Argentina

Argentina: El Comando Sur en el Chaco

Foto: El gobernador del Chaco, Capitanich, junto a los representantes del Comando Sur de los EEUU. Bajo la cobertura de "ayuda humanitaria" se instala una base yanqui en la Argentina. 

POR ELSA BRUZZONE Y JOSÉ LUIS GARCÍA   (CEMIDA)

 

A través de la valiosa información proporcionada por ”EL CALDERO 2008”, luego confirmada y ampliada por distintas y confiables fuentes nos enteramos de la infausta nueva: El Comando Sur de los Estados Unidos lograba imponer su objetivo de hacer pié en nuestro país para disponer una base militar en proximidades de la Triple Frontera, instalándose nada menos que en la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco. Conviene recordar que durante los primeros años de este siglo Estados Unidos presionó de todas maneras sobre los sucesivos gobiernos argentinos para lograr la instalación de una base militar en San Ignacio, Provincia de Misiones, próxima a la Triple Frontera, con el pretexto de vigilar las presuntas actividades terroristas en la Región, no logrando nunca su objetivo.

Presentamos una escueta síntesis de los fundamentos que sustentan la veracidad de estas noticias así como un análisis de la forma como se ha aplicado y se aplica la estrategia para el control militar y de los recursos naturales estratégicos de la Región por parte del llamado “Comando Sur” de Estados Unidos.

Todo se inició cuando el Comando Sur y la embajada norteamericana impulsaron un “Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias,” que fue aprobado en 2006 por el ex Ministro Aníbal Fernández, como un aporte a los programas sociales que desarrollaba el gobierno. De esta manera y enmascarando las reales intenciones se posibilitaba la entrada de dicho Comando en territorio argentino por la puerta de servicio.

Ello implicó realizar inicialmente campañas de "concientización humanitaria" y de instrucción a la población con el objetivo de establecer, en un futuro que manifestaron cercano, personal para colaborar con la "ayuda humanitaria", tal como había ocurrido con anterioridad en Ecuador, Honduras, Costa Rica, Paraguay y Colombia.

Ese futuro cercano llegó cuando el Gobernador del Chaco Jorge Capitanich, recibió en diciembre de 2011 al Consejero de la Embajada norteamericana en Argentina Jefferson Brown y al coronel EDWIN PASSMORE agregado militar del Comando Sur de Estados Unidos quienes le informaron que su Provincia sería la elegida para la puesta en marcha de esos planes. Con ellos analizó los proyectos conjuntos que definieron la inauguración del primer Organismo de esa Ayuda en Argentina en la ciudad de Resistencia, de lo que se sospecha será una base militar encubierta de control y monitoreo de Estados Unidos en territorio argentino, bajo el eufemístico nombre de “Centro de Ayuda Humanitaria”.

En la oportunidad, Brown expresó “éste es uno de los proyectos más importantes que el gobierno norteamericano tiene con Argentina. Se trata del primer Centro de Respuesta a Emergencias, cuya construcción demandó una inversión de tres millones de dólares y fue financiado por una donación de la Embajada de Estados Unidos”. El edificio, de aspecto impresionante, está ubicado en el predio del Aeropuerto de Resistencia, “Sólo resta equiparlo con tecnología informática para luego culminar con una capacitación al personal” manifestó el coronel Edwin Passmore, acompañado en la oportunidad por el representante de la Agencia de Inversión, Comercio Exterior y Relaciones Internacionales del Chaco Marcos Sotelo.

El coronel Passmore, el representante del COMANDANTE DEL COMANDO SUR DE Estados Unidos que opera como una especie de Virrey de la Región y tiene acreditados agregados militares en la Cancillería Argentina, explicó que ese Centro de Operaciones “está pensando para emergencias naturales como inundaciones o sequias, pero también puede utilizarse, por ejemplo, para epidemias como” el dengue”. Señaló además que el sitio contendrá la informática adecuada para realizar “la coordinación con los organismos necesarios antes los eventuales sucesos,” detalló que la construcción había sido acordada dos años atrás entre Capitanich y el ex embajador Earl Anthony Wayne y aseguró que el Centro estará financiado por el Comando Sur.

Lo que no pudo aclarar fue como un programa con apariencia civil es realizado por un COMANDO MILITAR DE Estados Unidos, EL CUAL NO GUARDA RELACION DE DEPENDENCIA CON LA EMBAJADA DE ESE PAIS, que es la que debería tener a su cargo o patrocinar programas realmente solidarios y exclusivamente civiles.

El Gobernador Jorge Capitanich ya había recibido en septiembre de 2011 a una delegación de legisladores norteamericanos que visitaron la Provincia para estrechar vínculos entre ambos “países” según declararon a los medios de comunicación. En esa ocasión recomendó a los legisladores, a quienes calificó como la nueva generación de políticos estadounidenses, tener como estrategia, para reposicionar a Estados Unidos después de la crisis actual, la unión americana y de esta manera convertir al continente en una potencia mundial. Juntos seremos la mayor reserva de minería, agua dulce, alimentos, energía, industria cultural, atractivos turísticos, talentos de recursos humanos y tecnología vinculada a procesos productivos”, explicó el Gobernador, que casi hablaba como un mandatario presidencial o como ¿un delegado imperial? “Desde América del Sur vemos con tristeza que Estados Unidos no nos considere un aliado”, manifestó en la oportunidad, asegurando que está crisis es una ocasión para potenciar las relaciones. “Defiendo una alianza estratégica y estoy dispuesto a luchar por esa idea”, afirmó sin titubeos ante la delegación norteamericana asumiendo de facto el manejo de las relaciones internacionales de la Argentina y más aún, las de UNASUR. Cosa rara ¿verdad…?

Asimismo y como parte del paquete firmado en nombre de Estados Unidos la empresa Forbes Energy invertirá 100 millones de dólares en el Chaco para producir bioetanol a partir de la caña de azúcar. “Hemos recorrido la zona norte de Argentina y hemos focalizado nuestro interés en Chaco por sus importantes condiciones productivas. Ahora sólo debemos definir algunos puntos fundamentales pero ya estamos listos para invertir en la Provincia”, aseguró Alexander Forbes, gerente de la empresa. ¿Habrá sido ese el precio de la entrega? Cabe recordar que al grupo Forbes & Manhattan pertenecen las empresas mineras Rodinia Lithium, presente en los Salares de Diablillos, Centenario y Ratones, Salta; y Rodinia Minerals, presente en el Salar de Salinas Grandes, Jujuy.

Esta llamativa posición en defensa de la unión estratégica con los Estados Unidos ha permitido que el Comando Sur se instale como “Base de Ayuda Humanitaria” en territorio argentino lo que le asegurará adicionalmente el monitoreo y control satelital de toda la región ubicada cerca de la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil y ADEMÁS sobre el codiciado ACUIFERO GUARANI, la mayor reserva de agua dulce de la Región, SIN CONTAR LOS BAÑADOS Y ESTEROS DEL IBERÁ.

Pero la pregunta básica es ¿Cómo funcionará realmente este CENTRO DE COPERACION o nuestra denuncia es un simple delirio conspirativo?

Para ello será necesario considerar que la operación se inició con la puesta en marcha de un taller para capacitación de funcionarios e integrantes de los Municipios del interior del Chaco, dictado por un consultor salvadoreño contratado por el Comando Sur, en el marco del Programa de Asistencia Humanitaria que se implementó en la Provincia a partir de un Convenio suscripto entre el Gobierno Provincial, la Embajada de Estados Unidos y el Comando Sur a través del cual este último brindará asistencia técnica para el armado de los programas y sistemas para la asistencia en la emergencia ambiental y propondrá las acciones por desarrollar, las cuales se deben enmarcar en el mencionado Programa. Es de hacer notar que esa gestión cívico – militar ya está hoy en Argentina proporcionando “ayuda humanitaria”, y capacitando a los funcionarios públicos para atender posibles emergencias en la Provincia.

