En 1981, tras el fracaso armado de Neltume, intentaron abrir un foco en Nahuelbuta. Los miristas aparecieron calcinados al interior de un taxi camino a Las Vizcachas. Hay tres querellas por sus muertes. La investigación da luces para entender cómo la CNI disfrazaba ejecuciones como “enfrentamientos”.
En junio de 1981, un par de campesinos caminaron hasta el retén de Neltume para denunciar que se estaba organizando una guerrilla. Los cerca de 20 combatientes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), apertrechados en los bosques ubicados al este de Valdivia, fueron descubiertos a los pocos días por efectivos del Ejército. No portaban armas. Las habían enterrado a dos kilómetros de distancia. Ante los gritos de los militares ordenándoles entregarse, los guerrilleros se desbandaron. En los días posteriores volvieron a reunirse en dos grupos. El primero fue exterminado en la casa de una campesina donde intentaron refugiarse. El segundo, comandado por Miguel Cabrera Fernández, “Paine”, desenterró las armas y durante dos meses se movió por la zona, mientras 2.500 soldados intentaban cazarlos. En agosto se libraron los últimos enfrentamientos. Sólo unos pocos miristas salvaron el pellejo.
Una guerrilla de similares características se estaba organizando en la cordillera de Nahuelbuta. El desastre en Neltume hizo que la dirección del MIR concertara una reunión de emergencia con Nelson Araneda Loaiza, el comandante a cargo del foco de Nahuelbuta. El 18 de septiembre emprendió el viaje en bus a Santiago. En una casa de seguridad de San Miguel se reunió con Hernán Aguiló, el máximo jerarca en el país, y con Renato Araneda, su hermano y miembro del Comité Central, así como jefe directo de Neltume y Nahuelbuta. Decidieron concentrar el poder guerrillero en Nahuelbuta con 25 hombres altamente preparados y se confirmó a Nelson al mando.
El 30 de septiembre, Nelson Araneda partió a Talca para tomar contacto con Luis Manuel Pincheira Llanos, su hombre de enlace, y con Jaime Cuevas Cuevas, un campesino reclutado meses antes. Debían volver a la cordillera, reorganizar las tropas y esperar la llegada de más armas, soldados y pertrechos.
El 10 de noviembre de 1981, la prensa santiaguina publicó que, durante la madrugada, personal de la CNI había sorprendido un taxi Chevrolet Opala con cuatro personas afuera de la casa del ministro de Relaciones Exteriores, René Rojas Galdames, ubicada camino a Las Vizcachas. Según la versión oficial, su objetivo era atentar contra la vida del canciller, y, al intentar reducirlos, se produjo un enfrentamiento con disparos que terminó con la explosión del tanque de bencina del taxi, tres de sus integrantes completamente calcinados y un cuarto abatido fuera del automóvil. Los muertos fueron identificados como Luis Pincheira, Jaime Cuevas, Juan Ramón Soto Cerda –militante del Partido Socialista– y un cuerpo que se atribuye al de Nelson Araneda pero que sigue sin identificar. Le faltaba la cabeza, las piernas y las manos.
La Comisión de Verdad y Reconciliación llegó a la conclusión de que los integrantes del taxi fueron ejecutados por agentes de la CNI. Hay tres querellas por las muertes de Pincheira, Soto y Araneda, acumuladas en una misma causa que es sustanciada por el ministro de fuero Joaquín Billard. El caso da luces para entender cómo funcionó el organismo represor disfrazando ejecuciones como supuestos “enfrentamientos”.
Luis Pincheira y Nelson Araneda, que antes del golpe había sido dirigente nacional de la ENAP, habían sido reclutados por el MIR en 1978, junto a otros 100 hombres desde varios países de Europa para viajar a Cuba. Eran parte de la Operación Retorno, que tenía por objeto derrocar a la dictadura. En el campo de entrenamiento cubano de Pinar del Río recibieron instrucción durante un año de parte de cubanos y altos oficiales vietnamitas. El objetivo era crear guerrillas en la cordillera chilena.
LA PERSECUCIÓN
Antes de partir a Talca, Nelson estableció un plan de comunicación con Renato, la máxima autoridad del nuevo proyecto. Como acordaron, a las once de la mañana del 6 de octubre, Nelson se reunió en la capital del Maule con Luis Pincheira, quien debía señalarle dónde encontrar a su hermano. Pero Renato fue informado por Pincheira de que hacía dos días que Nelson no se había presentado a las reuniones estipuladas.
“¡Pero qué estás haciendo tú acá entonces. Deberías haber salido de la ciudad apenas notaste su ausencia. Es seguro que cayó detenido y que a ti te siguen!”, dijo Renato a Pincheira.
Lo tomó del brazo y caminaron juntos hacia la salida del restaurante. En ese momento pasó un taxi y los dos hombres subieron. Renato indicó al chofer que los llevara a las afueras de la ciudad. Luego de media hora de camino, detuvieron la marcha e ingresaron a un restaurante al lado del camino. Ahí tomaron una decisión arriesgada: se reunirían al día siguiente, el 7 de octubre, en Talca. Pincheira intentaría hacer contacto por última vez con Nelson en el punto acordado. Para asegurarse, ellos establecieron un nuevo plan de comunicación. Pegaron con chicle un señuelo bajo la mesa de otro restaurante de la ciudad. Si todo iba bien, Pincheira debía quitarlo antes de reunirse con Renato. Si no lo había sacado, significaba que había caído.
Al día siguiente, Renato fue hasta el restaurante y el chicle seguía pegado ahí. No le cupo ninguna duda que su compañero había caído. Un mes más tarde veía televisión y el noticiario nocturno pasó la información sobre el supuesto enfrentamiento de Las Vizcachas. Una de las cámaras mostró la cédula de identidad de Pincheira.
