DDHH

ASOCIACION INTERNACIONAL CONTRA LA TORTURA

Gracias Sr. Presidente.
 
Se agradece al Relator por el Informe presentado.
Chile al ser un país multicultural desconoce totalmente las tradiciones religiosas de los Pueblos Indígenas.

El Racismo y la Discriminación Racial se expresa en Chile en todos los estratos de la sociedad y en las políticas de Gobierno hacia los pueblos indígenas. El proyecto de reforma constitucional que reconocería la existencia de los pueblos indígenas, está ampliamente rechazada por las autoridades mapuche, porque desconoce nuestros derechos histórico, de nuestro territorio ancestral y sus derechos de nuestras Autoridades Tradicionales Territoriales Tradicionales Religiosas
 
Los dos últimos proyectoS de ley, anunciados recientemente por el Gobierno que crea un Ministerio de Asuntos Indígenas y el otro que crea un Consejo de Pueblos Indígenas se han implementado sin la participación ni consulta de los pueblos indígenas, a pesar de las recomendaciones hecha por el relator especial James Anaya y anteriormente por Rodolfo Stavenhagen sobre esta materia.
 
Un claro ejemplo de todas estas formas de no respeto, es la destrucción de sitios sagrados por parte de la policía chilena, de interrupción abrupta a ceremonias sagradas en pleno desarrollo; de la no implementación del lenguaje tradicional Mapuche como primera reforma para el respeto de nuestra religiosidad.
 
La puesta en vigor de un reglamento que señala que la consulta a los pueblos indígenas relacionadas con proyectos que se desarrollen en su territorio no es vinculante con el Convenio 169 de la OIT, es una demostración de la mala fe del gobierno chileno con respecto al respeto de las leyes internacionales relacionados con la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas y también ignora las recomendaciones del Relator Especial al Gobierno Chileno.

Esperamos que Chile tenga en cuenta de cada una de las recomendaciones hechas por el Relator y las lleve a la práctica en la brevedad, ya sea en el ambito de los pueblos indigenas como asi para la propia sociedad civil chilena
 
Muchas Gracias Sr. Presidente
 
Andrea Marifil Calfunao.

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DISCURSO 11 DE SEPTIEMBRE COMISION DD.HH. SAN ANTONIO V REGION

Señoras y señores, Compañeras y Compañeros Amigas y Amigos, Allendistas todos, Gracias por Venir.

 

Señor Gobernador Provincial don Alfredo Nebreda Le Roy; Concejal DON PEDRO PIÑA MATELUNA

Hoy como ayer estamos aquí para conmemorar el Aniversario del día en que un grupo de militares traidores,  Asesinaron la democracia en Chile, empezando por asesinar al propio Presidente Constitucional de Chile, en su lugar de trabajo.

Después el asesinato, las desapariciones, las torturas, las violaciones, el atropello a la dignidad de las personas, los despidos masivos de trabajadores, la prepotencia en calles y oficinas, duraron casi 17 años. Durante todo ese tiempo sembraron el terror, y en todos los cuarteles Militares y policiales de Chile se torturó, se hizo desaparecer, se violó, y se asesinó a seres humanos. Se crearon mazmorras en cárceles clandestinas, y asustaron, inclusive, a los magistrados del poder judicial, los que obligados o simplemente voluntarios, no hicieron nada en defensa de la justicia  y nada por la vida de quienes estaban en esas mazmorras, legalizando toda la maquinaria de muerte, llamada DINA, CNI, DINE, dirigida por oficiales, golpistas, sicópatas y asesinos por naturaleza, además de corruptos.

Desde que, con un simple Lápiz, pateamos a la Dictadura. Ya han pasado 21 años que se cumplen en el próximo mes de Octubre.

Y el próximo mes de Marzo se van a cumplir 20 Años desde que asumió el primer gobierno de la Concertación, y aun NO vemos la Verdad, ni La Justicia, ni Las reparaciones  dignas por las que hemos luchado y que nos han prometido.

El Gobierno del Señor Patricio Aylwin Azocar, con su menguada “Justicia en la medida de lo posible”, si bien es cierto, creó la comisión Rettig de verdad y reconciliación, pero con muy pocos recursos, menos tiempo y Cero Facultad, ya que no tomó en cuenta las recomendaciones de esa comisión de que había que nombrar una comisión PERMANENTE, que investigara todos los atropellos a los Derechos Humanos en este País, ya que para conocer parte de la historia ellos habían entrevistado a familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, y que esos testimonios los habían comprobado con las declaraciones de miles de chilenos que habíamos sobrevivido a esos Martirios, y que también merecíamos las reparaciones, que se implementaran para los familiares de los primeros.

Con Relación a Derechos Humanos el  Gobierno del Señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle, no hizo gran cosa, solamente una modificación muy superficial a la ley 19.234 de Exonerados Políticos. En el Gobierno del Señor Ricardo Lagos Escobar, se creó, por Decreto 1.040 del Ministerio del Interior, la llamada Comisión de Prisión Política y Tortura -o Comisión Valech- con muchas fronteras, ya que antes que se investigara ese decreto ya indicaba quienes  no calificaban, cometiéndose muchas injusticias, y después entre gallos y medianoche remite al congreso con una Urgencia desconocida en toda nuestra historia democrática, y que fue “discusión inmediata”, aprobándose la Ley 19.992, que no pasó de ser un bodrio legal, ya que dejó a las compañeras viudas de ex Presos Políticos sin beneficio, dejó el secreto sobre las maneras de torturar y el nombre de esos criminales que practicaban la tortura guardado por Cincuenta Años, o sea quienes vivan el año 2054, podrán conocer esos antecedentes, siempre que, en el transcurrir de nuestra historia, no haya otro golpe de estado gorila, ya que en este País hay un golpe de estado, en promedio, cada Treinta años, y por último, el Gobierno de la Señora Presidenta Michel Bachelet Jeria,  en Derechos Humanos no ha hecho nada. Y no vamos a discutir aquí como ella ha engañado varias veces a este país, anunciando beneficios que nunca han sido para todos como se ha informado.

Para ello, solamente dos Ejemplos.

1. Anunció un bono de cerca de TRESCIENTOS MIL PESOS PARA TODAS LAS MUJERES, POR CADA HIJO NACIDO VIVO, PERO NO DIJO QUE ESO ERA PARA LAS MUJERES QUE SE PENSIONABAN A CONTAR DEL 1 de Julio del 2009. Y no dijo que eso dependía del puntaje que tuviera en la mentada Ficha de Protección Social. Se nos mostraron unos ejemplos, sí la mujer no había realizado nunca imposiciones, tenía que imponer en una AFP y el dinero que le correspondiera iría a una cuenta en esa entidad, y eso le aumentaría un poco la pensión al momento de tener la edad para hacerlo. Bueno se mostró una dama de más de 90 años y que había tenido 10 Hijos, esos tres millones que le corresponderían tendría que ponerlos en una AFP, para que le subiera un poco la pensión Básica Solidaria, si supuestamente ese aumento fuera de 5.000 pesos mensuales, recibirla 60.000 pesos anuales como beneficio extra por sus 10 hijos, y después de los noventa años ¿Creen uds. que va a recibir esos 3.000.000? Sencillamente imposible. Y la AFP se queda o trabaja con los dineros de esa anciana, sí es así, seria inmoral, y sí esos remanentes volvieran al Fisco, seria una estafa. Sencillamente a esa edad debiera entregarse la pensión básica solidaria y los tres millones para que los destine como ella quiere, y como no es así le dicen que le darán pero NO le dicen que se lo quitaran.

