Argentina

No a los fondos de la Minera contaminante

Docentes, investigadores, estudiantes, trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos Aires, acompañados por la presencia de organizaciones ambientalistas, nos reunimos el lunes 24 de agosto para impulsar un movimiento de lucha que tiene como principal reclamo el rechazo por parte de las Universidades Públicas y particularmente la UBA a los fondos provenientes del YMAD (Yacimientos Mineros Agua del Dionisio), como parte de la Unión Transitoria de Empresas que conforma con la Minera La Alumbrera Ltda. Esta última es la encargada de explotar la mina a cielo abierto más grande del país, ubicada en la provincia de Catamarca, pero cuyos efectos contaminantes se extienden a Tucumán y Santiago del Estero 

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha aceptado por segunda vez consecutiva los fondos que por la ley 14.771 deben ser distribuidos entre las Universidades Nacionales a raíz de las utilidades generadas por las Mineras. Con el acuerdo ciego de prácticamente el conjunto de las autoridades universitarias, rectores y decanos, entre el período 2008-2009, ha entrado a la Universidad Pública 87 millones de pesos. El miércoles de la semana pasada se ha aprobado en la comisión de presupuesto del Consejo Superior de la UBA, con el rechazo de una sola consejera, la aceptación de estos fondos, cuyo destino y utilización ya se ha fijado con anterioridad (los 3,4 millones que corresponden a la UBA fueron utilizados en la compra del Cine Cosmos, el cual se utilizará para los cursos arancelados del Rojas). Esta semana el expediente pasará como tratamiento en la sesión plenaria del Consejo Superior. Cabe señalar que si hoy está en tratamiento para que el Consejo Superior pueda decidir si acepta o no los fondos, es gracias a que la Dirección de Contabilidad puso un freno a la intención del ex secretario de hacienda, Hernán Piotti Lopez, de hacer uso del dinero sin tomar en cuenta lo que diga el Consejo Superior, algo que es antiestatutario. Lamentablemente, haber defendido el derecho democrático al acceso a la información y al derecho a definir sobre los fondos de la UBA le costó el puesto de trabajo a la directora de Contabilidad, Valeria Alonso, quien fue desplazada de su cargo. Las autoridades recurrieron a la persecución y al apriete para que esto no saliera a la luz.   

Sin dudarlo, sin cuestionamiento alguno, sin debate y lo que es peor, ocultando al conjunto de la comunidad académica la procedencia de estos fondos, se está intentando reafirmar el ingreso del dinero en el conjunto de los Consejos Directivos y Superiores de cada una de las Casas de Estudios.  

Como contrapartida, se está gestando a nivel nacional un gran movimiento de lucha de docentes, estudiantes y trabajadores no docentes, que junto a las organizaciones sociales, ambientales y de los pueblos afectados por la producción minera, ha logrado transformar este tema en un debate público nacional y ha conquistado en algunas Unidades  Académicas el rechazo de los fondos, tal como ha sucedido en el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca), en la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Esquel, en la Facultad de Cs. Sociales de la UBA, etc. 

La Alumbrera consume el 25 % de la energía eléctrica suministrada sobre el NOA y el 87 % del consumo total de la Provincia de Catamarca. Insume cuatro millones de litros de agua por hora, cien millones de litros por día, lo que ha generado la sequía total de varios acuíferos, limitando el acceso de este recurso a las poblaciones locales. Son recurrentes los cortes de luz y agua sobre las poblaciones. Por la utilización de cianuro y otras sustancias (método prohibido en muchos países por ser altamente contaminante) se ha provocado la contaminación de los canales de agua que son utilizados para el consumo de la población y para las actividades agropecuarias. Se muelen diariamente cerca de 150 mil toneladas de roca, lo que genera nubes de polvo, provocando múltiples enfermedades respiratorias. En los últimos años se ha comprobado un aumento del 600% en los casos de cáncer. Sin embargo, los sucesivos gobiernos, incluido la gestión de los Kirchner, han reafirmado la privatización de este recurso, les han otorgado todo tipo de exenciones impositivas, además de ser casi nulas las regalías, han eliminado todo tipo de controles sobre la actividad y han subsidiado en forma permanente a este sector, siendo que el 97 % de las utilidades de las Minas se van al exterior. Las complicidades del gobierno nacional son tales que en la página Web de la Secretaría de Minería de la Nación sólo se habla de las bondades de la producción minera. 

