Colombia

Desde la cárcel entrevista exclusiva con Joaquín Pérez Becerra, deportado de Venezuela a Colombia

Por Dick Emanuelsson

“El objetivo de esta vaina es criminalizar los medios alternativos, cerrar una voz que esta en contra el gobierno colombiano, así de sencillo, esa es la finalidad”.

Escuchar toda la entrevista: http://www.box.net/shared/x11sr0zzcn

En una primera entrevista exclusiva para “ANNCOL SOMOS TODOS”, el deportado Joaquín Pérez Becerra, director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANNCOL, responde desde la cárcel La Modelo en Bogota, a las preguntas e inquietudes de miles de personas en el mundo que ha seguido hora por hora “el desarrollo de los acontecimientos en pleno desarrollo”, como suela a decir el Maestro Walter Martínez en el programa “Dossier”.

Lo relatado por Pérez Becerra a este reportero es indignante, más si entendemos que el director de ANNCOL ha sido uno de los más fieles defensores de la Revolución Bolivariana y su comandante Chávez. Varias veces Pérez Becerra y la Asociación Jaime Pardo Leal, la cual pertenece, ha sido convocante a actos de información y manifestaciones públicas en defensa al proceso político que comenzó en Venezuela 1999.

Pero una cosa es el mal trato por parte de la Guardia Nacional venezolana. Otra cosa es la actitud del representante político que Pérez Becerra cree fue el ministro de Comunicación, Andrés Izarra. Éste comenzó su carrera periodística en NBC y CNN, canales de televisión estadounidenses y la terminó en RCTV, Radio Caracas Televisión, la cuna mediática del Golpe de Estado en abril 2002, antes de asumir durante los años siguientes cargos altos en la administración de Chávez.

Nadie, ni Izarra ni algún representante de la migración venezolana preguntaron por la ciudadanía de Joaquín Pérez. Parece que ni siquiera estaban interesados de saberlo, dice Pérez en la entrevista, pese a que tenía el pasaporte sueco y la cédula sueca en mano.

Izarra ya tenía su versión escrita y la publicó en su “Twitter” solo una hora después de la detención de Joaquín Pérez en el aeropuerto de Maiquetía hace una semana, diciendo que Pérez era de nacionalidad colombiana.

Un periodista nunca debe exagerar o manipular la realidad y los acontecimientos. Pero no es una exageración de decir, que la reacción por la detención y la deportación a Joaquín Pérez no se ha limitado a Colombia, Suecia y Venezuela, sino a todo el mundo. Personalidades de todo tipo, movimientos sociales y organizaciones políticas se han pronunciado, alarmando a presidente Chávez, expresando que “revolucionarios no se deporta, se los defiende si es que es una Revolución auténtica”. Juristas, abogados y jueces han corregido los pocos funcionarios venezolanos estatales que han salido en defensa de la deportación, subrayando que si había alternativas jurídicas y sostenibles ante la deportación de Pérez.

Pero quiero poner en la primera línea el comunicado de La Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos de Venezuela, que muy preocupada por la deportación de Pérez dice que ella “generan una fisura en la confianza de los millones que construimos desde abajo, colectivo a colectivo, consejo comunal a consejo comunal, movimiento a movimiento, el socialismo y la patria bonita”.

Chávez no es nada sin las masas populares venezolanas. Cuando se abre una “fisura”, el enemigo la aprovecha.

A continuación la entrevista transcrita en gran parte con Joaquín Pérez:

* Dime en forma breve como fue el trato durante la detención en Caracas. La embajada sueca dijo que no pudo contactarse contigo por que no lo permitieron.

– ¡Fue muy grosera la vaina en Caracas! El tratamiento de la Guardia (Nacional) fue muy malo, muy malo y muy ofensivo. Inclusive se portó mejor la policía colombiana que a ellos, fue más correcta que ellos. Los venezolanos fueron muy ordinaria... No me dejaron ver televisión, nada para que no me diera cuenta de nada.

* ¿Estuviste totalmente incomunicado?

– Estuve incomunicado en Venezuela, hermano. Y rapidito al aeropuerto. ¡Fue muy, muy mala gente”! Yo he dicho acá (en la Cárcel de La Modelo) que ¡“yo no vuelvo a la patria de Bolívar”!

* ¿Había algún representante político por parte del ministerio del interior o de...?

– Cuando me entregaron fue un ministro de Izarra, me parece, no me acuerdo.

* ¿Él te entregó a la policía colombiana?

– Yo creo que es él (Izarra), no estoy seguro, pero era del ministerio. Ni siquiera hablaba conmigo, se escondía y se... ¡eran unos HH.PP!

* ¿Alguien te preguntaba si era sueco o colombiano?

– Ellos... yo les expliqué que era sueco.

* ¿Tu ingresaste con el pasaporte sueco, no?

– Síííí, yo les conté ... y tenía la cédula sueca y, ¡Pero no! Incluso llegaron al avión con la orden de Colombia y me capturaron ahí, como fuera la policía colombiana. ¡Unos malparidos! Una actitud mezquina y ordinaria. ¡Me trataron mal! Pero había una gente que estaba ahí con bajo perfil que era un poco más solidaria, pero como la orden venía de arriba, entonces no pudieron hacer nada. Estuve incomunicado, hermano.

* Ningún representante sueco… o venezolano...

– ¡Nadie, nadie!

* En Frankfurt (cuando hizo trasbordo) ¿había un chequeo especial o...?

– ¡No, no, no, no!

* ¿Todo normal?

– Todo normal, yo incluso dije “bye, bye” a los alemanes y seguí normal.

* En el mundo ha habido una reacción nunca antes visto, una reacción de indignación sobre la deportación de ti (a Colombia). ¿Qué piensas?

– A mi no me dieron ninguna oportunidad, a mi me aislaron para quedarse bien con el gobierno de Colombia. Fue una vaina alarmante.

* En la audiencia primera el martes pasado en la mañana (el día siguiente de la deportación) ahí ¿hablaron sobre la circula roja de Interpol?

– Si, hablaron sobre eso.

* Según el abogado tuyo, (las autoridades colombianas) abrieron el caso y armaron el expediente contra ti hace un año en una forma casi clandestinamente, basándose las pruebas en 700 supuestos correos tuyos de la computadora de Raúl Reyes.

– ¡¿Cuántos?!

* Dicen 700 correos.

– Eso es lo que dicen ellos. Tú sabes que ellos inventan y hacen trabajo logístico de meterse en los computadores, creando correos, creando cartas, tú sabes como son ellos.

* ¿Ese tipo de correos son inventos?

– No son pruebas por que no tiene ninguna credibilidad a la realidad por que son de unas computadoras que fueron destrozadas y desaparecidas. Uno no puede creer en eso, es como un fantasma. Parece que cada vez cuando ellos quieren, la computadora de Reyes escupe correos y fotos.

* ... durante tres años...

– ¡Imagínate! Y sigue escupiendo correos. Y fuera de eso; en el juicio hubo un debate muy grande. El abogado (contratado por el gobierno sueco) fue muy bueno y hubo un debate, primero sobre la ciudadanía mía, la sueca, y ellos (la fiscalía) trataron de explicar que era ciudadanía colombiana. Hubo un enredado.

– Lo que pasa es que prácticamente me han enjuiciado en mi ausencia, ni siquiera me han avisado en la cancillería sueca o en la embajada (colombiana en Estocolmo), por que ellos saben que yo vivo allá. Todo el mundo sabe que yo vivo allá y que soy un hombre con papeles legales y yo no me he ocultado de nadie. ¡Es una cosa grosera!

* ¡Tu renunciaste la ciudadanía colombiana cuando volviste sueco nacionalizado hace diez años?

– Si. Yo les expliqué eso, pero no valía. Expliqué que luchaba por una solución política negociada al conflicto (social y armado), que yo había cumplido un papel en el acercamiento con las FARC (cuando llegó a Suecia la delegación mixta entre guerrilla, gobierno y industriales colombianos encabezados por Raúl Reyes, Víctor G. Ricardo, el comisionado de paz del presidente Andrés Pastrana) y Cesar Villegas, presidente de ANDI, el 2 de febrero de 2000, nota del redactor) y que la pagina (ANNCOL) no es una pagina terrorista porque nosotros no hacemos terror y yo explique todo eso. Tengo un abogado muy bueno y solidaridad de mucha gente.