2. La aprobación en el Congreso del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en contra de las opiniones de la totalidad de las Organizaciones de Derechos Humanos de Chile, y también en contra de la Opinión y Recomendación del Comité de Derechos Humanos, de la Organización Mundial de las Naciones Unidas..

ESTE instituto lo rechazamos por pretender patentar la impunidad en Chile, ya que no tendría facultades para denunciar los atropellos a los derechos humanos ni menos para demandar a quien los atropelle, ningún preso Político del régimen militar ha podido demandar y lograr que se castigue a  QUIEN LO TORTURÓ, pero tampoco podrá demandar a quien ahora  lo torture ya que no se dispone de los medios para hacerlo y, es así, que en la Región de la Araucanía, hay unas decenas de presos políticos y son torturados, apaleados, y tan maltratados, que los dirigentes de nuestros habitantes originarios de la región (Escuchen muy bien esto), están calificando, a la actual mandataria, de dirigir un gobierno Fascista. Ya que los metodos que están usando para reprimir, son similares a los de la Alemania Nazi e igual que los usados por Pinochet. Ya que para justificar su accionar se hacen montajes policiales que ya conocemos de memoria cuando los perseguidos éramos nosotros.

Esta Regino como región militarizada, por la cantidad de efectivos policiales que existen Allí, y bajo las ordenes de fiscales, que mas que fiscales, parecen capataces de los latifundistas y de las empresas forestales, que servidores públicos de la justicia. Esos territorios son y han sido de nuestros hermanos mapuches, se los quitaron primero los españoles, después los primeros gobiernos oligárquicos de nuestro país. Con la reforma Agraria del presidente Allende nuestro aborigenes, recuperaron sus tierras, a los latifundistas el gobierno democrático del presidente  Allende por intermedio de la CORA les pago el valor de sus tierras, pero la DICTADURA FASCISTA, a sangre y fuego les usurpó sus herencias despojándolos de todo y arrinconándoles en pequeños espacios sin ningún beneficio, y esos latifundistas tienen ahora todo un ejercito de Carabineros para proteger sus haciendas, ya que cuentan con la valiosa colaboración de una legión de fiscales que ordenan desalojos que hacen montajes y que mienten abiertamente para justificar su accionar de servidumbre a los potentados ladrones de tierras, las que por milenios han pertenecido a nuestros hermanos mapuches.

Nuestra tarea ahora es estar al lado de toda persona o grupos de personas que se vean violentados, ya sea por agentes del estado, Patrones, empresarios, o patrones de las mafias, que se quieren hacer dueños de poblaciones y calles de nuestras ciudades, en el organismo de Derechos Humanos de San Antonio, siempre van a encontrar el apoyo y los profesionales que los puedan asesorar.

Seguiremos luchando por la atención en salud, para nuestros asociados, y seguiremos luchando por nuestra plataforma de lucha ya que aunque no quieran, lucharemos hasta ver la justicia, conocer la Verdad, y el castigo a los Culpables. En vista del bi-Centenario de nuestra patria, nos opondremos con toda la fuerza que tenemos al interior del País y la de los miles que aun permanecen en el Exilio, a que, debido a la intromisión de la Iglesia, sean  indultados los que cometieron delitos de lesa humanidad. Esta bien que la iglesia de el perdón a quienes cometen pecados, pero no delitos tan degradantes como los que sufrimos estando prisioneros de los gorilas con uniforme. Vimos a miles de torturados, vimos cientos de muertos y miles de desaparecidos, por eso, nosotros jamas perdonaremos, y no solamente por haber sido victimas directas sino por que asesinaron la patria, esa prospera patria que estaba, por primera vez, decidiendo su destino, libre de tutorías de los imperios de las multinacionales, libre de la tutorías de países colonialistas, y esos colonialistas y esos imperios económicos le pagaron a la derecha política de chile, a algunos empresarios como los dueños de El Mercurio, y la Tercera, así como algunos inmorales empresarios del transporte, del comercio y algunos profesionales, algunos politicastros del ala derecha del Partido Demócrata Cristiano, los que creyeron que nunca se sabría que se habían vendido por unos pocos dólares, pero el Senado Norteamericano dijo otra cosa y el plan consistía que primero crearan el caos, el mercado negro, que sabotearan las líneas férreas, puentes, carreteras, gaseoductos, oleoductos, puertos y aeropuertos, crearon el Caos en hospitales y en la totalidad de los servicios públicos. Crearon el caos en el transporte, paralizando el país, y esos daños jamas se han recuperado y los trabajadores pagaron caro defendiendo sus fuentes de trabajo organizadamente, y la casi totalidad de las directivas gremiales y sindicales cayeron en la fauces de las fieras, y un ejemplo local el presidente de la Central Única de Trabajadores, del entonces departamento de San Antonio, es aun, un detenido desaparecido, el Compañero Luis Norambuena Fernandois  y como un homenaje a ese dirigente, es que en esta directiva del comité de Derechos Humanos está el Ex presidente y ahora Secretario de la CUT provincial de San Antonio, compañero Segundo Ampuero Peralta. Así un dirigente del maximo organismo sindical de la provincia integra como dirigente el Comité de Derechos Humanos de San Antonio, así, como dirigentes de organizaciones de derechos humanos integran como tales cargos directivos en la CUT a lo largo de todo el País, y esa unión no es casual, ya que las principales victimas de atropellos a los derechos del hombre son los trabajadores.

Digo esto por que respaldamos al cien por ciento el actuar de Segundo Ampuero como dirigente social ya que, además, de haber sido golpeado en la vía publica, hace pocos días últimamente ha sido amenazado de muerte por vía telefónica, en forma cobarde y anónima. Seguiremos investigando el origen de estas amenazas y le daremos cuenta a la justicia de estos hechos ya que no permitiremos que a un dirigente nuestro sea amenazado y menos agredido.

