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Chile

¿En qué condiciones trabajan los chilenos?

¿En qué condiciones trabajan los chilenos?

por Andrés Figueroa Cornejo

“Voy a contarte en secreto
quién soy yo,
así, en voz alta,
me dirás quién eres
(quiero saber quién eres)
cuánto ganas, en qué taller trabajas,
en qué mina,
en qué farmacia,
tengo una obligación
terrible
y es saberlo,
saberlo todo:
día y noche saber cómo te llamas,
ése es mi oficio”
 
Pablo Neruda
 
 
El accidente de los trabajadores de la Mina San José provocado por la criminal negligencia de sus propietarios y la misérrima fiscalización estatal pone en el centro del debate nacional las condiciones laborales de los chilenos. Según datos oficiales, durante el 2009 se registraron 443 accidentes fatales en los lugares de trabajo;  191.685 accidentes de trabajo, incluyendo los de trayecto. De enero a marzo de 2010, las vidas perdidas en iguales circunstancias ya ascendían a 155 personas. Las cifras señaladas son entregadas por mutuales y patrones. Es decir que los números, en la realidad, son mucho mayores.
 
Jorge Hernández es el joven presidente del  Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y señala que “al año mueren alrededor de 100 obreros por derrumbe de excavaciones, electrocutamientos y caídas de altura. Y también al año, tenemos aproximadamente 200 mil accidentes laborales, desde leves hasta graves”.
 
Hernández explica que “las condiciones de los trabajadores de la construcción son muy precarias. Se violan prácticamente todas las leyes ligadas  a la salud, seguridad e higiene,  como el Decreto Supremo 594 y la ley 17.744,  que concierne a las instalaciones de faena (número de baños, duchas, lavamanos, bebederos, comedores, camarines).” El dirigente asegura que en los frentes de trabajo la situación  “es mucho peor ya que prima el apuro y la falta de condiciones para realizar faenas tanto en altura, como  subterráneas”.
 
Por su parte, el presidente de los trabajadores portuarios agrupados en la Confederación de Gente del Mar (CONGEMAR), Jorge Bustos, representa un sector de larga tradición productiva.
 
-¿En qué contexto se desempeñan los trabajadores del puerto?
 
“Los trabajadores portuarios son en su gran mayoría eventuales y transitorios, sometidos a estar dispuestos siempre para cuando sean necesarios. Es decir, si tenemos buques trabajamos y si no, esperamos, sin tener ninguna relación contractual. Después de las 7 horas y media de trabajo, somos cesantes otra vez, lo que nos lleva a carecer de los “goces del mercado” como son la continuidad laboral, densidad previsional, imposibilidad de ser avales de nuestros hijos para costear los estudios superiores, y negación al acceso a una vivienda digna.”
 
 -¿Qué aspectos son más frecuentemente  vulnerados por la autoridad?
 
 “La higiene y seguridad, la poca rigurosidad con que la Gobernación Marítima controla en accesos al puerto, la poli-funcionalidad.”
 
Jorge Burgos indica que el  promedio de accidentabilidad es de 1,5 muerto cada año y que las desgracias son casi siempre severas, con pérdida de miembros (brazos, piernas, manos y dedos). Además de las enfermedades profesionales de la industria como la artrosis, sordera, discopatías lumbares, cáncer a la piel, “cuestiones que no asume ni el Estado ni los patrones, por causa de la informalidad de nuestro empleo”, señala el dirigente.
 
Otro Jorge, esta vez, Jorge Peña, presidente del Sindicato de Trabajadores de Contratistas del El Teniente Codelco notifica que las remuneraciones promedio de los asalariados del área son de $280.000 pesos, mientras un trabajador de planta gana, en promedio, $900.000 pesos y que “ya no están en producción, sólo en labores administrativas.”
 
En materia de seguridad, Peña manifiesta que “es muy conocido que los trabajadores contratistas cuentan con medidas casi nulas, razón por la cual, la mayoría de los accidentes nos afectan casi por completo. Los elementos de protección personal son de muy baja calidad, y en su mayoría no cumplen con los estándares de seguridad exigidos para las faenas mineras” y agrega sobre el acatamiento de las leyes laborales que “en muy pocos casos se cumplen, por lo que resulta casi "natural" que existan varias denuncias en las inspecciones del trabajo, reclamando por el no pago de horas extras; exceso de jornada de trabajo; ocultamiento de accidentes del trabajo, derivando a los trabajadores a clínicas particulares; incumplimiento de contrato colectivo de trabajo; e incumplimiento de la ley de subcontratación, pues Codelco sigue siendo quien planifica, coordina y dirige el trabajo de la gran mayoría de los trabajadores contratistas”.
 
Cosme Caracciolo es secretario general de la Confederación de los Pescadores artesanales y cuenta que   “Los pescadores artesanales son 120 mil; es decir, hay 500 mil personas que viven del rubro. El momento actual es de sobrevivencia. Mi abuelo, con la pesca creó una familia, tuvo hijos, les dio educación. Mi padre hizo lo mismo. Yo medianamente. Pero ahora no quiero que ninguno de mis hijos sea pescador. Bajo las actuales condiciones, no hay futuro ni perspectivas. Hoy no sólo no es posible generar familias, sino que se destruyen. Y el ex Presidente Ricardo Lagos, operador de la privatización del mar, debe responder al país sobre la cantidad de suicidios de pescadores que en la Quinta Región al menos, es de uno a dos casos al mes. Muchos compañeros se van a vivir a las caletas.”
 
 
SERVICIOS
 
Manuel Ahumada, presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT) y dirigente histórico del sector gastronómico y hotelero, enfatiza que  “el principal problema que tenemos es  la jornada de trabajo. El sector tiene una jornada especial (al igual que las trabajadoras de casa particular que tienen jornada de 72 horas semanales), toda vez que  el artículo 27 permite hasta 60 horas en 5 días”, y Manuel añade que  “En muchos locales se descuenta por quiebre de loza, pérdida de ceniceros. En otros, el patrón se queda con las propinas y las distribuye entre los trabajadores (más allá de los garzones que son los que las reciben), usando este ingreso como parte del sueldo al contratar. Y son cientos  los establecimientos donde no hay baños en cantidad ni calidad suficientes. Además, no se envía a los trabajadores a la Mutual de Seguridad en caso de accidentes, y no se escrituran los contratos.”
 
En el ámbito de los trabajadores independientes, Avercio Parra, Coordinador General del Persa Zapadores y vocero de Sindicato “El Esfuerzo” de  Lampa, dice que “nuestros problemas están asociados al costo de las patentes; la mitad de los trabajadores son de la tercera edad y no tiene salud adecuada, hay competencia desleal de los grandes supermercados; enfermedades a los huesos y cardíacos por la baja temperatura en cual se trabaja.” En Chile, existen más de 100 mil feriantes y fuerza de trabajo asociada que sufren los embates de la tiranía de las supercadenas, donde sólo Líder (Wal-Mart en el país) ya se ha apropiado de alrededor del 35 % de todo el mercado.
 
La Confederación de Trabajadores de Empresas Privadas (CEPCH) reúne entre sus sindicatos a asalariados del mundo del aseo, empresas normalmente externas que laboran para compañías grandes y medianas. El presidente de la CEPCH, Rubén Villanueva, expresa que  las situaciones de inseguridad laboral son las más frecuentes y que ellas “se presentan con especial regularidad en los sectores menos especializados de los trabajadores como son las empresas subcontratistas del aseo, y dentro de estos los trabajadores -aproximadamente 10%- que trabaja en la limpieza de vidrios en altura, donde las condiciones de seguridad son constantemente burladas por los empresarios. Esto ha significado en varias oportunidades la muerte de trabajadores o la discapacidad parcial que no es cubierta por indemnizaciones”.
 
