Argentina

“Un zurdito menos”

Juan Gaudenzi ( ARGENPRESS.info)

“Un zurdito menos” dijo un pistolero al ver caer asesinado a Mariano Esteban Ferreira (23).

Un joven estudiante menos en uno de los países que más envejecen en América Latina.

 

Y con una alarmante tasa de deserción educativa.

 

Un “zurdito” asesinado más para sumar a los 30 mil desaparecidos durante la dictadura militar y a los cientos de caídos antes y después, en “democracia”.

 

Uno más para acompañar, en el altar de los verdaderos héroes de la patria, a Kosteki y Santillan.

 

Un contestatario menos de la democracia liberal, la economía de mercado y la “globalización”.

 

Un enemigo menos del Estado, las patronales explotadoras, la burocracia sindical cómplice, el Imperialismo y el “pensamiento único”.

 

Una victima más del fascismo encubierto en la Republica Argentina.

 

De la oligarquía y las trasnacionales.

 

De la derecha peronista; las patotas sindicales; de sus componendas con los gobiernos de turno, sean militares o kirchneristas; de los cuerpos de seguridad y sus “zonas liberadas”; de los articulistas de La Nación y Clarín.

 

Un militante menos de las luchas obreras; de las causas de los despedidos y desempleados; de los excluidos y marginados; de los “villeros”; de los “piqueteros”; de los pueblos originarios expropiados, de las fabricas recuperadas.

 

Un eslabón menos en la cadena que une las movilizaciones de hoy con las formidables luchas de anarquistas, anarco-sindicales, espartaquistas, comunistas, trotskistas, clasistas, del pasado.

 

Una marca más en las cachas de la pistola de la mafia sindical de todos los tiempos; de los socios del Poder; de los rompe-huelgas y represores del sindicalismo independiente; de los enemigos de Agustín Tosco y Raymundo Ongaro.

 

Un cargo más contra el matrimonio Kirchner, siempre dispuesto a buscar y recibir apoyo de algunos de los dirigentes y sectores sindicales y políticos mas corruptos e inescrupulosos, con tal de conservar el poder por el poder en si mismo.

 

Y otro brutal golpe contra la sensibilidad y la conciencia de millones de argentinos que aun sin saberlo; sin haber leído nunca un ejemplar de “Prensa Obrera” ni haber votado nunca por el Partido Obrero, ni haber participado en alguna movilización, son “zurdos” porque quieren otro país, más justo e incluyente; con igualdad de oportunidades para todos; sin mafias empresariales, sindicales, políticas y gubernamentales; sin hordas de asesinos; con libertad, respeto a la vida y justicia para todos los luchadores sociales.

 

¿Quién mató a Mariano?

Horacio Meguira (ACTA)

El asesinato de Mariano Ferreyra no puede descontualizarse de la situación de los trabajadores tercerizados y la lucha que venían emprendiendo para ser equiparados en salarios y condiciones de trabajo a los que están comprendidos en el convenio colectivo vigente para los dependientes de las empresas “terminales” del sector ferroviario.

Desde que se reinicia la negociación colectiva salarial en el 2003 se comenzó a percibir la brecha entre los trabajadores de las categorías más altas con las más bajas. En algunos casos, como el de las empresas terciarizadas ferroviarias los convencionados perciben remuneración que llegan a triplicar los salarios de los dependientes de las sub-contratistas.

Este fenómeno de “tercerización” se repite en todas las actividades industriales o de servicios. Los grandes sindicatos como la Unión Ferroviaria, Luz y Fuerza, Asociación Obrera Textil, etc. no permiten la afiliación a dichos trabajadores. En los convenios colectivos no son representados. Las unidades de negociación no contemplan ni los salarios ni las condiciones de trabajo de los “precarizados” que operan en la descentralización de muchas tareas efectuadas dentro o fuera de los establecimientos.

Es muchos casos, como los ferroviarios, las tareas de trazado, reparación, o mantenimiento de vías, son efectuadas por estos trabajadores que no están encuadrados en ninguna categoría profesional de los convenios vigentes para la actividad. Por ende, sus tareas son polivalentes, sus horarios interminables, su remuneraciones insignificantes y, por sobre todo, se les impide sindicalizarse; cualquier intento son despedidos o amenazados inmediatamente.

A partir de la propuesta de la CTA muchos terminaron por convencerse de la necesidad de que todos los trabajadores tengan el derecho de constituir las organizaciones que crean conveniente, y que la libertad sindical es la precondición imprescindible para revertir semejante situación de sobre-explotación. Negada la afiliación a los sindicatos constituidos y dadas las condiciones favorables generales por fallos de la Corte Suprema (ATE y Rossi), los trabajadores comenzaron a organizarse por intermedio de nuevas organizaciones capaces de contener sus reivindicaciones.

Esta situación, que se repite en otros sectores, resulta intolerable para las empresas y para los sindicatos tradicionales que sólo contemplan a los trabajadores de las empresas terminales. Por ejemplo, un trabajador que es dependiente de Telecom puede acceder al convenio colectivo, a la seguridad social, a la defensa en el supuesto de ser despedido. El que forma parte de la red de servicio o producción que provee a esas empresas no puede hacerlo.

La relación costo-beneficio se da en el tramo “tercerizado”. El costo del salario, sobre todo en las empresas de mano de obra intensiva, es insignificante en los tramos donde se produce por fuera de los convenios colectivos. La mayor renta empresaria se produce antes del producto terminado y distribuido.