Existiendo múltiples organismos no militares nacionales e internacionales cuya actividad se orienta hacia una misión social y humanitaria no queda claro por qué estas tareas se encomendaron al Comando Sur en forma altamente sospechosa ya que es conocida la doble misión de las embajadas y los organismos militares de Estados Unidos en los diversos programas civiles y militares de ese país para ayuda, capacitación, intercambio, cooperación, trabajo bilateral y que culminan con la realización de ejercicios militares “combinados” con los efectivos de los países involucrados .

Además todo ello constituye el fundamento del funcionamiento del llamado SIAD (Sistema Interamericano de Defensa) creado por Estados Unidos dentro del cual el COMANDO SUR es el principal órgano operador para Latinoamérica y El Caribe, independientemente de las atribuciones políticas de las embajadas norteamericanas en el Continente.

Por un lado, Washington presenta un componente humanitario visible al público, estructurado sobre actividades que la sociedad visualiza como ’justas’ y en su beneficio, de modo tal que pueda justificarse una interacción bilateral. Causas como ayuda humanitaria, sanidad y salud pública, emergencias y desastres naturales, derechos humanos, seguridad, lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. Pero por otro lado, existe una componente no visible que se encuadra en los objetivos estratégicos afines a los intereses de Estados Unidos y muchas veces contrapuestos a los del país asistido, conducidos por un comando militar.

Además se suman a esta operatoria los ”Acuerdos de Cooperación” que el Gobierno Nacional Argentino ya viene manteniendo con EEUU en el plano militar y civil; sea por ejemplo para capacitación de civiles y militares con instructores estadounidenses, como son los Programas Internacionales para Educación y Entrenamiento Militar, de Seguridad de Fronteras y Control de Exportaciones y de Asistencia Antiterrorista. También Washington envía fondos para educación y entrenamiento policial. En este marco, con un acuerdo y reuniones entre representantes de la embajada de Estados Unidos y del Comando Sur con el Ministerio de Seguridad de Argentina y el Gobierno del Chaco, se desarrolla el ’Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias’, que habilita la doble intervención (visible/encubierta) de EEUU en la región.

Como expresa el Comando Sur estas estructuras de cooperación facilitan la interacción militar con militares de la zona la cual es necesaria para “mantener un contacto regular que construya confianza e intercambio de información relevante para la seguridad regional.” Permite conocer cómo trabajan otros militares (sus procedimientos y capacidades de comando y control) considerados importantes para una futura cooperación. Los militares estadounidenses buscan a través de estos programas, construir relaciones interpersonales con oficiales de otros países, amistad y camaradería con los altos jefes y aumentar el acceso a los militares de la región, para convertirlos en potenciales aliados en futuros conflictos.

Cuando ha sido alcanzada cierta aceptación de su accionar por la sociedad y se ha logrado un nivel de organización aceptable, surgirá naturalmente la necesidad de instalar, por ejemplo, un Centro de Coordinación Antidrogas en la localidad, con ello las bases militares serían entonces Centros de Seguridad Cooperativa. Ellas podrán materializarse como instalaciones inocuas que podrían traer progreso a la zona. Para ello bastará con que el Comando Sur logre disponer de estructuras, terrenos, almacenes, rutas, aeródromos, puertos que podrán ser concesionados, alquilados y/o mantenidos por la nación anfitriona, y en servicio con poco personal permanente o temporario. Estas bases encubiertas, listas para ser completamente activadas, podrán tener facilidades y equipamiento predeterminado para albergar rotación de fuerzas y actuar como centros de entrenamiento regionales en operaciones combinadas con Estados Unidos. Pueden presentarse como no militares para que sean aprobadas por los Congresos de los países involucrados y mostrarse necesarias para el control del contrabando, migraciones ilegales y narcotráfico, un ejemplo cercano lo constituye el predio “Mariscal Estigarribia” en el Paraguay.

Estas instalaciones operacionales extraterritoriales de Estados Unidos, por una especie de metamorfosis, se transforman con el devenir de la “amenaza” de un enemigo común en lo que ellos denominan Base de Operaciones Principales (MOB), fortificaciones militares para comando, control y comunicaciones con fuerzas operativas permanentes; Base de Operaciones de Avanzada (FOB), extensión de la anterior para operaciones especiales y que incluye aeródromo, fondeadero o muelle; Centro Operativo de Avanzada (FOL), similar al anterior pero sin toda su infraestructura y primariamente utilizada para operaciones antidrogas; Centro de Seguridad Cooperativa (CSL), con poca o nula presencia permanente de los estadounidenses, mantenida por concesión o por el país anfitrión, funciona como centro para actividades de cooperación con éste, rotación de fuerzas, apoyo logístico y acceso ante contingencias. Pruebas de su existencia las encontramos en distintos países latinoamericanos y caribeños. Es el caso de las bases de Comalapa, Aruba y Curazao, por ejemplo, que se clasificaban como FOL, es decir para lucha antidrogas, y luego fueron redefinidas como CSL (de Cooperación). Curiosamente las tres están en lugares geográficos privilegiados con pistas de aterrizaje de 2,4 kilómetros de largo para aviones pesados, con capacidad para operación nocturna de aeronaves, control de tráfico aéreo, equipos de abastecimiento de combustible, bomberos, hangares, oficinas y almacenes. En ellas se registra la presencia continuada de aeronaves de combate, como los cazas supersónicos a reacción F-16 y F-15, aviones de reconocimiento y patrulla Orión P-3, aviones de Inteligencia de señales E-2 AEW, E-3 AWACS, aviones de rescate y tanqueros para reabastecimiento de combustible en vuelo como el Hércules HC-130, de transporte táctico como el Hércules C-130 y helicópteros de distinto porte.

Hay abundante evidencia de que en estas instalaciones de Estados Unidos y en otras de mucho menor perfil se realizan en los hechos, operaciones militares encubiertas de la más diversa índole y que cumplen múltiples funciones estratégicas; entre ellas apoyar ataques militares contra organizaciones rebeldes locales que estorben los intereses de Estados Unidos y sus aliados, y guerra de Inteligencia de señales electrónica y de comunicaciones que permite detectar la posición de los blancos, identificarlos e implementar el ataque con bombas inteligentes. Claro ejemplo de esto fue el bombardeo al campamento ecuatoriano en el que murió Raúl Reyes.

Las instalaciones estadounidenses cumplen además misiones de vigilancia y espionaje de los sistemas de armas y fuerzas militares del país anfitrión y sus vecinos, realizan acciones de infiltración, relevamiento, influencia y control sobre las Fuerzas Armadas y poblaciones de los países con el engaño que le traerán progreso local, bienestar económico, empleos y seguridad. La presencia militar latente de EEUU en la región facilitará planes de despliegue rápido regional y global de sus fuerzas de tareas ante conflictos. También pueden actuar como elemento político disuasivo afín a los intereses de Washington. Es impresionante la transformación sufrida por estas organizaciones que, iniciándose como ”CENTROS DE AYUDA HUMANITARIA” a las necesidades de las comunidades civiles, se transformaron en formidables elementos castrenses, casi imposibles de eliminar.

Valdría la pena averiguar lo que le costó al Brasil de Lula eliminar la base de San Pedro Alcántara en el corazón del Amazonas, y al Ecuador de Rafael Correa la de Manta sobre la costa del Pacífico.

Una de las metas de las operaciones de Inteligencia de Estados Unidos en Argentina parece ser materializar, poco a poco, una progresiva presencia en el país que no necesariamente significa permanencia desde el inicio, ya que normalmente es un nivel cooperativo y humanitario con bajo perfil; pero luego y en el momento oportuno, se transforma en una intervención militar negociada.