Rechazamos estos fondos no sólo porque defendemos un Sistema Estatal Único de financiamiento de nuestra Educación Superior, sino porque pensamos que la Universidad Pública con sus investigadores y su producción de conocimiento debe estar al servicio del pueblo y no en favor de la apropiación privada y el lucro capitalista. Aceptar los fondos significa para la Universidad Pública constituirse en cómplice del saqueo de nuestros recursos naturales, de la minería a cielo abierto con sus graves efectos contaminantes que produce sobre la población, del agotamiento de recursos limitados como es el agua y la energía eléctrica, del escaso valor de uso que tienen estos metales, utilizados básicamente como reservas de riquezas y consumos suntuarios. Hoy varios equipos de investigación de la Universidad de Buenos Aires abordan desde distintas disciplinas los temas relacionados con esta actividad desde una ciencia y un pensamiento social crítico, señalando los efectos destructivos e irreversibles sobre el medio ambiente y la vida humana.  

Sin embargo, contra el trabajo de muchos docentes e investigadores independientes, las corporaciones mineras han logrado comprometer con sus dineros el silencio de las autoridades universitarias, y más aún hacer avanzar a través de todo tipo de convenios la investigación y la utilización del espacio público de las Universidades al servicio de las necesidades de la Mina contaminante. Esto es lo que ha sucedido en la Universidad Nacional de Tucumán, donde un primer informe de un grupo de especialistas-investigadores ha llegado a la conclusión que la Mina no contamina. Por otro lado, comienzan a proliferar convenios bilaterales entre las distintas Unidades Académicas y los gobiernos provinciales, municipales y hasta directamente con las Mineras en vistas a favorecer su infraestructura y por lo tanto hacer acrecentar sus ganancias. Como es el caso del convenio establecido entre el gobierno de Catamarca y el Instituto Superior de Ingeniería del Transporte, dependiente de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales de la UNC, utilizando los recursos estatales para mejorar el transporte ferroviario utilizado por las Mineras.  

Tanto es el interés particular de las camarillas que despiertan estos fondos privados que se ha avalado sin ningún tapujo a una empresa, como es La Alumbrera, cuyo Presidente se encuentra acusado en EEUU por lavado de dinero y cuyo vicepresidente, Julián Rooney, está procesado por disposición de la Cámara Federal de Tucumán Nº II por violación del Art. 55 de la Ley 24.051, un delito federal, que refiere al vertido de residuos tóxicos que contaminaron el agua, el aire y el suelo, afectando la vida y el ambiente general. Es decir las autoridades Universitarias además de avalar el saqueo de los recursos naturales y la depredación del medio ambiente, también están avalando a delincuentes.

Sin embargo, estamos los que estamos convencidos que el sistema universitario y científico podría jugar un papel significativo en la Sociedad porque es uno de los pocos actores públicos que puede proveer los saberes técnicos independientes en función de satisfacer las necesidades populares. La universidad pública podría generar un servicio de suma importancia, no sólo a las localidades en disputa con las corporaciones mineras sino a todo el país, que necesita conocer qué decisiones toman nuestros gobernantes en materia productiva cuando los bienes comunes están en juego. Por eso, quienes firmamos esta declaración, seguimos defendiendo una Universidad Pública, gratuita, masiva y con autonomía para la producción científica, apostando a una visión crítica e independiente de las autoridades, de los gobiernos de turno y de la producción privada.

Desde este espacio convocamos a todos los docentes, investigadores, trabajadores no docentes, estudiantes, organizaciones sociales, de DDHH, organizaciones ambientalistas, y a toda la comunidad educativa a participar de una concentración y una radio abierta sobre el Rectorado de la UBA el próximo miércoles a las 8 hs en Viamonte 430 a movilizarnos para exigir que las autoridades rechacen los fondos de las Minas contaminantes.

Firman y adhieren:

Organizaciones gremiales y comisiones internas

FUBA, Conadu H, AGD-UBA, Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, Centro de estudiantes de Filosofía y Letras, Centro de estudiantes de Cs. Exactas y Naturales, Centro de Estudiantes de Psicología, Centro de Estudiantes de Veterinaria, ……….

