede aceptar este proyecto. Está más garantizada con una administración en la que estén representados obreros, empleados técnicos y profesionales que laboran, a veces día y noche, y que son quienes conocen mejor lo que es la minería del cobre que tanta importancia tiene para Chile. Con razón, Julián Alcayaga y demás miembros del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre han llamado a oponerse a este proyecto.

José Cademartori es economista. Ex Ministro de Economía del Gobierno de Salvador Allende. Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.

Santiago de Chile, 9 de febrero 2009
Crónica Digital        

Chilenos fueron detenidos en el Vaticano por caso Podlech

Por Agencia EFE / Jorge Escalante

El grupo lo integraban la sobrina del ex Presidente Allende, Inés Bussi, y Fresia Cea, esposa del ex sacerdote italo-chileno desaparecido Omar Venturelli, por el que el ex colaborador de Pinochet está siendo enjuiciado en Italia.

En la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, fue arrestado ayer un grupo de chilenos que durante el Angelus dominical del Papa Benedicto XVI demandaba el enjuiciamiento en Roma del militar (R) de Justicia, de 73 años, Alfonso Podlech Michaud.

Éste permanece en prisión en Roma desde el 13 de agosto de 2008 cuando fue extraditado desde España para ser juzgado por el secuestro y desaparición bajo la dictadura de Augusto Pinochet del ex sacerdote ítalo-chileno Omar Venturelli.

Entre el grupo de chilenos manifestantes detenidos por algunas horas estaba la sobrina del ex Presidente Salvador Allende, Inés Bussi, junto a la esposa de Venturelli, Fresia Cea.

La justicia italiana ha rechazado varias veces la petición de libertad provisional del ex fiscal militar presentada por su defensa, por lo que Podlech se mantiene bajo arresto en la cárcel romana de Rebibbia.

En los próximos días el fiscal que instruye el proceso contra Podlech, Giancarlo Capaldo, cerrará la investigación y se espera que pida una pena de prisión para el ex colaborador de Pinochet.

El objetivo de la manifestación era precisamente demandar que el ex fiscal cumpla una pena de cárcel en Roma y no sea extraditado a Chile. Aquí también está en calidad de inculpado en varios procesos por homicidio y secuestro con desaparición de prisioneros políticos en la ciudad de Temuco luego del golpe militar.

JUEZ GARZÓN

El ex fiscal militar fue detenido el pasado 26 de julio de 2008 en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, por orden del juez Baltasar Garzón, mientras esperaba continuar un vuelo vacacional con destino a Praga.

Hasta ahora, el ex oficial (R) de Justicia ha negado cualquier participación en los crímenes que se le imputan en Roma y Chile, pero existen varios testimonios de ex prisioneros que lo desmienten.

Podlech está también requerido en Francia por la desaparición en Temuco en septiembre de 1973 del ciudadano franco-chileno Etienne Pesle de Menil. En la investigación, tanto en París como en Chile, está acreditado que el entonces fiscal militar tuvo contacto con Pesle, así como con Venturelli, disponiendo traslados de estos prisioneros en los que se les perdió el rastro.

El arrestado ex fiscal está también inculpado en Chile por el asesinato el 2 de octubre de 1973 al interior del Regimiento Tucapel de Temuco, donde ejercía sus funciones, de los prisioneros Daniel Mateluna Gómez, José Ortigosa Ansoleaga, Pedro Ríos Castillo y Guido Troncoso Pérez. Los cuatro fueron acusados de intento de fuga, lo que quedó desacreditado en la indagatoria judicial.