Ya ha ocurrido así en varios países ¿Permitiremos nosotros el progreso de semejante procedimiento que se ha iniciado con este Acuerdo? y además ¿no estaremos así traicionando los principios fundacionales de la UNASUR?.

 

 

Foto: El gobernador del Chaco, Capitanich, junto a los representantes del Comando Sur de los EEUU. Bajo la cobertura de "ayuda humanitaria" se instala una base yanqui en la Argentina. 

Contra la impunidad de ayer y de hoy a 36 años del golpe cívico – militar

"A este ritmo serían necesarios 50 años para terminar de juzgar a los represores"

 

Por Agencia rodfolfo Walsh

 

La multitudinaria marcha organizada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), con motivo del trigésimo sexto aniversario del golpe cívico militar de 1976, exigió en Plaza de Mayo, al Gobierno Nacional en un documento consensuado, cárcel común y efectiva de todos los genocidas incluidos los actores civiles y eclesiásticos, la unificación de las causas, inmediata apertura de todos los archivos de la dictadura, basta de ajuste, saqueo, espionaje y represión, derogación de la ley Antiterrorista sancionada el año pasado, reclamó además la aparición con vida de Jorge Julio López junto con la libertad de los 5.000 presos por luchar y el cese a la violencia contra los Pueblos Originarios, campesinos y demás pueblos que se oponen al saqueo del modelo extractivista y los agro - negocios.


Buenos Aires, 25 de Marzo de 2012.
Por Amalia Colombo.

Ante una Plaza de Mayo repleta de columnas de personas que comenzaron a llegar a las 17.11, que partió del Congreso un poco después de las 15.30, y que a las 18.30 no terminaba de incorporar a la totalidad de los marchantes dada la magnitud convocada, expresaron los oradores: "Repudiamos a la dictadura que a costa de la sangre de nuestro pueblo impuso ferozmente la entrega, el endeudamiento la explotación y el hambre, además del exterminio de decenas de miles de compañeros, los campos de concentración de la más brutal dictadura que conoce nuestra historia".

En esta línea apuntaron a los crímenes que empezaron a ensayarse antes del golpe, en el Operativo Independencia en Tucumán y en el accionar de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple AAA) y demás bandas fascistas en todo el país, por lo cual demandaron justicia. 
Reivindicaron también "al amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía conseguir transformaciones de fondo en la Argentina". 
La impunidad de la dictadura continúa 
"Luchamos porque se realicen juicios contra todos los genocidas que actuaron en cada campos de concentración (existieron 600) y hoy no llegamos ni a dos represores por campo procesados y condenados". Seguidamente apuntaron a que miles de represores caminan por las calles o están activos, como sucede con los más de 1000 oficiales y subo oficiales de la Armada que prestaron servicio entre 1976 y 1983 y hoy se encuentran en funciones sin ser investigados. 



El encuentro denunció que las causas por delitos de Lesa Humanidad siguen siendo en su inmensa mayoría, fragmentadas, parcializadas y funcionales a ocultar la magnitud del genocidio y remarcaron que "a este ritmo serían necesarios 50 años para terminar de juzgar a los represores que ya están procesados". Sobre esto señalaron a los jueces, cómplices, socios familiares y amigos de los genocidas que entorpecen los juzgamientos, y al Gobierno Nacional por tener oportunidad de cambiar a los magistrados y no lo hace.

El procurador General de la Nación, Esteban Righi, jefe máximo de los fiscales por nombrado a propuesta de Presidencia de la Nación porque avalo a los fiscales cómplices al tiempo que dio instrucciones precisas para el desguace las causas e impulsa su fragmentación, incluida la que tiene más pruebas del país, la de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). 

Tuvieron que pasar más de seis años de juicios orales, para que finalmente la Cámara de Casación se pronuncie con una acordada para acelerar y mejorar el desarrollo de las audiencias contra los genocidas, logro que le atribuyeron a todas las organizaciones.
"De los cerca de 850 condenados y procesado, solo 297 están detenidos en unidades penitenciarias, el resto goza de domiciliarias o directamente esta libre", sentenciaron y trajeron a colación el "aberrante caso del genocida Luciano Benjamín Menéndez Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército que tiene 6 condenas a cadena perpetua pero las cumple alegremente en su casa, entre otros, como médicos torturadores que recibieron penas menores por su actuación o esperan libres la confirmación de las respectivas condenas ". Exhortaron a que los juicios sean por campo de concentración, circuito represivo y escala de mando.

La apertura y publicación de la totalidad de los archivos la dictadura, con los nombres, las fotos y los legajos de todos los genocidas, fue otra de las exigencias planteadas por el documento consensuado al Gobierno, ya que aseguran, "contienen el destino de los 30.000 compañeros detenidos - desaparecidos y de sus hijos apropiados". Recordemos que más de 400 niñas/os que secuestró la dictadura junto a las personas desaparecidas o que fueron nacidas en cautiverio y luego dadas en adopción a militares o cercanos, continúan sin saber su verdadera identidad. Sólo 105 nietos fueron recuperados hasta el momento. 


Jorge Julio López, secuestrado en la dictadura y desaparecido en septiembre de 2006 cuyo testimonio envió a Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y Silvia Suppo (secuestrada, torturada y abusada sexualmente por grupos de tareas a los 17 años y obligada a abortar por la misma gente, testigo en causas por derechos humanos, asesinada en marzo del 2010, testimonió en la causa que condenó al ex juez federal Víctor Brusa a 21 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos) "son bandera, testimonio y símbolo que evidencia descarnadamente la continuidad del aparato represivo de la dictadura". 

El documento ahondo en la responsabilidad del Gobierno, "autodenominado defensor de los Derechos Humanos, para ocultar en la continuidad de la impunidad y sus políticas represivas, mientras mantienen las privatizaciones y las reformas anti obreras del menemismo".
Se solidarizaron con los familiares de y las víctimas de la tragedia de once, y dijeron que los que pasó "es consecuencia directa de las políticas de negociados millonarios y corruptos de la gestión kirchnerista con Trenes de Buenos Aires (TBA), los Cirigliano y la burocracia sindical", intereses que además, indicaron que estuvieron detrás del crimen del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra. A continuación señalaron que las líneas ferroviarias deben estar en manos de los trabajadores y sus usuarios.

Así, fueron apoyados los pueblos que se oponen a los emprendimientos mega mineros: "La lucha de los pueblos de Famatina, Belén, Tinogasta, Esquel, Santa María, Chilecito y todos aquellos que se han alzado contra la política de saqueo de nuestras riquezas en beneficio de las corporaciones imperialistas". 
Los Pueblos Originarios -cuya permanencia en sus territorios ancestrales en defensa de los bienes naturales comunes de la devastación- prevista por la Constitución, se incumple en su inmensa mayoría a la vez que son perseguidos, discriminados, asesinados (caso Qom de Formosa, caso Diaguita al norte tucumano, caso Ferreyra en Santiago del Estero) obtuvieron el apoyo de los miles de convocados al acto. "¡Su lucha es la nuestra!", clamaron. 

A estas exigencias se sumaron: 

•La nacionalización sin pago de las empresas inglesas y demás multinacionales, en el territorio argentino. La anulación de los pactos secretos firmados entre el menemismo e Inglaterra.

•No al pago de la deuda externa.

• No a la criminalización de la pobreza y la protesta. Aumento de los planes sociales, sin clientelismo. Trabajo genuino.
"La Ministra Garré (Nilda), el pasado 16 de marzo, tildó de extorsionadores a los desocupados de Argentina Trabaja cuando reclamaban un aumento salarial". No fue la primera vez que se ataca la protesta desde un estrado oficial. "Eso da luz verde a que magistrados y fiscales cómplices avancen más en la criminalización de la protesta social". 
El gatillo fácil se sigue cobrando la vida de los jóvenes en las barriadas populares, con la complicidad de la policía, jueces y funcionarios.