Consejeros

Margarita o Campo, Minoría de Graduados de la Facultad de Ciencias exactas

Ileana Cellotto, Minoría de graduados de la Facultad de Psicología

Mariela Solesio, Consejera Superior por la minoría del claustro estudiantil

Alejandro Lipcovich, Consejero Directivo por la mayoría del claustro estudiantil

Martín Pérgola Consejero mayoría estudiantil FCEyN 

Federico Holik Consejero minoría graduados FCEyN y miembro de AGD-UBA

 
 

Docentes / Investigadores

Becarios Conicet , Ubacyt y Foncyt de la UBA

Pablo Bergel, Sociólogo

Alicia Rodríguez, docente UNGS y miembro de Tribuna Ambiental 

Organizaciones estudiantiles 

UJS-Partido Obrero

Corriente Julio A. Mella

La Mala Educación

La Mariátegui

En Clave Roja-PTS

Socialismo Libertario

Frente Universitario Proyecto Sur

Viejo Topo-Poder Estudiantil

Viejo Topo-Colectivo Universitario

JXI – Coalición Cívica

En Acción- Exactas

Rebelión (El Andamio, Los Necios y El Estallido).  

Organizaciones ambientales y de DDHH 

Viviana Puccio , Tribuna Ambiental

Jorge Steimbach, Tribuna Ambiental

Matías Neglia, Tribuna Ambiental

 

EXPLOTACIÓN Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE TRABAJADORES EN LA CONFECCIÓN DE INDUMENTARIA.

Desprotección, marginación e inasistencia, son entre otras las políticas públicas que aplican tanto el Gobierno de Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Daniel Scioli, hacia los migrantes que trabajan en el rubro de confección de indumentaria. Los trabajadores costureros son los más castigados en este perverso sistema económico, que esclaviza, somete, y viola derechos humanos.

En Argentina, hoy alrededor del 40% de los trabajadores están en negro, y en la industria textil este porcentaje asciende al 70% es decir que la gran mayoría de los trabajadores textiles no tiene obra social, ni aportes jubilatorios, sus sueldos y condiciones de trabajo son inferiores a los de los trabajadores en blanco. Ganan menos de lo establecido en el salario mínimo vital y móvil ($1400) y el Convenio Colectivo del rubro, que ya por si son bajísimos.

En este engranaje una pieza clave que garantiza los altos niveles de ganancia para los empresarios capitalistas son los talleres clandestinos, donde el trabajo esclavo está a la orden del día. Allí, trabajadores sobre todo inmigrantes (muchos de ellos de origen boliviano y sin documentos), padecen jornadas laborales de hasta 16 hs. hacinamiento, sueldos miserables, engaños con los que son traídos y extorsionados para obligarlos a trabajar, etc.

Por todo esto, es urgente y necesaria una campaña de difusión de los derechos de las personas migrantes, alcanzándoles las herramientas legales para que estos trabajadores hagan valer por si mismos sus derechos inherentes que tienen como personas por los reclamos de falta de pago, excesiva jornada laboral, condiciones precarias de higiene y seguridad, falta permiso para tramitar el DNI, etc.

También una gran campaña social donde se denuncie las condiciones de trabajo que se sufre. No consideramos que la forma de hacerlo sea la búsqueda de la clausura de los talleres, sin investigar quién es el dador de trabajo del mismo. No alcanza la denuncia de un solo trabajador, sin impulsar acciones colectivas.

Es sabido también, que el Estado no investiga a las empresas de indumentaria textil, en lo que se refiere al control de su producción, libros contables, la correspondiente inscripción como dador trabajo, cantidad de trabajadores que tiene en dependencia, etc. Es decir acá el principal responsable de toda esta cadena de producción son las grandes marcas (fabricantes), ya que al no poner en blanco a sus talleristas, estos menos van a poder blanquear a los costureros; que en definitiva son los más explotados dadas las condiciones precedentemente desarrolladas.

Recientemente en un escrache a un taller textil organizado por “La alameda” varios de sus integrantes fueron agredidos por personas, las cuales anduvieron por el lugar convocadas por una organización boliviana, denominada “Asociación Federativa”, que se aboca a la defensa de los talleres textiles, sin cuestionar el rol perverso que ejecutan algunos talleristas. Organización que nunca realizó acciones colectivas a fin de combatir a empresas y fabricantes de indumentaria.   