– Pero claro, el periodismo colombiano es muy grosero y muy astuto que parecen organismos de inteligencia. Incluso aquí mismo han venido periodistas para hacerme la entrevista y yo me he negado. Porque ellos utilizan cualquier cosa para hundirlo a uno pues uno no tiene confianza en esos medios. Entonces yo me negué a una entrevista con Vicky Dávila, con el diario el Tiempo y RCN (canal de televisión y de radio) y yo dije que no. Que más adelante cuando yo estuviera bien documentada y supiera los pormenores del caso, talvez yo accedería pero yo no confío en esa prensa porque es una prensa realmente grosera y arrodillada al gobierno colombiano.

* Uno sabe como manipula la información a su beneficio. ¿Este es resultado de la inteligencia y espionaje que hizo uno de los diplomáticos colombianos en la Embajada de Estocolmo en Suecia, el señor Ernesto Yamure que resultó ser también asesor político y amigo personal de Carlos Castaño?

– ¡Claro! Yo creo que puede ser por ahí, como es conocido nuestra vida por ahí y a ellos les queda muy fácil conocer nuestros nombres, como trabajamos en la radio, como yo me llamo en la radio, como me llamo en la página. A ellos les queda muy fácil hacer o sea que tienen una información muy vasta en general de lo que uno hacia ahí, conocía la radio, él conocía la acción que nosotros hicimos frente al Buque Gloria (julio 2005), nos tomó fotos. O sea; que había una documentación alta que trataron de meter en un computador y trataron de decir que había conexión con esta organización.

* Exactamente y justamente el registro sobre la manifestación en Estocolmo ahí sale la foto de Yamure, por que en ese folio (registro del DAS contra este reportero) ahí esta el articulo que yo escribí, esta en la carpeta que el DAS y el G3 que registró de mi persona como periodista en ese momento. Y se hace entender como “fuente habitual” debe ser el encargado en la Embajada colombiana en Estocolmo (Ernesto Yamhure) que hizo ese registro contra mi y contra ustedes que estaban allá en el muelle.

– Si claro, en general yo creo que esto es una vaina mediática. O sea, el objetivo de esta vaina es criminalizar los medios alternativos, cerrar una voz que está en contra del gobierno colombiano y obligar a la gente a que no hablen mal de un gobierno terrorista. Esa es la finalidad

* Lo que han ganado allí es generar cientos de nuevos corresponsales para ANNCOL.

– Uy, si, hermano, ya estoy mejor, yo estoy muy feliz.

* Es muy impresionante, realmente, la reacción por la deportación tuya de Venezuela a Colombia. Eso lo digo en forma personal de viejo amigo tuyo, no. Y no solamente es parte de esta entrevista.

– Ya te conozco. Si, mira y entre esto es que no me recuerdo que dijo Nicolás Maduro. ¿Qué dijo?

* Bueno, se pregunta el canciller Maduro por qué las autoridades suecas no habían detenido a Pérez en Estocolmo. Entonces yo me pregunto por qué Maduro no hace la misma pregunta a las autoridades alemanas, en el aeropuerto más seguro, más vigilado en el mundo, que es el de Frankfurt, Y por qué no se pregunta Maduro el por qué Santos era el más informado que las dos autoridades mencionadas, o sea sueca y alemana. Y llamó a Chávez en pleno vuelo de Pérez entre Frankfurt y Caracas y llamó informándolos tan generosamente que llegaría un pez gordo y que le hiciera el favor de detenerlo.

– Sí, sí...

* ¡Imagínate!

– Si, si, si, es una vaina

* Las autoridades suecas, ¿cómo se han portado? Porque yo estaba todos los días, varias veces, en contacto tanto con la cancillería sueca, en Estocolmo, como en la cancillería sueca, en Bogotá. Y han sido conmigo, como periodista, correctos, trataban de explicar y responder todas mis preguntas. De todas maneras no han tenido muchas respuestas porque decían que ha sido negado el contacto contigo en Caracas. Pero en Bogotá se encontraron, la noche que llegaste el lunes en la noche y también estuvo el cónsul Erick Wollin en la mañana del martes en la audiencia pública.

– Si, se han portado magníficamente, me han prestado el apoyo, este martes van a venir a visitarme otra vez, están pendientes de mi situación y Erik estuvo ahí en la audiencia todo el día conmigo y el abogado le pasó el informe en la noche, se han portado muy bien.

* Bueno, me alegro. ¿Algunas palabras para la comunidad internacional y sobre todo para los colombianos?

– Si, que yo me siento muy defraudado con la actitud del gobierno bolivariano. Un gobierno al que nosotros hemos apoyado, un gobierno al que nosotros hemos difundido a través de Café Stereo y ANNCOL los propósitos de la Revolución Bolivariana en Venezuela y por lo tanto creo que esto es un golpetazo. No es nada presentable para el gobierno bolivariano. Yo no sé cómo van a remediar esto, yo no se cómo van a cambiar de actitud, pero me parece que la solidaridad, de pronto, va a sufrir una merma porque se está dando cuenta que no puede haber un gobierno que entregue a un comunicador social que ha trabajado para difundir el terrorismo de estado en Colombia. Entonces a los otros latinoamericanos, suecos, europeos que nos conocen, bueno, pues, que estamos dispuestos para recibir la denuncia porque este es un ataque contra la libre expresión, contra la libertad de prensa. Es una actitud para cerrar la boca a la gente que está afuera, es un terror mediático para impedir que el mundo conozca cómo es la oligarquía colombiana, asesina, que arremete contra los derechos humanos que aparentemente está mejor con el gobierno de Santos, pero eso es una total mentira.

– Entonces, a esa colonia internacional un abrazo, los quiero mucho y seguimos la jugada, que aquí estamos decididos a enfrentar a este régimen terrorista.

Muchísimas gracias, Joaquín Pérez Becerra y siente que no estás solo.

Enlace: http://anncolprov.blogspot.com/2011/04/desde-la-carcel-entrevista-exclusiva.html

Fuente: ARGENPRESS.info

Radio Café Stéreo rechaza vehemente la detención y el envió hacia Colombia de Joaquín Pérez, director de ANNCOL y miembro de este equipo radial

Por Miguel Suárez

Joaquín Perez de ciudadanía sueca, había viajado a Caracas en cumplimiento de sus funciones periodísticas cuando fue detenido en el aeropuerto de esa ciudad bajo la argumentación de que había una circular roja de la Interpol, circular que al parecer no tenia validez en Suecia y en Europa donde nunca fue detenido.

Los gobiernos de Colombia y la república Bolivariana de Venezuela firmaron un acuerdo de seguridad luego del reestablecimiento de las relaciones bilaterales en 2010, del que Juan Manuel Santos, presidente de los terroristas de Estado en Colombia dijo que “Caracas ha cumplido con todos los convenios rubricados”.

Algo parecido dijo Bush de refiriéndose a Álvaro Uribe cuando aseguro “ha hecho todo lo que le pedimos y mas”.

De darse el envió de este comunicador a las mazmorras de la oligarquía colombiana, lamentablemente el gobierno bolivariano estaría tomando parte en el conflicto colombiano de parte de la santanderista oligarquía Colombiana.

Llamamos a todas las organizaciones populares y medios alternativos a rechazar el pretendido envío de Joaquín Perez a Colombia y exigimos el envió a Suecia, país que le dio acogida cuando estaba en los planes del terrorismo de estado para asesinarlo.

Pedimos la solidaridad urgente ya que su envío a Colombia pondría en grave riesgo su vida.

Bolivarianamente.

Radio Café Stéreo
Miguel Suárez
Director.

lunes 25 de abril de 2011

Radio Café Stéreo rechaza vehemente la detención y el envió hacia Colombia de Joaquín Pérez, director de ANNCOL y miembro de este equipo radial

Paramilitares masacraron a cinco personas, entre ellos una niña, en una zona fuertemente militarizada

Por Camilo Raigozo

 

Varias organizaciones sociales, entre las que se encuentra la Mesa de Organizaciones Sociales, Campesinas Indígenas y Afrodescendientes, denunciaron el atroz crimen de cinco personas, entre ellas una niña, por parte de paramilitares.

El doloroso hecho ocurrió al medio día del pasado 11 de febrero en la vereda Dios Peña, municipio de San Miguel, Putumayo, cuando varios sujetos irrumpieron violentamente  y con sevicia degollaron a Luz Marina Roa Alfonso, de 59 años, Luz Mery Roa Roa, de 35 y Sorith Juliet Alfonso Roa, de tan solo 5 años de edad.