El capital no va a tolerar la organización de estos trabajadores. Este es el contexto en el que hay que analizar el asesinato de Mariano. No es un hecho aislado o incausado, sino consecuencia de la organización de estos trabajadores. Este contexto se complementa con la actuado por los llamados “sindicatos empresarios” como la Unión Ferroviaria, y de dirigentes como José Pedraza que fue socio y cómplice del despojo y saqueo de los Ferrocarriles en la década del 90. Ellos tienen como función evitar cualquier atisbo de organización que altere esta situación. Su asociación y complicidad con la empresa tiene como finalidad mantener el statu-quo y causa de su permanencia de por vida en los cargos de dirección.

No es un enfrentamiento sindical derivado de un conflicto intersindical. Por el contrario, es un conflicto con las empresas concesionarias administradoras del Ferrocarril Roca, con sus empresas descentralizadas, todas de propiedad del mismo consorcio, y con el Ministerio de Trabajo que toleró esta situación favoreciendo la monopolización de la Unión Ferroviaria y desconociendo a cualquier organización por “fuera” de ella.

En este caso, es más claro aún cuando se sabe que los abogados históricos de la Unión Ferroviaria fueron Carlos Tomada, Noemí Rial y Oscar Valdovinos. Nombres muy familiares del poder gobernante.

Horacio Meguira es Director del Departamento Jurídico de la CTA.

Foto: Argentina, Burocracia sindical - Una cámara de C5N registra el momento en que la patota de la Unión Ferroviaria inicia el ataque que culminaría con la muerte del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira.

 

Un crimen contra la clase obrera: El asesinato de Mariano Ferreira

Por Lisandro Martínez

Cómo ocurrieron los hechos

Miércoles 20, 12 horas, calle Lebensohn al 500, Avellaneda. Desde esta cita salió la movilización de los compañeros ferroviarios de las empresas tercerizadas, acompañados por delegaciones del PO y otras organizaciones.

A pocos metros, se pudo advertir la presencia de una patota organizada sobre las vías con uniformes de la empresa, formada por unos 120 integrantes. Formaba parte de la patota el hijo de Antonio Luna, subsecretario de Transporte Ferroviario, integrante de la burocracia sindical ferroviaria, quien actúa como un provocador desde el inicio de los hechos. El corte de vías, en ese lugar, era imposible de hacer por la presencia de la patota y un cordón de la Infantería de la Policía Federal y de la Bonaerense. Por esa razón, la movilización siguió marchando por Lebensohn hacia los fondos de la Estación Avellaneda y luego hasta las inmediaciones de la Estación Hipólito Irigoyen, donde las organizaciones decidieron subir a las vías. Hasta ese momento, la patota seguía a la movilización ocupando y marchando por las vías, en tanto el cordón de las fuerzas de seguridad seguía a la movilización de los ferroviarios en lucha.

 

A la altura de Puente Bosch -que comunica Avellaneda con Capital- los manifestantes intentaron nuevamente concretar la ocupación de las vías, lo que fue violentamente reprimido, a pedradas, por la patota sindical. La Bonaerense, fuera de jurisdicción, actuó en sintonía con la patota, descargando balas de goma contra los agredidos.

 

Luego de este hecho, los participantes de la movilización decidieron en asamblea retirarse y llamar a una asamblea para discutir nuevas iniciativas de movilización para el jueves 21, a las 17 horas.

 

Mientras se estaba desenvolviendo el último tramo de esta asamblea, la patota bajó de las vías a la carrera descargando una lluvia de piedras. Allí se rearmó el cordón de seguridad de la movilización, que hizo retroceder a los agresores. Pero la policía, esta vez la Federal, protegió a la patota en retroceso, resguardándola detrás de los patrulleros. La columna de la movilización, a la altura de Pedro de Luján y Perdriel, a tres cuadras de Avenida Vélez Sarsfield se frenó, se replegó y se retiró. En este momento, la policía, una vez más la Federal, abrió el cordón y dejó pasar a quienes serían los asesinos. Estos actuaron profesionalmente, tapándose la mano con la que accionan el revólver para que las partículas de pólvora no se depositen en la mano del tirador porque esto puede ser descubierto hasta dos semanas después por pericias. Hay dos tiradores, uno con un revólver 38 y otro con una 22. El portador de la 38 carga dos veces el tambor y los casquillos quedan como prueba. Tanto uno como otro, esto es impo

rtante, tiran al bulto, es decir a matar. Nuestra compañera Elsa Rodríguez cayó fruto de un balazo en la cabeza a 200 metros de donde se encontraba el tirador, lo que plantea como hipótesis la posibilidad de un tercer agresor armado.

 

Además de Mariano Ferreyra y de Elsa Rodríguez, tienen heridas de bala Nelson Aguirre (en la pierna) y Ariel Pintos, un ferroviario tercerizado (también en una pierna).

 

En el lugar de los enfrentamientos existe una terminal de Chevallier. Tanto las cámaras de la terminal de ómnibus como las de otras fábricas de las cuadras en las que se produjo la agresión deberían haber registrado los hechos que, en una primera instancia, fueron filmados por las cámaras de C5N.

 

A esto debe sumarse lo que es un capítulo siniestro. Con Mariano Ferreyra herido de muerte, la Policía -una vez más la Federal- no se hizo cargo. Fue la decisión de sus compañeros lo que permitió parar una ambulancia en tránsito y cargar a Mariano y a Elsa.

 

En cualquier vagón del Ferrocarril Roca se puede leer un volante que dice: "nos vamos a hacer cargo de lo que la policía no hace", firmado por la burocracia de la UF escudada bajo el nombre "Trabajadores Ferroviarios".