La patria venturosa, llena de esperanzas, la patria alegre, con sus trabajadores, orgullosos de estar trabajando para engrandecerla, muchos de nosotros ya no la volveremos a ver, pero nuestra lucha tiene que perseverar, para que nuestro descendientes la vean Y LA CUIDEN, EN MEMORIA NUESTRA YA QUE LUCHAREMOS POR QUE ELLOS SEPAN LO QUE ES LA VERDADERA DEMOCRACIA,  la verdadera Libertad y sepan lo que es vivir en un País Propio y no tengan que emigrar para  poder hacer sus vidas con educación, con trabajo y sin deudas, y cuando ellos tengan que pensionarse, no vean las miserias que aquí ganamos, y con lo que recibimos apenas sobrevivimos. Esas injusticias hacen que más de un millón de chilenos estén viviendo aun el exilio económico, y el exilio político, por que empresarios inescrupulosos, son los que manejan, en Chile, la previsión de los trabajadores, y solamente ganan ellos, y los 4 gobiernos de la concertación no han sido capaces de  devolverle a los trabajadores sus antiguas cajas de previsión, las cuales, además de entregar una pensión socialmente aceptable, les entregaban, inclusive, viviendas a sus afiliados, ejemplos palpables son las múltiples poblaciones de Empleados Particulares, de la Marina Mercante en todo nuestro territorio, y otras cajas les compraban vivienda a la ex CORVI para entregárselas a sus afiliados. Ahora, además de pensiones miserables, no entregan ningún beneficio a sus afiliados. La nueva previsión de los trabajadores están implementadas por un decreto, el decreto 3.500 de 1980, por tanto si los gobiernos de la concertación hubieran tenido un poquito de voluntad Política habrían terminado con este saqueo a los dineros de los trabajadores sencillamente implementando otro decreto y no pedir a la derecha que le apruebe una Ley para poder hacerlo, personalmente creo que grandes magnates políticos de la concertación son accionistas de las AFP y tal vez directores en algunas de ellas. Por ello apoyaremos e invitamos a todos los trabajadores de la provincia a afiliarse a la CUT, la que esta trabajando para que este flagelo y robo a la previsión social se termine, y en estas elecciones de Presidente y Parlamento, en diciembre venidero, exijámosles a los candidatos, por escrito, que apoyaran la solicitud unánime de la gente de trabajo. Para terminar con la previsión, en manos de inescrupulosos personajes que se convierten en millonarios sin arriesgar un peso y no les permitamos que ellos sean los que tengan el poder de definir el futuro de los trabajadores cuando ya terminan su ciclo activo, así sus últimos años de vida serán un poco más placentero.

La dictadura militar dejo a este pueblo traumado y estático, pero a 21 años que con un lapiz de dijimos al dictador que se fuera, ya deberíamos  sacudirnos el miedo, la modorra y la apatía, ya que eso ha permitido que nos sigan pasando la aplanadora por encima. Llamamos a organizarnos, llamamos a unirnos y como un solo hombre decir, los trabajadores estamos presente, no mas abusos, nos prometieron terminar con la UF. Nos dijeron que recuperaríamos nuestra previsión, nos dijeron tendríamos una mejor salud y educación, nos ofrecieron  que la salud y la educación serian materia preferente del estado y eso no ha ocurrido, nos dijeron que la alegría ya viene, y no sabemos por donde paso, unidos y SOLAMENTE UNIDOS LOGRAREMOS QUE NOS VEAN COMO  SERES HUMANOS Y NO COMO NUMEROS.

La salud y la Educación, la siguen mirando en forma Mercantil, y todos los síntomas son que la quieren privatizar, en el tema salud se dice que los hospitales deben estar autogestionados, y eso es privatizar ya que para conseguir el autofinanciamiento deben vender servicios, por ende, tendrían derecho solamente los que puedan pagar y los pobres que se atiendan solos o que sencillamente se mueran. Estamos preocupados por eso, ya que es un grave atropello a los derechos humanos y en defensa del derecho a la salud, estamos participando activamente en el consejo de desarrollo del hospital Claudio Vicuña,  y los invitamos a que, en cada consultorio, estén representantes de los derechos humanos.

Pueblo Allendista de San Antonio, después de esto marcharemos al Puente de Santo Domingo a nuestra tradicional romería de recuerdo a los 47 héroes de la civilidad estampados en este memorial. Dejo para este último espacio de mi intervención algo, que me parece, una falta de respeto a todos nosotros y a la memoria de quienes estén en este monumento. Este es un MONUMENTO NACIONAL el que debe ser cuidado y mantenido por por la ilustre Municipalidad de San Antonio y por ser un Monumento Nacional no se puede intervenir el espacio que lo rodea sin tener el consentimiento del Consejo de Monumentos Nacionales, y me parece que, esa señalética, que indica a que distancia esta el mall, casino y hotel, no es para este entorno. Puede estar en cualquier espacio después del semáforo de Barros Luco con El Molo o antes de la Calle José Freire Medina y no al frente de este monumento, las autoridades deben tomar conciencia de lo que este monumento representa, y no darle el trato de una vulgar piedra en el Camino, sabemos que hay algunos Concejales que este monumento les molesta al igual que les molesta hasta la frase Derechos Humanos. Y sabemos perfectamente que el Casino es una especie de icono para algunas autoridades, pero eso no los faculta para alterar el entorno de este memorial, el día que vi esto, me comunique de inmediato con Monumentos Nacionales y me informaron que este fin de semana vendrían a ver el memorial para registrarlo fotográficamente y hacerle ver a las autoridades comunales  las obligaciones que tienen con él.

 

Como Uds. pueden apreciar estamos preocupados de todo lo que atañe a los respeto de los derechos humanos.

Con Unidad Seremos más fuertes

Con Unidad Venceremos

Con Unidad Educaremos

Con Unidad Tendremos mejor Salud

Con Unidad tendremos mejor Educación.

Con Unidad tendremos mejor Vida

Viva la Unidad del pueblo en todos sus Frentes

Gracias Compañeros

 

Comisión Derechos Humanos de San Antonio, V Región

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LOS SINDICALISTAS, ORGANIZACIONES LIBERTARIAS, DEFENSORES DEL MEDIOAMBIENTE Y EDUCADORES POPULARES DEL MUNDO.

TERCER COMUNICADO

Puerto Montt, Región de Los Lagos, 17 de Septiembre, 2009.

Desde Chile, país que usufructúa de una imagen de Democracia, donde hasta la Justicia ha sido privatizada y los Tribunales funcionan en los Centros Comerciales, señalamos:

 

1.- El día 21 de Septiembre, las 8 personas cuyos domicilios fueron violentados por fuerzas policiales a cargo de un Fiscal que ignoró una desautorización emanada de un Tribunal, apropiándose de nuestros equipos computacionales ilegalmente, deberemos acudir a un Tribunal para ser acusados de un delito que no cometimos.

 

2.- En estos 30 días transcurridos desde que fuimos asaltados en nuestros domicilios, hemos aprendido cómo funcionan las instituciones en Chile cuando se trata de proteger los intereses de la fracasada Industria Salmonera y de la sacrosanta Empresa Privada.

 

Hemos aprendido, por ejemplo, que cualquiera de nosotros puede ser espiado por el Estado, interceptado y grabado en sus conversaciones telefónicas, intervenidos sus correos electrónicos, seguidos, fotografiados, criminalizados a priori, acusados por un Fiscal que alguna vez tendrá que inventar una bomba (o dos) que se llame “chipriota” para justificar la descripción que el que nos persigue ha dado del artefacto que se usó en contra de Salmon-Chile.