Los criminales también asesinaron con arma de fuego a los hermanos Erazo Rodríguez, trabajadores agrarios. Un tercer campesino logró escapar. Según información de la Defensoría. estas personas habían llegado procedentes del Valle del Cauca a trabajar a la finca de la familia Alfonso Roa.

La zona donde la estrategia paramilitar del régimen continuó anegando de sangre el territorio nacional está fuertemente militarizada por tropas de la Brigada 27 Selva, la Fuerza Naval del Sur y el Grupo Mecanizado José María Melo.

La Defensoría mediante el Sistema de Alertas Tempranas ya había advertido sobre el riesgo para los pobladores de las zonas cercanas a La Dorada y de las veredas Tres Islas, El Afilador, San Antonio del Comboy, Dios Peña, El Maizal, Chiguaco, Palmira Mandur, La Floresta y La Cabaña, jurisdicción del corregimiento de Puerto Colón.

Igualmente había advertido el alto riesgo corren los indígenas de los Pueblos Kofán e Inga los cuales conforman el Resguardo Yarinal San Marcelino.

No obstante los homicidios selectivos, masacres, retenciones ilegales, secuestros,

restricciones a la libre movilización, desplazamientos forzados y reclutamientos, por parte del autodenominado grupo paramilitar “Los Rastrojos”, continúan a la orden del día.

Las comunidades, organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, rechazaron la brutal masacre y exigieron que se investiguen los hechos con la mayor celeridad posible, lo mismo que los abusos de las tropas del Estado y la connivencia que estas mantienen con los ‘paras’.

Del mismo modo les solicitaron a las organizaciones sociales y de derechos humanos nacionales e internacionales, que vigilen con celo las investigaciones y que sean ellas mismas quienes con su presencia en los lugares de los crímenes, corroboren y denuncien la presencia paramilitar que actúa con plena libertad en zonas densamente militarizadas.

http://notimundo2.blogspot.com/2011/02/parauribismo-san-miguel-putumayo.html

En Colombia son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo, por una violencia sistemática del Estado colombiano

Por Luis Alberto Vanegas

“En Colombia se comenten el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo (…) una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano: esta violencia deja por lo menos desde 1986, 2.778 sindicalistas asesinados, 196 desapariciones forzadas y más de 11.096 hechos de violencia, que constituyen un genocidio contra el movimiento sindical colombiano”.

La organización de las víctimas, paso fundamental para poner punto final a las prácticas genocidas.

La violencia antisindical se da en medio de la persistencia de la crisis de derechos humanos, la continuidad del conflicto interno, la implementación de la política de “Seguridad Democrática” y la militarización de la sociedad, que muestra fenómenos de reincidencia en el actual momento de victimización de los jóvenes, niños y niñas como en el caso de Arauca por agentes del Estado; la denuncia de la Presidenta del Polo Democrático, Clara López, donde señala que del 7 de agosto al presente, han sido asesinados 50 líderes y defensores de derechos humanos, entre ellos, líderes que reclamaban la restitución de tierras; una nueva escalada de masacres, una diaria ocurrida en la semana del 8 al 12 de noviembre de 2010, lo que arroja como resultado una creciente victimización de la sociedad colombiana demostrando la persistencia de fenómenos como la parapolítica, el apoyo a la violencia por parte de algunos empresarios y multinacionales, los falsos positivos, las interceptaciones ilegales como el reciente y denunciado “Plan Escalera”, del pago ilegal de informantes por parte del DAS, para sustraer información de los sindicatos, la reorganización del paramilitarismo, la sostenida impunidad, la profunda crisis social en el empleo y la salud, empiezan a ser reveladas y no pueden ser ocultadas por el gobierno.

Señalamos que no existen condiciones para la realización de los derechos de las víctimas. En primer lugar, porque como lo anticipábamos desde el movimiento sindical y algunas organizaciones de derechos humanos, fracasó rotundamente el proceso de negociación y reinserción de los grupos paramilitares y su instrumento jurídico la ley de Justicia y Paz, cerrando las posibilidades de reconstrucción de la verdad, justicia y reparación a las víctimas; en segundo lugar, por las profundas limitaciones de un proyecto de Ley de víctimas que hoy inicia su debate a partir del proyecto del gobierno de la “Unidad Nacional” que no consultó a las organizaciones de víctimas, ni a las organizaciones sociales y sindicales victimizadas, y tampoco reconoce a todo el universo de víctimas. El Estado se abroga la facultad de definir quién es víctima y quién no, y que el tema medular para la discusión del gobierno es el costo y la sostenibilidad fiscal, por encima de los derechos de las víctimas; y además, entre otras cosas, el proyecto gubernamental no contiene la reparación colectiva a las organizaciones que hemos venido siendo arrasadas, y el Estado no asume, por acción por omisión, su responsabilidad en el genocidio.

De esta forma, señalamos que el Estado y el gobierno colombiano, en unión con empresarios, multinacionales y sectores de derecha, adelantan acciones para tratar de ocultar el genocidio desarrollando una labor diplomática a nivel internacional con el fin de desconocer que el movimiento sindical continúa siendo victimizado, buscando imponer el olvido a la sistemática violencia antisindical.

Cifras de violaciones

Partimos de señalar que en ningún momento podemos caracterizar que estamos en una situación de posconflicto, por el contrario, nuestros afiliados, que se encuentran en casi todo el territorio nacional, y nuestras organizaciones afiliadas sufrimos altos niveles de violaciones, si revisamos lo ocurrido durante el 2010 39 sindicalistas han sido asesinados, de los cuales, 17 son educadores afiliados a Fecode, persiste que cada día se viola un derecho a la vida, a la libertad e integridad de los sindicalistas, como ha ocurrido durante los últimos 25 años. Entre el 1 de enero y el 30 agosto de 2010, se han dado 275 violaciones. Entre ellas 201 amenazas, 16 atentados, 10 hostigamientos, 5 secuestros, 5 desapariciones, 2 allanamientos ilegales, 1 detención arbitraria y los homicidios mencionados. Estos datos son preliminares para el 2010 y muestran un escenario aterrador y peligroso para quienes deciden abanderar las luchas de miles de trabajadores y trabajadoras.

Este fenómeno es la continuación de una política de exterminio y arrasamiento de las organizaciones sindicales, nuestros encuentros vienen levantando el reclamo a la comunidad nacional e internacional de poner punto final al genocidio contra el movimiento sindical colombiano. En esa lucha hemos logrado que organizaciones sindicales hermanas a nivel internacional, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos se solidaricen con nuestra situación, e instancias como la OIT, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parlamentos y gobiernos de la comunidad internacional, reconozcan que en Colombia se comenten el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo. Denuncia que ha significado la no aprobación o ratificación de Tratados de Libre comercio con el gobierno y los empresarios colombianos, como el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o el grupo EFTA, de los países nórdicos. Frente a nuestro reclamo por genocidio los encuentros de víctimas han dado cuenta que el movimiento sindical colombiano ha padecido una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano.

Esta violencia deja por lo menos desde 1986, 2.778 sindicalistas asesinados, 196 desapariciones forzadas y más de 11.096 hechos de violencia, que constituyen un genocidio contra el movimiento sindical colombiano. Las regiones más victimizadas, en su orden, son Antioquia, Santander, Valle del Cauca, César y Magdalena. Los sindicatos más victimizados, teniendo en cuenta la información entre el 1 de enero de 1986 y el 30 de agosto de 2010: Fecode y los educadores aparecen como la organización más victimizada, con 921 homicidios, le siguen: Sintrainagro con 798; USO, 116; Anthoc, 58; Sintraelecol, 50; Asonal, 47; Sutimac, 38; y, Fensuagro, 37. El análisis de esta información evidenció que la violencia contra el sindicalismo se concentró en 15 sindicatos, es decir, el 78.2% de los homicidios se realizaron contra los integrantes de estas organizaciones, de lo cual es posible deducir que hubo una violencia orientada al exterminio de las organizaciones sindicales más allá del individuo víctima de un homicidio [1].

Este fenómeno tiene hondas raíces históricas, no solamente para el movimiento sindical, sino para muchos sectores sociales, étnicos y políticos que han sufrido una práctica de exterminio masivo. Desde el surgimiento del movimiento sindical en Colombia, la violencia antisindical ha sido una constante y a las organizaciones y sus afiliados se les ha impuesto el rol de víctima por el sólo hecho de ejercer los derechos de asociación y el ejercicio de las libertades sindicales. Podemos mencionar como antecedentes históricos de las respuestas violentas frente a las peticiones de los trabajadores, las luchas y gestas históricas de trabajadores de ferrocarriles, petroleros, navieros y la tristemente recordada lucha de los trabajadores agrícolas y bananeros que lograron sus primeras reivindicaciones a costa del sacrificio de vidas entre sus dirigentes y afiliados.