Repudiamos tal agresión, porque es una agresión perpetrada en defensa de un sistema de explotación y de los intereses que quienes lo utilizan para saciar su voracidad de ganancia. Marcas, empresarios textiles y sus socios menores, talleristas que buscan acallar a golpes la voz de quienes intentan denunciar injusticias.

Podemos disentir en la forma de lucha que adoptó la alameda, ya que la impunidad de los grandes responsables hoy sigue intacta. Habría que evaluar nuevas estrategias de reivindicaciones laborales, incluyendo dentro de sistemas informales de venta de indumentaria, como el de la feria de “La Salada”.

La omisión cobarde y deliberada del Estado en no cumplir Convenios Internacionales de Derechos Humanos, permite que el actual sistema neoliberal no encuentre obstáculos. Reinando el principio de máxima ganancia empresarial. Estado cómplice de esta situación, reiteramos no hay control estatal de las empresas de indumentaria, No control de producción, No control de libros contables. No coteja esos datos con los listados de talleres y cantidad de trabajadores. NADA DE NADA.

Hasta algunos fueron sobreseídas por la justicia capitalista, como “Soho” donde un fallo del juez Oyarbide, desligaba responsabilidades y afirmaba que no había delito porque esta forma de trabajo está relacionada con “costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del altiplano boliviano”. Una aberración jurídica y social. Argumentos no casualmente dados al juez por abogados de Facbol y Acifebol, organizaciones que pretenden que se encuentre como enemigos de una comunidad, a quién reclama derechos básicos.          

Los tratantes y traficantes de personas actúan libremente, muchas veces con ayuda de gendarmes y jueces de fronteras corruptos, como de empresas de transportes que permiten el ingreso de menores de edad sin autorización. 

Lamentablemente existe una negación del tema por parte de organizaciones de la comunidad boliviana, No de todas. Comunicadores sociales, preocupados por la imagen que se da a la sociedad argentina (?). Si hasta se publicita avisos de trabajo para costureros donde se paga por prenda confeccionada, algo ILEGAL ya que un costurero debe cobrar, por carga horaria trabajada. Se dice que “los trapitos sucios se deben lavar en casa”. Se busca “la unidad de la colectividad”, todo ello es simple y llanamente TAPAR la violación a los derechos humanos que sufren miles de hermanos .

Hoy el mundo vive una crisis económica que azota a millones de trabajadores, en este marco el avasallamiento de nuestros derechos aumentará. Es hora de que levantemos cabeza y luchemos por nuestros derechos, seguramente van a decir que se tienen que unir todos los bolivianos y gritar bien fuerte “Viva Bolivia”, pero así NO se logrará conquistar derechos laborales. Los inmigrantes en el 1900 no gritaron viva Italia, ni España. Lucharon con el cuerpo por sus derechos como trabajadores.

Debemos apoyar una organización de costureros independiente de talleristas.
Para esto, debemos unir nuestras fuerzas para hacer una gran campaña contra el trabajo esclavo, buscar la solidaridad de los trabajadores argentinos, de organizaciones de derechos humanos y reclamar a las centrales sindicales que apoyen los reclamos, a sectores políticos que proclaman que la crisis no la tienen que pagar los trabajadores.

Exigimos:

Trabajo bajo convenio y en blanco, cumplimiento efectivo de la jornada laboral de 8 hs y del pago de horas extras, documentación universal y gratuita. Asistencia a las victimas de trata. Que los sindicatos textiles dejen de ser meros espectadores.

 

FIRMAN:

CEPROH; Encuentro de la Resistencia Indígena, Barrial y Campesina; 

 

Firman como particulares: Sergio Cardenas, Gustavo Morón, Humberto Flores, David Choque, Jhovany Lucana. Cristian Ocampo, Carlos Luna (integrante de la comunidad peruana, estudiante de maestría en economía de la UBA), Sergio Di Nucci, Miguel Yebra,   

Un desafío a la política macrista

La movilización fue del Obelisco a la Jefatura de Gobierno porteño. Repudiaron la designación de Jorge “Fino” Palacios y la amenaza de recurrir a la Policía Metropolitana para terminar con los cortes de calle. También pidieron la disolución de la UCEP.