 

El propio José Pedraza, actual titular de la UF, se reconoció como organizador de la patota. Desmintió que "haya existido un enfrentamiento con trabajadores de UTA", confirmando que sí lo hubo con "ex trabajadores ferroviarios despedidos acompañados por el PO y otras organizaciones. "Pedraza justificó los incidentes -sin saber aún que había un muerto y dos heridos de bala- al destacar que los trabajadores ferroviarios impidieron el corte de vías en defensa de sus fuentes laborales" (Télam, 20/10).

 

Por otro lado, Pablo Díaz, de la directiva de la UF, afirmó: "mientras estemos nosotros, no vamos a permitir ningún corte en las vías" (Infobae, 20/10).

 

Todas las huellas de los asesinos están expuestas.

 

Homenaje a Miguel Enriquez

CATEDRAS BOLIVARIANAS

del Periódico RESUMEN LATINOAMERICANO

 

 

MIERCOLES 20 DE OCTUBRE, 19 HORAS

(En el Centro Cultural del Peronismo Revolucionario, RODRIGUEZ PEÑA 58,  Ciudad de Buenos Aires)

 

 

A 36 AÑOS DE LA CAIDA EN COMBATE DEL REVOLUCIONARIO CHILENO MIGUEL ENRIQUEZ, MAXIMO DIRIGENTE DEL MIR, 

LE BRINDAMOS EL HOMENAJE DE RETEMPLAR LA MEMORIA PARA REVITALIZAR LA LUCHA

 

 

Proyección del Documental

 

CALLE SANTA FE

 

de la cineasta chilena y compañera de Miguel Enríquez, CARMEN CASTILLO

 

'Calle Santa Fe' tiene como hilo conductor el retorno de Castillo, treinta años después, a la calle Santa Fe, donde vivió clandestinamente con sus hijas y vio a su compañero, el jefe del MIR Miguel Enríquez, ser asesinado por la policía política del presidente Augusto Pinochet. En aquella ocasión, embarazada de seis meses y gravemente herida, Castillo fue hecha prisionera y posteriormente expulsada del país, siguiendo rumbo a un largo exilio en Francia.

 

Posteriormente hablaremos de la personalidad combatiente de Miguel Enríquez y de la situación actual en Chile.

 

Argentina: ACTIVIDADES DEL COMITE DE APOYO A LOS INQUILINOS CONDENADOS.

COMITE DE APOYO A LOS INQUILINOS CONDENADOS:

Ante la condena dictada por la Jueza María Luisa Escrich contra nueve humildes inquilinos a los que condenó acusándolos de “usurpar”  la vivienda que alquilaban desde hace un año, en Chacabuco 630,  los abajo firmantes, repudiamos ésta decisión y convocamos a la población a rechazar   la criminalización de la pobreza que la misma significa y exigimos la anulación de este fallo que nos avergüenza.

Actividades previstas por el COMITE DE APOYO:
Martes 19/10: RADIO ABIERTA en la CATEDRAL,  de 12 a 17hs.
Miércoles 20/10: CORTE en AV. 9 de JULIO y BELGRANO, 11 a 13hs.
Jueves 21/10: RADIO ABIERTA en la CATEDRAL, de 12 a 17hs.
Viernes 22/10: REUNION del COMITE, al que convocamos a todas las organizaciones que quieran participar y ser parte del mismo.
 
LISTA DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE APOYO. (Hasta el 18 de Octubre)
R.P. Jorge Alonso, Vicente Zito Lema, Marcos Wallman, Herman Schiller, Roberto Perdia, Carlos Aznares, Oscar Kuperman, Ruben Saboulard, Juan Carlos Beica, Chiche Perelman, Claudia Acuña, Fernando Guzman, Cristian Castillo, Marcelo Ramal, Pastor Diego Mendieta, Fernando Esteche, Coco Martinez, Daniel Aguirre, Ana Melnik, Analia Casafu, Graciela Rosenblum, Legislador Fabio Basteiro (Proyecto Sur), Legisladora Laura García Tuñon (Proyecto Sur),  Naty Menstrual, Eduardo Soares, Roberto Martino, Juan Marino, Alejandro Furman (Col. Carlos Pellegrini),  Matías Botana (Centro de Estudiantes del Manuel Belgrano), Natalia Saralegui, Federico Tonarelli, Ruben Carballo, Nestor Correa (AGD-UBA), Mario Cafiero (D.N.MC.), Fernando Muñoz, Kaleb Moussa, Sergio Bertaccini, Eduardo Murúa, Alfredo Cáceres (SUTEBA-Tigre), Horacio Lagar, Alicia Vasconcelos (U.C.R. San Telmo) Roberto Tello (Tribuna chilena)

 
M.T.R. Movimiento Teresa Rodriguez, Partido Obrero, Polo Obrero, MPR Quebracho, Asambleas del Pueblo, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Convergencia de Izquierda, CUBA-MTR,
Partido Revolucionario (M.L.), Antena Negra, Agrupación Prisma, CORREPI, Movimiento Argentina Rebelde-MAR, Movimiento Territorial de Liberación Rebelde-MTL R.-, Partido de los Trabajadores por el Socialismo-PTS,        Partido Comunista Revolucionario-P.C.R., Corriente Clasista y Combativa-C.C.C., Organización Libres del Pueblo-O.L.P., Iglesia Dimensión de Fe, Movimiento  TORRE, Coordinadora Anti represiva del Oeste, CADEP, Tendencia Piquetera Revolucionaria-T.P.R., Frente de Estudiantes en Lucha- F.E.L., Alianza Internacional de Hábitat, Desalojos Cero, Antena Sur, Poder Barrial, ORCOPO, Asamblea de Congreso, Asamblea de San Telmo, MOCEP, Servicio de Justicia y Paz (Congregación Claretianos), Alerta Militante, CAUCE-UBA, El Viejo Topo/Sociales, El Cielo por Asalto/ Filosofía y Letras, La Revuelta/Arquitectura, Praxis/Medicina, Mario Hernández/Programa el Reloj, FM La Boca, Agrupación Mujeres en Lucha Las Piqueteras, CUES-Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios,  Tendencia Estudiantil Anticapitalista-T.E.A.,
Asamblea contra la Represión y la Impunidad de La Matanza, Revista Mu, Colectivo La Vaca, Comisión Gremial Interna Banco Provincia de Buenos Aires, Agrup. Tosco-ATE,  Agrupación ALAVIO, COOPERATIVA HOTEL BAUEN,  CONIS, COOPERATIVA 20 DE DICIEMBRE, Organización Islámica Argentina, Opinión Socialista…  
 