Ciudad de Buenos Aires
Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo un capítulo aparte: "por la destrucción de la salud y la educación pública (en estos días intenta cerrar 221 cursos y grados de las escuelas estatales en la Ciudad) mientras otorga subsidios millonarios a establecimientos privados". Acusaron a Macri de proteger los súper negocios inmobiliarios a costa del desalojo de familias humildes y "en sintonía con el Gobierno Nacional". A través de la policía metropolitana dijeron, instrumenta políticas de espionaje y represión contra docentes, trabajadores, ocupados y desocupados". 

•Anulación de toda la legislación represiva.

En el último año y medio, en todo el país fueron asesinados 18 luchadores populares. La ley antiterrorista la cual demandaron que sea derogada, y que fue sancionada el año pasado a propuesta del poder ejecutivo, "porque pretende acallar las luchas y quienes la votaron son verdaderos responsables de traición al pueblo". La ley, fija el encarcelamiento a quienes exijan por sus derechos a una autoridad nacional, a un gobierno extranjero, o a organismos internacionales para que haga o deje de hacer algo. Desde el inicio de la gestión Kirchner - Fernández, van contabilizados 5.000 luchadores del campo popular.
"Ante nuestros 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos nos comprometemos en la lucha hasta conseguir que sus sueños se hagan realidad: una Argentina liberada de la opresión imperialista y la explotación".

Protagonistas varios
Desde Chile sin escalas, Roberto, manifestó su total apoyo a las luchas, los detenidos - desaparecidos tanto de Argentina como del país vecino. Cabe recordar que el Plan Cóndor, impulsado por Estados Unidos, instauro en toda Latinoamérica dictaduras con el fin de evitar la instalación de otra Cuba en la región. 
Lamentó además la inexistencia de juicios a represores en Chile, "transitan libremente por las calles" y apunto sobre las enormes desigualdades sociales - económicas, la persecución a los trabajadores, estudiantes con la Ley Antiterrorista local para que no hagan escuchar sus reclamos. 
"Esperamos que este año sea todavía más álgido con respecto a la lucha de los estudiantes (que se encuentra en un impasse dada la escalda represiva del Gobierno de Sebastián Piñera. 

El mundo con el que soñaban
Roberto reflexiono además sobre la consolidación del modelo neoliberalista, sobre el mundo contra el que luchaban las personas desaparecidas, "para la gran burguesía nosotros somos un país desarrollado, pero eso es no querer ver la franja divisoria entre la gran mayoría y ellos, pero nosotros vamos a tratar por todos los medios de impedir que esta brecha siga adelante". 
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), acompañó como cada año la multitudinaria marcha. Uno de sus miembros Adrian, dijo "La represión, tanto en democracia como en dictadura es política de Estado. Desde 1983 a la fecha se sigue torturando se sigue matando, porque mientras siga habiendo una sociedad divida en clases la represión es el arma de la clase dominante para mantener la opresión de muchos debajo de los privilegios de pocos".

Ferroviarios se suman 
Se juntaron por primera vez varias organizaciones de empleados ferroviarios para exigir justicia por sus 111 compañeros desaparecidos durante el genocidio, y repudiar al gobierno de facto. "La presencia masiva del pueblo en general, es muy importante en las calles para empezar a cambiar las cosas", respondió Gustavo, trabajador ferroviario.
Piensa al igual que Roberto, que el Estado liberalista contra el que se levantaron en armas o no los desaparecidos, está más que vigente, "debemos empezar a construir porque no se admite que haya tanta brecha social entre los que más tienen y los que no tienen casi nada". 

Hijo y maestro que luchan te están enseñando 

Alejo, es hijo de desaparecidos, y tiene, al igual que sus compañeros que no están, que sus propios padres, que los miles que van a su lado saltando y cantando, la misma convicción que Joaquín, docente tal como señala el documento consensuado: Están comprometidos con la historia, con el presente, el futuro, y apoyan las luchas que recorren el país.

A 36 años del golpe de Estado: La unidad urgente de la izquierda argentina

Por Andrés Figueroa Cornejo

 

A 36 otoños del golpe de Estado más feroz que haya sufrido Argentina, según los asistentes, en pocas ocasiones la marcha convocada en Buenos Aires por la izquierda y organismos de Derechos Humanos y sociales, aglutinó a tantas y tantas miles de personas que caminaron desde el Congreso Nacional hastala Plaza de Mayo, a metros de la Casa Rosada.

 

La jornada que ocupó las calles desde la media tarde del 24 de marzo a ya entrada la noche ventosa, fue testigo de una demostración de fuerzas del pueblo de izquierda que dejó sin discusión su recomposición, juventud y contenido de clase: trabajadores, pobres, estudiantes, originarios, intelectuales y segmentos medios.

 

Si bien el objetivo cardinal de la iniciativa fue conmemorar las decenas de millares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la segunda parte de los 70 del siglo pasado  en manos de un régimen militar inefable y digitado por el imperialismo y la minoría dominante y gran propietaria, una palabra que sintetiza la conducta política más correcta y difícil para la izquierda hiló el sentido de la marcha gigante: unidad.

 

Por cierto que lo que determina los tramos elementales y últimos de la creación heroica de una sociedad post capitalista es la lucha de clases y el movimiento real de los trabajadores y el pueblo. La condición volcánica, por abajo, de las posibilidades políticas de las grandes mayorías empobrecidas, es la plataforma que ordena los intereses y formas históricas de su propia conducción política. Es el propio pueblo conciente y en lucha por sus intereses quien gatilla, talla y construye su propio instrumento político más adecuado en un momento dado concretamente. El resto es vanguardismo, bravuconada de barricada, voluntarismo destinado al fracaso, intento muerto de sustitución administrativa, aparatista y autoproclamada del movimiento popular.

 

Sin embargo, las pistas del concierto reunido  de la conducción y alternativa políticas que todavía no existen cabalmente en Argentina, corresponden a un momento necesario que facilita dinámicamente la unidad del propio pueblo. Es decir, aquella batalla multidimensional y compleja por la hegemonía de sus intereses en medio del conjunto de la sociedad y que, por tanto, organiza su oportunidad de victoria política.

 

BASES Y BATALLA CULTURAL

 

“Rulo” de la Federación Anarquista Estudiantil, junto con memoriar a los caídos, señaló que “nosotros bregamos siempre por la unidad entre obreros y estudiantes. Consideramos que desde las bases se articula el enfrentamiento contra el capitalismo.”

 

El combate cultural es el motivo que da sentido a la agrupación “Razón y Revolución” que realiza un significativo empeño crítico editorial y publica la revista ‘Los Aromos’. Fabián Arari indicó que “la izquierda en Argentina tiene una gran oportunidad para colaborar en la organización del creciente descontento social. Momentáneamente, el precio de la industria de la soja amortigua los tiempos del despliegue de la crisis. Es preciso, entonces, superar el Frente de Izquierda que participó en las últimas elecciones nacionales y crear una organización común. Como los objetivos y medios de la izquierda multiplicada y dividida orgánicamente en distintos activos de diverso tonelaje no difieren, la unificación no debería resultar un problema insoslayable”.

 

El responsable de las relaciones internacionales de la DirecciónNacional de Izquierda Socialista, Miguel Solans, formuló que las demandas inmediatas del pueblo trabajador giran en torno a “la defensa de los derechos de los asalariados, en instantes en que sufrimos la criminalización de la protesta social, tanto de trabajadores, ambientalistas consecuentes, pueblos originarios, y los primeros reflejos de la crisis mundial del capitalismo” y añadió sobre la unidad que “con el Frente de Izquierda ya hemos dado un primer paso que se sostiene más allá de una alianza electoral. Nosotros aspiramos a una unidad superior. Pero con todos los sectores de izquierda, con todo el pueblo en lucha, incluido, por supuesto, Proyecto Sur. Hoy nos conjunta el combate por la re-estatización de ferrocarriles, por ejemplo.”