Por Laura Vales

La Policía Metropolitana no entró en acción, pero ya consigue marchas en su contra. En repudio al nombramiento del comisario retirado Jorge “Fino” Palacios como jefe de esa fuerza, 40 organizaciones sociales, gremios, centros de estudiantes y partidos de izquierda cruzaron ayer el centro de la ciudad con una movilización que fue desde el Obelisco hasta la Jefatura de Gobierno. Las organizaciones venían preparando hacía dos semanas la protesta, que se potenció dos días atrás, cuando el ministro de Justicia porteño Guillermo Montenegro anunció que la nueva policía va a desalojar a los que corten la calle con reclamos sociales.

También reclamaron la disolución de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), que ha sido reiteradamente denunciada por actuar como grupo parapolicial que intimida y golpea a quienes viven en la calle.

La convocatoria mostró a los sectores afectados por las políticas de control del espacio público que el macrismo instaló en Buenos Aires desde el 2007. Junto a organizaciones piqueteras hubo, por ejemplo, grupos de vendedores callejeros, familias desalojadas e integrantes del movimiento de villas por la urbanización. La marcha fue una iniciativa de la Coordinadora de Lucha en la Ciudad, creada hace un año y medio atrás y en la que se fueron juntando sindicatos docentes, como Ademys, movimientos como el Frente Darío Santillán y la Corriente Clasista y Combativa y otras organizaciones. En los últimos tiempos se sumaron además los partidos.

Gabriela Di Felice estaba en la columna de CIBA, la Coordinadora de Inquilinos en Lucha. ¿Ustedes podrían hacer sus reclamos sin cortar el tránsito?, le preguntó Página/12. “Sí”, aseguró ella sin duda: “Si ellos (por el gobierno de la ciudad) abrieran una mesa de diálogo y cumplieran los acuerdos, sería fantástico”. El problema, continuó Di Felice, es cuando esto no sucede: “Tenemos, por ejemplo, una cooperativa de viviendas y hace cinco años que estamos esperando los fondos para construir. Hicimos todos los trámites, la partida fue aprobada en la Legislatura, pero ellos la sacaron del Presupuesto. Con cada cosa damos todos los pasos hasta que se agotan”.

“Nuestro problema es que Espacio Público no nos deja trabajar”, apuntó más adelante José Fernández, de los vendedores callejeros de Parque Centenario. Y recreó el último de los diálogos que tuvieron con funcionarios macristas, quienes les plantean que hay que respetar el Código Contravencional, la norma que regula el uso del espacio público en la ciudad de Buenos Aires. “Les mostramos que el Código dice que la venta ambulante está permitida cuando es de mera subsistencia. ¿Y por qué creen que estamos vendiendo en la calle nosotros, que somos todos desocupados?”. Fernández se ve obligado a señalar una cuestión obvia: “El 99 por ciento de los vendedores ambulantes son desocupados. La calle es el lugar que te queda cuando te echan del trabajo”. Su agrupación elaboró un proyecto para que se discuta si el Código Contravencional está bien aplicado, pero el proyecto “quedó cajoneado”.

La invitación a la marcha se realizó con cuatro ejes:

- “Contra las patotas de Macri”: el reclamo es que la UCEP –que depende del ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo– sea disuelta. El grupo está denunciado por brutalidad contra los que duermen en la calle y también en desalojos.

- En repudio al Fino Palacios: el comisario retirado que comanda la Policía Metropolitana fue imputado por encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA. Fue, además, dado de baja de la Policía Federal luego de que se difundió una conversación telefónica con un delincuente vinculado a la banda que secuestró a Axel Blumberg.

- Contra el Código Contravencional: reformado después de las protestas del 2001, sus artículos contienen fuertes limitaciones a la protesta social y normas que afectan a quienes trabajan en la calle.

Por la emergencia habitacional: el reclamo es que el gobierno porteño no da respuesta al problema de la falta de viviendas. Los convocantes denunciaron, además, que “en el último año hubo 113 muertes de personas en situación de calle como consecuencia de esta situación y del abandono por parte del Estado”.

En las columnas que avanzaron por Diagonal Norte desde el Obelisco hacia la Plaza de Mayo estuvo el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas e Izquierda Socialista. También la Federación Universitaria de Buenos Aires y numerosos movimientos de desocupados. Los dirigentes piqueteros anticiparon que volverán a marchar el día en que la Policía Metropolitana entre en funciones.

“El 1° de octubre estas mismas organizaciones vamos a estar en la calle. No vamos a permitir que nos desalojen porque lo poco que conseguimos las organizaciones de desocupados fue en la calle”, señaló Oscar Kuperman, de CUBA-MTR.