 

Hemos aprendido que nada puede evitar que seamos detenidos, vigilados o asaltados durante un “allanamiento voluntario”.

 

 

Hemos aprendido que un Fiscal puede cometer impunemente abusos, desobedecer a un Juez, quedarse con especies ajenas sin mostrar voluntad de devolverlas, examinarlas sin autorización de tribunal alguno y hasta decidir la militancia política de cada persona que es sujeto de esos abusos.

 

Hemos aprendido que un Fiscal es, para cualquier persona con intereses y aspiraciones distintas al establishment, una amenaza para sus derechos humanos y el Ministerio Público un Peligro Público usado como herramienta de represión política.

 

4.- Como millones de chilenos, pensábamos que la Reforma Procesal Penal era un avance en los mecanismos de administración de Justicia. Hoy sabemos que se trata de otro fraude, de otro engaño, como las Reformas Laborales, como las Reformas Tributarias, como las Reformas Educacionales, como las Reformas a la Ley de Pesca y Acuicultura que se tramitan en el Congreso Nacional….como casi todo en este país.

 

Hoy, nadie tiene asegurados sus Derechos Humanos en Chile. Lo que la Dictadura Militar hacía de manera ilegal, hoy está legalizado.

 

La CNI de Pinochet, hoy se llama ANI y su creador ahora es Candidato a Diputado por el Partido Socialista; los Fiscales Militares ad hoc de antaño hoy se llaman Fiscales Adjuntos, que nadie (salvo otro Fiscal) fiscaliza, que puede preparar montajes y comandar (a su confesado “pesar”) decenas de policías, de agentes de inteligencia, con presupuesto ilimitado para llegar a nada, como en el caso Huenante que este mismo Fiscal que nos persigue investiga hace 4 años y aún no resuelve.

 

5.- Entre nuestros acusadores están el Gobierno de la Concertación que permitió toda clase de abusos contra la Naturaleza cometidos por la Industria Salmonera y también Salmon-Chile, que encubrió la muerte de 100 trabajadores salmoneros en 7 años y una destrucción ambiental incuantificable, también manifestada en una crisis social que afecta a miles de familias endeudadas o víctimas de patologías sociales que fueron potenciadas por los regímenes de trabajo en la Industria Salmonera.

 

Todo el Estado Salmonero se prepara para encerrar a 8 personas que han luchado pacíficamente en defensa de los derechos laborales, del medioambiente y de un mundo sin divisiones sociales. A ese Estado Salmonero enfrentaremos el 21 de Septiembre, cuando comienza la primavera al Sur del Ecuador.

 

Lo haremos como lo hemos hecho siempre: sin subsidios estatales, sin montajes, sin auto-atentados, sin el apoyo de los medios de comunicación, sin Cenas Anuales, sin ONGs, sin Alcaldes serviles, sin parlamentarios oportunistas, sin Embajadores excusando nuestras faltas ante los Mercados Externos, sin la CORFO y sin PRO-Chile.

6.- Estaremos, cuando comience la primavera, en un Tribunal sin buzos muertos  sobre nuestras conciencias, sin mujeres discriminadas entre nuestros antecedentes ni abortos tolerados en las líneas de proceso de salmones,  sin latas de fungicidas cancerígenos en nuestras manos, sin una sola enfermedad de peces atribuible  a nuestra torpeza o ignorancia.

 

Estaremos solamente con nuestros crímenes: las esperanzas de vivir en un país mejor, donde la Justicia no sea una Utopía. Un país heredable para nuestros hijos y los hijos de todos.

 

Les pedimos acompañarnos, desde los Cuatro Puntos Cardinales de la Tierra, en ese momento.

 

Les pedimos compartir nuestros crímenes y continuar la lucha de la que pretenden restarnos mediante una acusación falsa, que ha sido construida para que sirva de escarmiento para los que comparten nuestros mismos sueños, que seguirán vigentes porque los sueños no pueden ser encarcelados.

 

 

 

 

Héctor Kol S. – Asesor AGO Pescadores Artesanales de Aysén

Ricardo Casas Mayorga - Dirigente Nacional CUT - CHILE

Jaime Bustamante Ojeda – Dirigente Provincial CUT

Alejandro Triviño Guerrero – Juventudes Libertarias

Cristian Espinoza Guerrero – Juventudes Libertarias

Pedro Guerrero Guerrero – Juventudes libertarias

Francisco Mancilla Barrientos – Juventudes libertarias

Paulo Rojas Ramírez – Asistente Social.

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Chile: Suprema huella de impunidad

Lucía Sepúlveda Ruiz (especial para ARGENPRESS.info)

Libres los CNI asesinos de Gastón Vidaurrázaga y Felipe Rivera y rebaja de penas para asesinos del periodista José Carrasco.

El 13 de agosto de 2009, transcurridos 23 años de uno de los episodios criminales más atroces del repertorio de dictadura, los ministros de la Corte Suprema Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Juan Araya y Carlos Künsemüller rebajaron en forma considerable las sentencias de Alvaro Corbalán y otros agentes de la CNI que ejecutaron al periodista José Carrasco Tapia y al publicista Abraham Muskatblit Eidelstein. Al mismo tiempo dejaron en libertad condicional a los autores de las ejecuciones del profesor y artista plástico Gastón Vidaurrázaga Manríquez y del electricista Felipe Rivera Gajardo. Los cuatro homicidios ocurrieron bajo estado de sitio en la madrugada del 8 de septiembre de 1986, y fueron la respuesta de la policía secreta de Pinochet a la fallida emboscada del 7 de septiembre contra el dictador.

Quienes ejecutaron al profesor Vidaurrázaga, también militante del MIR –e hijo de la ex jueza María Manríquez ,– y al ex funcionario estatal Felipe Rivera, militante comunista, caminarán libres y tranquilos por las calles y podrán leer en los periódicos que hoy en Chile los “terroristas” están presos, son perseguidos o incluso muertos: son mapuches, los nuevos presos políticos del Estado chileno. No dirán los diarios que en las comunidades se sabe que Jaime Mendoza Collío fue ejecutado ayer por un carabinero con un disparo por la espalda, y no en una emboscada como dice la version oficial. La televisión les informará ampliamente a los criminales y al país de la ardua labor de la fiscalía y de las fuerzas especiales desplegadas en el sur como en dictadura, para enfrentar con balas y gas lacrimógeno la lucha por la tierra que libran hombres, mujeres y niños con palos, piedras y boleadoras.

Incumplimiento del Estado

El más alto tribunal chileno da así una señal a la sociedad de cómo opera la justicia, y retoma la huella de impunidad que abriera en dictadura En los dos últimos años algunas de sus sentencias han favorecido a criminales de la CNI - la Central Nacional de Inteligencia del régimen dictatorial – mediante la rebaja de penas, por la vía de aplicar la media prescripción o la prescripción total. Al aplicar la prescripción gradual a delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema compromete la responsabilidad internacional del Estado de Chile, que incumple así sus obligaciones internacionales, en especial respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La proporcionalidad y pertinencia de las sentencias, respecto de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos es uno de los requerimientos señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estas materias.