 

-Pero aún son pasos insuficientes ante los requerimientos que impone el período…

 

“Lo que estamos haciendo no es usual en la izquierda. Somos organizaciones que antes ni siquiera podíamos marchar juntos.”

 

LA CLASE SOCIAL QUE INSTAURÓ EL GOLPE DE 1976 SIGUE MANDANDO

 

Uno de los líderes históricos del Partido Obrero, Jorge Altamira, dijo respecto de la manifestación que “siempre es actual la presencia de los 30 mil compañeros que fueron secuestrados y asesinados por la dictadura. Sobre todo porque la clase social que gatilló el golpe de Estado de 1976 continúa gobernando. Ahora observamos y padecemos, frente al aumento de las luchas sociales, el subsiguiente incremento de la represión a través de la ley antiterrorista, el espionaje a las organizaciones populares, y la tragedia de Once.”

 

-¿Y cuál es la banda ancha  que desde tu perspectiva contendría la unidad acerada de la izquierda?

 

“Todos aquellos que estén por la transformación social, por un gobierno de los trabajadores y que concuerden con que la crisis económica la paguen los capitalistas y no el pueblo. Eso es más que bastante.”

 

Por su costado, el dirigente del Partido de los Trabajadores de Izquierda (PTS), Cristian Castillo, señaló que en la actualidad “estamos planteando la derogación de la ley antiterrorista, basta de ajustes antipopulares, saqueo y represión. Queremos terminar con la clase social que impuso el golpe y que hoy es la gran beneficiaria del sistema económico imperante”.

 

-Desde abajo se reclama la unidad más amplia contra un modo injusto de reproducción de la vida, ¿cuál es la posición de PTS?

 

“Existe el Frente de Izquierda. Se trata de un avance concreto en ese sentido y en medio de un contexto donde el gobierno de turno descubre a diario su doble discurso. Creo que estamos asistiendo al surgimiento de un polo anticapitalista muy importante con presencia en las luchas sociales más relevantes. A diferencia del Ejecutivo, nosotros reivindicamos la lucha por los derechos humanos de ayer con los violados actualmente.”   

 

El diputado de la República y militante de Proyecto Sur, Alejandro Bodart, aclaró que la realidad presente “nos impone no sólo marchar por los derechos humanos transgredidos brutalmente por la dictadura, sino también por los derechos humanos violentados  hoy. La ley antiterrorista votada recientemente no sólo posibilita el procesamiento de los luchadores sociales; también pueden ir presos. Esta gran demostración de fuerza debe hacer entender al gobierno que todo plan económico que pretenda seguir sometiendo a  amplios sectores de la sociedad, por un lado, y continuar enriqueciendo a unos pocos, por otro, generará necesariamente más resistencias.”

 

-Pero de la resistencia a la ofensiva popular es vital la unidad…

 

“Por cierto. Pero la unidad alrededor de un proyecto de verdadera alternativa y cambio. Hay que recuperar todos los recursos naturales; no permitir que el fruto del trabajo de millones se vaya al pago de la deuda externa; no permitir que la industria megaminera acabe con el agua, el bien más importante con que cuenta Argentina. Sintéticamente, debemos ir hacia una segunda independencia. Y únicamente por medio de la más extendida y honda unidad será posible realizar las transformaciones profundas de la sociedad. Al respecto, estimo que todos quienes estamos en esta marcha –grandes, pequeños, independientes- somos un punto de arranque para la construcción democrática de una salida a los graves problemas del país. Por lo demás, los dirigentes debemos tener la habilidad y voluntad políticas para dar con la unidad y convertirnos e una alternativa creíble desde y para nuestro pueblo.”

 

CANTAN CONMIGO

 

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, comunicó que los derechos humanos del siglo XXI en Argentina también están asociados a “la pelea contra la impunidad, el ambientalismo, la pobreza. Me esperanza la cantidad de jóvenes que están hoy en la Plaza”. Consultado sobre los objetivos de la ley antiterrorista, Pérez Esquivel contestó que “se aprobó con el fin de garantizar la inversión transnacional en el país.”

 

Julia Castillo es una de las tres primeras madres que comenzaron a marchar en la Plaza de Mayo en diciembre de 1976. Su hijo detenido y desaparecido en Tucumán se llama Hugo Pastor Juárez. “Yo sigo buscando a mi hijo y no voy a bajar los brazos”, manifestó Julia con todos los tiempos del mundo en su cara azul. “Mi hijo ya tendrá que aparecer. Sólo quiero sus restos y saber dónde está sepultado.”

 

NO TODOS TIENEN PRECIO

 

La diputada Victoria Donda fue parte del gobierno de CFK hasta el 2008. Es hija de detenidos desaparecidos e hizo el trayecto de homenaje y denuncia junto a la izquierda.

 

-¿Por qué, diputada?

 

“Marcho aquí aunque el gobierno en una primera etapa hizo cosas correctas en materia de los derechos humanos del pasado. Pero no sólo se violaron entonces. Ya contamos 18 asesinados bajo esta administración por la policía.”

 

-¿Cuáles son las demandas más sensibles de las grandes mayorías en esta hora?

 

“Sin duda, la pobreza, los niveles desocupación y la inflación arman ‘un combo’ de miseria que si no es reconocido por el gobierno, traerá graves problemas. Por otra parte, se encuentra la espantosa cantidad de mujeres muertas por femicidios (casi 300 sólo el 2011). Así como la ausencia de dignidad en la vida de tantos, y los desplazados a la condena de las villas miseria.”

 

-¿Qué ocurre con la corrupción en las alturas?

 

“Es uno de los puntos más flojos del gobierno. Para la opinión pública ya es evidente que roban mucho.”

 

-¿Y la bullada ley antiterrorista?

 

“Antes y durante la dictadura a los detenidos desaparecidos se les tildaba de ‘terroristas` también.”

 

-¿Cuál fue la reacción del gobierno cuando decidiste tu distanciamiento?

 

“Mala, como reaccionan siempre cuando alguien les representa alguna crítica y no pueden comprar a la gente. Pero no todo se puede comprar en esta vida.”  

 

 

Marzo 25 de 2012

Justicia para Margarita Verón

Por Lita Alberstein (ACTA)

 

El juicio por la desaparición de María de los Angeles Verón, “Marita”, se inició el 8de febrero. Son 13 los imputados, acusados de privación ilegítima de la libertad ypromoción de la prostitución.

En cada audiencia que asistí, me tocó vivir como se develó el horror que, con sulucha e investigación, destapó Susana Trimarco, la mamá de Marita, sobre la tratade mujeres esclavizadas para explotación sexual.

Todo lo imaginable queda corto. Cada declaración fue desentrañando cómo fuesecuestrada Marita en Tucumán -con la complicidad del poder político, policial yjudicial- por la mafia encabezada por Rubén “La Chancha” Ale, ex presidente delClub San Martín y de estrecha relación con el gobierno provincial.

Susana declaró: “Primero, en la comisaría, se negaron a tomarme la denuncia.Luego de un calvario iniciado en su búsqueda, me aconsejaron que fuera a Casa deGobierno. Como estúpida iba a la Casa de Gobierno. Digo estúpida porque la mafiaestaba allí. Todo Tucumán sabe que los Ale son dueños de la droga y laprostitución. Julio Díaz, funcionario del gobernador Miranda, me aconsejó quepidiera ayuda a los remises cinco estrellas, porque con ellos tenían un convenio.Los nombraron guardianes de la ciudad, ya que tienen más coches y armas que elgobierno…

“Lo mismo sucedió con Ernesto Baaclini, secretario de la fiscalía a cargo de lainvestigación, que se ocupó de ensuciar la causa, desviar la investigación ymanchar a la familia Verón. Fernando Juri (ex vicegobernador de Alperovich) escompadre de Rubén Ale y del ex ministro Guerrero… todos unos atorrantes. Erantodos la misma cosa… Responsabilizo al Estado de su desaparición”

El recorrido de Susana por los prostíbulos de Salta, Catamarca y La Rioja conmovióa miles de argentinos. Conocían su rostro y su lucha por la televisión. Pero a partirdel juicio descubrieron los engranajes con los que se mueven los proxenetas y lasestructuras de las redes de trata de personas con la complicidad de dirigentespolíticos, policías corruptos, jueces y funcionarios judiciales inescrupulosos.