Por su parte, Vilma Ripoll (MST) apuntó que las críticas a Mauricio Macri “están basadas en hechos puntuales y concretos que nos dan la certeza de que con su policía él va a buscar garantizar el orden de la represión. Los antecedentes de Palacios y lo que viene haciendo la UCEP marcan que el camino va en esa dirección”.

CATEDRAS BOLIVARIANAS Del Periódico RESUMEN LATINOAMERICANO

Convocan:



MIERCOLES 29 DE JULIO, 19 HORAS

En la Asociación Argentina de Actores (Alsina 1762, Ciudad Autónoma de Buenos Aires)



EL ODIO EN LA POLÍTICA



Odio de clases;
odio, discriminación y criminalización de la protesta; el odio al
opresor, el odio desde el poder, el odio de quienes se rebelan, el odio
de la burguesía. Hablar y debatir sobre el odio, otra urgencia necesaria.




HABLARÁN



VICENTE ZITO LEMA (escritor, poeta, periodista)

LUIS D’ELÍA (luchador social, FTV)

ALFREDO GRANDE (psicoanalista)

ALBERTO LAPOLLA (historiador)



Coordinación general: CARLOS AZNÁREZ

Argentina: Los idus de junio

Gustavo Robles (especial para ARGENPRESS.info)

Muchos dirán, desde el espectro político de esa entelequia que es el progresismo, y desde la izquierda, que en estas elecciones el pueblo se volcó hacia la derecha.

En lo concreto, es cierto.

Sin embargo, habría que tener en cuenta “qué es la derecha” para el ciudadano común, que siente que le mienten, lo estafan y lo angustian permanentemente desde el gobierno K. Hay que vivir en el conurbano, enfrentando al aparato directamente fascista y mafioso de los caudillos bonaerenses del PJ. Entonces la línea que delimita el sector más reaccionario de la política se hace difuso y, por lo tanto, confuso.

Para el entendimiento común de los habitantes de este suelo, la jornada del 28 de junio sirvió como oportunidad para darle una bofetada brutal a quien identifica como el hacedor de sus males: el gobierno kirchnerista, que, como Julio César en marzo, tuvo su idus en junio.

No importaba quién estuviese en frente: el asunto era votar en contra, y a quien pudiera ganarle. Como, mayoritariamente, lo único que estaba construido aparecía a la derecha del oficialismo, hacia allí fue el favor popular. La provincia de Buenos Aires fue una enorme estaca en el corazón oficialista, y hasta en Santa Cruz el pingüinaje recibió la pateadura.

El gran responsable, entonces, del crecimiento de la derecha más rancia, es el propio gobierno.

Sin embargo, no todas son tan agrias: Macri, que aparece como gran ganador junto con De Narváez, perdió alrededor de 20 puntos respecto del 2007. El impresentable banquero Heller llevó al PJ a una de sus peores derrotas en la Capital Federal. Y, más allá de las consideraciones que se puedan tener sobre Pino Solanas y su Proyecto Sur, el voto allí depositado está a la izquierda en el imaginario popular.

El voto castigo no fue solo para el gobierno, también existe una especie de sanción (aunque en este caso por omisión), hacia la vieja y vetusta izquierda sectaria y autoproclamatoria. Hace rato que está demostrado que esas viejas formas de hacer política son ignoradas y cuando no repudiadas por las mayorías populares. La insignificancia repetida hasta el hartazgo en las urnas debería aleccionar a las eternizadas direcciones de su fracaso terminal.

Se vienen tiempos difíciles para el pueblo argentino. Se avizora un gobierno de derecha explícita para el 2011. Para quienes soñamos con otro tipo de sociedad, una donde no exista la explotación del hombre por el hombre, no queda otra que dejar atrás los viejos vicios diluyentes y atomizantes, y encarar de una vez por todas la construcción de una opción de masas desde la izquierda que se proponga luchar por el poder en nuestro país.

Mañana mismo hay que empezar.

Esa es la tarea de la hora.

Cualquier otra cosa será funcional a los intereses de los explotadores.