LAS FILTRACIONES
Desde que se inició la Operación Retorno, los integrantes del MIR fueron cayendo de forma similar, en los llamados “falsos enfrentamientos” y a través de los “muertos por explosión”, otro método que había ocupado la CNI, pero son pocas las querellas por este tipo de crímenes. Uno de los motivos argumentados por abogados de derechos humanos es que, a diferencia del período en que operó la DINA, hasta ahora estos métodos de la CNI no han sido totalmente investigados. Excepciones a la regla son el fallo de la Operación Albania y la querella por la muerte de Fernando Vergara Vargas, asesinado el 15 de diciembre de 1984.
En enero del año pasado, La Nación publicó un informe desclasificado del Departamento de Estado norteamericano que señala que la muerte de Juan Ramírez Vicker y Nelson Espejo Flores –dos explosivistas del MIR–, ocurrida al interior de su casa, supuestamente manipulando explosivos, fue un montaje. “Fue el resultado de una decisión consciente de los jefes de los servicios de inteligencia, en el sentido de que la mejor manera de tratar el problema de las casas de seguridad era haciéndolas explotar”, señala el informe.
Un ex integrante del Comité Central del MIR reconoce que en 1983 se planificó sacar a todos los integrantes de la Operación Retorno, ya que los militantes seguían cayendo en extrañas circunstancias. Como estrategia para verificar si tenían infiltrados planearon el asesinato de Carol Urzúa, entonces intendente metropolitano: “Si existía un infiltrado, éste intentaría salvarlo. Finalmente, Urzúa murió y hasta ahora se piensa que la CNI lo permitió porque le hacía olitas a Pinochet”.
ANATOMÍA DEL CRIMEN
En enero de 2003, el perito balístico de Investigaciones Gustavo Lynch declaró que cuando en 1981 la justicia militar le encargó realizar el “peritaje balístico número 593-B”, que “las balas no causan una explosión. Yo creo que el vehículo fue rociado con algún tipo de combustible y luego se le prendió fuego directamente”. Varios agentes de la CNI señalaron que las víctimas dispararon en su contra, cuestión que el perito tampoco comparte. “Los cuerpos tenían una actitud pasiva, no se evidenciaba en ellos la actitud de querer huir de las llamas. A esas personas primero les dieron muerte y luego incendiaron el vehículo”.
En 2003 fue llamada a declarar la médico María Viviana San Martín, encargada de realizar el informe forense de la época. Su conclusión refuerza la tesis del asesinato. “Se deduce, fuera de toda duda, que se realizaron a corta distancia, es decir, no había más de un metro entre el occiso y los tiradores”, declaró.
En este mismo sentido, el agente de la CNI Ricardo Guerrero declaró judicialmente que detuvo a Luis Pincheira en Talca y que éste no fue torturado debido a que se trataba de un encargo de Santiago. Cuestión que para los cercanos a la causa refleja que la acción no fue regional, sino gestionada “desde más arriba”.
Pero el dato fundamental fue aportado por Aladino Pereira, el radiooperador del Cuartel Borgoño de la CNI, quien señala que el día 9 de noviembre había varios “paquetes”, nombre que se les daba a los detenidos, en el cuartel. “Ese mismo día me enteré por la radio de Carabineros que dos sujetos armados habían robado un taxi marca Chevrolet Opala. Minutos más tarde veo que hizo ingreso al cuartel un automóvil de las mismas características del auto robado, por lo que bajé al patio y me percaté de que se trataba del mismo vehículo, pues las patentes coincidían exactamente”, relata. Según su testimonio, se bajaron del auto Francisco “el Gurka” Zúñiga y el agente Américo Correa.
Ese mismo día, Pereira había recibido una llamada de agentes de la CNI que habían detenido a un militante del Partido Socialista en el centro de Santiago para confirmar sus datos en el Ministerio del Interior. Se trataba de Juan Ramón Soto, el otro calcinado del automóvil. Según la declaración de Pereira, Álvaro Corbalán señaló por la radio: “Atento ese equipo, habla once cero cero, a ese huevón tráiganmelo para acá porque lo necesito para esta noche”. Pereira agrega que “durante todo el día diferentes agentes de la agrupación estuvieron preparando el vehículo con diferentes materiales incendiarios, tales como bencina, polvo de aluminio, etc.”. Otro agente de la CNI también reconoció la presencia del taxi en el Cuartel Borgoño.
En febrero de este año, antes del escándalo del SML, el supuesto cuerpo de Nelson Araneda fue exhumado del Patio 29. Los resultados de la prueba de ADN que confirmarían que se trata de su cuerpo estarán listos en los próximos meses. Mientras, el caso sigue avanzando. LND
De acuerdo con el gobernante venezolano, la experiencia chilena de la Unidad Popular y del golpe de 1973 sirvió para defender “la fusión cívico-militar, una de las más grandes fortalezas de la revolución bolivariana”. 
En 1981, tras el fracaso armado de Neltume, intentaron abrir un foco en Nahuelbuta. Los miristas aparecieron calcinados al interior de un taxi camino a Las Vizcachas. Hay tres querellas por sus muertes. La investigación da luces para entender cómo la CNI disfrazaba ejecuciones como “enfrentamientos”. 
A diferencia de la FACH, el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar condenó ayer a la cúpula de la DINA por el secuestro calificado del matrimonio de Cecilia Bojanic Abad y Flavio Oyarzún Soto, ambos militantes del MIR. 
Por las causas Caravana de la Muerte, Operación Colombo y Riggs fue sobreseído por muerte Augusto Pinochet. Se espera que en los próximos días haga lo mismo el ministro a cargo del caso Villa Grimaldi. Las investigaciones, en todo caso, siguen abiertas para el resto de los inculpados. 