Mientras Susana declaraba, un pacto de silencio entre los 13 acusados parecía unmuro invencible. Pero algo se rompió cuando Daniela Milheim, acusada de habertenido a Marita en su casa secuestrada, contó que «La Chancha» Ale, con quientuvo una hija, la obligó a prostituirse a los 16 años. El clima de tensión se agudizóaún más cuando el testigo Simón Nieva (que involucró en la causa a los hermanosVíctor y María Jesús Rivero, ex esposa de Ale), recibió amenazas y ataques en sudomicilio.

Este juicio emblemático recién ha empezado y faltan 160 testigos. Pero ya es ungran paso en la lucha contra las mafias y el poder que les da impunidad.Acompañamos a Susana en su denuncia. Al servicio de esta pelea queremosconmemorar el Día de la Mujer, levantando más que nunca las consignas deaparición con vida de Marita y de juicio y castigo a los responsables y a todos losfuncionarios cómplices de su desaparición.

Lita Alberstein es Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Tucumán.

Por 

Argentina: Mariano Ferreyra y la masacre de Once

 

Por Marcelo Ramal 

Las 50 víctimas fatales y más de 600 heridos que acaba de cobrarse el régimen del ferrocarril privatizado nos remiten a la mañana del 20 de octubre de 2010. Ese día, una patota al mando de la burocracia de la Unión Ferroviaria asesinaba a Mariano Ferreyra y le propinaba heridas gravísimas a nuestra compañera Elsa Rodríguez. Para ejecutar el crimen, contaron con el concurso del aparato policial que liberó la zona, así como del concesionario del ferrocarril Roca (UGOFE), habilitando permisos laborales para los miembros de la patota criminal.

Un año y medio después ¿no es ese mismo triángulo corrupto -empresarios, burócratas, Estado- el responsable de la masacre de Once?

Tenemos, en primer lugar, al concesionario ferroviario -Grupo Cirigliano-. Mientras TBA languidece en la desinversión y la falta de mantenimiento, Cirigliano compró una parte sustancial del transporte público de pasajeros. En la zona Oeste del Gran Buenos Aires, se quedó con su principal línea de colectivos–la ex TDO. Por lo tanto, y junto al Sarmiento, el grupo ha monopolizado el transporte público de la zona. La cuenta es sencilla: los subsidios entregados para el Ferrocarril fueron desviados para financiar esta monumental concentración empresarial contra los usuarios. Del mismo modo, los Roggio, Taselli y otros se servían de subsidios millonarios. Mientras tanto, los usuarios eran sometidos a la destrucción del servicio. Y los trabajadores, a la precarización laboral y a la tercerización.

La burocracia sindical ha sido socia del vaciamiento. A cambio de avalar el desguace ferrroviario, los burócratas lograron convertirse en empresarios o gerentes. Ello, como accionistas de las concesiones privadas (Belgrano Cargas) o como propietarios de las cooperativas truchas, a través de las cuales emplearon trabajadores con salarios muy inferiores a los del convenio. En estas horas, Caminos, uno de los dirigentes de La Fraternidad, acaba de pedir la creación de “una comisión regulatoria ferroviaria con participación de los sindicatos”. ¡Qué impostura! Si nada menos que Antonio Luna, dirigente de La Fraternidad, está al frente de la subsecretaría de Transporte Ferroviario. La burocracia pide “participar” del ferrocarril… que cogerencia. De cara a la masacre de Once, intentan borrar su responsabilidad en el desquicio ferroviario.

El tercer vértice es el Estado y el gobierno que “organizaron” el vaciamiento. El kirchnerismo consolidó el régimen de concesiones ferroviarias que parió el menemismo, y atornilló a la patria contratista a los rieles. La “emergencia ferroviaria” de Duhalde y Kirchner llevó esta privatización a su variante más confiscatoria. De un lado, el Estado asumiendo los gastos de mantenimiento y de inversiones. Del otro, los parásitos privados, asegurando los beneficios de los `90 con subsidios estatales. Mientras malversaban el patrimonio público con compras de material inservible, Jaime primero y Schiavi después, hacían la vista gorda ante todos los incumplimientos de los concesionarios. En cambio, no se privaban de perseguir a los luchadores y delegados que denunciaban el vaciamiento.

El desastre ferroviario pone de manifiesto los límites sociales insuperables del kirchnerismo. Ahora que la crisis capitalista ha colocado en cuestión al régimen de los subsidios, el gobierno ensaya una nueva variante de rescate de los privatizadores, los boletazos o tarifazos. Bajo las actuales condiciones, la suba del boleto de colectivo o de tren premiaría, principalmente, a los responsables de la masacre de Once.

Para que siga este triángulo de corrupción y negociados, Mariano Ferreyra fue asesinado.

Pedraza está preso. Pero los intereses que financian a su patota siguen manejando la gestión del ferrocarril. Bajo el kirchnerismo, los accidentes en las vías ya han acumulado 70 muertos y 1000 heridos.

Por Mariano, hemos reclamado que vayan al banquillo todos los responsables -patota, policía, funcionarios y empresarios-.

A ellos mismos, la masacre de Once también los coloca en la picota: juicio y castigo a los culpables. Por la renuncia inmediata de Jaime y Luna. Que los privatizadores sean apartados del ferrocarril, sin antes responder con sus patrimonios por el vaciamiento incurrido. Que el ferrocarril sea reestatizado, bajo la gestión directa de sus trabajadores.

Foto: Rescate/ Leonardo Zavattaro / Telam

 

Argentina: La ley antiterrorista gatilla la unidad popular

Por Andrés Figueroa Cornejo

Bajo el tórrido 15 de febrero de 2012, una enorme columna de miles de personas llegó hasta el Congreso Nacional de Argentina, sembrado en el corazón de Buenos Aires, para exigir la derogación de la ley antiterrorista votada en la última sesión legislativa del año pasado a iniciativa del gobierno.

 

Agrupaciones de Derechos Humanos, organizaciones sindicales, estudiantiles, de barrios y villas; ciudadanas, originarias, ambientalistas; organizaciones políticas y un conjunto variopinto de parlamentarios elevaron un escenario en las puertas selladas del Congreso para manifestar su rotundo rechazo a la ley.

La composición diversa de los participantes ofreció un marco de fortaleza unitaria sobrecogedora. El extenso abanico social y político que sustantivó la manifestación, inyectó autoridad soberana a un mensaje leído colectivamente que en sus partes medulares señaló que, “No es menor que hasta hoy no se haya podido definir jurídicamente qué se entiende por “terrorismo”. Esto no es casual si tenemos en cuenta que siempre se ha utilizado este calificativo para demonizar al opositor político, para justificar su persecución y su eliminación (…) Actualmente existen claros intereses políticos por parte del imperialismo norteamericano y sus socios en utilizar el calificativo de “terroristas” para perseguir a quienes se oponen de diferentes formas y en diferentes lugares a su política (…) En los últimos ocho años, la criminalización de la protesta social se ha profundizado al punto tal, que no existe lucha obrera, estudiantil, ambiental, social o política que no tenga como consecuencia la apertura de una causa penal contra los militantes más visibles de cada momento (…) A esta política nacional se ha sumado la utilización de ‘patotas’ contra quienes luchan, como ocurrió en el Hospital Francés, en el INDEC, en la legislatura contra los maestros, y en la lucha de los tercerizados del Ferrocarril Roca, donde fue asesinado Mariano Ferreyra (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=137929) (…) Esta ley no está pensada ni sancionada en pos de resolver ninguno de los problemas que enfrenta el pueblo argentino. Tampoco está destinada a impedir que se produzcan atentados contra el pueblo argentino (…) En realidad, la ley antiterrorista provoca terror y constituye una herramienta de persecución estatal (…) Llamamos a toda la población a manifestarse y movilizarse en contra de esta legislación represiva y antipopular, en defensa de las más amplias libertades públicas por las que el pueblo argentino luchó y seguirá luchando.”