Francisco Bravo es uno de los dirigentes sindicales de los nuevos tiempos: joven, limpio, luchador e informado. Representa a trabajadores de los call centers, los cuales “prestan atención a España y otros países. Con esto nos vemos perjudicados en los feriados legales ya que nos regimos  por calendarios extranjeros, y lo mismo pasa dentro del país” y suma que “en un reportaje de TVN y en el diario La Nacion, Nicolás Kokaly, presidente de la Asociación Chilena de Empresarios de Call Center,  pidió  una mayor flexibilidad para este sector ya que de lo contrario podrían emigrar sus capitales a Perú y Colombia, como ya ha ocurrido con Entel y Movistar, porque la mano de obra allá es mas barata. Sin embargo, el sector genera más de 350 millones de dólares anuales y tiene un crecimiento sostenido de un 20%”.
 
Los trabajadores de la industria financiera que opera en Chile, laboran en uno de los sectores  más rentables del país. Pero ello en caso alguno se corresponde con las condiciones de trabajo de sus empleados. El dirigente Luis Mesina denuncia que “Detrás de la ventanilla de los bancos hay un trabajador muy pobre. Ese que ve la gente cotidianamente, es uno de los trabajadores más pobres de la banca. Un trabajador cuyo salario oscila entre los $ 180 y $ 300 mil pesos. Ese trabajador que se esconde tras una apariencia tremendamente pulcra y celosamente presentable, es el más castigado de la banca. Sin embargo, está muy bien provisto de posibilidades estratégicas para convertirse en una persona con derechos que le permitan tener una familia y proyectos de vida. Y de manera contradictoria, por sus manos pasan millones de pesos a diario. Ese sujeto, por la prepotencia del sistema empresarial, vive humillado permanentemente.”
 
 
PROLETARIADO AGRÍCOLA: TEMPOREROS
 
Alicia Muñoz   es la presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, organización que sólo el 26 de agosto pasado, por octavo año consecutivo, conmemoró el Día Nacional de las Asalariadas Agrícolas.
 
La dirigenta del sector dice que  “lamentablemente cada año, más que evaluar avances, continuamos  sumando víctimas producto de las  condiciones en las que trabajamos, no solamente las mujeres de la agro exportación, las trabajadoras del campo, los trabajadores del campo y la ciudad, los mineros.  Cada temporada debemos lamentar la muerte o accidentes graves, que pudieron ser prevenidos, si los empresarios con sus gigantescas ganancias, hubiesen invertido en mejorar las condiciones de seguridad”.
 
Según las últimas investigaciones del Centro de Estudios de la Mujer (CEDEM),   las condiciones en que se realiza el trabajo asalariado agrícola, en particular de las mujeres, está ligado directamente a la calidad de vida y la salud, por tanto, los factores de riesgos “no sólo son físicos, ambientales o químicos, sino que están vinculados a la forma que adquiere la contratación de la fuerza de trabajo”.
 
Alicia comunica que “los y las asalariadas son contratadas generalmente por faena, lo que en la actualidad no se justifica, puesto que existe un ciclo regular y predecible, es decir cada año, cada temporada , se necesita la misma cantidad de trabajadores para realizar las mismas faenas”.
 
La principal representante de ANAMURI  lamenta que  “Sigue siendo normal  aplicar plaguicidas estando  las y los trabajadores en los huertos;  no respetar los períodos de reingreso, y el criterio de la ganancia prima por sobre la vida y la salud de las trabajadoras”. En ese contexto, Alicia Muñoz relata el caso de “Cecilia Ortiz, trabajadora agrícola de la región de Atacama, quien sufrió un grave accidente con resultado de pérdida de vida. Y hasta el momento, la empresa “La Ruta” de Copiapó sigue negando tener cualquier responsabilidad en su muerte, pese al informe forense.  El caso continúa en los tribunales de justicia, y hasta ahora no existe ningún pronunciamiento”.
 
Casos como “el de Cecilia,  de Victoria en Talca, Cristiana en la novena” se convierten en  cifras que  siempre quedan  en lo oscuro, incluso cuando en la región del Maule, en la temporada 2009  se constataron “más de 50 accidente con consecuencias fatales o sea 50 pérdida de vidas humanas  y más de 130 lesionados gravemente.  En la actualidad, van a  la fecha  94 accidentes, por  accidentes laborales en esta región, quedando los y las  trabajadoras en la más absoluta indefensión”, concluye Alicia Muñoz.
 
 
LAS CIFRAS Y LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
 
El capitalismo en el país se funda sobre la exportación de recursos primarios, pobremente elaborados. Las exportaciones representan el 40% del PIB (valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una nación en un año determinado), y los productos básicos constituyen las tres cuartas partes de las exportaciones totales. El cobre por sí solo, ofrece un tercio de los ingresos del gobierno. La venta de recursos se distribuye entre China 14,2%, EE.UU. 11,3%, Japón 10,4%, Brasil 5,9%, Corea del Sur 5,7%, Holanda 5,2% e Italia 4,4%.
 
El PIB está compuesto por un 50,5% de industria; 44,7% de servicios; y un 4,8% de agricultura. Dentro de los productos industriales están la exportación de celulosa, metanol, productos químicos y agroalimentarios; y la industria forestal, del salmón y el vino. Por el lado del trabajo, en Chile hay casi 7,5 millones de personas asalariadas, de las cuales en la agricultura labora un 13,2%; un 23% en la industria; y un 63,9% en el sector servicios. Un 10 % de la fuerza de trabajo está cesante, según moderadas cifras oficiales.
 
En general, la informalidad, deslocalización, fragmentación y precarización del empleo, son los modos y tendencias predominantes de la organización del trabajo en el país. Ello es parte de la estrategia de los que mandan para aumentar su tasa de ganancia.
 
Según la Universidad de Chile, del 100 % de los trabajadores, sólo un 40 % tiene contrato indefinido. El 60 % labora por cuenta propia, son empleados sin contratos, a honorarios, a plazo fijo o por faenas; tienen bajos sueldos, carecen de previsión, salud y capacitación. El 30 % restante tiene una calidad de empleo “más o menos decente”; y sólo el 10 % de “alta calidad”.
 
Respecto del fenómeno creciente del subcontratismo, en 1999 el 43 % de las empresas subcontrataban, porcentaje que el 2004 ya llegaba al 50, 5 % (Dirección del Trabajo). Sin embargo, desde 1999 hasta el 2004, la subcontratación en actividades económicas principales (ya no en funciones indirectas al servicio o producto eje de la empresa) aumentó del 14,5 % al 20,7 %. Estimaciones hablan de que hoy el contratismo y subcontratismo suman a 2 millones 500 mil trabajadores; esto es, alrededor de un 30 % de la fuerza laboral total. En este sentido, las relaciones de subcontratación viven una ampliación que junto y como parte también de la precarización del trabajo, constituyen la tendencia predominante.
 

Chile: 10 mil firmas contra alzas del Transantiago

Chile: 10 mil firmas contra  alzas del Transantiago

por Andrés Figueroa Cornejo
 
El Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores –agrupación anticapitalista- junto a organizaciones sociales y políticas llegaron hasta las puertas del Ministerio de Transportes, en el centro de Santiago, a entregar 10 mil firmas colectadas entre la ciudadanía, expresando el malestar por las alzas permanentes del precio del transporte colectivo, Transantiago.
 
Uno de los voceros de la campaña iniciada el 8 de julio, Celso Calfullán, indicó que “el aumento del Transantiago afecta directamente el bolsillo de los trabajadores, y ya estamos aburridos de esa situación.”
 
Producto de que en los resultados de las encuestas los santiaguinos han manifestado como una de las principales críticas al actual gobierno el incremento incesante del precio de la locomoción, recientemente el Ejecutivo anunció que pretende detenerlo hasta fines de 2010. Sin embargo, Calfullán precisó que “más allá de los anuncios, que Piñera suele borrar con el codo, estaremos alertas. Además, sólo hasta septiembre está aprobado no subir el precio de los buses, pero aún tienen que ratificarse en el Congreso los dichos de Piñera. Las firmas son el primer paso para frenar las alzas. De ocurrir lo contrario, ya son muchas las organizaciones dispuestas a movilizarse masivamente contra los aumentos.”
 