El menú supremo

Álvaro Corbalán Castilla, jefe de operaciones de la CNI, que de acuerdo a la prolongada investigación judicial debía enfrentar 18 años de presidio por planear estos crímenes, vio rebajada su condena a 12 años. La Corte de Apelaciones había confirmado las sentencias de trece años de presidio para Jorge Vargas Bories, Iván Quiroz Ruiz, pero la Corte Suprema en cambio condenó a sólo 7 años a los autores materiales de los homicidios del editor internacional de la revista Análisis y dirigente del MIR, José Carrasco y de Abraham Muskablitt, dirigente del Partido Comunista. Con la benevolencia del alto tribunal, quedan además en libertad condicional los agentes Krantz Bauer, Jorge Jofré y Juan Jorquera, cuya sentencia a 8 años de prisión efectiva como autores del homicidio del también miembro del MIR, profesor Vidaurrazaga había sido previamente confirmada en segunda instancia.

Hay más impunidad en el supremo menú dado a conocer oficialmente. Pedro Guzmán Olivares y Gonzalo Maas del Valle, autores del homicidio de Felipe Rivera salieron en libertad, al rebajarse de 8 a 5 años sus condenas. Los ex agentes Víctor Lara Cataldo, René Valdovinos Morales, Víctor Muñoz Orellana, Eduardo Chávez Baeza, Carlos Alberto Fachinetti López, y José Ramón Meneses Arcau, habían recibido del ministro Haroldo Brito - que redactó las sentencias originales - condenas de prisión efectiva. Pero al igual que los ya nombrados, tendrán ahora sólo cinco años de pena remitida, en lugar de cinco años y un día, que les hubieran significado cumplir la sentencia en prisión. Este tipo de fallos contradicen no sólo el derecho internacional en derechos humanos sino también la jurisprudencia de la propia Corte.

En total, once culpables de delitos de lesa humanidad, juzgados de acuerdo a las leyes penales antiguas salen a la calle, quizás para que haya más espacio para encarcelar a jóvenes mapuche y luchadores sociales cuyas demandas son criminalizadas por la nueva justicia penal chilena y requeridos desde el ministerio del interior y el gobierno en general.

Libres los exhumadores

El mismo día que se dio a conocer esta sentencia final, largamente esperada por los defensores de derechos humanos y los periodistas, la Corte Suprema dio a conocer otras dos sentencias definitivas igualmente aberrantes. No hubo cárcel para ninguno de los altos oficiales y subalternos involucrados en el delito de hacer desaparecer por segunda vez a desaparecidos, trasladando los cuerpos desde el campo militar de Peldehue para ser arrojados al mar y ocultar la evidencia de sus crímenes. Los nueve ex uniformados recibieron como pena 270 días de prisión remitida por su rol en la denominada “Operación Retiro de Televisores” ordenada por Pinochet .

La tercera sentencia definitiva dada a conocer el 13 de agosto es por la desaparición de Rubén Alejandro Velásquez Vargas y el homicidio de José Esaú Velásquez Velásquez, el 5 de octubre de 1973 en el sector de Lago Yunque, provincia de Palena, Región de Los Lagos. Los criminales recibieron penas remitidas de tres años y un día. En su pueblo de origen, seguramente muy pequeño, los hijos y nietos de Rubén y José seguirán cruzándose en la calle con los asesinos.

No estamos sin embargo ante sentencias excepcionales.

Otra de Ballesteros y Segura

En enero de 2009, la Corte Suprema aplicó la prescripción y absolvió a los criminales de la DINA identificados como autores de la desaparición de la estudiante de servicio social Jacqueline Binfa. El alto tribunal absolvió de toda responsabilidad penal a la cúpula del servicio secreto de la dictadura pinochetista por el secuestro calificado de la universitaria, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), desaparecida el 27 de agosto de 1974, en Santiago, uno de los 119 secuestrados en la Operación Colombo. El fallo dictado por el ministro Solís y ratificado por la Corte de Apelaciones fue anulado por los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros y Julio Torres Allú, con los votos en contra de los ministros Jaime Rodríguez y Hugo Dolmetsch.

La sentencia anulada condenaba a 15 años al ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general Manuel Contreras, y a diez años a los ex agentes Marcelo Moren Brito, César Manríquez Bravo, Miguel Krassnoff y Ciro Torres Sáez., quienes cumplen penas por otros crímenes similares.

Incluyendo las tres sentencias reseñadas al comienzo de esta nota, en 2008 y 2009, al fallar causas de derechos humanos la Corte Suprema ha aplicado en doce oportunidades la media (o total) prescripción, favoreciendo a condenados por delitos de lesa humanidad y marcando un claro retroceso en cuanto a su respeto al derecho internacional de derechos humanos. El tribunal permanece incólume ante las críticas formuladas por el mundo de los derechos humanos y sectores académicos. Nada han dicho al respecto la presidenta Michele Bachelet ni los miembros de su gabinete, locuaces cuando se trata de comentar las sentencias que afectan a comuneros mapuche.

Deudas de la justicia

El 24 de julio de 2009 se cumplieron 34 años de la publicación de la llamada Lista de los 119, la maniobra de guerra sicológica que la DINA bautizó como “Operación Colombo”, otro compendio de crímenes escalofriantes de la dictadura. Pero sólo en diez de los 119 casos de desapariciones hay sentencia definitiva contra el ex director de la DINA, Manuel Contreras y sus subordinados y notablemente, la prescripción sólo se aplicó en el citado caso de Jacqueline Binfa. Las sentencias definitivas que en cambio significaron justicia, aunque tardía (desde 2005 en adelante), son las del secuestro y desaparición de la asistente social María Teresa Bustillos Cereceda; los ex miembros del GAP Manuel Cortez Joo y Miguel Angel Sandoval Rodríguez; los hermanos chillanejos Hernán y María Elena González Inostroza; los estudiantes de ingeniería Luis Guajardo y Julio Fidel Flores Pérez (en 2009); y el estudiante de filosofía, Jorge Espinosa Méndez, todos ellos militantes del MIR. También hubo sentencia del máximo tribunal en el caso del estudiante secundario Mario Carrasco Díaz, socialista. Por la desaparición de Espinosa el único sentenciado, sin embargo, es el agente Osvaldo Romo, que murió en prisión. La sentencia definitiva más reciente se dictó en julio de 2009 por la desaparición del veterinario Jorge D’Orival, confirmándose las condenas a la cúpula de la DINA, en un fallo marcado por una composición diferente de la segunda sala penal que ve los casos de derechos humanos.

En abril de 2009 la Corte Suprema informó por su parte que 369 de todas las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990 aún están en desarrollo. Un 65% de ellas todavía se encuentra en la etapa de sumario o investigación. No hay cifras actualizadas sobre el total de sentencias definitivas. Casos como las sentencias definitivas por casos como la Operación Albania y el homicidio del ex Comandante en jefe del Ejército, General Prats y su esposa representan al sector de la Corte Suprema que respeta la doctrina internacional de derechos humanos.