Ese fue el día del arribo a Temuco de la Caravana de la Muerte al mando del general Sergio Arellano, con quien Podlech admitió que se reunió en su oficina del regimiento. La falsa ley de fuga fue la vía por la que la Caravana de la Muerte asesinó a más de la mitad de los más de cien prisioneros que murieron a su paso por ciudades del sur y norte de Chile. LN

 

“Estuvo un ratito nomás” En Chile, el ex fiscal Alfonso Podlech admitió en 2001 y 2002 judicialmente que, tras el golpe de Estado de 1973, fue comisionado para organizar en Temuco los cuestionados consejos de guerra. Según el ex fiscal, el equipo de la dictadura para esa tarea lo integró también el actual ministro de la Sala Penal de la Corte Suprema, Nibaldo Segura. Este magistrado es uno de los dos de cinco ministros de esa instancia que sostienen la tesis jurídica de prescribir los crímenes de lesa humanidad por el paso del tiempo. Hace unos años Segura negó a La Nación cualquier participación en el interrogatorio de detenidos, como Podlech lo afirmó judicialmente. El actual ministro también negó integrar los consejos de guerra o formar parte del equipo que los preparó. En entrevista con La Nación hace unos años y preguntado por sus afirmaciones judiciales acerca del ministro Segura que entonces se desempeñaba en Temuco, el ex fiscal Podlech si bien no negó sus declaraciones, dijo “sí, él estuvo, pero recuerdo que estuvo un ratito nomás”.

Foto: Podlech.  La justicia italiana ha rechazado varias veces la petición de libertad provisional del ex fiscal militar presentada por su defensa.

Habla hijo de Luis Emilio Recabarren

“Rubilar no sabe el daño que ha provocado”

Fuente La Nación

 

Luis Emilio Recabarren Mena fue el único de su familia que salvó con vida. Tenía apenas 2 años cuando fue separado de sus padres (Nalvia, su madre tenía un embarazo de dos meses), al ser detenidos por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet el 29 de abril de 1976.

"Recuerdo que anduve dando vueltas por las calles del barrio hasta que un vecino me reconoció y me llevó hasta la casa", rememora Luis, quien a los pocos años del incidente emigró hasta Suecia junto a su abuela materna, mientras en Chile Ana González, su otra abuela, iniciaba una lucha que mantiene hasta hoy.

Luis Emilio, quien lleva el mismo nombre de su padre y su abuelo, estudia el cuarto año de ingeniería genética en la Escuela Técnica Superior de Estocolmo, sin embargo dedicó varios años de su vida a la danza, disciplina de la cual hoy es profesor.

-¿Qué se siente cuando una parlamentaria asegura que tus padres no son verdaderos detenidos desaparecidos?

-Lo que no sabe Rubilar es el daño que le provoca a mi familia con esas declaraciones. Cuando te llaman a la una de la madrugada y te despiertan para decirte que alguien ha visto a tus padres con vida en Buenos Aires, es como si todos los anhelos de la infancia se cumplieran; sin embargo esa ilusión se transforma en un inmenso dolor cuando sabes que es falso, se reabre una herida que he llevado durante toda mi vida.

-¿Entiendes qué razones hay tras la denuncia que hace esta diputada?

-Lo que ella hace es de un oportunismo político sin nombre. La obligación de Karla Rubilar, como parlamentaria y presidenta de una comisión, era confirmar las denuncias recibidas e investigar; no montar este espectáculo que lo único que pretende es figuración en los medios para ganar votos.

-¿Qué piensas hacer con tus familiares en Chile al respecto?

-Como familia pensamos en querellarnos en contra de Rubilar. Contamos con el apoyo de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en esta diligencia por lo que estamos analizando los pasos a seguir.

-¿Qué esperan de parte de la diputada Rubilar?

-Lo mínimo que debe hacer es pedir disculpas públicas a mi familia y renunciar a su cargo en la Comisión de Derechos Humanos. Si tiene un poco de decencia sería lo mínimo que podría hacer por la falta de tacto y ética que ha demostrado en este caso.

-¿Crees que existen objetivos ocultos?

-El objetivo aquí es claro: se pretende descalificar los largos años de lucha por la reivindicación de los derechos humanos que mantiene la Agrupación. Además, Renovación Nacional y su candidato (Sebastián) Piñera intentan sacar ganancias políticas descalificando y denostando a quienes tanto hemos sufrido.

-Piñera señala que Rubilar no había nacido para el año ’73, ¿crees que eso la justifica en su accionar?