En el mismo sentido, Calfullán recordó que los operadores del Transantiago –concesionarios privados de los recorridos y dueños de las máquinas- “son quienes más utilidades obtienen en el país, incluso, proporcionalmente, más que las eléctricas, las telecomunicaciones y la propia banca. Aquí existe un enorme margen de ganancia de los empresarios del sector, entonces el publicitado argumento de que la evasión de los usuarios estaría provocando las alzas, es absolutamente falso.”
 
Por otra parte, junto a la opinión pública y la entrega masiva de firmas, los estudiantes secundarios y universitarios tienen entre sus demandas centrales la gratuidad del pasaje escolar para el transporte colectivo, y el congelamiento de la tarifa adulta, considerando que un viaje en Transantiago ya tiene un costo superior a un dólar, prácticamente equivalente a medio kilo de pan. 
 
 

Galopa la represión por sospecha. Chile. “Caso Bombas”: Sólo humo y montajes

Galopa la represión por sospecha. Chile. “Caso Bombas”: Sólo humo y montajes

·El llamado “Caso bombas” tiene de todo menos  bombas. Salvo, probablemente, las bombas de humo de Piñera para cubrir los crímenes del capital  y castigar con impunidad el creciente malestar social que comienza a manifestarse en la lucha de los estudiantes, los mapuche, los medioambientalistas y los que viven de un salario.
 
Por Andrés Figueroa Cornejo
 
El sábado 14 de agosto, en un espectacular operativo policial, fueron allanadas casas particulares y “okupas” de Santiago, Valparaíso, Temuco y Concepción, y detenidas 14 personas por orden del Fiscal Alejandro Peña. Como ya se está volviendo costumbre, la maniobra contó con  contundente brutalidad uniformada sin resistencia alguna, pistolas en la boca de los imputados, destrucción de inmuebles, maltrato a mujeres embarazadas, indiscriminación a granel y tanta prensa obsecuente como fuera posible.
Sólo la prestigiosa Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, Codepu (organización no gubernamental de Derechos Humanos fundada durante la dictadura militar, en  noviembre de 1980. Fue la primera ONG  que se hizo parte en el proceso contra Augusto Pinochet en España, y en Chile en 1998, y una de las principales querellantes en el juicio contra el dictador), denunció que el  14 de agosto “a las 6:58 de la mañana, el domicilio de Viviana Uribe Tamblay, presidenta de nuestra organización, ubicada en Batuco, fue allanada violentamente por un grupo de funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (GOPE), del Laboratorio de Criminalística, y personal de la Fiscalía, en el marco del llamado “Caso bombas”. El operativo policial duró 7 horas”. La ONG informó que  en el domicilio se encontraban en ese momento la hija de Viviana, Bárbara Vergara Uribe, hija de un ejecutado político, “con un embarazo de 8 meses, y trabajadora de la institución junto a su compañero Manuel Correa”.
 
El denominado “Caso Bombas” está ligado a una serie de explosiones de ruido ocurridas durante un tiempo no determinado por el Estado en instituciones bancarias y otras dependencias, sin resultado de muerte, sin heridos, sin damnificados, sin responsables probados.
 
RODOLFO RETAMALES, EL MALO DE LA PELÍCULA
 
Uno de los principales acusados en el caso, además de su trabajo remunerado, realizaba un programa  en la Radio Primero de Mayo de la legendaria población La Victoria.
 
Alejandra Bustamante es una de las voceras de la emisora popular, autogestionada y comunitaria que cuenta con 20 programas de servicio a la comunidad, y que vierte al aire producciones que recorren reivindicaciones indígenas, musicales, infantiles y culturales. Su objetivo es “informar sobre la verdad de lo que ocurre en Chile”.
 
La radio es legal, tiene 15 años de existencia y está acreditada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Alejandra cuenta  que “Desde principios de 2009, Rodolfo  tiene un programa  que se llama “Desde el Óvalo”, que toca temáticas carcelarias en el sentido de las visitas familiares, y la criminalización de los jóvenes y adolescentes. Rodolfo conducía el programa y nunca hizo llamados a  la violencia o cosa que se le parezca. Reporteaba las movilizaciones sociales que se dan en el centro de Santiago, a través de videos, aprovechando la plataforma de internet de la radio”.
 
Pero no  sólo Rodolfo ha sido víctimas de amenazas por parte de fuerzas especiales, sino que otros reporteros de la Primero de Mayo (102.9 FM). “Nuestro problema es que hemos normalizado el maltrato que recibimos con frecuencia”, explica Alejandra en el único locutorio de la emisora y agrega que “Rodolfo nos había informado muchas veces de policías civiles que lo seguían. Y en el allanamiento a su casa, lo principal que le requisaron fue sus filmaciones, sus fotografías, sus cintas. No materiales ligados a explosivos o bombas. Ahora los medios de comunicación tradicionales hablan de él y los demás detenidos como delincuentes. Igual como lo que ocurrió con la documentalista Elena Varela o Pascual Pichún”.
 
El miércoles 17 de agosto, otro comunicador popular de la radio, Roberto Henríquez, fue detenido también. “Él hace programas culturales, de cine y de música”, informa Alejandra, “A las 22:30 hrs.  lo encontramos en la Primera Comisaría de Carabineros. Estábamos con el abogado de derechos humanos, Rubén Jerez. Ahí nos enteramos que trataban de vincularlo a un asunto de explosivos. Lo acusaron de tener “un artefacto pirotécnico” (?). El 18 en la mañana lo formalizaron y lo dejaron en libertad. Fue agredido fuertemente por carabineros, pero no permitieron que se realizara la constatación de lesiones.”
 
 
LA DEFENSA: RODOLFO Y PABLO DEBEN SER ABSUELTOS
 
Alberto Espinoza  es el abogado defensor de Rodolfo Retamales y Pablo Morales, sindicados por el Ministerio Público, el gobierno y los medios de comunicación de los que mandan, como los principales responsables del llamado “Caso bombas”, y como “lideres” de una asociación ilícita “terrorista”.
 
-¿Cuáles son los fundamentos de la defensa?
 
“La defensa descansa sobre la más férrea y absoluta convicción de que ni Pablo ni Rodolfo tienen participación en una asociación ilícita, y menos de carácter terrorista. Y hasta el minuto, los antecedentes que se  han presentado resultan absolutamente inconsistentes a la hora de acreditar un delito de esa magnitud.”
 
El abogado Espinoza indica que hace 5 años que se vienen recogiendo pruebas contra sus protegidos, es decir, desde que Rodolfo Retamales puso un pie en la calle después de haber estado con Pablo Morales privados de libertad en la Cárcel de Alta Seguridad durante 12 años. Desde entonces se implementó contra ellos un procedimiento de vigilancia permanente de todos sus movimientos. Además, ellos estaban bajo control penitenciario y debían firmar una vez por semana en el Patronato de Reos.
 
“Pero estamos hablando de una vigilancia extrajudicial, me imagino, dentro de los marcos de políticas de Inteligencia y seguridad pública y ciudadana que, por lo demás, ellos  conocían perfectamente. Sabían que por su antigua afiliación al grupo Lautaro iban a ser objeto de seguimientos al margen de la ley. Es lo que ocurre con todos los presos políticos que salen en libertad”, señala Espinoza.
 
Llama poderosamente la atención que pese a estar bajo vigilancia permanente  hayan podido burlarla al punto de constituir una asociación ilícita después de 5 años.
 