La tendencia aquí denunciada no contribuye al avance de las investigaciones y procesos pendientes, pues por consideraciones de “economía procesal” algunos jueces y/o ministros podrían desistir de investigar a fondo, puesto que no se están respetando los resultados de sus pesquisas, al instaurarse una falsa “justicia con clemencia” más preocupada de los victimarios que de las víctimas. Asimismo, los tribunales de segunda instancia pueden seguir el camino de sus superiores.

Registro de denegación de justicia

Un seguimiento de los fallos de la Corte Suprema en materia de derechos humanos, encomendado a esta periodista por el Coordinador de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales, permitió establecer un registro preliminar de casos de denegación de justicia en el bienio en curso.

A comienzos de 2009, en enero, la Corte Suprema benefició a los asesinos del dirigente del MIR Jecar Nehgme, con libertad vigilada. En marzo en los casos de Darío Miranda Godoy, Jorge Solovera Gallardo y Enrique Jeria, militantes comunistas, la sentencia definitiva revocó el fallo original, aplicando la media prescripción y dejando en libertad condicional al criminal Carlos López Tapia, ex jefe de Villa Grimaldi..

También ese mes, la Corte de Apelaciones de Valdivia revocó la sentencia de la jueza Emma Díaz contra los responsables de masacrar a 31 campesinos en Osorno (caso Rahue III, 1973). En lugar de prisión perpetua para Adrián José Fernández Hernández, responsable de 15 secuestros, se le condenó a él y a otros cuatro criminales en serie a veinte años. La Corte además absolvió a seis condenados por la jueza y dejó libres a los restantes quince sujetos.

En 2008 se iniciaba esta tendencia. En diciembre de ese año, la Corte Suprema recusó la sentencia dictada en el caso de las desapariciones de Ivan Montti Cordero y Carmen Díaz Darricarrere, reemplazándola por la media prescripción Los directivos de la DINA recibieron sentencia de cuatro años con beneficios de libertad vigilada. En noviembre el alto tribunal había sentenciado a Ricardo Lawrence Mires (ex coronel de carabineros) a tres años por el secuestro y desaparición de Ariel Santibáñez Estay. Así el ex DINA, empresario distribuidor de camarones, sigue disfrutando de libertad.

En septiembre de 2008 la sentencia definitiva rebajó las condenas de los responsables de la matanza de 15 campesinos en Liquiñe, liberando al ex coronel Hugo Guerra Jorquera y el empresario Luis García Guzmán.

Ese mismo mes, la Corte Suprema falló la libertad condicional para los cinco agentes de la CNI responsables del homicidio de Fernando Vergara, de la emisora clandestina Radio Liberación, en 1984. Asimismo, en mayo de 2008 por sentencia definitiva quedaba libre Julio Alarcón Saavedra, oficial de la Armada, el único imputado por el homicidio calificado del estudiante Constanzo Vera en el Fuerte Borgoño.

En todos estos casos, el bien jurídico afectado es la vida, y la sentencia, reiteramos, es de una inefable levedad.

Racismo judicial

En cambio, al 31 de julio de 2009, por supuestos delitos de incendios que no han cobrado vidas, cumplían prisión efectiva 32 mapuche o activistas de esa causa, en recintos ubicados en Los Angeles, El Manzano (Concepción), Lebu, Angol, Victoria, Collipulli, Traiguén, Temuco, e Isla Teja (Valdivia). Algunos de ellos han sido condenados a diez años de prisión, por la ley antiterrorista. Las organizaciones mapuche que velan por los derechos colectivos de su pueblo consideran que esto es también racismo y discriminación judicial y socio-ambiental y así lo están planteando a estas horas en Ginebra ante la Comisión que ve el tema y examina al Estado chileno, representado por la ministra de MIDEPLAN Paula Quintana. La Delegación mapuche la integran Francisco Vera, Werken de la Mesa Mapuche, Manuel Curilen, vocero de las familias afectadas por Racismo Ambiental, Mauricio Peñailillo, de la Red de Ambiental de Temuco, Blas Pantel, del Observatorio Ciudadano, y Andrea Calfunao, de la Comunidad Juan Paillalef de Cunco. Durante la semana han realizado diversas gestiones en la ONU reuniéndose con Expertos y Relatores. Para ellos será clave la participación el día 14 de agosto en los que se realizará el examen oficial de Chile respecto del cumplimiento de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial por el Comité de Eliminación de Discriminación (CEDR) de las Naciones Unidas.

Un truco de magia de la Corte de Valparaíso

Este fallo demuestra dramáticamente lo difícil que es en Chile avanzar en derechos para los sectores vulnerables: no basta con tener leyes que los protejan sino que, además, es necesario que los tribunales -como la Corte de Valparaíso- tengan la fidelidad mínima de respetar el sistema democrático y no inventen sus propias doctrinas. En esas doctrinas casi siempre vuelven a perder los perdedores.

Por José Luis Ugarte*

Vera Barkhannn era profesora de inglés en el Colegio Alemán de Valparaíso. Después de largos años al servicio de esa institución fue repentinamente despedida por la inefable causal de necesidades de la empresa. Lo que ella y sus propios compañeros de trabajo sabían -así se lo hicieron ver en una carta del sindicato a la empresa- es que la verdadera razón de ese despedido era la edad.

Pero, como ocurre en todos estos casos, el problema era la prueba: ¿Cómo acreditar que lo que al Colegio Alemán le molestaba era el exceso de canas y no un repentino apuro económico institucional?

A la profesora le esperaban, como a todos los trabajadores en Chile, buenas noticias: en la nueva justicia laboral las cosas no son tan difíciles. En esta los trabajadores discriminados deben aportar indicios suficientes que hagan "sospechar" razonablemente al juez que la discriminación ha ocurrido. En ese caso, entonces, corresponde al empleador acreditar que su motivación fue razonable y no discriminatoria.

Eso es lo que dice expresamente la Nueva Reforma Procesal Laboral en el artículo 493 del Código del Trabajo.

Y gracias a ello, la Sra. Barkhannn logro algo inédito en Chile. Que un tribunal la protegiera como no había ocurrido nunca con un trabajador en nuestro país en materia de discriminación: que se declarara por un tribunal -concretamente el Juzgado del Trabajo de Valparaíso- que su despido había sido discriminatorio por edad y que por tanto, debería pagarse un recargo indemnizatorio para la trabajadora, quedando el colegio, además, obligado a efectuar un seminario contra la discriminación. Sí, tal como lo leyó.

Pero estamos en Chile y ante tamaño avance de los trabajadores, eso no podía durar mucho.

La Corte de Valparaíso  decidió anular el fallo del Tribunal del Trabajo. Y aquí lo malo no es la decisión sino la curiosa razón que se esgrimió. Sabiendo que los indicios contra el empleador eran más que suficientes y que el Colegio Alemán no los había desvirtuado en absoluto, la Corte de Valparaíso decidió vestirse de legislador y se inventó su propia regla legal, realizando un verdadero truco de magia: la regla de los indicios -el ya citado 493 del Código del Trabajo- no se aplica a los casos de discriminación laboral, sino sólo a los de derechos fundamentales.