Adhesiones a  [e-mail]   Contacto con los inquilinos: Mariela  1561789262

 

De inquilinos a condenados

Por Gustavo Veiga

La política de desalojos del gobierno de Macri encontró un aliado en la Justicia: un fallo condenó a seis meses de prisión a nueve inquilinos que fueron acusados de usurpar una vivienda en San Telmo. Cinco son madres y uno es un anciano de 77 años.

La Justicia porteña condenó a nueve inquilinos de condición humilde a seis meses de prisión. Les atribuye haber despojado de su vivienda en el barrio de San Telmo a un hombre de origen japonés que se considera un linyera. La información, que se desprende del fallo de la jueza María Luisa Escrich, parece un escarmiento contra las usurpaciones que se producen en la ciudad de Buenos Aires. Pero es mucho más que eso. Resulta un precedente jurídico contra las personas sin techo que ni siquiera alcanzan a pagar una pieza de hotel y subalquilan casas de dudosa habitabilidad. Cinco madres –una, por tener antecedentes, deberá cumplir la pena en la cárcel–, un anciano de 77 años, un desocupado, un obrero panadero y un mensajero son los acusados. Diez niños viven con ellos en el caserón de Chacabuco 630, todos hijos de las condenadas, que en su mayoría trabajan como empleadas domésticas. Escrich, basándose en la acusación del fiscal Angel Carestia, señala que “los imputados se valieron de violencia para ingresar y permanecer en el inmueble en cuestión”, cuando no hay pruebas que respalden tal aseveración en las quince carillas de su sentencia. Los abogados defensores apelarán ante la Cámara lo que una comisión de apoyo a estos vecinos definió como “un nuevo ataque de Macri contra el pueblo”.

El 12 de octubre se conocieron los fundamentos del controvertido fallo del Juzgado Nº 20 en lo Penal, Contravencional y de Faltas. La jueza dio por acreditado que “los imputados despojaron a Néstor Nakama de la tenencia pacífica que el mismo gozaba del inmueble de la calle Chacabuco 630/34 de esta ciudad, mediante el uso de la violencia y hasta la fecha permanecen en él”. La única violencia que quedó acreditada por los testimonios de algunos testigos en el juicio se la atribuyen al presunto propietario. Mariela del Carmen Aguirre, la mujer condenada a prisión efectiva, declaró que la amenazó “con prenderla fuego, paseándose con un bidón de querosén”. Una vecina del barrio aportada por la defensa, Ana Raquel Melnik, describió que Nakama peleaba con un supuesto socio, Carlos Benítez, y que en una ocasión éste “se fue mal, lastimado, agredido, que después no fueron nunca más hasta que en el verano el señor oriental se paseaba con un bidón de nafta amenazando que iba a quemar la casa, a los vecinos, etcétera”.

El denunciante nunca mostró el título que lo acredita como dueño de la vivienda y alegó que figura a nombre de la esposa de su primo, Julia Serikyaku. Su primo es un tal Ryoki Nakama. Benítez, el individuo que mencionó Melnik en su declaración, es quien le subalquiló la vivienda al grupo de inquilinos, a razón de 400 pesos por mes y por persona. La compartía con el japonés, según lo expresó hasta la propia jueza: “Con respecto a la existencia del Sr. Benítez, se encuentra probado que el mismo existió y vivió en el lugar. Ello por cuanto, los testigos Mauro, Villera y López Angeloni (todos declararon a favor de Nakama) confirmaron su existencia”. O sea, el hombre que según los condenados les alquiló una habitación en Chacabuco 630 resultó amigo de Nakama. De la sentencia se desprende que Benítez tuvo una causa por robo en el Juzgado de Instrucción Nº 17. Y en el barrio dicen que también era futbolista de Boca. La dupla, además, se dedicaba a la compraventa de chatarra.

En el fallo se menciona que de la prueba obrante surge que “la situación de calle en la que se encuentra el denunciante es a consecuencia del despojo sufrido”. El japonés o descendiente de japoneses es caracterizado en un texto que difundió el Comité de Apoyo a los Inquilinos, que tiene base en la Asamblea Popular de San Telmo, como un “ciruja, presunto contador público, con dos condenas por estafa, investigado por la muerte dudosa (envenenamiento) de una prima en 2005, que –¡oh casualidad!– lo quería echar de la vivienda”. También dice el texto que estuvo internado en el Hospital Borda en abril último por “representar un peligro para sí y para terceros”. Además, transcribe el dato de una causa por insania que se tramitó en el Juzgado Civil Nº 22.