-La gente corriente en Chile no sabe qué cosa es una ‘asociación ilícita’…
 
“Es un delito tipificado en el Código Penal y en la Ley Antiterrorista que se configura de una manera ficticia y abstracta. Nadie puede percibir físicamente una asociación ilícita. Es un delito intangible, a diferencia de un homicidio o un robo. En la asociación ilícita tiene que haber recursos, medios, infraestructura, un ánimo de asociarse para cometer actos ilícitos. Y en este caso, con fines terroristas. De modo que la construcción de la asociación ilícita, desde el punto de vista penal y probatorio, es bien dificultosa. La justicia tiene que acreditar la concurrencia de varias condiciones y de presupuestos que logren establecer esta estructura, este conjunto de redes, jerarquías, mandos, subordinados, dirección, etc. Y este no es el caso.”
 
CASAS ‘OKUPA’: CENTROS DE PODER
 
En medio del verdadero “tongo” político, policial y mediático en torno al caso han salido al ruedo las casas “okupa”, que son viviendas cedidas o simplemente habitadas en su abandono, casi siempre muy deterioradas, que usan jóvenes en Chile y el mundo para realizar actividades principalmente artísticas y alternativas a la cultura oficial o institucional. Allí funcionan desde bandas de rock, grupos teatrales, recreación para niños, buen cine gratuito, bibliotecas y manifestaciones que no encuentran lugar en las políticas culturales provenientes del Estado, normalmente  dirigidas a promover y ornamentar las “bondades” de los gobiernos de turno.
 
Sin embargo, el abogado Alberto Espinoza indica que “El Ministerio Público denomina a las casas “okupas” ‘centros de poder’. La expresión pretende referir que allí se van elaborando acciones o se planifican cosas ilícitas”. Por eso, la justicia muestra fotos de Rodolfo y Pablo saliendo de casas “okupas”. Pero esas casas representan a un sector de la juventud cuyas ideas no se condicen con el modo de vida capitalista.”
 
-¿En qué condiciones fueron detenidos Rodolfo y Pablo?
 
“De una manera bastante violenta. Nadie golpeó la casa ni preguntó por ellos previamente. Y eso que  tienen domicilios conocidos y ni siquiera viven en casas “okupas”, si eso fuera un agravante. Son viviendas  que financian con su trabajo. Ambos son arrendatarios. Pablo Morales vive con su pareja, y los dos trabajan remuneradamente. Pablo se desempeña en una empresa de publicidad, de lunes a viernes, con jornada normal y cuyo salario le permite vivir sin grandes sobresaltos. Rodolfo Retamales, por su parte, desarrolla trabajos audiovisuales, es un asalariado a honorarios, es decir paga impuestos. Y en algunos de sus videos aparecen imágenes de canales tradicionales, como Canal 7, ¡Y ese tipo de material empleó el Ministerio Público para formalizar  la investigación! Ahí yo pregunté entonces, si también se imputarían a los directores de Chilevisión o Canal 13. Eran extractos de reportajes por todos conocidos. Incluso en la audiencia de formalización, la Fiscalía usó contra los muchachos citas de autores clásicos muertos hace mucho tiempo. Y a Pablo Morales, por su parte, se le leyeron sus derechos con un carabinero que le tenía puesta una bota en la espalda. El allanamiento también fue brutal, y ese día se extendió a 17 casas, como en los mejores tiempos de la dictadura. Fue una operación muy bien planificada, coordinada y muy espectacular.”
 
Al respecto, Espinoza considera  que “están soplando vientos autoritarios muy fuertes en Chile. Hay nostálgicos de la dictadura.”
 
 
EL MONTAJE Y EL ORDEN DE LAS COSAS
 
 
-En algún momento se dijo que los imputados habrían sido indultados por Ricardo Lagos durante su mandato…
 
“Ello es totalmente falso. Yo creo que hay falta de rigurosidad del Ministerio del Interior y no se entiende la división de poderes. Aquí se observa que el Ministerio del Interior tiene un trato muy directo con el Fiscal Nacional. En este sentido, el Fiscal Alejandro Peña realiza todo un montaje, en el amplio sentido, como una puesta en escena para los medios de comunicación. Referirse a hechos respecto de los cuales estos dos jóvenes ya fueron condenados, demuestra una mala intención evidente. Es decir, se vuelve a criminalizarlos, ¡Y por lo mismo! Eso es antijurídico, toda vez que existe un principio elemental del Derecho Penal  que dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.”
 
Rodolfo y Pablo estuvieron en la cárcel en los primeros años de los gobiernos civiles por un delito que terminó con la muerte de tres funcionarios de la policía de Investigaciones, “donde ellos no participaron directamente. Ninguno de ellos empuñó un arma de fuego, ni es responsable directo de la muerte de esas personas. Ello está establecido en el proceso y la sentencia”, dice el abogado.
 
De los 14 detenidos originales del pasado 14 de agosto, ya 4 están en libertad, bajo una medida cautelar que no es prisión preventiva, con un control semanal de firmas. Los 10 restantes están en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad. Ellos están imputados de ser miembros de una supuesta asociación ilícita terrorista. La acusación es que Rodolfo y Pablo serían los “jefes” de ella.
 
En este sentido, Espinoza es tajante cuando formula que “Con anterioridad, yo he defendido a personas acusadas en principio por delitos terroristas. Por ejemplo, las personas que fueron imputadas de participar en el atentado a Pinochet en 1986. Y finalmente esas personas no terminaron siendo acusadas de delitos terroristas. Y hay una distancia sideral entre las organizaciones a las que pertenecían esas personas y los casos de Rodolfo y Pablo, desde todo orden de cosas. Lo de Rodolfo y Pablo, desde la propia perspectiva del Ministerio Público, sería una especie de asociación ilícita a escala de sala cuna. Sin embargo, se les aplica la misma ley.”
 
-¿Y qué ocurre con los vínculos mencionados entre Rodolfo Retamales y la Intendencia de Santiago?
 
“El Ministerio Público en su intento de configurar la supuesta red de protección de mis defendidos, usa una llamada que se le hizo a Rodolfo Retamales desde un teléfono de la Intendencia por una funcionaria que había sido su pareja. La llamada duró 30 segundos y es una conversación absolutamente corriente. De ahí el show que involucra a la Intendencia.”
 
-¿En qué fase del proceso judicial se encuentra el caso?
 
“Estamos en el prólogo, en sus etapas preliminares. Hay 6 meses para investigar, todavía no estamos en la etapa del juicio. Están pendientes las apelaciones que nosotros entablemos. Y ellos deben ser absueltos y no llevados a juicio, en definitiva. Deben ser liberados y de ningún modo condenados.”
 
-Sorpresivamente el 18 de agosto, 4 días después de las detenciones, apareció una bomba junto a un cuartel de carabineros que habría sido desactivada por un robot…
 
“Hay que tener cuidado con las acciones provocativas. No me extrañaría que el hecho  fuera parte de un montaje policial. Los organismos de Inteligencia también operan con procedimientos muy oscuros. Me acuerdo que Felipe Harboe como miembro del Ejecutivo de la Concertación inventó un chascarro con unos sables de utilería que encontró en la Universidad de Santiago.”
 
Para el abogado Alberto Espinoza la situación, en su conjunto, es preocupante y sobrepasa el marco de la investigación enfocada en un grupo de personas en particular. El defensor de los derechos humanos estima que hoy los que se están viendo amenazados por esta investigación son los derechos de los ciudadanos en general.
 
“Esta es la mano dura que anunció Piñera y que están sintiendo los mapuche, los escolares, los deudores habitacionales. En fin, todo aquel que quiera ejercer su derecho a expresarse. Esto es claro, quienes gobiernan Chile estuvieron vinculados a la dictadura militar y son amigos de la dinámica del terror. Cualquier manifestación de descontento social ahora se vuelve terrorismo. Y lamentablemente, la Concertación pavimentó el camino para llegar a este punto. La idea del gobierno actual es hacer abortar inmediatamente cualquier germen de movilización social. Y yo aquí noto una alarmante ausencia del Partido Comunista en orden a pronunciarse sobre estas materias. Y hay personajes de la Concertación que avalan la actuación del Fiscal Alejandro Peña, como Patricio Rosende y Felipe Harboe. ¿Cómo se engendran esas posiciones en gente que se define democrática?”, se pregunta Espinoza mientras mira su reloj urgente.  
 
