PORQUE NO QUEREMOS UN INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE

Una vez más se pretende legislar en base a aquella frase que ha quedado grabada a fuego en quienes nos gobiernan. Pasan los años y ”en la medida de lo posible” reaparece siempre vigente en todos los ámbitos, ¿cómo? se preguntará usted, la respuesta es fácil, se necesitan los votos de la derecha y esta sin reparo alguno, defiende los intereses de la dictadura y sus agentes.

 

Es así como aceptan legislar a favor de una miserable reparación para ex presos políticos, pero por 50 años de silencio en el nombre de quienes los torturaron. Aceptan tipificar los delitos de lesa humanidad pero por favor ni nombrar el genocidio de carácter político. Mejor ni proponerles la anulación de los efectos de Decreto Ley de Amnistía, ahí encontramos el consenso, Concertación y Alianza unidas jamás serán vencidas.

 

La creación del Instituto de Derechos Humanos, no escapa a esta lógica, una institucionalidad que según nuestro punto de vista debería ser una real oportunidad de salvaguardar los derechos de todos y cada uno de los habitantes de este país, carece de los instrumentos necesarios para hacerlo.

Solo algunos ejemplos:

Autonomía, el Presidente de su Directorio debe ser ratificado por el o la Presidenta de la República.

Homologación de la condición de víctimas, universalmente se considera como víctimas de la violación de  sus derechos humanos a quienes las sufren a partir de políticas provenientes del Estado, en ningún caso igualado conceptualmente con  quienes son víctimas de la violencia política.

Facultad de querellarse, solo será posible hacerlo en caso de detenidas y detenidos desaparecidos y de ejecutadas y ejecutados políticos, dejando en la indefensión a millares de víctimas de la tortura.

Convenciones y Tratados Internacionales, solo se respetaran aquellos que han sido ratificados y suscritos por Chile, sabido  es que nuestro país no se ha caracterizado precisamente por estar a la altura de la ratificación y firma de muchos de ellos, por ejemplo de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas de la OEA, sin mencionar la de similares características de la ONU

Difusión de los posibles Informes de este posible Instituto, solo a un segmento muy parcial, quedando fuera de la información organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, es decir no llegaría a quienes en rigor, les correspondería.

 

Nuestra negativa a la aprobación de este Instituto, no es antojadiza, no tiene que ver con la tozudez de un grupo minoritario, sino que ha sido refrendado por la propia Organización de Naciones Unidas, quien en nota al Gobierno de Chile, expresa su opinión que es como sigue:

“El conjunto de atribuciones que la presente ley otorga al Instituto de Derechos Humanos de Chile, debe ser definido de una mejor manera, a fin que pueda estar en total concordancia y cumplir con las exigencias establecidas en los Principios de París.

Los Principios de París hacen hincapié en la necesidad que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos tengan un mandato lo mas amplio y definido posible, es por ello que conviene hacer una revisión de dichas funciones y precisarlas claramente.

De igual forma es preciso destacar que la relación que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos pueden tener con el sistema internacional de protección de los Derechos Humanos es fundamental y por ello es preciso fortalecer y asegurar esta relación. En ese sentido es importante ampliar las competencias otorgadas en esta ley al Instituto Nacional de Derechos Humanos e incluir por ejemplo la posibilidad de establecer mecanismos de seguimiento a las diferentes recomendaciones emanadas de los diferentes Comités creados en virtud de Tratados, del Consejo de Derechos Humanos, de los Relatores Especiales, así como de otros organismos de protección de los Derechos Humanos a nivel regional y facultades como la promoción de la ratificación de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y asegurar su aplicación”

 

Estos son algunos de los argumentos de la ONU para objetar la implementación de un Instituto de Derechos Humanos como el que quiere aprobar el actual gobierno.

 

Pero hay más, en un afán de enturbiarlo, integran a este Instituto, como un artículo transitorio la reedición de Comisiones como lo fueron la Retting y la Valech, es decir, calificación de nuevas víctimas, acotadas a desapariciones, ejecuciones y prisión política. Sabemos que fundamentalmente un sector de estos últimos sienten como imperiosa la aprobación de este Instituto pues resolvería sus  legítimas demandas de reparación.

 

En un esfuerzo por lograr la aprobación de este Instituto, el Gobierno intenta obtener los votos condicionados a una posterior revisión para enmendar los errores que contiene, algo así como “en el camino se arregla la carga”, viejo adagio que tendrá su validez en la sabiduría popular, pero que hoy es impresentable para un país como Chile que necesita de una institucionalidad para el llamado bien común, para todos y todas, para las futuras y presentes generaciones que ven cada día vulnerados sus derechos básicos.

 

 

AGRUPACIÓN  DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

 

Santiago, 28 de julio de