Escrich condenó a penas de prisión a las cinco mujeres y cuatro hombres, basándose en parte en que “no existe contrato de alquiler, recibo de pago o cualquier elemento que pruebe la buena fe de la ocupación por parte de los imputados”. Y por ende, desestimó los testimonios de dos de las acusadas (Aguirre y Alejandra de la Cruz Aparicio, una empleada doméstica y vendedora de comidas) “de haber pagado por el alquiler de las habitaciones del inmueble de Chacabuco 630 al Sr. Benítez, encargado del lugar”.

La jueza coincidió con la acusación del fiscal Carestia contra Aguirre, Aparicio, Edith Angélica Cuello, Margarita Martínez, Valeria Rosa Valenzuela, Javier Alejandro Valenzuela, Carlos Hugo Pourrian, Robustiano Ayala y Cristian Nores porque, según ellos, invadieron la propiedad “entre los días 8 y 10 de diciembre de 2009, reemplazando la cadena y candado originales de la puerta de ingreso y permaneciendo en él, despojando así de la tenencia al Sr. Néstor Osvaldo Nakama, quien lo ocupaba previamente”. Carestia, cotitular de la Fiscalía Nº 6, es el mismo que intervino en la acusación contra la destituida jueza Rosa Parrilli –aquella que discriminó a dos empleadas del área de Tránsito del gobierno porteño– y que también pidió identificar a piqueteros que acamparon en la Avenida 9 de Julio en diciembre del año pasado.

El Comité de Apoyo a los inquilinos condenados que se constituyó en San Telmo denunció en duros términos a Escrich y Carestia. En un afiche donde aparecen en una fotografía los ocupantes de Chacabuco 630 junto a los diez niños que viven allí, y bajo el título “Estos son los presos de Macri”, señala: “El 4 de octubre el fiscal Angel Carestia y la jueza María Luisa Escrich, por cuenta y orden de su jefe, Mauricio Macri, condenaron a nueve humildes inquilinos a cumplir penas de seis meses de prisión acusándolos de usurpar la vivienda que, de buena fe, alquilaban desde hacía más de un año, en Chacabuco 630. Peor todavía: ordenaron que el inmueble le fuera entregado a un conocido y desquiciado estafador que ni es el propietario ni pudo acreditar ningún derecho sobre el mismo”.

NOTA EN PAGINA 12:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-155235-2010-10-18.html

Chile: La defensa del Comandante Salvador o Galvarino Apablaza, ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez

Por Andrés Figueroa Cornejo

Nota importante: El presente artículo-entrevista fue realizado una semana antes de que la Comisión Nacional para Refugiados de Argentina concediera asilo político a Galvarino Apablaza el 30 de septiembre pasado.
 
A través de los grandes medios nacionales controlados con mano de hierro por la derecha política, se ha mantenido  la atención sobre la solicitud de extradición de Galvarino Apablaza Guerra, el Comandante Salvador, tema que debe concluir prontamente. El presente texto tiene por objeto ofrecer  la mirada desconocida en Chile y otras costas de los fundamentos del refugio de Apablaza  en Argentina y los detalles del caso.  
 

No existe sentido sin contexto. La ofensiva política multidimensional de la UDI por la muerte del principal ideólogo de la dictadura, Jaime Guzmán, principalmente contra Galvarino Apablaza, quien fue el líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez autónomo del Partido Comunista luego del asesinato de Raúl Pellegrín en Los Queñes, tiene estricta relación con el Chile, tanto de la Unidad Popular, de la dictadura militar, como de los años primeros de los gobiernos civiles. Y sobre cualquier cosa, la maniobra política de la derecha refundacional del país, está asociada de manera estratégica con la pugna política e ideológica respecto de las lecturas antagónicas que cohabitan en el mismo país. Por un lado, la de los que condujeron el golpe de Estado de 1973 contra el gobierno constitucional de Salvador Allende, la posterior aparición de una nueva derecha  responsable de la privatización antipopular de los derechos sociales, los recursos naturales y la propiedad pública (conquistas que costaron décadas de lucha de los trabajadores), a través de la represión y el crimen; y, por otro, la perspectiva de las grandes mayorías oprimidas y explotadas, víctimas concretas de la destrucción de un proyecto país fundado sobre relaciones sociales infinitamente más igualitarias y justas que las actuales.
 
EL PERSONAJE
 
Galvarino Apablaza, hijo de militares y como casi 200 mil personas, fue miembro del Partido Comunista desde 1968, y dirigente de la Facultad de Ciencias como estudiante de Química de la Universidad de Chile. Inmediatamente después del bombardeo golpista -urdido más que fundadamente por el gobierno norteamericano de la época, el empresariado, el Partido Nacional y la mayoría de la dirección política de la Democracia Cristiana-, Apablaza, como miles y miles de chilenos fue víctima de la tortura   en los centros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Londres 38, el Estadio Chile, la Cárcel Pública de Santiago, la ex-Penitenciaría, Tres Álamos y Puchuncaví. A casi un año de la instalación a sangre y fuego de la junta militar, Apablaza fue expulsado del país. Luego de una corta estadía en Panamá, por razones de salud, se trasladó a Cuba. Una vez allí y en esta ocasión por opciones políticas determinadas por el contexto de la época, fue formado como combatiente antifascista e internacionalista, luchando contra la tiranía de Anastasio Somoza en Nicaragua, donde colaboró hasta el derrocamiento de esa pesadilla. Sólo en 1988 asumió la dirección del FPMR como el Comandante Salvador. Muchos años después, en el 2004, en Argentina -donde  reside junto a su pareja, la periodista Paula Chahín, con quien tiene tres hijos de nacionalidad trasandina- Galvarino fue detenido por porte de identificación falsa. Sin embargo, el juez del caso, Claudio Bonadio, decidió no conceder el pedido de extradición a Chile, señalando que en el país no estaban dadas las condiciones para un juicio justo respecto del “caso Guzmán”. Entonces fue dejado en libertad, con expresa prohibición de abandonar Moreno, Argentina, donde vive en la actualidad.
 