La impunidad asegura la persistencia del genocidio sindical

Frente a la grave situación de violencia contra el movimiento sindical, las medidas del Estado han sido casi nulas. Sólo hasta mediados del 2007 la Fiscalía y la Judicatura emprendieron alguna clase de medida, impulsada por la presión del movimiento sindical colombiano y mundial, en el marco de las discusiones sobre el Tratado de Libre Comercio que el gobierno de Colombia quería firmar con Estados Unidos.

La intolerable situación de impunidad se mantiene, demostrando que la unidad especial de la fiscalía y los tres jueces encargados de los crímenes contra sindicalistas, no constituyeron una medida seria, adecuada y efectiva para realizar avances. Si en el año 2007 se hablaba de una impunidad del 100%, hoy pese a la denuncia, la presión internacional y los diferentes pronunciamientos del Estado colombiano, la impunidad, para el caso de homicidios es del 96.11% y en otras violaciones, la impunidad está en el 99.84%. Haciendo la precisión que en la mayoría de los casos se determinan sentencias para autores materiales, pero es casi inexistente las sentencias para identificar a los autores intelectuales de las violaciones de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas. Lo cual manda un mensaje muy negativo del alto grado de impunidad y de permanente revictimización a las víctimas del movimiento sindical, en la medida en que no se desmontan las estructuras generadoras de la violencia antisindical.

El movimiento sindical, y especialmente la Central Unitaria de Trabajadores que viene ofrendando el 87% de las víctimas de la violencia antisindical, tiene el compromiso moral de rescatar la memoria y reivindicar los derechos a la verdad, justicia, reparación integral y no revictimización, tanto individual como colectiva y defender de esta manera el derecho a existir en el libre ejercicio de las libertades sindicales y la defensa de los derechos de los trabajadores.

Nota:

1) Cuaderno de derechos humanos No. 22. Que os duelan las sangres ignoradas. Informe sobre violaciones a los derechos humanos de los y las sindicalistas y la situación de impunidad, 2009-2010 y 2002-2010. Colombia: ENS y Comisión Colombiana de Juristas, 0ctubre de 2010.

Luis Alberto Vanegas, Departamento de Derechos Humanos de la CUT.

COLOMBIA: F I R M A R Y C U M P L I R

Milton Hernandez

Comando Central  ELN

 

En este día universal de los Derechos Humanos queremos aportar varios interrogantes, visiones y propuestas sobre la humanización y la solución política del conflicto social y armado que sufre Colombia. En este sentido, desarrollamos lo ya planteado por el comandante Nicolás Rodríguez Bautista en el video del pasado mes de octubre, difundido a la opinión pública nacional y mundial, en el que ratificamos nuestra propuesta de construir una paz con justicia.

 

Acojámonos al sentido común

 

Lo que proponemos a nuestros compatriotas para salir de la crisis nacional, en la que el actual conflicto nos mantiene, se encuentra fundamentado en varias premisas, propias del sentido común:

 

1. Humanizar, para agilizar y arraigar la solución definitiva e integral del conflicto interno.

2. Identificar los problemas esenciales, para resolverlos.

3. Deshacer el problema, desandando el camino por donde se creó.

4. No partir de inculpar a las víctimas.

5. No aplicar dobles estándares para resolver los problemas.

6. Contar con la sociedad y la comunidad internacional.

7. Cambiar la cultura de exclusión e imposición, por una de negociación, pacto y cumplimiento.

8. Firmar para cumplir.

 

El régimen firma Convenios internacionales sobre DIH, al tiempo que aplica la estrategia de Guerra de Cuarta Generación, que le ordena recurrir a todos los medios para imponerse.

 

Hay que comenzar por recordar cuál es la estrategia de guerra, que aplican las minorías privilegiadas, en contra de las grandes mayorías colombianas:

 

“En 1.991, el profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén Martin Van Creveld publicó su obra ‘La transformación de la guerra’, que aportó sustento a la teoría de la Guerra de Cuarta generación (4GW). En su visión del conflicto del futuro afirma que, al haber perdido el Estado el monopolio de la violencia, otros actores no estatales serán los protagonistas de la guerra. Una consecuencia del nuevo tipo de conflicto es la falta de regulación convencional. La serie de convenciones que antaño legitimaban la guerra dejan de tener efecto. Los actores no estatales que carecen de personalidad jurídica no estarán insertos en el sistema jurídico internacional.

 

Van Creveld sostiene que para combatir en conflictos de baja intensidad, el Estado se verá obligado a circunvenir las convenciones establecidas y emplear procedimientos parecidos a los de los actores no estatales. Esta falta de regulación del conflicto es la que borrará la distinción entre soldados y civiles, la que permitirá atacar sin restricciones o emplear armas prohibidas.

 

El autor prevé que en el futuro las batallas serán sustituidas por pequeños enfrentamientos armados y masacres. El control de la población se efectuará mediante una mezcla de propaganda y terror. Van Creveld apuntaba que ante este tipo de conflicto las fuerzas armadas regulares se verán forzadas a disminuir su tamaño y muchas de sus funciones se privatizarán. Las fuerzas regulares se irán trasformando, a medida que vayan asimilando más cometidos de policía, en algo diferente a lo que han sido tradicionalmente.” (1).

 

¿Cuál es el papel de Colombia en el continente?

 

La oligarquía colombiana ha hipotecado la soberanía del país a los intereses del imperialismo, principalmente el norteamericano. Así, perdimos el control de nuestros recursos naturales y de los designios políticos, económicos y sociales de la patria. Colombia ha sido convertida en el puesto de mando avanzado de los planes guerreristas del Pentágono, dotándose del ejército más poderoso de Latinoamérica y adecuando la infraestructura bélica para las operaciones imperiales de intervención contra los países que no se someten. Por eso se dice que Colombia es el Israel latinoamericano. El conflicto colombiano se ha regionalizado, trascendiendo las fronteras nacionales.

 

¿La elite dominante estará dispuesta a renunciar a su estrategia de Guerra de Cuarta Generación?

 

Es evidente que la minoría dominante renunció a cumplir los Convenios humanitarios internacionales, que había firmado, en su intento por imponerse en el conflicto interno. No han honrado ni los instrumentos que prohíben atacar a su propia población, ni los que condenan agresiones a otras naciones y territorios. El ataque contra Ecuador y las permanentes provocaciones a pueblos vecinos, entre otras maniobras, evidenció cómo se pisotea el Convenio mundial mayor, constitutivo de la ONU.

 

Si el régimen de Bogotá renuncia al camino de la guerra contra la población colombiana y los países vecinos, y regresa al cauce de la juridicidad internacional, se constituiría en interlocutor válido para construir una solución política del conflicto; pero mientras siga adicto al belicismo, no habrá paz para Colombia ni para los pueblos latinoamericanos.

 

Este es el dilema principal que enfrenta el régimen: seguir siendo un Estado delincuente o buscar soluciones no bélicas al conflicto.

 

¿Es posible crear un clima de paz?

 

Resistimos y luchamos contra la guerra de los poderosos, forjando un camino de paz, en contra de su propósito de dominación y venciendo sus medios más conocidos, como son la manipulación y el terror.

 

Con la lucha de la sociedad colombiana y la ayuda de la comunidad internacional, lograremos la construcción de soluciones no militares del conflicto interno colombiano. De eso estamos convencidos y actuamos en consecuencia. Nuestra presencia en los espacios que se abran para el diálogo, tiene ese cometido.

 

¿Es alcanzable un acatamiento generalizado del DIH y la superación de la atrocidad, como medio para imponerse en el conflicto colombiano?

 

El imperialismo norteamericano y su socio, el régimen de Bogotá, para eliminar toda oposición usan la contrainsurgencia, como su doctrina para sofocar el conflicto interno. Existen viejas y nuevas pruebas de ello.

 

Un teórico de la contrainsurgencia, el británico Thomas Mockaitis sostiene que:

 

“En contrainsurgencia, la atrocidad no radica en el acto cometido, sino más bien en la exitosa inculpación de la comisión del mismo” (2).

 

Como puede verse, el alma de la contrainsurgencia se halla en la combinación del terror, con la manipulación necesaria para encubrirla. El régimen de Bogotá ha aplicado esta directriz haciendo de toda Colombia un laboratorio de perversión e impunidad, etapa tras etapa, blindando a los círculos de poder que han ordenado miles de crímenes, para mantener el control de la nación.