Parece broma, pero es en serio y la perplejidad ante tamaño truco son obvias:

¿La Corte de Valparaíso no considera la no discriminación laboral un derecho fundamental? ¿Habrá leído alguna de sus señorías los tratados internacionales suscritos en la materia y vigentes en Chile? ¿No es acaso la no discriminación un derecho fundamental en nuestra propia Constitución?

Esa Corte se inventaba así para la historia del pensamiento jurídico occidental una distinción nunca antes conocida en el derecho internacional, genuinamente made in puerto: hay casos de derechos fundamentales y hay otros -los de discriminación- que no son de derechos fundamentales.

Fuera de broma, este fallo demuestra dramáticamente lo difícil que es en Chile avanzar en derechos para los sectores vulnerables: no basta con tener leyes que los protejan sino que, además, es necesario que los tribunales -como la Corte de Valparaíso- tengan la fidelidad mínima de respetar el sistema democrático y no inventen sus propias doctrinas.

En esas doctrinas casi siempre vuelven a perder los perdedores.

*José Luis Ugarte C es Profesor de Derecho UDP

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Ex director de Dinacos es nuevo presidente del Tribunal Constitucional

Marcelo Venegas fue electo por unanimidad este martes

El abogado estuvo a cargo del organismo de comunicaciones de la dictadura en 1986, año en que el FPMR atentó contra Augusto Pinochet y se encontró el arsenal de Carrizal Bajo, tema por el cual aplicó censura previa a los medios. También fue uno de los votos decisivos a favor de la prohibición de la distribución de la píldora del día después. Su nombre concentró la adhesión de todos los miembros del Tribunal, incluido el DC Mario Fernández, con quien son cercanos. Asumirá el cargo el 28 de agosto.

Por Miguel Paz

Con un escueto comunicado de tres líneas el Tribunal Constitucional (TC) informó la tarde de este martes, la designación de Marcelo Venegas Palacios como el próximo presidente del organismo. El viernes pasado el nombre del ministro del TC ya se mencionaba como el candidato con más posibilidades de ser elegido. Pero sorprendió en círculos que conocían las tratativas, que Venegas obtuviese la unanimidad de los votos.

Uno de los argumentos para ello, sostienen, es la diferencia de criterio que ha existido en materias “valóricas” entre los ministros catalogados como “conservadores”, grupo que integra Venegas, con los “progresistas”. Pero también está su currículo.

Censura previa en 1986

Definido como un duro, afín a los lineamientos del viejo Partido Nacional, Venegas fue jefe de gabinete de Sergio Onofre Jarpa a comienzos de los 90’ en el Congreso y es amigo del senador Sergio Romero y del presidente de Renovación Nacional y miembro del Opus Dei, Carlos Larraín.

Su llegada al TC ocurrió en 2006, cuando fue propuesto por la unanimidad de la Cámara de Diputados y ratificado por todos los miembros del Senado como miembro del Tribunal, resguardando así el cuoteo que ha existido en el organismo.

Nacido en 1948, Venegas egresó de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en 1972. Tras integrarse a la dictadura como funcionario del Instituto de Desarrollo Agropecuario y dirigir el Instituto de Desarrollo Indígena, la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas y el INDAP, tuvo un breve paso por el Ministerio del Interior como abogado hasta que en 1986 fue designado Director de la División Nacional de Comunicación Social (DINACOS).

Aunque estuvo sólo un año a la cabeza del organismo encargado de emitir los comunicados oficiales de la dictadura y de la censura previa a los contenidos de la prensa, a Venegas le tocó encabezar la entidad en el período de mayor tensión del régimen de Pinochet: el hallazgo, el lunes 11 de agosto, de la internación de armas de Carrizal Bajo, organizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) con apoyo de Cuba, y el atentado a Pinochet, efectuado el domingo 7 de septiembre en el Cajón del Maipo por un comando del FPMR compuesto por 24 fusileros.

El viernes 8 de agosto de 1986, como jefe de DINACOS Venegas impuso una férrea censura a los medios de comunicación y agencias de noticias, argumentando que en esos momentos se llevaba a cabo un operativo que podría poner en riesgo la seguridad nacional. La medida se mantuvo hasta el lunes 11, día en que se hizo público el descubrimiento del arsenal ingresado al país por el FPMR.

En 2005, el nombre de Venegas volvería a figurar relacionado a hechos de 1986 (el “año decisivo” en que el Partido Comunista y el FPMR apostaron sus fichas para derrocar a Pinochet), cuando el juez Hugo Dolmestch lo incluyó en la lista de civiles miembros del comité político asesor de Pinochet, llamados a declarar en el marco de su investigación sobre los asesinatos de José Carrasco, Gastón Vidaurrázaga, Felipe Rivera y Abraham Muskablit, realizados por la CNI en represalia por el atentado contra el ex dictador.

Cercano al “Peta”

Entre los “progresistas” que dieron su apoyo a Venegas se encuentran el actual presidente del TC, Juan Colombo, los PS Francisco Fernández y Hernán Vodanovic, y el DC Carlos Carmona, cercano a la Presidenta Michelle Bachelet. Apodado “La República” debido a su experiencia en materias legales, Carmona fue jefe de la División Jurídica durante los gobiernos de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Bachelet, hasta que el 9 de abril pasado la Mandataria lo nombró como reemplazante de Jorge Correa Sutil en el TC.

De ahí que, según fuentes del gobierno, la noticia generó ruido en La Moneda, donde se sabía que Venegas producía consenso entre sus pares. Pero no se contemplaba un voto unánime.

El cargo de presidente del Tribunal Constitucional es catalogado como de la más alta importancia puesto que junto a los consejeros del Banco Central, los integrantes del TC son los únicos funcionarios que no están sujetos a una acusación constitucional, sin mencionar el rol del TC como órgano donde se interpretan y zanjan cuestiones legales que afectan la voluntad y la vida de los ciudadanos, como la distribución de la “píldora del día después”.

Según fuentes del organismo, uno de los ministros clave en la articulación del apoyo cerrado que tuvo Venegas fue Fernández. El “Peta” como le dicen al ex subsecretario de Guerra del gobierno de Frei y ex ministro de Defensa de la administración Lagos, es cercano a Venegas.

En abril de 2008, los votos de ambos fueron decisivos para que el TC prohibiera la distribución gratuita del anticonceptivo de emergencia en los consultorios del país.

Entonces, la molestia de La Moneda recayó en Fernández, hombre de fuertes convicciones religiosas, apegado a los dictámenes de la Iglesia Católica, que se mantuvo inmune a los llamados de Edmundo Pérez Yoma y Soledad Alvear, correligionarios suyos que habrían conversado con él para que cambiara su opinión sobre la prohibición de distribuir gratuitamente el fármaco. La resolución del TC fue calificada como “una vergüenza” por el senador Juan Pablo Letelier y recibió las críticas del vocero Francisco Vidal.