-Esto demuestra qué tipo de personas son las que militan en la derecha chilena. Aquí no tiene nada que ver si naciste antes o después de 1973, como parlamentaria de la República lo mínimo que se le exige es que sepa respetar la historia.

Esto no es nuevo. Ya durante la dictadura se inventaba que los detenidos desaparecidos estaban en el extranjero, de vacaciones. En la década del ’90 lo mismo, cuando inventaron que los habían tirado al mar. Estas son estrategias de la derecha para desacreditar y ocultar los crímenes de Pinochet. Lo han hecho antes, lo hacen ahora, y lo seguirán haciendo si alguien no le pone atajo a esto.

-Todo esto ha surgido a raíz de un falso detenido desaparecido que apareció 15 años después, ¿cómo evitar estas situaciones?

-Las investigaciones deben enfocarse en los asesinos y militares sindicados como asesinos. Son ellos los que deben confesar donde están los cuerpos de nuestros familiares. Entiendo que la gente en Chile quiera dar vuelta la página de esta historia, pero si no se hace verdad y justicia contra los crímenes de la dictadura seguirán apareciendo inescrupulosos que intenten poner mantos de duda sobre estos hechos.

-¿Cómo enfrentas este momento?

-Esto te va matando de a poco, pero hay que seguir resistiendo, estar fuertes, y nunca olvidar. Tengo un hijo de un año con el nombre de su abuelo y mi hija, que lleva el nombre de mi madre; ellos me entregan la fuerza para resistir.

 

Chile: Trabajadores de la banca chilena denuncian despidos masivos y llaman a defender empleo y salario

Los líderes sindicales convocaron a construir la unidad y fuerza para la huelga general.

La Confederación de Sindicatos Bancarios –única multisindical del sector- denunció millares de despidos en la industria bursátil e hizo un llamado a defender el empleo y el salario.

A diferencia del sector de la construcción, la minería, el retail y la producción salmonera y pesquera, el negocio bancario, según fuentes oficiales, ha incrementado sus utilidades en casi un 3 % a diciembre de 2008 en comparación al mismo período 2007. En cifras, la banca durante el año pasado obtuvo beneficios netos por $ 933.130 millones de pesos, unos US1.600 millones de dólares.

El Secretario General de la Confederación de Empleados de la banca, Luis Mesina, afirmó que las ingentes ganancias del negocio, en un contexto de crisis económica mundial y chilena, se explican “Por una parte, a través de la imposición, sin regulación, de altas tasas de interés para el crédito, tanto para las pequeñas y medianas empresas, como para las personas. Sumado a ello, la banca aplica cuestionables costos por administración que incluyen, por ejemplo, diversos seguros adicionales y excesivos gastos por los más mínimos servicios”, y agregó que “por otro lado, las grandes ganancias se sustentan sobre agresivas políticas de despidos masivos de trabajadores bancarios que, en términos generales, el último semestre, se han traducido en alrededor de un millar de desempleos mensuales y en la conculcación sistemática de los Contratos Colectivos de Trabajo.”

Finalmente, Luis Mesina convocó al conjunto de asalariados castigados por las estrategias antilaborales del mundo patronal a generar “un proceso de unidad y lucha por la defensa del empleo, los salarios, y avanzar juntos hacia la huelga general de los trabajadores chilenos”.

Mil 100 crímenes de la dictadura están sin investigar

Según el balance de Derechos Humanos 2008 del Fasic

Por Jorge Escalante / La Nación

El organismo de iglesias cristianas pedirá también una audiencia a la Presidenta Bachelet, para pedirle que el Ejecutivo intervenga con el propósito de frenar la impunidad que viene estableciendo en sus fallos la Sala Penal de la Corte Suprema.

Sólo el 50% de los 338 procesos que se instruyen en el país por violaciones de los derechos humanos cuentan con una investigación judicial.

Ello significa que sólo en la mitad de las 3 mil 278 víctimas de la pasada dictadura, entre desaparecidos y ejecutados, se está haciendo justicia.