 

Oponerse tanto al terror de los poderosos, como a su manipulación mediática, es lo mínimo indispensable, para abrirle paso al acatamiento del DIH. De ahí que debamos ponernos de acuerdo en el papel que en un proceso deben jugar los medios de comunicación. Las reglas deben quedar claras. Como se ha dicho, esfuerzos de entendimiento de mucha gente y de muchos años pueden abortarse en segundos por una sola tergiversación o noticia tendenciosa. Esto es también un hecho criminal.

 

¿A qué está dispuesta la insurgencia?

 

Hasta el último aliento con que contemos, lo vamos a dedicar a oponernos a la guerra imperialista y a la aplicación de su plan estratégico en nuestra nación; por ir en contra de los intereses más sentidos del pueblo colombiano y de sus auténticas aspiraciones de democracia, bienestar y libertad. Como parte de la oposición, seguimos comprometidos en la construcción de soluciones no militares a los problemas de la sociedad colombiana.

 

En nuestra respuesta a la guerra imperialista, continuamos con el compromiso de seguir manteniendo el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en nuestra normatividad interna, pero sobre todo, en nuestra lucha diaria. El E.L.N. desde los años 80 ha ratificado esa responsabilidad en diferentes propuestas. Hoy, que no quepa duda, es un mandato de nuestro ser insurgente.

 

En las Normas de comportamiento con las masas acordadas en la Cumbre guerrillera de 1990, por los inolvidables comandantes Manuel Marulanda y Manuel Pérez, las FARC y el ELN asumimos el mandato de respeto y protección a la población no combatiente, estipulados en los Convenios de Ginebra, fundadores del DIH.

 

¿Cómo garantizar que nuevos compromisos de humanización y de paz no sigan fracasando?

 

En Colombia hace 20 años se hizo un pacto, sellado en la Constitución Política de 1.991, por medio del cual se desmovilizaron varias guerrillas colombianas; las que en consecuencia con sus propuestas de democratización de la sociedad, trasladaron sus puestos de mando a las grandes ciudades y renunciaron a existir como fuerza insurgente, con la esperanza que en su reemplazo, podrían liderar una creciente fuerza política de masas.

 

Por su parte, las elites, las viejas oligarquías y los sectores emergentes del narco paramilitarismo, se emplearon a fondo durante estas dos décadas, para quitar, de esa Constitución Política, sus aspectos democráticos y soberanos. Además, reafirmaron su monopolio de las armas, aplicándolo a través de sus fuerzas militares y de policía, orientadas como máquina de muerte para la seguridad de sus privilegios, y mediante el despliegue paramilitar, de manera abierta y encubierta, para hacer la guerra sucia, para degollar a la guerrilla legalizada, al movimiento opositor y frenar el auge de las luchas populares.

 

Estamos convencidos que con la lucha de la sociedad colombiana y el respaldo de la comunidad internacional, lograremos crear un Gobierno de nación, paz y equidad, sustentado en el Estado de Derecho, como parte del reemplazo del viejo régimen basado en el terror, la felonía y la perfidia, como norma de conducta.

 

¿Qué resultado puede tener la exigencia que se hace a la guerrilla para que desaparezca, a cambio de una promesa de respeto para con  la oposición política y social?

 

Es paradójico que con tan alto nivel de ilegitimidad de la clase dominante, por su terrorismo de Estado y la aberrante impunidad de sus acciones, se exija a una parte de la oposición que desaparezca.

 

No nos cabe duda que de nuevo, como en el proceso fracasado con el M19, el EPL y otros, la guerra sucia continuará descargándose contra todo tipo de oposición al régimen; con lo que sobrevendría un fracaso más, en los numerosos intentos hechos por lograr la paz.

 

Para superar este destino trágico, la elite dominante debe demostrar voluntad de cambio, desechando su raigambre de exclusión e imposición y adoptar una real cultura democrática y de paz. Por tanto, no se deben pretender soluciones en un acto, sino en un proceso que dé confianza a las Partes, en el que ellas mismas lo construirían en acuerdos mutuos, que el pueblo y la nación refrendarían.

 

¿Cuáles son los medios que usa el régimen, para obstaculizar el desarrollo de iniciativas sobre el DIH y la paz?

 

La elite dominante además de pretender desaparecer todo contradictor, lo silencia y tergiversa su razón de ser.

Antes, a los rebeldes, a la oposición alzada en armas, la elite nos llamaba subversivos e insurgentes. Desde hace años nos llama terroristas y criminales, cuando el propio régimen trató vanamente de clasificar a sus bandas narco paramilitares como “sediciosos”, como autores de delitos políticos, siendo en realidad sicarios y mercenarios a su servicio.

 

Antes, el régimen coincidía con el Derecho y la comunidad internacional, al denominar como un conflicto interno, la confrontación que vive Colombia; hoy niega esta realidad.

Por ello, reconocer el conflicto es un primer paso, para resolverlo. Lo contrario, seguir deformándolo y presentándolo como un estallido terrorista, es cerrar la puerta. Es condenar la nación a una historia de más guerra.

 

¿Seremos capaces los colombianos de resolver el conflicto interno, sin la intervención extranjera?

 

Sí, seremos capaces de dar una solución política al conflicto, con el esfuerzo prioritario de las colombianas y los colombianos, rechazando la intervención imperialista, pero contando con el respaldo de la comunidad internacional.

 

Es necesario reconocer las gestiones que adelanta UNASUR, para ayudar a mediar y facilitar el tratamiento al complejo conflicto colombiano.

 

Sin verdad no habrá justicia, y para lograr la primera debe hacerse un compromiso claro, no sujeto a los vaivenes de una negociación entre cúpulas que se auto exculpan, como ha ocurrido en otros procesos.

 

Con los criterios propios que una fundamentada conciencia nos autoriza, sobre la realidad de unas relaciones internacionales profundamente injustas, no obstante miramos con respeto algunos de los esfuerzos honestos, que se emprenden desde la comunidad internacional y que se conjugan en algunos casos con la juridicidad del país, para combatir la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, aplicando principios universales de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Las víctimas deben ser reconocidas y respetada la plenitud de sus derechos, honrando su memoria y la de sus luchas, por las cuales fueron y son objeto de una guerra sucia llevada a cabo con una cadena de complicidades. Esa historia de oprobio debe terminar.

 

 

¿En qué consiste el doble estándar vigente sobre los casos que conoce la Corte Penal Internacional?

 

Al día de hoy existen innumerables pruebas, y seguirán apareciendo, de cómo en el conflicto colombiano, han actuado y continúan actuando como determinadores, los planificadores estratégicos de los Estados Unidos, entre otros centros del poder mundial. Y es conocido que esa potencia no se acoge a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), por no compartir la tipificación y principios del Derecho relacionados con el crimen de Agresión y otros.

 

¿Va a dejar la CPI en la impunidad a los cabecillas del régimen de Bogotá que decidieron hacer la agresión contra territorio ecuatoriano, el 1º de marzo de 2.008? ¿Van a promover los países de Europa, que se establezcan responsabilidades integralmente, tanto de los determinadores de Estados Unidos como de Colombia, implicados en cientos de crímenes de lesa humanidad cometidos contra los movimientos sociales y sectores populares?

 

Entonces, parece ser, que si los poderosos dominadores se rehúsan no sólo a reconocer a la CPI, sino a impedir que ante ella comparezcan los gobernantes y los mandos de sus ejércitos genocidas, lo que sigue es que se exija a las víctimas y a los pueblos que respondan ante esa Corte, por sus luchas de resistencia ante la agresión oligárquica e imperialista. Tal situación no sería sólo paradójica. Es y sería una vergüenza, una terrible ignominia.

 

Prueba de esta maniobra de encubrimiento e impunidad, está el asilo en Panamá, de siniestros personajes vinculados al gobierno del ex presidente Uribe, con el que burlan tener que comparecer ante la justicia, por reconocidas operaciones de persecución y eliminación a la oposición, por parte del Departamento de seguridad estatal (DAS).

 

¿De qué va a depender una paz duradera en Colombia?

 

El régimen reprime a quienes se oponen a su modelo económico y social, que reproduce y aumenta la desigualdad, mientras acapara la riqueza en unas pocas corporaciones y clanes. Reprime a los que se oponen a que la elite coloque de primero los intereses de los Estados Unidos y de Europa, en detrimento de los derechos de las mayorías de Colombia.