 
LOS ACONTECIMIENTOS PRECIPITADOS
 
 
En el marco de la aparición en Chilevisión el primero de septiembre de una entrevista realizada en una cárcel brasileña a otro ex dirigente del FPMR, Mauricio Hernández Norambuena, el Comandante Ramiro, casi de inmediato los líderes de la UDI solicitaron en La Moneda iniciar la gestión para extraditar a Chile a Apablaza por el denominado “caso Guzmán”. El 14 de septiembre, la Corte Suprema argentina autorizó el trámite de su repatriación que tiene que ser sancionada, en definitiva, por la Comisión Nacional para Refugiados de ese país durante el transcurso de la semana.
Con el telón de fondo del respaldo a la no extradición de Galvarino Apablaza por parte de las prestigiosas Madres de la Plaza de Mayo –autoridad ética trasandina y mundial-, el abogado Rodolfo Yansón enfrenta la defensa de Apablaza.
El licenciado concedió la siguiente entrevista en exclusiva para D1.
 
-¿Qué debe ocurrir en estos días respecto del porvenir de Galvarino Apablaza?
 
“Se tiene que reconocer la condición de refugiado de Galvarino Apablaza, que suponemos que ocurrirá en los próximos días por parte de la Comisión Nacional de Refugiados que integran distintas áreas del Estado argentino y, además, el Alto Comisionado de Naciones Unidas con los Refugiados. Es decir,  la Comisión tiene que resolver si existen las causales previstas en la Comisión Internacional de Naciones Unidas sobre Refugiados. Y la causal prevista que invocó Apablaza Guerra para ser reconocido como refugiado es la de persecución política por parte del pinochetismo que hoy integra un sector del gobierno chileno.”
 
-En Chile, personeros de la UDI están presionando por todos los medios –que, por lo demás, les pertenecen- para que Galvarino Apablaza resulte extraditado…
 
“Nosotros creemos que ya hemos probado debidamente  lo que compete a la persecución política, cuestión que ha quedado sobradamente confirmada en los últimos días con tantas declaraciones, francamente de carácter inadmisible, de prepotencia y autoritarismo por parte de distintos dirigentes de la Unión Demócrata Independiente de Chile, entre ellos, Hernán Larraín y  Andrés Chadwick. Además, en un contexto que significa la gran derrota del pinochetismo y la gran derrota del Estado chileno en Argentina.”
 
¿A qué se refiere?
 
“Ellos (la UDI), en todo momento han tratado de convencer a la justicia argentina de que se tenía que aplicar el concepto de “terrorismo” a los hechos por los cuales están requiriendo a Apablaza Guerra. Sin embargo, ello no ha tenido eco en ningún juez y en ningún fiscal. Esa es la gran derrota del Estado chileno y el pinochetismo. Es decir, la Corte Suprema, incluso, no mencionó siquiera la palabra terrorismo. Se limitó a decir que no correspondía catalogar esos delitos como políticos.”
 
La derecha chilena dice que la no extradición podría traer problemas en las Naciones Unidas…
 
“Eso tiene una relación directa con lo que se va a decidir, y también desenmascara una operación mediática que han montado, entre otros, el diario El Mercurio y el Clarín en Argentina, aseverando que reconocer a Apablaza como refugiado podría repercutir negativamente en las Naciones Unidas, y esto no es de ninguna manera así. Todo lo contrario: el refugio será bien recibido en las Naciones Unidas, justamente porque la persecución existe, y porque está absolutamente demostrado que la noción de terrorismo sólo la sostiene la Ley Antiterrorista de Pinochet, el pinochetismo, la UDI especialmente, y el Estado chileno a través de su presidente, Sebastián Piñera, y los funcionarios que han tratado de colar este concepto en la justicia argentina, sin ningún éxito.”
 
EL ROL DE LA PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ
 
¿Qué ha ocurrido en Argentina en relación al caso? ¿Cuáles han sido las reacciones?
 
“Las manifestaciones a favor de la extradición han sido mínimas. Y puedo mencionar tres nombres: Mauricio Macri (empresario, dirigente deportivo y político derechista) del neofascismo de la ignorancia; un dirigente de la Alianza Inter Radical, y la señora Elisa Carrió (quien alguna vez negó que el ex dictador paraguayo, Alfredo Stroessner hubiera violado los derechos humanos) que en un tránsito místico ni siquiera pudo tomar lectura del fallo de la Corte Suprema. Es decir, ella habla solamente por oponerse. La verdad es que, mientras más opine esta gente, mayor razón vamos a tener. El contrapeso que existe en Argentina respecto de estas declaraciones es muchísima. Hemos tenido el apoyo unánime de los organismos de Derechos Humanos, la solidaridad de muchos sindicatos, y de estudiantes universitarios y secundarios. Hemos tenido el apoyo de dirigentes y partidos políticos de prestigio, el apoyo de los organismos de Derechos Humanos de Chile, el apoyo de otras organizaciones a nivel internacional, de Europa, Uruguay, Venezuela. Es tan abrumador el apoyo al refugio de Apablaza que dista con creces de las posiciones basadas en el desconocimiento y en la oposición por la oposición. De hecho, ellas han quedado totalmente desdibujadas. Cuanto más hablan estos señores, mejor estamos nosotros”
 
¿Qué papel juega o qué tipo de decisión debe asumir la presidenta de la República de Argentina Cristina Fernández?
 