 

Chile. Servipag: Despidos injustificados y sin indemnización

Chile. Servipag: Despidos injustificados y sin indemnización

Además la empresa se queda con  dinero de los clientes
 

Por Andrés Figueroa Cornejo
 
Servipag es una empresa  en el mercado de las transacciones, pagos y recaudaciones que fue creada en 1990 por dos de los bancos que más rentan en país, BCI y Banco de Chile,  que, junto al Banco Santander controlan casi el 70 % del mercado nativo. Es  una compañía  orientada al apoyo del giro bancario nacional. Su objetivo específico en la industria del crédito, la deuda y la especulación, es el pago de cuentas, giros de dinero y otro tipo de transacciones financieras por medio de una extensa red de sucursales destinada a clientes de estratos medios y bajos.

 

Pero no todo marcha bien en Servipag. A través de dos ocupaciones en sus sucursales del centro de Santiago, los trabajadores sindicalizados de esa empresa  y la Confederación Bancaria, protestaron por 25 despidos de cajeros realizados por la empresa sólo la semana pasada.
 
El dirigente nacional de los empleados bancarios, Rubén González, informó que la manifestación se debe a que los trabajadores fueron arrojados a la cesantía “por las pérdidas normales que han tenido de caja. Lo que ocurre es que un cajero pierde 15 o 20 mil pesos (29 dólares) y, simplemente, no les pagan la indemnización, que en algunos casos, corresponde a 3 o 4 millones de pesos (casi 8 mil dólares).”
 
 Los trabajadores han interpuesto en los tribunales una demanda contra la empresa por apropiación indebida. Los cajeros de Sevipag obtienen por su trabajo  180 mil pesos mensuales (357 dólares, uno de los salarios más bajos del sector) y laboran de lunes a sábado, y en los grandes centros comerciales hasta los domingos y festivos. Habitualmente se desempeñan en habitáculos de un metro cuadrado, con restricciones estrictas para acudir al baño y permanentemente supervigilados.
 
Uno de los empleados despedidos, José Castillo, indicó que llevaba tres años trabajando y fue echado sin indemnización, sin sueldo “y con una cláusula que no me permite encontrar trabajo, y todo por una pérdida de caja de 5 mil pesos (menos de 10 dólares) que fue descontada de mi planilla de salarios. La cláusula dice con elegancia, que soy un ladrón. Pero los ladrones son ellos (la empresa) porque cuando a los cajeros nos sobra plata -100 y hasta 500 mil pesos (100 dólares)- no se declara en la planilla ¿Qué pasa con ese dinero que es de los clientes, del público?”
 
Los trabajadores anunciaron que continuarán movilizándose contra sus derechos violentados.

Chile: Mineros de Copiapó: Que nadie se preste a engaño

Por Andrés Figueroa Cornejo
 
Que nadie se preste a engaño. La noticia feliz de la sobrevivencia de los mineros en el yacimiento San José se debe a la pericia, tradición, experiencia  y fortaleza de los propios trabajadores. Que esas propiedades de vidas completas dedicadas a la explotación minera –incluso desde la infancia- sean hoy capitalizadas políticamente por Piñera es otro asunto. Es cierto, subirán los bonos del mandatario y hasta los dueños de la mina procurarán salvar ilesos de las feroces irresponsabilidades que crearon las condiciones del trágico accidente.
Pero no hay que perder la brújula, incluso en medio del más extraordinario despliegue mediático que procura poner al gobierno y sus personeros como protagonistas de una gesta propia de los mineros.
La repetición enfermiza de las imágenes televisivas y el mensaje de los mineros mostrado por el multimillonario que está sentado en La Moneda, no pueden nunca provocar la desmemoria del conjunto de antecedentes que objetivamente prueban las pésimas condiciones de la mina y la minería en Chile, la menos que pobre fiscalización de los organismos estatales responsables de la supervisión de esos centros laborales, y el abandono y expoliación de un sector de trabajadores que han enriquecido durante siglos a una clase minúscula.
Piñera no cabe de gozo porque se jugaba porcentajes de popularidad en las encuestas.
Nosotros, los de abajo, estamos felices porque asalariados de una de las más terribles industrias del país están con vida.
Y nada de lo que ocurra terminará con lo realmente determinante: que el actual Ejecutivo representa pura y duramente los intereses de la minoría que manda y no de las grandes mayorías, la ampliación de la pobreza y las desigualdades sociales, y que la injusticia se funda sobre la apropiación privada y bajo cualquier condición de la producción social de la riqueza.
Estamos profundamente felices por nuestros hermanos mineros. Aunque, contradictoriamente, esa misma dicha nuestra sea convertida por la propaganda multiplicada, en un respiro momentáneo para los patrones del Estado empresarial chileno.
 
 
 Agosto 22 de 2010

Chile: Treinta y tres mineros, uno tras otro

Chile: Treinta y tres mineros, uno tras otro

Crimen de los dueños y el Estado en Mina San José

por Andrés Figueroa Cornejo

·        Mientras los medios de comunicación de los que mandan muestran a un Piñera cortando cabezas pequeñas y al ministro de Minería derramando lágrimas de cocodrilo, sospechosa y calculadamente, los propietarios de la mina se lavaron la cara en El Mercurio y La Tercera a 9 días de la catástrofe. Los familiares y dirigentes mineros piden castigo y responsables con nombre y apellido. Una vez más, Chile luce al mundo su condición de país desigual y empobrecido, sobre toda propaganda gubernamental. 

  “Las noticias que los obreros daban del accidente calmó un tanto aquella excitación. El suceso no tenía las proporciones de las catástrofes de otras veces: sólo había tres muertos de quienes se ignoraban aún los nombres. Por lo demás, y casi no había necesidad de decirlo, la desgracia, un derrumbe, había ocurrido en la galería del Chiflón del Diablo, donde trabajaba ya hacía dos horas en extraer las víctimas, esperándose de un momento a otro la señal de izar en el departamento de las máquinas.

Aquel relato hizo nacer la esperanza en muchos corazones devorados por la inquietud. María de los Ángeles, apoyada en la barrera, sintió que la tenaza que mordía sus entrañas aflojaba sus férreos garfios. No era la suya esperanza sino certeza: de seguro él no estaba entre aquellos muertos. Y reconcentrada en sí misma con ese feroz egoísmo de las madres oía casi con indiferencia los histéricos sollozos de las mujeres y sus ayes de desolación y angustia.

”El texto anterior no es parte de la crónica de la tragedia ocurrida en la mina San José el 5 de agosto pasado, a 45 kilómetros de Copiapó, en la Región de Atacama. Es el fragmento del cuento “El Chiflón del Diablo” escrito por  Baldomero Lillo hace 106 años. 

LAS CIRCUNSTANCIAS Y LOS CRIMINALES

Los dueños de la Compañía Minera San Sebastián, de cuya órbita es la mina San José, son Marcelo Kemeny Füller (40 % de la propiedad) y Alejandro Bohn (60 %). El primero intentó vender infructuosamente el yacimiento de cobre y oro el año pasado. El fundador de la empresa fue su padre, Georges Kemeny Latay que, según miembros de la Sociedad Nacional de Minería, le dio “impulso” a la faena, cuya explotación tiene más de doscientos años. Ahora el directorio está formado por el  gerente de la empresa, Pedro Simonevic; vicepresidente ejecutivo, Marcelo Kemeny; el gerente general, Alejandro Bohn; subpresidente Planta Tierra Amarilla, Marcelo Rodríguez; subpresidente Planta Copiapó, Víctor Lamas; y el jefe de abastecimiento, Jaime Cerón. Sin embargo, uno de los dueños, Marcelo Kemeny no dio señales de vida hasta el viernes 13 de agosto, 9 días después de los hechos.. Al respecto, Rafael Peña, hermano de uno de los 33 mineros enterrados desde las 14:00 hrs. el 5 de agosto, señaló que  “Acá ni siquiera lo conocen, nunca aparece. Esto es para la risa, que el dueño no aparezca para nada”.