Foto: Argentina – Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner durante la campaña electoral del 2007. / Autor: Presidencia de la Nación

Argentina renueva el Parlamento en un contexto de contracción económica

El Gobierno de Cristina Fernández afronta este domingo unas elecciones legislativas en las que están llamados a votar unos 28 millones de argentinos

EFE - Buenos Aires - 27/06/2009

El Gobierno de Cristina Fernández afronta este domingo unas elecciones legislativas en las que están llamados a votar unos 28 millones de argentinos y está en juego la mayoría oficialista en el Parlamento, en un contexto de contracción económica después de seis años consecutivos de crecimiento económico.

La alarma por el avance de la gripe A N1H1, que hasta ahora ha causado 26 muertos, y las encuestas que prevén una reñida votación en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, son los otros elementos a tener en cuenta en unos comicios que tienen lugar en la mitad de la gestión de Fernández. En medio de medidas de prevención sanitaria en los lugares de votación, el domingo se renovará la mitad de los 257 escaños de diputados y un tercio de los 72 del Senado, además de legislaturas provinciales y municipales.

El Gobierno ha instalado unas 100 cámaras de vídeo en mesas electorales de populosos distritos bonaerenses vecinos a la capital argentina, como pidió la Cámara Nacional Electoral. "Bajamos la cantidad de electores por mesa para evitar inconvenientes y se instalaron cámaras de seguridad para darle mayor transparencia" a la votación, ha explicado el ministro de Interior, Florencio Randazzo, quien ha calificado de "irresponsables" las denuncias de algunos candidatos opositores sobre posibles fraudes.

Randazzo ha explicado que las denuncias de fraude tienen "la intencionalidad política" de quitar "legitimidad" a "aquellos que finalmente son elegidos por la voluntad popular" en unas elecciones en las que se movilizará a unos 120.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

El ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), esposo, antecesor de Fernández y quien encabeza la lista oficialista de diputados por la provincia de Buenos Aires, se juega en estos comicios no solo la mayoría parlamentaria del oficialismo y sus aliados, sino su estabilidad como líder del Partido Justicialista (PJ, peronista). La hegemonía de Kirchner se ve amenazada por el empresario Francisco de Narváez, que aspira a un escaño de diputado al frente de la coalición Unión-Pro, formada por peronistas disidentes como él y seguidores del conservador Mauricio Macri, el alcalde de la capital argentina, líder de Propuesta Republicana (Pro).

Los últimos sondeos arrojan un empate técnico entre ambas fuerzas políticas en la provincia de Buenos Aires, tradicional bastión peronista, cuyo voto es decisivo para dibujar el mapa político del país con vistas a las presidenciales de 2011.

En la capital argentina, segundo distrito electoral del país, se da por descontada la victoria de Gabriela Michetti, candidata de Pro, seguida por la lista de centroizquierda del cineasta Fernando Pino Solanas, convertido en la revelación de estos comicios, y con estrecho margen sobre Alfonso Prat Gay, aspirante del Acuerdo Cívico y Social, en tercer lugar. Este resultado supondría que Carlos Heller, del Frente para la Victoria de Kirchner, sería el gran perdedor de la jornada en la capital argentina.

También se prevén derrotas de las listas del oficialismo en las provincias de Córdoba (centro), donde la liza se centra entre peronistas disidentes, y Santa Fe (noreste), el tercero y cuarto distrito electorales del país, respectivamente. En Santa Fe, las encuestas vaticinan una reñida votación entre el ex corredor de Fórmula Uno y peronista disidente Carlos Reutemann y el socialista Rubén Giustiniani, quienes aspiran a renovar sus banca de senadores. Reutemann aspira a ser candidato presidencial del peronismo en 2011, mientras que una victoria socialista reforzaría la pretensión del gobernador santafesino, Hermes Binner, a competir por la jefatura del Estado.

Algunos analistas políticos, que prevén que el oficialismo perderá la mayoría parlamentaria aunque se mantendrá como principal fuerza política, han adelantado que los resultados electorales de este domingo pueden demorarse por lo ajustado de la votación en la provincia de Buenos Aires y la coincidencia de las legislativas provinciales y municipales.

LA MASACRE DE BAGUA: Actividad en Argentina.