Los trabajadores están claros

Ricardo Peidro, secretario adjunto de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), una de las principales agrupaciones convocantes, indicó que tal como se movilizaron el 29 de diciembre de 2011, cuando se dictó la ley, “hoy nuevamente estamos en la calle junto a un amplio arco de organizaciones y personas que comprenden que la medida del Ejecutivo sólo está hecha para criminalizar la protesta social e intentar disciplinar a la clase trabajadora y al pueblo en general, tras el duro ajuste económico que sufrimos. Por eso marchamos hasta el Congreso. Para que los parlamentarios levanten su mano contra una ley eminentemente antipopular.”

-Pero antes de ella ya existía la criminalización de las demandas sociales…

“En efecto. En el sindicalismo hay más de 5 mil compañeros procesados; hubo represión en la provincia de Santa Cruz debido al movimiento contra el ajuste; contra el pueblo originario Qom que resiste el avance de la frontera sojera; y ahora último, contra todos quienes se oponen a los efectos inhumanos de la megaminería a cielo abierto.”

-Ya está en curso la negociación laboral entre el gobierno central y los docentes.

“En general, nosotros estamos por paritarias “sin techo”, como quiere imponer la patronal y el gobierno.”

-Prácticamente la mitad de la fuerza laboral en Argentina está “en negro”, es trabajo informal, precarizado.

“Por eso nosotros decimos que las paritarias no alcanzan para representar al conjunto de la clase. El mismo sistema promueve su fragmentación. Y por eso mismo, la CTA no es una Central de sindicatos, sino de trabajadores. Es decir, una organización donde pueden integrarse todas y todos los que laboran en el país.”

-Hace pocos días, los congresistas, a instancias del Ejecutivo, vieron reajustada su dieta en por lo menos un 100 %

“Entonces ese es nuestro piso para negociar.”

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) es una de las fundadoras de la CTA. Su secretario adjunto, Hugo Godoy, indica que “repudiamos una ley resuelta entre gallos y medianoche, y reclamamos su inmediata derogación. La ley antiterrorista duplica las condenas establecidas por el Código Penal y puede aplicarse por el simple hecho de hacer exigencias al gobierno, sea nacional, provincial o municipal. Su objetivo es reprimirnos, judicializar al pueblo argentino y tratar de limitar el creciente descontento provocado por la venta de la nación. Quieren luz verde para imponer un modelo primario extractivista que enriquece a unos pocos y explota a la mayoría, llevándose de paso todas nuestras riquezas. Sólo la transnacional Barrick Gold se ha hecho de un 15 % del territorio chileno y de un 6 % del argentino. ¡Y a ambos dejan un miserable 3 % de impuestos! Nosotros luchamos por la soberanía de todos los pueblos de América Latina, mientras el Estado actual es una mera oficina de certificación para los intereses de las corporaciones multinacionales.”

La Corriente Clasista y Combativa (CCC) es una franja de trabajadores que tiene presencia en todo el país y que, según su dirigente Freddy Mariño, “con el fin de no dividir el movimiento obrero, se organiza como corriente y no como otra Central. Nuestros miembros son trabajadores activos, pasivos y desocupados.” Y explica que la ley antiterrorista “es una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) que con el pretexto de controlar la evasión de divisas, los narco-dólares, etc., en la realidad, atenta contra la lucha social.”

-¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la CCC?

“Derrotar al Estado burgués y que gobierne el pueblo trabajador.”

Crece desde el pie

José de la municipalidad de San Isidro es uno de los coordinadores del Movimiento Barrios de Pie que “pelea por los derechos de todas y todos los argentinos. Nosotros trabajamos con el pueblo más empobrecido. Tenemos comedores para los niños más humildes, para que tomen una taza de leche, de mate cocido, un almuerzo, una cena caliente. Y al mismo tiempo, nos empeñamos en fortalecer los derechos de los vecinos. Que el plan social del gobierno de turno Argentina Trabaja, sea para todos y no sólo se emplee para crear clientela electoral. Argentina Trabaja paga a un jefe de familia 1200 pesos mensuales (275 dólares) y simplemente no alcanza para vivir.”

-¿Y cómo evalúas al gobierno actual?

“Lo menos que hace es mirar al pueblo. Sólo observa al empresariado y a todos los demás nos mete en una bolsa comercial para hacer sus negociados y votar por ellos.”

-Pero ustedes también tienen metas políticas…

“Queremos formar cuadros sociales con una proyección política. Nuestras figuras emblemáticas e inspiradoras son el libertador San Martín -pionero en la lucha por la unidad latinoamericana- y Ernesto Guevara.”

Que lo sepa todo el pueblo

“Es necesario diseminar los efectos de esta ley a todo el pueblo”, dice Mirta Acuña de Baravalle, líder de las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora.

“La gente puede creer que la ley es para delincuentes y no se entienda su significado real. De hecho, ya tenemos que empezar a defendernos de un Estado que es capaz de implementar esa ley”, asegura Mirta y explica que “tenemos que prevenir para no llorar después. Honestamente, desde el momento que salió esa ley, yo pensé en lo terrible de sus consecuencias”.

 

El entramado mafioso de los dos oficialismos: Macri, los prostíbulos que aportan a su campaña, la Federal y la SIDE de los K

Por A. Guerrero (PRENSA OBRERA)

 

Martins fue agente de la SIDE entre 1974 y 1987. Es decir, estuvo ahí durante toda la dictadura. El abogado de Lorena Martins, su hija y denunciante, es Claudio Lifschitz, un hombre que conoce el asunto bien de adentro, porque también está vinculado con las redes de prostitución y de trata, y porque fue empleado de Martins. Según Lifschitz, Martins trabajó en la SIDE con el seudónimo "Aristóbulo Manghi" y los alias "El Profesor" y "Pini", y cumplió tareas en la Base Billinghurst, que operaba para la Esma y para Automotores Orletti; es decir, para el Plan Cóndor. Como se sabe, muchos de los criminales que operaron en el Cóndor usaron sus contactos en América Central para continuar luego sus actividades, ahora como simples mafiosos vinculados con la prostitución, el tráfico de drogas, de armas y de personas. En eso anda Martins desde 1987, cuando se retiró de la SIDE.

Siempre la Federal

En una parte de su denuncia, Lorena Martins y Lifschitz dicen: "Esta actividad (la explotación de prostíbulos) la desarrollan gracias a la protección que a cambio de dinero reciben tanto por parte de funcionarios de la Policía Federal Argentina, como de funcionarios del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encargados del control de habilitaciones y desarrollo de actividades lucrativas dentro de esta Capital Federal".

También indica Lorena Martins que en los resúmenes de cuentas de la banda de su padre están indicadas con nombres en clave las comisarías donde se pagan las coimas. La 50ª es "Gaona", por la avenida en que está ubicada, con jurisdicción sobre los prostíbulos Top Secret y Hot Area. La 38ª es "83", en cuya jurisdicción está el local New Manhattan. La 6ª es "árbitro 11" (por el barrio), con control sobre el boliche Oba-Oba; y la 19ª es "vecinos", porque está a cien metros de Anchorena SW Club, un local swinger donde, además, funciona la administración del emporio de Martins en la Capital.