En una burda maniobra comunicacional –que debe estar muy bien pagada-, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny  el viernes 13 aparecieron al mismo tiempo y diciendo prácticamente lo mismo, en las portadas de El Mercurio y La Tercera. Sueltos de cuerpo y con casacas rojas iguales a las que visten las autoridades piñeristas, por una parte, Bohn  dijo lo que todo responsable de un accidente de estas proporciones debe decir correctamente: “…nuestra única prioridad han sido nuestros trabajadores y sus familias”, mientras, por otro lado, ante las sospechas de sus relaciones políticas para reabrir una mina inexplotable, Kemeny afirmó con inocencia que “Somos una hormiga, no tenemos capacidad para eso.” Sobre este dicho, la comunidad nacional, los familiares y los dirigentes mineros deben estar muy de acuerdo, pero en un sentido totalmente distinto. El lavado de imagen de los propietarios del yacimiento San José suena a pobre y desesperada estrategia mediática para procurar salvar ilesos de sus responsabilidades. Pero los trabajadores y la gente no son imbéciles.

Según el Ingeniero en Minas, Agustín Holgado, quien se desempeñó por más de 10 años en la zona de Copiapó, “Para nadie de la zona resultó una sorpresa el accidente, mucho menos para los fiscalizadores. Son innumerables los incumplimientos de la Minera San Esteban con la seguridad de los trabajadores, así como también con la legalidad ambiental. Baste decir que la reglamentación de seguridad que fiscaliza el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), obliga a la minería subterránea a contar con al menos dos accesos alternativos a todas las labores, pero al parecer hay autoridades y empresas que están por encima de la ley.” El ingeniero indicó que en 2004 la Corte de Apelaciones rechazó un recurso de protección interpuesto por el sindicato en contra de la empresa y Sernageomin producto de la muerte del trabajador Pedro González Rojas, luego de un desprendimiento de roca en la mina San José.

En julio de 2010, el minero Gino Cortés sufrió un grave accidente donde perdió una de sus piernas, una vez que un planchón (roca desprendida en la galería de acceso) le cayó encima cuando se desplazaba para almorzar. ¿Qué fuerzas permiten la apertura de un yacimiento extraordinariamente peligroso? 

LAS AUTORIDADES EN EL LUGAR EQUIVOCADO Y LA VOCACIÓN MEDIÁTICA DE PIÑERA

Por su parte, el ministro de Minería, Lawrence Golborne (ex gerente de sistemas de Esso Chile, filial de la petrolera norteamericana ExxonMobil; y ex gerente corporativo de Cencosud) aseguró la semana pasada que el miércoles 11 de agosto habría un primer contacto con los mineros atrapados en el refugio del yacimiento. Naturalmente ello no ocurrió. Y se explica, en parte, por su total inexperiencia en la industria del sector. Lo que, a su vez, se agrega al conjunto de irresponsabilidades gubernamentales en la materia. Sebastián Piñera, teatralmente se apersonó en la mina a casi tres días del ingreso de los trabajadores al yacimiento, y luego de hacerse de los antecedentes pidió “rezar por los mineros”. Días después Piñera cortó por lo más frágil, mediático y económico políticamente: destituyó al director de Sernageomin, Alejandro Vio, al subdirector de Minería y al director regional de Atacama de esa entidad, Rodolfo Díaz. Olvidó decir que Senageomin cuenta con sólo 17 fiscalizadores para alrededor de medio millar de minas del país. Por eso su anuncio de triplicar el presupuesto de la unidad fiscal suena bien, pero es ridículo para los requerimientos.

El ex director regional de Sernageomin –anterior al recientemente retirado de sus funciones-, Antón Hraste dijo que el gerente de la mina San José, Alejandro Bohn; el director expulsado de Sernageomin, Alejandro Vio, y el jefe del Departamento Nacional de Seguridad de ese servicio, Santiago Pinilla, “deben responder por qué se reabrió la mina. Ellos tomaron la decisión.”Hraste abandonó su cargo el 30 de junio de 2007, y el 30 de mayo de 2008, el subdirector de Sernageomin, Patricio Leiva, autorizó “la reapertura de la mina San José”, luego de una largo historial de accidentes, muertos e irregularidades a granel.

LOS TRABAJADORES Y LA VERDAD DURA
 

Moisés Labraña, vicepresidente de la Confederación Minera de Chile y uno de los líderes históricos del sector, expresó que  “La mina jamás debió reabrirse porque tiene fallas estructurales. Un derrumbe en una mina no puede producirse porque existen mecanismos para evitarlo: hay clavos de anclaje, enmallado, chorroteo de cemento, lo que asegura los avances en la mina. En la San José no había nada de eso. Se hicieron avances en forma irracional”, y agregó respecto del mítico refugio del que tanto se habló los primeros días que “no hay lugar para que los mineros puedan guarecerse de un derrumbe: lo que debería existir es un refugio contra incendios, no contra derrumbes.”Labraña informó que  los mineros venían exigiendo desde 1999 que se cerrara el yacimiento. El 2005 la Dirección del Trabajo decidió clausurarla porque no existía salida de emergencia, ni chimenea (para renovar el aire). Esto llegó a los tribunales de Copiapó y se lavaron las manos. Luego, y no se sabe por qué, la mina se reabrió el 2009. “¿Existen influencias políticas, gente importante involucrada? Eso tendrá que ser parte de la investigación. Puede que nos encontremos con más de una sorpresa” indicó el dirigente.

El 30 de junio, en el marco de una reunión de trabajo de la comisión de minería donde estuvo el ministro Lawrence Golborne,  Javier Castillo, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Mina San José, le espetó al ministro que  “No se puede trabajar a cualquier costo. En la mina San José la situación es catastrófica. En cualquier momento se va  a producir un derrumbe, por lo tanto el gobierno debe tomar medidas.” Pero el ministro no tomó ni nota. Y el 5 de julio, a un mes del desastre, se le fue a dejar una carta para pedirle que la empresa, sino era cerrada, por lo menos fuera obligada a abrir la salida de emergencia y destapar la chimenea, porque el fondo de ella se había llenado de material estéril, lo que la volvía inoperante. El ministro no recibió a los dirigentes sindicales. “¿Qué esperanzas hay ahora? Pocas. Es muy difícil que estén con vida. Ya el primer día se optó como única vía de rescate, la chimenea. Y no ha habido ningún tipo de comunicación con los mineros enterrados.

Aquí los empresarios tendrán que pagar por su responsabilidad criminal en el hecho, incluso si sobreviviera algún minero. También hay una responsabilidad de Estado, responsabilidades políticas. Sernageomín depende del ministro”, sentenció Labraña e ilustró que  “Aquí transitamos por la vereda del siglo pasado. Tantos los convenios, como las recomendaciones del convenio 176 y de las recomendaciones 183 de la OIT,  no han sido suscritas por el gobierno. De hecho, Chile no ha suscrito ninguna norma de seguridad, porque se tocan muchos intereses.” -¿Y en qué consisten esas normativas no firmadas? -“El convenio plantea tres principios: la participación de los trabajadores en materia de resguardo de la mina; el derecho a conocer e informarse plenamente del lugar y las condiciones en las cuales se labora; y el derecho a paralizar, que asume el sindicato, el comité paritario o el trabajador mismo cuando advierte una situación de peligro, sin perder la remuneración. Aquí está el temor de los dueños. Los trabajadores se accidentan y no son considerados como tales. Son enviados a una clínica particular y se busca la manera de esconder el accidente. Al respecto, existe una concomitancia entre la Mutual de Seguridad y las empresas.” -¿Por qué? “La seguridad es un negocio. Las mutuales gastan apenas un 6 % en prevención de accidentes y un 21 % en gastos administrativos. El Estado no tiene una sola política de seguridad. La política la improvisa “el guaripola” de turno. Si al ministro le interesa la inversión, como es el caso actual, Sernageomin actúa según ese criterio. Debe terminar la irracionalidad. Aquí los empresarios deben pagar con cárcel. Y el Estado debe responder. 60 días se demoraron en ratificar a las autoridades de Sernageomin. Después se pone un ministro que no tiene idea de minería, y que sólo quiere promover la inversión.