EN ARGENTINA:

CATEDRAS BOLIVARIANAS
DEL PERIODICO RESUMEN LATINOAMERICANO

(IMPORTANTE: A NUESTROS COMPAÑEROS/AS QUE HABITUALMENTE CONCURREN A LAS CITAS DE CATEDRAS BOLIVARIANAS: DEBIDO A LOS ACONTECIMIENTOS TRÁGICOS OCURRIDOS EN PERU, POSTERGAMOS LA ACTIVIDAD ANUNCIADA PARA ESTE MIERCOLES (CONTRA LA MULTINACIONAL MONSANTO) Y CONVOCAMOS A UN ACTO DE URGENCIA EN REPUDIO AL GENOCIDIO)


MIERCOLES 10 DE JUNIO, 18,30 HORAS
(Asociación Argentina de Actores, Alsina 1762, Ciudad de Buenos Aires)


ACTO DE URGENCIA EN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO INDIGENA AMAZÓNICO DE PERÚ

JUICIO INTERNACIONAL A ALAN GARCÍA POR GENOCIDA


Proyectaremos:

LA MASACRE DE BAGUA
Un informe documental sobre el genocidio producido por la policía de Alan García y el régimen fascista peruano.


INTERVENDRÁN:  REFUGIADOS PERUANOS EN ARGENTINA Y Dirigentes populares solidarios con el pueblo peruano.

El suicidio de los verdugos

·                                 Dos supuestos represores de la última dictadura militar se quitan la vida

Juan Ignacio Irigaray | Buenos Aires

Un militar y un policía jubilados, de 66 y 70 años, se suicidaron disparando sus respectivas armas cortas, por separado, después de que la Justicia argentina empezara a investigarlos como supuestos represores de la última dictadura militar, de 1976 a 1983.

Los protagonistas de ambos sucesos son el capitán retirado del EjércitoAlfredo Marcó, encontrado muerto en su casa de la ciudad de La Rioja, y el policía retirado Segundo Wenceslao Garro, que apareció sin vida en una carretera de la provincia de San Luis.

El militar se encerró el domingo en su dormitorio y se disparó un tiro en la sien con un revólver 38. Mientras, Garro se marchó de su hogar el sábado hacia una zona rural y a un lado de la carretera, colocó su pistolón de caza en el corazón y apretó el gatillo.

La sospechosa muerte del obispo

Marcó se quitó la vida 48 horas antes de que sean exhumados los restos del obispo Enrique Angelelli para la realización de nuevas pericias que ayuden a esclarecer la causa de su fallecimiento.

Según varios sobrevivientes del campo de detención ilegal y torturas que funcionó en la cárcel de La Rioja, el militar adelantó a los reclusos que en breve Angelelli iba a aparecer muerto, por lo que hay sospechas de que participó en los hechos.

Poco después, el 4 de agosto de 1976, el obispo murió al volcar su automóvil cuando regresaba a La Rioja procedente de la localidad de Chamical, en un hecho que primero fue considerado como un accidente de tráfico y luego la Justicia señaló como "provocado".

Incluso los testigos dijeron que Marcó y sus camaradas brindaron con champán en el centro de torturas la noche en que trascendió la muerte del religioso, que estaba investigando la muerte de otros dos sacerdotes de su diocesis a manos de los militares represores.

El ex periodista del diario 'El Independiente' y ex detenido Plutarco Schaller, que actualmente vive en Cuba, identificó a Marcó como uno de los más crueles torturadores, al declarar en 1984 ante la Comición Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que dirigó el escritor Ernesto Sábato.

Torturas y desapariciones

Por su parte, Garro actuó en el Departamento de Informaciones D2 de la Policía de San Luis y fue sindicado como torturador durante la 'guerra sucia' de la dictadura en esa provincia.

El Tribunal Oral Federal de San Luis lo había citado a declarar en relación con los secuestros y desapariciones de Graciela Fiochetti, Santana Alcaraz y Pedro Ledesma, crímenes por los que ya hay cinco militares y policías condenados a prisión.

Ambos suicidos tienen antecedentes entre los ex represores de la dictadura argentina. El prefecto Héctor Febres se suicidó ingiriendo cianuro en su celda, en 2007, sólo 48 horas antes de que lo condenaran por torturador. Y en 2003, su compañero Juan Antonio Azic se descerrajó un tiro en el mentón, pero falló y sobrevivió.

Actualmente en Argentina hay más de 500 militares, prefectos y policías procesados por distintos crímenes durante la 'guerra sucia', que arrojó 10.000 y 30.000 desaparecidos, según recuentos oficiales y de los organismos defensores de los Derechos Humanos, respectivamente.