 

Somos conscientes que un proceso de superación de la guerra es complejo, que intervienen múltiples factores, que hay enormes desafíos a cada paso, que existen quienes conspiran contra el entendimiento y continuarán tratando de arruinar cualquier esfuerzo serio de diálogo.

 

Nos ha preocupado por eso la reciente campaña contra la Senadora Piedad Córdoba, para impedir que cumpla su papel como interlocutora con la insurgencia, con los gobiernos, la sociedad nacional e internacional. Su silenciamiento por un fallo pronunciado por la extrema derecha no la inhabilita en absoluto, y no nos inhabilita para seguirla reconociendo a ella y a otras personas y expresiones democráticas, como compañeros de camino en la construcción de la humanización del conflicto y de la paz.

 

La paz va a depender de la humanización de la vida en todas sus dimensiones, comenzando por encarar el conflicto interno y por buscar con acuerdos su solución definitiva e integral. Esto no puede hacerse distrayendo ni manipulando al país y al mundo con sofismas ni castigando a quienes sueñan con los cambios básicos y necesarios. Hay que resolver el problema que está en la raíz: el de la tremenda injusticia que día a día sufren las mayorías desposeídas.

 

No puede seguirse culpando a las víctimas ni al pueblo por sus luchas, sino que hay que resolver los problemas desandando el camino por donde se crearon, contando con la sociedad en todas sus manifestaciones y con la comunidad internacional y con el Derecho, recobrando valores y transparencia, sin aplicar dobles raseros. Cambiar la cultura de exclusión e imposición, por una de negociación, pacto y cumplimiento, es un compromiso del E.L.N., que refrendamos en este Documento.

 

Luchar por un nuevo país democrático y soberano, es avanzar hacia la justicia social y la libertad, que es la verdadera paz. Dialoguemos para acordar. Acordemos para firmar y cumplir.

 

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Notas.

(1) Vigencia y limitaciones de la Guerra de Cuarta Generación. J.E. Fojón. Real Instituto Elcano. Madrid. 27-02-05.

(2) British Counterinsurgency, 1.919--1.960. T. R. Mockaitis. Londres, MacMillan, 1.990, página 37.

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ELN de Colombia

En Colombia 149 mujeres son víctimas cada día de algún tipo de violencia sexual

TRIBUNA LATINA

En Colombia, 149 mujeres diariamente –seis cada hora- sufren algún tipo de violencia sexual, según la Primera Encuesta de Prevalencia de la Violencia Sexual en contra de las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado Colombiano presentado hoy por Intermón Oxfam en el Congreso de los Diputados.

En la presentación, los Diputados Carles Campuzano (CIU), Coordinador del Intergrupo parlamentario de Derechos Humanos y Jordi Pedret (PSC), presentarán sus principales conclusiones tras el viaje realizado a Colombia la primera semana de Septiembre con Intermón Oxfam para conocer el problema de la violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano.

El estudio que ha realizado Intermon Oxfam es la primera encuesta que determina la cifra y la tipología de abusos sexuales que sufren las mujeres en los municipios colombianos donde se encuentran uno o varios de los diferentes actores armados (fuerzas armadas, policía, grupos insurgentes y bandas organizadas surgidas tras la desmovilización de los paramilitares) partícipes del conflicto. Del documento se desprende que la prevalencia de violencia sexual entre 2001y 2009 con base en los 407 municipios del país en conflicto armado se estima en 17.58%, lo cual significa que durante estos nueve años 489.687 mujeres fueron víctimas directas de violencia sexual.

Los resultados arrojados por esta investigación, permiten vincular la presencia de actores armados, la práctica de la violencia sexual y las razones por las que las víctimas no denuncian. De hecho, el 82,15% de las mujeres que han sufrido algún tipo de abusos no denuncia los hechos. En este sentido, el 73, 93% de las víctimas totales asegura que no lo hace debido a la presencia de actores armados.

“La violencia sexual contra las mujeres prevalece tanto en los espacios públicos, cometida por actores públicos, incluyendo los armados, como en espacios privados, donde entre los agresores también se encuentran las propias parejas de las mujeres, así como otros familiares”, asegura la portavoz de Intermón Oxfam, Helena Vidal-Folch. En esta línea, el 64,26% de las mujeres considera que la presencia de los actores armados en los municipios incrementa la violencia sexual en el espacio público, mientras que el 49,28% consideran que lo hace en el espacio privado.

La encuesta de Intermón Oxfam señala que los abusos sufridos por estas mujeres van desde la violación a la prostitución forzada, pasando por el embarazo forzado, aborto forzado, esterilización forzada, acoso sexual, servicios domésticos forzados y regulación de la vida social. “La violencia sexual constituye una práctica habitual y frecuente en el marco del conflicto armado y por ello puede ser calificada como generalizada de conformidad con el derecho internacional” señala Vidal-Folch.

Una violación cada hora

Las victimas de violaciones ascendieron durante el periodo 2001-2009 a 94.565. Esta cifra supone una violación cometida cada hora. Cabe destacar, que la investigación realizada estima que 43.226 mujeres, es decir, el 45,71% de las víctimas de violación fueron agredidas por un miembro de su familia, mientras que 29.444 mujeres, es decir, el 31,14% de las víctimas de este delito, fueron violadas por una persona extraña.

Delito constante e impunidad

Por último, el estudio señala que cuatro de cada 10 víctimas de violencia sexual no son conscientes de haber sido agredidas antes de que se les mostrara la diferente tipología de abusos. “Esta situación evidencia una jerarquización de las formas de violencia sexual en el que ciertos tipos de abusos están normalizados, como por ejemplo la regulación de la vida social, servicios domésticos forzados, acoso sexual y esterilización forzada”, señala Vidal Folch.

La normalización de ciertas formas de violencia sexual contribuye a que este tipo de delitos se reproduzcan y no encuentren ni en la población ni en las autoridades normas que señalen, prohíban y castiguen este tipo de hechos. De ahí que se presenten en la vida de las mujeres en más de una ocasión.

“La alta incidencia de la violencia sexual en los municipios colombianos con presencia de actores armados, el desconocimiento de las víctimas de la propia tipología de la violencia sexual, el continuum en los espacios en que suceden esas agresiones – entre lugares públicos y privados - y en los actores – armados y civiles - , así como el obstáculo que supone para las mujeres la presencia de actores armados a la hora de denunciar la violencia sexual sufrida, contribuye a que este delito permanezca invisible e impune en Colombia”, concluye la directora general de Intermón Oxfam, Ariane Arpa.

Uribe y sus muchachos

Juan Diego García ( ARGENPRESS.info)

Álvaro Uribe Vélez ex presidente de Colombia ha logrado salir airoso de todas las acusaciones que en su contra han formulado la oposición, los representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos (nacionales y extranjeras), sindicalistas, líderes indígenas y de otras minorías nacionales, estudiantes y activistas populares del más amplio espectro, sin excluir a periodistas e intelectuales, personalidades del mismo sistema y en ocasiones hasta gentes de sus propias filas, desengañadas o sencillamente abrumadas ante el cúmulo de escándalos de corrupción administrativa, nepotismo generalizado (empezando por los hijos del presidente), despilfarro y sobre todo unas relaciones nunca suficientemente aclaradas con los grupos del paramilitarismo, ellos mismos manifiesta y públicamente fervorosos partidarios del ex presidente.

El autoritarismo acusado del primer mandatario fué saludado por la prensa local como una “necesidad ante el caos” y sus permanentes arranques de histeria y malos modos -que contrastan agudamente con la tradición mojigata de la burguesía bogotana (núcleo central de la clase dominante del país)- han sido vistos como expresión de “entereza”, algo que en realidad no es más que grosería, probables desarreglos de personalidad y en el mejor de los casos una caricatura tropical del “macho ibérico”.

Álvaro Uribe Vélez contó igualmente con el apoyo sin fisuras de la prensa internacional, del gobierno estadounidense y de sus aliados de la Unión Europea, que todos a una hicieron la vista gorda ante las múltiples violaciones de derechos humanos fruto de su política de “seguridad democrática”. Era el gesto agradecido de gobiernos y empresas beneficiados por un régimen de inversiones que más bien parece un derecho de saqueo de los recursos del país. Uribe les ofreció, entre otras ventajas, una mano de obra barata, sometida al terror y sin derecho laboral alguno, sindicalistas convenientemente acallados, exiliados o eliminados físicamente y todo ello con la finalidad de garantizar la llamada “confianza inversionista”. Hasta Washington, supuestamente tan celoso de perseguir el tráfico de drogas “olvidó” los informes de sus propias agencias de espionaje sobre los vínculos del personaje y su familia con el siniestro entramado del narcotráfico colombiano y en particular con el cártel de Medellín y su figura más emblemática, Pablo Escobar Gaviria. En efecto, la misma DEA lo incluyó en la lista de los principales personajes del negocio de las drogas en Colombia, una acusación nunca aclarada y que se desvió discretamente del debate público por las evidentes ventajas que les supone a unos y otros.