Ahora bien, hasta hace poco había una mina clausurada en Las Pataguas, en la V Región, y volvió a estar en funciones, ¿Quién lo ordenó? En la II, III y V regiones debe  haber un resguardo superior a la vida de los trabajadores.” Néstor Jonquera es presidente de la Confemin. Expresó que los mineros bajo la mina derrumbada son socios del sindicato Mina de los Trabajadores de la Compañía San Esteban y afimó que “Según los supuestos, hubo un acuerdo político con los propietarios para reabrir la mina. Aquí hay corrupción, paleteada o favor político. Con qué sector político, es un misterio.”Jonquera manifestó que “El gobierno ha apoyado a la empresa a no dar la cara como corresponde. Y cuando, en otra situación, están involucrados los trabajadores, el Estado nos ataca.” -¿Quiénes son los responsables de la tragedia? “El primer responsable es el empresariado, los dueños de la mina. Y luego el Estado, Sernageomin, la Inspección del Trabajo,  el Ministerio de Salud, y la Asociación Chilena de Seguridad, empresa que lucra administrando la ley 16.794 que tiene que ver con enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. La ley dice que tiene que prevenir; para eso se le paga una prima todos los meses. Y los responsables son parte de este gobierno y del anterior. Todos tendrán que pagar.”El máximo representante de la Confederación  certificó que “Los mineros quieren seguridad.

Para el empresario, el trabajador es un simple perno, una pieza cambiable rápidamente por otra. No importa que se muera o que se enferme, porque hay otro que hará la pega. Esto ocurre entre las 400 a 700 minas que existen.” -¿Qué exigen y qué harán? “Si los trabajadores entraron vivos a esa mina, tienen que salir vivos. El viernes 13 nos reunimos todos los dirigentes sindicales relacionados con la minería de todo el país. Aquí construiremos una política común, primero, asegurando el bienestar de las familias de los trabajadores de la mina San José y exigiendo su cierre total. Queremos ofrecer un mensaje a las otras industrias de la producción y al conjunto de los trabajadores de Chile  respecto de la importancia de la unidad. Aquí los únicos que actúan unidos son los empresarios con el apoyo del Estado. En cambio, los trabajadores estamos dispersos. A nuestros compañeros enterrados bajo toneladas de roca y tierra no se les preguntó su color político. Por eso deben unirnos nuestros intereses comunes. Los dirigentes sindicales, el martes 9 de agosto, bajo el sol vertical del desierto, hicimos un juramento de que debemos juntarnos. Ya no hay tiempo que perder.” -¿Y cómo evalúa la actuación de las autoridades? “Piñera y el ministro de Minería han dicho  que esa mina no está en condiciones de trabajar hoy día, pero si el empleador le hace alguna modificación en torno a la seguridad, puede seguir explotándose. Esa mina tiene más de doscientos años. Es muy rica en oro, y por eso es tan codiciada. Pero sus condiciones geológicas están formadas durante miles de años. Tendría que invertirse muchísima tecnología si se quisiera abrir. Pero aquí quedó demostrado que en Chile no existe tecnología de punta.” 

Diario Uno tomó contacto con un minero de la zona, quien por razones de estabilidad laboral solicitó mantener su nombre en el anonimato. El trabajador, con amargura y rabia, aseguró que “lo más probable es que los compañeros murieron el mismo jueves 5 de agosto, en el primer derrumbe. El sábado, cuando los rescatistas llegaron al famoso refugio, ese ya no existía. Y las primeras faenas de rescate se hicieron con gente que no conocía la mina. Uno siempre guarda una esperanza, pero a esta altura ¿Cómo podrían estar vivos? Hasta el jueves 12, por lo menos, estaban excavando al “achunte” no más. Yo creo que la pega de encontrar a los “niños” va a tomar un mes, por lo bajo. Esto es muy duro. Pero todos  saben la verdad y la callan.”
 
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ANEXO ACTUALIZADO
 
MÁS DOCUMENTACIÓN QUE FUNDAMENTA RESPONSABILIDADES DE DUEÑOS DE MINA SAN JOSÉ 

A menos de un mes de la tragedia de la Mina San José, el 9 de julio se realizó una fiscalización de la Inspección del Trabajo de Copiapó por el funcionario Herman Mery Véliz a ese yacimiento. Según la Resolución de Multas Nº 6279 / 10 / 42 a la que tuvo acceso D1, el fiscalizador documentó un conjunto de graves irregularidades en la mina.Primero, el hecho de que el empleador –Alejandro Bohn- no haya suprimido en los lugares de trabajo los siguientes factores de peligro: “Nivel 60 N/E: no realizar la fortificación del techo, habiéndose constado que no existía fortificación, razón por la cual ocurrió el desplome del planchón. No evaluar una situación de riesgo, dada la falsa sensación de estabilidad por un buen resultado obteniendo después de haberse realizado una operación de acuñadora mecanizada del sector y aplicación de pernos lechados existentes. Tal hecho constituye incumplimiento de las condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo e implica no tomar las medidas necesarias para proteger la vida, salud, y en general, la integridad física de los trabajadores”.Segundo, “No contar con señalización visible y permanente en las zonas de peligro, indicado sector sin cobertura de malla en nivel 60 NSE donde ocurrió la caída de la roca. Tal hecho constituye incumplimiento a las condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo e implica no tomar las medidas necesarias para proteger la vida, salud y en general, la integridad física de los trabajadores”.Y tercero, “No cumplir el Comité Paritario de higiene y seguridad las funciones de su competencia, consistentes en investigar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales, en relación a lo ocurrido el día 03 / 07 / 2010 a las 00:15 hrs. por accidente ocurrido en interior de Mina San José de empresa Minera San Esteban Primera, que afectó al trabajador Sr. Gino Cortés Calderón. Tal hecho en un incumplimiento a las obligaciones legales sobre funcionamiento de los comités paritarios de higiene y seguridad e implica no disponer medidas que protejan eficazmente la mina, salud e higiene de los trabajadores al interior de la empresa”.

TAMBIÉN LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD

Por otra parte, la Asociación Chilena de Seguridad aseguró que en junio de este año, emitió el informe 227, en el que advertía a los propietarios de la Minera San Esteban sobre el riesgo de derrumbe en la Mina San José, y le pidió a la empresa que asegurara los procedimientos de fortificación, poniendo a los equipos de trabajo en lugares seguros de riesgo. “Lo que pedíamos era que la empresa afirmara la mina”, señaló Alejandro Pino, gerente de la mutual.La investigación se habría efectuado luego de la caída de un planchón que provocó la herida contusa en la zona lumbar del trabajador Jorge Galleguillos el 1 de junio, un mes antes de otra caída de roca -3 de julio- que terminó con la pierna de Gino Cortés.