Esta es una de las conclusiones del balance de Derechos Humanos 2008 que dio a conocer ayer la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas (Fasic).

De acuerdo al Fasic, esto sucede, entre otras deficiencias del sistema judicial, porque la Corte Suprema en mayo de 2005 eliminó la figura del "juez con dedicación exclusiva" para que se abocaran sólo a investigar este tipo de causas. En cambio, la Suprema traspasó los procesos a 22 magistrados de Corte de Apelaciones en calidad de "ministros en visita".

Sin embargo, estos jueces debieron, además, asumir las otras funciones normales de un ministro de corte, restando así tiempo a la indagatoria en estos juicios.

"No se puede renunciar a investigar el otro 50 por ciento faltante, pues todas fueron víctimas del mismo régimen criminal", dijo el Fasic en su balance.

La organización pidió hace un tiempo a la Corte Suprema que restituya la figura del juez con dedicación exclusiva para estos procesos, pero hasta ahora el pleno del máximo tribunal no responde.

A esto se suma la inquietud de que en diciembre de 2010 se termina en Chile toda la estructura restante del antiguo sistema procesal penal, incluidos los jueces del crimen y la figura del ministro en visita.

De esta manera, todas las causas que se instruyen por delitos de lesa humanidad, incluido el 50 por ciento donde no se investiga, se quedarán sin jueces instructores si a ello no se le encuentra una solución.

INTERVENCIÓN DEL EJECUTIVO

En otro plano, el Fasic sostuvo que llegó el momento en que el Ejecutivo intervenga para frenar la oleada de impunidad que viene administrando en sus fallos la Sala Penal de la Corte Suprema, al juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura.

Para ello sus abogados encabezados por la jefa jurídica Verónica Reyna, solicitarán una audiencia con la Presidenta Michelle Bachelet, esperando que los reciba a su regreso de vacaciones.

En su balance, el Fasic, que mantiene un equipo de abogados como querellantes en los procesos que se instruyen por estos ilícitos, centró parte importante de su presentación en lo que está ocurriendo desde hace unos tres años en ese tribunal, intensificándose en los últimos meses.

"Llegó el momento en que el Gobierno, su Presidenta, el canciller, y el Parlamento, emitan una opinión acerca de lo que está sucediendo en este tribunal, pues con sus resoluciones se están violando tratados internacionales y comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado de Chile. Hay que abrir un debate nacional en esta materia", dijo el abogado Nelson Caucoto.

El Fasic aludió a que al interior de esa sala, última instancia para todos los juicios por violaciones a los derechos humanos, sus cinco jueces vienen, o absolviendo a los ex agentes condenados por sus crímenes aplicando la prescripción por el paso del tiempo, o concediéndoles el beneficio para cumplir las penas bajo el régimen de libertad vigilada, lo que es posible por las considerables rebajas de condenas que estos magistrados resuelven respecto de los castigos decretados en sentencias de primera instancia.

Tanto la tesis de la absolución, como la de la "justicia con clemencia" aplicando penas consideradas irrisorias en relación al daño causado por los condenados, ha producido profunda decepción y dolor entre los familiares de las víctimas. Sus organizaciones ya buscan el camino para denunciar al Estado de Chile y específicamente al Poder Judicial, ante la comunidad internacional y sus órganos jurídicos.

Cifras de los procesos De acuerdo a las cifras del Fasic y del Ministerio de Interior, a la fecha hay 702 ex agentes procesados o condenados. De ellos, 257 tienen una condena dictada, pero sólo 40 permanecen cumpliendo prisión pues el resto de las sentencias se encuentran aún en etapas de apelación. De los 257, hay 47 que tienen más de una condena. El resto de los 702 está todavía en la fase de procesamiento esperando que se dicten sentencias. Desde que se iniciaron los juicios, hasta ahora 54 militares han sido absueltos o sobreseídos en los juicios. Existen 52 civiles procesados que colaboraron en los crímenes, de los cuales 14 están ya condenados.

Los abogados de la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas (Fasic) solicitarán una audiencia con la Presidenta Bachelet. Foto: UPI