“La Presidenta Cristina Fernández no tiene que tomar ninguna decisión, esa es labor de la Comisión que está integrado por distintos funcionarios del Estado. La presidenta no tiene ninguna intervención, al menos formal.”
 
¿Cuándo debe resolver la Comisión Nacional argentina para Refugiados?
 
“Nosotros creemos que  en muy pocos días. El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández dijo que aproximadamente, martes o miércoles de esta semana.”
 
¿Qué resolverá la Comisión Nacional desde su perspectiva?
 
“Nosotros estamos esperanzados de que luego del  análisis, la decisión que va a  adoptar la Comisión Nacional va a ser positiva para Apablaza Guerra.”
 
¿Por qué?
 
“Hemos probado muy seriamente la existencia de la persecución política en su contra, y además la han dejado en claro otros organismos del Estado argentino, como cuando Apablaza fue procesado en un juicio penal por la tenencia de documentos de nacionalidad argentino falsos. En esa oportunidad, el  Fiscal General dijo que no podía acusar  a una persona por usar un documento falso  producto de la persecución política de las autoridades chilenas. Esto fue corroborado además, por el cuerpo médico forense a través de un informe muy expresado en junio de 2007, el cual concluyó que Apablaza Guerra  padece un síndrome postraumático por efecto de las torturas y la persecución política sufridas. Por lo tanto, ya organismos del Estado argentino han evaluado claramente, desde las perspectivas jurídicas y médicas, las consecuencias de la persecución y las torturas, y la existencia auténtica de las propias persecuciones y torturas. En consecuencia, creemos que hay elementos más que suficientes para que la decisión esté de nuestro lado.”
 
La derecha de Chile ha insistido hasta el cansancio sobre eventuales problemas diplomáticos entre ambas naciones de no ser extraditado Galvarino Apablaza…
 
“La derecha chilena está muy acostumbrada a manejar los hilos desde el poder de manera absolutamente autoritaria, al estilo de Pinochet. Yo lo lamento por esos señores, pero me alegro mucho por el pueblo chileno porque el caso de Apablaza Guerra, como el de los mismos prisioneros mapuche que hoy están en huelga de hambre, son casos que persisten y que dejan en claro que la dictadura no se ha ido del todo y que las remesas del pinochetismo tienen que ser derrotadas si queremos un Chile verdaderamente libre, democrático, con un genuino Estado de Derecho. Así que yo, la verdad, a los señores de la derecha que insisten en que se pueden malograr las relaciones entre Chile y Argentina, les digo que simplemente Argentina sólo está cumpliendo con su legislación, honrando los pactos internacionales de Derechos Humanos. Si ellos creen que con eso se vulneran las relaciones diplomáticas es porque ellos mismos se ponen por fuera de los pactos y no quieren cumplirlos.”
 
¿Qué hay detrás del asunto puntual de su defendido?
 
“Yo creo que los miembros de la UDI están presionando al gobierno de Sebastián Piñera para cohesionar a sus propias fuerzas y tratar de dejar en claro  que ellos son los que siguen mandando. Asimismo, quieren dejar sentada una discusión que tiene que ver con la historia de Chile. Si se revisa lo que fue el aniversario del 11 de septiembre bajo un gobierno de derecha, y si se observan los actos del Bicentenario, nos vamos a dar cuenta que más que Apablaza Guerra, vive Pinochet. Y que se busca respecto del pasado reciente de Chile,  dejar como la gran víctima a Jaime Guzmán. Y no se tuvo ni una sola palabra sobre los torturados, muertos y desaparecidos provocados por la dictadura militar y sus cómplices civiles. Mucho peor aún, Sebastián Piñera y sus autoridades estuvieron en el Estadio Nacional y ni siquiera dijeron que allí había funcionado un campo de concentración con posterioridad al golpe. Por lo tanto, me parece que toda esta jugada ni siquiera tiene como objetivo llevar a Apablaza Guerra a Chile, sino que tiene como fin debatir nuevamente la historia desde la óptica del pinochetismo. Y eso es lo que tenemos que evitar, tanto chilenos, como argentinos.”     
 

Apablaza, con asilo político

Por unanimidad, la Conare decidió que Galvarino Sergio Apablaza Guerra permanezca en la Argentina. La Corte, el Senado y el Ejecutivo chileno habían insistido en reclamar su extradición para juzgarlo como autor intelectual de un secuestro y un asesinato.

La Comisión Nacional de Refugiados (Conare) le otorgó asilo político a Galvarino Sergio Apablaza Guerra, como lo solicitaron los organismos de derechos humanos. Su extradición era reclamada por el gobierno chileno de Sebastián Piñera por ser el presunto autor intelectual del secuestro de un empresario y del asesinato de un senador chileno. Ayer, tanto el titular de la Corte Suprema chilena como el gobierno se habían pronunciado en contra de que le dieran la condición de refugiado político. El presidente del Senado chileno se reunió con el vicepresidente Julio Cobos y dijo que esa decisión iba a “atentar contra las relaciones” entre Chile y la Argentina.

Apablaza está acusado en Chile de ser el supuesto autor intelectual de del asesinato del ex senador derechista Jaime Guzmán Errázuriz, colaborador de la dictadura de Augusto Pinochet, y de haber participado del secuestro del empresario de medios Cristian Edwards. Los dos hechos ocurrieron en 1991. Apablaza fue arrestado en 2004 y luego dejado en libertad. Negó todos los cargos en su contra y señaló que no existían pruebas. El juez Claudio Bonadío negó en primera instancia la extradición y su fallo fue apelado.