Hasta ahora las cosas le iban bien y, fuera ya de la Casa de Nariño (sede oficial de la presidencia) Uribe desarrolla de forma inmediata una febril actividad para convertirse en un poder real detrás del trono de Juan Manuel Santos, el sucesor que el mismo propició cuando se frustraron sus intentos de gobernar por tercera vez. Pero de repente las cosas cambian y aquello que parecía controlado -el escándalo de las actividades ilegales de la policía secreta durante su gobierno- empieza enlodando a sus más inmediatos colaboradores y termina por colocarlo a él mismo como el más obvio responsable de las mismas. Se ha producido entonces una verdadera desbandada (nunca mejor dicho) en las filas del uribismo y el número de leales a toda prueba se reduce día a día.

Es probable que sus desavenencias con un sector decisivo del poder judicial (Uribe intentó someter a este cuerpo de la misma forma en que consiguió un dominio completo del poder legislativo) hayan propiciado que el escándalo de la policía secreta -DAS- dependiente directamente de presidencia, no se archivara como tantos otros casos y coloquen hoy al ex mandatario en una situación de impredecible evolución que podría llevarlo al banquillo de los acusados.

En realidad, las actividades ilegales del DAS son de vieja data y jamás ocurrió nada. Esta vez, sin embargo y para desgracia de Uribe y sus muchachos, un conjunto de circunstancias obran en su contra. En efecto, desde siempre las andanzas del servicio secreto han sido denunciadas reiteradamente por las fuerzas de izquierda y las personas progresistas que han sido víctimas de sus abusos. Y si se analiza desapasionadamente el caso, el espionaje evidentemente ordenado desde la casa presidencial es mucho menos grave que las otras actuaciones de la policía secreta, involucrada en atentados, desapariciones, asesinatos, provocaciones, la permanente violación de los derechos de miles de ciudadanos y las actividades de seguimiento y espionaje en el extranjero en abierta violación de las normas del derecho internacional. Pero las famosas “chuzadas” (interceptaciones telefónicas y grabaciones ilegales) han afectado esta vez al núcleo mismo del poder judicial, a los guardianes de la constitución y las leyes con quienes Uribe ha tenido un conflicto permanente a lo largo de sus ocho años de gobierno. Ante las abrumadoras evidencias y ante la convicción cada vez más generalizada de que tal entramado de acciones ilegales no podían producirse sin la orden expresa del presidente, se produce entonces una cascada de confesiones y deserciones de los implicados que, directa o indirectamente apuntan el dedo acusador hacia quien se va conformando como el jefe máximo de la trama: Álvaro Uribe Vélez.

Por supuesto, también parecen existir otras razones para entender por qué alguien que hasta ayer gozaba de un apoyo casi absoluto del sistema se vea hoy ante el riesgo de ser sometido a la justicia como responsable de una empresa criminal. Para quienes están convencidos de la naturaleza democrática del régimen colombiano, el juicio contra los responsables del espionaje del DAS -y con mayor motivo si el mismo Uribe Vélez resulta encausado- constituye la mejor prueba de la fortaleza del sistema y de la vigencia del estado de derecho. Pero para un observador más suspicaz, todo el asunto puede tener una explicación menos feliz que supone que todo está siendo utilizado por quienes tienen realmente el poder en Colombia para deshacerse de un personaje incómodo que se empeña en seguir gobernando desde las sombras, y de paso, permitir al nuevo presidente inaugurar una nueva etapa que manteniendo las líneas básicas de la política actual supere los problemas de imagen que sin duda afectan al país y están todos, estrechamente vinculados a Álvaro Uribe Vélez y su equipo de gobierno.

Alguien como él que en su momento dado resultó útil tanto a la clase dominante local como a las estrategias continentales de los Estados Unidos y sus aliados, sería ahora un peso muerto, un estorbo que es necesario eliminar.

En el plano nacional Uribe intenta reorganizar sus huestes y medir sus fuerzas con las nuevas autoridades, no tanto porque éstas vayan a “traicionar su legado” sino porque dados los problemas de todo orden que arrastra el ex presidente y de los cuales parece no estar ya en capacidad de deshacerse, se ha convertido en un problema molesto que en indispensable superar. En el plano internacional el ex presidente busca fortalecer sus alianzas con lo más granado de la ultraderecha continental y se pasea por Honduras y Panamá, recibiendo honores, apoyos y condecoraciones. Sin embargo, esos dos “dechados de democracia” apenas cuentan, por lo que de complicarse las cosas, no le quedarían como recurso salvador sino la intervención a su favor de la derecha más dura del Pentágono. El ex presidente debería recordar que los Estados Unidos no tienen amigos sino intereses y que como un Fujimori cualquiera -para no mencionar al Noriega del Panamá de sus amores- Washington sacrifica “aliados” sin miramientos cuando le resulta necesario. Así paga el diablo a quien bien le sirve.

Pero, a juzgar por los antecedentes de la justicia colombiana bien puede ocurrir que tras un engorroso proceso y aún condenado, Uribe Vélez jamás pague por sus crímenes. El pueblo colombiano lo sabe por experiencia: “la ley es pa´ los de ruana”, es decir, solo se aplica realmente a los humildes.

El proceso de paz en Colombia

Juan Diego García,  ARGENPRESS.info

Las recientes declaraciones de gobierno y guerrilla favorables a un proceso de negociación del conflicto armado han propiciado reacciones muy diversas que van del entusiasmo más desbordante al pesimismo más agudo. Sin embargo no existen aún elementos de juicio suficientes que permitan aventurar qué tan sólidas son esta vez las perspectivas de la paz, ya que no es la primera vez que se intenta resolver políticamente la confrontación armada con resultados decepcionantes. Aún así, ciertas consideraciones permiten ahora abrigar un prudente optimismo.

Para comenzar, una apuesta por la negociación se justificaría precisamente por el fracaso de la solución militar. La guerrilla luego de un repliegue táctico condiderable, en armonía con la dimensión de la ofensiva en su contra, mantiene en lo fundamental su capacidad de combate, controla hasta un tercio del territorio nacional y tiene un protagonismo político indudable que excede las mismas fronteras del país. De poco han servido los ingentes esfuerzos de un ejército oficial que ronda el medio millón de soldados y cuenta con la más moderna tecnología proporcionada por estadounidenses e israelíes. Tampoco ha sido un acierto involucrar en la guerra a la población civil ni la estrategia de tierra arrasada, desplazamientos masivos de población (para “quitarle el agua al pez”) o la guerra sucia que negada inútilmente por las autoridades ha terminado por deteriorar la imagen del gobierno ante propios y extraños. La solución militar priorizada hasta hoy, llámese seguridad democrática, plan Colombia o plan patriota, supone un enorme despilfarro de recursos con resultados muy modestos pues arrojan un balance negativo: ni se aniquila a la insurgencia, ni se la debilita para conseguir su rendición.

Una consecuencia nada desdeñable de la opción militar por parte del gobierno es el agotamiento o la drástica reducción de los recursos económicos disponibles. De hecho, el país apenas tiene margen para conseguir nuevos fondos para el mantenimiento o la ampliación de las operaciones contrainsurgentes. Aumentar los impuestos provocaría un mayor descontento de las capas medias y obreras (que son en realidad quienes soportan el grueso de la carga impositiva) no menos que el malestar de los sectores dominantes que apoyan al gobierno. Afectar a las multinacionales (que apenas pagan impuestos) no parece un riesgo que Juan Manuel Santos esté dispuesto a asumir. Incierto es igualmente un incremento significativo del compromiso estadounidense con Bogotá. Si la guerra ha vaciado los fondos del Estado y se ha convertido en una carga insostenible para la comunidad, si la guerra es un mal negocio que compromete o imposibilita inversiones impostergables o la financiación de programas sociales urgentes, la conclusión no puede ser sino una: la solución militar no es financiable.