LOS ANTECEDENTES DE MARÍA ESTER FERES

Por su parte, la ex directora del Trabajo, María Ester Feres, indicó en un programa radial que en 2001 no se pudo cerrar el yacimiento San José por presiones del sector minero.Feres dijo que "en la mina se hicieron trabajos menores, pero la percepción de los funcionarios de la Dirección del Trabajo era que esa mina era una bomba, no había por dónde, no tenía salidas de escape".Las presiones empresariales y políticas argumentaron hace 9 años que el yacimiento  "generaba empleo, porque no había fuentes (de trabajo) de alternativa. Entonces, otra vez poniéndonos contra la espada y la pared: o queremos crecer y eso tiene costos en vida humana o priorizamos derechos fundamentales y eso nos replantea el crecimiento"Respecto de la seguridad, Feres fue vehemente al afirmar que  "Yo tengo estadísticas que pueden demostrar que en el año 2009 murieron más personas en Chile, en el lugar de trabajo, por accidentes predecibles más que los que murieron en el maremoto y terremoto".Por otra parte, pese a que el jueves 19 de agosto la sonda empleada en la mina llegó a los 726 metros de profundidad, no se encontró el refugio del cual se habla desde el principio de la tragedia. Y las protestas de las familias de los trabajadores han motivado la vocación represiva del mal gobierno piñerista mediante el traslado de un fuerte contingente de carabineros y fuerzas especiales a la zona del desastre. Fuertes rumores señalan en Copiapó que podrían ser más de 33 los mineros enterrados debido a una cantidad no calculada de trabajadores que laboraban ilegalmente en el yacimiento.

Chile. ¿Y qué viene ahora?

Chile. ¿Y qué viene ahora?
Arnaldo Pérez Guerra

¿Y qué viene ahora? ¿Qué harán las policías, fiscales, medios de (in)comunicación, para mantener sus montajes mediático-represivos?.

Invocan hoy la Ley Antiterrorista en contra de jóvenes okupas y anarquistas, en contra de ex subversivos, por ese sólo hecho: el ser okupas, anarquistas y ex lautarinos.
Y es que la Ley Antiterrorista del dictador Augusto Pinochet ya ha sido invocada para encarcelar a mapuches, para acusar a autoridades tradicionales y dirigentes de ese pueblo que luchan por defender sus derechos, sus territorios, sus recursos naturales, su identidad, su cultura. Decenas de mapuches han permanecido meses, e incluso años, tras las rejas, prisioneros, para luego ser encontrados inocentes por los tribunales y Juzgados de Garantía.
¿Pasará lo mismo con éstos jóvenes okupas? Y es que hay experiencias anteriores, igual de burdas como la de hoy. Recordemos la famosa "fábrica de bombas Molotov", o los "machetes de la USACH", o las insostenibles acusaciones de "Terrorismo" contra artistas de la Okupa Cultural AKI, en calle República, en fin. Recordemos que ex subversivos y ex prisioneros políticos han pasado más de una vez días o meses en prisión acusados por los medios de comunicación y las policías, para luego quedar libres...
Nadie publica esa noticia. Nadie pide disculpas a los ex presos políticos y sus familiares por los "errores judiciales". Y no es que se pretenda justicia de quien no la dará. No es eso. Es sólo una retórica forma de decir.
El Estado ha dado otro golpe mediático en su intento de criminalizar toda lucha social... y los seguirá dando. Acusarán a estos jóvenes de ser una "asociación ilícita" y de haber colocado "artefactos explosivos" después de meses de "seguimientos y escuchas telefónicas"...
¿Asociación ilícita muchachos que se declaran antiautoritarios y que no responden a ninguna organización, movimiento o partido? ¿Y si los seguían cómo es que las policías no impidieron la fabricación y colocación de bombas? Y es que ya ha habido casos y antecedentes de pruebas amañadas, de testigos sin rostro pagados, de narcotraficantes y delincuentes acogiéndose a la ley de delación compensada para acusar a quienes son de "interés" de la policía o fiscales.
Los medios ya han inventado bastante para vender su morbo.
En Chile no se respeta la "presunción de inocencia" y se acusa y estigmatiza a cualquiera. En Chile siguen las Fiscalías militares juzgando a civiles. En Chile no se respetan los derechos humanos. En Chile se viola la legislación internacional... Y no es que se pretenda que el poder, la burguesía, el Estado capitalista, o como quieran llamarle, vaya a hacer juicios imparciales, justos y nobles, respetando los derechos humanos, de los animales y de la Tierra. No es eso. Es sólo una retórica forma de decir... pues hay que aprender a leer entre líneas.
¿Qué viene ahora? ¿Encarcelarán a los vecinos de los okupas? ¿Perseguirán a quienes iban a leer a esas bibliotecas? ¿Cerrarán las páginas Web que difunden sus comunicados? Más puesta en escena, más y más performance del poder, más y más criminalización, más y más embrutecimiento y represión... Y es que el poder tiene miedo. Teme... Teme a jóvenes que organizaron bibliotecas y videotecas; que prestaban libros y videos a quienes los quisieran; que intentaban comer más sano y saludable; que cultivaban en sus huertos verduras y hierbas; que se desplazaban por sus propios medios en bicicletas y las sabían arreglar; que realizaban foros y charlas donde conversaban en vez de embrutecerse viendo televisión o jugando en un computador; que intercambiaban ropas y artefactos para no comprar; que eran solidarios con las luchas de los pueblos originarios, inmigrantes y prisioneros políticos en Chile y en el mundo; que intentaban establecer otro tipo de relaciones afectivas e interpersonales; que tenían un discurso antiautoritario y anticapitalista...
Sí, el poder teme. ¿Y por qué? ...Sólo imaginemos de lo que podríamos ser capaces... de lo que somos capaces.
Vivamos hoy como queremos que sea el futuro.

Chile: Trabajadores protestan por crimen en Mina San José

Chile: Trabajadores protestan por crimen en Mina San José

Por Andrés Figueroa Cornejo

El Frente Amplio de Trabajadores –agrupación de trabajadores bancarios (Confederación Bancaria), del cobre (Fenatracimm), empresas privadas (CEPCH) y call center (Sindicato Unísono)- protestó frente al Ministerio de Minería y del Trabajo el 17 de agosto debido a las responsabilidades políticas y criminales que le caben al gobierno y a los dueños de la Mina San José, por el derrumbe del yacimiento que tiene enterrados, por lo menos a 33 mineros.

El Presidente de la Federación de Trabajadores de CIMM (empresa asociada al metal rojo de administración estatal) Ramón López, señaló que “que a los empresarios no les importa la vida de los trabajadores. El abuso es tan mayúsculo, que los propietarios del sector no trepidan en hacernos laborar en condiciones pésimas. Los que no mueren o no son mutilados, viven en altísimas situaciones de estrés. Por eso exigimos a la justicia y al gobierno que meta a la cárcel a Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn, dueños de la mina. Y que renuncie la ministra del Trabajo  (Camila Merino) porque ya sabemos que la Dirección de esa repartición tenía antecedentes de que el yacimiento estaba en tan malas condiciones, que debía cerrarse. Y también existe una responsabilidad directa del ministro de Minería (Laurence Golborne) debido a que Sernageomin depende de él”.

La delegación del Frente Amplio de Trabajadores (FAT) hizo un llamado a “todos los dirigentes sindicales, a los trabajadores, porque hay que decir basta ya. La unidad de los trabajadores es la consigna: unidad para defender y unidad para reconquistar nuestros derechos. Debe efectuarse una gran movilización por los hermanos mineros de San José. Esa es nuestra bandera.”

En la misma línea, los trabajadores de la construcción y del montaje (Sintec), del Sindicato de la Gran Minería (Siteco) y la Federación de Trabajadores de la Construcción y la Madera  (Fetracoma), denunciaron que “es una aberración que tengamos que esperar muertes masivas de trabajadores para que se ponga en el tapete la problemática que vivimos a diario los obreros de este país. Al parecer, las altas tasas de accidentabilidad son para muchos, hechos normales y cotidianos” y convocaron a “las organizaciones sindicales a aumentar los niveles de organización y coordinación que permitan hacer frente a estas problemáticas, denunciando y comunicando a los demás trabajadores sus asuntos, sus avances y sus proyecciones con el objeto de articular un movimiento sindical que de una vez por todas diga basta a las actuales condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo”.