El pedido de extradición fue revitalizado por la llegada de la derecha al poder en Chile y escaló hasta la Corte Suprema argentina, que concedió la extradición, pero aclaró que esa resolución quedaría anulada si se le concedía a Apablaza el status de refugiado político. El ex guerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) había solicitado asilo político en la Argentina hacía más de seis años. Las Abuelas de Plaza de Mayo, el Serpaj, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, HIJOS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Instituto de Relaciones Ecuménicas, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el CELS, el MEDH y la Liga por los Derechos del Hombre pidieron que se le concediera el status de refugiado político por ser “un luchador contra la dictadura de Pinochet”. También abogó por Apablaza el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Ante una inminente decisión de la Conare, todas las instancias del Estado chileno ejercieron presión ayer sobre el gobierno argentino. Desde la cabeza del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema chilena, Milton Juica, sostuvo que “sería lamentable que, por razones solamente políticas, se negara una extradición para que una persona se presente al país y explique, justifique o demuestre si ha tenido participación en un hecho punible”. El titular de la Corte –que pareció pasarse por alto el principio de presunción de inocencia– aseguró que Apablaza tendría allí “un debido proceso”, que estaban dadas las condiciones “de sobra”. “Los tribunales competentes y las más altas autoridades jurisdiccionales de Chile y la Argentina han declarado que procede la extradición”, insistió.

El titular del Senado, Jorge Pizarro, sostuvo que “una respuesta negativa a la extradición va a atentar contra las relaciones que tenemos con la Argentina por cuanto significaría un desconocimiento del funcionamiento pleno del Estado de Derecho en Chile”.

Pizarro se reunió ayer con el vicepresidente Julio Cobos, a quien le entregó un proyecto de acuerdo aprobado por unanimidad en la Cámara alta chilena en respaldo a la extradición.

El Ejecutivo chileno también envió ayer mismo un escrito a la Conare en el que solicitó que se le negase el asilo político y advirtió que lo consideraba un “asunto de Estado” y que no encontraba “explicación razonable alguna” para el asilo. Advirtió “que en caso de que se conceda el asilo, se afectarían los derechos legítimos de Chile”.

La Conare es un órgano interministerial del gobierno nacional del que participan el Ministerio del Interior, el de Justicia, el de Desarrollo Social, la Cancillería, el Inadi y un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), este último con voz pero sin voto. Sus miembros definieron por unanimidad darle el asilo político a Apablaza en una reunión que estaba prevista hace semanas, según informó la agencia oficial Télam. El acta del encuentro es confidencial. Luego informaron a la Justicia y al abogado de Apablaza, Rodolfo Yanzón.

//

Compartir: 

  

URGENTE: JUICIO ORAL Y PÚBLICO CONTRA INQUILINOS DE CHACABUCO 630

El próximo miércoles 29 de septiembre, en Tacuarí 130, dará comienzo uno de los procesos judiciales más vergonzosos que haya protagonizado la “justicia” de Macri. Nueve inquilinos seremos  juzgados como “usurpadores” de la vivienda que 30 familias alquilamos desde hace dos años. Un fiscal, Angel Carestia,  ha hecho un acuerdo con un inexistente dueño para desalojarnos y posibilitar un gran negocio inmobiliario. La propietaria falleció en 1995 y un familiar, Néstor Nacama, reconocido hampón con condenas reiteradas por estafa, urdió un plan para apoderarse del inmueble. Para eso debía echar a los inquilinos y necesitaba la “desinteresada ayuda” de un fiscal. Y lo consiguió. El fiscal Carestia nos inició una causa por “usurpación” y dispuso nuestro  desalojo en abril pasado, sin intervención del juez. La ayuda de organismos sociales y de DD.HH. y de las Asambleas del Pueblo impidió que se concretara esa injusticia. Pero ahora ya no sólo quieren echarnos como perros sino que nos quieren encarcelar! Nos llevan a juicio para sacarnos a la calle y nos quieren meter presos para escarmentar a las miles y  miles de familias que atraviesan situaciones parecidas.

Este juicio será el primer juicio oral y público por usurpación en la historia de la Ciudad. Marcará un antes y un después en la criminalización de los desalojados que lleva adelante Mauricio Macri.Comenzará el miércoles 29 a las 10 hs  y  proseguirá el jueves 30, el viernes 1º. y el lunes 4 de octubre y se realizará en Tacuarí 130. Nuestros abogados son los Dres. Gerardo Echeverry, Hector Trajtemberg y Rosa Herrera  de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y nos acompañarán en el juicio  dirigentes de organizaciones de DD.HH., sociales, el R.P. Jorge Alonso de la Parroquia de Constitución, Fernando Guzman del Servicio de Justicia y Paz, Oscar Kuperman (CUBA-MTR), Juan Beica (Convergencia de Izquierda) y  muchos otros compañeros solidarios.

Por favor, les pedimos que Uds. sean parte de ellos, que sean uno más de los que nos acompañen a impedir esta injusticia y este escarmiento, difundan esta nota, háganla circular, acompáñenos al juicio, ayúdennos!!
 Macri no sólo no construye vivienda, no sólo nos echa a la calle, ahora quiere, además encarcelarnos!!
 
                   VECINOS DE CHACABUCO 630
CONTACTO: Pedro Navalle 1537808380                   Mariela Aguirre 1561789262
                  Asambleas del Pueblo 4 307 8599            Rubén 1537808078
                                   ADHESION: ASAMBLEAS DEL PUEBLO