Lorena Martins denuncia que esta mafia aportó 10 mil pesos o dólares (ella, según dice, no pudo ver los billetes) a la campaña de Macri. El vínculo de Macri con Martins se produjo por intermedio de Gabriel Conde, hijo de Luis (ex dirigente de Boca). La denuncia adjunta una foto de Conde con Macri y su mujer en Cancún. Pues bien: Gabriel Conde está procesado y prófugo de la justicia argentina desde los años '90, cuando en su cabaré Shampoo explotaba mujeres traficadas desde Brasil y República Dominicana. Shampoo fue fundado por Luis Conde, ladero político de Macri en Boca.

Un mail de Martins, dirigido a uno de sus socios y que también acompaña la denuncia, dice: "Hay que aportar a la campaña de Mauricio porque todos los negocios los tenemos en Capital". ¿Hay acaso algún pedido de juicio político, o siquiera una investigación impulsada por el kirchnerismo en la Legislatura porteña? No, y es lógico: si esto se investiga van presos hasta los investigadores.

Otra vez la SIDE

Ahora bien, hay un punto especialmente llamativo en la denuncia original de Lorena Martins respecto de los vínculos de estos mafiosos con la SIDE, que toca el centro del aparato de inteligencia kirchnerista.

La denuncia dice: "También se le paga al agente de la ex SIDE conocido como ‘el Lauchón', para que avise si algún teléfono o handy que utiliza la organización se encuentra intervenido judicialmente".

Martins, en sus tiempos de la SIDE, era operador de Contrainteligencia, como ya se dijo, en la Esma y en la Base Billinghurst. Su tarea era preparar escuchas telefónicas y obtener fotografías de personas que luego los grupos de tareas secuestraban y hacían desaparecer. En Contrainteligencia, ya entonces trabajaba Luis Stiusso, "Stiller", que actualmente es el hombre clave de los K en la Secretaría de Inteligencia. El tal "Lauchón", si como dice la denuncia tiene por encargo avisar de cualquier posible intervención judicial a los teléfonos del grupo de Martins, necesariamente tiene que estar en Contrainteligencia, donde nada sucede sin que Stiusso lo sepa.

Lorena Martins presentó su denuncia en julio del año pasado. En sus declaraciones judiciales posteriores, y sobre todo en su raid de prensa por medios oficialistas, jamás volvió a hablar del "Lauchón" ni de la SIDE. Se olvidó del asunto ¿Habrá sido, causalmente, porque antes de esa recorrida mediática se reunió con Nilda Garré?

El prostibulario Oyarbide

De un modo u otro, la denuncia duerme desde hace dos meses en el despacho del juez Oyarbide. Razonablemente, Lorena Martins dice que no volverá a declarar ni a ratificar su denuncia mientras Oyarbide no se aparte de la causa ¿Por qué? Otra foto, publicada en diversos medios de circulación "reservada", pero no en los diarios oficialistas ni en los de la "corpo", muestra a Oyarbide, en un restaurante, abrazado con Raúl Martins y en compañía del comisario Luis Buscaglia, ex jefe de Moralidad (ahora Seguridad Personal).

Oyarbide, tan amigo de los K, está vinculado íntimamente con la Iglesia y con la Policía Federal, pero, sobre todo, con los prostíbulos. Todos recordarán el escándalo de su señoría con el prostíbulo masculino Spartacus, también propiedad de Martins, que destapó sus vínculos con el comisario Roberto Rosa. Ese oficial, que con el nombre de "Clavel" operó durante la dictadura en los grupos de tareas de la Federal, luego se dedicó, él también, a la protección de prostíbulos. Que Oyarbide esté a cargo de resolver la situación procesal de Martins es como poner al oso a cuidar la miel.

Por eso está tan cuidadoso el kirchnerismo con esta porquería.

Como diría Guillermo Lora: hundan un dedo en cualquier costado de esta burguesía y verán la pestilencia que brota.

El Famatina y la historia de la esperanza

Por Carlos del Frade   (APE)

 

-El Famatina es nuestro gran protector… Cómo no lo vamos a defender – dice Yanina Millicay, periodista de FM “El hormiguero”, de Chilecito, que todos los días cumple su turno y después va a pasar la noche en el acampe que ya lleva semanas al pie de la querida montaña enclavada en la geografía riojana.

“Viene mucha gente de todos lados: Córdoba, San Luis, Mendoza, Buenos Aires y llegan donaciones de agua mineral y alimentos para que sigamos haciendo el aguante e impedir que se lleve adelante un nuevo proyecto de minería a cielo abierto en la Argentina. Estamos permanentemente en asamblea en este pedacito de patria, como le decimos”, le dice Yanina a este cronista.

-Para la gente común de Chilecito y Famatina está más que claro que el agua y el cerro valen mucho más que el oro – añade Carlos Camps, otro de los acampantes a más de dos mil metros de altura en el paraje Altos del Carrizal, donde en las próximas horas comenzará una jornada nacional de lucha en defensa del Famatina.

Según Camps, “toda esta solidaridad que llega de todas partes de la punta de iceberg de una lucha que se repetirá en todas las provincias contra los renovados caudillajes que ganan las elecciones y creen que eso les da impunidad para negociar con la naturaleza y con el futuro de las nuevas generaciones. Lo de Famatina será como un reguero de pólvora en contra de esos gobiernos provinciales que se creen dueño de todo porque tuvieron los votos”, le cuenta a la Agencia de Noticias Pelota de Trapo.

Los asambleístas, los habitantes de los pueblos Chilecito y Famatina están convencidos que el gobierno de Luis Beder Herrera, titular del ejecutivo riojano, ha perdido la batalla y que, por estas horas, “está buscando una salida adelante para desistir del proyecto de la empresa canadiense Osisko”.

La gente grande de los pueblos vecinos se hace un tiempo para hacer panes caseros y otras comidas que les alcanzan a los tigres del Famatina, a los defensores –una vez más como tantas veces en la historia de siglos- del cerro y sus riquezas, no solamente minerales, sino también profundamente culturales.

Cuentan también que el cura Quinteros avisó de la presencia de los personeros de la corporación haciendo sonar las campanas de la iglesia de Famatina, rememorando al sacerdote que representaba Enrique Muiño en la inolvidable película “La guerra gaucha”.

Dicen, en forma paralela, que el sacerdote alentó en una reciente misa a seguir poniendo el cuerpo en defensa del Famatina, que el verdadero cristianismo pasa por salir de la casa y defender lo que es de todos. Y que esas palabras conmovieron a los que son creyentes y mucho más a los que no lo son.

Camps agrega que “hay listas negras elaboradas por información proporcionada por la policía de la provincia de La Rioja al servicio de la multinacional. Una verdadera vergüenza de la cual tendrá que responder el actual gobernador. Además ocho de los principales referentes tuvieron que declarar ante la justicia. Pero no importa, la decisión del pueblo está firme. El Famatina no se toca”, dice y se percibe que la consigna no es individual, sino colectiva.

Así se preparan los tigres del Famatina para proseguir la lucha. Mandatos históricos, familiares y necesidad de dejar un futuro mejor, ajeno a los proyectos de extranjerización de riquezas y saqueos de los bienes naturales impulsados por gobiernos traidores a las necesidades del pueblo.

Mujeres, hombres, abuelas, abuelos, niñas y niños, los tigres del Famatina, escriben, por estas horas, una nueva luminosa página en la historia política de la resistencia, en la historia política de la esperanza de las mayorías argentinas.

Fuentes: Entrevistas realizadas por el autor de la nota en distintas radios de Buenos Aires y Rosario.