En favor de una solución negociada juega igualmente el interés de varios gobiernos de la región que siempre han dado un tratamiento muy prudente a la cuestión de la insurgencia de tal manera que mantienen la posibilidad de jugar un rol de puente entre gobierno y guerrilla. Prácticamente ninguno de ellos califica a las FARC de “terroristas” o “narcotraficantes” que es otra manera de reconocerle implícitamente la condición de parte beligerante (aunque no se efectúe de manera oficial). No en otro sentido podrían interpretarse los llamados de Chávez, Lula o Correa tanto al gobierno como a la insurgencia para que se decidan por la salida negociada del conflicto. Los procesos de integración regional tienen esta vez unos alcances muy prometedores y en este caso concreto para la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR. En juego está una integración que no solo es económica sino política y hasta de seguridad regional y para la cual la solución de la guerra colombiana supondría un elemento de estabilidad muy importante y contribuiría sin ninguna duda a dificultar la expansión militar de los Estados Unidos en la zona, justificada precisamente por la necesidad de combatir a la insurgencia. La estabilidad traería el desarrollo fluído del comercio, el impulso en la construcción de infraestructuras regionales y la profundización de la coordinación política, todas ellas condiciones para que la región alcance un papel destacado y propio en el convulso panorama internacional. Para Colombia el fin del conflicto significaría la normalización y ampliación del intercambio comercial con Venezuela y Ecuador y es sobremanera importante para la construcción de infraestructuras que den salida a Brasil y a Venezuela al océano Pacífico habida cuenta del creciente rol de las economías asiáticas.

Una solución del conflicto permitiría igualmente ocuparse del desafío de la delincuencia común cuyo impacto en la vida cotidiana de la ciudadanía es infinitamente mayor que cualquier otro. En particular las prácticas de “guerra sucia” han minado hasta límites extremos la moral de las fuerzas armadas y de policía, los servicios secretos y las instituciones del Estado. Además, la innegable tolerancia de las elites y del Estado mismo con el narcotráfico, la corrupción pública y privada y el contrabando han deteriorado la moral ciudadana fomentando la perniciosa práctica del “todo vale” que envenena todo el tejido social. Sin combatir a fondo la delincuencia común, la corrupción administrativa (que durante el gobierno de Uribe alcazó cotas inimaginables), las bandas del narcotráfico y del paramilitarismo, se hace imposible una convivencia civilizada y la paz se vuelve papel mojado. El proceso de paz liberaría ingentes recursos y permitiría el combate a fondo contra la delincuencia común.

El fin de la guerra abriría posibilidades para establecer un tipo nuevo de relaciones con los Estados Unidos. Unas relaciones diferentes que disipen el natural recelo de los países vecinos y den por finalizado el rol que Washington ha asignado al país en su estrategia continental convirtiendo a Colombia en una especie de gran base militar al servicio de sus intereses geoestratégicos. Ya no sería de recibo la desprestigiada excusa de “combatir el terrorismo y el narcotráfico” para justificar la presencia en suelo colombiano de militares estadounidenses dotados con equipos de guerra altamente sofisticados, inútiles para combatir guerrillas pero muy adecuados para guerras convencionales contra todo aquel gobierno que se califique como “antinorteamericano”. Solucionado su conflicto interno y sin diferendos substanciales con sus vecinos Colombia podría con mayor facilidad deshacer los compromisos militares que le atan al carro de guerra de Washington y le aislan peligrosamente de su espacio geoestratégico natural. No llevar al Congreso para su aprobación el tratado sobre las siete bases militares y acogerse sencillamente al concepto de la Corte Constitucional que ha declarado nulo el compromiso de Uribe con el Pentágono sería una decisión muy sensata de Juan Manuel Santos.

Apenas caben dudas sobre las ventajas de la solución negociada del conflicto, en franco contraste con los costes y riesgos infinitos que somete al país la actual estrategia de guerra a muerte contra los insurgentes. La destrucción física, el despilfarro de recursos, el deterioro moral y la degradación de la vida cotidiana de una ciudadanía que termina inmunizándose ante la muerte y la crueldad tendrían que ser argumentos suficientes para buscar alternativas a la salida militar. Desde la misma perspectiva habría que considerar la debilidad y el desprestigio de la instituciones y la esterilidad de un Estado cuya presencia se limita cada día más al simple papel de gendarme, de agente de una violencia ciega que beneficia a minorías locales y a intereses extranjeros dedicados al sucio negocio de la guerra y al expolio de gentes y recursos.

Pero, una guerra que afecta de lleno a las mayorías de la población favorece al mismo tiempo intereses minoritarios muy poderosos que ejercitan la violencia para apoderarse de las tierras de los campesinos y de las comunidades indígenas y negras. Son los mismos que destruyen sindicatos y están detras del asesinato sistemático de sus dirigentes, un genocidio que complementa la política laboral salvaje que anula los derechos de los asalariados y facilita formas inhumanas de explotación. Exterminar opositores, acallar la protesta social, perseguir periodistas, silenciar las denuncias sobre violación de derechos humanos, desaparecer y ejecutar a reales o supuestos colaboradores de la guerrilla, todas estas son prácticas que siempre benefician a los mismos: viejos y nuevos terratenientes, grandes empresas nacionales y multinacionales, traficantes de armamento, suministradores de mercenarios y asesinos a sueldo y los sempiternos representantes de las estratos sociales que han alimentado tradicionalmente el fascismo en todas sus formas (pequeños y medianos comerciantes e industriales, una parte del funcionariado, matones y delincuentes y los sectores atrasados políticamente que se utilizan como contingente electoral de la derecha). O sea, en pocas palabras, la clase dominante criolla y sus grupos adheridos que harán lo posible y lo imposible para descarrilar el proceso de paz.

Y, sin la menor duda, de la guerra se benefician los Estados Unidos y sus aliados europeos; los primeros con intereses geoestratégicos evidentes y ambos como grandes inversores en el país.

Para que esta vez el proceso de paz no esté de entrada condenado al fracaso tendría que proponerse un mínimo de objetivos que lo garanticen. El Estado puede esperar por supuesto que en un proceso razonable de tiempo los alzados en armas las depongan y actúen en adelante tan solo dentro de la ley. Al propio tiempo, la insurgencia tendría que recibir garantías suficientes para su paso seguro a la vida civil y a la defensa de sus postulados por vías políticas. La experiencia de la Unión Patriótica (partido legal de la guerrilla en un anterior proceso de paz que se frustró) físicamente exterminada, supone un precedente sumamente negativo que solo el gobierno puede impedir. Para ello es fundamental el combate a fondo del paramilitarismo (que no ha desaparecido en absoluto) y una limpieza radical de las fuerzas armadas y de policía (y principalmente, del DAS, el servicio de espionaje involucrado en todo tipo de conductas criminales).

La insurgencia tendría que dar a la negociación sus reales perspectivas sin esperar que de la misma salgan de forma inmediata todas las reformas a las que aspira; el gobierno a su vez (en realidad la clase dominante del país) tiene que estar dispuesto a hacer concesiones y renunciar a la estrategia de dilatar las conversaciones de paz al infinito para ganar tiempo, elevar su capacidad militar y buscar entonces la aniquilación de los insurrectos (que fué exactamente lo que hizo el gobierno de Pastrana en las conversaciones de El Caguán).

La devolución de las tierras robadas a los campesinos sería una segunda condición a satisfacer aunque resulta obvio que ésta como otras medidas requieren procesos más o menos complejos y largos. En la misma dirección iría la revisión a fondo de las actuales relaciones laborales y el fin de la política de persecución sindical (un 4% de afiliación dice bastante sobre el impacto de la ofensiva patronal y gubernamental contra el movimiento obrero). Detener las operaciones militares por ambas partes, poner fin a toda forma de guerra sucia, devolver las tierras al campesinado y restituir los derechos a los asalariados serían pasos adecuados para dar bases sólidas a un proceso que culmine con la paz.

Pero probablemente el obstáculo mayor para la paz viene del norte, de los Estados Unidos y sus aliados europeos. Habría que “nacionalizar” el conflicto; realizar un ejercicio de recuperación de soberanía con el concurso decisivo de los demás países de Latinoamérica y el Caribe. Las fuerzas oscuras ya han hablado. La bomba reciente en Bogotá es un claro mensaje y un precedente que puede convertir los mensajes de paz en una nueva ocasión perdida si el gobierno no actúa con rotundidad. El llamado de “Colombianas y Colombianos por la Paz” tendría que recibir el apoyo entusiasta de todas las gentes democráticas del mundo. El valor cívico de quienes allí arriesgan a diario su vida merece no solo reconocimiento sino acciones concretas de solidaridad.