Artículos relacionados:

Tribunal Constitucional, a un paso de prohibir la pí­ldora del dí­a después (14 de Marzo de 2008)

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Chile: Descartan aplicar la ley antiterrorista a los indígenas

por ARGENPRESS

El gobierno chileno descartó hoy invocar la Ley de Seguridad del Estado o la Ley Antiterrorista ante los ataques de los últimos días a predios y contra camioneros en la sureña región de la Araucanía por activistas mapuche que reclaman territorios ancestrales.

"En el ámbito de la investigación judicial logramos avances muy importantes y creemos que en estos casos se puede hacer de la misma manera por las vías regulares y normales", dijo el martes a la prensa la ministra portavoz del gobierno, Carolina Tohá.

Sobre la posibilidad de recurrir en el futuro a los tribunales con estas reglamentaciones, la titular de la Secretaría General de Gobierno apuntó que "en este momento no es lo que está en discusión".

"Creemos que para la investigación de los fiscales y la labor de las policías se tienen hoy día las herramientas para que estos hechos se esclarezcan y se identifiquen responsables", agregó.

Las quemas de predios agrícolas y de camiones de empresas forestales se han sucedido en la región tras la detención, la semana pasada, del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul Carillanca.

La CAM es la organización más radicalizada del movimiento indígena en Chile, y exige la devolución de las tierras ancestrales.

Al menos medio centenar de activistas mapuche se encuentran en prisión con base en la ley Antiterrorista, rechazada por agrupaciones de derechos humanos y organismos internacionales que fustigan esa catalogación para movilizaciones de reivindicación.

Los incidentes serán asumidos como hechos delictivos comunes, porque no son situaciones aceptables y que puedan quedar impunes, pero creemos que las herramientas que tenemos disponibles son suficientes", precisó Tohá.

La actual movilización de grupos mapuche es la más elocuente desde las que se suscitaron tras la muerte a manos de la policía chilena del joven universitario mapuche Matías Catrileo en enero del año pasado, muerto en una manifestación.

Los Mapuche son la etnia más numerosa del país y exige la restitución de sus tierras perdidas, sucesivamente, a manos de la corona española, desde el siglo XVI, y el Estado chileno, desde el siglo XIX.

PORQUE NO QUEREMOS UN INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE

Una vez más se pretende legislar en base a aquella frase que ha quedado grabada a fuego en quienes nos gobiernan. Pasan los años y ”en la medida de lo posible” reaparece siempre vigente en todos los ámbitos, ¿cómo? se preguntará usted, la respuesta es fácil, se necesitan los votos de la derecha y esta sin reparo alguno, defiende los intereses de la dictadura y sus agentes.

 

Es así como aceptan legislar a favor de una miserable reparación para ex presos políticos, pero por 50 años de silencio en el nombre de quienes los torturaron. Aceptan tipificar los delitos de lesa humanidad pero por favor ni nombrar el genocidio de carácter político. Mejor ni proponerles la anulación de los efectos de Decreto Ley de Amnistía, ahí encontramos el consenso, Concertación y Alianza unidas jamás serán vencidas.

 

La creación del Instituto de Derechos Humanos, no escapa a esta lógica, una institucionalidad que según nuestro punto de vista debería ser una real oportunidad de salvaguardar los derechos de todos y cada uno de los habitantes de este país, carece de los instrumentos necesarios para hacerlo.

Solo algunos ejemplos:

Autonomía, el Presidente de su Directorio debe ser ratificado por el o la Presidenta de la República.

Homologación de la condición de víctimas, universalmente se considera como víctimas de la violación de  sus derechos humanos a quienes las sufren a partir de políticas provenientes del Estado, en ningún caso igualado conceptualmente con  quienes son víctimas de la violencia política.

Facultad de querellarse, solo será posible hacerlo en caso de detenidas y detenidos desaparecidos y de ejecutadas y ejecutados políticos, dejando en la indefensión a millares de víctimas de la tortura.

Convenciones y Tratados Internacionales, solo se respetaran aquellos que han sido ratificados y suscritos por Chile, sabido  es que nuestro país no se ha caracterizado precisamente por estar a la altura de la ratificación y firma de muchos de ellos, por ejemplo de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas de la OEA, sin mencionar la de similares características de la ONU

Difusión de los posibles Informes de este posible Instituto, solo a un segmento muy parcial, quedando fuera de la información organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, es decir no llegaría a quienes en rigor, les correspondería.

 

Nuestra negativa a la aprobación de este Instituto, no es antojadiza, no tiene que ver con la tozudez de un grupo minoritario, sino que ha sido refrendado por la propia Organización de Naciones Unidas, quien en nota al Gobierno de Chile, expresa su opinión que es como sigue:

“El conjunto de atribuciones que la presente ley otorga al Instituto de Derechos Humanos de Chile, debe ser definido de una mejor manera, a fin que pueda estar en total concordancia y cumplir con las exigencias establecidas en los Principios de París.

Los Principios de París hacen hincapié en la necesidad que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos tengan un mandato lo mas amplio y definido posible, es por ello que conviene hacer una revisión de dichas funciones y precisarlas claramente.

De igual forma es preciso destacar que la relación que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos pueden tener con el sistema internacional de protección de los Derechos Humanos es fundamental y por ello es preciso fortalecer y asegurar esta relación. En ese sentido es importante ampliar las competencias otorgadas en esta ley al Instituto Nacional de Derechos Humanos e incluir por ejemplo la posibilidad de establecer mecanismos de seguimiento a las diferentes recomendaciones emanadas de los diferentes Comités creados en virtud de Tratados, del Consejo de Derechos Humanos, de los Relatores Especiales, así como de otros organismos de protección de los Derechos Humanos a nivel regional y facultades como la promoción de la ratificación de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y asegurar su aplicación”

 

Estos son algunos de los argumentos de la ONU para objetar la implementación de un Instituto de Derechos Humanos como el que quiere aprobar el actual gobierno.

 

Pero hay más, en un afán de enturbiarlo, integran a este Instituto, como un artículo transitorio la reedición de Comisiones como lo fueron la Retting y la Valech, es decir, calificación de nuevas víctimas, acotadas a desapariciones, ejecuciones y prisión política. Sabemos que fundamentalmente un sector de estos últimos sienten como imperiosa la aprobación de este Instituto pues resolvería sus  legítimas demandas de reparación.

 

En un esfuerzo por lograr la aprobación de este Instituto, el Gobierno intenta obtener los votos condicionados a una posterior revisión para enmendar los errores que contiene, algo así como “en el camino se arregla la carga”, viejo adagio que tendrá su validez en la sabiduría popular, pero que hoy es impresentable para un país como Chile que necesita de una institucionalidad para el llamado bien común, para todos y todas, para las futuras y presentes generaciones que ven cada día vulnerados sus derechos básicos.

 

 

AGRUPACIÓN  DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

 

Santiago, 28 de julio de